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¿QUIÉN EJERCE EL PODER EN EL ATLÁNTICO SUR?

César Augusto Lerena*

Una ONG desconocida, denominada OPRAS (Organización para la Protección de los Recursos del Atlántico Sur) que, por su integración sería un brazo de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de Argentina (CAPECA), después de acordar con el Sindicato de Armadores de Industrias de Pesca de Brasil (SINDIPI), nos sorprende, haciendo lo mismo, con Armadores Españoles, para cuidar nuestros recursos pesqueros (¿?). Esto, nos ha servido como disparador para preguntarnos ¿quien ejerce el poder en el Atlántico Sur?

Días pasados, reflexionando sobre la situación de ocupación del Atlántico Sur, la pesca ilegal extranjera, la matriz extractiva nacional y la crisis internacional, repasé la situación, pensando quiénes son los actores y, cuál es su participación en estas cuestiones.

La Argentina con una ZEE de 3.146.345 km2, 6.816 km de costa, 1.784.000 km2 de plataforma continental, millones de km2 en el sector meridional del Atlántico Sur y la Antártida, es un “ESTADO MARÍTIMO”, del cual 1.639.900 km2 está ocupado por el Reino Unido y, con o sin licencias británicas, buques españoles, chinos y otros extraen ilegalmente todos los años un millón de toneladas de recursos pesqueros del mar argentino o migratorios de este.

En este escenario, Uruguay presta apoyo logístico portuario a esos buques depredadores. El vuelo a San Pablo desde Malvinas promoverá el intercambio de las islas con ese país y le servirá de pie de playa al mundo, amén que los isleños sigan llevando sus productos a España si la UE aprueba el libre comercio con el Reino Unido luego del Brexit o, si este no ocurriese, a través de los joint venture españoles-británicos en Malvinas. Por su parte, ahora Chile, presenta un reclamo sobre la presentación de Argentina ante la ONU de los límites exteriores de la Plataforma Continental.

Es un complejo menú por resolver en el Atlántico Sur. Estamos en problemas con tres de los cuatro países del MERCOSUR y, a ello, se nos agrega el reclamo de Chile y la pretensión de una ONG y empresas españolas de cuidarnos el recurso que los chinos y otros países asiáticos nos quitan y les quitan a los españoles (¿?). En principio, me resultan muy raras tres cosas: la primera, que para este objeto la citada CAPECA forme una ONG para cuidar sus intereses en el mar argentino, cuando a través de la Cámara podría actuar ante los poderes competentes; la segunda, que los buques españoles que pescan a distancia —tan depredadores e ilegales como los chinos— pretendan cuidar recursos de la Argentina y, la tercera, que las Autoridades competentes no ejerzan el debido poder administrador del Atlántico Sur. No es un tema menor lo que está pasando desde hace 40 años en el Atlántico Sur, que se agrava en forma sostenida y creciente. Es decir, la situación en el Atlántico Sur es un “escenario de fricción” como denominaría Marcelo Elizondo. Al que debemos agregarle nuestra situación general (pandemia, deuda externa, caída industrial, pobreza, desocupación, etc.) y de un sector pesquero que, en forma endémica, recicla un mismo modelo extractivo y se agrava a los habituales problemas internos por la caída de la demanda y del precio internacional.

Dejaré para una próxima oportunidad las cuestiones relativas a la administración pesquera de Argentina, para avanzar con las extrañas, pero, no puedo dejar de mencionar el absurdo de haber promovido las “Áreas Marítimas Protegidas (AMP)” que limitan, la explotación pesquera, en algunos casos en favor del Reino Unido en Malvinas (ya profundizaré en otro trabajo), para cuya restricción hubiese bastado la intervención del INIDEP y del Consejo Federal Pesquero y, las primeras informaciones que indican detonaciones en las áreas —sin estudio de impacto ambiental previo— asignadas a la explotación petrolera que podrían afectar la actividad pesquera.

