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¿QUIÉN EJERCE EL PODER EN EL ATLÁNTICO SUR?

César Augusto Lerena*

Una ONG desconocida, denominada OPRAS (Organización para la Protección de los Recursos del Atlántico Sur) que, por su integración sería un brazo de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de Argentina (CAPECA), después de acordar con el Sindicato de Armadores de Industrias de Pesca de Brasil (SINDIPI), nos sorprende, haciendo lo mismo, con Armadores Españoles, para cuidar nuestros recursos pesqueros (¿?). Esto, nos ha servido como disparador para preguntarnos ¿quien ejerce el poder en el Atlántico Sur?

Días pasados, reflexionando sobre la situación de ocupación del Atlántico Sur, la pesca ilegal extranjera, la matriz extractiva nacional y la crisis internacional, repasé la situación, pensando quiénes son los actores y, cuál es su participación en estas cuestiones.

La Argentina con una ZEE de 3.146.345 km2, 6.816 km de costa, 1.784.000 km2 de plataforma continental, millones de km2 en el sector meridional del Atlántico Sur y la Antártida, es un “ESTADO MARÍTIMO”, del cual 1.639.900 km2 está ocupado por el Reino Unido y, con o sin licencias británicas, buques españoles, chinos y otros extraen ilegalmente todos los años un millón de toneladas de recursos pesqueros del mar argentino o migratorios de este.

En este escenario, Uruguay presta apoyo logístico portuario a esos buques depredadores. El vuelo a San Pablo desde Malvinas promoverá el intercambio de las islas con ese país y le servirá de pie de playa al mundo, amén que los isleños sigan llevando sus productos a España si la UE aprueba el libre comercio con el Reino Unido luego del Brexit o, si este no ocurriese, a través de los joint venture españoles-británicos en Malvinas. Por su parte, ahora Chile, presenta un reclamo sobre la presentación de Argentina ante la ONU de los límites exteriores de la Plataforma Continental.

Es un complejo menú por resolver en el Atlántico Sur. Estamos en problemas con tres de los cuatro países del MERCOSUR y, a ello, se nos agrega el reclamo de Chile y la pretensión de una ONG y empresas españolas de cuidarnos el recurso que los chinos y otros países asiáticos nos quitan y les quitan a los españoles (¿?). En principio, me resultan muy raras tres cosas: la primera, que para este objeto la citada CAPECA forme una ONG para cuidar sus intereses en el mar argentino, cuando a través de la Cámara podría actuar ante los poderes competentes; la segunda, que los buques españoles que pescan a distancia —tan depredadores e ilegales como los chinos— pretendan cuidar recursos de la Argentina y, la tercera, que las Autoridades competentes no ejerzan el debido poder administrador del Atlántico Sur. No es un tema menor lo que está pasando desde hace 40 años en el Atlántico Sur, que se agrava en forma sostenida y creciente. Es decir, la situación en el Atlántico Sur es un “escenario de fricción” como denominaría Marcelo Elizondo. Al que debemos agregarle nuestra situación general (pandemia, deuda externa, caída industrial, pobreza, desocupación, etc.) y de un sector pesquero que, en forma endémica, recicla un mismo modelo extractivo y se agrava a los habituales problemas internos por la caída de la demanda y del precio internacional.

Dejaré para una próxima oportunidad las cuestiones relativas a la administración pesquera de Argentina, para avanzar con las extrañas, pero, no puedo dejar de mencionar el absurdo de haber promovido las “Áreas Marítimas Protegidas (AMP)” que limitan, la explotación pesquera, en algunos casos en favor del Reino Unido en Malvinas (ya profundizaré en otro trabajo), para cuya restricción hubiese bastado la intervención del INIDEP y del Consejo Federal Pesquero y, las primeras informaciones que indican detonaciones en las áreas —sin estudio de impacto ambiental previo— asignadas a la explotación petrolera que podrían afectar la actividad pesquera.

El caso Chile. La Argentina realizó la presentación el 21 de abril de 2009 en la ONU de los límites exteriores de su Plataforma Continental, sobre trabajos iniciados en 1997 y ello dio lugar a la “aprobación de las recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de la ONU el 28 de marzo de 2016. Con tal motivo elaboré para el Senador Pino Solanas un proyecto de ley de aprobación de las recomendaciones bajo el expediente S-2182/16 del 10/8/16, que durmió el sueño de los justos. Chile recién apoyó la CONVEMAR en 1997 y habría hecho la presentación a la ONU en 2019. Su gobierno hoy efectúa el reclamo —que parece dirigido a su política interna— porque, bien es sabido, que la Comisión de la ONU solo efectuó “recomendaciones” y no aprobaciones, las que quedan firmes si no hay reivindicaciones similares. Si, llama la atención, que al referirse a los límites de nuestros archipiélagos algunos autores chilenos refieran a “los amplios espacios del Atlántico Sur actualmente bajo administración del gobierno británico…”. No parecen haber cambiado mucho los apoyos probritánicos en Chile.

