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JUICIO DE RESIDENCIA AL SUBSECRETARIO DE PESCA DE LA NACIÓN

César Augusto Lerena*

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El Juicio de Residencia fue un procedimiento del derecho indiano que los funcionarios sufrían al término de su gestión, donde se evaluaba a los agentes públicos, cualquiera fuese su jerarquía y, de su resultado, derivaba el reconocimiento y, eventualmente, el otorgamiento de nuevos cargos de mayor jerarquía, la aplicación de multas, la prohibición para ejercer nuevas funciones e, incluso, la aplicación del garrote vil.

Luego, debido a una justicia más humanizada y permisiva, por aquello de “el que está libre de pecado que tire la primera piedra” se aplica “el incumplimiento de los deberes de funcionario público” de muy difícil y leve sanción, ya que —habrá de alegar el imputado— llevó a cabo sus funciones con idoneidad y buen entendimiento y, en tal caso, se le imponga el muy genérico “que Dios y la Patria me lo demanden”.

Quedará por delante iniciarle al funcionario un juicio penal fundado en pruebas inequívocas de que su acciones, efectuadas en pleno conocimiento de las prohibiciones que establece la legislación pesquera, los informes y dictámenes formulados por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) respecto a la limitación de los permisos y capturas y, sus propios antecedentes previo a la asunción del cargo, le debieran haber impedido administrar lesivamente el recurso pesquero, depredarlo, provocar perjuicio al conjunto de las empresas concesionadas, caída del empleo e insustentabilidad de las comunidades ribereñas y, aún peor, no asegurar este recurso natural a las próximas generaciones.

Nos hemos acostumbrado a echarle la culpa al gobierno anterior y con ello diluir las responsabilidades de los funcionarios en los desaciertos en la ejecución de las políticas. Y no se trata de que encontremos a éstos con las manos heridas de tanto meter la mano en la lata. No hay tal forma para detectar los funcionarios corruptos e ineptos. Son los resultados los que lo pintan de cuerpo entero.

En estos días la Revista Puerto nos ha puesto de manifiesto una serie de irregularidades que habrán de impactar directamente sobre la sostenibilidad de dos de las tres especies más importantes que tiene el país. La lectura de las últimas Actas del Consejo Federal Pesquero, si bien no transcriben textualmente el contenido de las reuniones sino sus conclusiones, nos demuestran el arbitrario manejo de este recurso de todos los argentinos, a pocos días —así lo indican las encuestas— que este gobierno deje la administración nacional.

Yo modestamente sugiero que terminemos con la administración arbitraria, incapaz e irresponsable, que hipoteca nuestro futuro. Los funcionarios deben asumir que están administrando nuestro patrimonio, no el de ellos, que en su carácter de servidores públicos deben administrar en forma ética y dentro de los límites que le impone la Ley. Y en ese sentido, las próximas autoridades deberían analizar lo actuado por el Subsecretario de Pesca de la Nación Dr. Juan Manuel Bosch.

Veremos allí si este funcionario ha admitido el descarte de cientos de miles de toneladas que podrían alimentar a millones de niños y adolescentes; si alguno de los funcionarios a su cargo o el mismo ha estado alcanzado por la Ley de Ética Pública 25.188 (sus art. 13º y 15º); si evitó la sustitución de las especies desembarcadas, favoreciendo la distorsión de las cuotas asignadas a las empresas y provocando depredación e inequidad en la distribución de las cuotas; si, a consecuencia de los descartes, depredación y sustitución no garantizó la sustentabilidad del mar argentino para las actividades actuales y las generaciones venideras; si eliminó o redujo el trabajo en negro en la actividad industrial; si admitió el bajo aprovechamiento de los recursos de propiedad del Estado exportando productos de bajo valor agregado; si se efectuaron ventas de cuotas entre privados y si admitió transformaciones que incrementaron el esfuerzo pesquero; si aumentó el consumo nacional de pescado y por tal motivo no se generó mayor valor agregado, empleo y mejora de la dieta de los argentinos; si promovió la concentración pesquera; si le aseguró a las pequeñas y medianas embarcaciones e industrias pesqueras el recurso para garantizarles una sustentabilidad económica y social; si efectuó un política federal de la explotación de los recursos para garantizar la industrialización del litoral marítimo; si llevó adelante una política de renovación sostenida y de seguridad de los buques, para evitar que un 50% de los buques en actividad estén obsoletos, provocando naufragios y muerte; si actuó sobre los titulares de los buques abandonados que dificultan la operatividad de los puertos; si respetó los informes técnicos del INIDEP respecto a la disponibilidad de las especies, vedas y cierres de campañas; si ha hecho un seguimiento de los proyectos aprobados para asegurarse que los planes que dieron lugar a la adjudicación de cuotas y autorizaciones se han cumplido; si ha efectuado alguna tarea concreta destinada a erradicar la pesca ilegal (INDNR); si ha cumplido con la Constitución Nacional respecto a la cláusula transitoria o ha llevado prácticas directas o indirectas que favorecen a los británicos respecto al desarrollo de Malvinas; si ha apoyado u opuesto al control regional del Atlántico Sur por parte de Estados de Bandera; si ha efectuado acuerdos con Montevideo para que sus puertos no le presten servicios a los buques extranjeros que operan en el Atlántico Sur con o sin licencia británica; si ha intervenido en la elaboración de los pliegos de licitación del otorgamiento de áreas offshore para la explotación de hidrocarburos que podrían ser incompatibles con la explotación pesquera.

