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EL JEFE DEL PENTÁGONO EN ANGOLA: IMPACTOS AFRICANOS EN EL ATLÁNTICO SUR

Del Blog de Jonuel Gonçalves

Foto: Centro da Imprensa da Presidência da República da Angola (CIPRA), Governo de Angola.

 

La reciente visita a tres países africanos (Yibuti, Kenia y Angola) del secretario estadounidense de Defensa, general Austin, llamó fuertemente la atención sobre puntos clave del continente africano, como siempre sucede en momentos de fuerte crisis mundial. Es así desde el siglo XVII.

Este movimiento suscita un importante debate en Angola, en el que destaco el artículo muy reproducido de mi amigo de Benguela, Jaime Azulay, uno de los más grandes periodistas angoleños y excombatiente de las Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola (FAPLA).

Entonces, también me uno a la conversación y veo los siguientes puntos:

Francia debilita su influencia (al menos por ahora), Rusia amplía su presencia militar y China mantiene su fortaleza económica. Estados Unidos está avanzando para llenar el vacío francés y contrarrestar a los rusos en el plano militar y a los en el económico.

Después de la visita del general Austin, Angola espera una poderosa delegación agrícola estadounidense. Recientemente en Hanoi, Joe Biden se refirió una vez más a las inversiones o financiación previstas por su país en energía solar en Angola que, de implementarse plenamente, convertirían a este país en el mayor productor africano en este sector.

Todo esto causa cierta sorpresa a escala mundial en la medida en que mucha gente todavía ve a Angola como era durante la intervención cubana, economía marxista, partido único, etc.

La definición de Estados Unidos como primer socio de Angola se hizo explícita en el discurso de toma de posesión del presidente João Lourenço (Jlo) en 2017. Por otro lado, si la Constitución angoleña prohíbe las bases militares extranjeras, el mismo artículo dice que Angola puede participar en sistemas de defensa colectiva.

El impacto angoleño en toda África Austral y Central es evidente, extendiéndose a todo el Atlántico Sur gracias a sus 1.650 kilómetros de frente marítimo.

En términos de imagen política internacional, JLo fue elegido con el 51% de los votos, perdió en la capital y la oposición prepara un proceso de destitución sin que los proponentes sean detenidos.

En comparación con la mayoría de los países africanos, es una diferencia monumental. La situación social no es diferente y tanto el gobierno angoleño como sus aliados tienen el imperativo de mejorar esta situación rápidamente. De lo contrario, la estabilidad interna y la sostenibilidad de los acuerdos estarán expuestas a perturbaciones en cualquier momento.

También en la comparación africana, los occidentales desconfían mucho de Sudáfrica. En lo que respecta a las instituciones políticas, porque el ANC (Congreso Nacional Africano) podría verse controlado por su tendencia más antioccidental o incluso perder las elecciones frente a una alianza liderada por el partido Luchadores por la Libertad Económica (EFF) de Julius Malema. En cuanto a los militares, porque la Armada sudafricana llevó a cabo maniobras conjuntas con sus homólogos de Rusia y China.

Los medios oficiales angoleños destacan el carácter de defensa y seguridad de esta visita. El jefe del Pentágono mencionó la cooperación en el ámbito del cambio climático y la lucha contra la pesca ilegal.

Lo más probable es que la delegación agrícola se centre en estos dos puntos adelantados por Austin, añadiendo a ellos la seguridad alimentaria, centro neurálgico para toda África y para reducir la inflación global.

Quizás estas negociaciones nos aporten datos concretos sobre inversiones o financiación en energía solar y su posible extensión a la energía eólica.

El futuro, a corto o mediano plazo, nos dará información sobre el contenido y alcance de la citada asociación estratégica.

 

Artículo publicado el 28/09/2023 en Blog do Jonuel, Edição de Panguila-Niterói, http://jonuel34.blogspot.com/2023/09/chefe-do-pentagono-em-angola-impactos.html

Traducido del portugués por el Equipo de la SAEEG.

UNA NUEVA ERA DE CONFRONTACIÓN INFORMACIONAL EN AMÉRICA LATINA

François Soulard*

Imagen: geralt en pixabay

Las batallas político-económicas en el hemisferio sudamericano, particularmente intensas desde el comienzo del milenio con el despertar de la ola «progresista», han abrazado decididamente el terreno informacional. Al igual que en otras partes del mundo, la información está percibida ahora como una fuerza capaz de alterar las relaciones geoeconómicas, políticas e incluso culturales, en formas que no son totalmente nuevas desde una perspectiva histórica, pero cuyo alcance, articulación y profundidad sí han configurado una nueva realidad conflictiva. Las potencias tutelares, encabezadas por los Estados Unidos, Europa y China, pero también Irán, Rusia e incluso Israel, están en la primera línea de este conflicto. Sin embargo, otros actores, menos fuertes en apariencia pero igual de potentes, también han aprendido a posicionar sus cartas en este partido. El ensayo[1] Una nueva era de confrontación informacional en América Latina, recientemente publicado en español por Ciccus (Argentina), ofrece una visión general de la cuestión y plantea la hipótesis de una renovación estratégica.

