PLAN MAQUILLAJE DE AFIP NO RESUELVE LA EMERGENCIA PYME

Ante la nueva Resolución General Nº 4557 de AFIP publicada en el día de la fecha en BOLETÍN OFICIAL el Colectivo de Mujeres Argentinas por las PYMES, formado por empresarias, emprendedoras y comunicadoras, repudia las medidas ante la gravedad actual y su agudización en los próximos 90 días.

Esto es maquillaje electoral, necesitamos instrumentos concretos para resolver la gravedad del problema en el sector más productivo del país: las PYMES.

La tasa de financiación significa que vamos a pagar un 300% más de la deuda original. Eso dependiendo de los ajustes trimestrales que se aplicaran desde enero del 2020.

Entendemos que esta es una medida oportunista con fines electorales que no resuelve los problemas de fondo. Es una irresponsabilidad lanzar esta resolución porque ahoga a las PYMES con tasas variables a partir del pago de la cuota 02, aplicables desde enero 2020 y actualizada cada tres meses. Ese sistema de financiación es inédito en planes de pago de AFIP. No sabemos cuánto  vamos a pagar la deuda, no podemos calcular costos, solo sabemos que las deudas serán pagas en plazos de hasta 10 años. Sin embargo, no sabemos el monto final de la deuda ni el costo de financiación por adherir a este plan que propone AFIP.

AFIP no da garantías, es irresponsable y busca generar un beneficio electoral y a su vez una caja en base a tasas que no son claras. Al adherir al plan de pagos, estamos aceptando normas de juego que no son claras y esto atenta directamente contra la producción. Cada 3 meses debemos pasar por la angustia e incertidumbre sobre la cuota que se abonará. 
Honestamente, hacemos un llamado a la seriedad y a la negociación con reglas claras para poder trabajar dignamente. Queremos poder trabajar, pagar las deudas, queremos pagar sueldos y tributar lo que corresponde.

Reiteramos que Mujeres Argentinas por las PYMES no está bajo ninguna bandera política. Defendemos el derecho al trabajo y las reglas claras.  Somos el sector más productivo del país: las PYMES.

Consideramos acertado que no se exija pago a cuenta a las empresas MIPYME y el plazo de financiación de hasta 120 meses, igualmente resulta razonable el tope a la tasa de interés del 2.5% para estas empresas en las actuales condiciones, y el tratamiento de los embargos.

En cambio creemos que el sistema de cálculo de las cuotas arrojará valores muy elevados, al menos para las primeras de ellas, y que las condiciones de caducidad son muy estrictas para un plan de pago de 10 años, ambas cuestiones creemos que pueden producir que muchos planes caduquen regenerando el problema que se intenta solucionar.

OBSERVATORIO ARGENTINO – ALEMÁN DE GEODESIA (AGGO)


Observatorio Argentino – Alemán de Geodesia

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie

 

AGGO es el único observatorio geodésico de América Latina que integra la red global de observatorios fundamentales (Fig. 1). Está ubicado en el Parque Pereyra Iraola, en el municipio bonaerense de Berazategui. Su ubicación estratégica en el hemisferio sur le confiere una gran visibilidad internacional que contribuye a fortalecer el liderazgo que la Argentina ejerce sobre la región, en todo lo concerniente a las ciencias y las tecnologías geoespaciales.


Figura 1. Red global de observatorios geodésicos fundamentales. Las ‘porciones’ de las ‘tortas’ representan las técnicas de medición instaladas en cada observatorio. La figura es elocuente en cuanto al rol estratégico que juega AGGO, por su ubicación en el hemisferio sur, por ser el único observatorio de su tipo en América Latina y por ser uno de los tres observatorios más equipados del mundo.

AGGO es una iniciativa conjunta de los gobiernos de la Argentina y Alemania, fundada en un convenio bilateral suscrito en noviembre de 2013 entre el CONICET y la Agencia Alemana de Cartografía y Geodesia (BKG[1]). El proyecto fue concebido como una respuesta concreta al llamamiento de las Naciones Unidas[2] a fortalecer la cooperación internacional para mejorar el Marco de Referencia Geodésico Global (GGRF por sus siglas en inglés).

