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Bolivia y Chile: Realidades post La Haya

Agustín Saavedra Weise*

Ahora que han concluido los alegatos orales de Bolivia y Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya y mientras se espera la sentencia de ese alto Tribunal, ha llegado la hora de imaginar escenarios realistas sobre la base del camino que eventualmente abra para Bolivia el tan esperado fallo, culminación del proceso legal iniciado por nuestro país en abril de 2013.

Si la CIJ interpreta los compromisos asumidos por Chile ante Bolivia como parte de conversaciones o negociaciones bilaterales que terminaron fallidas y no tienen carácter obligatorio, triunfaría la posición chilena. Ningún boliviano o boliviana desea que esto suceda, pero más allá de gustos o disgustos y por encima del excelente trabajo de nuestra delegación, es una posibilidad que merece consideración. Por el contrario, de considerar la CIJ las ofertas chilenas para superar la mediterraneidad de Bolivia como promesas formales, obviamente nuestro país ganaría el pleito. Recordemos que la base sustancial de la demanda nacional pide a la Corte que ratifique la obligación que tiene Chile de negociar el acceso soberano de Bolivia al mar sobre la base de sus compromisos del pasado. No podemos descartar —finalmente— la posibilidad de un dictamen con matiz político o “salomónico”; cursan varios antecedentes en el Palacio de la Justicia sobre la materia. De todas maneras y sea cual sea la posición final de la CIJ, los fallos de ese alto Tribunal que forma parte de la Organizaciòn de las Naciones Unidas (ONU) están para cumplirse. Bolivia así se ha comprometido. Chile, por su lado, ha dado a entender que podría “no cumplir” lo que determine la CIJ en caso de “verse afectada” su soberanía. Al respecto, vale la pena recordar que, si una de las partes no acata el fallo, la otra parte puede elevar su reclamo ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Estamos seguros que el gobierno de Santiago no querrá verse en esa incómoda situación en el caso de ser la sentencia favorable para Bolivia. Lo más probable es que Chile la cumpla, aunque sea a regañadientes. Y aquí es donde vienen los posibles escenarios de negociaciones concretas.

Ab initio, vale el reiterar que Chile y Bolivia deberán continuar juntos —lado a lado y para siempre— por el poderoso imperio de la geografía. Más allá del fallo, consecuentemente, Chile y Bolivia tendrán que retomar la serena senda del diálogo en procura de lograr entendimientos constructivos. No les queda otra alternativa.

Si bien nadie discute que lo mejor que Chile le ofreció a Bolivia hasta ahora está contenido en el Oficio 686 del 19 de diciembre de 1975 de su Ministerio de Relaciones Exteriores, debe admitirse que las realidades geopolíticas han cambiado en forma sustancial. En aquella oportunidad Chile ofreció un corredor al norte de Arica y hasta la Línea de la Concordia, su límite con el Perú. En la propuesta se establecían las coordenadas precisas de latitud y longitud. La cesión territorial incluía el mar territorial, zona económica y el espacio de plataforma submarina comprendido entre los paralelos de los puntos extremos de la costa ofrecida. Chile descartaba cualquier otro tipo de cesión que pudiera afectar su continuidad territorial. Por otro lado, la cesión ofrecida estaba sujeta a un canje simultáneo de territorios por una superficie equivalente como mínimo al área de tierra y mar que se le ofrecía a Bolivia. Asimismo, Bolivia autorizaría que Chile utilice al 100% las aguas del río Lauca y la zona cedida sería totalmente desmilitarizada. A partir de allí surgieron las famosas “aristas”. Éstas pasaron a ser tema de negociación con Bolivia mientras Chile consultaba con el Perú el acuerdo previo entre ellos, estipulado por el Protocolo Complementario al Tratado de Lima del 3 de junio de 1929.

El entonces presidente de Chile, general Augusto Pinochet Ugarte, era un estudioso de la geopolítica e inclusive escribió un libro sobre la materia. En función de las circunstancias del momento en que se negociaba con Bolivia, es razonable pensar que —en ese entonces— ni él ni el alto mando chileno deseaban tener frontera común con el Perú. Temían al revanchismo latente en ese país y que crecía al acercarse el centenario del inicio de la Guerra del Pacífico. Los militares chilenos deseaban minimizar —o reducir— sus potenciales zonas de conflicto, máxime porque en esa época (1976) Su Majestad Británica no había emitido aún el laudo arbitral sobre el Canal del Beagle e islas adyacentes (Picton, Lennox y Nueva). Como es sabido, al conocerse dicho laudo la Argentina lo rechazó y al poco tiempo ambos países estuvieron a punto de ir a la guerra. El conflicto se evitó a fines de 1978 con la aceptación de la mediación papal por las partes. Al final, lo determinado por el Pontífice Juan Pablo II prácticamente ratificó el laudo emitido en Londres. Por el peso moral de la Iglesia y el compromiso asumido, el gobierno militar argentino tuvo que aceptar la decisión papal, exigiendo sólo la limitación de los alcances marítimos: Chile hacia el Pacífico y Argentina hacia el Atlántico. Pocos años después, ya en democracia y durante la administración de Carlos Menem, se solucionaron casi totalmente las cuestiones limítrofes chileno-argentinas; sólo quedó pendiente el asunto relativo a los hielos continentales y que permanece en carpeta hasta nuestros días.

