LA ECONOMÍA DE LOS ELEFANTES AZULES

Gonzalo Chavez A.*

Imagen de Clker-Free-Vector-Images en Pixabay

Cuenta una leyenda de Tailandia, que cuando el monarca no estaba satisfecho con los mimos y adulaciones de algún súbdito – hermano y compañero, diríamos en el lenguaje actual – le regalaba un elefante blanco que, en realidad, era un animal con albinismo. El súbdito agraciado con el regalo divino debía cuidar del elefante como si fuese la encarnación del poderoso. Bañarlo con jabones perfumados y especies raras, darle comida especial, manís chapareños, por ejemplo y permitir que el séquito de seguidores del Jefazo de la época lo visite y venere, por supuesto, todo esto tenía un altísimo costo, lo que, muchas veces, arruinaba o inclusive quebraba financieramente al súbdito .

Contemporáneamente y en ámbito económico, los elefantes blancos pueden ser proyectos públicos que no tienen retorno ni económico ni social, son muy costosos de mantener y se convierten en una carga para la sociedad. La variedad y tamaño es inmensa: aeropuertos, museos personales, empresas públicas, presas, puentes, y estadios de fútbol construidos para el campeonato binacional Villazón – La Quiaca y otros.

Siendo consistentes con la nueva religión del cambio, por estos paisajes revolucionarios, debíamos hablar de elefantes azules, ya que así están pintados a diestra y siniestra por el país.

¿Pero cómo se distingue un elefante blanco o azul? ¿Toda obra pública es un paquidermo? ¿Toda inversión en infraestructura lleva desarrollo económico?

Respondamos estas preguntas desde varias perspectivas. La visión económica: La evaluación de un proyecto de inversión en infraestructura o de la construcción de una empresa pública es un proceso complejo que usa varios criterios técnicos. Se deben evaluar los impactos positivos y negativos de la obra pública en términos:

a) ambientales ¿ la obra en cuestión destruye patrimonio natural, lo preserva o mejora?

b) Financieros, ¿el proyecto público es rentable o arroja pérdidas?

c) Económicos, ¿la infraestructura contribuye al desarrollo económico?

d) Sociales, ¿la obra pública tiene un impacto social grande o sólo favorece a unos cuantos?

e) Tecnológicos, ¿el proyecto ayuda que el país tenga avances en innovaciones tecnológicos?

f) Regional, ¿la empresa pública tiene un impacto de desarrollo local significativo? En suma, se trata de ver la rentabilidad económica y la social. Un elefante blanco no cumple ninguna des estos criterios técnicos.

Pero, no todas las obras públicas son un peso para la sociedad y la economía, pueden existir una obra financieramente muy cara y de retorno de muy largo plazo, pero de alto impacto social como generalmente son el transporte público, o el sistema de salud. Entre tanto, tampoco hay una relación directa entre inversión pública y desarrollo económica.

Los criterios técnicos para evaluar la calidad económica, social y productiva de una obra pública son complejos y polémicos. Los elefantes blancos son difíciles de identificar. Además, cabe también recordar, que una obra pública es sobre todo una decisión política, una opción de poder, y una construcción de un imaginario de desarrollo.

El cientista político James A. Robinson de la Universidad de Chicago, elaboró una teoría de la construcción de elefantes blancos y maneja dos hipótesis: 1) Estas obras inútiles son el resultado del clientelismo. Los políticos intercambian obras por votos y soporte político. Poco importa la necesidad o viabilidad de los proyectos. 2) Los elefantes blancos son una fuente de generación de rentas y de corrupción. “Tal político, roba, pero hace”. Obras de infraestructura resultan de la presión de grupos de poder económico. Muchas veces, en torno de carreteras o puentes se congregan empresas constructoras, financiadores, sindicatos y políticos. Esta vía fue llevada al extremo en Brasil (Lava Jato).

También podemos añadir, que los elefantes blancos son una consecuencia negativa de la construcción de un imaginario de desarrollo que sobre valoriza el gigantismo de las obras, el cemento como símbolo de riqueza, que asocia modernidad a edificios y carreteras.

