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LA TRANSFERENCIA DEL TRABAJO NACIONAL A TERCEROS PAÍSES. LOS DÓLARES QUE NECESITA EL GOBIERNO DE ALBERTO FERNÁNDEZ

César Augusto Lerena*

El 3 de octubre pasado La Voz de Galicia nos anunciaba que “Galicia y Madrid animan a la Argentina a suscribir el pacto del Mercosur con la Unión Europea, impulsando el intercambio de productos pesqueros y el abastecimiento de materia prima para la industria española a precios más competitivos” y que, mientras “el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, instaba al futuro gobierno de Argentina a suscribir el acuerdo Mercosur con la UE que le daría acceso a aquella a un mercado europeo de 500 millones, la Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz, le indicó al Subsecretario de Pesca argentino Juan Bosch, que el citado pacto comercial se presenta, como ‘muy ventajoso para ambos países’”.

Imaginémonos el diálogo, no durante el descubrimiento de América en 1492, sino en el mismo octubre pero del 2019 en Vigo, entre Alicia Villauriz oficiando de Colón y Bosch, de indígena recibiendo encantado los espejitos de colores: Señor Indígena: ustedes nos entregan todos los recursos pesqueros sin procesar (la materia prima) del Atlántico Sur, que se sumarán a los recursos argentinos que nosotros extraemos con permisos ilegales británicos o sin ellos de la zona de Malvinas, les entregamos los espejitos de colores y, nosotros en el Reino de España, los industrializamos y les damos trabajo a los españoles y distribuimos los productos por toda la Unión Europea “que consume mucho pescado”, a lo que el indígena, superando la primera impresión, se anima y le pregunta a Colón: bueno, pero por favor, le ruego que nos permita ingresar nuestras materias primas sin aranceles al viejo mundo.

Los argentinos azorados, pero no es distinta a la realidad de nuestras exportaciones actuales de materias primas pesqueras que se procesan fuera del país, como producto de la aplicación de políticas que desalientan toda la producción nacional. Bosch, un representante fiel de la actividad extractiva pesquera que desatiende el desarrollo de la industria pesquera nacional.

El Acuerdo con la Unión Europea, transitará un complejo camino de ajustes y aprobaciones por parte de los Estados, pero, en cualquiera caso, si se tratase de una “Asociación Estratégica” entre el MERCOSUR y la Unión Europea, de ninguna manera, podría estar destinado a que la Argentina provea materias primas y España las industrialice. Eso es lo que viene ocurriendo hasta hoy sin acuerdo y, lo primero que debiera suceder, es que España retire sus barcos pesqueros del Atlántico Sur y, entender que, si bien Europa tiene un mercado demandante, la Argentina tiene el recurso para satisfacer esa demanda, para lo cual, los buques españoles que realizan pesca ilegal (INDNR) en las aguas argentinas deben cesar de realizar esta práctica ya prohibida en 2008, tanto por la Unión Europea como por la Argentina.

Los equipos técnicos del próximo gobierno tienen claro, que la Argentina necesitará una importante cantidad de divisas para enfrentar los compromisos de pago de las deudas que deja el gobierno saliente, a la par, de reactivar el sector industrial para promover y registrar nuevos empleos, revirtiendo los altísimos índices de pobreza y desocupación.

La industria pesquera, la industria naval y sus industrias conexas pueden ser importantes proveedores de dólares, de bienes y generadoras de empleo.

Para ello, en primer lugar, el gobierno debiera hacer llegar al sector productivo y del trabajo mensajes claros respecto a que la explotación de los recursos del Estado se habrá de concesionar a aquellas empresas cuyos proyectos pesqueros generen alto valor agregado, es decir que, tratándose de una actividad fundamentalmente exportadora, genere el ingreso de divisas para el país y ocupación de mano de obra intensiva y calificada.

Accesoriamente a ello, pero no menos importante, es que las concesiones deben ocupar los territorios marítimos estratégicos y en su caso, competir con la captura extranjera de todos los recursos migratorios que tienen origen en la Zona Económica Exclusiva o están asociados.

La adjudicación de Cuotas o Autorizaciones estarán atadas a proyectos pesqueros que aseguren estas premisas básicas, de modo, que la administración del recurso sea sostenible económica, biológica y socialmente.