Cuarenta y dos años después, en este 2018, la situación geopolítica en la región es radicalmente distinta a la de 1976. Entre Argentina y Chile no existe hoy ninguna posibilidad de conflicto y con Perú las relaciones de Santiago han mejorado muchísimo en los últimos años. Por tanto, ambas naciones desean actualmente mantener sus contactos territoriales y sus fronteras. Esto es algo que Bolivia deberá considerar con absoluta objetividad. No siempre las oportunidades del pasado son validas en el presente.

La negociación de Charaña se vino al suelo cuando Chile declinó considerar la propuesta peruana del 19 de noviembre de 1976. Por su lado, el mandatario boliviano Hugo Banzer Suárez abogó en su mensaje público de fines de año en contra de la soberanía compartida que propuso Torre Tagle en la parte final del corredor ofrecido por Chile a Bolivia y solicitó que esa propuesta quede sin efecto. Al mismo tiempo, pidió a La Moneda que abandone su exigencia de canje territorial. No hubo respuesta de ninguna de las partes aludidas a este ejercicio de diplomacia pública del general Banzer y a partir de ese momento las negociaciones prácticamente se paralizaron. Durante 1977 surgieron varios encuentros y conversaciones, pero no se pudo avanzar más. Finalmente, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile el 17 de marzo de 1978, situación vigente hasta estos momentos.

Como lo escribí en su época (1978), Chile estaba obligado a negociar con Perú hasta lograr el “acuerdo entre ellos” prescrito por el Protocolo Complementario. Ese documento no reza “sí” o “no”, expresa claramente “acuerdo”; eso implica lanzar propuestas y contrapropuestas hasta llegar (o no) a un punto de entendimiento. La tal “declinación” por La Moneda de considerar la propuesta peruana de noviembre de 1976 fue una forma cómoda de Chile para zafar de todo y como Bolivia no insistió ni propuso mayores alternativas viables, poco a poco el proceso decayó hasta concluir en fracaso. Esa fue la real realidad. Por lo hasta aquí expresado, la salida por el norte de Arica ya no es viable. Reitero: los tiempos geopolíticos ya no son los mismos de cuatro décadas atrás; Chile quiere ahora retener su frontera con Perú, en 1976 no deseaba tenerla más.

En definitiva y en lo que hace a la potencial negociación marítima entre Bolivia y Chile, en mi modesta opinión creo que a esta altura mientras menos actores participen, mejor. El proceso debe quedar confinado entre las dos partes directamente involucradas, máxime por que una salida al mar en el extremo norte (territorio ex peruano) como la ofrecida en 1975 hoy en día prácticamente no es posible debido a que tanto Lima como Santiago desean preservar su actual frontera común. Es por estas circunstancias del presente que favorezco una negociación bilateral con Chile. Lo trilateral, implicando a Perú, sólo traerá complicaciones y retardos, máxime si la salida por las cercanías de Arica ya no es viable. La única posible solución a futuro que percibo en la presente coyuntura es un enclave sobre el Pacífico con un complejo ferrovial de plena servidumbre de paso —similar a lo que se comenta fue ofrecido años atrás y en privado por el presidente chileno Ricardo Lagos— sólo que ahora ese enclave sería soberano, sería boliviano, claro que sujeto a los aportes que Bolivia ofrezca y que La Moneda acepte. Esos aportes pueden ser en recursos naturales, en territorio, o entregados de otras imaginativas maneras, En fin, eso será parte de una negociación inteligente capaz de alcanzar convergencias positivas para ambos estados. No hay nada de malo en un enclave si éste es soberano. La falta de continuidad territorial no representa óbice. Rusia tiene Kaliningrado y Estados Unidos, Hawai, Alaska, Puerto Rico e islas Guam. Además, ese enclave deberá transformarse en un complejo industrial y zona turística, ya que bien podemos continuar usando los puertos chilenos, claro que acordando mejores condiciones. Un complejo portuario moderno tiene costos prohibitivos. Hay que pensar con racionalidad en todos estos factores y dejar emocionalidades a un costado. Pero eso, como se dice usualmente, será parte de otra historia.

