JUICIO DE RESIDENCIA AL SUBSECRETARIO DE PESCA DE LA NACIÓN

César Augusto Lerena*

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El Juicio de Residencia fue un procedimiento del derecho indiano que los funcionarios sufrían al término de su gestión, donde se evaluaba a los agentes públicos, cualquiera fuese su jerarquía y, de su resultado, derivaba el reconocimiento y, eventualmente, el otorgamiento de nuevos cargos de mayor jerarquía, la aplicación de multas, la prohibición para ejercer nuevas funciones e, incluso, la aplicación del garrote vil.

Luego, debido a una justicia más humanizada y permisiva, por aquello de “el que está libre de pecado que tire la primera piedra” se aplica “el incumplimiento de los deberes de funcionario público” de muy difícil y leve sanción, ya que —habrá de alegar el imputado— llevó a cabo sus funciones con idoneidad y buen entendimiento y, en tal caso, se le imponga el muy genérico “que Dios y la Patria me lo demanden”.

Quedará por delante iniciarle al funcionario un juicio penal fundado en pruebas inequívocas de que su acciones, efectuadas en pleno conocimiento de las prohibiciones que establece la legislación pesquera, los informes y dictámenes formulados por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) respecto a la limitación de los permisos y capturas y, sus propios antecedentes previo a la asunción del cargo, le debieran haber impedido administrar lesivamente el recurso pesquero, depredarlo, provocar perjuicio al conjunto de las empresas concesionadas, caída del empleo e insustentabilidad de las comunidades ribereñas y, aún peor, no asegurar este recurso natural a las próximas generaciones.

Nos hemos acostumbrado a echarle la culpa al gobierno anterior y con ello diluir las responsabilidades de los funcionarios en los desaciertos en la ejecución de las políticas. Y no se trata de que encontremos a éstos con las manos heridas de tanto meter la mano en la lata. No hay tal forma para detectar los funcionarios corruptos e ineptos. Son los resultados los que lo pintan de cuerpo entero.

En estos días la Revista Puerto nos ha puesto de manifiesto una serie de irregularidades que habrán de impactar directamente sobre la sostenibilidad de dos de las tres especies más importantes que tiene el país. La lectura de las últimas Actas del Consejo Federal Pesquero, si bien no transcriben textualmente el contenido de las reuniones sino sus conclusiones, nos demuestran el arbitrario manejo de este recurso de todos los argentinos, a pocos días —así lo indican las encuestas— que este gobierno deje la administración nacional.

Yo modestamente sugiero que terminemos con la administración arbitraria, incapaz e irresponsable, que hipoteca nuestro futuro. Los funcionarios deben asumir que están administrando nuestro patrimonio, no el de ellos, que en su carácter de servidores públicos deben administrar en forma ética y dentro de los límites que le impone la Ley. Y en ese sentido, las próximas autoridades deberían analizar lo actuado por el Subsecretario de Pesca de la Nación Dr. Juan Manuel Bosch.

Veremos allí si este funcionario ha admitido el descarte de cientos de miles de toneladas que podrían alimentar a millones de niños y adolescentes; si alguno de los funcionarios a su cargo o el mismo ha estado alcanzado por la Ley de Ética Pública 25.188 (sus art. 13º y 15º); si evitó la sustitución de las especies desembarcadas, favoreciendo la distorsión de las cuotas asignadas a las empresas y provocando depredación e inequidad en la distribución de las cuotas; si, a consecuencia de los descartes, depredación y sustitución no garantizó la sustentabilidad del mar argentino para las actividades actuales y las generaciones venideras; si eliminó o redujo el trabajo en negro en la actividad industrial; si admitió el bajo aprovechamiento de los recursos de propiedad del Estado exportando productos de bajo valor agregado; si se efectuaron ventas de cuotas entre privados y si admitió transformaciones que incrementaron el esfuerzo pesquero; si aumentó el consumo nacional de pescado y por tal motivo no se generó mayor valor agregado, empleo y mejora de la dieta de los argentinos; si promovió la concentración pesquera; si le aseguró a las pequeñas y medianas embarcaciones e industrias pesqueras el recurso para garantizarles una sustentabilidad económica y social; si efectuó un política federal de la explotación de los recursos para garantizar la industrialización del litoral marítimo; si llevó adelante una política de renovación sostenida y de seguridad de los buques, para evitar que un 50% de los buques en actividad estén obsoletos, provocando naufragios y muerte; si actuó sobre los titulares de los buques abandonados que dificultan la operatividad de los puertos; si respetó los informes técnicos del INIDEP respecto a la disponibilidad de las especies, vedas y cierres de campañas; si ha hecho un seguimiento de los proyectos aprobados para asegurarse que los planes que dieron lugar a la adjudicación de cuotas y autorizaciones se han cumplido; si ha efectuado alguna tarea concreta destinada a erradicar la pesca ilegal (INDNR); si ha cumplido con la Constitución Nacional respecto a la cláusula transitoria o ha llevado prácticas directas o indirectas que favorecen a los británicos respecto al desarrollo de Malvinas; si ha apoyado u opuesto al control regional del Atlántico Sur por parte de Estados de Bandera; si ha efectuado acuerdos con Montevideo para que sus puertos no le presten servicios a los buques extranjeros que operan en el Atlántico Sur con o sin licencia británica; si ha intervenido en la elaboración de los pliegos de licitación del otorgamiento de áreas offshore para la explotación de hidrocarburos que podrían ser incompatibles con la explotación pesquera.