La exportación de commodities. No es admisible que el 65% de las exportaciones sean commodities y que la Argentina transfiera el trabajo, tal es el caso, del reproceso del langostino a Perú, Ecuador, Guatemala o Bolivia, o la exportación de pescados sin valor agregado a la Unión Europea o China; mientras la Argentina alcanza tasas de desempleo del orden del 10,6%. Los empresarios deberán llegar a los acuerdos necesarios para asegurar la competitividad generando trabajo. Las excepciones debieran estar referidas únicamente a la pesca estratégica en las áreas sensibles de explotación de los recursos migratorios.

Recuperación de las capturas de los buques extranjeros. La Argentina debe buscar los mecanismos para recuperar en forma sostenida y progresiva los recursos que pierde en manos de los buques pesqueros extranjeros, entre los que se encuentran los españoles. Ello se debe traducir inicialmente en la generación de acuerdos con empresas nacionales, empleo portuario y de provisión de insumos y, avanzar hacia procesos industriales crecientes en la Argentina.

Industrialización de descartes y la pesca incidental. El país no puede seguir descartando proteínas, por lo cual los descartes por razones comerciales o derivados de pesca acompañante deben destinarse a su industrialización. No solo porque pueden resolver la alimentación proteica de millones de niños y adolescentes, sino porque pueden representar un número equivalente al 50% del empleo actual, ya que hay formas para el aprovechamiento de las especies descartadas, que no han sido utilizadas hasta la fecha, sin que ello deba representar una pérdida de rentabilidad empresaria o del sector laboral. Por otra parte, hay medios técnicos para resolver en muy corto plazo las prácticas de sustitución de especies que distorsionan la utilización de las cuotas y autorizaciones de captura. Es una tarea que no debiera postergarse.

La renovación de la flota pesquera y su fabricación de la Argentina. Es sabido que gran parte de los componentes de los buques que se fabrican en la Argentina son importados. Ello, seguramente, no podrá resolverse en el corto plazo, pero el armado y la fabricación final debe estar en manos de Astilleros privados y públicos nacionales, quienes pueden y debieran complementarse. La Argentina no puede seguir construyendo buques pesqueros, de investigación, barcazas, buques afectados a las fuerzas armadas y de seguridad, plataformas petroleras, etc. fuera del país y, por otra parte, resulta impostergable la renovación de la flota para terminar con los naufragios. Ello no debiera ser motivo para reducir los aranceles a la importación de buques en lugar de incentivar y buscar los medios de financiación para la construcción nacional y el consecuente empleo local.

Los Acuerdos y la explotación del recurso nacional debe transformarse en trabajo para los argentinos.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

Copyright © *|2019|* *|César Lerena|* All rights reserved.

 

LAS INVERSIONES PESQUERAS GALLEGAS EN LA ARGENTINA

César Augusto Lerena*

 Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina que muestra al presidente Mauricio Macri mientras se reúne con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en Buenos Aires (Argentina). EFE. 

 

Bienvenidas las inversiones españolas en la Argentina que generen divisas, valor agregado y empleo en las ciudades y pueblos del litoral marítimo. Todo lo contrario a lo que el Presidente Macri, el Ministro Etchevehere y su Subsecretario Bosh acordaron el 19 de septiembre con el Presidente de la Xunta de Galicia Alberto Nuñez Feijóo.

Por suerte, el tráfico de esclavos se abolió en la Argentina en 1853 y en España en 1886. Hasta entonces, el comercio gallego de esclavos estuvo en manos de reputados comerciantes, familias de abolengo y del propio Estado, donde “el encubrimiento social de los descendientes de los negreros se fundó en ocultar el origen de sus fortunas”.

