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EL DOMINIO NACIONAL, LAS PROVINCIAS Y LOS RECURSOS MIGRATORIOS ARGENTINOS

César Augusto Lerena*

Mapa de la Plataforma. Fuente: https://www.argentina.gob.ar/inidep/material-divulgativo/mapa-plataforma

Son de dominio de las provincias con litoral marítimo y estas ejercerán jurisdicción a los fines de su administración, exploración, explotación, investigación y conservación de los recursos vivos que poblaren las aguas interiores y del mar territorial argentino adyacente a sus costas hasta las doce millas marinas medidas desde las líneas de base reconocidas por la legislación nacional y, en los ámbitos provinciales continentales e insulares. Respecto a los recursos que migran a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) originarios del mar territorial, el Estado Nacional y las Provincias con litoral marítimo acordarán su administración, exploración, explotación, investigación y conservación.

Respecto al Artículo 3º de la Ley 24.922, éste limita «el dominio de las provincias con litoral marítimo y la jurisdicción hasta las doce millas marinas» y ello, no guarda congruencia, con lo regulado en los artículos 4º, 5º, 21º a 23º de la actual Ley 24.922 donde la Argentina reivindica sus derechos sobre los recursos migratorios más allá de las 200 millas, criterio que acompañamos y, motivo por el cual -por analogía- las provincias del litoral deberían tener derechos sobre los recursos migratorios originarios del mar territorial en la Zona Económica Argentina (en adelante ZEE). En los hechos, la limitación actual ocurre porque este Régimen denominado “Federal” solo distribuye las utilidades de los derechos de captura a los Estados provinciales; pero, el manejo del recurso pesquero sigue centralizado, generando una falta de previsibilidad y de acciones unilaterales inorgánicas de las distintas empresas pesqueras, cualesquiera sean los puertos donde se encuentren radicadas. Mientras tanto, en la Argentina, el Artículo 2º inciso c) de la Ley 24.543 de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR) y los artículos citados de la Ley 24.922 siguen siendo letra muerta y, las Autoridades de Aplicación del Estado ribereño toleran la pesca ilegal de sus recursos migratorios originarios de la ZEE, provocándole al país un gravísimo daño biológico, económico, social y laboral, además de un agravio a la soberanía nacional.

Asimismo, el rol que cumplan las provincias, con apoyo de la nación, en la producción de especies mediante acuiculturas ambientalmente sostenibles en la jurisdicción provincial continental, insular o en el mar territorial, es central para aumentar la producción nacional, el desarrollo regional, incrementar el empleo y mejorar la dieta de los argentinos.

Por otra parte, son de dominio y jurisdicción exclusiva de la Nación los recursos vivos marinos existentes en las aguas de la ZEE Argentina y de la Plataforma Continental Argentina a partir de las doce (12) millas indicadas en el artículo 3º de la Ley 24.922 y de los que, con origen en la ZEE, migran más allá de las 200 millas a alta mar. La Argentina, en su condición de Estado ribereño, debe adoptar todas las medidas necesarias para la administración, exploración, explotación, investigación, conservación y fiscalización de los recursos transzonales y migratorios originarios de la ZEE que migren más allá de las 200 millas o que, estando en alta mar, se encuentren en la plataforma continental argentina o pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la ZEE argentina, fomentando e incentivando la pesca nacional en alta mar y acordando con los Estados de pabellón que capturen las referidas especies en alta mar. Las especies migratorias originarias de la ZEE Argentina capturadas en alta mar debieran ser consideradas de origen argentino a los fines de su comercialización en el mercado nacional e internacional, siéndoles aplicables a todos los efectos la legislación vigente. Ello, no debiera impedir al gobierno de establecer incentivos a las empresas radicadas en la Argentina que pesquen en alta mar.

