GUERRAS CIVILES Y TERRORISMO: ALGUNOS COMENTARIOS PRELIMINARES

Daniel Dory*

Una imagen de las protestas en París en marzo de 2023. Foto: EFE.

Los recientes disturbios ocurridos en Francia entre finales de junio y la primera semana de julio de 2023 suscitaron un interés, tal vez sin precedentes, a raíz de la cuestión de la guerra civil. Una vez concluida la secuencia de violencia urbana y plasmados los comentarios mediáticos de los expertos habituales, el sistema político y mediático se apresuró a pasar a temas aparentemente menos preocupantes.

Sin embargo, con la necesaria retrospectiva, es necesario reflexionar seriamente sobre la cuestión de la guerra civil. Tanto más cuanto un país como Francia (pero no es el único) experimenta también desde hace más de una década una secuencia de actos terroristas cuya naturaleza aún no se comprende del todo[1], pero cuyo carácter etnopolítico es indiscutible.

Con el fin de abrir este campo de investigación, el presente documento ofrecerá en primer lugar un breve panorama de la literatura especializada sobre las guerras civiles en general, y su relación con el terrorismo en particular. A continuación, se propondrán los elementos preliminares de un marco analítico basado en una lógica secuencial en pos de situar el terrorismo dentro de una dinámica insurreccional. Por último, se esbozarán algunas consideraciones destinadas a fundamentar futuras hipótesis de trabajo.

  1. La relación entre guerras civiles y terrorismo: logros y límites de la investigación

Este breve repaso de una serie de publicaciones plantea ofrecer una primera idea del estado actual de la investigación sobre la relación entre guerras civiles y terrorismo. No pretende ser exhaustiva, sobre todo en lo que se refiere a los trabajos específicamente dedicados a las guerras civiles, que han dado lugar a una subdisciplina casi autónoma dentro del campo de los estudios sobre la violencia política[2].

Entre los textos que han influido en el pensamiento contemporáneo se encuentra un artículo de Kalyvas[3], que aborda la cuestión de si el final de la Guerra Fría ha dado lugar a «nuevas» guerras civiles. Esta pregunta hace eco a un debate que ha movilizado a gran parte de la comunidad investigadora sobre el terrorismo durante la última década[4]. En ambos casos, los argumentos más contundentes están a favor de insistir en las invariantes de cada categoría de fenómenos, cuyos elementos principales persisten a pesar de las evidentes influencias de las cambiantes situaciones geopolíticas. Esto, a su vez, significa prestar mucha atención a los datos contextuales que definen las condiciones concretas de los espacios y tiempos en los que se manifiestan los conflictos. Esta exigencia también ha sido útilmente reiterada en un artículo reciente, en el que se pide una saludable dosis de cautela ante los estudios cuantitativos de tipo del «Big N»[5], y se pone de manifiesto que los factores que contribuyen al colapso de los Estados son variables explicativas que se tienen demasiado poco en cuenta.

También en la primera mitad de la década de 2000 hubo tres publicaciones que aún merecen una lectura atenta. La primera[6] se basa en un enfoque económico de las motivaciones que subyacen al estallido y la persistencia de las guerras civiles. Partiendo de la alternativa entre codicia (por una variedad de recompensas no exclusivamente económicas) y agravio (incluido el deseo de venganza), los autores examinan una serie (bastante heterogénea) de casos, remitiéndose en última instancia a un enfoque monográfico para consolidar las hipótesis. El artículo de Sambanis[7] nos remite de nuevo al debate sobre los criterios de definición de las guerras civiles, que también recuerda al debate que desde hace tiempo asola la investigación sobre el terrorismo. Sin embargo, la cuestión no es irrisoria, ya que, como señala acertadamente el autor, la calidad de las bases de datos utilizadas para la investigación depende (también en este caso) de la precisión de la definición. Por todo ello, este esfuerzo conceptual, a pesar de sus limitaciones, sigue mereciendo ser consultado. Por último, la necesidad de tener en cuenta los efectos de escala en el análisis de las guerras civiles se destaca muy acertadamente en el buen artículo de Buhaug y Lujala[8], que abre interesantes perspectivas para el estudio geográfico de este tipo de conflictos.