Dicha renovación radica en una serie de observaciones.

El fracaso de una revolución de colores en Venezuela

A partir de 1999 y a lo largo de aproximadamente veinte años, Venezuela ha logrado desbaratar las fases sucesivas de una revolución de color, orquestada desde los Estados Unidos en connivencia con los opositores al chavismo. Mestizo y militar formado en la escuela bolivariana y castro-comunista, Hugo Chávez fracasó inicialmente en su intento de golpe de Estado con el Movimiento Revolucionario Bolivariano en 1992. Tras convertirse en líder de un nuevo movimiento político (MVR) mediante el cual llega a la jefatura del Estado en 1999, es víctima de una tentativa de golpe de Estado en su contra diez años después (2002). Tiene que luchar contra una ofensiva de múltiples niveles y dimensiones apuntada a derrocarlo, fragmentar a sus bases y someter al país a la voluntad de Washington. Con la generosa ayuda de las agencias norteamericanas, el arco opositor construye una modalidad híbrida de combate: demonización del chavismo mediante un periodismo militante, provocaciones violentas en ámbito urbano (guarimbas), soporte a candidatos y «plataformización» de la oposición, acompañadas por diversas presiones internacionales y sanciones económicas.

El régimen venezolano consigue derrotar a este embate, desarrollando una estrategia creativa que combina acción subversiva, organización social y territorial, ingeniería sociopolítica, guerra informacional y control militar y económico (recurriendo inclusive a la violencia y a la arbitrariedad), estrategia que será continuada por su sucesor Nicolás Maduro. El adversario es el imperium norteamericano, designado como potencia neocolonial e intervencionista. Cuba, China y Rusia son sus aliados. Gracias a su cultura combativa y a la renta petrolera, Venezuela ha sido el artífice de una verdadera contrainfluencia norteamericana en el continente y el pivote de consolidación del movimiento neomarxista. El altísimo precio de esta confrontación (estado fallido, emigraciones, retroceso económico) es similar a la de un enfrentamiento armado.

Guerra del gas y autogolpe de Estado en Bolivia

En Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS) es una fuerza contestataria, también de cepa revolucionaria, que inicia su conquista del poder en 2003 a partir de un foco de conflicto cristalizado en torno a la «guerra del gas». La venta de gas boliviano, transitando por Chile (adversario histórico) con destino a los Estados Unidos, es utilizada como un pretexto moral para enardecer la fibra nacionalista, movilizar a los sectores sociales combativos y alimentar una serie de enfrentamientos territoriales que acabaron provocando la caída de dos gobiernos (el de Gonzalo Sánchez de Lozada y luego el de Carlos Mesa). El movimiento es apoyado en la sombra por Venezuela y por el ala globalista de los demócratas estadounidenses, en particular la estructura de George Soros. Una vez electo en la cima del ejecutivo (2005), el MAS emprende un ambicioso proceso de reconfiguración sociopolítica: asamblea constituyente, despliegue socialista como contrapunto a un sistema liberal debilitado, promoción del indigenismo y del anti-occidentalismo, unificación de los tres poderes republicanos, aprovechamiento de las fallas del sistema liberal-democrático y creciente connivencia con el narcotráfico.

En octubre de 2019, tras quince años en el poder, el presidente Evo Morales teatraliza hábilmente un autogolpe de Estado con el objetivo de eludir la responsabilidad del fraude electoral que acaba de cometer y volcar la ilegitimidad del poder sobre sus opositores. La maniobra pivotea en torno a muchos movimientos comunicacionales (demonización de los adversarios, exposición de sus contradicciones, trampa y provocación, negación de la realidad, red de influencia regional, etc.). Al final, el MAS vuelve al poder en octubre de 2020 pese a importantes fracturas internas y al deterioro del Estado de derecho. Logró mantener su ventaja, cueste lo que cueste, sobre una oposición política y unas potencias regionales menos preparadas estratégicamente.

La cruzada anticorrupción en el «Reino del Medio» sudamericano

En 2012 Brasil sufre una grave crisis económica, con una caída de 4% del PIB, un aumento del desempleo y una devaluación monetaria del 40%. El Partido de los Trabajadores (PT), al frente de la coalición gobernante desde 2002 y eje del movimiento progresista latinoamericano, esquiva las reformas económicas mientras mantiene el control de una extensa red de depredación de los recursos nacionales (desviando entre un 10% y 20% del PIB). Un grupo de jóvenes abogados brasileños elabora entonces un plan de investigación judicial conocido como el «Lava Jato», comparable al «Mani pulite» italiano de los años 1990. Formados y apoyados de forma remota por los Estados Unidos, estos juristas están decididos a enderezar la moral de las élites brasileñas y luchar contra la corrupción endémica («fisiologismo») que asola el país. Desde el punto de vista geopolítico, el año 2014 aparece como un momento oportuno para desestabilizar a los gobiernos de izquierda más articulados regionalmente y recalcitrantes a Washington.