* Diplomático de carrera (R) y ex Canciller del Estado – Economista y politólogo. www.agustinsaavedraweise.com

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Fuerzas Armadas: Cambiemos continúa con la política Kirchnerista de destrucción de la Defensa Nacional

Marcelo Javier de los Reyes*

Fuerzas Armadas Argentinas

 

El 11 de enero de 2008, Edgardo Aguilera, periodista del diario Ámbito Financiero publicó una nota titulada “Caja militar financiará plan de viviendas a De Vido” en la que informaba que el contador Lorenzo Manuel Donohoe, quien reemplazaba al brigadier mayor retirado Francisco Serrat como titular del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) —la caja de jubilación del personal militar—, quien había asumido ese cargo a principios de enero, había realizado una presentación ante el directorio del organismo previsional (tres altos oficiales retirados), en la que reiteró el anuncio formulado previamente por la entonces ministro de Defensa Nilda Garré: “la decisión de firmar un convenio con el ministerio que maneja Julio De Vido para la inclusión de los militares en el Plan Federal de Viviendas Sociales”[1].

La resolución de su designación recibió el carácter de “Muy Urgente”, afirma el periodista, “como si se tratase de información2 vital”[2]. Al parecer, el área de jurídicos del ministerio de Defensa conocían las numerosas medidas cautelares presentadas en la Justicia por uniformados para revertir la modificación de la conducción del organismo financiero”[3].

Al igual que Garré, Donohoe provenía del FREPASO y se había sumado al kirchnerismo como tantos otros miembros de ese partido que, oportunamente, habían integrado el gobierno de la Alianza durante la presidencia de Fernando De la Rúa. Durante ese gobierno fue vicepresidente del Banco de la Nación y hasta el momento de asumir al IAF formaba parte del directorio de la Empresa de Cargas Aéreas del Atlántico Sur (Edcadassa), la concesionaria estatal de los depósitos fiscales aeroportuarios. Hasta abril de 2012 se desempeñó como presidente del frente del IAF hasta que Nilda Garré —a la sazón ministro de Seguridad— lo nombró al frente de la Jefatura de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad, en reemplazo de su hermano, Raúl Garré, desplazado durante la rebelión en Gendarmería y Prefectura[4]. La nueva designación de Donohoe se hizo a través del decreto 2055/2012, cargo que desempeñó hasta que Cristina Kirchner aceptó su dimisión en junio de 2013, cuando Garré fue reemplazada por fue reemplazada por Arturo Puricelli[5].

Según el periodista de Ámbito Financiero, el nombramiento de Donohoe como presidente del IAF tenía por propósito “quitar por decreto el control de la caja jubilatoria a los militares, transferirlo a la órbita política y disponer de esos recursos para la obra pública”[6]. Por ese entonces, el IAF debía enfrentar numerosos juicios entablados por retirados, como consecuencia de la política de otorgar aumentos a los militares en actividad en forma de suplementos no remunerativos sin reconocerles esa proporción a los pasivos.

Por su parte, Lorenzo M. Donohoe cuatro años después hizo su descargo en una nota de su autoría publicada en diario oficialista Página12[7].

Un nuevo artículo de Eduardo Aguilera

El día 9 de marzo de 2017 el periodista publicó un nuevo artículo en el diario Ámbito Financiero en el que hizo mención a una reunión llevada a cabo el día 6 de marzo, a las 14.30[8], en la que el titular del Estado Mayor Conjunto (EMC), teniente general Bari del Valle Sosa expuso el modelo de instrumento militar para los próximos años en una reunión de la que participaron el Secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, el Subjefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, el Secretario de Servicios Financieros, Leandro Cuccioli, los Senadores Federico Pinedo y Ernesto Martínez, la subsecretaria de Asuntos Globales de la Jefatura de Gabinete, Paola Di Chiaro, el ministro de Defensa Julio Martínez y los secretarios de Estrategia y Asuntos Militares, Ángel Tello, de Logística, Walter Ceballos y de Ciencia, Técnica y Producción, el arquitecto Héctor Lostri —cuestionado funcionario que ocupó cargos durante la gestión de Macri en la Ciudad, acusado de ser un “operador de negocios inmobiliarios”, de haberse beneficiado de ellos como miembro del gobierno porteño, de negocios incompatibles con la función pública[9]—, además de los coroneles (R) Hugo Pierri, Subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, y Jorge García Mantel, Director de Planeamiento. Con respecto al arquitecto Lostri también fue responsable del despido masivo de personal de Fabricaciones Militares, con el pretexto de que en esa empresa dependiente del ministerio de Defensa “habría funcionado un centro de propaganda kirchnerista”[10]. Además de las numerosas denuncias penales que pesaban sobre Lostri por incompatibilidad de la función pública, en 2013 fue denunciado por incumplimiento en los deberes de funcionario público tras consentir la demolición de un edificio histórico en la avenida San Juan 2820, según denunciaron legisladores de Proyecto Sur[11].