El caso Uruguay. No puede postergarse un Acuerdo con la República de Uruguay. Un Acuerdo ampliatorio del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo firmado en 1973, que puede resolverse muy satisfactoriamente para ambas partes y que lleve a la práctica una verdadera integración rioplatense postergada por 200 años. El daño que nos ocasiona la logística que realizan chinos y españoles en los puertos se Uruguay es tan grave en lo económico como en nuestra relación soberana en el Atlántico Sur. Está en el gobierno argentino ponderarlo y actuar en consecuencia.

El caso Brasil. La autorización de los vuelos a Brasil desde Malvinas habría que cancelarla, porque, a lo ya dicho precedentemente, consolida un quiebre a todos los acuerdos suramericanos de no facilitar las operaciones del Reino Unido desde Malvinas. La generación de negocios entre los ocupantes de Malvinas y Brasil tendrá un carácter irreversible y una ruptura de las políticas de unidad latinoamericanas.

El Reino Unido en Malvinas. No repetiremos lo mucho ya tratado sobre los avances del Reino Unido en el Atlántico Sur desde la firma de los llamados “Acuerdo de Madrid” y la fórmula del paraguas. Si, destacaremos el gravísimo hecho de que, en esta política de consolidarse en la región y violar la Resolución de la ONU 31/49 sistemáticamente, el Reino Unido, el pasado 25 de mayo, inauguró un Puerto con un costo de ₤ 11 millones, en las islas Georgias del Sur para darle apoyo a buques de investigación, de patrulla de pesca y de la Royal Navy armados.

El Consejo Federal Pesquero. A todo esto y, haciendo la advertencia que los miembros de este Consejo están habilitados para participar de manera remota, en ninguna de las 10 Actas de reuniones de 2020 de las cuales tomamos vista, se trataron los asuntos gravísimos citados (con alcance al sector pesquero) —incluso el ingreso de 100 buques extranjeros a la ZEE— pese que conforme el artículo 7º, 9º y s.s. de la Ley 24.922 el Subsecretario de Pesca y el Consejo Federal Pesquero —que preside— son los responsables de establecer y ejecutar la política pesquera nacional.

Frente a esta suerte de default de gestión, no resultaría raro, que las Cámaras Empresarias del país y hasta ONGs se ofrezcan a ayudar a cuidar nuestros recursos, ya que es necesario que en las actividades públicas haya una participación privada; lo que sí, llama la atención, que lo hagan mediante un Acuerdo con pescadores españoles agrupados en la Asociación Española de Armadores de Buques de Pesca de Merluza (ANAMER) y de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), muchos de ellos, propietarios de los buques que pescan y depredan nuestros recursos migratorios del Atlántico Sur con o sin licencia británica de Malvinas. Aceptar la participación de empresas no radicadas en la Argentina para que cuiden nuestros recursos pesqueros sería como “dar al zorro a cuidar el gallinero”. Luego, que algunos portales titulen a este acuerdo como firmado por “Representantes de Argentina y España” seguramente será para magnificar el absurdo.

Esta propuesta me hace acordar al Acuerdo firmado con el Reino Unido por Cavallo, para evitar que los buques asiáticos pescaran en una medialuna al este de Malvinas, que posibilitó luego al Reino Unido el otorgamiento de licencias pesqueras, precisamente, entre otros, a los españoles.

Seamos claros, los buques españoles realizan igual pesca ilegal (INDNR) que los chinos, etc. Empezando, porque si lo que se quiere es preservar “la salud de los ecosistemas del área” (sic), debieran saber que tanto el calamar, como la merluza, etc. forman parte del Ecosistema Pesquero Argentino y, no solo, los recursos dentro de la ZEE Argentina, sino, muy especialmente los migratorios o asociados, como desde 1995 lo establece la Ley 24.543 y desde 1998 la Ley 24.922 que, con el fin de proteger los derechos preferentes de la Argentina, en su condición de Estado Marítimo (ribereño para la CONVEMAR) y, teniendo presente el preámbulo de ésta que destaca tener en cuenta “…en particular, los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo, sean ribereños o sin litoral” y, por tanto, las empresas españolas deben acordar su captura con la Argentina en su carácter de país Ribereño y, no con el Reino Unido de Gran Bretaña —como lo vienen haciendo— que en forma prepotente ocupa el territorio marítimo argentino y el Archipiélago de Malvinas, al igual que lo hace con Gibraltar.

