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JUICIO DE RESIDENCIA AL SUBSECRETARIO DE PESCA DE LA NACIÓN

César Augusto Lerena*

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El Juicio de Residencia fue un procedimiento del derecho indiano que los funcionarios sufrían al término de su gestión, donde se evaluaba a los agentes públicos, cualquiera fuese su jerarquía y, de su resultado, derivaba el reconocimiento y, eventualmente, el otorgamiento de nuevos cargos de mayor jerarquía, la aplicación de multas, la prohibición para ejercer nuevas funciones e, incluso, la aplicación del garrote vil.

Luego, debido a una justicia más humanizada y permisiva, por aquello de “el que está libre de pecado que tire la primera piedra” se aplica “el incumplimiento de los deberes de funcionario público” de muy difícil y leve sanción, ya que —habrá de alegar el imputado— llevó a cabo sus funciones con idoneidad y buen entendimiento y, en tal caso, se le imponga el muy genérico “que Dios y la Patria me lo demanden”.

Quedará por delante iniciarle al funcionario un juicio penal fundado en pruebas inequívocas de que su acciones, efectuadas en pleno conocimiento de las prohibiciones que establece la legislación pesquera, los informes y dictámenes formulados por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) respecto a la limitación de los permisos y capturas y, sus propios antecedentes previo a la asunción del cargo, le debieran haber impedido administrar lesivamente el recurso pesquero, depredarlo, provocar perjuicio al conjunto de las empresas concesionadas, caída del empleo e insustentabilidad de las comunidades ribereñas y, aún peor, no asegurar este recurso natural a las próximas generaciones.

Nos hemos acostumbrado a echarle la culpa al gobierno anterior y con ello diluir las responsabilidades de los funcionarios en los desaciertos en la ejecución de las políticas. Y no se trata de que encontremos a éstos con las manos heridas de tanto meter la mano en la lata. No hay tal forma para detectar los funcionarios corruptos e ineptos. Son los resultados los que lo pintan de cuerpo entero.

En estos días la Revista Puerto nos ha puesto de manifiesto una serie de irregularidades que habrán de impactar directamente sobre la sostenibilidad de dos de las tres especies más importantes que tiene el país. La lectura de las últimas Actas del Consejo Federal Pesquero, si bien no transcriben textualmente el contenido de las reuniones sino sus conclusiones, nos demuestran el arbitrario manejo de este recurso de todos los argentinos, a pocos días —así lo indican las encuestas— que este gobierno deje la administración nacional.

Yo modestamente sugiero que terminemos con la administración arbitraria, incapaz e irresponsable, que hipoteca nuestro futuro. Los funcionarios deben asumir que están administrando nuestro patrimonio, no el de ellos, que en su carácter de servidores públicos deben administrar en forma ética y dentro de los límites que le impone la Ley. Y en ese sentido, las próximas autoridades deberían analizar lo actuado por el Subsecretario de Pesca de la Nación Dr. Juan Manuel Bosch.

Veremos allí si este funcionario ha admitido el descarte de cientos de miles de toneladas que podrían alimentar a millones de niños y adolescentes; si alguno de los funcionarios a su cargo o el mismo ha estado alcanzado por la Ley de Ética Pública 25.188 (sus art. 13º y 15º); si evitó la sustitución de las especies desembarcadas, favoreciendo la distorsión de las cuotas asignadas a las empresas y provocando depredación e inequidad en la distribución de las cuotas; si, a consecuencia de los descartes, depredación y sustitución no garantizó la sustentabilidad del mar argentino para las actividades actuales y las generaciones venideras; si eliminó o redujo el trabajo en negro en la actividad industrial; si admitió el bajo aprovechamiento de los recursos de propiedad del Estado exportando productos de bajo valor agregado; si se efectuaron ventas de cuotas entre privados y si admitió transformaciones que incrementaron el esfuerzo pesquero; si aumentó el consumo nacional de pescado y por tal motivo no se generó mayor valor agregado, empleo y mejora de la dieta de los argentinos; si promovió la concentración pesquera; si le aseguró a las pequeñas y medianas embarcaciones e industrias pesqueras el recurso para garantizarles una sustentabilidad económica y social; si efectuó un política federal de la explotación de los recursos para garantizar la industrialización del litoral marítimo; si llevó adelante una política de renovación sostenida y de seguridad de los buques, para evitar que un 50% de los buques en actividad estén obsoletos, provocando naufragios y muerte; si actuó sobre los titulares de los buques abandonados que dificultan la operatividad de los puertos; si respetó los informes técnicos del INIDEP respecto a la disponibilidad de las especies, vedas y cierres de campañas; si ha hecho un seguimiento de los proyectos aprobados para asegurarse que los planes que dieron lugar a la adjudicación de cuotas y autorizaciones se han cumplido; si ha efectuado alguna tarea concreta destinada a erradicar la pesca ilegal (INDNR); si ha cumplido con la Constitución Nacional respecto a la cláusula transitoria o ha llevado prácticas directas o indirectas que favorecen a los británicos respecto al desarrollo de Malvinas; si ha apoyado u opuesto al control regional del Atlántico Sur por parte de Estados de Bandera; si ha efectuado acuerdos con Montevideo para que sus puertos no le presten servicios a los buques extranjeros que operan en el Atlántico Sur con o sin licencia británica; si ha intervenido en la elaboración de los pliegos de licitación del otorgamiento de áreas offshore para la explotación de hidrocarburos que podrían ser incompatibles con la explotación pesquera.