La inoperancia, la negligencia, la inequidad o el atentado a la sustentabilidad del recurso o al ambiente pueden ser de altísima gravedad cuando se trata de administración un recurso renovable pero agotable de todos los argentinos.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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EL MAL CÁLCULO DE LENÍN MORENO

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Después de 12 días de convulsión, el Gobierno de Lenín Moreno resolvió derogar el polémico decreto 883 que eliminaba los subsidios a los hidrocarburos, medida que había elevado los combustibles en más del 123%. Siete muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos es el saldo de más de una semana en que Ecuador se transformó en un polvorín. Gracias a una mediación de la ONU y de la Iglesia Católica, hoy el país encara un diálogo para resolver el conflicto.

Las medidas adoptadas por Moreno estaban relacionadas con las condiciones que había impuesto el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir un préstamo por 4.200 millones de dólares que debían permitir un ahorro de 1.300 millones de dólares al año y cubrir un déficit fiscal de 5.600 millones de dólares previsto para 2019.

Moreno defendió a capa y espada la eliminación de los subsidios por considerar que los mismos favorecían a los sectores pudientes de Ecuador y a los traficantes de carburantes que vendían los energéticos al contrabando. Todo subsidio es una distorsión económica que encierra un espejismo, en este caso, que lleva más de cuatro décadas en un país cuya moneda oficial es el dólar, lo que hace más grave su dependencia de recursos financieros.

A su vez, Lenín Moreno argumenta que recibió el poder en mayo de 2017 con una pesada herencia de parte del expresidente Rafael Correa, quien sustentó su poder en un sistema asistencialista, prebendalista y corrupto que llevó al colapso de las cuentas públicas.

Más allá de los argumentos de Moreno, el remedio resultó peor que la enfermedad. Y esto no es novedad con las denominadas “recetas del FMI”, que apuntan fundamentalmente a descargar las cuentas mal administradas en los bolsillos de la gente sin discriminación.

Ocurrió en Bolivia con el polémico decreto 21060 a mediados de los años 80 y con el impuestazo a los salarios de febrero de 2003 que llevaron a una eclosión estatal que todavía hoy debatimos. Y con el gasolinazo que impuso Evo Morales en enero de 2011, que desencadenó una crisis social que lo obligó a revertir la medida, tal como acaba de ocurrir con Moreno.

Gobernar a espaldas de los bolsillos de la gente puede ser peligroso, aunque las cuentas frías exijan medidas urgentes e impopulares. Argentina, Brasil, Perú, México y otros países europeos intentaron la misma “receta del FMI” y así les fue. El problema es que, cuando se heredan economías ya dañadas, queda una realidad complicada para los mandatarios que deben resolver lo que heredaron de sus antecesores.

Más que el remedio, deberíamos ver cuáles son las causas de la enfermedad. El despilfarro, el gasto público sin sustento y el ocultamiento de la información económica que, en muchos casos, lleva a desayunarnos con arcas vacías y economías inviables y que son situaciones que caracterizaron a los gobiernos populistas en el último tiempo.

Las lecciones que deja la historia de ajustes en América Latina debería servir para las siguientes administraciones en países donde la transparencia no es la moneda corriente. Es el caso boliviano.

