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LOS DESAFÍOS GEOPOLÍTICOS MAYORES IMPLICAN SACRIFICIOS GEOPOLÍTICOS MAYORES

Alberto Hutschenreuter*

Imagen de Damian en Pixabay

A medida que transcurren los días crecen los interrogantes sobre hasta cuándo seguirán en guerra rusos y ucranianos, es decir, eslavos contra eslavos. En efecto, puede que existan diferencias relativas con el origen y curso que han seguido los ucranianos históricamente, es decir, si constituyeron o no un país distinto e independiente de Rusia, pero, más allá de ello, sin duda se trata de una guerra fratricida.

Ahora bien, si realizamos consideraciones desde la experiencia y desde las «fuerzas profundas» en las relaciones entre estados, los propósitos que ha perseguido y persigue Ucrania, que precipitaron que Rusia movilizará sus fuerzas hacia su interior, deberían considerarse desde una lógica pragmática y de poder, es decir, «para ganar, tal vez tenga que ser necesario perder».

Por supuesto que ello jamás será aceptado por Kiev, que sólo consentirá conversaciones con Moscú si se retiran las fuerzas rusas del este de Ucrania, es decir, una negociación solo será posible sobre la base del principio conocido como statu quo ante bellum. Más aún, Kiev ha insistido en que el retiro debe incluir la devolución de Crimea.

Hay dos situaciones en relación con Ucrania: por un lado, no es un poder preeminente, es un actor intermedio; por otro, está ubicada en una placa geopolítica sensible o shatterbelt del mundo. Desde estas condiciones, Ucrania desafió a Rusia tomando dos decisiones «a todo o nada»: terminar con toda legislación que salvaguardaba derechos de las poblaciones del Donbás y convertir eventualmente a Ucrania en miembro de la OTAN (propósito éste que contaba con la aquiescencia casi silenciosa de la Alianza).

El fin de dicha legislación más otras situaciones en el terreno llevaron a una relativamente silenciosa confrontación armada en la zona este de Ucrania desde 2014. Por ello se llegaron a los (hoy enterrados) acuerdos de Minsk I y Minsk II. La política exterior dirigida a llevar a Ucrania a la OTAN, o más apropiadamente traer la OTAN a Ucrania, agravó la relación entre la Alianza y Rusia, es decir, el nivel estratégico en el conflicto entre Ucrania y Rusia.

El hecho de no ser un poder preeminente adyacente a un poder preeminente implicaba no solo que Ucrania estaba dispuesta a abandonar toda diplomacia basada en la deferencia internacional, sino que contaba con respaldo externo para hacerlo. Asimismo, la decisión de ser parte de la OTAN implicaba no sólo el abandono de toda otra alternativa de política exterior, sino que (Ucrania) estaba dispuesta a asumir los riesgos que suponía la ruptura del principio de seguridad indivisible (una cuestión que los poderes preeminentes siempre tienden a respetar, pues su alteración supone la pérdida de seguridad de una de las partes).

Pues bien, al no ser consideradas las demandas rusas en relación con esa situación, Rusia puso en marcha lo que denominó «operación militar especial», es decir, siempre desde el enfoque ruso, una «invasión defensiva». En rigor, no fue una sorpresa, pues, como bien advierte el experto George Friedman, Rusia siempre reaccionará cada vez que un reto se acerque a sus fronteras.

En la situación actual, una guerra casi de «trincheras» del siglo XXI, el final podría estar muy lejos. Como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, la derrota de una de las partes podría ocurrir como consecuencia del agotamiento.  Pero también podría suceder si Ucrania, que decidió desafiar la geopolítica, decidiera poner fin a la guerra a través del sacrificio geopolítico, es decir, tomando la difícil posición de ceder parte de su territorio del este para alcanzar ganancias relativas de poder.

Se trata de un alto precio, pero solo quizá así se lograría el equilibrio que se fue alterando por años. No sería un equilibrio tranquilo, claro, pues Ucrania se convertiría casi automáticamente en miembro de la OTAN y la placa europea del este pasaría a ser una de las más armadas y tensas del mundo, si no la más. En cuanto a Occidente, lograría lo que busca desde el mismo fin de la Guerra Fría: contener y vigilar a Rusia en sus mismas puertas, hecho que prácticamente pondría fin al activo geopolítico eterno de Rusia, la profundidad territorial. En buena medida, se terminaría o limitaría con aquello  que Stephen Kotkin denomina la «geopolítica perpetua rusa».

A partir de allí, tal vez, y sólo tal vez, los poderes mayores puedan abrir una era de conversaciones estratégicas que desvíen el curso del mundo actual hacia lo inquietantemente incierto y lo orienten hacia un horizonte de pacífico descontento internacional.

 

* Alberto Hutschenreuter es miembro de la SAEEG. Su último libro, recientemente publicado, se titula El descenso de la política mundial en el siglo XXI. Cápsulas estratégicas y geopolíticas para sobrellevar la incertidumbre, Almaluz, CABA, 2023. 

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GEOPOLITICA DEL TRÁFICO DE COCAÍNA EN SUDAMÉRICA

Jorge Eduardo Lenard Vives*

Imagen: El Orden Mundial.
Geopolítica y crimen organizado

Según una de sus definiciones tradicionales, la geopolítica es la disciplina que estudia los efectos de la geografía física y humana sobre la política y las relaciones internacionales con la finalidad de entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de las variables geográficas. Si bien originalmente el análisis tuvo como protagonistas a los estados- nación, adscribe en la actualidad a un concepto ampliado en el que la materia incursiona en un ámbito donde, si bien persiste el Estado como “protagonista descollante del sistema internacional”, también existen “otros actores de naturaleza no estatal que incrementan día a día su importancia”[1].

