LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA INDUSTRIA PESQUERA DURANTE EL GOBIERNO DE ALBERTO FERNÁNDEZ.

César Augusto Lerena*

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Hay formas de paliar el hambre en forma transitoria a través del subsidio del Estado y el aprovechamiento de sus recursos naturales, respecto a esto último ya nos hemos referido a cómo las materias primas descartadas al mar pueden proveer millones de raciones de proteína de la mejor calidad a niños y adolescentes; pero, de la pobreza, de la indigencia y del hambre se sale en forma definitiva con la generación de trabajo.

Los funcionarios nominados para hacerse cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Alimentación y Pesca saben que, al igual que otros sectores productivos, la industria pesquera puede ser uno de los motores para generar rápidamente divisas y empleo.

Diversas organizaciones públicas y privadas han hecho exhaustivos y reiterados diagnósticos sobre el origen del desempleo en la actividad pesquera desde la década del 90 y hasta nuestros días. Todos saben los motivos y ninguno de los gobiernos ha llevado una política que, en consenso con los sectores de la producción y el trabajo, termine con este flagelo.

No será posible terminar con el desánimo de los argentinos y el fracaso de los sucesivos gobiernos, sino se avanza hacia la generación de empleo, en un tiempo, donde el avance creciente de la tecnología, de por sí, provoca el desinterés por los obreros menos calificados.

Los altos niveles de precarización (trabajo en negro, tareas y horarios discontinuos) y el desempleo se evidencian en la pesca pese a tratarse de una actividad netamente exportadora y encuentran sustento en el escaso valor agregado de las exportaciones y el bajo consumo nacional de productos pesqueros, ya que, en ambos casos, se comercializan los productos enteros con escasa mano de obra.

En la actividad pesquera es un verdadero contrasentido que el empleo haya caído estrepitosamente, a pesar de que, hacia finales de la década del 80, las máquinas alemanas descabezadoras, evisceradoras y fileteadoras se desactivaron ante la mayor eficiencia y rendimiento de la tarea manual, es decir, lejos de caer debería haber crecido. Un ejemplo elocuente son los afiliados al Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP) que en la década del 90 alcanzaban en Mar del Plata a los ocho mil operarios y hoy no superan los dos mil. ¿Dónde están esos operarios? ¿En el trabajo en negro, en las seudocooperativas o desempleados? Precarizados, descartados y desempleados. Y no es solo una cuestión de precariedad laboral; el origen fundamental del desempleo es la aplicación de un modelo extractivo que realiza procesos básicos a bordo con escaso personal, mientras desactiva los trabajos industriales en tierra, respondiendo a los intereses de los países importadores que, luego de recibir en sus destinos los commodities argentinos, los descongelan y reprocesan para agregarle valor. La Argentina recibe tecnología, productos industrializados, buques fabricados en astilleros gallegos y otros, y le envía materias primas con un mínimo agregado de mano de obra precarizada para su industrialización en los países desarrollados. En las dos primeras décadas del siglo XXI estamos como en el final del siglo XIX, solo nos falta utilizar esclavos para abaratar la materia prima.

Se alegará una mayor conflictividad, siniestralidad y ausentismo laboral en la actividad industrial, pero ello no puede resolverse vaciando las plantas y procesando a bordo, sino con mayor capacitación, contención familiar, mejor calidad en el trabajo y regularidad laboral. En todas las actividades donde se utiliza mano de obra intensiva, en especial las exportadoras, no se cierran las fábricas, se incentiva a los trabajadores a producir más y mejor. En una actividad donde se garantiza un mínimo y se paga por producción no se ha logrado fidelizar a los trabajadores y ello debería ser motivo de una revisión profunda, pero no transitar el camino de la reducción del valor agregado, por cualquiera de las vías que fuera.

El gobierno administrador de este recurso del Estado no puede ignorar que realiza una pésima administración; entendiendo, por administrar mal no sacarle el máximo provecho al recurso, es decir, no agregarle a la materia prima todo el valor agregado posible. Del mismo modo cuando autoriza destinar buques a la pesca del langostino incumpliendo con las cuotas asignadas de merluza o cuando admite el descarte de merluza cuando ésta se pesca incidentalmente junto al langostino. Se administra mal cuando se sobreexplota o cuando se subexplota.

Cuando se depreda y cuando a consecuencia de ello no se aprovecha el recurso en un país con hambre y se contamina el medio marino se produce un daño de verdadera lesa humanidad.

El próximo Gobierno, con la activa participación de empresas y trabajadores, debiera ejecutar las acciones necesarias en forma perentoria, para revertir la decreciente desindustrialización y desempleo. Y no se trata de que el sector se acoja a sistemas subsidiados para sostener el empleo, sino de llevar adelante políticas que promuevan la demanda de empleo.

