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LA RATIFICACIÓN DEL PROYECTO PESQUERO Y SU CONFIRMACIÓN POLÍTICA

César Augusto Lerena*

Imagen de Claudio Bianchi en Pixabay

Días pasados tuve la posibilidad de conversar telefónicamente en un programa radial con tres conocidos periodistas especializados en temas pesqueros. Como me ha ocurrido en estos últimos tiempos, desde que se difundiera una lista de posibles candidatos a ocupar la Subsecretaria de Pesca de la Nación que me incluía, debí negar nuevamente que se me hubiese ofrecido tal cargo. Aunque, debí aclarar que, si tal ofrecimiento ocurriese, lo aceptaría, con determinadas condiciones, porque desde hace 50 años en que me vinculé al sector pesquero, me involucre fuertemente con la actividad.

Pero, claro está, el ofrecimiento sería un hecho ciertamente revelador, porque en los cientos de artículos que escribí en los últimos años, he expresado claramente un proyecto de fuerte desarrollo social, industrial y nacional y de defensa de la soberanía nacional en el Atlántico Sur y Malvinas, que no se compadece con la política dominante de estos últimos años.

Es hasta lógico, que el periodismo, en su avidez por conocer quién se hará cargo de esta cartera en la afligente situación por la que atraviesa la industria pesquera, se dude de mi afirmación categórica: no se me ha ofrecido cargo alguno.

Sobre este aspecto, les recordaría a los amigos periodistas tener muy en cuenta que en estos menesteres aplica habitualmente la política del tero, que, “canta en un lado y pone los huevos en otro” y, sobre todo, que “el sur también existe”.

Ahora bien, se podrá mantener viva la llama de la duda respecto a ocupar o no un cargo, pero no un trabajo inclaudicable en defensa irrestricta de los intereses de la empresa nacional, el trabajo y la sostenibilidad de los recursos naturales del Estado que, comenzó profesionalmente hace algo menos de cincuenta años y que, en materia política, se inició en 1976 criticando la presencia de buques extranjeros en el mar argentino, en una época donde la mayoría guardaba silencio. Hacia 1983, nos referíamos a “la desmalvinización” y en 1986 nos opusimos a los Acuerdos Marco con la Unión Soviética y Bulgaria (una relación residual heredada del Proceso), a los que calificamos como “la derrota final de Malvinas” y, junto al recordado Cuqui de la Garma, para profundizar el accionar político, fundamos la Revista “Pesca Argentina y mundial”, financiada por Paco Ventura, donde describimos la ocupación del Atlántico Sur y la destrucción del sector pesquero nacional, desde Martinez de Hoz a Juan Vital Sourrouille y, hacia 1987/8 cuando el gobierno radical negociaba los “Acuerdos de Madrid” (que se concretarían en el gobierno menemista), titulábamos con dureza “Caputo, el peón de la Reina”, a quién, siendo Canciller y, Presidente de la ONU, desde el Centro de Estudios para la Pesca (CESPE) invité a debatir sobre la política en el Atlántico Sur (Clarín,  21 de abril de 1989). Nunca imaginamos que lo peor estaba por llegar.

En 1991 renuncié a la Secretaría de Estado del gobierno de Menem con motivo de una serie de “desatinos” (¿?) del Canciller Cavallo que se iniciaron con la firma de los Acuerdos de Madrid en 1989; la conservación conjunta de los recursos pesqueros al este de Malvinas en 1990, que posibilitaron a los británicos el otorgamiento de licencias pesqueras a buques asiáticos, españoles, polacos, etc., y la consolidación económica de los isleños que concluyeron con la determinación de las Líneas de Base de Argentina en 1991, la derogación de la Ley 17.094 que redujo el mar territorial argentino de 200 a 12 millas que allanó el camino del Reino Unido a la posterior instalación de una Z.E.E. de 200 millas alrededor de Malvinas. Ya fuera del gobierno, en 1994 critiqué el Acuerdo con la Unión Europea, lo que calificamos “como el festival de los permisos” y la sobre-explotación de los recursos.