Estos actores no estatales con influencia transnacional son de distinto tipo. Entre ellos se encuentran los “actores no gubernamentales violentos”, que incluyen las bandas de crimen organizado. Fue así que a fines del siglo XX y principios del XXI, se gestó en algunos ambientes académicos el término “geopolítica del crimen” para referirse a la aplicación de las principios geopolíticos al estudio de la influencia de las organizaciones delictivas supraestatales[2].

En Sudamérica la presencia del crimen transnacional organizado relacionado con el narcotráfico es un factor de peso en las relaciones entre los países de la región y condiciona no sólo su política interna sino incluso su política exterior. El examen del caso particular del comercio ilegal de cocaína, al tratarse de una substancia derivada de una planta que por sus características sólo crece en esta parte del mundo, permite aplicar las premisas de la geopolítica en el marco del concepto de “micro-geopolítica”[3]. Es decir, considerar un objeto de análisis muy acotado y específico a efectos de estudiar en profundidad sus implicancias, sin dejar de reconocer que, a caballo de esta modalidad delictiva, se montan muchas otras criminalidades que aprovechan la “infraestructura” establecida.

Tres factores del estudio geopolítico

La geopolítica tradicional considera en sus investigaciones, entre muchos otros, tres factores del ambiente geográfico de particular importancia: los recursos naturales de un país (que pueden ser objeto de la codicia de otro estado; y, por lo tanto, obliga a defenderlos), las características de las fronteras que separan los países (restringiendo o facilitando el avance de un estado sobre otro) y las líneas de comunicaciones (es decir, las vías por las cuales se canaliza el comercio, pero también, en caso de conflicto, las tropas invasoras).

Ahora bien, asimilando esos tres factores de análisis al caso del crimen transnacional organizado vinculado con el narcotráfico, puede inferirse la siguiente relación: el primer concepto, los sectores donde se ubican los “recursos naturales” de un país, se corresponde con las “zonas de producción” de los estupefacientes; en tanto las “líneas de comunicación” se asemejan a las “rutas del narcotráfico”. Por otro lado, el concepto de fronteras mantiene su contenido; pero lo que en la geopolítica tradicional significa una línea de vigilancia que facilita el control del comercio y del movimiento migratorio, para las organizaciones delictivas implica una barrera a vulnerar. En cierto sentido, parecería que esta extrapolación de conceptos entre ambas visiones de la disciplina se hace cambiando el signo de su consideración y aquello que para la geopolítica tradicional es un aspecto positivo se transforma en negativo cuando se consideran las actividades de los nuevos actores transnacionales.

Aplicar estos términos a la realidad del tráfico de cocaína en Sudamérica permitirá elaborar algunas conclusiones que resaltan la función predictiva de la geopolítica y, por ende, su importante tarea como auxiliar en la adopción de decisiones políticas tendientes a solucionar la actual situación anómala.

Zonas de producción

Según UNODC (la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen) en el Reporte Mundial de Drogas del año 2022[4], las únicas zonas productoras de cocaína del mundo se localizan en Sudamérica y son las siguientes:

En Colombia, el sector norte (departamentos de Choco norte, Córdoba, Antioquía, Bolívar y Norte de Santander) y el sector sur (departamentos de Choco sur, Valle, Cauca Nariño, Caquetá, Meta, Guaviare) y Putumayo). Cabe señalar, aun cuando no sea objeto de esta nota, que en este país existen importantes zonas productoras de marihuana, en especial en su variante “creepy”.

En el Perú, el sector norte (departamentos de Putumayo y Bajo Amazonas); el sector centro (departamentos y sectores de Alto Huallaga, Alto Chicana, Marañón, Aguaytia, Contama, Calleria y Pichis-Palcazu – Pachitea); y el sector sur (el VRAEM —Valle de los Río Apurimac, Ene y Mantaro— y departamentos y sectores de La Convención – Lares, Kosñipata, San Gaban e Inambari Tambopata).

En Bolivia existen dos sectores principales, el ubicado en los Yungas de La Paz (departamento de La Paz) y el ubicado en el Chapare o zona de los Trópicos de Cochabamba (departamento de Cochabamba y parte del departamento de Santa Cruz).

El informe de la UNODC dice a modo de resumen que para el año 2020 las áreas de cultivo mantuvieron una superficie similar a la del año anterior (234.200 hectáreas), dado que si bien decreció la superficie cultivada en Colombia, se incrementaron los cultivos ubicados en Bolivia y Perú. Sin embargo, pese a esa estabilidad en los cultivos, aumentó de un año para otro la producción estimada de cocaína (1.982 toneladas, 11 % más que el año 2021), lo que puede atribuirse a diversos factores como la aplicación de mejores tecnologías agrícolas y fabriles.

Fronteras permeables

En general, salvo algunas excepciones, los países sudamericanos presentan límites extensos. Estas grandes distancias perjudican la vigilancia permanente de las fronteras, lo que ha llevado a varios países a emplear fuerzas militares en su custodia (Brasil, Bolivia; incluso la Argentina con dispositivos como el del “Escudo Norte”).