En 1770 el único puerto terminal para los intercambios entre el Río de la Plata y La Coruña era Montevideo y los traficantes de negros efectuaban un comercio redondo porque triangulaban: en Europa, cargaban tabaco, bebidas, utensilios, pólvora y armas de fuego; los cambiaban por esclavos y marfil de África; vendían los esclavos en América y, desde esta, llevaban carnes saladas, cueros, algodón, lanas burdas, azúcar y otros a Europa. La política mercantil española era exportar el excedente de sus productos elaborados e importar materias primas de bajo valor, necesarias para su alimentación e industria, junto a ello, el tráfico ilegal de géneros, alcoholes y esclavos; incluso, uno de nuestros prohombres entendía que América debe entregarle a España las materias primas, y esta devolvérselas prontas manufacturadas”. Nada más parecido a esta firma de Macri-Nuñez Feijóo, solo que 250 años atrás.

Reitero, para que no se confunda un rápido lector, la Argentina necesita de las empresas nacionales y españolas radicadas en el país y que éstas generen divisas, valor agregado y empleo. Ahora, bajar los aranceles importación de barcos más de 30 metros de eslora del 14% al 7% para que “casi la mitad de los buques que operan en aguas argentinas” (sic), es decir unos 250 de ellos, se construyan en los astilleros gallegos, sin ninguna contraparte a favor de la Argentina, es un verdadero despropósito.

Hubiese sido una interesante oportunidad para que Nuñez Feijóo nos diga qué posición tiene España respecto al futuro de Malvinas y la Antártida a partir del Brexit, en razón de que el Reino de España no puso objeciones a su incorporación como Territorio del Ultramar al votar la aprobación de la Constitución de la Unión Europea (UE).

Por otro lado, los buques españoles y en especial los gallegos, como contrapartida, deberían dejar de capturar nuestros recursos pesqueros con licencias ilegales británicas en Malvinas, al igual que las capturas ilegales de nuestros recursos migratorios en la Z.E.E. argentina o adyacente, ya que gran parte de esas materias primas de origen argentino terminan en las mesas de los españoles, compitiendo con los productos industrializados en Argentina, incluso, de aquellas empresas españolas que están radicadas en nuestro país. Al respecto el Reino de España no debiera desconocer que la Unión Europea, el 29 de septiembre de 2008, dictó el Reglamento (CE) Nº 1005/2008 del Consejo, que establece la Pesca INDNR (Ilegal, no declarada, no registrada), y su país, es parte contratante de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que ha ratificado los Acuerdos relativos a la conservación y la ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios del 4 de agosto de 1995 y ha suscrito el Acuerdo del 24 de noviembre de 1993 para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. El principio esencial establecido en esas disposiciones es que todos los Estados tienen el deber de adoptar medidas adecuadas para asegurar la gestión sostenible de los recursos marinos y de cooperar unos con otros para ese fin y que, “la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) es una de las mayores amenazas para la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y socava los cimientos mismos de la política pesquera común y los esfuerzos internacionales por lograr un mejor gobierno de los mares. Además, es una gran amenaza para la biodiversidad marina, a la que debe hacerse frente conforme a los objetivos fijados en la comunicación de la Comisión titulada “Detener la pérdida de biodiversidad para 2010”, y más adelante. En síntesis, todos los españoles invirtiendo en el continente argentino, con las reglas de Argentina y ningún barco gallego pescando en forma ilegal en el Atlántico Sur.

Al mismo tiempo, desalentar toda sociedad gallega en Malvinas, el desarrollo portuario en ese archipiélago, eliminar toda política de subsidio a las capturas a distancia y la aplicación de aranceles a la importación de productos elaborados en la Argentina.

Los acuerdos de cooperación son fundamentales cuando son de mutuo interés y beneficio. No cuando nos retrotraen a las políticas del Reino de España y el Virreinato de 1770.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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EL MODELO PESQUERO Y DE EXPLOTACIÓN DEL ATLÁNTICO SUR DEL GOBIERNO ESTÁ AGOTADO

César Augusto Lerena*

 

No se trata de hacer leña del árbol caído, ya nos referimos decenas de veces a que este modelo de administración extractiva está agotado —si es que alguna vez hubo razón para implementarlo— y, que el descontrol y la cesión sostenida y creciente del Atlántico Sur y Malvinas es alevosa inadmisible. Contrario a las consultoras, algún diagnóstico pudimos hacer y, días antes de las elecciones publicamos: “El poder central pesquero administra mal e impide el desarrollo de las provincias”. Ello, evita que nos asignen el mote de oportunistas, ya que con el diario del lunes cualquiera es analista político.