El caso Chile. La Argentina realizó la presentación el 21 de abril de 2009 en la ONU de los límites exteriores de su Plataforma Continental, sobre trabajos iniciados en 1997 y ello dio lugar a la “aprobación de las recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de la ONU el 28 de marzo de 2016. Con tal motivo elaboré para el Senador Pino Solanas un proyecto de ley de aprobación de las recomendaciones bajo el expediente S-2182/16 del 10/8/16, que durmió el sueño de los justos. Chile recién apoyó la CONVEMAR en 1997 y habría hecho la presentación a la ONU en 2019. Su gobierno hoy efectúa el reclamo —que parece dirigido a su política interna— porque, bien es sabido, que la Comisión de la ONU solo efectuó “recomendaciones” y no aprobaciones, las que quedan firmes si no hay reivindicaciones similares. Si, llama la atención, que al referirse a los límites de nuestros archipiélagos algunos autores chilenos refieran a “los amplios espacios del Atlántico Sur actualmente bajo administración del gobierno británico…”. No parecen haber cambiado mucho los apoyos probritánicos en Chile.

El caso Uruguay. No puede postergarse un Acuerdo con la República de Uruguay. Un Acuerdo ampliatorio del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo firmado en 1973, que puede resolverse muy satisfactoriamente para ambas partes y que lleve a la práctica una verdadera integración rioplatense postergada por 200 años. El daño que nos ocasiona la logística que realizan chinos y españoles en los puertos se Uruguay es tan grave en lo económico como en nuestra relación soberana en el Atlántico Sur. Está en el gobierno argentino ponderarlo y actuar en consecuencia.

El caso Brasil. La autorización de los vuelos a Brasil desde Malvinas habría que cancelarla, porque, a lo ya dicho precedentemente, consolida un quiebre a todos los acuerdos suramericanos de no facilitar las operaciones del Reino Unido desde Malvinas. La generación de negocios entre los ocupantes de Malvinas y Brasil tendrá un carácter irreversible y una ruptura de las políticas de unidad latinoamericanas.

El Reino Unido en Malvinas. No repetiremos lo mucho ya tratado sobre los avances del Reino Unido en el Atlántico Sur desde la firma de los llamados “Acuerdo de Madrid” y la fórmula del paraguas. Si, destacaremos el gravísimo hecho de que, en esta política de consolidarse en la región y violar la Resolución de la ONU 31/49 sistemáticamente, el Reino Unido, el pasado 25 de mayo, inauguró un Puerto con un costo de ₤ 11 millones, en las islas Georgias del Sur para darle apoyo a buques de investigación, de patrulla de pesca y de la Royal Navy armados.

El Consejo Federal Pesquero. A todo esto y, haciendo la advertencia que los miembros de este Consejo están habilitados para participar de manera remota, en ninguna de las 10 Actas de reuniones de 2020 de las cuales tomamos vista, se trataron los asuntos gravísimos citados (con alcance al sector pesquero) —incluso el ingreso de 100 buques extranjeros a la ZEE— pese que conforme el artículo 7º, 9º y s.s. de la Ley 24.922 el Subsecretario de Pesca y el Consejo Federal Pesquero —que preside— son los responsables de establecer y ejecutar la política pesquera nacional.

Frente a esta suerte de default de gestión, no resultaría raro, que las Cámaras Empresarias del país y hasta ONGs se ofrezcan a ayudar a cuidar nuestros recursos, ya que es necesario que en las actividades públicas haya una participación privada; lo que sí, llama la atención, que lo hagan mediante un Acuerdo con pescadores españoles agrupados en la Asociación Española de Armadores de Buques de Pesca de Merluza (ANAMER) y de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), muchos de ellos, propietarios de los buques que pescan y depredan nuestros recursos migratorios del Atlántico Sur con o sin licencia británica de Malvinas. Aceptar la participación de empresas no radicadas en la Argentina para que cuiden nuestros recursos pesqueros sería como “dar al zorro a cuidar el gallinero”. Luego, que algunos portales titulen a este acuerdo como firmado por “Representantes de Argentina y España” seguramente será para magnificar el absurdo.

Esta propuesta me hace acordar al Acuerdo firmado con el Reino Unido por Cavallo, para evitar que los buques asiáticos pescaran en una medialuna al este de Malvinas, que posibilitó luego al Reino Unido el otorgamiento de licencias pesqueras, precisamente, entre otros, a los españoles.