Respecto a los artículos 3º y 4º de la Ley 24.922 indicamos: el Artículo 4º por una parte precisa que “Son de dominio y jurisdicción exclusivos de la Nación, los recursos vivos marinos existentes en las aguas de la ZEE argentina y en la plataforma continental argentina a partir de las doce (12) millas (…) La República Argentina, en su condición de estado ribereño, podrá adoptar medidas de conservación en la ZEE y en el área adyacente a ella sobre los recursos transzonales y altamente migratorios, o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la ZEE Argentina”. Y aquí observamos, la utilización del término “altamente migratorio” sobre el cual la CONVEMAR no define esta terminología y, conforme lo que se indica en el Anexo I de la CONVEMAR, no existen especies altamente migratorias argentinas, por lo tanto, su sola mención en este artículo es un grave error, porque el referido Anexo deja afuera a especies que son “migratorias” originarias de la ZEE o del mar territorial, como es el caso del langostino (Pleoticus muelleri), el calamar (Illex argentinus) y la merluza (Merluccius hubbsi), por citar como ejemplo, a las tres especies más importantes de la Argentina. Las dos últimas, además de migrar a alta mar también lo hacen al área de Malvinas ocupada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante Reino Unido) y, por lo tanto, es necesario que el Estado ribereño no solo tome “medidas de conservación” más allá de las 200 millas marinas, sino también de explotación y administración, mediante acuerdos con los Estados de pabellón que pescan en alta mar, como indica el artículo 2º inciso c) de la Ley 24.543 de ratificación de la CONVEMAR: «La República Argentina acepta las disposiciones sobre ordenación y conservación de los recursos vivos en el alta mar pero considera que las mismas son insuficientes, en particular las relativas a las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias, y que es necesario su complementación mediante un régimen multilateral, efectivo y vinculante que, entre otras cosas, facilite la cooperación para prevenir y evitar la sobrepesca, y permita controlar las actividades de los buques pesqueros en alta mar, así como el uso de métodos y artes de pesca.

El gobierno argentino, teniendo presente su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su ZEE y en el área de alta mar adyacente a ella, considera que de acuerdo con las disposiciones de la Convención cuando la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la ZEE y en el área de alta mar adyacente a ella, la Argentina, como Estado ribereño, y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente a su ZEE deben acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones o especies asociadas en el alta mar. Independientemente de ello, el gobierno argentino interpreta que, para cumplir con la obligación que establece la Convención sobre preservación de los recursos vivos en su ZEE y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin».

Si bien hay muchas razones para considerar esta actividad como “Pesca Ilegal” en alta mar, dos hechos son suficientes para tipificarla así: Cuando los buques no tienen control de sus Estados de pabellón (o los países de origen) y si se capturan especies migratorias originarias de la ZEE en alta sin acuerdo con el Estado ribereño. Por supuesto, a esto se agrega la pesca con redes de arrastre de fondo cuando se pesca sobre la plataforma continental extendida argentina más allá de las 200 millas.

Los efectos de la sobrepesca ya se conocen desde la Gran Feria de la Pesca en Londres de 1883 y, Weber en 1994 considera la sobrepesca como «el producto de una deficiente administración del recurso» que, pese a la evidencia acumulada durante 130 años de investigación científica, la industria pesquera y los administradores no terminan de entender, que los recursos pesqueros son renovables, pero agotables, si no se los administra adecuadamente y, no hacerlo, significa no tener bajo control el conjunto del ecosistema: el medio marino y los recursos vivos del mar territorial, la Zona Económica Exclusiva y alta mar.

La Ley de Pesca Nº 25.977 del 7/12/1992 de Perú está en sintonía con la necesidad de que los Estados ribereños administren los recursos migratorios en alta mar y, en su artículo 7º indica que «Las normas adoptadas por el Estado para asegurar la conservación y racional explotación de los recursos hidrobiológicos en aguas jurisdiccionales, podrán aplicarse más allá de las 200 millas marinas, a aquellos recursos multizonales que migran hacia aguas adyacentes o que proceden de éstas hacia el litoral por su asociación alimentaria con otros recursos marinos o por corresponder a hábitats de reproducción o crianza. El Perú propiciará la adopción de acuerdos y mecanismos internacionales a fin de procurar el cumplimiento de tales normas por otros Estados, con sujeción a los principios de la pesca responsable», definiendo la pertenencia de los recursos migratorios cuando proceden de la jurisdicción nacional y la necesidad de intervenir.

También Brasil en el Artículo 3º del Decreto 4.810 del 19/08/2003, al referirse a las especies altamente migratorias y aquellas que se encuentren subexplotadas o inexplotadas, indica que corresponderá autorizar y establecer medidas que permitan el uso adecuado, racional y conveniente de estos recursos pesqueros; entendiendo la protección especial que hay que realizar cuando las especies son migratorias para asegurar la sostenibilidad.

Asimismo Chile, por la Ley 19.079, Art.1º, Nº 154 establece, que se podrá establecer normas de conservación y manejo sobre aquellas poblaciones comunes o especies asociadas existentes en la ZEE y en alta mar, pudiendo prohibir o regular el desembarque de capturas o productos derivados, cuando éstas se hayan obtenido contraviniendo dichas normas y, lo dispuesto indica, que podrá hacerse extensivo respecto de las especies altamente migratorias, que realicen naves que afectan los recursos pesqueros del país.