En el subcontinente existen dos fronteras apoyadas en obstáculos naturales que dificultan su vulneración. Una de ellas es la frontera entre Argentina y Chile, con la presencia de la cordillera de los Andes, y la otra la frontera de Brasil con sus vecinos del oeste, cubierta por el Amazonas. Esa densa selva que complica el establecimiento de líneas de comunicación terrestre de una costa a la otra del subcontinente, contribuye a aislar las zonas productoras de droga, ubicadas en los contrafuertes andinos cercanos al Pacífico, del litoral Atlántico donde se localizan los puertos de salida.

Pero además de la permeabilidad ocasionada por la significativa extensión, una de las principales debilidades de las fronteras sudamericanas es la gran cantidad de trifinios o puntos tripartitos que muestra. Estos lugares, al presentar una jurisdicción política dividida, facilitan la pérdida de control de los movimientos de personas y mercancías. No todos estos puntos tienen igual significancia geopolítica para el crimen, por supuesto. Si bien a lo largo de las distintas fronteras se reconocen trece trifinios, se destaca por su complejidad la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Aun así, no debe descartarse el resto de estos puntos como sectores a los que se debe prestar especial atención al vigilar los límites fronterizos.

Cabe aclarar que las fronteras consecutivas en sentido norte – sur de los países ubicados en la franja oeste de Sudamérica, desde Venezuela hasta la Argentina, si bien presentan algunos accidentes topo e hidrográficos que otorgan ciertas posibilidades de aislamiento entre las distintas jurisdicciones; en general revelan una uniformidad de ambientes naturales que facilita el tránsito de uno a otro.

Rutas de la droga

La salida de cocaína en forma directa desde las zonas productoras hacia los principales mercados mundiales se hace por mar desde los puertos comerciales, generalmente por medio de cargas ocultas en contenedores (más del 90 % del tráfico de cocaína sudamericana es por este medio[5]); o desde la costa no vigilada, recurriendo a lanchas rápidas e incluso sumergibles rudimentarios. También se emplea el medio aéreo; ya sea mediante aviones privados que pueden partir de pistas clandestinas, como de vuelos comerciales que despegan desde aeropuertos internacionales. Sin embargo, este tráfico canalizado desde los países donde se localizan las zonas de cultivo y producción, en muchos casos es riesgoso para la organización delictiva porque el espacio en cuestión está muy controlado por las diferentes autoridades que tienen injerencia sobre el tema. Por ello, las organizaciones buscan alternativas menos controladas.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que las zonas productoras están recostadas mayormente sobre el océano Pacífico, con puertos próximos ubicados sobre esa zona marítima o, a lo sumo, con puertos localizados sobre la costa del Caribe, puntos más aptos para comunicarse con la América Central y la América del Norte (aun cuando algunas de esas instalaciones también son usadas para canalizar el tráfico hacia Europa). Pero los puertos ubicados sobre la misma costa del océano Atlántico, que facilitan la navegación directa hacia los mercados europeos, están alejados de las zonas productoras y, en gran parte del continente, como se vio, parcialmente aislados de esas zonas por la selva amazónica.

Es por ello que, aprovechando las fronteras porosas, el narcotráfico busca llegar a países que cuenten una geografía abierta, libre de obstáculos naturales, una importante infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, un extenso litoral marítimo sobre el Atlántico y una significativa actividad industrial y de comercio exterior. De tal manera, terminan en la Argentina y en la zona sur del Brasil. Por ello son dos países elegidos para sacar fuera de la región una parte importante de la producción de cocaína, debiendo señalarse que, según UNODC[6i], los puertos de Brasil son los principalmente empleados para esta actividad.

De tal manera, con el tiempo se plasmó una suerte de autopista panamericana de las drogas, que, siguiendo la dirección norte – sur por el oeste del continente, une Colombia con la Patagonia. Y, desde cada puerto que toca, vincula esta ruta con el mundo. Tiene diversas bifurcaciones que van llevando a los distintos lugares de salida. Paralela a la ruta terrestre, que es complementada también con algunos tramos cubiertos por medios aéreos, en la parte sur del subcontinente la trocha se monta sobre otra facilidad de transporte que es fluvial: la Hidrovía.

Crimen organizado desorganizado

Paradójicamente, la condición inicial que dio lugar al estudio geopolítico de las actividades delictivas, es decir, la existencia de organizaciones criminales con capacidad para dirigir y ejecutar sus actividades en distintos países bajo un mando único, tiene sus particularidades en Sudamérica. Como señala Pablo Uribe Ruan “…la palabra crimen organizado no representa la realidad empírica de la mayoría de las organizaciones criminales en América Latina. En esta región, por el contrario, el crimen está constituido por grupos, casi siempre, desorganizados, fragmentados e inestables, que constituyen difusas redes que van desde México hasta Argentina”[7].

En la primera etapa del proceso, el cultivo de la coca, intervendrían campesinos independientes o a lo sumo nucleados en clanes familiares, que venden la materia prima a las organizaciones productoras de cocaína. Las bandas “fabricantes”, además de elaborar el estupefaciente, tendrían responsabilidad en iniciar la cadena del narcotráfico al ofrecerla a bandas de narcomenudeo locales o al contrabandear su producto hacia países vecinos. Allí sería recibido para su distribución por otra banda local de similar nivel, quien a su vez la vendería a otros narco-minoristas para su distribución local. Esto no implica una unidad de comando en toda la cadena comercial sino que probablemente se formalice en base a una serie de acuerdos entre organizaciones menores mediante los contactos de sus integrantes. Por supuesto, cabe la posibilidad de que la banda de un país desplace integrantes a otro país para que organice o controle una determinada operación ilegal. A veces, este desplazamiento sería asistemático; como podría ser el caso que describe Norberto Emmerich sobre el surgimiento de bandas de narcotráfico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina[8], y en otros casos podría deberse a un plan concebido para que la banda tome un carácter supraestatal.