Aunque algo decepcionante desde el punto de vista teórico, el artículo de Boulden[9] tiene el mérito de explorar las consecuencias intelectuales y prácticas de la distinción, a menudo arbitraria, entre terrorismo y guerras civiles, sobre todo en el contexto de la ONU. Pero aquí es necesaria una aclaración importante para evitar confusiones inaceptables. Es vital distinguir los distintos órdenes de la realidad a los que se refieren ambos términos. El terrorismo es esencialmente una técnica de comunicación violenta a disposición de los involucrados en un conflicto, siempre que decidan utilizarla por razones tácticas y/o estratégicas. La guerra civil, por su parte, se refiere a un tipo específico de enfrentamiento violento, caracterizado principalmente por el hecho de que los actores involucrados pertenecen (al menos formalmente) a la misma comunidad nacional y/o estatal.

Sólo integrando esta distinción fundamental es posible proceder a una lectura tan provechosa como crítica del importante artículo de Findley y Young[10], que abre interesantes perspectivas teóricas, a pesar de su imprecisión conceptual. El artículo de Crenshaw[11] también plantea la cuestión del uso del terrorismo en la guerra civil, pero aquí con referencia al yihadismo. Además de algunas consideraciones útiles, este trabajo también muestra la dificultad que tienen muchos investigadores especializados en los estudios sobre terrorismo a la hora de captar la dinámica insurreccional susceptible de desembocar en una guerra civil.

Por último, para concluir esta breve panorámica de la literatura en lengua inglesa, cabe destacar la reciente revisión de Stanton[12] que ofrece una bibliografía actualizada y muestra lo mucho que nos queda por recorrer antes de disponer de un conjunto sólido de hipótesis sobre la relación entre terrorismo y guerras civiles.

Además de estas referencias exclusivamente anglosajonas, podemos citar dos artículos que se refieren a grandes rasgos al estado de la reflexión en Francia sobre el tema que nos ocupa. El primero trata principalmente de las formas específicas en que se entiende la noción de «guerra civil» en Francia, sin abordar no obstante su relación con el terrorismo[13]. El segundo, en cambio, aborda directamente esta cuestión, planteada a raíz de la obra de Galula en un contexto insurreccional[14]. El autor, que también está vinculado con el Ministerio de Defensa, ofrece un rápido resumen de las principales cuestiones teóricas, sin aclarar explícitamente las bases conceptuales de su enfoque ni mencionar la bibliografía especializada (en este caso, principalmente en inglés)…

  1. Terrorismo, insurrección y guerra civil: hacia un enfoque secuencial

De los diversos enfoques considerados hasta la fecha para analizar la relación entre terrorismo y guerra civil, el basado en una concepción secuencial de la posible dinámica de un conflicto que incluya violencia armada es sin duda uno de los más fructíferos.

A grandes rasgos, se puede presentar mediante el siguiente gráfico[15]. Para limitarnos a los elementos esenciales, vale la pena explicar tres puntos específicos.

Fig. 1: El lugar del terrorismo en la posible dinámica de un conflicto armado.

En primer lugar, en todos los casos, es esencial que las dinámicas de anomia (que consiste en transgredir la legalidad vigente) y/o de subversión (que pretende sustituir la legalidad vigente por otra) experimenten un proceso de politización organizada. Esto implica, por un lado, la designación de un enemigo[16] y, por otro, la construcción (y/o instrumentalización) de herramientas de movilización (movimientos, partidos, asociaciones, mecanismos mediáticos, etc.). Es también durante esta fase cuando se consolida una contraélite que contribuye a la polarización de la sociedad, lo que (a veces) puede desembocar en una guerra civil.