Observamos en 1995 que la CONVEMAR desconocía para los Estados ribereños los recursos migratorios, que dan sustento a los ingleses en Malvinas y depredan cientos de buques extranjeros (Estados de Bandera) llevándose más de un millón de toneladas anuales de nuestros recursos pesqueros e impidiéndonos duplicar nuestras exportaciones y triplicar el empleo nacional.

En 1993 elaboré la ley de pesca de la Provincia de Buenos Aires, aún hoy vigente, de la que se tomó gran parte del artículo 1º de la Ley 24.922 que promueve el valor agregado, el empleo y el trabajo industrial, aunque en las discusiones que se generaron al momento de la sanción de esta última, con el Senador Hipólito Solari Yrigoyen, Castillo y otros promotores, observé la desnacionalización de la actividad que provocaría su redacción y el tiempo me daría la razón, ya que mientras en 1970 todas las empresas pesqueras eran nacionales, en 2019, siete de las diez principales empresas exportadoras son extranjeras y, no porque ello, en sí mismo, sea malo, sino porque se deshumanizó el trabajo, desculturizó la actividad y se va en camino a que capitales inversores extranjeros se queden con la renta hasta que el caladero se agote.

En el 2005 hice notar que millones de argentinos con doble nacionalidad desconocieron que con el apoyo de países amigos se firmó el Tratado de Lisboa y los ciudadanos de la Unión Europea votaron la consulta sobre la aprobación del texto constitucional de Europa que incluyó dentro de ésta a Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y la Antártida, como territorios británicos de ultramar.

En 2008 aplaudimos la sanción de la Ley 26.386 que impide a las empresas pesqueras que operan en Malvinas obtengan habilitaciones para pescar en el Atlántico Sur, del mismo modo que la Ley 26.659 respecto a las petroleras y en el 2010 al Decreto 256/10 que obligó a la solicitud de permiso de tránsito hacia Malvinas, del mismo modo que repudiamos el inicio de las actividades petroleras en Malvinas.

Nos opusimos en 2011 a la llamada reserva ecológica británica que enajenó 1 millón de km2 de nuestro territorio marítimo y estamos en contra de toda área marítima protegida en el mar austral que no resulte de las recomendaciones e investigaciones del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero argentino, porque atrás de valiosos fundamentos ecológicos, se esconde el blindaje de los recursos que explotan los británicos y se limita la presencia de los buques nacionales en el mar argentino.

Resaltamos, desde siempre, que la Argentina tiene ocupados 1,6 millones de kilómetros cuadrados de territorio nacional y no solo los 14.410 kilómetros cuadrados del archipiélago de Malvinas, circunstancia que pasa desapercibida para gran parte de los argentinos.

Calificamos en el 2016 de Política de Estado a la ratificación por unanimidad de la ONU del informe de la Comisión de Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina (COPLA) que la Cancillería inicio su presentación en abril de 2009. Rechazamos enérgicamente ese mismo año en el Senado de la Nación el denominado Pacto Foradori-Duncan, que no es otra cosa que la ratificación del Acuerdo de Madrid destinado a “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas Malvinas” y mantiene viva la “fórmula del paraguas” que congeló los avances soberanos de Argentina sobre la recuperación de Malvinas y su territorio marítimo austral. Las investigaciones conjuntas que derivan del mismo y los vuelos a San Pablo, que como ya lo dijimos en su oportunidad y reiteramos, facilitarán el comercio de Malvinas y la sobrevivencia de las islas frente al Brexit y, con ello, la profundización de la pérdida soberana y de los recursos pesqueros nacionales.

Rechazamos en 2018 los acuerdos pesqueros con China y Rusia firmados durante la Cumbre del G20 realizada en la ciudad de Buenos Aires; acuerdos, que junto al otorgamiento de licencias ilegales pesqueras en Malvinas y las extracciones en la ZEE y la utilización logística de puertos de Montevideo dejan de manifiesto una política de extranjerización total del Atlántico Sur. Ya en estos días nos oponemos al otorgamiento a empresas británicas de la explotación offshore de petróleo en el área entre Malvinas y el continente argentino, debilitando la posición argentina en la zona austral del mar argentino.