Los buques españoles, que refieren venir pescando “desde hace 37 años” (recordemos Malvinas, 1982) no debieran regirse —como dicen— en el Atlántico Sur por “normativas específicas de la Unión Europa” (sic), y, dejar de hacerlo, como el propio acuerdo entre OPRAS y el SINDIPI brasileño lo indican: en absoluta colisión con las regulaciones que rigen en aguas jurisdiccionales para las especies transzonales y asociadaspara enfrentar con razonabilidad el daño que los extranjeros que pescan a distancia (NdA: entre otros los españoles) están provocando en el ecosistema del Área y sus recursos. No caben dudas de que los derechos e intereses de los estados ribereños, explícitamente mencionados en el artículo 116 de la CONVEMAR se ven sistemáticamente atacados e ignorados” (sic), más aún cuando en el Atlántico Sudoccidental aplican las normas precedentemente citadas, resultando tan cristalino como insólito este Acuerdo, donde refieren que no van a regular en el área ocupada por el Reino Unido en Malvinas: “…sin que su extensión afecte a los espacios marítimos susceptibles de disputas o controversias relativas a jurisdicción o soberanía” (sic) que, seguramente, se reservan para seguir pescando con las licencias ilegales otorgadas por los británicos en Malvinas o asociados a ellos. Un disparate contrario a los intereses nacionales de la llamada OPRAS y una irreverencia inaceptable de los firmantes españoles. Me vienen a la memoria los Acuerdos Marco URSS-Bulgaria y el firmado con la Unión Europea (empresas españolas) cuyos buques nunca pescaron en la zona de exclusión británica en Malvinas.

Y debo adherir a lo dicho respecto a la pesca ilegal en el acuerdo entre OPRAS y el SINDIPI brasileño, ya que utilizando sus argumentos —que por razones de espacio no transcribo— ratifico que tanto los españoles como chinos realizan pesca ilegal (INDNR) en el Atlántico Sur y, por lo tanto —reitero— el carácter de absurdo del acuerdo firmado con los armadores españoles. Acuerdo que, en todo caso, debiera promover el Estado Nacional —con la participación de todo el sector empresario y gremial— y absolutamente ajustado a la legislación nacional, teniendo en cuenta nuestra preferencia de Estado ribereño.

Refiere OPRAS en su acuerdo con el Sindicato Brasileño que “si bien la FAO y las Naciones Unidas, están en conocimiento de la situación, la falta de acciones gubernamentales concretas parecen empañar la gravedad, excusando inapropiadamente a los organismos multilaterales, hasta el momento, de actuar…”, es decir, responsabiliza a las organizaciones locales y a la inacción de los organismos multilaterales, sobre las que parecen quererse colocar esta ONG, para resolver un problema que, en el caso del acuerdo español, es parte. Como si los depredadores solo fueran asiáticos y estos buques españoles que confiesan vienen pescando hace 37 años en el Atlántico —precisamente, cuando los británicos recuperaron Malvinas— con buques congeladores de gran porte pescando a distancia en caladeros externos (léase, entre ellos el Atlántico Sur), donde manifiestan tener 193 buques y efectúan el 58% de sus capturas. No son unos pobres pescadores artesanales.

Finalmente surge de la lectura de los objetivos de OPRAS, que esta entiende que los problemas de explotación ilegal más allá de las 200 millas de la ZEE excede la actual capacidad de los organismos públicos para adoptar medidas consistentes con sus facultades y limitaciones geopolíticas” (sic) y, pese a su condición de ONG sin fines de lucro manifiesta su deseo de: “crear una Comisión Técnica de Administración del Área Regulada, con una integración mixta, donde el sector público y las organizaciones promotoras” (sic) “la participación de OPRAS y su oportuna integración en la Comisión Administradora o Comité Ejecutivo correspondiente” (sic), “integrar a OPRAS en comisiones de regulación…” (sic); Establecer una relación institucional formal y activa con las organizaciones internacionales o multilaterales, en relación con la ordenación de los recursos…” (sic) “Promover e impulsar un sistema de gobernanza y ordenamiento pesquero…” (sic), en síntesis, parece la OPRAS reservarse un lugar en la administración de los recursos de todos los argentinos.