La inoperancia, la negligencia, la inequidad o el atentado a la sustentabilidad del recurso o al ambiente pueden ser de altísima gravedad cuando se trata de administración un recurso renovable pero agotable de todos los argentinos.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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EL MAL CÁLCULO DE LENÍN MORENO

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Después de 12 días de convulsión, el Gobierno de Lenín Moreno resolvió derogar el polémico decreto 883 que eliminaba los subsidios a los hidrocarburos, medida que había elevado los combustibles en más del 123%. Siete muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos es el saldo de más de una semana en que Ecuador se transformó en un polvorín. Gracias a una mediación de la ONU y de la Iglesia Católica, hoy el país encara un diálogo para resolver el conflicto.

Las medidas adoptadas por Moreno estaban relacionadas con las condiciones que había impuesto el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir un préstamo por 4.200 millones de dólares que debían permitir un ahorro de 1.300 millones de dólares al año y cubrir un déficit fiscal de 5.600 millones de dólares previsto para 2019.

Moreno defendió a capa y espada la eliminación de los subsidios por considerar que los mismos favorecían a los sectores pudientes de Ecuador y a los traficantes de carburantes que vendían los energéticos al contrabando. Todo subsidio es una distorsión económica que encierra un espejismo, en este caso, que lleva más de cuatro décadas en un país cuya moneda oficial es el dólar, lo que hace más grave su dependencia de recursos financieros.

A su vez, Lenín Moreno argumenta que recibió el poder en mayo de 2017 con una pesada herencia de parte del expresidente Rafael Correa, quien sustentó su poder en un sistema asistencialista, prebendalista y corrupto que llevó al colapso de las cuentas públicas.

Más allá de los argumentos de Moreno, el remedio resultó peor que la enfermedad. Y esto no es novedad con las denominadas “recetas del FMI”, que apuntan fundamentalmente a descargar las cuentas mal administradas en los bolsillos de la gente sin discriminación.

Ocurrió en Bolivia con el polémico decreto 21060 a mediados de los años 80 y con el impuestazo a los salarios de febrero de 2003 que llevaron a una eclosión estatal que todavía hoy debatimos. Y con el gasolinazo que impuso Evo Morales en enero de 2011, que desencadenó una crisis social que lo obligó a revertir la medida, tal como acaba de ocurrir con Moreno.

Gobernar a espaldas de los bolsillos de la gente puede ser peligroso, aunque las cuentas frías exijan medidas urgentes e impopulares. Argentina, Brasil, Perú, México y otros países europeos intentaron la misma “receta del FMI” y así les fue. El problema es que, cuando se heredan economías ya dañadas, queda una realidad complicada para los mandatarios que deben resolver lo que heredaron de sus antecesores.

Más que el remedio, deberíamos ver cuáles son las causas de la enfermedad. El despilfarro, el gasto público sin sustento y el ocultamiento de la información económica que, en muchos casos, lleva a desayunarnos con arcas vacías y economías inviables y que son situaciones que caracterizaron a los gobiernos populistas en el último tiempo.

Las lecciones que deja la historia de ajustes en América Latina debería servir para las siguientes administraciones en países donde la transparencia no es la moneda corriente. Es el caso boliviano.

¿Qué país dejará la actual administración de Evo Morales? ¿Es realmente un paraíso boyante como intenta mostrar su impresionante propaganda política? ¿Cuál es la real medida del déficit fiscal, de la caída de las reservas internacionales y del endeudamiento? Muchos temen que, al asumir en enero, el nuevo presidente, cualquiera que fuera elegido, se encontrará con una economía en problemas.

Los bolivianos no queremos un país que se ponga al borde de la cornisa, como en Ecuador o Argentina. Demandamos un país equitativo, ordenado y transparente que siente las bases de un desarrollo realmente sostenible para todos.

 

Tomado de El Deber, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, <https://www.eldeber.com.bo/153295_el-mal-calculo-de-lenin-moreno>

LA ECONOMÍA DE LOS ELEFANTES AZULES

Gonzalo Chavez A.*

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Cuenta una leyenda de Tailandia, que cuando el monarca no estaba satisfecho con los mimos y adulaciones de algún súbdito – hermano y compañero, diríamos en el lenguaje actual – le regalaba un elefante blanco que, en realidad, era un animal con albinismo. El súbdito agraciado con el regalo divino debía cuidar del elefante como si fuese la encarnación del poderoso. Bañarlo con jabones perfumados y especies raras, darle comida especial, manís chapareños, por ejemplo y permitir que el séquito de seguidores del Jefazo de la época lo visite y venere, por supuesto, todo esto tenía un altísimo costo, lo que, muchas veces, arruinaba o inclusive quebraba financieramente al súbdito .