En segundo lugar, los actores que surgen del proceso de politización disponen de un abanico de acciones más o menos amplio. Esto depende de muchos factores, como el apoyo o la hostilidad de la población afectada, la naturaleza de los recursos y, en particular, las armas disponibles, el número y las habilidades de los insurgentes y los leales, las normas culturales de los campos antagonistas, etc. Es fundamental comprender que un buen número de actores no recurren a la violencia armada, prefiriendo la propaganda, la guerra informativa e ideológica, la desobediencia civil o incluso la modificación más o menos rápida de la composición etnocultural de la población. En particular, con el fin de influir en los futuros resultados electorales y generar enclaves en los que se instaure progresivamente una legalidad alternativa (tal como la sharia musulmana). Por otra parte, las entidades que optan por utilizar la violencia armada generalmente lo hacen al tiempo que desarrollan actividades no violentas (propaganda, delincuencia económica, trabajo social, etc.). Y también tienen que elegir entre diversas técnicas de uso de la violencia (y por tanto los objetivos que persiguen), que van desde el terrorismo hasta los enfrentamientos «regulares» pasando por la guerra de guerrillas o incluso una combinación de estas opciones en función de la evolución de la situación geopolítica. Y para complicar aún más las cosas, las organizaciones que forman parte de un complejo terrorista[17] tienen que elegir entre diversos modos de operación (bombas, toma de rehenes, atentados suicidas, etc.) según los consideren más o menos eficaces para alcanzar sus objetivos. En consecuencia, hablar de «organizaciones terroristas» sólo es realmente pertinente si nos mantenemos en el campo polémico de las definiciones (que permiten designar a un enemigo absoluto), pero tiene poca validez en el ámbito científico. En cambio, una expresión como «organización que recurre al terrorismo» es mucho más satisfactoria y abre la vía a la investigación sobre las razones y las condiciones de este tipo de actos.

En tercer lugar, al situar la guerra civil en el horizonte de una dinámica insurreccional, este gráfico ilustra otro hecho crucial. Se trata de la importancia decisiva de la calidad de las élites para las partes enfrentadas. Es evidente que las aptitudes políticas, tácticas y estratégicas de los dirigentes que tienen que librar una guerra civil son a menudo un factor importante para explicar el resultado del conflicto. Pero más allá de esta observación más bien trivial, la capacidad de cada élite implicada en el enfrentamiento para entender la naturaleza exacta de la guerra real en la que está inmersa es un criterio discriminatorio, aunque casi inexplorado en la literatura especializada. Por ejemplo, la tendencia habitual a centrar la atención únicamente en las acciones terroristas (que son objeto de una condena moral ritual) en detrimento de la consideración de la dinámica insurreccional subyacente tiene consecuencias potencialmente catastróficas. Lo que está en juego aquí resulta especialmente claro cuando analizamos las múltiples formas en que las guerras civiles se manifiestan en la práctica.

  1. La guerra civil también es un camaleón…

Es evidente que la famosa fórmula clausewitziana también se aplica a las guerras civiles. Pero es necesario aprehender lo que esto significa en la práctica. Para ello, dos series de observaciones, conduciendo a distintas hipótesis de trabajo, merecen ser consideradas con carácter preliminar.

En primer lugar, es necesario aceptar que las guerras civiles contemporáneas participan, de diversas maneras, en las transformaciones actuales de la guerra. A estas alturas de la investigación, poco importa si este fenómeno se denomine «guerra de 4ª generación»[18], «guerra de 5ª generación»[19], o GIAT (Guerra Irregular, Asimétrica y Total)[20], ya que existe un relativo consenso sobre los hechos más importantes. En particular, se refiere a la erosión gradual de las distinciones esenciales que (en principio) caracterizan a la guerra regular. Las más significativas son la división civil/militar, la temporalidad (el estado de guerra y el de paz ya no están claramente separados) y la espacialidad (ausencia de frente y omnipresencia del combate molecular, a veces de carácter parcialmente criminal).

En consecuencia, las guerras civiles actuales se diferencian de las anteriores (y en particular de la guerra civil española que sirve a menudo de referencia implícita para muchos investigadores europeos) en el sentido en que hacen enfrentar a diversas entidades, generalmente sobre una base étnica, sin que se formen verdaderos ejércitos insurrectos. Del mismo modo, la difusión de la violencia (política y/o criminal) suscita en la población afectada un sentimiento de miedo (o incluso de sumisión), tanto más intenso cuanto que las instituciones encargadas de protegerla (policía, ejército, justicia) se ven progresivamente impedidas de ejercer sus funciones. Esta guerra civil latente puede, según las circunstancias, alcanzar picos de gran intensidad en forma de atentados terroristas y disturbios violentos, cuya dinámica global debe interpretarse con cuidado.