Seamos claros, los buques españoles realizan igual pesca ilegal (INDNR) que los chinos, etc. Empezando, porque si lo que se quiere es preservar “la salud de los ecosistemas del área” (sic), debieran saber que tanto el calamar, como la merluza, etc. forman parte del Ecosistema Pesquero Argentino y, no solo, los recursos dentro de la ZEE Argentina, sino, muy especialmente los migratorios o asociados, como desde 1995 lo establece la Ley 24.543 y desde 1998 la Ley 24.922 que, con el fin de proteger los derechos preferentes de la Argentina, en su condición de Estado Marítimo (ribereño para la CONVEMAR) y, teniendo presente el preámbulo de ésta que destaca tener en cuenta “…en particular, los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo, sean ribereños o sin litoral” y, por tanto, las empresas españolas deben acordar su captura con la Argentina en su carácter de país Ribereño y, no con el Reino Unido de Gran Bretaña —como lo vienen haciendo— que en forma prepotente ocupa el territorio marítimo argentino y el Archipiélago de Malvinas, al igual que lo hace con Gibraltar.

Los buques españoles, que refieren venir pescando “desde hace 37 años” (recordemos Malvinas, 1982) no debieran regirse —como dicen— en el Atlántico Sur por “normativas específicas de la Unión Europa” (sic), y, dejar de hacerlo, como el propio acuerdo entre OPRAS y el SINDIPI brasileño lo indican: en absoluta colisión con las regulaciones que rigen en aguas jurisdiccionales para las especies transzonales y asociadaspara enfrentar con razonabilidad el daño que los extranjeros que pescan a distancia (NdA: entre otros los españoles) están provocando en el ecosistema del Área y sus recursos. No caben dudas de que los derechos e intereses de los estados ribereños, explícitamente mencionados en el artículo 116 de la CONVEMAR se ven sistemáticamente atacados e ignorados” (sic), más aún cuando en el Atlántico Sudoccidental aplican las normas precedentemente citadas, resultando tan cristalino como insólito este Acuerdo, donde refieren que no van a regular en el área ocupada por el Reino Unido en Malvinas: “…sin que su extensión afecte a los espacios marítimos susceptibles de disputas o controversias relativas a jurisdicción o soberanía” (sic) que, seguramente, se reservan para seguir pescando con las licencias ilegales otorgadas por los británicos en Malvinas o asociados a ellos. Un disparate contrario a los intereses nacionales de la llamada OPRAS y una irreverencia inaceptable de los firmantes españoles. Me vienen a la memoria los Acuerdos Marco URSS-Bulgaria y el firmado con la Unión Europea (empresas españolas) cuyos buques nunca pescaron en la zona de exclusión británica en Malvinas.

Y debo adherir a lo dicho respecto a la pesca ilegal en el acuerdo entre OPRAS y el SINDIPI brasileño, ya que utilizando sus argumentos —que por razones de espacio no transcribo— ratifico que tanto los españoles como chinos realizan pesca ilegal (INDNR) en el Atlántico Sur y, por lo tanto —reitero— el carácter de absurdo del acuerdo firmado con los armadores españoles. Acuerdo que, en todo caso, debiera promover el Estado Nacional —con la participación de todo el sector empresario y gremial— y absolutamente ajustado a la legislación nacional, teniendo en cuenta nuestra preferencia de Estado ribereño.

Refiere OPRAS en su acuerdo con el Sindicato Brasileño que “si bien la FAO y las Naciones Unidas, están en conocimiento de la situación, la falta de acciones gubernamentales concretas parecen empañar la gravedad, excusando inapropiadamente a los organismos multilaterales, hasta el momento, de actuar…”, es decir, responsabiliza a las organizaciones locales y a la inacción de los organismos multilaterales, sobre las que parecen quererse colocar esta ONG, para resolver un problema que, en el caso del acuerdo español, es parte. Como si los depredadores solo fueran asiáticos y estos buques españoles que confiesan vienen pescando hace 37 años en el Atlántico —precisamente, cuando los británicos recuperaron Malvinas— con buques congeladores de gran porte pescando a distancia en caladeros externos (léase, entre ellos el Atlántico Sur), donde manifiestan tener 193 buques y efectúan el 58% de sus capturas. No son unos pobres pescadores artesanales.