Y reitero la pregunta: ¿Los españoles nos cuidarán los recursos? Y ¿quién ejerce el poder administrador y soberano en el Atlántico Sur?

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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LA CAUSA MALVINAS

César Augusto Lerena*

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La Cancillería Argentina en sus primeros sesenta días dio algunos pasos positivos destinados a cambiar el modelo de estrategia respecto a la Causa Malvinas, modelo que continuó y profundizó la Cancillería de Malcorra y Faurie. Esta nueva etapa jerarquizó la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur y puso razonablemente bajo control de ésta a la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina (COPLA); suspendió las reuniones sobre las investigaciones pesqueras conjuntas que se iniciaron el 4 de diciembre de 1995 con el Reino Unido en el ámbito del Atlántico Sur (más allá incluso de la FICZ, la zona de exclusión inglesa); desafectó de la embajada del Reino Unido al Embajador Renato Carlos Sersale, quien en el 2018 había calificado de “máximas autoridades” a las británicas usurpadoras en Malvinas, y a Carlos Foradori de la Embajada ante los Organismos Internaciones con sede en Ginebra, quien en 2016 firmara el lamentable Pacto Foradori-Duncan donde se ratificó de hecho el Acuerdo de Madrid y se declaró: “adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas” manteniendo viva la “fórmula del paraguas”. Nunca, desde el Acuerdo de Madrid, nadie se había atrevido a tanto. Este pacto reactivó las investigaciones conjuntas pesqueras que habían sido suspendidas en el 2005 (debido a que los británicos otorgaron licencias de pesca por 25 años en Malvinas) y, habilitó los vuelos entre Malvinas-San Pablo-Córdoba, facilitando el comercio de Malvinas y la sobrevivencia de las islas a los probables cambios arancelarios a partir del Brexit.

La Causa Malvinas no es una cuestión en la que podamos poner en duda la pertenencia ni el objetivo, que ya está perfectamente definido en la cláusula primera de las Disposiciones Transitorias de la Constitución Nacional: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”. Podremos, en todo caso, discutir la estrategia y la táctica para el logro de este objetivo, pero no, caer en el absurdo, de considerar máximas autoridades de las islas a las británicas o remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de Malvinas.

El gobierno saliente ha hecho todo lo posible para favorecer al Reino Unido.

Así las cosas, este nuevo gobierno podría llevar adelante algunas “ideas fuerza” que me limitaré —sin orden de prevalencia— solo a señalar, por tratarse de cuestiones sensibles:

    1. Promover un Protocolo Adicional Mercado Común Pesquero (MERCOPES) en el Atlántico Sudoccidental y Pacífico Sudeste, dentro del Tratado del MERCOSUR, entre sus miembros la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y sus adherentes Bolivia y Chile, con el objetivo de a) Ocupar el área adyacente del Atlántico Sudoccidental con buques de los países del MERCOSUR y adherentes, promoviendo el interés de estos en desplazar la ocupación extracontinental del mar austral; b) Desalentar a los buques extranjeros que pescan ilegalmente en el Atlántico Sudoccidental y en el Pacífico Sudeste; c) Promover la utilización de los puertos argentinos, la radicación industrial y la ocupación de mano de obra nacional; d) Integrar las economías, el consumo interno y el comercio internacional de Latinoamérica; e) Consolidar el liderazgo argentino en Suramérica.
    2. Llevar adelante un proyecto de integración rioplatense con la República del Uruguay (renovando una estrategia ya aplicada por el España hace más de 200 años) para fortalecer la presencia argentina en el área norte del Atlántico Sur y su acceso al Río de la Plata. Entre los primeros: a) ampliar los alcances del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo; b) iniciar las conversaciones sobre el emplazamiento y financiamiento de un puerto binacional de aguas profundas (con un marco legal ajustado, similar al vigente entre Argentina y Chile en la explotación minera); c) eliminar los impuestos al transporte entre ambos países para facilitar el intercambio de personas y bienes; d) Promover, a través de sistemas de compensación, la eliminación del uso de los puertos uruguayos por parte de la flota ilegal que opera en el Atlántico Sur; e) Promover una agenda cultural común entre ambos países.
    3. Promover un Acuerdo de complementación del Tratado de Paz con Chile respecto a la Cooperación en el Canal del Beagle; el corredor bioceánico Atlántico-Pacífico y el turismo en la Provincia de Tierra del Fuego y Chile, de forma de fortalecer la posición de Argentina en el Océano Austral, la Antártida y el corredor bioceánico, generando una relación de mayor confianza con Chile con el fin de promover mayores acuerdos con este país vecino que consoliden la posición Argentina en el mar austral.
    4. Profundizar el pre Acuerdo con la Unión Europea, en al menos tres líneas: a) acordar la certificación argentina de origen de las materias primas extraídas de las áreas FAO 41 y 48 (El Atlántico Sudoccidental); b) acelerar el ingreso de productos finales (con valor agregado) a la Unión Europea libre de aranceles y, c) mientras ello no ocurra procurar que la Unión Europea de el mismo tratamiento arancelario a la Argentina que a todas las materias primas capturadas en el Atlántico Sudoccidental dentro o fuera de la Z.E.E. Argentina. Entendemos como muy urgente profundizar la relación con algunos países de la Unión Europea, para tratar de incidir respecto al tratamiento arancelario que recibirá la pesca en el Atlántico Sur, etc. y, especialmente España y los territorios de Ultramar (Malvinas, etc.) en esta etapa de negociación post Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea.
    5. Promover la adhesión de todos los países de América del Sur al Tratado Antártico y la firma de un acuerdo de transformación del Continente Antártico en la “Reserva Ambiental, Científica, Acuífera y Alimentaria de Latinoamérica” con el objetivo de visibilizar las acciones de Argentina sobre la Antártida y el Océano Austral (idea original del General Leal) y fortalecer su posición en esta área.
    6. Promover una Comisión de notables y especialistas para producir un Informe relativo a los llamados Acuerdos de Madrid y la eventual convocatoria a una bicameral, en función del quebrantamiento por parte del Reino Unido de la Resolución de la ONU 31/49 que pidió a ambos gobiernos que aceleren las negociaciones de soberanía e instó a las partes a abstenerse de adoptar modificaciones unilaterales mientras no se realicen las negociaciones relativas a la disputa sobre soberanía (Res. 2065/65 y Res. 3160/73) y, en igual sentido, por analogía, las Res. de la ONU Nº 3171/73 y ONU 3175/73 relativas a soberanía sobre los recursos naturales que no deben explotarse en el país ocupado.
    7. Promover Acuerdos con las flotas pesqueras (y muy especialmente con las españolas) que pescan en el área adyacente del Atlántico Sur para desalentar el uso de licencias británicas en Malvinas y, provocar, accesoriamente, el aumento de la industrialización en la Argentina y la consecuente generación de empleo nacional. Es urgente tomar algunas acciones destinadas a desalentar la iniciativa de construir (BAM Nuttall Ltd.) un nuevo puerto en Malvinas, cuya firma del contrato estaría previsto realizar en marzo de 2020.
    8. Ratificar la congelación de las investigaciones conjuntas pesqueras con el Reino Unido en Malvinas hasta que a) la Argentina no pueda controlar a través de observadores nacionales las capturas de los buques extranjeros licenciados ilegalmente por el Reino Unido, b) Establecer el daño ecológico que provoca esta captura, en atención a que el ecosistema es único en el Atlántico Sur y las capturas de estos buques afectan a la biomasa pesquera y al recurso que captura la Argentina en su territorio.
    9. Establecer Áreas Marítimas Protegidas (AMP) en las 1.639.900 Km2 que ocupa el Reino Unido en el Atlántico Sudoccidental y Austral y, en el área adyacente de la Zona Económica Exclusiva Argentina donde migran especies pesqueras argentinas que luego son capturadas por buques extranjeros ilegales, fundado, en que la falta de control de Argentina, en esos espacios marítimos, impide controlar las extracciones y descartes de los recursos migratorios nacionales, depredando los recursos y comprometiendo el ecosistema en el Atlántico Sur.
    10. Revocar la autorización de los vuelos desde Malvinas a San Pablo, ya que a prima-facie se entiende que frente al Brexit esta ruta favorecerá el comercio de las Islas Malvinas a un mercado de alto consumo como es San Pablo y la apertura desde esta ciudad al comercio mundial.
    11. Elaborar un Proyecto de Ley de Toponimia en las Islas Malvinas en homenaje a los argentinos caídos en Malvinas (ya elaboré un proyecto al respecto), denominando con sus nombres a todas las islas, islotes, penínsulas, etc., y crear la Comisión de Toponimia de las Islas Malvinas para que en un año eleve al Poder Ejecutivo los nombres propuestos.
    12. Todas las acciones que deriven de las relaciones referidas a Malvinas.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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IMPOSIBLE VIVIR CON TRANQUILIDAD ABSOLUTA