La forma de administración extractiva del recurso pesquero atrasa, porque al igual que el conjunto de las políticas de gobierno que desatendió la pobreza y los efectos sobre la clase media trabajadora, la explotación de un recurso natural del Estado Nacional o Provincial no puede limitarse a concesionar la explotación y generar riqueza para unos pocos. La administración de los recursos, lo hemos dicho cientos de veces, debe mantener un equilibrio sustentable económico y social para asegurar el negocio a los concesionarios, distribuir la riqueza a través del valor agregado en los productos, garantizando el mayor empleo y felicidad posible, fortalecer los pueblos donde se asienta la industria y preservar los recursos para ésta y las próximas generaciones.

Nada de ello ha hecho este gobierno, que se han limitado a proseguir con una administración —en el mejor de los casos— perimida, sin imaginación, incapaz de transformar este diamante en bruto, que nos ha llevado a ser los eternos proveedores de commodities, promoviendo formas de captura y procesos a bordo, que responden al modelo de “granero del mundo” que podía justificarse a principios del siglo XX pero que es inaceptable en el mundo post-industrial en el que vivimos.

Excelente este modelo para la pesca extranjera a distancia y espectacular para los grandes compradores como España, ellos sostienen su negocio y, es lógico que eso ocurra, cada uno cuida lo suyo. Pésimo para los intereses argentinos, que deben sacar el máximo provecho a sus materias primas e industrializarlas de tal modo que terminen en las góndolas de los grandes supermercados del mundo o de nuestro país.

Con el amplio y extendido territorio continental de Argentina que pone al alcance los recursos del mar, el Estado debería estar ocupado en financiar, renovar y modernizar con la última generación a los buques a la flota fresquera para procesar en tierra y, subsidiar la competencia de los buques congeladores y poteros para competir con los buques extranjeros en los límites de la Z.E.E. y la Alta Mar. En los inicios de la actividad pesquera en la Argentina nadie imaginó el desarrollo que alcanzaría, pero ello ha quedado atrás y es necesario promover un nuevo paradigma que potencie las insustituibles ventajas de ser los dueños del recurso y conocer el mercado.

Todo lo que se haga en materia pesquera debe ir acompañado de una política de control del Atlántico Sur, para dar un mensaje claro a los países y buques extranjeros que capturan nuestros recursos, de que la Argentina protege sus espacios marítimos y recursos.

Cuando el langostino valía mucho más, porque salía muy poco, ya se utilizaba la herramienta de llevar al Presidente de la Nación varias cajas semanales de langostino a la Quinta de Olivos o a la Rosada. Ello solo, podía dar lugar a la designación de un Subsecretario. ¡Hay una cierta fascinación por el langostino! La misma, con la que los Subsecretarios de Pesca se aferran a esta especie para mostrar obsecuentemente al Presidente en ejercicio que los números de exportación aumentan, desconociendo o escondiendo, lo que los investigadores del INIDEP opinan sobre la imprevisibilidad biológica de esta especie, que impide determinar la Captura Máxima Sostenible Anual y, por lo tanto, no se puede sostener el conjunto de la actividad, las industrias, empleos y pueblos con esta monocaptura. Habrá que invocarse a San Salvador o a la virgen de los pescadores.

Un frío pánico debe haber corrido por los funcionarios de la Subsecretaría de Pesca al ver los inesperados (¿?) resultados de la PASO. Los ordenanzas, en días ya no contestaran a los llamados de pedido de café. En meses, dejarán de sonar los teléfonos y ya no habrá audiencias para los besamanos. Llegará el irremediable ostracismo. Pero ello, no resolverá la cuestión de fondo, porque llegarán otros funcionarios a las poltronas a propuesta de los amigos empresarios o políticos y, será el cuento de “la buena pipa” sino se produce una gran Reforma Federal y Social Pesquera que cambie el eje de la discusión y el destino de esta importante actividad. Gracias a Dios, los cambios políticos son irremediables —cualquiera sea el ganador final— porque nadie quiere, como Macri, que, el pueblo, por una mayoría abrumadora le diga: no va más.

Es posible y deseable que esa Reforma se lleve adelante con una amplia participación.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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