Este último punto es crucial, porque el resultado final de la confrontación depende en gran medida de la capacidad de los distintos actores implicados (con mayor o menor voluntad) en el conflicto para comprender su verdadera naturaleza. Esto empieza, repetimos, por dejar de considerar los distintos actos de violencia (ciertas formas de delincuencia, actos terroristas, disturbios, etc.) como categorías a priori aisladas de la situación geopolítica subyacente. En efecto, y esto nos remite al gráfico presentado anteriormente, mientras que el marco intelectual que estructura la lógica secuencial permite comprender las dinámicas insurreccionales capaces de desembocar en una guerra civil, todas las técnicas de recurso a la violencia (anómicas y subversivas) tienden a manifestarse simultáneamente en la realidad del conflicto. Con lo cual centrar la atención (y posiblemente la acción) únicamente en sus expresiones más espectaculares, es decir, el terrorismo, contribuye a una ceguera potencialmente desastrosa. Por otra parte, desde un punto de vista científico, comenzar el análisis de la dinámica de los conflictos estudiando los complejos terroristas, allí donde existan, es sin duda la mejor manera de evaluar la posibilidad y las condiciones de desarrollo de una guerra civil.

Abordar la relación entre terrorismo y guerra civil requiere entonces la movilización de un amplio abanico de conocimientos y métodos. La dificultad de tal tarea es inseparable de sus retos teóricos y prácticos. Pero forjar las herramientas conceptuales que permitan elaborar hipótesis operativas sobre un tema tan decisivo para el futuro de muchas sociedades (próximas y lejanas) es una exigencia que se debe satisfacer cuanto antes.

 

* Doctor en Geografía, especializado en análisis geopolítico del terrorismo. Miembro del comité científico de la revista Conflits.

 

Referencias

[1] Véase Daniel Dory, «Terrorisme et antiterrorisme : revisiter le laboratoire français», Sécurité Globale, nº 35, 2023, 91-103.

[2] Prueba de ello es la publicación de la revista Civil Wars desde 1998.

[3]Stathis Kalyvas, «Guerras civiles «nuevas» y «antiguas». A Valid Distinction ?», World Politics, Vol. 54, N° 1, 2001, 99-118.

[4] Véase por ejemplo la buena caracterización de : Isabelle Duyvesteyn, «How New Is the New Terrorism?», Studies in Conflict and Terrorism, Vol. 27, nº 5, 2004, 439-454. El tema también se aborda en Daniel Dory, «L’Histoire du terrorisme : un état des connaissances et des débats», Sécurité Globale, n.º 25, 2021, 109-123.

[5] William Reno, « The Importance of Context When Comparing Civil Wars », Civil Wars, Vol. 21, N° 4.

[6] Paul Collier; Anke Hoeffler, «Greed and grief in civil war», Oxford Economic Papers, Vol. 56, 2004, 563-595.

[7] Nicholas Sambanis, «What Is Civil War ? Conceptual and empirical complexities of an operational définition», Journal of Conflict Resolution, Vol. 48, N°6, 2004, 814- 858.

[8] Halvard Buhaug ; Päivi Lujala, «Accounting for scale: Measuring geography in quantitative studies of civil war», Political Geography, Vol. 24, 2005, 399-418.

[9] Jane Boulden, «Terrorism and Civil Wars», Civil Wars, Vol. 11, N° 1, 2009, 5-21.

[10] Michael G. Findley; Joseph K. Young, «Terrorism and Civil War : A Spatial and Temporal Approach to a Conceptual Problem», Perspectives on Politics, Vol. 10, N° 2, 2012, 285-305.

[11] Martha Crenshaw, «Transnational Jihadism & Civil Wars», Daedalus, Vol. 146, N° 4, 2017, 59-70.

[12] Jessica A. Stanton, «Terrorism, Civil War, and Insurgency», in: Erica Chenoweth et Al. (Eds.), The Oxford Handbook of Terrorism, Oxford University Press, Oxford, 2019, 348-365.