Así mismo, la predisposición social a la construcción de nuevas infraestructuras, se potencializa ante el peligro de una recesión en la economía. En este contexto, las políticas keynesianas consistentes en impulsar la demanda agregada mediante un aumento de la inversión pública, en obras públicas, gozan de popularidad. Es decir, existe una visión sacralizada de la inversión pública ya sea en infraestructura o empresas estatales, pero posteriormente, cuando se descubre que estas obras eran grandes elefantes azules, ya es demasiado tarde. El daño económico está hecho.

Con todos estos criterios, y siguiendo un excelente artículo de Raúl Peñaranda sobre el tema publicado 2 de junio del 2019, “Abecedario de los elefantes blancos de la era de Evo”, le propongo hacer una taxonomía de los elefantes azules de los últimos 14 años y elegir el más vistoso y grande. Publicaremos la lista en las redes sociales. Doy el puntapié inicial: Museo azul de Orinoca, una especie de Dumbo de la revolución.

* Economista con estudios en PUCRJ, Harvard, Columbia y Manchester.

Tomado de El Deber, Santa Cruz de la Sierra, <https://www.eldeber.com.bo/opinion/La-economia-de-los-elefantes-azules-20191005-0002.html>.

LA TRANSFERENCIA DEL TRABAJO NACIONAL A TERCEROS PAÍSES. LOS DÓLARES QUE NECESITA EL GOBIERNO DE ALBERTO FERNÁNDEZ

César Augusto Lerena*

El 3 de octubre pasado La Voz de Galicia nos anunciaba que “Galicia y Madrid animan a la Argentina a suscribir el pacto del Mercosur con la Unión Europea, impulsando el intercambio de productos pesqueros y el abastecimiento de materia prima para la industria española a precios más competitivos” y que, mientras “el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, instaba al futuro gobierno de Argentina a suscribir el acuerdo Mercosur con la UE que le daría acceso a aquella a un mercado europeo de 500 millones, la Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz, le indicó al Subsecretario de Pesca argentino Juan Bosch, que el citado pacto comercial se presenta, como ‘muy ventajoso para ambos países’”.

Imaginémonos el diálogo, no durante el descubrimiento de América en 1492, sino en el mismo octubre pero del 2019 en Vigo, entre Alicia Villauriz oficiando de Colón y Bosch, de indígena recibiendo encantado los espejitos de colores: Señor Indígena: ustedes nos entregan todos los recursos pesqueros sin procesar (la materia prima) del Atlántico Sur, que se sumarán a los recursos argentinos que nosotros extraemos con permisos ilegales británicos o sin ellos de la zona de Malvinas, les entregamos los espejitos de colores y, nosotros en el Reino de España, los industrializamos y les damos trabajo a los españoles y distribuimos los productos por toda la Unión Europea “que consume mucho pescado”, a lo que el indígena, superando la primera impresión, se anima y le pregunta a Colón: bueno, pero por favor, le ruego que nos permita ingresar nuestras materias primas sin aranceles al viejo mundo.

Los argentinos azorados, pero no es distinta a la realidad de nuestras exportaciones actuales de materias primas pesqueras que se procesan fuera del país, como producto de la aplicación de políticas que desalientan toda la producción nacional. Bosch, un representante fiel de la actividad extractiva pesquera que desatiende el desarrollo de la industria pesquera nacional.

El Acuerdo con la Unión Europea, transitará un complejo camino de ajustes y aprobaciones por parte de los Estados, pero, en cualquiera caso, si se tratase de una “Asociación Estratégica” entre el MERCOSUR y la Unión Europea, de ninguna manera, podría estar destinado a que la Argentina provea materias primas y España las industrialice. Eso es lo que viene ocurriendo hasta hoy sin acuerdo y, lo primero que debiera suceder, es que España retire sus barcos pesqueros del Atlántico Sur y, entender que, si bien Europa tiene un mercado demandante, la Argentina tiene el recurso para satisfacer esa demanda, para lo cual, los buques españoles que realizan pesca ilegal (INDNR) en las aguas argentinas deben cesar de realizar esta práctica ya prohibida en 2008, tanto por la Unión Europea como por la Argentina.