La operación «Lava Jato» va durar siete años, de marzo de 2014 a febrero de 2021. Se convierte inmediatamente en una cruzada política e informacional que desencadena una verdadera sangría en toda la esfera económica y política, incluida extramuros en la medida en que el capitalismo de connivencia se extiende a nivel regional y mundial. En complicidad con los grandes medios de comunicación, se filtran regularmente informaciones confidenciales del sistema judicial para generar escándalos en los ámbitos políticos y mediáticos. Este vínculo íntimo entre las dos esferas permite que el centro de gravedad de la emoción y la opinión pública sea directamente afectado, el impacto informacional superando ampliamente el de la acción judicial.

A mediados de 2016, la presidenta Dilma Rousseff es destituida legalmente por el Congreso, con el respaldo simbólico de los medios. Luiz Lula da Silva, líder indiscutible del PT, es declarado inelegible por la justicia en abril de 2018 y luego detenido. El outsider liberal Jair Bolsonaro, anecdótico al principio en el ecosistema de la prensa brasileña, logra agujerar el espacio informacional con muy pocos recursos y gana las elecciones a finales del mismo año. Su cooperación temporaria con el juez principal del Lava Jato, Sergio Moro, lo va a asociar de entrada a un plan conspirativo contra el PT y se vuelve rápidamente el blanco de varias campañas a nivel global que exacerbarán su gestualidad brutal y ácida (homofóbico, anti-indígena, ultra-derecha, etc.).

En junio de 2019 todo cambia cuando un pirata informático (Walter Delgatti Neto) filtra las comunicaciones de uno de los principales fiscales del «Lava Jato». El portal online de periodismo militante The Intercept ―cofundado por Glenn Greenwald y apoyado por los agentes financieros de los demócratas norteamericanos― transforma este contenido en una auténtica contraofensiva, rigurosamente secuenciada en el tiempo, que llevará al punto de fisurar la credibilidad de la investigación judicial. A primera vista aislado, el hacker será posteriormente defendido ante los tribunales por un abogado simpatizante del PT. En agosto de 2023 declara que Jair Bolsonaro le pidió manipular el sistema de voto electrónico para las elecciones de octubre de 2022. Este giro inesperado libera el camino para la victoria electoral de Luiz Lula da Silva en octubre 2022, en el telón de fondo del apoyo de los medios de comunicación occidentales y de la diplomacia norteamericana al candidato petista.

En paralelo a los escándalos políticos, los grupos energéticos y agroalimentarios norteamericanos (General Electric, Halliburton, Cargill) aprovechan el reflujo brasileño para adquirir partes de las empresas nacionales, mientras se usan selectivamente las pruebas de corrupción para alejar a los competidores europeos (Techint, Skanska, Siemens, etc.). Por otra parte, Washington posiciona sus cartas en la Amazonia bajo el pretexto de avanzar en los objetivos de seguridad y de protección ambiental.

Insurrección fomentada en Chile y guerra por el ámbito social en Argentina

Además de estos tres casos (recorrido en detalle en el libro mencionado en la introducción), prácticamente todos los demás países latinoamericanos transitan por secuencias similares.

En Chile, el masivo levantamiento estudiantil de principios de octubre de 2019 pone en el banquillo de los acusados ciertos puntos ciegos del modelo chileno. La protesta va girando hacia un movimiento urbano insurreccional gracias, entre otros factores, al empuje de un contingente de unos 2.500 agentes irregulares, despachados por las formaciones neomarxistas de países vecinos, en pos de disparar las acciones de desestabilización y la violencia. El objetivo es intensificar la confrontación, empujar a las autoridades políticas a un punto de ruptura y obligarlas a negociar. La comunicación guerrillera practicada por los insurgentes expone a las fuerzas militares y policiales en pleno acto de represión, mientras las imágenes se difunden en todas las pantallas del mundo. En noviembre del mismo año, se logra pactar la organización de un referéndum constitucional. En diciembre, el candidato del movimiento estudiantil, Gabriel Boric, vence en las elecciones generales.

Por último, Argentina ilustra una dinámica de conflicto en la intersección entre modelaje cognitivo, guerra económica e ingeniería político-informacional. Más atrás en el tiempo, el enfrentamiento militar del Atlántico Sur (1982) dio al Reino Unido la ventaja para orientar el proceso de pacificación posterior a la guerra civil[2] y la dictadura militar (1976-1983). Las élites argentinas aceptan la premisa de confiar al derecho penal y al poder judicial el papel de inquisidor del brazo armado de la nación, mientras las facciones de la lucha armada contornan a la justicia y se reconstituirán gradualmente en los partidos políticos tradicionales. En el frente económico, el país abraza la promesa de prosperidad económica propuesta en la creación del Mercosur en 1991. El nuevo bloque económico regional, cuyo proyecto viene discretamente inspirado por los centros de influencia anglosajona (Comisión trilateral[3]), encubre en realidad la transferencia de sectores enteros de la industria argentina a Brasil y la erosión del tejido sindical argentino. Mientras tanto, Argentina delega contratos con actores privados al ámbito del Banco Mundial (CIADI).