Las Naciones Unidas han identificado a los datos espaciales como un insumo imprescindible para el desarrollo sostenible y al GGRF como una componente esencial de la infraestructura global de datos espaciales. La nomenclatura “datos espaciales”, engloba a una enorme diversidad de datos cuyo denominador común es el de estar vinculados a un lugar específico del planeta. Tales datos se obtienen de muy variadas maneras, ya sea desplegando censistas en el terreno, instrumentos en la tierra, el aire o el mar o en satélites artificiales. En todos los casos, el dato debe contar con la información que permite asociarlo con el lugar donde fue recabado. La asociación entre dato y lugar es lo que se denomina “georreferenciación”. La forma más difundida de georreferenciar los datos es mediante los Sistemas de Navegación Satelital Global (GNSS por sus siglas en inglés), de los que el GPS es el más conocido.

Los datos espaciales son generados por muchísimos actores. En la Argentina, por ejemplo, numerosos organismos dependientes de la Presidencia de la Nación (Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Agroindustria, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Ministerio de Defensa, etc.); organismos técnicos del Estado Nacional (Administración de Parques Nacionales, Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Cámara Nacional Electoral, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Dirección Nacional de Vialidad, Instituto Geográfico Nacional, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, Servicio de Hidrografía Naval, Servicio Geológico Minero Argentino, etc.); y una larga lista de organismos provinciales, municipales, organizaciones civiles intermedias y empresas privadas.

Para poder integrar la información recabada por actores tan diversos en una infraestructura de datos espaciales, ya sea a escala nacional, regional o global, es necesario que todos los actores adhieran a un protocolo de intercambio que incluye acuerdos científicos, tecnológicos y políticos. Una condición sine qua non de tal protocolo es que la información espacial esté georreferenciada en el GGRF. El GGRF está “anclado” al planeta por los observatorios fundamentales que se muestran en la Fig. 1. A partir de ellos se instalan otros observatorios de menor jerarquía que lo van extendiendo a escala continental, nacional, provincial y municipal. Por ejemplo, en la Argentina, a escala nacional, el GGRF está materializado por la red de estaciones GNSS permanentes que opera el Instituto Geográfico Nacional (IGN). En la actualidad, esa red está “anclada” al planeta a través de observatorios fundamentales muy lejanos, todos ubicados en otros continentes. La llegada de AGGO permitirá contar con un punto de anclaje en nuestro propio territorio.

En febrero de 2019 el CONICET firmó un convenio con el Ministerio de Defensa gracias al cual AGGO fue provisto de personal técnico y científico de las Fuerzas Armadas, necesario para operar los dos instrumentos más importantes del Observatorio. Este hecho permitió pasar de la fase de puesta a punto del instrumental a la fase de producción de datos. Gracias a ello, la Argentina es hoy un agente activo dentro de la red global de observatorios fundamentales. El personal técnico de las Fuerzas Armadas adquiere en AGGO una capacitación muy especializada en temas vinculados con la informática, la electrónica, la óptica, la geodesia, la topografía y la cartografía. Dicha formación se adquiere a través de clases teóricas impartidas por los expertos de AGGO y mediante una práctica intensa que involucra la operación de instrumentos muy sofisticados que solo son accesibles en pocos lugares del mundo.

AGGO cuenta con un instrumental sofisticado, valuado en más de € 15 millones, que fue aportado mayormente por la contraparte alemana, en tanto que el CONICET aportó la infraestructura necesaria para albergar dichos instrumentos. El convenio binacional le asigna a Alemania la mayor parte en la responsabilidad de mantener los equipos (aproximadamente un millón de Euros por año), en tanto que sobre el CONICET recae la de financiar los costos operativos y del personal científico.