[13] Jean-Claude Caron, «Indépassable fraticide. Reflexions sur la guerre civile en France et ailleurs», Cités, N° 50, 2012, 39-47.

[14] Édouard Jolly, «Du terrorisme à la guerre civile ? Notes sur David Galula et sa pensée de la contre-insurrection», Le Philosophoire, N° 48, 2017, 187-199.

[15] Este gráfico se publicó originalmente en: Daniel Dory, «L’analyse géopolitique du terrorisme: conditions théoriques et conceptuelles», L’Espace Politique, n.º 33, 2017. https://journals.openedition.org/espacepolitique/4482.

[16] Aquí retomamos la concepción schmittiana de la política. Véase Carl Schmitt, La noción de política/Teoria del partisano: Carl Schmitt, La notion de politique/Théorie du partisan, Calmann-Lévy, París, 1972, (hay ediciones posteriores).

[17] Sobre esta noción, así como sobre los estratos de definición del terrorismo y la identidad vectorial (destinada a transmitir mensajes) de sus víctimas, véase: Daniel Dory; Jean-Baptiste Noé, (Dirs.), Le Complexe Terroriste, VA Éditions, Versailles, 2022, 7-27.

[18] Véase también: Bernard Wicht, Les loups et l’agneau-citoyen, Éditions Astrée, París, 2019. A pesar de su estilo a veces desconcertante, este autor aporta una contribución decisiva a nuestra comprensión del conflicto contemporáneo. Merece la pena leer los tres libros siguientes: Bernard Wicht, L’Europe Mad Max demain? Favre, Lausana, 2013; Bernard Wicht; Alain Baeriswyl, Citoyen soldat 2.0, Éditions Astrée, 2017, y sobre todo: Bernard Wicht, Vers l’autodéfense, le défi des guerres internes, Jean-Cyrille Godefroi, París, 2021.

[19] Véase el artículo fundamental de Donald J. Reed, «Beyond the War on Terror: Into the Fifth Generation of War and Conflict», Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 31, No. 8, 2008, 684-722..

[20] Daniel Dory, «Le terrorisme et les transformations de la guerre», Guerres Mondiales et Conflits Contemporains, nº285, 2022, 41-57.

 

Traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.

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GUAYANA ESEQUIBA: CONTROVERSIA JURÍDICA Y DESACUERDO DE INTERESES

Abraham Gómez R.*

Nos encontramos a escasos tres meses de la probable comparecencia de la delegación venezolana por ante la Corte Internacional de Justicia, con la finalidad de consignar el respectivo memorial de contestación de la demanda que nos interpuso (ingratamente) la República Cooperativa de Guyana, el 29 de marzo de 2018.

Cabe la directa y sensata pregunta en los siguientes términos: ¿si asistimos nos estamos haciendo parte del juicio y en consecuencia le conferimos competencia a la Sala para conocer forma y fondo de este pleito? Por supuesto que sí.

El anteriormente señalado evento procesal se conoce como acto concluyente (facta concludentia); cuyo desempeño ―más sencillo y entendible― devela que, aunque no se formalice la voluntad de participar, ésta queda presumida y fundada en una específica decisión, suficientemente significativa.

Si la delegación nuestra hace acto de presencia (no con carácter de vista de cortesía, como en ocasiones anteriores) sino que se trataría, esta vez, de un hecho inequívoco ―sin asomo de dudas― de consentimiento tácito. A partir de allí, entonces, con tal comportamiento resultaría implícita nuestra aquiescencia.

También prestemos bastante atención a los registros numéricos post referendo consultivo, concretamente a lo que tenía de álgido y complejo el contenido de lo que fue la problemática pregunta tres.

“Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?

Aunque el Consejo Nacional Electoral haya entregado formalmente unas cifras sobre la actividad referendaria, a decir verdad la determinación última de nuestra presencia o no en ese Alto Tribunal depende del jefe de Estado; por cuanto, ya lo hemos explicado en varias oportunidades, la política exterior comporta su exclusiva reserva constitucional, según el artículo (236) de la Norma Suprema.