Por un lado, Londres y Washington, junto con la socialdemocracia europea, se aseguran a largo plazo del control del Atlántico Sur, mientras que por otro lado trabajan para crear un entorno propicio a la desintegración del Estado argentino: jerarquización del conocimiento en materia de derechos humanos, defensa, polemología, economía y ciencias de la gestión; desindustrialización y agenda de las instituciones financieras y de las Naciones Unidas para la aplicación de una agenda que favorece la permeabilidad del Estado y su dependencia exterior («globalismo»), subversión cultural a través de la influencia de corrientes revisionistas e indigenistas, apoyo de fundaciones europeas al cuestionamiento de las políticas industriales en el Cono Sur en nombre del humanismo y del ambientalismo, apoyo indirecto de agencias británicas y norteamericanas a grupos neomarxistas locales que trabajan para marginar el brazo armado de la nación y el poder judicial.

En 2003 este movimiento aprovecha las turbulencias provocadas por la crisis política y económica de 2001 para conquistar el poder. Desde entonces, el proyecto llevado a cabo se basa estrechamente en una doble lógica, operando en el doble terreno del espacio informativo y de la ingeniería social. Por un lado, se dibuja un horizonte progresista y pseudo-patriótico, favorable a la justicia social y hostil a las voracidades del neoliberalismo experimentado durante el periodo político anterior. Por otro, una facción política minoritaria organiza la concentración discrecional del poder, la fragmentación selectiva de la sociedad y la captura de alrededor de una quinta parte de la riqueza nacional (más o menos como en el caso de Brasil, pero paralizando las dinámicas de crecimiento). La construcción de una «realidad paralela» mediante un fuerte activismo informacional facilitó el ocultamiento de todas las maniobras en los demás sectores estructurales.

Consideraciones estratégicas

Este breve recorrido general abre sobre una serie de consideraciones estratégicas. El énfasis puesto en el ángulo informacional enriquece la reflexión de una dimensión teleológica, es decir de una lectura de los objetivos perseguidos en las maniobras realizadas en el terreno comunicacional, susceptible de completar el análisis geopolítico y polemológico tradicional.

Reflujo de la hegemonía norteamericana

En primer lugar, estos itinerarios confirman que la hegemonía del orden liberal, tal como lo propagó los Estados Unidos desde el triunfalismo posterior a la Guerra Fría, ya no tiene suficiente influencia para homogeneizar su hemisferio sur e imponerse frente a proyectos contestatarios o alternativos. La debilidad ideológica de la democracia liberal norteamericana, su duplicidad (en la medida en que la mayoría de las sociedades latinoamericanas ha sufrido sus ofensivas encubiertas) y su monolitismo ―es decir su incapacidad para responder a la dialéctica unidad-diversidad de las sociedades― son patentes. Los recursos informacionales para mantener esta hegemonía ―los conglomerados mediáticos, los repetidores intelectuales, las universidades y los partidos tradicionales― se enfrentan ahora con sistemas competidores.

De hecho, China es el principal rival geopolítico que aprovecha este reflujo de influencia con una estrategia de desborde basada en factores económicos y en parte en factores informacionales. Su objetivo consiste también en establecer dependencias estructurales. Por necesidad, por afinidad ideológica, pero también por inadvertencia estratégica, estas dependencias están siendo buscadas por gobiernos reacios al predominio estadounidense (aumento generalizado de los acuerdos estratégicos con Pekín que se ha convertido en el principal inversor en el continente desde 2015).

Dependencia y equilibrio estacionario

El otro indicador de este reflujo es el hecho de que Washington esté jugando la carta de una connivencia paradójica con los regímenes contestatarios, en particular los que están conducidos por las formaciones que han reciclado el marxismo-leninismo apoyado anteriormente por la URSS y combatido durante la Guerra Fría. Excepto para algunos aliados clave, el objetivo ya no es alinear ideológicamente a los regímenes políticos locales con el modelo de democracia liberal. Esta connivencia objetiva resalta que la prioridad se ha inclinado hacia su vertiente realista, es decir hacia la búsqueda para reducir la potencia e instalar dependencias estratégicas, cualquiera sea la naturaleza del sistema político con el que haya que tratar y siempre que este vacío de potencia no sea ocupado por el rival chino o europeo.

Es cierto que el proselitismo democrático sigue siendo un escaparate universal para Washington. En la práctica, aparece cada vez más como una estratagema minimalista para encubrir una realpolitik de mantenimiento de regímenes porosos y dependientes. El escenario a evitar es el de la constitución de Estados latinoamericanos fuertes, asentados en niveles consistentes de soberanía, de recursos y nacionalismo. Es precisamente aquí donde China va alterando el equilibrio estratégico y obliga a su rival occidental a innovar en sus modos de influencia. Por el momento, los Estados Unidos necesitan mantener a los principales estados industriales (Argentina, Brasil, México y Venezuela) geoeconómicamente dependientes y en un estado lo suficientemente estacionario como para evitar que caigan en otras esferas de influencia o en la situación más aleatoria de zona gris.