Sin embargo, para sacar la droga del subcontinente por medio marítimo (o aéreo), es probable que intervengan bandas trasnacionales de distinta importancia que, luego de adquirir el estupefaciente a las bandas productoras, se hagan cargo de llevarlo hacia los puertos de salida, su acondicionamiento para el transporte, el transporte marítimo y su recepción en los puertos de destino (o una similar secuencia en el modo aéreo).

Otras organizaciones implicadas en el comercio ilegal de drogas son las que dan seguridad a las zonas productoras y a las “instalaciones fabriles”, con mayor o menor participación en el posterior tráfico del estupefaciente. Las más importantes de estas organizaciones provienen de los elementos remanentes de las guerrillas que operaban, u operan, en las zonas productoras.

La información periodística respecto a todas estas organizaciones es difusa y debe ser analizada con detalle. Existe en general una tentación a transformar en mega-bandas organizaciones que a lo mejor sólo tienen el papel de narco-minoristas; o de encontrar relaciones orgánicas permanentes en situaciones que son sólo contactos esporádicos o puntuales. Por ello, apenas a modo informativo, se mencionarán las distintas bandas que han tenido más difusión periodística.

En Colombia se cita al “Cartel del Golfo” como principal actor local; el que incluso ha sido mencionado con cierta presencia en países vecinos. Se refiere además la existencia de elementos remanentes de las FARC y el ELN relacionados con la producción y el tráfico del estupefaciente. En Perú no se destaca una organización específica, ya que en general la producción y comercialización primaria sería realizada por “clanes familiares”. También se menciona en este país la presencia de elementos remanentes de Sendero Luminoso. En Bolivia tampoco se mencionan bandas locales de importancia pero se refiere la presencia de representantes de algunas organizaciones transnacionales que intervienen en el mercado local.

Al considerar aquellos países en los que no hay zonas productoras pero sí rutas de tránsito, se detecta la presencia de bandas delictivas locales, como podría ser el “Tren de Aragua” en Venezuela, a la que se le adjudica cierta influencia internacional, y bandas menores al estilo de “Los choneros” o “Los lagartos” en Ecuador. Tampoco se refiere la presencia de bandas locales importantes en Argentina y Uruguay; en tanto en Brasil se señala la presencia del Primer Comando de la Capital y del Comando “Vermelho”, a los que se le otorga posibilidades de cierto alcance internacional. Por otro lado, en Paraguay, si bien no se identifican bandas locales de significación, es conveniente señalar la existencia de zonas de cultivo de marihuana en los departamentos de Amambay y Concepción (la principal zona de cultivo en Sudamérica). Aunque tal estupefaciente no es objeto de este trabajo, las asociaciones criminales relacionadas con su comercio ilegal pueden intervenir en el tráfico de cocaína, empleando las mismas rutas.

Con respecto a organizaciones de verdadera significación transnacional y sustantivos recursos, existen indicios de que la Ndrangheta y otras organizaciones mafiosas del viejo continente, podrían estar a cargo del tráfico hacia Europa. Asimismo, se habla de la presencia de organizaciones mexicanas en la región; y es lógico arriesgar que los carteles mexicanos más importantes (Cartel de Sinaloa y Cartel del Noreste) controlen las rutas de tráfico hacia América Central y del Norte, lo que no haría impensable la presencia de representantes de tales organizaciones en los países que tienen los puntos de salida hacia esos destinos extra-continentales. También grupos con experiencia en el comercio ilícito de estupefacientes provenientes de Colombia, Perú y Bolivia podrían encontrarse en otros países de la región; relacionadas con operaciones mayormente dedicadas a la exportación fuera del subcontinente o a la distribución interna.

Otras organizaciones que tendrían presencia en al menos tres países (Brasil, Paraguay y Bolivia) controlando las rutas del narcotráfico serían los “comandos” brasileños. Sin embargo, como vuelve a decir Uribe Ruan, “Hay grandes nombres como el Cártel de Sinaloa en México o el Comando Vermelho en Brasil, pero no son tan claras las conexiones entre estos grupos con los distintos nodos en la cadena de producción, transporte, comercialización y venta de estupefacientes u otros bienes ilícitos”[9] De todas maneras, como ya se manifestó anteriormente, puede considerarse habitual la presencia de referentes del narcotráfico de un país para organizar una operación en otro; sin que ello implique en todos los casos un asentamiento permanente de la organización a la que pertenece.

Parecería que el esquema adoptado por el narcotráfico se aproxima más al de organizaciones tipo “unión transitoria de empresas” entre las distintas bandas afectadas a los diferentes momentos específicos del narcotráfico. Esta característica, más que una debilidad de las organizaciones criminales, es una fortaleza, ya que les permite una flexibilidad y una segmentación que dificulta el seguimiento de la red completa. A su vez, demuestra una importante vulnerabilidad por parte de las autoridades locales, ya que implicaría que la permeabilidad de las fronteras es tal que permite a bandas locales, de un peso relativo, superarlas en forma clandestina con relativa facilidad.

Imagen: El Orden Mundial.