Finalmente surge de la lectura de los objetivos de OPRAS, que esta entiende que los problemas de explotación ilegal más allá de las 200 millas de la ZEE excede la actual capacidad de los organismos públicos para adoptar medidas consistentes con sus facultades y limitaciones geopolíticas” (sic) y, pese a su condición de ONG sin fines de lucro manifiesta su deseo de: “crear una Comisión Técnica de Administración del Área Regulada, con una integración mixta, donde el sector público y las organizaciones promotoras” (sic) “la participación de OPRAS y su oportuna integración en la Comisión Administradora o Comité Ejecutivo correspondiente” (sic), “integrar a OPRAS en comisiones de regulación…” (sic); Establecer una relación institucional formal y activa con las organizaciones internacionales o multilaterales, en relación con la ordenación de los recursos…” (sic) “Promover e impulsar un sistema de gobernanza y ordenamiento pesquero…” (sic), en síntesis, parece la OPRAS reservarse un lugar en la administración de los recursos de todos los argentinos.

Y reitero la pregunta: ¿Los españoles nos cuidarán los recursos? Y ¿quién ejerce el poder administrador y soberano en el Atlántico Sur?

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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LOS INMIGRANTES Y LAS APLICACIONES DE DELIVERY COMO OPORTUNIDADES DE DESARROLLO

Agustin Gándara*

Así como las ciudades son los primeros entes gubernamentales en darle la bienvenida a los migrantes, las plataformas de delivery y plataformas relacionadas con la economía colaborativa, son los primeros agentes económicos en ofrecer una solución concreta, rápida y efectiva a los problemas de la inmigración.

Sabemos que la integración cultural es un tema complejo y encontrar un trabajo adecuado es sin dudas un requisito importante para los migrantes.

En países con problemas de desempleo es peor aún debido a que en algunos casos los habitantes comienzan a sentir resentimiento contra los migrantes, lo cual puede convertirse en una amenaza para el proceso de integración social o adaptación cultural de ambas partes.

Es por esto que este tipo de plataformas están liderando la integración de los migrantes en lo que respecta al mercado laboral. Sin dudas son el puntapié inicial que permite cubrir las necesidades básicas en el menor tiempo posible.

Estas aplicaciones resuelven la urgencia de generar un ingreso para salir adelante mientras buscan un trabajo en relación de dependencia, se adaptan a la nueva cultura o simplemente se adaptan con lo que han logrado en este nuevo estilo de vida.

Este grupo de migrantes se convierte rápidamente en una población económicamente activa con ingresos variables, es decir, que mientras haya demanda ellos generarán ingresos.

¿Que tienen estas plataformas que no tienen quizás los empleos tradicionales? En términos generales y a lo que concierne este artículo, no existe un proceso de selección sino más bien cumplir con la reglamentación fiscal y otro tipo de documentos que se obtienen de manera relativamente sencilla. Digo relativamente porque en algunos casos depende de la misma burocracia estatal en otorgar antecedentes y documentos de identidad. Su ingreso a la plataforma los convierte en sujetos de obligación fiscal, es decir pagan impuestos y aportan al sistema, lo que supone una serie de beneficios que por su corto historial en algunos casos no sucede.

Los principales problemas que identificamos actualmente no están del lado de sus ingresos sino más bien del costo adicional en sus egresos debido a la imposibilidad de acceder un sistema de confiabilidad que les permita evitar cauciones de alquiler, créditos, seguros de salud, compras de vehículos de transporte en condiciones accesibles, entre muchos otros.

Por su parte, sus ingresos deberían poco a poco generar oportunidades de desarrollo cómo alquilar un mejor hogar, poner un comercio propio, tener atención de salud, conseguir financiamiento para un emprendimiento o bien para cambiar la moto o la bicicleta entre infinidad de otras opciones.

Este estado de situación nos invita a revisar el rol que deben cumplir las autoridades estatales como facilitadores, evitando intervenir entre la actividad privada de quienes dan una oportunidad concreta y quienes la aprovechan para salir adelante.

El Estado con un rol de facilitador fuerte puede generar acceso a nuevas oportunidades de desarrollo en las cuales muchas empresas privadas pueden ofrecer beneficios accesibles a los colaboradores de plataformas de delivery que sin dudas lo harán de manera onerosa, pero con un sentido fuerte de responsabilidad social empresaria.

 

* Licenciado en Comercio Internacional graduado en la UADE. Magister Estrategia y Geopolitica, Escuela Superior de Guerra. Profesional con experiencia en varias industrias y áreas, incluso en Educación.