Por su parte Colombia, en el Artículo 33º de la Ley 13 del 15 de enero de 1990 impide en el mar territorial y la ZEE el uso de buques procesadores o factorías. Ello no solo alienta la generación de empleo en las plantas en tierra, sino que también promueve que los grandes buques procesadores de bandera colombiana capturen en alta mar y compitan con los buques extranjeros en ese ámbito, extrayendo los recursos migratorios originarios de la ZEE.

Del mismo modo Ecuador, en el Artículo 4º de Ley Orgánica de la Acuicultura y Pesca prioridad prioriza «el Enfoque Ecosistémico pesquero (EEP) donde la preferencia es el ecosistema en lugar de la especie objetivo, incluyendo las interdependencias ecológicas entre las especies y su relación con el ambiente y a los aspectos socioeconómicos vinculados con la actividad», es decir, atendiendo integralmente a las especies en todo su ámbito migratorio e, incluso, a las especies asociadas que intervienen en la cadena trófica. Y, en el Artículo 9º precisa que «las normas adoptadas en aguas jurisdiccionales se aplicarán también en la zona adyacente a la ZEE, para proteger a las especies transzonales y altamente migratorias y asociados.

También Honduras, en el Artículo 4º de la Ley General de Pesca y Acuicultura (Decreto 106-2015) indica que la ley es aplicable en «los espacios terrestres y marítimos del territorio nacional, en los espacios de alta mar donde el Estado de Honduras ostente derechos»; que si bien no se precisan debería estarse refiriendo a la administración de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar.

Por su parte Panamá en el Artículo 8º de la Ley de Pesca Decreto Nº 204 (18/3/2021), al igual que Ecuador, plantea un Enfoque Ecosistémico pesquero (EEP) que obliga a prestar mucha atención a la captura de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar, para asegurar el enfoque ecosistémico que plantea, ya que no se puede asegurar la parte, sino se asegura el todo y viceversa.

Asimismo, la República Dominicana en su Ley de Pesca 307-04 (2004) entiende «que es deber del Estado proteger, conservar y regular la explotación de los recursos biológicos acuáticos y, prestar especial atención también a los aspectos relativos a la gestión integrada de las zonas costeras y la interconexión de estos con los transfronterizos.

Finalmente, Venezuela, en el Artículo 63º de la Ley de Pesca y Acuicultura (08/07/2003) indica que «propenderá a armonizar, en su ordenamiento jurídico, los criterios aplicables en la materia con los países de la región, en particular en lo que se refiere al manejo de los organismos altamente migratorios y de los recursos hidrobiológicos que se encuentren tanto en los espacios acuáticos bajo su soberanía o jurisdicción, como en las áreas adyacentes a ella.

No impedir la pesca ilegal de los recursos pesqueros migratorios originarios de la ZEE Argentina es no administrar el Atlántico Suroccidental. No hacerlo, es relegar nuestra soberanía política, económica, alimentaria y social y, favorecer la consolidación del Reino Unido en Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, el control británico de la parte meridional del Atlántico Sur, los accesos a los Océanos Pacífico e Indico, su proyección a la Antártida y, la ocupación o disputa, por parte de este país, de 5.497.178 km2 de territorio argentino.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

 

GEOPOLITICA DEL TRÁFICO DE COCAÍNA EN SUDAMÉRICA

Jorge Eduardo Lenard Vives*

Imagen: El Orden Mundial.
Geopolítica y crimen organizado

Según una de sus definiciones tradicionales, la geopolítica es la disciplina que estudia los efectos de la geografía física y humana sobre la política y las relaciones internacionales con la finalidad de entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de las variables geográficas. Si bien originalmente el análisis tuvo como protagonistas a los estados- nación, adscribe en la actualidad a un concepto ampliado en el que la materia incursiona en un ámbito donde, si bien persiste el Estado como “protagonista descollante del sistema internacional”, también existen “otros actores de naturaleza no estatal que incrementan día a día su importancia”[1].

Estos actores no estatales con influencia transnacional son de distinto tipo. Entre ellos se encuentran los “actores no gubernamentales violentos”, que incluyen las bandas de crimen organizado. Fue así que a fines del siglo XX y principios del XXI, se gestó en algunos ambientes académicos el término “geopolítica del crimen” para referirse a la aplicación de las principios geopolíticos al estudio de la influencia de las organizaciones delictivas supraestatales[2].