Después de 37 años de políticas relativas a Malvinas y Pesca, a mi juicio desacertadas, también hemos convivido con un manejo discrecional e insustentable de la pesca. Y a propósito de ello, los tres periodistas que me entrevistaran, me preguntaron cuáles son las medidas que yo tomaría en una hipotética gestión gubernamental, a lo que respondí que en las cuestiones internacionales debería ocuparme con la Cancillería de las que afectan al sector pesquero (caso los buques gallegos asociados a empresas británicas en Malvinas, etc.) y de las internas que deben estar destinadas a generar más recursos económicos para el país, agregar valor a las materias primas y aumentar el empleo registrado y total.

Pero para ello, hay que empezar ordenar y sanear la actividad para dar previsibilidad a los empresarios, los trabajadores e inversionistas y, la pregunta surgió de los periodistas casi espontánea: ¿qué haría con los permisos, cuotas y transferencias que varios denunciamos como ilegales? A lo que respondí y reitero definitivamente en este escrito (pero lo he hecho en varios anteriores): todos los permisos, cuotas, autorizaciones y transferencias de captura serían revisados en mi hipotética gestión, desde la sanción de la Ley 24.922 hasta la fecha e, incluso, claro está, para ser más preciso, también —y muy especialmente— revisado el cálculo que motivó el otorgamiento de porcentuales relacionados a la Captura Máxima Permisible; el llamado informe de la UBA y los porcentuales máximos de concentración por grupo empresario y, muy especialmente, aquellas operaciones que dieron lugar a transferencias de permisos a buques españoles y del que debieron derivar en desguace y baja los permisos de los buques obsoletos argentinos y, claro está, incluirá también los que derivan de esta última gestión.

Aunque, todo ello, podría transformarse en un mero ejercicio intelectual, porque como he dicho, no he tenido ofrecimiento alguno y, si lo tuviese y aceptase, será porque todo esto se puede ejecutar.

No tengo otras aspiraciones que no sean llevar adelante mis fuertes convicciones. Son casi inexistentes mis probabilidades de convertirme en el próximo Subsecretario. Sugiero en este aspecto mirar al sur. Finalmente, ya he cumplido, con mis sucesivos artículos en materia de “Atlántico Sur, Malvinas y Pesca” con la obligación inexcusable de elevar la vara y visibilizar este tema entre los argentinos y, quién asuma la función, a partir del 10 de diciembre, tendrá que explicar el “qué” y el “cómo” va a llevar adelante una política nacional que devuelva a la Nación y, a esta noble actividad, al lugar del que nunca debió apartarse, para caminar el sendero de bienestar de todos los argentinos.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

Copyright © *|2019|* *|César Lerena|*, All rights reserved.

 

EL CONSENSO PARA LA REFORMA PESQUERA EL DESARROLLO Y LA OCUPACIÓN DEL ATLÁNTICO SUR.

César Augusto Lerena*

Imagen de Claudio Bianchi en Pixabay

Es de tal gravedad la situación general y sectorial, que la Argentina no admite más la aplicación de viejos modelos fracasados, el aprovechamiento de los recursos del Estado para fines personales o la mala administración por parte de los servidores públicos. Se requiere de funcionarios y dirigentes reflexivos, abocados en un nuevo plan de desarrollo productivo que priorice el bienestar del trabajador y su familia, la previsibilidad y renta empresaria, la explotación racional y eficiente del recurso, la generación de divisas y empleo y, también, diferenciar al agente público eficiente del que entorpece el desarrollo de la actividad, ya sea por acción, omisión o prácticas ilegales.

No será posible la recuperación soberana del Atlántico Sur y Malvinas si no ocupamos el Mar Argentino, explotamos sus recursos y, los migratorios o asociados. Y, sí esperamos transformar la producción primaria pesquera en una industria, como precisa el artículo 2º de la Ley 24.922 generando mayores divisas, valor agregado y empleo, será indispensable efectuar una reforma consensuada de la actividad pesquera, cambiando el modelo extractivo que prima desde la década del 70.    