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LA POBREZA ES MÁS LETAL QUE EL CORONAVIRUS

César Augusto Lerena*

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Entiendo, técnica y científicamente, que es posible retornar al trabajo si se toman determinadas precauciones para evitar el contagio con CORONAVIRUS COVID-19 y los argentinos somos responsables de cuidarnos. Es URGENTE resolver el problema de LA POBREZA que es más letal e indigno.

El Papa Francisco en el apartado 49 de la Encíclica Laudato Si’ “El Cuidado de la Casa Común” nos dice:

Quisiera advertir que no suele haber conciencia clara de los problemas que afectan particularmente a los excluidos. Ellos son la mayor parte del planeta, miles de millones de personas. Hoy están presentes en los debates políticos y económicos internacionales, pero frecuentemente parece que sus problemas se plantean como un apéndice, como una cuestión que se añade casi por obligación o de manera periférica, si es que no se los considera un mero daño colateral. De hecho, a la hora de la actuación concreta, quedan frecuentemente en el último lugar. Ello se debe en parte a que muchos profesionales, formadores de opinión, medios de comunicación y centros de poder están ubicados lejos de ellos, en áreas urbanas aisladas, sin tomar contacto directo con sus problemas…

Francisco refiere a los miles de millones de excluidos y sobre la forma que está siendo tratado el tema en los debates políticos o económicos y yo, ampliaría, en los sociales e incluso religiosos. No me referiré aquí a los excluidos o refugiados en el mundo, sino a los descartados que conviven con nosotros en la Argentina, porque a eso estoy apuntando en estas líneas: cómo nos alcanzan a nosotros las palabras del Papa y a que en lugar de ver la paja en el ojo ajeno, veamos la viga en el nuestro.

En la Argentina viven 18 millones de pobres y de estos 1,6 millones son indigentes. Pero los excluidos son muchos más: 5 millones de personas no tienen las necesidades básicas satisfechas; el 9,1% son desocupados; el 47% de la población que no alcanzó el nivel primario completo; 639.621 personas analfabetas; 499.467 jóvenes nunca concurrieron a un establecimiento de enseñanza formal; 648.845 hogares que viven cerca de basurales; 1.141.444 de los hogares están ubicados en zonas inundables; 27,8% de las personas carecen de vivienda propia, tienen viviendas precarias o viven hacinados; otros carecen de elementos de calefacción en zonas frías; 4.324.622 personas viven en viviendas con servicios de provisión de agua y desagüe insuficiente; 2,6% viven en hogares sin baño; 16,1% de los hogares no cuentan con agua de red pública para beber y cocinar; numerosos argentinos no tienen cobertura médica para atender sus enfermedades, no disponen de recursos para pagar los medicamentos y deben concurrir a servicios públicos que les otorgan turnos de atención para varios meses después; numerosos sufren de enfermedades crónicas derivadas de la falta de políticas sanitarias o medidas de saneamiento ambiental del Estado; personas discapacitadas no cuentan con los establecimientos de educación o de sanidad especializados; menores embarazadas o madres solteras no cuentan con el apoyo económico y psicológico adecuado; numerosos ancianos son recluidos en geriátricos lamentables, porque el apoyo económico del PAMI, IOMA y otras instituciones, es absolutamente insuficiente para atender adecuadamente a los adultos mayores; menores están internados en institutos a la espera de ser adoptados; otros argentinos padecen trastornos debido al consumo de psicotrópicos; esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y delirantes; los alcohólicos; los que sufren enfermedades terminales sin ningún apoyo psicológico o padecen de enfermedades raras con serias dificultades para disponer del tratamiento específico o genéticas que no pueden evitar; los que sufren discriminación por su orientación sexual, obesidad, estéticas u otras razones; los que sufren bullying; los reclusos en cuya prisión están hacinados y sin posibilidad de recibir la instrucción y el apoyo necesario para la reinserción en la sociedad, etc. Pero, también, son excluidos los que por su disponibilidad económica o educación no pueden acceder a las expresiones culturales y artísticas, a la tecnología o los que no están motivados para la lectura, la música o el conocimiento de otros idiomas que les permita acceder al mundo con mayores probabilidades y lograr un mayor bienestar espiritual, social y económico.

Los que sufren por no poder alcanzar un “estado de completo bienestar físico, mental y social”.