En Sudamérica la presencia del crimen transnacional organizado relacionado con el narcotráfico es un factor de peso en las relaciones entre los países de la región y condiciona no sólo su política interna sino incluso su política exterior. El examen del caso particular del comercio ilegal de cocaína, al tratarse de una substancia derivada de una planta que por sus características sólo crece en esta parte del mundo, permite aplicar las premisas de la geopolítica en el marco del concepto de “micro-geopolítica”[3]. Es decir, considerar un objeto de análisis muy acotado y específico a efectos de estudiar en profundidad sus implicancias, sin dejar de reconocer que, a caballo de esta modalidad delictiva, se montan muchas otras criminalidades que aprovechan la “infraestructura” establecida.

Tres factores del estudio geopolítico

La geopolítica tradicional considera en sus investigaciones, entre muchos otros, tres factores del ambiente geográfico de particular importancia: los recursos naturales de un país (que pueden ser objeto de la codicia de otro estado; y, por lo tanto, obliga a defenderlos), las características de las fronteras que separan los países (restringiendo o facilitando el avance de un estado sobre otro) y las líneas de comunicaciones (es decir, las vías por las cuales se canaliza el comercio, pero también, en caso de conflicto, las tropas invasoras).

Ahora bien, asimilando esos tres factores de análisis al caso del crimen transnacional organizado vinculado con el narcotráfico, puede inferirse la siguiente relación: el primer concepto, los sectores donde se ubican los “recursos naturales” de un país, se corresponde con las “zonas de producción” de los estupefacientes; en tanto las “líneas de comunicación” se asemejan a las “rutas del narcotráfico”. Por otro lado, el concepto de fronteras mantiene su contenido; pero lo que en la geopolítica tradicional significa una línea de vigilancia que facilita el control del comercio y del movimiento migratorio, para las organizaciones delictivas implica una barrera a vulnerar. En cierto sentido, parecería que esta extrapolación de conceptos entre ambas visiones de la disciplina se hace cambiando el signo de su consideración y aquello que para la geopolítica tradicional es un aspecto positivo se transforma en negativo cuando se consideran las actividades de los nuevos actores transnacionales.

Aplicar estos términos a la realidad del tráfico de cocaína en Sudamérica permitirá elaborar algunas conclusiones que resaltan la función predictiva de la geopolítica y, por ende, su importante tarea como auxiliar en la adopción de decisiones políticas tendientes a solucionar la actual situación anómala.

Zonas de producción

Según UNODC (la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen) en el Reporte Mundial de Drogas del año 2022[4], las únicas zonas productoras de cocaína del mundo se localizan en Sudamérica y son las siguientes:

En Colombia, el sector norte (departamentos de Choco norte, Córdoba, Antioquía, Bolívar y Norte de Santander) y el sector sur (departamentos de Choco sur, Valle, Cauca Nariño, Caquetá, Meta, Guaviare) y Putumayo). Cabe señalar, aun cuando no sea objeto de esta nota, que en este país existen importantes zonas productoras de marihuana, en especial en su variante “creepy”.

En el Perú, el sector norte (departamentos de Putumayo y Bajo Amazonas); el sector centro (departamentos y sectores de Alto Huallaga, Alto Chicana, Marañón, Aguaytia, Contama, Calleria y Pichis-Palcazu – Pachitea); y el sector sur (el VRAEM —Valle de los Río Apurimac, Ene y Mantaro— y departamentos y sectores de La Convención – Lares, Kosñipata, San Gaban e Inambari Tambopata).

En Bolivia existen dos sectores principales, el ubicado en los Yungas de La Paz (departamento de La Paz) y el ubicado en el Chapare o zona de los Trópicos de Cochabamba (departamento de Cochabamba y parte del departamento de Santa Cruz).

El informe de la UNODC dice a modo de resumen que para el año 2020 las áreas de cultivo mantuvieron una superficie similar a la del año anterior (234.200 hectáreas), dado que si bien decreció la superficie cultivada en Colombia, se incrementaron los cultivos ubicados en Bolivia y Perú. Sin embargo, pese a esa estabilidad en los cultivos, aumentó de un año para otro la producción estimada de cocaína (1.982 toneladas, 11 % más que el año 2021), lo que puede atribuirse a diversos factores como la aplicación de mejores tecnologías agrícolas y fabriles.

Fronteras permeables

En general, salvo algunas excepciones, los países sudamericanos presentan límites extensos. Estas grandes distancias perjudican la vigilancia permanente de las fronteras, lo que ha llevado a varios países a emplear fuerzas militares en su custodia (Brasil, Bolivia; incluso la Argentina con dispositivos como el del “Escudo Norte”).