Los equipos técnicos del próximo gobierno tienen claro, que la Argentina necesitará una importante cantidad de divisas para enfrentar los compromisos de pago de las deudas que deja el gobierno saliente, a la par, de reactivar el sector industrial para promover y registrar nuevos empleos, revirtiendo los altísimos índices de pobreza y desocupación.

La industria pesquera, la industria naval y sus industrias conexas pueden ser importantes proveedores de dólares, de bienes y generadoras de empleo.

Para ello, en primer lugar, el gobierno debiera hacer llegar al sector productivo y del trabajo mensajes claros respecto a que la explotación de los recursos del Estado se habrá de concesionar a aquellas empresas cuyos proyectos pesqueros generen alto valor agregado, es decir que, tratándose de una actividad fundamentalmente exportadora, genere el ingreso de divisas para el país y ocupación de mano de obra intensiva y calificada.

Accesoriamente a ello, pero no menos importante, es que las concesiones deben ocupar los territorios marítimos estratégicos y en su caso, competir con la captura extranjera de todos los recursos migratorios que tienen origen en la Zona Económica Exclusiva o están asociados.

La adjudicación de Cuotas o Autorizaciones estarán atadas a proyectos pesqueros que aseguren estas premisas básicas, de modo, que la administración del recurso sea sostenible económica, biológica y socialmente.

La exportación de commodities. No es admisible que el 65% de las exportaciones sean commodities y que la Argentina transfiera el trabajo, tal es el caso, del reproceso del langostino a Perú, Ecuador, Guatemala o Bolivia, o la exportación de pescados sin valor agregado a la Unión Europea o China; mientras la Argentina alcanza tasas de desempleo del orden del 10,6%. Los empresarios deberán llegar a los acuerdos necesarios para asegurar la competitividad generando trabajo. Las excepciones debieran estar referidas únicamente a la pesca estratégica en las áreas sensibles de explotación de los recursos migratorios.

Recuperación de las capturas de los buques extranjeros. La Argentina debe buscar los mecanismos para recuperar en forma sostenida y progresiva los recursos que pierde en manos de los buques pesqueros extranjeros, entre los que se encuentran los españoles. Ello se debe traducir inicialmente en la generación de acuerdos con empresas nacionales, empleo portuario y de provisión de insumos y, avanzar hacia procesos industriales crecientes en la Argentina.

Industrialización de descartes y la pesca incidental. El país no puede seguir descartando proteínas, por lo cual los descartes por razones comerciales o derivados de pesca acompañante deben destinarse a su industrialización. No solo porque pueden resolver la alimentación proteica de millones de niños y adolescentes, sino porque pueden representar un número equivalente al 50% del empleo actual, ya que hay formas para el aprovechamiento de las especies descartadas, que no han sido utilizadas hasta la fecha, sin que ello deba representar una pérdida de rentabilidad empresaria o del sector laboral. Por otra parte, hay medios técnicos para resolver en muy corto plazo las prácticas de sustitución de especies que distorsionan la utilización de las cuotas y autorizaciones de captura. Es una tarea que no debiera postergarse.

La renovación de la flota pesquera y su fabricación de la Argentina. Es sabido que gran parte de los componentes de los buques que se fabrican en la Argentina son importados. Ello, seguramente, no podrá resolverse en el corto plazo, pero el armado y la fabricación final debe estar en manos de Astilleros privados y públicos nacionales, quienes pueden y debieran complementarse. La Argentina no puede seguir construyendo buques pesqueros, de investigación, barcazas, buques afectados a las fuerzas armadas y de seguridad, plataformas petroleras, etc. fuera del país y, por otra parte, resulta impostergable la renovación de la flota para terminar con los naufragios. Ello no debiera ser motivo para reducir los aranceles a la importación de buques en lugar de incentivar y buscar los medios de financiación para la construcción nacional y el consecuente empleo local.