Varios organismos nacionales desarrollan programas de trabajo basados en AGGO, entre ellos, el IGN y el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), responsables de la cartografía terrestre, fluvial y marítima del país; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), responsable de la implementación de la Plan Espacial Nacional; y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), responsable de la metrología; etc.

A los antes mencionados se agregan un extensa red de centros educativos, de investigación y desarrollo en las universidades de La Plata, Buenos Aires, Cuyo, San Juan, Rosario, Tucumán, Santiago del Estero, del Sur, etc., que usan los datos generados por AGGO para abordar una gran variedad de problemáticas relacionadas con el estudio del planeta y de sus procesos de cambio, por ejemplo: ordenamiento territorial, inundaciones, terremotos, vulcanismo, movimientos de glaciares, variaciones del nivel del mar, variaciones del almacenamiento de agua subterránea, propagación de ondas electromagnéticas en la atmósfera, determinación precisa de la gravedad, el tiempo y la frecuencia, etc.

Instrumental de AGGO

AGGO es una Observatorio Geodésico Fundamental cuyo principal objetivo es contribuir al desarrollo de las infraestructuras nacionales de datos espaciales y al estudio de la geodinámica y el cambio global. ‘Fundamental’ alude a que reúne todas las técnicas de medición de la Geodesia moderna (Fig. 1): un radiotelescopio para interferometría de línea de base muy larga (VLBI[3]); un telescopio láser para telemetría a satélites artificiales (SLR[4]), varios receptores de señales de los sistemas globales de navegación apoyados en satélites (GNSS[5]), gravímetros de alta precisión (absoluto y superconductor), relojes atómicos (Rubidio y MASER de Hidrógeno), sismógrafos, sensores meteorológicos e hidrológicos, etc.

Los diferentes instrumentos de AGGO funcionan en forma permanente y coordinada con los restantes observatorios geodésicos fundamentales que conforman la red global. La función primaria de todos los observatorios es garantizar la producción y puesta en disponibilidad de los datos, de acuerdo con los estándares internacionales.

Radiotelescopio

6m radiotelescopio offset, foco primario

recepción de banda S (2.22.35 GHz) y X (89 GHz)

participación en la red de servicio rápido en el IVS

Sistema de Satellite Laser Ranging, SLR

telescopio de 50 cm apertura

láser safiro titanio de dos colores, 847nm, 423.5nm

repetición pulsos: 100 Hz

ancho de pulsos: 40 ps

energía de pulsos: 15 mJ

mide satélites desde órbita baja hasta geoestacionaria

Gravímetro Super Conductor

resolución: 10 nGal

Gravímetro Absoluto

mide la gravedad absoluta g = 979924069,75 μGal

resolución: 2 Gal

principio: caída libre

Sensores complementarios:

Sismómetro de banda ancha

Estación meteorológica

Humedad de suelo

Inclinómetros

Referencias

[1] Bundesamt für Kartographie und Geodäsie

[2] Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 26 de febrero de 2015, A/RES/69/266, «A Global Geodetic Reference Frame for Sustainable Development».

[3] Very Long Baseline Interferometry

[4] Satellite Laser Ranging

[5] Global Navigation Satellite Systems

 

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LA INVESTIGACIÓN ARGENTINA. ¿AL SERVICIO DE LA NACIÓN O DEL REINO UNIDO?

César Augusto Lerena*

El moderno buque de investigación pesquera «Víctor Angelescu» del INIDEP

El 28 de noviembre de 1990 se firmó el Acuerdo de Conservación Conjunta argentino-británica de los recursos marítimos argentinos al este de Malvinas para evitar la pesca clandestina de buques extranjeros. En 1995 se acuerda la investigación conjunta argentino-británica de pesca en el Atlántico Sur, más allá del área de exclusión de Malvinas y ésta se realiza, con los medios y la capacidad técnica y operativa de Argentina y los británicos se hacen de una información vital para prever la disponibilidad de los recursos pesqueros. Ambos acuerdos tienen el objetivo británico de otorgar licencias a los buques extranjeros y propios.