En el subcontinente existen dos fronteras apoyadas en obstáculos naturales que dificultan su vulneración. Una de ellas es la frontera entre Argentina y Chile, con la presencia de la cordillera de los Andes, y la otra la frontera de Brasil con sus vecinos del oeste, cubierta por el Amazonas. Esa densa selva que complica el establecimiento de líneas de comunicación terrestre de una costa a la otra del subcontinente, contribuye a aislar las zonas productoras de droga, ubicadas en los contrafuertes andinos cercanos al Pacífico, del litoral Atlántico donde se localizan los puertos de salida.

Pero además de la permeabilidad ocasionada por la significativa extensión, una de las principales debilidades de las fronteras sudamericanas es la gran cantidad de trifinios o puntos tripartitos que muestra. Estos lugares, al presentar una jurisdicción política dividida, facilitan la pérdida de control de los movimientos de personas y mercancías. No todos estos puntos tienen igual significancia geopolítica para el crimen, por supuesto. Si bien a lo largo de las distintas fronteras se reconocen trece trifinios, se destaca por su complejidad la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Aun así, no debe descartarse el resto de estos puntos como sectores a los que se debe prestar especial atención al vigilar los límites fronterizos.

Cabe aclarar que las fronteras consecutivas en sentido norte – sur de los países ubicados en la franja oeste de Sudamérica, desde Venezuela hasta la Argentina, si bien presentan algunos accidentes topo e hidrográficos que otorgan ciertas posibilidades de aislamiento entre las distintas jurisdicciones; en general revelan una uniformidad de ambientes naturales que facilita el tránsito de uno a otro.

Rutas de la droga

La salida de cocaína en forma directa desde las zonas productoras hacia los principales mercados mundiales se hace por mar desde los puertos comerciales, generalmente por medio de cargas ocultas en contenedores (más del 90 % del tráfico de cocaína sudamericana es por este medio[5]); o desde la costa no vigilada, recurriendo a lanchas rápidas e incluso sumergibles rudimentarios. También se emplea el medio aéreo; ya sea mediante aviones privados que pueden partir de pistas clandestinas, como de vuelos comerciales que despegan desde aeropuertos internacionales. Sin embargo, este tráfico canalizado desde los países donde se localizan las zonas de cultivo y producción, en muchos casos es riesgoso para la organización delictiva porque el espacio en cuestión está muy controlado por las diferentes autoridades que tienen injerencia sobre el tema. Por ello, las organizaciones buscan alternativas menos controladas.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que las zonas productoras están recostadas mayormente sobre el océano Pacífico, con puertos próximos ubicados sobre esa zona marítima o, a lo sumo, con puertos localizados sobre la costa del Caribe, puntos más aptos para comunicarse con la América Central y la América del Norte (aun cuando algunas de esas instalaciones también son usadas para canalizar el tráfico hacia Europa). Pero los puertos ubicados sobre la misma costa del océano Atlántico, que facilitan la navegación directa hacia los mercados europeos, están alejados de las zonas productoras y, en gran parte del continente, como se vio, parcialmente aislados de esas zonas por la selva amazónica.

Es por ello que, aprovechando las fronteras porosas, el narcotráfico busca llegar a países que cuenten una geografía abierta, libre de obstáculos naturales, una importante infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, un extenso litoral marítimo sobre el Atlántico y una significativa actividad industrial y de comercio exterior. De tal manera, terminan en la Argentina y en la zona sur del Brasil. Por ello son dos países elegidos para sacar fuera de la región una parte importante de la producción de cocaína, debiendo señalarse que, según UNODC[6i], los puertos de Brasil son los principalmente empleados para esta actividad.

De tal manera, con el tiempo se plasmó una suerte de autopista panamericana de las drogas, que, siguiendo la dirección norte – sur por el oeste del continente, une Colombia con la Patagonia. Y, desde cada puerto que toca, vincula esta ruta con el mundo. Tiene diversas bifurcaciones que van llevando a los distintos lugares de salida. Paralela a la ruta terrestre, que es complementada también con algunos tramos cubiertos por medios aéreos, en la parte sur del subcontinente la trocha se monta sobre otra facilidad de transporte que es fluvial: la Hidrovía.