Resumiendo

Las características geográficas de América del Sur son las únicas del mundo que permiten el cultivo de la planta de coca, base de la producción de cocaína. Favoreciendo el comercio ilegal del estupefaciente, a esa circunstancia se unen las rigurosas condiciones físicas, orográficas, hidrográficas y de vegetación que dificultan el acceso a las zonas de producción y su consecuente control.

Por su posición geográfica, por las características de su territorio, por su infraestructura de transporte y por su extenso litoral atlántico, la Argentina es para las bandas transnacionales de crimen organizado un punto conveniente de salida de la droga hacia los mercados internacionales. Este tema plantea un serio dilema para la política de seguridad interior de la República.

La relación entre zonas productoras y los puntos de salida extra-continentales obliga a consolidar una firme relación de los estados afectados, a fin de promover una acción conjunta para atacar el problema. Por eso es importante una visión geopolítica del problema y no perderse en la maraña de organizaciones que circunstancialmente operan los distintos momentos del proceso. Mientras subsista el cultivo y la necesidad de exportarla fuera del subcontinente, seguirá planteado el problema. Los protagonistas sólo cambiarán de nombre y, como la legendaria hidra, cortada una cabeza en su lugar crecerán dos.

Por supuesto, resulta fundamental la persecución de las organizaciones de narcotráfico, ya que es el principal medio en la actualidad para enfrenar este terrible flagelo. Pero también se debería apuntar a los dos extremos de la cadena. Por un lado, a reducir el consumo. UNODC aprecia que la cantidad de consumidores en el mundo es de 21.000.000 de personas. Según esta oficina, esa cifra representa el 0,4 % de la población mundial entre 15 / 64 años; pero ese guarismo sería inferior si se compara con la población global, estimada en 7.837.000.000 de habitantes: 0,26 %. Por otro lado, a restringir la producción y aislarla físicamente de los lugares de tránsito y salida. Encarar el problema como un tema geopolítico de alcance internacional y no considerarlo sólo como un problema doméstico de cada país, permitiría imaginar soluciones más eficaces.

Imagen: El Orden Mundial.

* Licenciado en estrategia y organización. Autor de varios artículos sobre geopolítica y estrategia.

 

Referencias

[1] Bartolomé, Mariano. La seguridad internacional post 11-S. Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales, 2006, p. 61.

[2] Ejemplo de ello son los libros de Gayraud, Jean-François, El G9 de las mafias en el mundo – Geopolítica del crimen organizado (Barcelona: Tendencias Editores, 2007); Glenny, Misha, Mc Mafia – El crimen sin fronteras (Buenos Aires: Ediciones Destino, B 2008); Emmerich Norberto, Geopolítica del narcotráfico en América Latina (Toluca: Instituto de Administración Pública del Estado de México, 2015).

[3] Carbajal Glass, Fausto. “Spaces of Influence, Power and Violence: The Micro-Geopolitics of Organised Crime”. Strategic Hub for Organised Crime Research (SHOC), Royal United Services Institute (RUSI), https://shoc.rusi.org/blog/spaces-of-influence-power-and-violence-the-micro-geopolitics-of-organised-crime/.

[4] UNODC, World DrugReport 2022 (United Nations publication, 2022).

[5] Ídem.

[6] Ídem.

[7] Uribe Ruan, Pablo. “El crimen en América Latina: desorden, fragmentación y transnacionalidad”. Real Instituto Elcano, https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/el-crimen-en-america-latina-desorden-fragmentacion-y-transnacionalidad/.

[8] Emmerich, Norberto. Op. cit., p 94.

[9] Uribe Ruan, Pablo. Op. cit.

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LA ARGENTINA DEBE PONER EN VALOR LA ZONA DE PAZ Y COOPERACIÓN DEL ATLÁNTICO SUR (ZPCAS)

Marcelo Javier de los Reyes*

El 30 de noviembre de 1985 los presidentes de la República Argentina, Raúl Ricardo Alfonsín, y de la República Federativa del Brasil, José Sarney, firmaron la Declaración de Iguazú en la ciudad brasilera de Foz do Iguaçu. A través de la misma destacaron la relevancia que tiene el Atlántico Sur, tanto para los pueblos sudamericanos como para los africanos y manifestaron «su firme oposición a cualquier tentativa de transferir a la región, que debe ser preservada como zona de paz y cooperación, tensiones este-oeste, en particular a través de medidas de militarización». Debe destacarse que esa declaración se enmarcaba en el contexto de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y que ambos mandatarios procuraban mantener a este enorme espacio marítimo fuera de la rivalidad de las superpotencias.

En 1986 la Asamblea General de las Naciones Unidas, por Resolución 41/11 proclamó la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS o ZOPACAS), la cual quedaba integrada por con veinticuatro países, los tres del litoral sudamericano (Argentina, Brasil y Uruguay) y veintiún países del litoral atlántico africano (Angola, Benín, Camerún, Cabo Verde, Congo, Costa d’Ivoire, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Namibia, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica y Togo). La Resolución dejó abierta la posibilidad de que todos los países que bordean el océano Atlántico a ambos lados del mismo pudieran unirse[1].

A través de la Resolución, la Asamblea General consideraba la «necesidad de mantener la región libre de medidas de militarización, de la carrera de armamentos, de la presencia de bases militares extranjeras y, sobre todo, de armas nucleares». Del mismo modo, «exhorta a todos los Estados de la zona del Atlántico Sur a que promuevan una mayor cooperación regional, entre otras cosas, para el desarrollo económico social, la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos vivos y la paz y la seguridad de toda la región». Asimismo exhorta a los países militarmente importantes de todas las regiones «a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región, la no introducción de armas nucleares o de otras armas de destrucción masiva y la no extensión a la región de rivalidades y conflictos que le sean ajenos».