Según Aguilera, en su exposición, el titular del EMC informó que quiere tomar el control de las tres Fuerzas Armadas en materia de recursos económicos, concentrar en el EMC, qué y cómo se compra desde los equipos mayores hasta los insumos de funcionamiento y el mando operativo[12]. En su artículo, el periodista agregó que el presidente Mauricio Macri habría expresado en la reunión: “Suscribo a todo, hay que unificar y reducir gastos, acostúmbrense a que no hay plata”. Del mismo modo, dispuso hacer un estudio a través de una consultoría externa para examinar en detalle la estructura del gasto en las Fuerzas Armadas y plantear un modelo de sistema de defensa de largo plazo.

El general Sosa, como un ejemplo del mal gasto de dinero, se refirió a que cada una de las tres fuerzas tiene su propio comando antártico y que “hay que dejar uno solo, en el Estado Mayor Conjunto”. Llevaba a la exposición otro ejemplo que no mencionó y que se reducía a preguntar “para qué quiere la Fuerza Aérea 5 aeródromos en Buenos Aires (Morón, Moreno, Quilmes, El Palomar, Aeroparque)”[13]. Luego se refirió a los recursos humanos y a qué formato (número y escalonamiento jerárquico) deben tener las fuerzas. En función de ello, planteó una estructura “piramidal” con pocos militares en los grados superiores y más en las inferiores y soldados a diferencia de la “romboidal” que prevaleció durante el gobierno de los Kirchner, es decir, una estructura que tenía muchos jerarquizados en la cúpula.

Cabe destacar que el gasto en el ámbito de Defensa se mantiene en una proporción histórica del 85% para salarios y un 15% en funcionamiento operativo, proporción que se modificará hacia un 65% en sueldos y 35% en actividad operativa, la cual habría sido suscrita por el presidente Macri. Para ello se deberá cumplir con los retiros y expulsar a cientos de contratados que subsisten en distintas capas, incluso en los organismos de inteligencia. El artículo hace referencia al malestar existente en el Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Ejército porque no perciben sus haberes en término, sino con 15 días de retraso. A esos efectos, cabe mencionar que el Congreso votó y aprobó “0” (cero) en la asignación para el inciso 1.1 haberes de los agentes civiles del Ejército, medida que dejó sin sueldo al personal de planta del organismo. Esta situación podría ser salvada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) pero el general Sosa no habría avanzado en esa propuesta al presidente de la Nación.

Según el autor del artículo, la tensión se habría incrementado cuando el coronel Gustavo Bianco habría exigido el cumplimiento estricto de horarios bajo amenaza de apercibimientos, recibiendo como respuesta “primero pague a tiempo”.

Una propuesta que fue bien recibida fue la de enajenar propiedades ubicadas en zonas bien cotizadas y la aplicación de utilidades a la operatividad. A esos efectos se identificó un edificio en Puerto Madero donde en la actualidad funciona la Dirección General de Ciberdefensa, que sería trasladará a las oficinas del ministerio sitas en la avenida Cabildo, donde funciona la sede de Fabricaciones Militares. También se contempla mudar el Servicio de Hidrografía Naval a las instalaciones del Instituto Geográfico Militar y su edificio, sito en la avenida Montes de Oca se venderá. Lo mismo sucedería con otros inmuebles del Ejército en la calle Clay y otro en Báez, del barrio Las Cañitas, y con el predio del Regimiento de Infantería I “Patricios” que está alquilado a la cadena de hipermercado Jumbo.

También en marzo se difundió el documento denominado “Detalle de Reducción del Gasto en la Jurisdicción Defensa. Contribución de la Jurisdicción Defensa al Esfuerzo Fiscal. Marzo 2017”, en el que se mencionan las siguientes reducciones:

  • Interrupción del proyecto de remotorización de Pucará: $ 3.833 millones.
  • Racionalización del plan anual de comisiones al exterior: $ 400 millones.
  • Modificación de los coeficientes por cambio de destino: $ 381,8 millones.
  • Repliegue de 1.800 efectivos desplegados en el marco del operativo “Escudo Norte”: $ 160 millones.
  • TOTAL DEL RECORTE: $ 4.615 millones.

El documento menciona minuciosamente la enajenación de infraestructura e inmuebles, incluyendo una propiedad del ministerio de Defensa en Washington DC por valor de US$ 1.700.000.