Entre las herramientas que cuenta el Estado para generar empleo, podemos mencionar:

  • El otorgamiento de cuotas y autorizaciones de captura son mecanismos para dar cierta previsibilidad a la explotación, pero también para que el Estado regule la explotación. Por lo tanto, deben otorgarse a quién mayor empleo genere.
  • Aumentar el valor agregado en la industria y la comercialización de pescados, crustáceos y moluscos frescos y congelados.
  • Promover el uso de las tecnologías necesarias y la puesta en valor para competir a nivel internacional de conservas y filetes de anchoíta.
  • Propiciar la producción de aceites, omega3 y colágenos derivados del pescado.
  • Promover el mercado interno de productos terminados listos para consumir.
  • Incrementar la investigación de cría de especies en acuicultura continental.
  • Promover la formación de Unión Transitorias de Empresas para regular la disponibilidad de materias primas en las plantas industriales.
  • Otorgar cuotas de capturas a pequeñas y medianas empresas asegurando una Unidad Económica Pesquera.
  • Recuperar e industrializar los descartes de especies no comerciales y la pesca incidental.
  • Erradicar la sustitución al desembarco para sanear la disponibilidad real de especies y su eventual otorgamiento de nuevas cuotas de captura.
  • Acordar las capturas extranjeras de las especies migratorias y asociadas.
  • Promover las asociaciones empresarias en los mercados mayoristas y minoristas en los centros de consumo del mundo.
  • Fabricar y renovar en los Astilleros públicos y privados nacionales todas las embarcaciones de distinto tipo que necesita el país.
  • Eliminar el trabajo en negro a través de la regularización voluntaria o la aplicación de sistemas de relevamiento de datos que permitirán identificar rápidamente el trabajo no registrado.
  • Eliminar el pago parcial de los salarios en negro a través de sistemas de registración que no impliquen quitas al trabajador como producto de la aplicación de la retención del pago de ganancias ni mayores costos al empleador como producto de la declaración del total del salario.

La generación de trabajo es la única manera para terminar con la pobreza e indigencia del pueblo y recuperar la equidad y dignidad de los argentinos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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DIFERENCIA SUSTANCIAL ENTRE DEUDAS Y ESTAFAS

Agustín Saavedra Weise*

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Se denomina pago al cumplimiento de una obligación que satisface al acreedor y libera al deudor. Por otro lado, existe lo que se llama “cultura de pago”, la sana costumbre de devolver el dinero prestado o cubrir la obligación pertinente (impuestos u otros). Es vital la cultura de pago para el funcionamiento de una sociedad y su sistema financiero. En la banca nacional felizmente la mora es pequeña en comparación con otros países, hay una adecuada cultura de pago. El tema se deriva entonces a las actividades extra sistema bancario, en particular a los préstamos privados. Allí hay altibajos en la cultura de pago y también ¡cuándo no! anomalías no siempre tomadas en cuenta por fiscales y jueces que, aunque aducen “no tener tiempo ni gente”, sí dedican gente y tiempo a cuestiones baladíes más propias de naturaleza civil, dejando de lado otras cosas urgentes.

Jueces y fiscales se dejan influenciar por cualquier cosa o caen en las trampas de doctrinas de moda y las aplican ciegamente, aunque no correspondan a la situación real. Tal es el caso de asimilar una deuda impaga al delito de estafa y abrir la puerta para meter en la cárcel al deudor, algo prohibido por la Convención Americana de Derechos Humanos, sí, por el mismo Tratado que mediante su artículo 23 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) está “legitimando” la nueva postulación de Evo Morales pese al voto en contra del referendo del 21 de febrero de 2016. En la parte que nos ocupa de ese documento (Art.7 inciso 7) se prohíbe la prisión por deudas. Conste que estamos hablando de una fuerza jurídica imposible de ser refutada en lo interno según la doctrina asentada por el TCP.

La contrapartida obvia a la no prisión por deudas es un reconocimiento legal de la deuda, pagadera en función de la capacidad de generar ingresos del deudor siempre que no perjudique la mantención de las necesidades básicas de su familia, etc. Eso termina con el tema de la estafa y anula la sentencia de 2013 que creó esa figura en caso de no pago. Ante los legítimos reclamos del acreedor, los derechos humanos del deudor deben ser considerados también. No pagar y decir que no se puede pagar no es estafa, es una realidad verificable. Estafa es tratar de engañar a alguien con embustes o mentiras. Hay diferencias. No se puede volver al pasado, cuando el deudor era vendido como esclavo o metido en un calabozo. Además, tenemos que partir de una premisa lógica: el acreedor inteligente quiere cobrar su dinero; de un prisionero o un esclavo no cobrará nada. Con el deudor en actividad, sí será posible cobrar.

Señores fiscales y jueces: marquen la diferencia; no lleven los temas de préstamos impagos al campo de la estafa o prisión probable; perderán el tiempo; tarde o temprano el Pacto de San José destruirá sus esfuerzos y el acreedor deberá decirle “hasta la vista baby” a su deuda.

Si hubiera seriedad, tanto deudor como acreedor deberían tener a fiscal y juez de turno como amigables componedores, no como seres inexorables que perjudican al acosado deudor y terminan perjudicando al acreedor. Urge estipular un sistema mutuamente acordado, para que la cultura de pago impere y se le otorgue al deudor tiempo razonable para que con su trabajo le pague al acreedor. Buscar fiscales para encarcelar deudores, desafiando normas internacionales, ciertamente no conduce a ninguna parte; el acreedor irá por mal camino si sigue esa ruta…

*Ex canciller, economista y politólogo. Miembro del CEID y de la SAEEG. www.agustinsaavedraweise.com

Tomado de El Deber, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, https://eldeber.com.bo/153924_diferencia-sustancial-entre-deudas-y-estafas