Ampliación de la naturaleza de los enfrentamientos

En segundo lugar, el escenario latinoamericano demuestra que algunas minorías determinadas y organizadas han sido capaces de instrumentalizar las grietas (o las crisis cíclicas) de la arquitectura de la democracia liberal y subvertirla cultural, política y económicamente. El arma informacional ha sido una palanca decisiva. Como lo hemos visto, ha permitido traspasar umbrales de intensidad conflictiva, volver interoperables los distintos terrenos de confrontación, revertir la correlación de fuerzas, exponer a plena luz las contradicciones de un adversario, multiplicar el impacto en la opinión pública, o ocultar toda una serie de maniobras, inclusive partes enteras de la realidad detrás de una fachada moral virtuosa.

En este sentido, todo ocurre como si la geografía de la política tendiera a ampliarse y solaparse con la de la guerra multiforme de la información. Esta evolución hace eco a la perspectiva clausewitziana de la guerra en la medida en que el uso ofensivo de la información se inscribe como continuidad de la política. Sin embargo, en el terreno político, así como también en lo económico, mediático o judicial, no recubre los mismos objetivos de aplastar, aniquilar o subyugar al adversario, que serían las metas más específicas a una confrontación convencional. El combate informacional remite a un registro diferente de la dialéctica entre fines y medios. En otras palabras, se trata menos de una cuestión de ganador y perdedor en términos absolutos que de dinámica de modificación de correlación de fuerza, de movimientos de cercamiento y neutralización, etc. La propia naturaleza de la confrontación y el entorno estratégico se han ampliado.

Un nuevo arte ofensivo en continuidad con el pasado

De hecho, los contextos latinoamericanos antes resumidos distan mucho de reducirse al funcionamiento pacífico de la mediación política y a los métodos clásicos de propaganda o persuasión de masas de los aparatos tradicionales. La arena política se ha enriquecido con una gramática ofensiva, nueva en su intensidad y grados de combinación. La practican tanto los actores débiles como los fuertes, con el objetivo de influir en la fisiología, la potencia, la legitimidad o la estructura cognitiva de un sistema político adverso, desde dentro o desde fuera, según las oportunidades y las circunstancias. No es una casualidad que este arte de combate haya sido practicado por excelencia por los herederos de las antiguas formaciones revolucionarias, por los gobiernos contestatarios y por las potencias anglosajonas.

En la misma línea, podemos ver que el terreno geoeconómico se ha enriquecido de un arte del combate basado en la combinación de la acción informacional y la depredación económica. Históricamente, las sociedades latinoamericanas han sufrido con frecuencia los artilugios comunicacionales utilizados para cubrir el flanco de la violencia económica. Esta violencia parece estar adquiriendo ahora nuevos artificios con metas similares de ocultación de su proyecto depredador. El ecologismo (agenda climática y transición energética), la lucha contra la corrupción, la ayuda humanitaria, la cooperación humanista, la apertura económica o la comunidad mundial de destino (China) figuran entre los principales frentes de una guerra económica practicada en simbiosis en ambos terrenos. El establecimiento de dependencias duraderas (tecnologías, conocimientos, normas) amplía este abanico ofensivo. Su impacto real o potencial en términos de destrucción del tejido social e industrial es indiscutible. Valdría la pena compararlo con el de los conflictos armados.

Una batalla cognitiva con frente inverso

El hecho de que ciertos tipos de ofensiva hayan sido totalmente interiorizados por las propias élites de los países blancos apunta a otra realidad profunda de este ensayo polemológico. ¿Sigue siendo pertinente la idea de guerra cuando ya no existen fronteras claramente establecidas entre enemigo y aliado, entre tiempo de paz y confrontación, o entre terrenos de batalla? Conviene recordar de paso que, cualesquiera sean las hostilidades expresadas, la situación de las sociedades latinoamericanas no puede separarse de una falta de profundidad estratégica y de una dificultad para adaptarse al equilibrio de poder recurriendo a su propio sustrato cultural. Tal vez el «extremo occidente» sudamericano se haya quedado demasiado ligado a la órbita occidental para poder salir de su corsé estratégico.

Esta observación lleva a otra conclusión evidente. Los casos analizados muestran cómo una modalidad aún más indolora y sigilosa ha ampliado el alcance de la guerra informacional. Sin ninguna declaración de guerra, ni distinción clara entre interior y exterior, ella consistió en moldear la estructura cognitiva de un rival con el fin de hacerlo actuar según la voluntad del beligerante, sin resistencia ni reflejo defensivo. Esta maniobra tomó la forma de una batalla a frente inverso entre competidores. El conocimiento y la percepción han sido sus blancos principales. Si bien se ha abordado una noción similar en los trabajos epistemológicos sobre el occidentalismo (a través por ejemplo de la idea de la «colonialidad del saber»), aún queda por establecer un pleno vínculo con la polemología.

* Autor de «Una nueva era de la confrontación informacional en América Latina» (edición Ciccus, septiembre de 2023). Miembro de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales, SAEEG.