Es muy interesante que estas cuestiones relativas a la exclusión social se aborden en convenciones, se efectúen acuerdos y se firmen tratados, pero no alcanza, como bien plantea la Encíclica Papal, el que sean incorporadas “casi por obligación o de manera periférica, si es que no se los considera un mero daño colateral”. La exclusión, puede ser tratada en foros, en el campo académico o con funcionarios internacionales, pero, la exclusión la debe resolver cada gobierno, quien se supone que conoce las razones, las particularidades y la dimensión del problema; no es una cuestión de lamentarse, pasar estadísticas o hacer grandes enunciados y promesas en foros, como si el problema lo tuviesen otros —que también lo tienen— es una cuestión inherente a la responsabilidad del gobernante de alcanzar el bienestar de su pueblo.

Nos hemos cansado de escuchar en foros que para tal año aseguraríamos los derechos de las personas, reduciríamos el hambre y garantizaríamos el acceso al agua. Han pasado más de 70 años de las primeras declaraciones de buena voluntad y, en ese tiempo, han contraído enfermedades y muerto millones de personas.

En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos afirmaba en su artículo 25º que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación…”. En 1966, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11º se afirmó: “el derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre. Este derecho a la alimentación tiene incluso el carácter derecho fundamental. Es el primer derecho económico de la persona humana”.

En 1973 la FAO inscribió por vez primera el concepto de seguridad alimentaria en el orden jurídico internacional y en 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena, promovió “la necesidad de garantizar a todos el disfrute de un auténtico derecho a la alimentación”.

El Preámbulo del Código de Ética CAC/RCP-1979 indica que en el Comercio Internacional de Alimentos “La alimentación debe ser suficiente, inocua y sana”, siendo ello decisivo, para lograr un nivel de vida adecuado del hombre, la mujer y las familias.

En 1995 en Copenhague se celebró la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, donde se expresó el decidido empeño en la lucha contra el hambre y la erradicación de la pobreza.

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación realizada en 1996 en Roma, el presidente de la República Italiana Oscar Luigi Scalfaro, entre otras cosas manifestó:

Se trata de una Asamblea política que quiere afrontar un problema humano gravísimo, en el que la justicia está sometida a una dura prueba: el problema de los que tienen suficientes medios de vida, quienes no los tienen, de quienes pueden derrochar y derrochan y quienes mueren de hambre y desnutrición. Hoy, pues, en la primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno dedicada al tema de la seguridad alimentaria, debe quedar claro para todos, que el objeto de nuestras reflexiones y de nuestro compromiso, es el reconocimiento de un derecho natural de la persona humana, del cual se deriva el deber común de tutelarlo, de hacerlo realidad, para que no quede reducido a una proclamación inútil y vacía. No se puede admitir que siga habiendo hoy más de 800 millones de personas que no están en condiciones de satisfacer sus necesidades nutritivas elementales. Esto es inaceptable para nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno, responsables de la vida de la comunidad internacional, pero es aún más inaceptable en el plano de la responsabilidad moral, de la cual nadie puede sustraerse. El llamamiento que surge de la desesperación de una parte muy grande de la humanidad va dirigido no sólo a los gobiernos, sino también a todos los miembros de la sociedad civil, comenzando por quienes disponen de las mayores posibilidades económicas y financieras, en muchos casos excesivas.

El Secretario General de las Naciones Unidas Boutros-Ghali en la misma Cumbre expresó:

El problema del hambre no es sólo una cuestión económica, social o política, sino también una cuestión ética y moral. Porque el hambre es un atentado directo no sólo contra la integridad física de la persona humana, sino también contra su dignidad misma. El hambre es un insulto a los valores fundamentales de la comunidad internacional. Y somos perfectamente conscientes de que una sociedad se condenaría al oprobio y el descrédito si, a finales del siglo XX, siguiera manteniendo lo que Su Santidad ha llamado tan acertadamente ‘las estructuras del hambre’. Sabemos que quedan por realizar muchos esfuerzos. Porque perdura el escándalo del hambre. ¡Todavía hoy, una de cada cuatro personas padece hambre! ¡Ochocientos millones de personas sufren desnutrición crónica! En este mismo instante, 200 millones de niños menores de cinco años padecen malnutrición y carencias alimentarias. ¡Esto es inadmisible! Es totalmente inaceptable ver cómo ciertas partes del mundo rebosan de alimentos, mientras que otras carecen de productos alimenticios de primera necesidad. Pues el problema del hambre no es sólo un problema de producción. Es también un problema de distribución. Esto supone un rudo golpe para nuestro concepto de la igualdad y la justicia social. Al señalar a la atención de todas las amenazas que plantean el hambre y la malnutrición para países y regiones enteras de nuestro planeta, la Cumbre Mundial coloca claramente el problema del hambre entre las principales prioridades presentes y futuras de la comunidad internacional.