Nuestro escabroso dilema estaría enmarcado en ir o no ir al Proceso y hacernos parte. La última palabra al respecto la tiene el jefe de Estado.

Ya hay algunas opiniones, a lo interno de la Corte que señalan el desacierto procesal de Guyana, por insistir con el “laudo”; asimismo, infieren que con tales recursos argumentativos jamás ganarían este juicio, en justo derecho.

Todo lo pretendido por la delegación guyanesa requiere pruebas y no las poseen.

La excolonia británica no tiene la menor posibilidad jurídica para salir airosa; por eso la desesperación de los representantes de la cancillería guyanesa al ejercer presión a todos los niveles, de buscar pronunciamientos de sujetos y entes internacionales; de procurar alianzas y “socios”.

Hemos venido señalando, desde que accionaron contra nosotros, que todo ha sido una manifestación de muy mala fe y de temeridad procesal; porque Guyana se empecina en sostener su Pretensión, en este juicio, en el reposicionamiento de un Laudo que quedó desterrado ―ipso jure―, sin validez, sin eficacia jurídica y sin ser oponible a nada.

La delegación de la excolonia británica ha abusado de la honorabilidad de la Corte cuando incurre en la conocida falacia post hoc ergo propter hoc (algo así como: “después de haber recibido del Reino Unido esa extensión territorial, en consecuencia, nos pertenece”).

Ese correlato forzado nunca será un indicador fiable y menos admisible en un juicio con las características que conocemos.

Están obligados a demostrar y probar con justos títulos traslaticios: ¿Cómo adquirieron esos 159.500 km2?

Guyana no posee títulos de nada sobre la Guayana Esequiba ni por descubrimiento, ni por conquista, ni por asentamiento o tratado; ni por prescripción o por abandono del anterior descubridor.

Contrariamente, Venezuela enarbola orgullosamente el acaudalamiento de dos Justos Títulos para probar con plena seguridad, por ante la Corte Internacional de Justicia que la Guayana Esequiba desde siempre ha sido nuestra; por lo que consideramos írrito y de nulidad absoluta el Laudo Arbitral de París, del 3 de octubre de 1899, cuyo contenido ―sin validez, eficacia ni fuerza jurídica― pretende borrar la gesta histórica de nuestros libertadores, de la cual nos sentimos honrados los venezolanos.

Precisa y justamente para esta controversia jurídica presentamos la Real Cédula de Carlos III, del 8 de septiembre de 1777, cuando crea la Capitanía General de Venezuela, documento que tiene la fuerza y vigor de ser nuestro primer Justo Título, de pleno derecho ―iuris et de iure―, prueba constituyente directa; por cuanto, significa el basamento y génesis de nuestra territorialidad, incluyendo por supuesto la provincia de Guayana (hasta la mitad del rio Esequibo), que había sido fundada en 1532.

Agreguemos como otro denso acervo probatorio irrefutable (incontrovertible), que nos respalda, el total reconocimiento de nuestra independencia, contemplada en el “Tratado de Paz y Amistad entre España y Venezuela”, suscrito el 30 de marzo de 1845:

“Yo, Su Majestad Isabel II, Reina de España usando de la facultad que me compete por decreto de las Cortes generales del Reino de 4 de diciembre de 1836, renuncio por sí, mis herederos y sucesores, la soberanía, derechos y acciones que me corresponde sobre el territorio americano, conocido bajo el antiguo nombre de Capitanía General de Venezuela, hoy República de Venezuela. A consecuencia de esta renuncia y cesión, S.M.C. reconoce como Nación libre, soberana e independiente a la República de Venezuela…” (Omissis)

En sentido complementario y contundente, ciertamente presentamos desacuerdos de intereses; dado que Guyana ha irrespetado el contenido esencial del Acuerdo de Ginebra de 1966 que limita a las partes en la contención litigiosa, por la denominada Zona en Reclamación, a atribuirse soberanía y/o explotar unilateralmente los recursos que en esa área se encuentran, hasta que haya una decisión sentencial.

No satisfechos con todo lo que han esquilmado hasta el presente en la Guayana Esequiba, luce vergonzosa la actitud de la excolonia británica estar promocionando nuevas concesiones en la proyección marítima que aún no se ha delimitado.