 

Referencias

[1] Redactado por François Soulard con la contribución de Véronique Avril, Vincent Cassard, Jean-Rémy Dubois, Lucile Federeci y Mathieu Meyer (estudiantes de la Escuela de guerra económica (EGE) en Francia).

[2] Algunos analistas prefieren hablar de guerra «molecular» en el sentido propuesto por Hans-Magnus Enzensberger.

[3] Henry Kissinger decía en el 1985: «O la Argentina acepta su papel de exportador de materias primas, o procederemos a su libanización». Citado en Marcelo Javier de los Reyes, «La apremiante necesidad de recuperar la industria de la defensa». Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales, SAEEG, 12/12/2020, https://saeeg.org/index.php/2020/12/12/argentina-la-apremiante-necesidad-de-recuperar-la-industria-de-la-defensa/.

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LA ADMINISTRACIÓN DEL ATLÁNTICO SUR, DE LA VIA PARAGUAY-PARANÁ Y LOS PUERTOS

César Augusto Lerena*

Imagen: https://www.argentina.gob.ar/armada/intereses-maritimos/puertos

Ya hemos dicho y fundado que el Atlántico Suroccidental no está debidamente administrado por Argentina y se encuentra en gran parte invadido y explotado por el Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB), a quien, en el Pacífico, le presta apoyo logístico a esta ocupación Chile, desde su puerto de Punta Arenas y, en el Atlántico, Uruguay desde Montevideo. Ambos países son centrales para proveer a los británicos en Malvinas alimentos frescos, insumos diversos, trabajadores especializados, renovación de tripulación, armado y transbordo de los buques pesqueros y otros extranjeros que operan ilegalmente en el área favoreciendo el comercio de mercaderías, especialmente España con la Unión Europea que, pese al Brexit, admite los productos de Malvinas libres de aranceles de importación, todo ello, facilitado por las asociaciones empresarias de los isleños con los españoles.

Mientras los isleños británicos implantados en Malvinas están licitando la construcción de un puerto flotante para reemplazar el existente con una inversión de unos 200 millones de dólares (MercoPress, 10/07/2023), la Argentina no tiene política para recuperar la construcción de la flota mercante y fluvial en astilleros públicos o privados nacionales, ni una administración portuaria adecuada para atender los 79 puertos en la vía Paraná-Paraguay y los 21 del Atlántico Suroccidental y asegurar la soberanía política y el comercio nacional e internacional argentino.

En 1992, durante los procesos de privatización y descentralización, se sancionó la Ley 24.093 de “Actividades Portuarias” que, en su artículo 7º, clasifica a los puertos según la titularidad del inmueble en nacionales, provinciales, municipales y particulares y, según su utilización, en uso público: «los que por su ubicación y características de la operatoria deban prestar obligatoriamente el servicio a todo usuario que lo requiera» y, de uso privado: «que ofrezcan y presten servicios a buques, armadores, cargadores y recibidores de mercaderías, en forma restringida a las propias necesidades de sus titulares o las de terceros vinculados contractualmente con ellos» y si bien los artículos 4º y 5º refieren a que los puertos comerciales o industriales involucrados en el comercio internacional o interprovincial requieren habilitación del Estado Nacional, algunos artículos posteriores desnaturalizan la idea de que la habilitación y la administración general de los puertos deba quedar en manos del Estado.

Por ejemplo, el Título III-I de la Ley regula «la transferencia del dominio, administración o explotación portuaria nacional a los estados provinciales y/o a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y/o a la actividad privada». En el Capítulo I, en su Art. 11º, indica que «a solicitud de las provincias en cuyos territorios se sitúen puertos de propiedad del Estado Nacional el Poder Ejecutivo le transferirá a título gratuito, el dominio y la administración portuaria» y ello dio lugar, en muchos casos, a la formación de Consorcios de Gestión que modificaron de hecho el uso de los puertos de público a privado; además que la administración ya no quedó en manos del Estado Nacional cuando en este se realizan tráfico federal o exportación. Del mismo modo, cuando indica, que la Provincia que «no demostrase interés por la mencionada transferencia de esos puertos, el Poder Ejecutivo podrá transferirlos a la actividad privada».

El Cap. II Art. 12º va por más y regula: «En el caso especial de los puertos de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Quequén y Santa Fe, la transferencia se efectuará a condición de que, previamente, se hayan constituido sociedades de derecho privado o entes públicos no estatales que tendrán a su cargo la administración de cada uno de esos puertos. Estos entes se organizarán asegurando la participación de los sectores particulares interesados en el quehacer portuario. Las provincias y los municipios en cuyo ámbito o ejido se encuentre el puerto también tendrán participación en estos entes, de acuerdo con la modalidad que establezca el estatuto respectivo de cada puerto. Las personas jurídicas que administren y exploten los puertos mencionados tendrán la facultad de determinar el propio tarifario de servicios, debiendo invertir en el mismo puerto el producto de su explotación, conforme lo establezca el estatuto respectivo» y los artículos 13º y 14º indican: «La administración de los puertos nacionales podrá operar y explotar por sí a éstos o bien ceder la operatoria y explotación a personas jurídicas estatales, mixtas o privadas, a través de contratos de concesión de uso o locación total o parcial, mediante el procedimiento de licitación pública y conforme a las disposiciones de la presente ley (y) podrá celebrar acuerdos con personas físicas o de existencia ideal, a fin de reparar, modificar, ampliar, o reducir las instalaciones existentes o construir nuevas, para la prestación de servicios portuarios…».