El Papa Juan Pablo II, dirigió una nota al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, con motivo de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación realizada entre el 13 y 17 de noviembre de 1996 en Roma (Italia), recordándole que el lema de la Organización era Fiat panis, y que este lema evoca la oración más querida a todos los cristianos, la que les ha enseñado Jesús mismo: “Danos hoy nuestro pan de cada día. Así pues, trabajemos juntos sin descanso para que todos, en cualquier lugar, puedan poner sobre su mesa el pan para compartir”.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas (A/RES/55/2, 13.09.2000, 8a. sesión plenaria, 8 de septiembre de 2000) se aprobó por Res. 55/2 la “Declaración del Milenio” que en sus puntos más salientes indicaba:

Que nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno, nos hemos reunido en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 6 al 8 de septiembre de 2000, en los albores de un nuevo milenio, para reafirmar nuestra fe en la Organización y su Carta, como cimientos indispensables de un mundo más pacífico, más próspero y más justo… Reconocemos que, además de las responsabilidades que todos tenemos respecto de nuestras sociedades, nos incumbe la responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial. En nuestra calidad de dirigentes, tenemos, pues, un deber que cumplir respecto de todos los habitantes del planeta, en especial los más vulnerables y, en particular, los niños del mundo, a los que pertenece el futuro. Que no debe negarse a ninguna persona ni a ninguna Nación la posibilidad de beneficiarse del desarrollo. Debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres. Que los problemas mundiales deben abordarse de manera tal que los costos y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los principios fundamentales de la equidad y la justicia social. Los que sufren, o los que menos se benefician, merecen la ayuda de los más beneficiados. Que resolvemos, en consecuencia, crear en los planos nacional y mundial un entorno propicio al desarrollo y a la eliminación de la pobreza. Que no escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema… Estamos empeñados en hacer realidad para todos ellos el derecho al desarrollo y a poner a toda la especie humana al abrigo de la necesidad. Que el logro de esos objetivos depende, entre otras cosas, de la buena gestión de los asuntos públicos en cada país… Que decidimos, asimismo: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta que padezcan hambre; igualmente, para esa fecha, reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua potable o que no puedan costearlo.

Cinco años después de la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, en la Alianza Internacional contra el Hambre, los Jefes de Gobierno ratificaron “la voluntad política y su dedicación común y nacional a conseguir la seguridad alimentaria para todos y a realizar un esfuerzo constante para erradicar el hambre de todos los países, con el objetivo inmediato de reducir el número de personas subnutridas a la mitad de su nivel no más tarde del año 2015”; reconociendo (punto 3) “que los progresos hechos no son suficientes para alcanzar el objetivo de la Cumbre. Reconociendo que la responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria nacional incumbe a los gobiernos nacionales en cooperación con la sociedad civil y el sector privado…” y subrayando (punto 4) “que las estrategias de reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria deberían, entre otras cosas, incluir medidas encaminadas a aumentar la productividad agrícola y la producción y distribución de alimentos. Acordando promover el acceso de los hombres y las mujeres en condiciones de igualdad a los alimentos, el agua, la tierra, el crédito y la tecnología, lo que ayudará también a generar ingresos y a crear oportunidades de empleo para las personas pobres y, en consecuencia, contribuirá a reducir la pobreza y el hambre”.