Del mismo modo, entre otras reducciones se contempla:

  • suspender las obras de mantenimiento y recuperación del Dique 2, limitando el mantenimiento y carenado de los buques de la Flota de Mar;
  • el traslado de la VII Brigada Aérea, concentrando los escuadrones operativos de helicópteros y fuerzas especiales, actualmente alojados en la Base Mariano Moreno, —VII Brigada Aérea— en la Base Aérea Morón a fin de reducir unidades en el área metropolitana y racionalizar el gasto;
  • se desafectará la partida presupuestaria prevista para la fabricación del Sistema Radar RP3DLA II (Radar Primario Argentino 3D);
  • se suspenderán las tareas de reparación del Submarino “ARA Santa Cruz”, previéndose su finalización en 2023;
  • repliegue del Sistema de Radares RASIT, es decir, se retirará del “Operativo Fronteras” el sistema de radares de vigilancia terrestre para detección de blancos pequeños móviles;
  • se desprogramará el 60% (90 unidades) de los vehículos de combate M113 del Ejército Argentino
  • reducción del personal de oficiales (incremento de bajas y retiros de un 102% con respecto a 2015);
  • reducción del personal de suboficiales (incremento de bajas y retiros de un 130% con respecto a 2015);
  • reducción de personal en FADEA (Fábrica Argentina de Aviones) y en Tandanor;
  • racionalización en LADE (Líneas Aéreas del Estado);
  • discontinuar la ejecución de las etapas programadas por la gestión anterior para la instalación de la línea de ensamble de vagones en la Fábrica Militar Río Tercero;
  • no se ejecutará la actualización tecnológica de las condiciones de servicios y almacenamiento de servicios y almacenamiento de materias primas y polvorines ni se realizará la adecuación de instalaciones e infraestructura de la Fábrica Militar Azul;
  • no se ejecutará la modernización de la planta de pólvoras monobásicas de la Fábrica Militar Villa María;
  • se cancelarán los proyectos de boogies ferroviarios y de hexacópteros en el CITEDEF (Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa);
  • se cancelará el Proyecto CALIV 105 en el CITEDEF (proyecto para un cañón de artillería de campaña calibre 105 mm remolcado, aero y helitransportable, diseñado bajo los requerimientos del Ejército Argentino);
  • no se convocará a proyectos de investigación y desarrollo en CITEDEF ni al Programa de Investigación y Desarrollo para la Defensa (PIDDEF):
  • no se ejecutará la obra de puesta en valor y acondicionamiento de la Sede Costanera del Servicio de Hidrografía Naval;
  • no se ejecutarán las obras de mantenimiento del Buque Hidrográfico “Comodoro Rivadavia”;
  • no se ejecutará el contrato con INVAP por la modernización de los radares transportables (TPS 43);
  • se discontinuarán los vuelos de relevamiento del Instituto Geográfico Militar.

Malestar en el personal de las Fuerzas Armadas

Con respecto al personal de las Fuerzas Armadas, pudo saberse que miembros de las mismas habían escrutado el mensaje del Presidente Macri en oportunidad de la 135ª apertura de Sesiones del Congreso Nacional. A partir de ello se determinó que, en aproximadamente 5.174 palabras, en ningún momento mencionó las palabras “Defensa”, “militar”, “Fuerzas Armadas”, “Ejército”, “Armada”, “Fuerza Aérea” y cuando se refirió al término “equipamiento” lo hizo con respecto a las fuerzas de seguridad.

Es digno de mencionar que en un principio, el personal militar tenía buenas expectativas ante esta gestión ya que se observaba que, lentamente, parecía que se avanzaba en una discreta recuperación del material y de los servicios de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el paso del tiempo y estos recortes pondrían en evidencia la tendencia que se observa desde la década del ’90. En este sentido, cabe mencionar que un altísimo porcentaje de los miembros de la familia militar y de las fuerzas de seguridad votaron a Cambiemos e función de esas expectativas que, como puede apreciarse han derivado en una nueva frustración.

Para incrementar el malestar, debe recordarse que personal militar fue destinado a brindar servicios tras los desmanes provocados en oportunidad del recital del “Indio Solari” en la localidad de Olavarría. Algunos miembros de las Fuerzas Armadas han considerado esto como una falta de respeto y una continuidad de la degradación de la actividad de los militares, habida cuenta que estas fuerzas deben acudir para colaborar en situaciones de catástrofes pero no “para limpiar la basura dejada por unos drogadictos en un recital”, tal como fue descrito en un foro de personal de la Defensa.