Lo precedente se cambia parcialmente en los Art. 21º y 22º aunque en forma imprecisa: «Todos los puertos están sometidos a los controles de las autoridades nacionales competentes, conforme a las leyes respectivas, incluida entre otras, la legislación laboral, de negociación colectiva y las normas referentes a la navegación y el transporte por agua, y sin perjuicio de las competencias constitucionales locales. Las autoridades de aplicación deben coordinar tales controles, ejercidos en razón de las responsabilidades inherentes a los organismos nacionales, al solo efecto de que no interfieran con las operaciones portuarias y, la autoridad de aplicación tendrá dentro de sus funciones y atribuciones, la de controlar dentro del ámbito de la actividad portuaria el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley…».

Por otra parte, en el Art. 6º se indica que respecto a la habilitación, la autoridad competente deberá tener en cuenta las siguientes pautas: a) Ubicación del puerto; e) Aspectos vinculados con la defensa y seguridad nacional; i) Control aduanero y de migraciones; j) Policía de la navegación y seguridad portuaria; pero, no precisa las limitaciones o las medidas a tomar en estos casos.

Finalmente, la Ley en sus Art. 17º y 18º precisa: «Los particulares podrán construir, administrar y operar puertos de uso público o de uso privado, con destino comercial, industrial o recreativo, en terrenos fiscales o de su propiedad y los buques y las cargas que operen en los puertos de los particulares estarán exentos del pago al Estado de derechos y tasas por servicios portuarios que éste no preste».

En síntesis, la Ley indica que la Autoridad de Aplicación es nacional; que la habilitación y administración corresponde al Estado Nacional pero también que puede transferirse el dominio, la administración y explotación a las provincias o a privados y además, siendo particulares, están exentos de pago derechos y tasas cuando no se les preste servicios, cuando ello debería ocurrir en todos los puertos en los que no haya servicios prestados.

Ya nos hemos referido que según el portal Argentina.gob.ar (13/06/2023), a excepción de Buenos Aires todos los puertos estatales fueron transferidos a partir del año 1992 a las respectivas provincias, que asumieron así el nuevo rol de propietarias de las puertas que por vía fluvial o marítima las une con el resto del mundo, lo cual contradice la letra de los artículos 4º y 5º de la ley 24.093. En varios de los puertos provinciales se constituyeron organizaciones y en algunos se conformaron Consorcios de Gestión Portuaria, constituidos con la participación de los usuarios del puerto, así como de la provincia y los municipios donde están ubicados.

Por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires dictó la Ley 11.414 modificada por la 11.930 creando los Consorcios de Gestión de los Puertos de Bahía Blanca y de Quequén como entidades de derecho público no estatal que tienen a su cargo la administración y explotación de la zona portuaria que, entre sus funciones tiene la de  “celebrar convenios con entes públicos o privados, argentinos o extranjeros; realizar todos los actos jurídicos y celebrar todos los contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto y funciones y, ejercer en su ámbito de actuación las funciones públicas de fiscalización y control en las materias que se le deleguen” y puede observarse que la representación del Estado en el Directorio es minoritaria.

Otro caso es el Decreto de la Provincia de Buenos Aires 3.572 del 02/12/1999 por el que se crea el ente de derecho público no estatal Consorcio Regional Portuario de Mar del Plata con capacidad para realizar todos los actos jurídicos y celebrar todos los contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto y funciones, cuya estructura y alcances es muy similar a la utilizada para Bahía Blanca. Aquí se observa que el presidente tiene capacidad de veto sobre las decisiones del Directorio pero en ningún caso las cuestiones están referidas a asuntos que puedan deberse a la Defensa Nacional, al uso de los puertos por parte de embarcaciones no habilitadas por el Poder Ejecutivo Nacional y/o el Congreso de la Nación y/o que puedan estar realizando pesca ilegal (INDNR) o relativas a la violación de la soberanía nacional, etc., lo que resulta inadmisible pueda estar en manos de simples usuarios y concesionarios.

Hay múltiples denuncias públicas respecto a la carga de combustible o reparaciones por parte de buques extranjeros o casos que se ventilaron, donde la ministra de Producción de Tierra del Fuego entendía que podía otorgar el puerto de Río Grande a empresas con capitales chinos y desde éste darle apoyo logístico a buques chinos que pescan en el Atlántico Suroccidental u otorgarle la construcción y administración del mismo a la estatal china Shaanxi Chemical Group.