Crimen organizado desorganizado

Paradójicamente, la condición inicial que dio lugar al estudio geopolítico de las actividades delictivas, es decir, la existencia de organizaciones criminales con capacidad para dirigir y ejecutar sus actividades en distintos países bajo un mando único, tiene sus particularidades en Sudamérica. Como señala Pablo Uribe Ruan “…la palabra crimen organizado no representa la realidad empírica de la mayoría de las organizaciones criminales en América Latina. En esta región, por el contrario, el crimen está constituido por grupos, casi siempre, desorganizados, fragmentados e inestables, que constituyen difusas redes que van desde México hasta Argentina”[7].

En la primera etapa del proceso, el cultivo de la coca, intervendrían campesinos independientes o a lo sumo nucleados en clanes familiares, que venden la materia prima a las organizaciones productoras de cocaína. Las bandas “fabricantes”, además de elaborar el estupefaciente, tendrían responsabilidad en iniciar la cadena del narcotráfico al ofrecerla a bandas de narcomenudeo locales o al contrabandear su producto hacia países vecinos. Allí sería recibido para su distribución por otra banda local de similar nivel, quien a su vez la vendería a otros narco-minoristas para su distribución local. Esto no implica una unidad de comando en toda la cadena comercial sino que probablemente se formalice en base a una serie de acuerdos entre organizaciones menores mediante los contactos de sus integrantes. Por supuesto, cabe la posibilidad de que la banda de un país desplace integrantes a otro país para que organice o controle una determinada operación ilegal. A veces, este desplazamiento sería asistemático; como podría ser el caso que describe Norberto Emmerich sobre el surgimiento de bandas de narcotráfico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina[8], y en otros casos podría deberse a un plan concebido para que la banda tome un carácter supraestatal.

Sin embargo, para sacar la droga del subcontinente por medio marítimo (o aéreo), es probable que intervengan bandas trasnacionales de distinta importancia que, luego de adquirir el estupefaciente a las bandas productoras, se hagan cargo de llevarlo hacia los puertos de salida, su acondicionamiento para el transporte, el transporte marítimo y su recepción en los puertos de destino (o una similar secuencia en el modo aéreo).

Otras organizaciones implicadas en el comercio ilegal de drogas son las que dan seguridad a las zonas productoras y a las “instalaciones fabriles”, con mayor o menor participación en el posterior tráfico del estupefaciente. Las más importantes de estas organizaciones provienen de los elementos remanentes de las guerrillas que operaban, u operan, en las zonas productoras.

La información periodística respecto a todas estas organizaciones es difusa y debe ser analizada con detalle. Existe en general una tentación a transformar en mega-bandas organizaciones que a lo mejor sólo tienen el papel de narco-minoristas; o de encontrar relaciones orgánicas permanentes en situaciones que son sólo contactos esporádicos o puntuales. Por ello, apenas a modo informativo, se mencionarán las distintas bandas que han tenido más difusión periodística.

En Colombia se cita al “Cartel del Golfo” como principal actor local; el que incluso ha sido mencionado con cierta presencia en países vecinos. Se refiere además la existencia de elementos remanentes de las FARC y el ELN relacionados con la producción y el tráfico del estupefaciente. En Perú no se destaca una organización específica, ya que en general la producción y comercialización primaria sería realizada por “clanes familiares”. También se menciona en este país la presencia de elementos remanentes de Sendero Luminoso. En Bolivia tampoco se mencionan bandas locales de importancia pero se refiere la presencia de representantes de algunas organizaciones transnacionales que intervienen en el mercado local.

Al considerar aquellos países en los que no hay zonas productoras pero sí rutas de tránsito, se detecta la presencia de bandas delictivas locales, como podría ser el “Tren de Aragua” en Venezuela, a la que se le adjudica cierta influencia internacional, y bandas menores al estilo de “Los choneros” o “Los lagartos” en Ecuador. Tampoco se refiere la presencia de bandas locales importantes en Argentina y Uruguay; en tanto en Brasil se señala la presencia del Primer Comando de la Capital y del Comando “Vermelho”, a los que se le otorga posibilidades de cierto alcance internacional. Por otro lado, en Paraguay, si bien no se identifican bandas locales de significación, es conveniente señalar la existencia de zonas de cultivo de marihuana en los departamentos de Amambay y Concepción (la principal zona de cultivo en Sudamérica). Aunque tal estupefaciente no es objeto de este trabajo, las asociaciones criminales relacionadas con su comercio ilegal pueden intervenir en el tráfico de cocaína, empleando las mismas rutas.