Los Acuerdos y la explotación del recurso nacional debe transformarse en trabajo para los argentinos.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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LA BAJA CALIDAD DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DEL GOBIERNO QUE UN SEMINARIO MARÍTIMO DEJÓ AL DESCUBIERTO

César Asgusto Lerena*

Días pasados se desarrolló en Buenos Aires, un Seminario de Intereses Marítimos organizado por la Armada Argentina y las Universidades de Buenos Aires, del Salvador y de la Defensa donde se abordaron diversos temas relativos al Atlántico Sur, su explotación y defensa. Una excelente iniciativa que acerca al ámbito universitario la problemática del mar, un tanto ajena en la comunidad, más bien predispuesta a tratar las cuestiones continentales.

Mi reconocimiento a los organizadores y moderadores que abrieron las exposiciones al debate del auditorio.

Habrá que profundizar los temas abordados y, especialmente, buscar una mayor diversidad de opiniones, en aquellos temas relativos a la explotación de los recursos, su vigilancia, la sustentabilidad y, el resguardo y la reafirmación de la soberanía nacional.

Abrió las exposiciones el director del Instituto del Servicio Exterior de la Cancillería Emb. Fernando Petrella, quién ratificó las políticas de seducción de los isleños ya aplicadas sin éxito por Menem-Di Tella, en cuyo gobierno se desempeñó como Vicecanciller. Trató a los ingleses de “amigos”, dejando de lado, que éstos ocupan 1,6 millones de km2 de mar argentino, extraen 250 mil toneladas anuales de recursos pesqueros nacionales, exploran nuestros recursos hidrocarburíferos y han generado un polo de atracción del Atlántico Sur con más de 350 buques extranjeros ilegales. Fuera del estrado —ya que en la UBA no se habilitaron preguntas luego de las exposiciones— el Embajador consideró adecuados los vuelos a San Pablo y Córdoba desde Malvinas, sin prestar importancia que, de producirse un Brexit, con las consecuencias arancelarias para Malvinas que implicarían, mediante los vuelos, los isleños tendrán acceso a un mercado de treinta millones de personas ABC1 para comercializar sus productos, además de la conectividad con el mundo desde San Pablo.

El Subsecretario de Hidrocarburos y Combustibles Ing. Carlos Casares y el Director de Exploración y Producción Ing. Gonzalo Aguirre de la Secretaría de Energía se refirieron a las recientes adjudicaciones offshore de 100 mil km2 en la primera ronda (una segunda estaría prevista para 2020) y, de sus exposiciones, quedó claro que el área seleccionada no avanzó dentro las 200 millas marinas alrededor de Malvinas ocupadas ilegalmente por el Reino Unido, resignando la soberanía nacional con esta autolimitación geográfica y aumentando la presencia británica en el mar austral a partir de la adjudicación de siete de las 18 áreas licitadas en la Cuenca de Malvinas a las empresas Shell, BP Exploration Operating Company Limited y Tullow Oil, donde esta última, violaría la ley 26.659, ya que habría “operado ilegalmente siete áreas al sur de las islas en el 2007 y, por su parte, la noruega Equinor, también adjudicataria, tiene dentro de su directorio a una ex asesora de la administración isleña, quien trabajó para Tullow Oil en la planificación del plan de desarrollo offshore en Malvinas”. Por cierto, de la exposición surgió que no se tuvo en cuenta las prohibiciones de la Ley 26.659 ni se le dio participación de la Subsecretaría de Pesca a la hora de elaborar los pliegos licitatorios, con el argumento de evitar la intervención de una mayor cantidad de profesionales en los procesos burocráticos, olvidando, que se pone en juego un área donde las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos deberán convivir con la explotación de los recursos pesqueros, cuyos ingresos anuales le permiten a la Argentina exportar por valor de 2.100 millones de dólares, además de sostener a gran parte de los pueblos del litoral marítimo y mantener la presencia de buques nacionales en el Atlántico Sur.