La inoperancia, la negligencia, la inequidad o el atentado a la sustentabilidad del recurso o al ambiente pueden ser de altísima gravedad cuando se trata de administración un recurso renovable pero agotable de todos los argentinos.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

Copyright © *|2019|* *|César Lerena|* All rights reserved.

 

 

70 AÑOS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

Agustín Saavedra Weise*

 

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El 1º de octubre se celebrará el 70º aniversario de la fundación de la República Popular China (RPC), proclamada en la plaza Tiananmen por Mao Tse Tung, tras vencer en la Guerra Civil a su rival nacionalista Chiang Kai-shek. Mao expresó en esa célebre ocasión: “China al fin se ha puesto de pie”. Tras la histórica visita a Beijing del presidente Richard Nixon y de su secretario de Estado (Canciller) Henry Kissinger, la República Popular China recuperó el asiento como miembro permanente con derecho a veto en las Naciones Unidas y con su nueva legitimidad se insertó en la comunidad mundial. Atrás quedaron los miles de años de dinastías imperiales y sucesivas ocupaciones territoriales por potencias extranjeras. Los dos últimos casos (Macao y Hong Kong) fueron debidamente atendidos, hoy ambas regiones son parte plena de la República Popular China.

Desde el histórico aforismo de Deng Xiaoping “no importa de qué color sea el gato con tal de que sepa cazar ratones”, pronunciado en momentos de crisis tras el fracaso de la “revolución cultural”, la República Popular China inició un período de pragmatismo político con progresiva apertura hacia el exterior y hacia las economías de mercado, lo que le ha brindado espectaculares tasas de crecimiento en las últimas décadas, transformando así al milenario dragón del Oriente. Pasada la era de Mao y una vez fallecido éste, los líderes principales del cambio cualitativo chino han sido Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping, actualmente al mando. Ellos produjeron la metamorfosis para que una sociedad campesina obnubilada por bolsones de pobreza y hasta algunas hambrunas, pase a encontrarse entre las naciones más poderosas y de mayor crecimiento, al mismo tiempo que dotó a su población de mejores condiciones de vida. Asimismo, la República Popular China cuenta hoy con sofisticadas fábricas de alta productividad y un sorprendente liderazgo en algunas áreas de alta tecnología. El Partido Comunista Chino (PCC) que gobierna al país, aglutina personas aptas para ocupar puestos de responsabilidad. Se ha creado una clase de funcionarios preparados y eficientes. Es por eso que el PCC cuenta con una buena base de legitimidad. Y no es para menos, ha logrado transformar al milenario país en potencia universal.

Hay problemas y los habrá. Por otro lado, la República Popular China enfrenta en estos momentos el embate de la “guerra comercial” impulsada desde Washington por Donald Trump. Asimismo, persiste una tensa situación geopolítica en el Mar Meridional y el tema de Taiwán (o de “las dos Chinas”) sigue sin resolverse. Empero, pienso que surgirán soluciones constructivas para esos escollos. Si bien Rusia y la República Popular China se han aliado para contrarrestar el poderío norteamericano, es un hecho que la gama de intereses económicos existente entre la República Popular China y EEUU es intensa; ello contribuirá en la búsqueda de acuerdos y no exacerbará los conflictos de la hora. Un sólido intercambio entre partes siempre ha sido semillero de la paz y creo que así será en la relación sino-estadounidense.

La República Popular China cumple 70 años y mira orgullosa al resto del planeta. Tiene razones para hacerlo, aunque persisten problemas. Cabe destacar —al concluir— que mediante su comercio e inversiones globales la República Popular China coopera con muchas naciones emergentes, Bolivia entre ellas.