Contemporáneamente y en ámbito económico, los elefantes blancos pueden ser proyectos públicos que no tienen retorno ni económico ni social, son muy costosos de mantener y se convierten en una carga para la sociedad. La variedad y tamaño es inmensa: aeropuertos, museos personales, empresas públicas, presas, puentes, y estadios de fútbol construidos para el campeonato binacional Villazón – La Quiaca y otros.

Siendo consistentes con la nueva religión del cambio, por estos paisajes revolucionarios, debíamos hablar de elefantes azules, ya que así están pintados a diestra y siniestra por el país.

¿Pero cómo se distingue un elefante blanco o azul? ¿Toda obra pública es un paquidermo? ¿Toda inversión en infraestructura lleva desarrollo económico?

Respondamos estas preguntas desde varias perspectivas. La visión económica: La evaluación de un proyecto de inversión en infraestructura o de la construcción de una empresa pública es un proceso complejo que usa varios criterios técnicos. Se deben evaluar los impactos positivos y negativos de la obra pública en términos:

a) ambientales ¿ la obra en cuestión destruye patrimonio natural, lo preserva o mejora?

b) Financieros, ¿el proyecto público es rentable o arroja pérdidas?

c) Económicos, ¿la infraestructura contribuye al desarrollo económico?

d) Sociales, ¿la obra pública tiene un impacto social grande o sólo favorece a unos cuantos?

e) Tecnológicos, ¿el proyecto ayuda que el país tenga avances en innovaciones tecnológicos?

f) Regional, ¿la empresa pública tiene un impacto de desarrollo local significativo? En suma, se trata de ver la rentabilidad económica y la social. Un elefante blanco no cumple ninguna des estos criterios técnicos.

Pero, no todas las obras públicas son un peso para la sociedad y la economía, pueden existir una obra financieramente muy cara y de retorno de muy largo plazo, pero de alto impacto social como generalmente son el transporte público, o el sistema de salud. Entre tanto, tampoco hay una relación directa entre inversión pública y desarrollo económica.

Los criterios técnicos para evaluar la calidad económica, social y productiva de una obra pública son complejos y polémicos. Los elefantes blancos son difíciles de identificar. Además, cabe también recordar, que una obra pública es sobre todo una decisión política, una opción de poder, y una construcción de un imaginario de desarrollo.

El cientista político James A. Robinson de la Universidad de Chicago, elaboró una teoría de la construcción de elefantes blancos y maneja dos hipótesis: 1) Estas obras inútiles son el resultado del clientelismo. Los políticos intercambian obras por votos y soporte político. Poco importa la necesidad o viabilidad de los proyectos. 2) Los elefantes blancos son una fuente de generación de rentas y de corrupción. “Tal político, roba, pero hace”. Obras de infraestructura resultan de la presión de grupos de poder económico. Muchas veces, en torno de carreteras o puentes se congregan empresas constructoras, financiadores, sindicatos y políticos. Esta vía fue llevada al extremo en Brasil (Lava Jato).

También podemos añadir, que los elefantes blancos son una consecuencia negativa de la construcción de un imaginario de desarrollo que sobre valoriza el gigantismo de las obras, el cemento como símbolo de riqueza, que asocia modernidad a edificios y carreteras.

Así mismo, la predisposición social a la construcción de nuevas infraestructuras, se potencializa ante el peligro de una recesión en la economía. En este contexto, las políticas keynesianas consistentes en impulsar la demanda agregada mediante un aumento de la inversión pública, en obras públicas, gozan de popularidad. Es decir, existe una visión sacralizada de la inversión pública ya sea en infraestructura o empresas estatales, pero posteriormente, cuando se descubre que estas obras eran grandes elefantes azules, ya es demasiado tarde. El daño económico está hecho.

Con todos estos criterios, y siguiendo un excelente artículo de Raúl Peñaranda sobre el tema publicado 2 de junio del 2019, “Abecedario de los elefantes blancos de la era de Evo”, le propongo hacer una taxonomía de los elefantes azules de los últimos 14 años y elegir el más vistoso y grande. Publicaremos la lista en las redes sociales. Doy el puntapié inicial: Museo azul de Orinoca, una especie de Dumbo de la revolución.

* Economista con estudios en PUCRJ, Harvard, Columbia y Manchester.

Tomado de El Deber, Santa Cruz de la Sierra, <https://www.eldeber.com.bo/opinion/La-economia-de-los-elefantes-azules-20191005-0002.html>.