A su vez hace un llamamiento a cooperar en la eliminación de toda fuente de tensión y a respetar «la unidad nacional, la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de todos los Estados de la región» y añade «que el territorio de un Estado no debe ser objeto de una ocupación militar que resulte de la utilización de la fuerza, en violación de la Carta de las Naciones Unidas, así como el principio de que es inadmisible la adquisición de territorios por la fuerza».

Por diversas razones la ZPCAS no ha mantenido una constancia en sus reuniones y por momentos ha permanecido prácticamente inactiva. Una prueba de ello fue que la presidencia pro tempore que asumió la Argentina en 1998 en la V Reunión de Buenos Aires[2] debió haber pasado a Benín en la reunión que debió celebrarse en el año 2000. Con miras a la VI Reunión Ministerial de los Estados Miembros de la Zona, que finalmente se iba a llevar a cabo en Benín en enero de 2003, la Argentina diseñó una serie de propuestas tendientes al fortalecimiento de la Zona, pero lamentablemente no contaron con el respaldo de varios de los países miembros.

En 1998, la Cancillería Argentina me invitó a integrar la delegación argentina en la reunión de la ZPCAS que se celebró los días 21 y 22 de octubre en Buenos Aires, en el Palacio San Martín. En su agenda se incluyeron temas de interés común para los Estados Parte, como la seguridad, la protección del ambiente costero —dentro del cual cabe la apelación formulada para la consecución de normas convenientes para el transporte marítimo de desperdicios radioactivos y tóxicos—, la protección de los recursos marítimos vivos —que es un tema prioritario para varios países africanos y abordado con énfasis por el delegado de Guinea Ecuatorial—, el mantenimiento del Atlántico Sur como área libre de armas nucleares y cooperación en la lucha contra delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero[3].

Una mención especial fue el punto en el cual los Estados consideraron «que las cuestiones relativas a la paz y a la seguridad y las cuestiones de desarrollo son interdependientes e inseparables y que la cooperación económica, la promoción del comercio y las inversiones entre los países latinoamericanos y africanos de la región constituyen objetivos de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur». Habría sido un punto de partida fundamental para lograr un mayor conocimiento mutuo que permitiera la transferencia de tecnologías y experiencias[4].

En esa oportunidad, diplomáticos africanos —cuya nacionalidad e identidad mantendré en reserva— me confiaron que verían con agrado un incremento considerable de las relaciones entre la Argentina y África para balancear la fuerte presencia de Brasil, a la que ellos consideraban «una continuidad del Imperio portugués» en África[5].

En la VI Reunión Ministerial que tuvo lugar en Luanda, Angola, los días 18 y 19 de julio de 2007, los Ministros de los Estados miembros de la ZPCAS, llamaron «a la reanudación de las negociaciones entre los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de conformidad con la resolución 2065 (XX) y otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la “Cuestión de las Islas Malvinas” con el fin de encontrar lo antes posible una solución pacífica, justa y duradera a la disputa de soberanía»[6].

En la Declaración de Montevideo de 2013, en el marco de la Séptima Reunión Ministerial de la ZPCAS, las Partes coincidieron en la necesidad de continuar luchando para poner fin al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones y se puso el acento en llevar adelante los esfuerzos necesarios para promover el «principio de la resolución de controversias siempre por medios pacíficos y la búsqueda de soluciones negociadas a los conflictos territoriales que las afectan, de conformidad con el derecho internacional, especialmente la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones de la Asamblea General y su Comité Especial de Descolonización». En esa declaración, nuevamente se hace referencia a la necesidad de reanudar las conversaciones entre ambos gobiernos «de conformidad con la resolución 2065 (XX) y otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la “Cuestión de las Islas Malvinas” con el fin de encontrar lo antes posible una solución pacífica, justa y duradera a la disputa de soberanía».

Asimismo los representantes de los Estados reafirman «la resolución 31/49 de la Asamblea General, que requiere que ambas partes en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, se abstengan de tomar decisiones que impliquen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas atraviesan el proceso recomendado en las resoluciones de la Asamblea General. En este contexto, vemos con preocupación el desarrollo de actividades ilegítimas de exploración de hidrocarburos en la zona en disputa, así como el refuerzo de la presencia militar del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la zona, en violación de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas»[7].

Cabe agregar que la Resolución 31/49 se emitió en el marco de la 85ª sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 1º de diciembre de 1976.

En una entrevista que se le formuló en 2020 al entonces flamante secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, se le consultó si se buscaría reactivar el foro de países de la ZPCAS[8]. Ante esta pregunta respondió que se estaban manteniendo conversaciones con el canciller de Cabo Verde y con Brasil, país que se encontraba preocupado por la situación de la piratería en el Atlántico Sur, según informó. Por tal motivo y a pedido de Brasil, se procuraba reactivar el funcionamiento de la Zona. Asimismo, Filmus agregó que para la Argentina era «muy preocupante la militarización británica, ya que tenemos en la zona la base militar más importante al sur del paralelo 50, lo que va en contra de todos los acuerdos internacionales en los que participan los países de este foro. Esa presencia militar no tiene, para nosotros, ningún sentido, porque nuestro país ha dicho una y mil veces que el único camino que vamos a emprender para la recuperación de las islas es el del diálogo y la paz»[9]. Del mismo modo, lamentó «la baja en la intensidad del reclamo durante los últimos cuatro años», en directa referencia a la gestión del gobierno del presidente Mauricio Macri.