¿Qué país dejará la actual administración de Evo Morales? ¿Es realmente un paraíso boyante como intenta mostrar su impresionante propaganda política? ¿Cuál es la real medida del déficit fiscal, de la caída de las reservas internacionales y del endeudamiento? Muchos temen que, al asumir en enero, el nuevo presidente, cualquiera que fuera elegido, se encontrará con una economía en problemas.

Los bolivianos no queremos un país que se ponga al borde de la cornisa, como en Ecuador o Argentina. Demandamos un país equitativo, ordenado y transparente que siente las bases de un desarrollo realmente sostenible para todos.

 

Tomado de El Deber, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, <https://www.eldeber.com.bo/153295_el-mal-calculo-de-lenin-moreno>

140 AÑOS DEL COMBATE NAVAL DE ANGAMOS

Agustín Saavedra Weise*

Monitor Huáscar paso a la armada chilena en el combate de Angamos en 1879. Fuente: Pintura de Fernando Saldías

Desde el principio de la Guerra del Pacífico (1979-1883), el monitor blindado Huáscar del Perú fue pesadilla para la armada rival y para los buques mercantes que aprovisionaban a la tropa transandina. Ligero y veloz, era hábilmente comandado por el eximio marino Miguel Grau Seminario (1834-1879) conocido como “el caballero de los mares” por el trato humanitario que dispensaba a su propia gente y a los oponentes capturados; era apreciado tanto por peruanos como por chilenos.

El Huáscar incursionaba en aguas enemigas, hundía sus navíos y, en fin, prácticamente dominaba los mares de la región. Pero la respuesta contraria no se hizo esperar. Pronto llegaron los barcos comprados en Europa y la superioridad naval se inclinó netamente a favor de La Moneda. Aun así, el Huáscar continuaba con sus correrías, siempre creando caos en el adversario, pero éste ya había previsto una emboscada para intentar destruir al escurridizo monitor y neutralizar al genial Grau.

En el célebre combate naval de Angamos —península cerca de Mejillones— librado el 8 de octubre de 1879 (hace 140 años) el blindado Huáscar se vio súbitamente rodeado por el núcleo de la escuadra chilena, que ejecutó una hábil maniobra envolvente. Según narran los historiadores, si bien estuvieron presentes los buques peruanos Huáscar y Unión frente a los chilenos Cochrane, Blanco Encalada, O’Higgins, Loa, Covadonga y el carbonero Matías Cousiño, en las acciones concretas el Huáscar enfrentó solo a dos buques rivales: el Cochrane y el Blanco Encalada. Grau murió en la batalla, que favoreció a Chile por su abrumadora superioridad. La derrota peruana fue factor determinante en la guerra naval; dejó los mares en poder de Santiago y con posibilidades de generar más adelante una invasión, la que se hizo realidad cuando los chilenos tomaron en 1881 primero El Callao y luego la capital Lima, permaneciendo allí hasta el fin de la trágica contienda en 1883.

El dañado Huáscar fue trasladado a puertos chilenos y allí quedó hasta hoy. Actualmente funge como museo flotante en la localidad de Talcahuano. Pasados 140 años, creo que finalmente ha llegado la hora para que Chile —en un gesto magnánimo y de buena voluntad entre vecinos— devuelva el Huáscar al Perú. Su larga retención como “trofeo de triunfo” sigue marcando un punto oscuro en la relación bilateral. Eso debe terminarse y mirar al futuro, no al pasado.

Museo monitor Huáscar fondeado frente a la base naval de Talcahuano.

El sacrificio del heroico Grau y la pérdida del Huáscar le dieron a Chile el control definitivo del Pacífico para proyectar mejor sus fuerzas y proseguir con la conquista bélica de territorios bolivianos y peruanos. En aquel memorable 8 de octubre de 1879 el Huáscar —esa vez acompañado del Unión— concretaba su quinta incursión sobre aguas chilenas, pero en Angamos lo rodeó inesperadamente la poderosa flota rival. El monitor —tras el reñido combate— quedó dañado e inmediatamente fue tomado por el enemigo, no sin antes cubrir de gloria eterna a su tropa, a su bravo capitán y a la marina peruana.

*Ex canciller, economista y politólogo. Miembro del CEID y de la SAEEG. www.agustinsaavedraweise.com

Tomado de El Deber, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.