Con respecto a organizaciones de verdadera significación transnacional y sustantivos recursos, existen indicios de que la Ndrangheta y otras organizaciones mafiosas del viejo continente, podrían estar a cargo del tráfico hacia Europa. Asimismo, se habla de la presencia de organizaciones mexicanas en la región; y es lógico arriesgar que los carteles mexicanos más importantes (Cartel de Sinaloa y Cartel del Noreste) controlen las rutas de tráfico hacia América Central y del Norte, lo que no haría impensable la presencia de representantes de tales organizaciones en los países que tienen los puntos de salida hacia esos destinos extra-continentales. También grupos con experiencia en el comercio ilícito de estupefacientes provenientes de Colombia, Perú y Bolivia podrían encontrarse en otros países de la región; relacionadas con operaciones mayormente dedicadas a la exportación fuera del subcontinente o a la distribución interna.

Otras organizaciones que tendrían presencia en al menos tres países (Brasil, Paraguay y Bolivia) controlando las rutas del narcotráfico serían los “comandos” brasileños. Sin embargo, como vuelve a decir Uribe Ruan, “Hay grandes nombres como el Cártel de Sinaloa en México o el Comando Vermelho en Brasil, pero no son tan claras las conexiones entre estos grupos con los distintos nodos en la cadena de producción, transporte, comercialización y venta de estupefacientes u otros bienes ilícitos”[9] De todas maneras, como ya se manifestó anteriormente, puede considerarse habitual la presencia de referentes del narcotráfico de un país para organizar una operación en otro; sin que ello implique en todos los casos un asentamiento permanente de la organización a la que pertenece.

Parecería que el esquema adoptado por el narcotráfico se aproxima más al de organizaciones tipo “unión transitoria de empresas” entre las distintas bandas afectadas a los diferentes momentos específicos del narcotráfico. Esta característica, más que una debilidad de las organizaciones criminales, es una fortaleza, ya que les permite una flexibilidad y una segmentación que dificulta el seguimiento de la red completa. A su vez, demuestra una importante vulnerabilidad por parte de las autoridades locales, ya que implicaría que la permeabilidad de las fronteras es tal que permite a bandas locales, de un peso relativo, superarlas en forma clandestina con relativa facilidad.

Imagen: El Orden Mundial.

Resumiendo

Las características geográficas de América del Sur son las únicas del mundo que permiten el cultivo de la planta de coca, base de la producción de cocaína. Favoreciendo el comercio ilegal del estupefaciente, a esa circunstancia se unen las rigurosas condiciones físicas, orográficas, hidrográficas y de vegetación que dificultan el acceso a las zonas de producción y su consecuente control.

Por su posición geográfica, por las características de su territorio, por su infraestructura de transporte y por su extenso litoral atlántico, la Argentina es para las bandas transnacionales de crimen organizado un punto conveniente de salida de la droga hacia los mercados internacionales. Este tema plantea un serio dilema para la política de seguridad interior de la República.

La relación entre zonas productoras y los puntos de salida extra-continentales obliga a consolidar una firme relación de los estados afectados, a fin de promover una acción conjunta para atacar el problema. Por eso es importante una visión geopolítica del problema y no perderse en la maraña de organizaciones que circunstancialmente operan los distintos momentos del proceso. Mientras subsista el cultivo y la necesidad de exportarla fuera del subcontinente, seguirá planteado el problema. Los protagonistas sólo cambiarán de nombre y, como la legendaria hidra, cortada una cabeza en su lugar crecerán dos.

Por supuesto, resulta fundamental la persecución de las organizaciones de narcotráfico, ya que es el principal medio en la actualidad para enfrenar este terrible flagelo. Pero también se debería apuntar a los dos extremos de la cadena. Por un lado, a reducir el consumo. UNODC aprecia que la cantidad de consumidores en el mundo es de 21.000.000 de personas. Según esta oficina, esa cifra representa el 0,4 % de la población mundial entre 15 / 64 años; pero ese guarismo sería inferior si se compara con la población global, estimada en 7.837.000.000 de habitantes: 0,26 %. Por otro lado, a restringir la producción y aislarla físicamente de los lugares de tránsito y salida. Encarar el problema como un tema geopolítico de alcance internacional y no considerarlo sólo como un problema doméstico de cada país, permitiría imaginar soluciones más eficaces.

Imagen: El Orden Mundial.

* Licenciado en estrategia y organización. Autor de varios artículos sobre geopolítica y estrategia.

 

Referencias

[1] Bartolomé, Mariano. La seguridad internacional post 11-S. Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales, 2006, p. 61.