Esos incalculables recursos nunca han sido ni británicos ni guyaneses. Esos recursos se ubican en la extensión atlántica de la Guayana Esequiba, inclusive en el frente marítimo del Delta del Orinoco, que no se encuentra incluido en el litigio. Guyana no es un país petrolero. Esos recursos no le pertenecen.

Ha habido una ocupación abusiva de las transnacionales, a partir de licencias fraudulentas e ilegales que han venido recibiendo de los gobiernos guyaneses; todas impregnadas de añagaza económica.

Dejamos sentado ante el mundo que La condición de Venezuela de país petrolero no es un artificio de ayer para hoy; una sospechosa invención para coquetear con las transnacionales o una caricatura económica para justificarnos por el asunto controvertido que se dirime.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Consultor de la ONG Mi Mapa. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial.

GUAYANA ESEQUIBA: NUESTRA COMPARECENCIA ANTE LA CORTE NO SERÍA TAL; SIN EMBARGO, DEBE SER.

Abraham Gómez R.*

Los reclamos de restitución que hemos sostenido, desde hace más de un siglo, no están anclados en una malcriadez diplomática o en algún capricho nacional y menos en empecinamientos injustificados. Estamos obligados y dispuestos ―razonablemente— a repensar y a analizar (una y muchas veces) cómo rediseñar las mejores estrategias a que haya lugar para que se cumplan los objetivos de reivindicación venezolanista. Como se sabe hay algunos hechos ya adelantados (que auguramos surtan efectos) y en la alforja poseemos actos jurídicamente concretos, que no tenemos por qué eludirlos.

Que estemos claros que no se trata de una simple ilusión sino de una determinación histórica con fundamento, de lo cual se encuentra enterada la contraparte que, por supuesto, sabe que somos poseedores de los documentos que nos acreditan el dominio absoluto sobre la extensión territorial que han venido ocupando y usufructuando ilegal e ilegítimamente.

Aunque algunos sujetos internacionales y países (hasta ayer amigos de Venezuela) se pronuncien en respaldo a Guyana ―por marcados intereses económicos, sin dudas― nuestra contención siempre ha tenido suficiente asidero jurídico, cartográfico e histórico y la fortaleza moral de saber que no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.

A propósito del presente pleito centenario que sostenemos por el arrebato que nos perpetraron por el costado este de la geografía nacional, durante las últimas cuatro décadas he tenido la posibilidad de intercambiar opiniones con muchísimos sectores sobre cómo encarar este asunto litigioso.

En los distintos eventos desarrollados, sobre todo durante el año que acaba de concluir, en varias universidades del país, en los medios de comunicación social, en las plataformas digitales, a través de video-conferencias y eventos presenciales; asimismo, visitando los propios espacios fronterizos y a través de las redes sociales conseguimos y escuchamos de todo.

Me permito resumir, señaladamente, que hay un denso bastión de compatriotas que conforman una interesante masa crítica; quienes a cada instante afilan con osadía y agudeza sus juicios al respecto y publican las propuestas que ellos consideran justas para resolver la controversia, en espera de la más acertada salida que se pueda tomar, fundamentalmente por parte del jefe de Estado, para beneficio de nuestro país; porque es materia de su exclusiva reserva constitucional, conforme al artículo 236 de nuestra Carta Magna; no obstante, los resultados obtenidos en la pasada consulta popular.

Digamos, entonces, que se abre un abanico de opciones antes de la fecha señalada por el Ente Jurisdicente para que las Partes se presenten a La Haya, con la finalidad de completar la fase postulatoria (expositiva) del Proceso en curso.

Visto así, comencemos por elucidar (con interrogantes) algunas alternativas que quizás figurarían en la toma de decisiones.

¿Hasta cuándo soportarle a Guyana el incumplimiento de lo que mandata el Acuerdo de Ginebra de 1966 y lo convenido en Argyle?

¿Podemos interpretar que la presencia del buque militar HMS Trent de la armada británica en la proyección marítima aún sin delimitar, que al parecer se ha retirado, estaba midiendo nuestra capacidad de respuesta o en serio constituye un acto de provocación hacia nuestro país, una amenaza directa contra Venezuela y, por lógica, ¿una incitación a la ruptura de la declaración suscrita en San Vicente y Las Granadinas, el 14 del mes pasado?