Por otra parte existe la cuestión salarial como uno de los principales motivos de disconformidad. No puede soslayarse que el personal de las Fuerzas Armadas percibe salarios inferiores a los de los miembros de las Fuerzas de Seguridad y que, por ejemplo, mientras los docentes han rechazado un aumento del 19% más la “cláusula gatillo”, los militares y el personal civil de las Fuerzas Armadas recibirán apenas 14,6%. A ello debe agregarse que en el ámbito de la Defensa los salarios están sumamente deprimidos y que docentes con carreras de grado y postgrado perciben sueldos muy inferiores a los perciben los docentes que se desempeñan en el ámbito del GCBA, incluso al de los docentes de oficios que trabajan en sus escuelas por la misma cantidad de horas.

A modo de conclusión

Desde el retorno a la democracia el área de la Defensa ha sido objeto de una variable de ajuste por los diferentes gobiernos, no sólo con respecto al personal sino también al material, a la investigación y al desarrollo. Un caso emblemático ha sido el desmantelamiento del “Proyecto Cóndor” —por presiones del Reino Unido, Israel y Estados Unidos—, desarrollo que hubiese dotado a la Argentina de un vector que le hubiera permitido, incluso, la colocación de satélites en el espacio.

Resulta por demás asombroso que el general Sosa se preguntase “para qué quiere la Fuerza Aérea 5 aeródromos en Buenos Aires”, habida cuenta de su formación militar. Acaso la pregunta apropiada habría sido “por qué la Fuerza Aérea no tiene aviones”. Un dato a tener en cuenta es que la existencia de varios aeródromos en la CABA y en la Provincia de Buenos Aires data de cuando la Fuerza Aérea tenía aviones. Otro dato a tener en cuenta, desde un punto de vista operacional y estratégico, es que la provincia concentra un alto porcentaje de la población del país[14], por lo que se trata de un área extensa —mayor que las superficies de Uruguay e Italia y levemente menor que la de Alemania[15]— que las Fuerzas Armadas deben proteger. Del mismo modo, si se contase con un solo aeródromo y en medio de un conflicto éste fuera atacado o dejado fuera de servicio, deben existir otros en las proximidades para permitir el aterrizaje y despegue de aeronaves militares en operaciones, tanto para ataque y defensa, para abastecimiento de pertrechos como para evacuar personal, socorrer a la ciudadanía, civil y militar, como ejemplos de un espectro más amplio de posibilidades. Mientras se analiza el cierre de aeródromos de la Fuerza Aérea se multiplican pistas clandestinas en el interior del país, algunas bien dotadas con capacidad para aterrizaje de aviones militares como la que posee el ciudadano británico Joe Lewis en la Patagonia. Esta pista fue habilitada por la Fuerza Aérea Argentina y funciona desde principios de febrero de 2008 y cuenta con guardias en el sector que están mejor equipados que la policía local y tienen acceso a comunicación satelital. Este aeródromo constituye una verdadera amenaza para los intereses argentinos y se encuentra “a pocos metros del Golfo San Matías, en cercanías de Puerto Lobos, en un lugar privilegiado por la naturaleza, conocido como Bahía Dorada”, en proximidades de Sierra Grande, Provincia de Río Negro[16]. La pista de 2.000 metros de largo está ubicada a 41º 50’ 34’’ latitud sur, 65º 04’ 56’’ longitud oeste. La construcción de ese aeródromo se llevó a cabo a pesar de los informes presentados con anterioridad por la diputada Magdalena Odarda[17]. En el mismo sentido, ante una potencial conexión aérea clandestina entre esta pista y las islas Malvinas —denunciada oportunamente por medios fueguinos— la entonces gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, pidió explicaciones a la Cancillería y al ministerio de Defensa de la Nación[18]. Ni la Fuerza Aérea ni la Armada ejercen algún tipo de monitoreo sobre las operaciones que se llevan a cabo en ese aeródromo. Por otro lado, diversos medios han aludido a la amistad que mantiene el presidente Macri con el empresario Joe Lewis y a la polémica que ha dado lugar la utilización, por parte del presidente, del helicóptero del magnate británico, quien además lo alojó en su lujosa estancia Lago Escondido[19]. A ello se añade que el gobierno nacional le otorgó a la ex vocera de Lewis, la abogada Dalila Pinacho, la conducción de Radio Nacional Neuquén[20].