Agustín Saavedra Weise*

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En el fondo de cada ser humano residente en ciudades (hoy la inmensa mayoría mundial) existe el deseo de encontrar un sitio soñado dónde pueda vivir sin sobresaltos. Algunos eligen islas del Pacífico, otros pequeñas poblaciones en el interior de Europa o de Estados Unidos y Latinoamérica. Asia y África no son continentes muy apetecidos por los occidentales para vivir, pero tal vez sea más por ignorancia que por conocimiento. Sin ir muy lejos, en Asia está Singapur, un pequeño país con elevado estándar de vida y mucha seguridad. El Japón ofrece seguridad, pero no tranquilidad; en cualquier momento un tsunami o un terremoto le pueden alterar drásticamente la vida a cualquiera o, peor, quitársela.

El tema del Chile de hoy es dramático. En algún momento fue considerado como “país modelo” para los emergentes por sus índices de crecimiento e inclusión social, pero está visto que algo andaba mal por debajo de la capa de aparente satisfacción. Ya van varias semanas de acciones violentas, con destrucción generalizada de infraestructura y servicios públicos. La prístina imagen del Chile pacífico y ya “casi” desarrollado (cuyas élites querían compararse con Finlandia, no con América Latina) se fue al tacho, como vulgarmente se dice. Costará mucho tiempo revertir lo que ahora se muestra. No es normal que un país arrastre tanto tiempo de convulsión. Los costos son astronómicos y el deterioro de la imagen de Chile sigue en picada.

Tiempo atrás comentaba con varios amigos acerca de qué país latinoamericano elegirían para vivir en paz. La mayoría eligió dos países: Chile y Uruguay. Es obvio que el Chile actual ha quedado descartado por un buen tiempo… Por otro lado, cuando residía en Suiza durante el conflicto entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas (1982) leí una anécdota en el Herald Tribune de la época que la recuerdo hasta hoy. Una pareja de jubilados ingleses escrudiñó el globo terráqueo en busca del lugar más pacífico para vivir. Los ancianos esposos decidieron —tras una minuciosa preselección— radicarse en las “Falklands” (Malvinas) justo una semana antes de la invasión ordenada por Galtieri y compañía… El sueño de una vida tranquila se esfumó. Moraleja: uno no sabe en qué parte del mundo en algún instante surgirá un atentado, otra invasión, desastres naturales, actos vandálicos, etc. El mundo se encuentra agitado desde hace décadas y ahora lo es más. El terrorismo organizado golpea en cualquier lugar y momento. Los llamados “lobos solitarios” atacan en supermercados o escuelas estadounidenses con máxima crueldad patológica. Es más, ya es tristemente rutinario el leer que cada semana algún loco dispara en locales públicos norteamericanos y causa estragos. Por otro lado, tornados, huracanes, movimientos telúricos e inundaciones, son cosa rutinaria casi en todas partes. Es prácticamente imposible concretar el sueño de vivir en un lugar apacible.

A medida que hay progreso crece la criminalidad y crece la posibilidad de ser víctima de hechos violentos. El caso de Santa Cruz de la Sierra se presta al tema. Cuando era un pequeño villorrio primaban armonía, seguridad y hospitalidad. Ahora que la capital oriental se transformó en urbe cosmopolita, han venido en patota la delincuencia organizada, el caos vehicular, la droga, etc. Accidentes y crímenes son cosa de todos los días. Aun así, estamos mejor que los del desarrollado hemisferio norte y varios vecinos. Nunca —en toda Bolivia— hemos tenido disturbios de la magnitud de los sufridos por Chile ahora. Existe entre nosotros una lamentable cuota de violencia e inseguridad, pero aun así son cifras bajas en comparación con otros países.

No en vano el escritor tarijeño William Bluske escribió en 1976 su libro “Subdesarrollo y Felicidad”, que ya lleva 22 ediciones. Hay algo de agradable en el atraso y eso se traduce en tranquilidad, buena vida con pocos recursos, sencillez, seguridad, etc. El incesante progreso nos hace avanzar sí, pero al unísono nos brinda un mundo cada vez más histérico, violento e inseguro.

*Ex canciller, economista y politólogo. Miembro del CEID y de la SAEEG. www.agustinsaavedraweise.com

Tomado de El Deber, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, https://www.eldeber.com.bo/159008_imposible-vivir-con-tranquilidad-absoluta