No es un momento fundacional, en el que se desandan las buenas acciones, sino el de una reforma fundada y sostenible, de nuevos planes basados en el conocimiento de la biología, la explotación,  la administración del recurso, el mercado, las necesidades de la empresa y el trabajador, el gerenciamiento de la actividad marítima, pesquera, naval, exportadora y de consumo, que deben rápidamente ponerse en movimiento, para eliminar la inequidad y el desaliento, generar nuevas inversiones, mayor valor agregado y trabajo, divisas para el país y ratificar la presencia de los productos de calidad en todo el mundo y en la dieta de los argentinos.

Sería necesario en ámbito nacional:

1) Extraer la mayor cantidad de recursos disponibles en forma compatible con una óptima reproducción, multiplicación y desarrollo de las especies y el mantenimiento de la biomasa a perpetuidad para asegurar su explotación actual y el de las próximas generaciones.

2) Buscar acordar la explotación de los buques extranjeros de nuestros recursos migratorios y, a la par, promover los incentivos necesarios para que toda la flota pesquera congeladora argentina y, muy particularmente la potera, se haga de nuestros recursos en todo el atlántico sudoccidental.

3) No depredar ni descartar ninguna captura, de modo que desembarquemos el más alto volumen posible, para generar nuevas industrias, y que, las existentes, puedan disponer de materias primas en forma regular, aumentando la demanda laboral y la rentabilidad empresaria, a la par, de aprovechar esta esencial proteína en un país con una altísima tasa de desocupación, pobreza e indigencia.

4) Establecer reglas y controles ciertos sobre la asignación de cuotas y autorizaciones de captura, que se ajusten a los proyectos aprobados de explotación, respecto a la radicación territorial e industrial, generación de valor, ocupación de mano de obra, afectación de la flota a las capturas asignadas, su renovación y actividad, la utilización de medios y redes selectivas y la pesca en las áreas autorizadas, la sustentabilidad del recurso y del ambiente, la responsabilidad social empresaria y, el cumplimiento de toda la legislación pesquera y del proyecto presentado por la Empresa, que diera lugar a la concesión de la captura, industria y comercio de los productos pesqueros.

5) Establecer una Unidad Económica Pesquera que asegure el sostén económico y social de las pequeñas y medianas embarcaciones e industrias y dé, mayor certeza a estas y sus trabajadores, promoviendo inversiones y el desarrollo de nuevos proyectos, evitando la quiebra, el desempleo y la reformulación de buques menores en otros de mayor capacidad con la consiguiente inequidad e incremento del esfuerzo y la depredación. Ello, acompañado de políticas que faciliten la exportación y el comercio interno de las pequeñas y medianas empresas para dar mayor probabilidad de subsistencia.

6) Promover una mayor industrialización de las materias primas, incentivando el valor agregado y desalentando la exportación de commodities que extranjeriza la mano de obra argentina y reduce el ingreso de divisas el país.

7) Erradicar el trabajo no registrado, a través de sistemas de cruzamiento de datos que fácilmente detectan la irregularidad y, a la par, efectuar las correcciones impositivas necesarias para evitar que el régimen imperante desaliente la registración o el pago parcial en negro.

8) Aumentar el consumo nacional de pescado, que se encuentra entre los más bajos del mundo y, por tal motivo no se genera mayor valor agregado, empleo y mejora de la dieta de los argentinos.

9) Asegurar la diversidad de la explotación de las especies, no solo para obtener un mayor equilibrio biológico, sino, además, para que la actividad no esté sujeta a una monocaptura poco previsible como la del langostino, cuya caída, provocaría una de las más graves crisis del sector.

10) Llevar adelante una política de federalización de la explotación de los recursos originarios, para asegurar una industrialización de las provincias del litoral marítimo.