*Ex canciller, economista y politólogo. Miembro del CEID y de la SAEEG. www.agustinsaavedraweise.com

Tomado de El Deber, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, <https://www.eldeber.com.bo/opinion/70-anos-de-la-Republica-Popular-China-20190928-9113.html>

EL GOBIERNO DE TURISMO FERIAL PESE A LA CRISIS PESQUERA

César Augusto Lerena*

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Lo estuvimos esperando al Subsecretario de Pesca Juan Bosch para hacerle algunas preguntas en el Seminario de Intereses Marítimos, organizado por la Armada y las Universidades de la UBA, USAL y UNDEF donde nos iba a explicar por qué en su gestión no ha hecho nada en materia de pesca ilegal (INDNR) en el Atlántico Sur, a pesar de que la Unión Europea ya estableció en 2008 un sistema para impedir, desalentar y eliminarla pesca ilegal, al igual que la Argentina a través de la Res. CFP 1/08 y la propia Ley 24.922. No es un tema menor la desatención del tema: los buques extranjeros se llevan un millón de toneladas de pescados y calamares que le permitirían a la Argentina duplicar las exportaciones y triplicar la mano de obra nacional.

Nos dicen que está viajando por Rusia y por algún otro lugar de Europa, ¿Galicia?, aunque, no constan en las Actas del Consejo Federal Pesquero —como debieran— las razones por las cuales este funcionario estaría haciendo turismo ferial con fondos públicos (¿?), desatendiendo las graves cuestiones pendientes de resolución ¿Los empresarios argentinos necesitarán de la presencia de este funcionario en el mundo para vender? Seguro que los rusos y gallegos no.

Solo dos ejemplos que muestran la complejidad que sufre el sector pesquero:

Conoce este funcionario los graves daños económicos y operativos que la Secretaría de Defensa Agrícola (SDA) de Brasil está ocasionando a las empresas exportadoras de productos pesqueros argentinos a ese país, a partir de normas brasileñas (Alerta de importación, 18/01/2017 mod. 27/09/2019) consolidadas por la Norma Interna SDA Nº 01 del 20 de diciembre de 2018, puesta en vigor ”con el propósito de disciplinar los procedimientos para la implementación del Régimen de Alerta de Importación (RAI)”, por la cual, se aplican exigencias y procedimientos que no están previstos en las normas sanitarias aprobadas en forma conjunta por el MERCOSUR que llevan a retener embarques en la frontera e incluso a la incautación de mercaderías, sin la más mínima posibilidad de participar en los procedimientos y de contar con la asistencia técnica oficial argentina para exigir se expliciten y limiten los controles a las exigencias técnicas acordadas en el MERCOSUR y las concordadas con la el C.A.A. y el Decreto 4238/68. ¿Qué acciones ha tomado el Subsecretario ante el SENASA para que en forma muy urgente se actúe ante su par DIPOA de Brasil, o ante la Secretaría de Mercados de Argentina y los Agregados Comerciales de Argentina y Brasil?

Para cuestiones técnicas tan básicas y universales, donde existe numerosa bibliografía técnica nacional e internacional para determinar la calidad de los productos que se comercializan, como la determinación del pH, el Nitrógeno Básico Volátil, información nutricional, Sodio (Na) entre otros y cuyas técnicas están al acceso de SENASA, INIDEP, CITEP, INTI, SALUD, etc. no puede haber grandes disensos entre los profesionales oficiales de ambos países, para dar certezas a las salidas de mercaderías de las plantas y erradicar la incertidumbre que, bajo el pretexto de aplicar exigencias no unificadas, se esté utilizando barreras paraarancelarias que desalienten y encarezcan la exportación de productos pesqueros argentinos al Brasil.

Por otra parte, en Comodoro Rivadavia se suspende a los trabajadores, fundado en que el sector está en quiebra, “no por responsabilidad de los trabajadores sino de la voracidad fiscal que los deja fuera del mercado internacional (sic), siendo necesario, dicen, “determinar la distribución de cuotas en las plantas locales y asegurar su provisión”, y resaltaron que “la suspensión de la actividad pesquera alcanza a todo Comodoro Rivadavia e incluye barcos, estiba, plantas de procesamiento y transporte” y, aseguraron, que “sin respuestas no hay actividad”.

La solución de estos temas y decenas de éstos, que padece a diario y en forma crónica la actividad, no puede esperar meses, porque se resienten las exportaciones argentinas, la economía de las empresas y el empleo de los trabajadores. El rol que se espera del Subsecretario de Pesca es la resolución de los problemas que afectan diariamente al sector, favorecer la industrialización, el comercio y promover el empleo. La obligación de los empresarios es exportar más valor agregado y calidad. El turismo ferial no es una prioridad en un Estado que necesita divisas y sacar de la pobreza a 35% de los argentinos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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