Nosotros entendemos que es posible, aunque no necesariamente, que pueda tercerizarse en Consorcios o aún a empresas privadas nacionales, las cuestiones relativas al balizamiento, dragado, el otorgamiento de espacios destinados para emplazamiento de terminales portuarias, servicios de apoyo a las embarcaciones, de remolque, maniobra y practicaje, servicios relativos a la carga y descarga, los relativos al amarre, construcción y mantenimiento de astilleros, mercados concentradores o de distribución, depósitos de almacenamiento o cámaras frigoríficas y todo tipo de explotaciones industriales, comerciales o de servicios públicos o privados afines a la actividad, transportes de apoyo logístico, servicios turísticos, entidades bancarias y de negocios, emplazamiento de reparticiones públicas relativas al control de calidad, sanidad, aduana, impositivo, inmigraciones, etc., pero celebrar convenios con personas físicas o jurídicas extranjeras; autorizar el uso de los puertos a buques comerciales extranjeros, prestar servicios logísticos (combustibles, armado, reparación, alimentación, etc.) a buques pesqueros o cargueros extranjeros no autorizados, servicios de seguridad, etc., debe ser una facultad del Estado Nacional y del Congreso de la Nación en los casos que se requieran acuerdos internacionales de pesca u otro tipo.

Sería un despropósito que frente a la situación de disputa e invasión territorial de un total de 5.497.178 km2 argentinos por parte del RUGB del territorio continental antártico, la plataforma continental extendida, archipiélagos (Malvinas, etc.) y las aguas correspondientes a la ZEE insular, se pudiese otorgar “la administración” de cualquier puerto del litoral marítimo a personas, empresas o sociedades del Estado (como es el caso chino) o incluso nacionales de capital extranjero. Esto alcanzaría, por supuesto, a España y a todos los países cuyos buques operan en Malvinas, pescan ilegalmente las especies migratorias originarias en la ZEE Argentina en alta mar; disputan nuestros derechos en la Antártida o realizan investigaciones científicas en el Atlántico Suroccidental o la Antártida que deben ser autorizados por el Estado Nacional.

Con otros argumentos, el Poder Ejecutivo por Decreto 1029/92 observó la Ley 24.093 y retuvo para sí la Administración del Puerto de Buenos Aires en lugar de transferirlo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mientras ello ocurre, nuestro vecino Chile, durante el gobierno del demócrata cristiano de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, elegido por una coalición de partidos, el 09/12/1997 sancionó la ley 19.542 que está vigente y que en su artículo 2º establece: «Las empresas a que se refiere el artículo 1º son personas jurídicas de derecho público, constituyen una empresa del Estado con patrimonio propio, de duración indefinida y se relacionan con el Gobierno por intermedio del Ministerio de Transportes…». Chile tiene claro quién administra los puertos y ya nos referimos a la incidencia que esto tiene en la política de apoyo a los británicos que ocupan Malvinas, donde la Empresa Portuaria Austral del puerto de Punta Arenas y la terminal de transbordadores de Puerto Natales es central para la sobrevivencia británica en Malvinas y su proyección a la Antártida.

Por su parte Uruguay, con la Ley de Puertos 16.246 sancionada el 03/04/1992 entendió que “la prestación de servicios portuarios eficientes competitivos constituye un objetivo prioritario para el desarrollo del país” (Art. 1º) y, “compete al Poder Ejecutivo el establecimiento de la política portuaria y el control de su ejecución” (Art. 7º), siendo “cometido de la Administración Nacional de Puertos la administración, conservación y desarrollo del puerto de Montevideo y otros que le encomiende el Poder Ejecutivo (Art. 9º).

De igual forma, habría que analizar los casos de los puertos de la vía Paraná-Paraguay donde se transporta gran parte de la exportación nacional y se trasladan en su gran mayoría con bandera extranjera, con graves riesgos de transmisión de enfermedades, tráfico de alimentos contaminados, contrabando, evasión fiscal, narcotráfico y bioterrorismo.

Recientemente los países del Mercosur y Bolivia cuestionaron a la Argentina el cobro de “peajes” en el marco del “Acuerdo de Tránsito en la Hidrovía”. Según la Ley 24.385, es probable que el término utilizado de “peaje” (derecho de tránsito o circulación) no corresponda; pero, respecto a la libertad de tránsito establecida en el Capítulo IV, la ley que aprueba el Acuerdo en su artículo 9º establece que “…sólo podrá cobrarse la tasa retributiva de los servicios efectivamente prestados a los mismos”; es decir que la Argentina está habilitada para cobrar los servicios de dragado, balizado, control policial y policía sanitaria, entre otros; que, sino realiza adecuadamente debería empezar a realizar, como parte de su obligación inexcusable como Estado independiente y seguro.

Es evidente que la Argentina no tiene una política clara respecto de quién debe administrar los puertos, en especial aquellos que se puedan considerar estratégicos y que hacen a la soberanía, defensa, seguridad nacional y sanidad, por lo que debería reformarse la ley vigente. La administración general y la política de los puertos y de los espacios marinos y fluviales deben estar en manos de Estado. La Argentina no puede admitir graciosamente el aprovechamiento de sus mares y ríos por parte de terceros y, por supuesto, de sus puertos y otras instalaciones, debilitando la soberanía nacional.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Autor de “Plan Nacional de Pesca (2023).