[2] Ejemplo de ello son los libros de Gayraud, Jean-François, El G9 de las mafias en el mundo – Geopolítica del crimen organizado (Barcelona: Tendencias Editores, 2007); Glenny, Misha, Mc Mafia – El crimen sin fronteras (Buenos Aires: Ediciones Destino, B 2008); Emmerich Norberto, Geopolítica del narcotráfico en América Latina (Toluca: Instituto de Administración Pública del Estado de México, 2015).

[3] Carbajal Glass, Fausto. “Spaces of Influence, Power and Violence: The Micro-Geopolitics of Organised Crime”. Strategic Hub for Organised Crime Research (SHOC), Royal United Services Institute (RUSI), https://shoc.rusi.org/blog/spaces-of-influence-power-and-violence-the-micro-geopolitics-of-organised-crime/.

[4] UNODC, World DrugReport 2022 (United Nations publication, 2022).

[5] Ídem.

[6] Ídem.

[7] Uribe Ruan, Pablo. “El crimen en América Latina: desorden, fragmentación y transnacionalidad”. Real Instituto Elcano, https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/el-crimen-en-america-latina-desorden-fragmentacion-y-transnacionalidad/.

[8] Emmerich, Norberto. Op. cit., p 94.

[9] Uribe Ruan, Pablo. Op. cit.

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LIBERTAD DE PRENSA: LA SIP ABOGA POR ATENCIÓN URGENTE A LOS DIARIOS BOLIVIANOS EN CRISIS

Editorial de El Deber

«Necesitan soluciones que les permitan continuar operando”, sostuvo el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Christopher Barnes.

Foto: Jorge Gutiérrez

Los diarios bolivianos que, en la última década, han sido víctimas de discriminación y castigados durante las crisis políticas, y en la actualidad con la agravante de la pandemia, atraviesan una etapa crítica “necesitan soluciones urgentes que les permitan continuar operando”, alertó el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Christopher Barnes.

“En muchos países, desde Estados Unidos a Jamaica o desde Ecuador a Bolivia, los medios están agobiados y son escasas las alternativas para apuntalar su sustentabilidad”, expresó en su mensaje por el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

El pronunciamiento se emite mientras los diarios bolivianos esperan que se concrete el diálogo anunciado, el pasado 24 de abril, por el Ministerio de la Presidencia para “conversar los temas de interés” del sector. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) solicitó un tratamiento urgente para salvaguardar la supervivencia de los medios impresos de Bolivia, en una carta dirigida a la presidenta Jeanine Áñez, el 6 de abril.

Barnes destaca en su mensaje las iniciativas y fórmulas que los medios adoptan para mantener sus servicios informativos y el respaldo que ofrecen Google y Facebook.

La Presidencia de la SIP celebra “el hecho que las personas están apreciando a los medios de comunicación tradicionales y al periodismo como su fuente primaria y confiable de información”.

Otorga relieve al “arduo trabajo” de periodistas y medios para convertir datos complejos en información fiable “por arriba de otras formas de comunicación donde abunda la desinformación, la mentira y los rumores”.

“Observar, preguntar, investigar, denunciar, exponer, criticar y mostrar nuevos caminos y soluciones son los aportes de siempre del buen periodismo. Es por esta consistencia en el periodismo de calidad por lo que las sociedades consideran a los medios tradicionales como ‘servicios esenciales’ durante esta pandemia global”, señala Barnes.

Atribuye a la pandemia la debilidad de las bases financieras de muchos medios de comunicación, la caída de la publicidad y la circulación debido a la recesión económica que “ha obligado a muchos medios a recortar personal y periodistas”.

Por un periodismo valiente

Con el título de “Por un periodismo valiente e imparcial”, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (Unesco) emitió un mensaje que evalúa la libertad de prensa a nivel mundial, y señala la oportunidad de “defender a los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión”.

La institución recuerda que el Día Mundial de la Libertad de Prensa fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, por recomendación de la 26ª Conferencia General de la Unesco, en 1991.

Expresa que la fecha es una ocasión para recordar que en docenas de países de todo el mundo, “las publicaciones son censuradas, multadas, suspendidas y clausuradas, mientras que los periodistas, editores y editores son acosados, atacados, detenidos e incluso asesinados”.

La Unesco pide a los gobiernos “la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de prensa y es también un día de reflexión entre los profesionales de los medios de comunicación sobre cuestiones relacionadas con la libertad de prensa y la ética profesional”.

 

Tomado de El Deber, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, https://eldeber.com.bo/177501_dia-mundial-de-la-libertad-de-prensa-la-sip-aboga-por-atencion-urgente-a-los-diarios-bolivianos-en-c