En estos días, la Cancillería y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca han querido mostrar como un éxito la investigación de nuestros recursos dentro de la “Zona Provisional de Conservación y Administración de Pesquerías” (FICZ) establecida en 1986, en forma arbitraria, por el gobierno ilegal inglés en Malvinas.

Entiende la Cancillería, que esta es “una muestra más, de la necesidad de avanzar en un diálogo maduro con Gran Bretaña” ratificando los “Acuerdos de Madrid” de 1989 con la firma en 2016 del Pacto Foradori-Duncan, donde ambos países declararon: “…adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas…” y mantuvieron viva la “fórmula del paraguas”. ¿Qué otra prueba más amor debe dar la Argentina, mientras los británicos avanzan en forma sostenida sobre nuestros territorios marítimos y la explotación de nuestros recursos?

Aduce la Cancillería que por primera vez después de más de 20 años, la Argentina y Gran Bretaña realizarán un operativo científico conjunto en aguas en disputa alrededor de las islas Malvinas” (Infobae, Martín Dinatale, 10/8/19) pero, en realidad ¿qué mérito tiene poner todos los recursos del conocimiento, tecnológicos y operativos argentinos, para investigar dentro de la FICZ, si ésta es un área limitada exclusivamente a la captura de buques extranjeros que pescan con licencia ilegal británica y, prohibida a los argentinos? Es obvio, que el único beneficiario será el Reino Unido y la Argentina contribuirá con éste, a mejorar su información biológica y consolidar la economía de las islas y, con ello, dar fiel cumplimiento al pacto que nos hemos referido de remover todos los obstáculos de los británicos en Malvinas. Y, es verdad, no conocer la ecología y el stock del recurso, que representa el 75% de sus ingresos económicos, limita el desarrollo a las Islas, pero, resulta bastante absurdo que la Argentina, en lugar de hacerles un sitio mediante un “boicot biológico” a los ocupantes de nuestros territorios, le transfiera el conocimiento y los medios, que nos han costado años y grandes recursos económicos, siempre escasos en el país. Una política equivalente, a la que ya ocurre con los cientos de miles de profesionales que, formados en la Universidad Pública, emigran a los países desarrollados a quienes les prestan sus servicios. Es decir, los países emergentes, como el nuestro, invierten en capacitación para beneficio de los desarrollados y, aquí se agrava, cuando ese país desarrollado ocupa parte de nuestro territorio nacional.

¿El Reino Unido le paga el combustible al buque de investigación argentino Victor Angelescu para efectuar estas tareas o por la prestación de este servicio? Si es así, sería muy bajo el precio para que alguien pudiese justificar la entrega de la soberanía nacional. La comercialización final de los productos capturados con licencia ilegal británica desde 1976 a la fecha le han significado al país una pérdida del orden de los US$ 140 mil millones y, con el millón de toneladas que los buques extraen de la Zona Económica Exclusiva, dentro, o fuera, sobre los recursos migratorios, se podría haber duplicado los ingresos nacionales y el empleo del sector.

Cooperar con el invasor no parece la mejor idea y habría que esperar que la cooperación tuviese un aporte equivalente en favor de la Argentina. En los procesos de cooperación hay que evaluar los aportes que cada parte realiza, pero, también y fundamentalmente hay que saber qué se espera de esa cooperación. En 1982 el Reino Unido ocupaba 11.410 km2 (El Archipiélago de Malvinas) y en la actualidad ocupa 1.639.900 de km2., ello, pese a la conocida fórmula del Paraguas, promovida por el gobierno británico durante la Cancillería de Caputo y aprobada bajo el Acuerdo de Madrid en la Cancillería de Cavallo y, los ingentes esfuerzos de la Cancillería de todos estos años y hoy, por cooperar y cooperar, sin resultado alguno favorable a la Argentina. No puede calificarse esto de «diálogo maduro» y en tal caso, la madurez debería ser de las dos partes.