11) Dar autonomía a la investigación pesquera el INIDEP no solo para asegurar la perpetuidad de las especies, sino para poner el desarrollo tecnológico al servicio de las empresas.

12) Llevar adelante una política de renovación y de seguridad de los buques para reducir los naufragios y promover, buscando los medios de financiamiento, la construcción de embarcaciones pesqueras, transporte, investigación, petroleros, defensa, etc. en los Astilleros nacionales.

13) Colaborar con la Autoridad Portuaria para promover la construcción y/o mejora de los puertos para facilitar la operación de los buques pesqueros y, actuar sobre los propietarios o tenedores de buques pesqueros abandonados en los puertos para mejorar en estos su operatividad.

14) Generar la necesaria confianza internacional en los organismos nacionales de control y certificación para asegurar la colocación de los productos pesqueros en el mundo, acreditándolo ante nuestras propias certificadoras y las calificadoras internacionales.

Será necesario en materia internacional:

15) Promover la creación de una Comisión Revisora de los Acuerdos de Madrid con el objeto de retrotraer a 1982 todas las cuestiones que, pese a la fórmula aplicada del paraguas, el Reino Unido incrementó unilateralmente respecto a la ocupación original de Malvinas y de los aspectos relativos a la explotación de los recursos naturales originarios de Argentina en el Atlántico Sur desde esa fecha.     

16) Llevar adelante una política de preeminencia, en nuestro carácter de Estado Ribereño, sobre los Estados de Bandera (extranjeros) de acuerdo a la CONVEMAR, tomando las acciones precautorias para evitar la depredación del Atlántico Sur y, en especial, la captura de especies migratorias del mar argentino.    

17) Prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Pesca INDNR) haciendo valer en el concierto internacional el ejercicio de los derechos soberanos de Argentina como Estado Ribereño, acordando o sancionando, a todos los buques extranjeros que pesquen ilegalmente los recursos argentinos en el Atlántico Sur, evitando la captura de más de 350 buques extranjeros ilegales en el Mar Argentino y sobre las especies migratorias en el área adyacente, privando a la Argentina de un millón de toneladas anuales de pescados y calamares que le permitirían a nuestro país duplicar las exportaciones, triplicar la mano de obra y mejorar la dieta de los argentinos.

18) Llevar adelante una política de explotación nacional del calamar destinada a mejorar las condiciones de explotación selectiva de esta especie por parte de los buques nacionales y reducir su extracción con buques de arrastre y/o con embarcaciones licenciadas por el gobierno ilegal británico.

19) Concretar Acuerdos con Uruguay para eliminar las operaciones portuarias en ese país por parte de buques extranjeros ilegales que extraen recursos en el Atlántico Sur y posibilitar una integración rioplatense para defensa y explotación económica del Atlántico.

20) Promover el rechazo del Acuerdo de Nueva York y del Atún evitando regionalizar el Mar Argentino y nuestro debilitamiento como país ribereño ante los buques Extranjeros y el Reino Unido en Malvinas.

21) Dejar sin efecto el Acuerdo Foradori-Duncan, en lo relativo al incremento de vuelos a San Pablo y la investigación conjunta con el Reino Unido del mar argentino y la pesca.

22) Promover la revisión del reciente pre-acuerdo con la Unión Europea, con el objeto entre otros de establecer, que los productos originados en el Atlántico Sudoccidental (Área FAO 41 y 48) o migratorios o asociados a ésta deben encontrarse certificados por la Argentina, o la República de Uruguay en su caso, para su ingreso a la Unión Europea, sufriendo las mismas limitaciones arancelarias o sanitarias que pudieran aplicarse a la Argentina.

23) Llevar adelante políticas activas en el Atlántico Sur, controlando la defensa nacional y considerando a este espacio, de interés ambiental, social y de desarrollo económico para todos los argentinos.             

La acción y la vocación del gobierno y la cooperación y solidaridad de todos los actores del sector serán vitales para revertir esta grave situación, contribuir a la reafirmación de la soberanía y al desarrollo nacional desde esta actividad, para generar divisas, valor agregado, empleo, radicación industrial y el bienestar de todos los argentinos.   