La propuesta del presidente de plantear un modelo de sistema de defensa de largo plazo debe considerarse como inconducente habida cuenta que en la actualidad la Fuerza Aérea carece de aviones, la Armada de buques —mayoritariamente obsoletos y fuera de servicio por falta de mantenimiento— y el Ejército del material necesario para la defensa del territorio nacional. En estos últimos meses numerosos medios han hecho público el análisis de los aviones que se analizaban adquirir en el ámbito del ministerio de Defensa para suplantar el sistema Mirage. Luego de las diferentes versiones el Ministro Martínez informó que no se adquirirían aviones supersónicos. Por su parte, también se analizó la adquisición de buques para la Armada pero también ha quedado en aguas de cerrajas. La situación es caótica y no se podría pensar en el largo plazo luego del serio deterioro sufrido por las Fuerzas Armadas, especialmente a partir del abandono a que fueron sometidas durante la gestión de los presidentes Carlos Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

La reducción que afecta la radarización y a la ejecución de los controles llevados a cabo, por ejemplo, en “Escudo Norte”, así como el repliegue del personal, deja las puertas abiertas para el despliegue del narcotráfico y demás actividades del crimen organizado. También el ministerio de Seguridad ha retirado puestos de controles donde operaba la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, por ejemplo en la traza de la Avenida General Paz, lo que deja un espacio de descontrol, incrementado con las políticas que el GCBA está improvisando con la denominada “Policía de la Ciudad”.

Con respecto al personal, la oportuna eliminación del Servicio Militar Obligatorio ha ocasionado una considerable reducción de miembros que podían mantener operativas a las fuerzas. Puede observarse que existen áreas militares en las que los controles de ingreso y egreso son llevados a cabo por personal civil o incluso por “agencias privadas de seguridad” como, por ejemplo, en el edificio de Fabricaciones Militares, en la avenida Cabildo.

Numerosos efectivos pidieron la baja en sus fuerzas para sumarse a la entonces Policía Metropolitana o a “agencias privadas de seguridad”, dadas las diferencias salariales que existen entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. De tal manera que, por ejemplo el Ejército, ha visto una gran merma de personal de suboficiales.

Cabe agregar que la investigación y el desarrollo en el campo militar ha dotado a la humanidad de grandes inventos y a los países que los llevan a cabo le han permitido un desarrollo considerable en el ámbito de la ciencia y de la tecnología. Asimismo, el desarrollo de una industria para la Defensa proporciona empleos, favorece el desarrollo de industrias conexas, incluso pymes, y genera ingresos a través de la exportación. El cercenamiento de los proyectos de investigación y desarrollo sólo aportará a una mayor crisis a nivel nacional en lugar de reconvertir sus avances en un espacio que aporte al crecimiento de la Nación.

El desmantelamiento de los proyectos que contemplan el desarrollo de material ferroviario, lejos de potenciarlo como en el pasado cuando la Argentina exportaba esa producción, impedirá la cohesión territorial perdida a partir de los años ’90 cuando se decidió destruir la red ferroviaria nacional que supo tener en sus mejores momentos más de 40.000 kms de vías —una de las más extensas del mundo— y que permitía la interconexión nacional e internacional y un menor costo en los fletes de transporte.

En el ámbito militar se observa que con estos recortes se logrará un “ahorro” de $ 4.615 millones mientras que a las “organizaciones sociales” —eufemismo por “piqueteros”— se le otorgarán $ 30.000 millones en tres años, es decir, $ 10.000 millones anuales.

El dinero utilizado en Defensa no constituye un “gasto” sino una “inversión” y es comparable a la contratación de un seguro. Cuando una familia contrata un seguro de vida ante ciertas eventualidades, como por ejemplo un incendio de la vivienda o para el automotor, está pagando para algo que posiblemente no suceda, al menos en el corto plazo, y que desde ya no se desea que suceda. Pero en caso que así sea y aunque se trate de algo improbable, tendrá como solventar los daños. La situación es similar en el ámbito de la Defensa: se realiza para compensar un daño que es un riesgo, aunque no se lo desea y posiblemente no sucederá. Es preferible tener las armas y no usarlas a precisarlas y no tenerlas.

En el caso de los proyectos, ante la cancelación se pudo haber optado por propuestas del “ámbito empresarial” para su concreción como, por ejemplo, haber buscado socios estratégicos de peso internacional, lo que en el largo plazo hubiese favorecido el desarrollo en la investigación, la capacitación de personal e ingresos por la venta del material producido, con lo cual se cerraría un círculo que permitiría retroalimentar el proceso.

Luego de algunas décadas de afirmarse que la Argentina no tiene “hipótesis de conflictos” sería oportuno reconsiderar esta falacia. Esta desidia quedó en evidencia cuando nuestro buque escuela, la Fragata ARA Libertad fue confiscada en Ghana, cuando los aviones de la flota presidencial no podían aterrizar en ciertos países. Informaciones recientes dan cuenta que el Reino Unido está fortaleciendo su sistema de defensa en el Atlántico Sur con la colaboración de empresas de Israel. Del mismo modo, se ha tomado conocimiento que la Agencia Espacial del Reino Unido está operando con la Armada de la República de Chile “en el combate contra la pesca ilegal”. Sería apropiado reflexionar si esta “colaboración” de la Agencia Espacial del Reino Unido está operando con la Armada de la República de Chile está, en realidad, vinculada a la instalación de la Estación de Espacio Lejano de la República Popular de China en la provincia de Neuquén.