En septiembre de 2015, el diplomático argentino Gonzalo S. Mazzeo expresó: «De singular importancia es el estatus conferido a la Zona como una zona no solo de paz y cooperación, sino como una zona libre de armas nucleares, un esfuerzo que se inscribe en el ideario de paz y seguridad que dio nacimiento a las propias Naciones Unidas»[10]. Agregó que Argentina «considera adecuado que, aun aquellos países que no integran la Zona, guarden un comportamiento responsable y respetuoso de los propósitos de paz y seguridad y de los compromisos asumidos en materia de exención de armas de destrucción masiva, que la Zona se ha impuesto».

El 30 de julio de 2021, a través de una información de prensa, la Cancillería Argentina comunicó que en el marco de la 94ª sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas se adoptó «una nueva resolución que revitaliza la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (ZPCAS), cuya última resolución databa del año 2015»[11]. En la misma informa que la nueva resolución «destaca, entre otras cuestiones, la función de la ZPCAS como foro para que aumenten la interacción, la coordinación y la cooperación entre sus Estados miembros» y que en ese foro «habitualmente se condena la presencia militar británica en el Atlántico Sur y se reafirma la importancia de no permitir la presencia de armas nucleares en dicha zona». Del mismo agrega que el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, destacó que la «recuperación de la actividad de la ZPCAS, después de varios años en los que no había presentado resoluciones a la Asamblea General de la ONU, es una muestra del interés de los países latinoamericanos y africanos que la integran por preservar la región de los intereses de las grandes potencias y mantenerla como zona de paz y cooperación».

El relanzamiento de la misma, según informa la Cancillería Argentina, es fruto del trabajo junto a Brasil y Uruguay como un espacio de cooperación más allá de las cuestiones inherentes a seguridad y la defensa, sino también a otras como las científicas. Según lo expresado por el propio Filmus, «uno de sus objetivos principales es terminar con el colonialismo en el Atlántico sur».

Por su parte, el gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur celebró la revitalización de la ZPCAS y agregó que «ha sido un principio rector de nuestra gestión, el cumplimiento y el respeto del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación haciendo valer el derecho de todos los habitantes de la Provincia de vivir en una zona de paz»[12]. El gobernador Gustavo Melella recordó que «hemos condenado la anacrónica posición militarista y colonial del Reino Unido que demuestra cabalmente su intransigencia y su desprecio por las normas del derecho internacional y hace oídos sordos al llamado de la comunidad internacional en su conjunto para poner fin a la disputa de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes»[13].

Ya se han mencionado las expresiones de Daniel Filmus —quien en septiembre de 2021 dejó el cargo de secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación para asumir el de Ministro de Ciencia y Tecnología— pero en particular deseo reparar cuando se refirió a «la baja en la intensidad del reclamo» durante el gobierno del presidente Macri, lo cual si bien es cierto, no le exime de su propia negligencia al frente del área Malvinas. El Dr. César Augusto Lerena se ha referido de forma crítica en numerosos artículos a los miembros que conforman el Consejo Nacional de Malvinas pero en particular a Marcelo Kohen, quien viajó a las islas Malvinas para llevar una «propuesta original» pero por sobre todo anticonstitucional de escindir el archipiélago de la Provincia de Tierra del Fuego y permitirle a los isleños que, luego de treinta años, puedan decidir en un referéndum si desean seguir bajo la soberanía argentina u optar por la británica[14]. Parece contradictorio que quien ha hablado de una disminución de la intensidad del reclamo sobre la soberanía argentina sobre las islas haya convocado al Consejo Nacional de Malvinas a un abogado que propone violar la Constitución Nacional y la Constitución Provincial de Tierra del Fuego.

Ahora bien, con respecto a las expresiones de apoyo formuladas en los documentos emitidos por la ZPCAS, cabe reflexionar si las autoridades argentinas, todas, de los últimos gobiernos, se conforman con la «mera declamación». Pues sí, porque no hacen nada más que declamar los justos títulos históricos, geográficos y culturales que tiene la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.

En ningún momento se decidió pasar a la acción con medidas más efectivas. Ya en 2009 había sugerido que la ZPCAS debería haberse encaminado hacia la creación de un organismo con una secretaría autónoma que le permitiera mantenerse al margen de los vaivenes políticos nacionales y globales[15]. Puede comprenderse que varios de los países africanos puedan encontrar dificultades económicas para asumir los costos que ello implica, pero para la Argentina debería considerarse esta decisión como una inversión y tomar la iniciativa, para lo cual debería poner a disposición de los países miembros de la ZPCAS un edificio público para ser destinado a una sede de la misma con un Secretario General rotativo con sede en la Argentina. De esa manera se evitaría la discontinuidad con que se desarrollan las actividades del foro.

Además de ello y de las acciones que pueden enmarcarse en lo que se denomina el «poder blando», como por ejemplo fortalecer la cooperación a través del Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR) —programa a través del cual la Cancillería Argentina ofrece cooperación técnica a países de igual o menor desarrollo relativo económico y social—, debe considerarse la necesidad de contar con un poder real, el cual se basa en unas Fuerzas Armadas con al menos poder de disuasión, una soberanía económica y un excelente plantel de diplomáticos para llevar adelante el objetivo de recuperar la soberanía sobre las islas del Atlántico Sur.