A la hora de la intervención del Subsecretario de Puertos y Vías Navegables Lic. Mariano Saúl, éste efectuó una serie de recomendaciones pero no se refirió a la próxima licitación de un nuevo puerto para la ciudad de Buenos Aires, cuyo proyecto, sin el debido debate ni la participación de todos los sectores involucrados, sigue insistiendo con el emplazamiento de un puerto con los mismos problemas que el actual ya que “el calado proyectado por el gobierno apunta a los 11 metros (36 pies), no previendo la llegada al puerto de Buenos Aires de buques de 14.000 TEUs para el año 2020 y de 18.000 TEUs para el año 2025. Actualmente con 32 pies de calado los buques de 10.000 TEUs solo pueden operar en el puerto de Buenos Aires cargados a menos del 75% de su capacidad, por lo tanto, la profundización del canal propuesta, solo serviría por unos pocos años e implicará el dragado permanentemente por los próximos 20 a 25 años” (Fabian Lugarini, 26/8/19).

La disertación del Asesor Jurídico Dr. Alejo Toranzo reemplazante del Dr. Juan Bosch dejó en evidencia que la Subsecretaría de Pesca no ha dado un solo paso para eliminar la pesca ilegal (INDNR), cuya obligación es una de sus responsabilidades conforme lo establece la Ley 24.922 y lo ratifica la Res. 1/08 del Consejo Federal Pesquero. En las filminas que parecían diseñadas para un auditorio desinformado, se refirió a un sistema integrado de control que, cualquiera que conoce los procesos a bordo y desembarques sabe que son inexistentes. Pero el asombro llegó cuando mencionó “las decisiones adversarias que toma la Subsecretaría respecto a Malvinas y, se refirió a que esta dependencia actuaba con los lineamientos de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), pese a que si bien la Argentina aprobó por ley 25.290 el Acuerdo de Nueva York que impone este tipo de organizaciones, no lo ratificó y, por el contrario, habría que esperar que se derogue, porque su aprobación, habrá de significar el control del Atlántico Sur por parte de los Estados de bandera (extranjeros) que son mayoría frente al Estado ribereño y, además, le abriría las puertas a una mayor intervención aún del Reino Unido en Malvinas. La Argentina debe en este sentido definir la preeminencia de los Estados ribereños sobre los Estados de bandera, porque aquellos son los titulares del dominio de los recursos originarios de la Zona Económica Exclusiva que migran a la Alta Mar.

No parece encontrarse dentro de “las decisiones adversarias de la Subsecretaría respecto a Malvinas, la colaboración de Argentina a través de la investigación, para que los británicos conozcan la biología y stock pesquero del Mar Argentino, en especial, de aquellas especies que le permiten al Reino Unido otorgar permisos de pesca a buques extranjeros todos los años. Si esta es la política para los adversarios, no imagino que haríamos si fuésemos amigos como refiere el embajador Petrella.

Los citados disertantes debieran leer el muy buen artículo del Emb. Jorge Arguello “Entender el Mundo, decidir con autonomía” publicado en la edición de octubre 2019 de Le Monde Diplomatique, para entender que los modelos de copiar y pegar, que muchas veces aplicaron las autoridades de nuestro país, a la luz del escenario internacional, requiere que muten a una mayor imaginación, rigor e interés nacional.

Este Seminario puso de manifiesto la baja calidad de las políticas nacionales del gobierno, por lo que será muy importante la continuidad de estos encuentros, para que los funcionarios recuerden, que son servidores públicos que, mediante estas exposiciones, rinden cuentas de su gestión y, el auditorio, compuesto por docentes, profesionales, diplomáticos, empresarios y miembros de las fuerzas armadas y de seguridad discutan ideas y se transforman en difusores calificados de una temática que debe empezar a interesar al conjunto de los argentinos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales

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