La República Argentina es el octavo país en extensión y posee un extenso litoral marítimo que se ha visto recientemente ampliado pero por falta de medios materiales y de personal es incapaz de custodiar. Desde el punto de vista geopolítico posee una de las llanuras más extensas del mundo y prácticamente única por su clima templado, a diferencia de las otras en las que predomina el clima frío. En general, las otras grandes llanuras se encuentran —en términos de la defensa— considerablemente bien custodiadas: en Rusia, Estados Unidos, Canadá, Francia y China. Una de ellas se encuentra en el medio de una puja entre Rusia y las fuerzas de la OTAN: Ucrania.

En el caso de la Argentina, esa llanura se encuentra en estado de indefensión ante la situación en que se encuentran sus Fuerzas Armadas. Asimismo, la Argentina contiene uno de los grandes recursos que constituye un elemento de conflicto actual y de potenciales conflictos: el agua.

Finalmente, se puede considerar que cuando un Estado se niega a ejercer su soberanía, es decir, el control de su territorio, es altamente proclive que se encamine hacia su desintegración.

*Licenciado en Historia graduado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).


Referencias

[1] Edgardo Aguilera. “Caja militar financiará plan de viviendas a De Vido”. Ámbito Financiero, 11/01/2008, <http://www.ambito.com/380352-caja-militar-financiara-plan-de-viviendas-a-de-vido>, [consulta: 09/03/2017].

[2] Ídem.

[3] Ídem.

[4] “Garré ubica a un hombre de su confianza en un puesto clave, en reemplazo de su hermano”. La Nación, 31/10/2012, <https://www.lanacion.com.ar/1522229-garre-designo-al-reemplazante-de-su-hermano-raul>, [consulta: 09/03/2017].

[5] “Renunció otro allegado de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad”. La Nación, 11/06/2013, https://www.lanacion.com.ar/1590845-renuncio-otro-allegado-de-nilda-garre-en-el-ministerio-de-seguridad>, [consulta: 09/03/2017].

[6] Edgardo Aguilera. Op. cit.

[7] Lorenzo M. Donohoe. “Defensa, periodismo y mentiras”. Página12, 02/012/2012, <https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-184576-2012-01-02.html>, [consulta: 09/03/2017].

[8] Edgardo Aguilera. “Torniquete al gasto castrense y remate de bienes por más fondos”. Ámbito financiero, 09/03/2017, <http://www.ambito.com/875245-torniquete-al-gasto-castrense-y-remate-de-bienes-por-mas-fondos>, [consulta: 09/03/2017].

[9] “El oscuro pasado del responsable detrás de los despidos en Fabricaciones Militares”. Minuto Uno, 01/02/2016, <https://www.minutouno.com/notas/1467873-el-oscuro-pasado-del-responsable-detras-los-despidos-fabricaciones-militares>, [consulta: 09/03/2017].

[10] Ídem.

[11] Ídem.

[12] Edgardo Aguilera. “Torniquete al gasto castrense y remate de bienes por más fondos”. Ámbito financiero, 09/03/2017, <http://www.ambito.com/875245-torniquete-al-gasto-castrense-y-remate-de-bienes-por-mas-fondos>, [consulta: 09/03/2017].

[13] Ídem.

[14] La provincia de Buenos Aires tiene una población superior a los 16 millones de personas a los que deben sumarse los 3 millones de la CABA, por encontrarse bajo el mismo paraguas defensivo.

[15] La provincia de Buenos Aires tiene una superficie de 307.571 km2, Uruguay 176.215 km2, Italia 301.338 km2 y Alemania 357.376 km2.

[16] “Fuerza Aérea Argentina habilitó el aeropuerto de Lewis en la Patagonia”. El Malvinense, 25/02/2008, <http://www.elmalvinense.com/snacional/n0108/540.html>, [consulta: 28/03/2010].

[17] Ídem.

[18] “Aseguran que existe un aeropuerto secreto inglés para unir Argentina y Malvinas”. MDZ Diario de Mendoza, 23/05/2010, <https://www.mdzol.com/nota/211822-aseguran-que-existe-un-aeropuerto-secreto-ingles-para-unir-argentina-y-malvinas/>, [consulta: 29/05/2010].

[19] “Macri nombró a la ex vocera del magnate Joe Lewis como directora de Radio Nacional”. La Política Online (LPO), 28/03/2016, <http://www.lapoliticaonline.com/nota/96662/>, [consulta: 28/03/2016].

[20] Ídem.


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