¿Estaremos aún con voluntad para continuar con la probable negociación directa ―según el lapso de tres meses, conferido a la comisión diplomática-técnica para presentar resultados parciales y preliminares― en tanto medida de autocomposición de solución de conflictos?

¿Nos obligaremos, con mayor premura, en el análisis, discusión, sanción y aprobación del contenido y alcance del Proyecto de Ley Orgánica de Defensa de la Guayana Esequiba, con todo lo que conlleva consecuencialmente?

¿Finiquitaremos, lo más pronto posible, la elaboración del correspondiente memorial de contestación de la demanda; aparejado con un denso escrito de solicitud de medidas cautelares y una demanda de reconvención o contrademanda como decisión legítima y propia de nuestro país?

No son pocos los álgidos y complejos ejes temáticos con los que iniciamos el presente año.

La delegación venezolana que comparecería ante la Corte tiene todo el derecho, en nombre de nuestro Estado para incoar una demanda o instaurar un juicio en paralelo contra quien nos ha demandado. Todo, relacionadamente, en el mismo proceso.

Si nos decidimos por solicitar medidas cautelares para pedir la paralización de las operaciones de las transnacionales y a accionar una contrademanda, el Jurado Sentenciador ―en pleno y justo derecho― debe admitir ambas solicitudes.

Cabe ―perfectamente― el caso de la acción reconvencional porque existiría absoluta conexidad entre nuestras pretensiones en nueva litis y las que ya han sido identificadas objeto de la demanda principal, introducida y ratificada por la contraparte.

La Sala, que tramita en juicio el fondo de la controversia pasaría a conocer también ―por economía procesal— nuestra causa petendi en reconvención (con solicitudes recientes, de signo diferente, ampliadas e incontrovertibles) cuya finalidad procuramos que concluya con Resolución congruente, donde se haga justicia a nuestro país.

Hemos valorado conjeturas, recíprocamente, con gente pensante que ha dedicado mucho tiempo a este asunto; por cierto, que no apoyó el referendo consultivo celebrado el pasado diciembre; sin embargo estuvo de acuerdo con la entrevista, en San Vicente y Las Granadinas de los dos jefes de Estados de Venezuela y Guyana.

Reconocemos que también hay quienes andan por ahí sin prestarle ningún cuidado a nuestra reclamación ―no han manifestado el más mínimo interés en el tema―, cuya actitud es de los que únicamente ven transcurrir las cosas con indiferencia o displicencia. No hay forma ni manera de motivarlos. Peor aún, prefieren que sea el gobierno que busque cómo salir de este embrollo fronterizo. Les resbala lo que pudiera suceder.

Otros que se encuentran demasiados imbuidos de pesimismo y creen que en el supuesto de que Venezuela decida asistir por ante la Corte Internacional de Justicia, el próximo 8 de abril de este año, nuestra nación no obtendría una sentencia satisfactoria en la mencionada Sala Juzgadora.

Con todos los especialistas en esta contención ―con quienes hemos intercambiado criterios de los probables acontecimientos subsiguientes― coincidimos en señalar que hay que reflexionar “en frío” la posible comparecencia de Venezuela ante la Corte. Hay que dejarse de “actitudes retrecheras o soberbias”.

Los delegados del oficialismo, responsabilizados para este delicado caso litigioso, hoy más que nunca, deben obligarse (y abrirse) a consultar a expertos y estudiosos para concordar la más idónea y conveniente posición que asumirá el Estado venezolano.

Podemos jugar, simultáneamente, en tres tableros: pendientes para dar respuestas oportunas y contundes, por las incursiones armadas en nuestra extensión atlántica; también, la salida conversacional directa con la contraparte (privilegiando lo transigible y conciliable); al mismo tiempo, prepararnos para las fases de prueba y alegaciones con nuestros irrebatibles Justos Títulos traslaticios. Claro que lo podemos hacer.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial. Consultor de la ONG Mi Mapa. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV).

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