El contexto en el que fue concebida la ZPCAS, la Guerra Fría, habría supuestamente llegado a su fin con la implosión de la Unión Soviética pero los hechos que se aprecian en Ucrania —particularmente hacia fines de 2021— y las tensiones que se generan entre Estados Unidos y China ponen en evidencia que las tiranteces de la Guerra Fría no han desaparecido y que la OTAN constituye una amenaza para la Argentina, cuya presencia se observa en el Atlántico Sur con la presencia de submarinos nucleares británicos y estadounidenses, contraviniendo las disposiciones de la ZPCAS. Del mismo modo, y como lo expresé en un artículo en 2016, el Reino Unido ha establecido el «collar de perlas británico» en el Atlántico, imitando al denominado “collar de perlas” de China en el Indo-Pacífico[16].

Quizás la dirigencia política argentina no haya tomado conciencia que la denominada Guerra de Malvinas ha sido una guerra no solo por el control del Atlántico Sur sino también una guerra por la Antártida, cuyo tratado vence en 2048 y será objeto de una nueva negociación en la que la Argentina podría salir muy perjudicada, mientras que el Reino Unido se garantiza su proyección sobre el continente blanco a partir del efectivo control de las islas y de su posterior expansión sobre nuestras jurisdicción marítima. Queda poco tiempo para que la Argentina pueda revertir su actual posición militar, diplomática, económica y soberana pero debe ponerse a trabajar en ese sentido.

La ZPCAS le ofrece a la Argentina una extraordinaria oportunidad para trabajar en ese sentido, acercando a las dos orillas para favorecer la cooperación y la preservación de la paz en el Atlántico Sur, fuente de enormes riquezas que hoy nos están siendo esquilmadas y depredadas por países extra regionales.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

 

Referencias

[1] Resolución 41/11. Zona de paz y cooperación del Atlántico Sur. Asamblea General de las Naciones Unidas, cuadragésimo primer período de sesiones.

[2] La V Reunión de los Estados Miembros de la Zona se celebró en Buenos Aires los días 21 y 22 de octubre de 1998.

[3] Reyes, Marcelo Javier de los (comp). Africa ante el tercer milenio. Actas del Simposio Electrónico Internacional. Buenos Aires: Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo (CEID), 2000, p. 232.

[4] Ídem.

[5] Reyes, Marcelo Javier de los. «Argentina y su inexistente poder blando». Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales, SAEEG, 03/06/2021, https://saeeg.org/index.php/2021/06/03/argentina-y-su-inexistente-poder-blando/.

[6] Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur (ZPCAS), VI Reunión Ministerial, Luanda, Angola, 2007, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, República Argentina, https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/zpcas_2007_-_declaracion_de_luanda.pdf, [consulta: 04/08/2021].

[7] Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur (ZPCAS), VII Reunión Ministerial, Montevideo, Uruguay, 2013, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, República Argentina, https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/zpcas_2013_-_declaracion_de_montevideo.pdf, [consulta: 04/08/2021].

[8] Roca, Mariano. «Filmus: “Trabajamos en una política integral hacia el Atlántico Sur”». Infobae, 02/04/2020, https://www.infobae.com/def/defensa-y-seguridad/2020/04/02/filmus-trabajamos-en-una-politica-integral-hacia-el-atlantico-sur/, [consulta: 10/03/2021].

[9] Ídem.

[10] «Argentina resalta importancia de zona de paz y cooperación en Atlántico Sur». Mercopress, 12/09/2015, https://es.mercopress.com/2015/09/12/argentina-resalta-importancia-de-zona-de-paz-y-cooperacion-en-atlantico-sur. [consulta: 10/03/2021].

[11] Información para la Prensa N° 290/21. «Se reactiva la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur». Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 30/07/2021, https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/se-reactiva-la-zona-de-paz-y-cooperacion-del-atlantico-sur, [consulta: 04/08/2021].

[12] Gobernador Melella: «Celebramos la Resolución que revitaliza la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur». Sitio oficial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 30/07/2021, https://www.tierradelfuego.gob.ar/gobernador-melella-celebramos-la-resolucion-que-revitaliza-la-zona-de-paz-y-cooperacion-del-atlantico-sur/, [consulta: 04/08/2021].

[13] Ídem.

[14] Lerena, César Augusto. «La estrategia del Consejo Nacional Malvinas. Parte 1». Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), 09/02/2021, https://saeeg.org/index.php/2021/02/09/la-estrategia-del-consejo-nacional-de-malvinas-parte-1/.

[15] Reyes, Marcelo Javier de los. «O Atlântico Sul: seu pasado recente, cooperação e perspectivas de potenciais conflitos». En: Jonuel Gonçalves (organizador), Atlântico Sul XXI, São Paulo: Editora UNESP, Salvador, BA: EDUNEB, 2009, p. 34-35.

[16] Reyes, Marcelo Javier de los. «El collar de perlas británico en el atlántico sur. Una amenaza a la seguridad regional». Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), 16/04/2016, https://saeeg.org/index.php/2016/04/16/el-collar-de-perlas-britanico-en-el-atlantico-sur-una-amenaza-la-seguridad-regional/.

 

Artículo publicado originalmente en el Anuario del CEID 2021, el cual puede ser descargado gratuitamente desde https://saeeg.org/wp-content/uploads/2022/09/CEID-ANUARIO-2021.pdf

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