La propuesta en octubre de 2001 del entonces candidato a presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva del Proyecto Fome Zero expresó la voluntad de “transformar en prioridad nacional el tema del hambre y abordarlo desde la acción planificada y decisiva del Estado, impulsada por la participación social. Con la victoria en 2003 se transformó en la principal estrategia gubernamental a partir de la cual orientar las políticas económicas y sociales, y se inició la implementación del Programa Fome Zero bajo la coordinación del Ministerio Extraordinario de Seguridad Alimentaria y Lucha contra el Hambre, a partir de un gran esfuerzo jurídico de elaboración de los instrumentos de la política de seguridad alimentaria. Entre estos, la creación del Programa Tarjeta Alimentación, destinado a la compra de alimentos por parte de las familias, que permitió unificar las transferencias de renta a las familias en situación de inseguridad alimentaria y nutricional”.

Por su parte, el Papa Francisco, en su carta del 16 de octubre de 2013 dirigida al Director General de la FAO Sr. José Graziano, en ocasión de realizarse la Jornada Mundial de Alimentación calificó de “un escándalo que exista el hambre y malnutrición en el mundo” y criticó “el consumismo, el desperdicio y el despilfarro de alimento”.

En el 2015 venció el plazo impuesto en el 2000 en las Naciones Unidas por los gobiernos, entre ellos el argentino, para reducir en un 50% del hambre. El plazo se cumplió y, el drama crece, mueren y viven en la exclusión millones de personas y, aumenta el número de refugiados.

Los gobiernos argentinos han incumplido sus obligaciones y la ley: la Constitución Nacional en su artículo 41º indica que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano…” y en el artículo 42º establece que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a condiciones de trato equitativo y digno”, para lo cual “Las Autoridades proveerán a la protección de esos derechos…”. En el Capítulo IV artículo 75º inc. 23, se da facultades al Congreso para “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos…”, donde el alimento y el agua -elementos indispensables para la vida- deben estar al alcance de todos, sin discriminación, para asegurar el desarrollo del hombre y la mujer, y garantizar su salud y la de su familia.

Este Derecho Constitucional no es una dádiva. No puede ser confundido con una dádiva.

Y ello, se agrava en nuestro país, porque, insólitamente, aunque nos sobran alimentos para exportarlos, nos faltan para que los consuman las poblaciones vulnerables de nuestro país. Es doblemente indigno que un país con recursos alimenticios tenga ciudadanos desnutridos, con hambre, expuestos al mal desarrollo físico e intelectual. Una vergüenza nacional. Representa, como diría, Bernardo Kliksberg, un verdadero escándalo ético.

Pese a que hay que destacar el trabajo encomiable que realizan numerosas ONGs para paliar el hambre en la Argentina, tratando de cubrir las carencias nutricionales de las personas más vulnerables, supliendo la obligación del Estado de generar trabajo para que se cumplan aquellos versos de José Hernández: “debe trabajar el hombre para ganarse su pan”; es indigno, que hombres, mujeres, niños y ancianos deban recibir un alimento de subsistencia como una limosna y no como un derecho previsto en la Carta Magna, hasta tanto se les provee un empleo a todos los conciudadanos, conforme a las capacidades e incapacidades que el propio Estado ha provocado con sus políticas de educación, salud y desarrollo nacional.

Ya me he referido al Plan de Alimentación que lleva el gobierno nacional a través del otorgamiento de una Tarjeta Alimentaria, la que, si bien es un importante paliativo, su aplicación —a mi entender— debiera reformularse, porque se limita a ser asistencial, concentra las compras en los grandes supermercados y no provoca el desarrollo productivo e industrial de la pequeñas y medianas empresas (PYMES) para generar nuevas fuentes de empleo.

“El reto del hambre y de la malnutrición no solo tiene una dimensión económica o científica, que refiere a los aspectos cuali-cuantitativos de la cadena alimentaria, sino también y, sobre todo, una dimensión ética y antropológica”.

El Cuidado de la Casa Común es indelegable, aumenta la degradación de los pueblos el solo exponer a terceros a su exclusión social y, deja de manifiesto, la incapacidad del gobernante para iniciar un camino esforzado y sostenido, destinado a poner fin —definitivamente— a esta vergüenza.

Cuidar la Casa Común, es como refiere el Papa Francisco, “escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres”. Es imposible en un ambiente inapto, con pobres comiendo de la basura y, una sociedad que transita imperturbable la miseria y la exclusión.
Cuidémonos del Coronavirus y aprestémonos a resolver definitivamente el problema de la pobreza que, con el avance de la tecnología, será creciente, si no buscamos nuevas formas de generación de empleo.

  

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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