Como podemos ver, lo que el funcionario de Cancillería califica de avanzar, parece más bien retroceder, algo que la Argentina ha hecho sin solución de continuidad, con algunas excepciones, desde 1982 en adelante y, no se ha tratado este importante tema como una política de Estado, pese a lo prescripto en la Constitución Nacional.

Ahora, llama la atención que, pese a la importancia biológica, económica y política de esta investigación conjunta de los recursos argentinos en el área de Malvinas, el Consejo Federal Pesquero no trató este tema en ninguna de las 21 reuniones realizadas por este cuerpo en 2019, quebrantándose los artículos 4º, 5º y otros de la Ley 24.922.

A no ser que el Consejo Federal Pesquero y la Cancillería entiendan, que el área de Malvinas no está sujeta a la jurisdicción nacional, o Provincial, tratándose de una parte de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El Artículo 7º y 14º de la Ley 24.922 indica que la Autoridad de Aplicación debe “conducir y ejecutar la política pesquera nacional, regulando la investigación; conducir y ejecutar los objetivos y requerimientos relativos a las investigaciones científicas y técnicas; intervenir en negociaciones bilaterales o multilaterales internacionales relacionadas con la actividad pesquera; emitir las autorizaciones para pesca experimental, previa aprobación del Consejo Federal Pesquero (CFP)» y, el artículo 9º, 11º y 14º indican que el CFP debe «establecer la política pesquera nacional; la política de investigación pesquera; aprobar los permisos de pesca experimental; dictaminar sobre pesca experimental y establecer los objetivos y políticas de las investigaciones científicas y técnicas referidas a los recursos vivos marinos”.

Por su parte, el artículo 12º de la misma ley precisa que “corresponde al INIDEP la planificación y ejecución de sus actividades científicas y técnicas y la administración y la disposición de sus buques de investigación conforme las políticas que oportunamente establezca el CFP”.

Ante esta responsabilidad abrumadora, ¿por qué la Autoridad de Aplicación y el CFP no han tratado, fundado y aprobado o no la ejecución de esta investigación conjunta? Más aún, teniendo en cuenta, que entre los miembros que conforman el CFP hay un diplomático de la Cancillería.

Ahora, cómo puede ser, que científicos argentinos y británicos, usando todos los recursos del país investiguen graciosamente los recursos nacionales, cuando el CFP, quien, como hemos visto, es el responsable de establecer las políticas de investigación no trata el tema; aunque sí, aprueba en este mismo año dos investigaciones alemanas y una de Estados Unidos en el mar argentino, dicho sea de paso, sin fundamento alguno para hacerlo, como se desprende de las respectivas Actas.

Independientemente de Acuerdos preexistentes, el CFP debe aprobar cada investigación que se realice en el mar argentino y, más aún, cuando intervienen investigadores extranjeros. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley y, muy especialmente su artículo 13º que indica que “los resultados de todo trabajo de investigación sobre los recursos pesqueros deben ser puestos a disposición de la Autoridad de Aplicación antes de cualquier utilización o divulgación de los mismos”. Cuestión de aplicación imposible, cuando en la investigación intervienen a bordo científicos ingleses, que tienen acceso directo a la información y, que la ponen a disposición de los súbditos británicos antes que los propios argentinos puedan conocerla.

Es más, por el tipo de investigación y, tratándose de espacios marítimos ocupados, entendemos que no debiera alcanzar con una Resolución del CFP, sino que debería aprobarse en el Congreso Nacional.

¿Por qué el CFP no aprueba o desaprueba esta investigación y viola la Ley de Pesca Nacional? Tal vez, porque el Reino Unido no quiere sentar el precedente de ser autorizado expresamente por el Consejo Federal Pesquero para realizar investigaciones en el territorio que ocupa. Lo cierto, que por las razones que fuese, este trascendente tema no fue tratado durante 2019 por este Consejo y uno debiera preguntarse ¿por qué?

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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