                  

* Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA, Asesor en el Senado de la Nación, Doctor en Ciencias, Consultor, Escritor, autor de 25 libros (entre ellos “Atlántico Sur, Malvinas y Reforma Federal Pesquera”, 2019) y articulista de la especialidad.

LA PROVISIÓN DIARIA DE ALIMENTOS PROTEICOS A 3 MILLONES DE NIÑOS DESDE LA PESCA

César Augusto Lerena*

 

Imagen de Susanne Pälmer en Pixabay

La provisión de alimentos a las poblaciones vulnerables mediante cajas o bolsones, desde la instauración del Programa Alimentario Nacional (PAN) de Alfonsín, y todos los que lo sucedieron en centros o comedores de distinto tipo, se han basado fundamentalmente en el suministro de carbohidratos, con una baja o nula provisión de hortalizas frescas y alimentos proteicos. En síntesis, insuficientes para proveer una dieta nutricionalmente balanceada, especialmente en los niños y adolescentes. Ello está motivado en la carencia de transportes y cámaras de refrigeración, destinados al mantenimiento de la aptitud sanitaria de estos alimentos altamente perecederos, durante los procesos de almacenamiento, distribución y entrega de los programas sociales de alimentación, además de los costos de hortalizas y carnes.

La tecnología ha avanzado y, hace años que es posible, envasar hortalizas frescas con atmósfera modificada para prolongar su vida útil a tiempos superiores de entre 7 y 15 días y, con ello, facilitar su traslado y guarda; pero, no nos referiremos aquí a éstas sino al suministro de proteínas —aminoácidos esenciales de la mejor calidad, solo comparables con la leche materna— que proveen los pescados, además de grasas insaturadas y Omega 3, que, como sabemos, actúan favorablemente en el sistema circulatorio y como antioxidantes, respectivamente, entre otras virtudes.

El promedio de consumo mundial de productos de origen pesquero es del orden de los 19kg/año por persona, mientras que en la Argentina el consumo está por debajo de los países más pobres y de los más ricos con unos 6kg/año/per cápita, es decir, menos que la media y, sensiblemente menor que los países desarrollados que van de 35 a 70kg/año por persona. Es decir, en nuestra dieta alimentaria, esta proteína esencial está virtualmente ausente.

Supongamos, que entonces nos decidiéramos a incorporar pescado en la dieta de niños y adolescentes para resolver la carencia que hemos mencionado de proteína en los programas sociales, para lo cual deberíamos pensar en la provisión de hamburguesas o empanados de pescados desmenuzados, saborizados o no, para la alimentación en los centros urbanos y, en productos termoestabilizados o conservas de pescados para su entrega en los ámbitos remotos. Ello produciría dos importantes efectos, el primero, contribuir a paliar el hambre y la desnutrición en la niñez y, el segundo, revitalizar la industria pesquera conservera y de empanados congelados, generando un importante mano de obra ocupada en la actividad. Esto es lo que el autor ha llamado “La Alimentación Social para la generación de desarrollo industrial y empleo” (1996), cuyo proyecto iniciaron en 1983 los ex gerentes de Alpesca-Conservas Cascabel (Federico Bensadón) y de Ventura-Conservas Dársena (César Lerena) cuando insertaron ese año dos latas de merluza carioca (que los fileteros descartan por su pequeño tamaño) en las cajas del programa PAN, permitiendo, por un lado, duplicar la producción nacional de conservas de pescado y, por el otro, a partir de conocerse popularmente el producto, ingresar estos alimentos enlatados a las góndolas de los comercios, cuestión que nunca antes había ocurrido, a la par de generar un importante desarrollo tecnológico, que aportó el INTI, para adecuar esta especie a su utilización en la conservación por esterilización.

A esta altura agregaremos, que la pesca, debe regularse, si se quiere que sea sostenible y contribuya al bienestar nutricional, sanitario, económico y social, en acuerdo con lo que la FAO sugiere en su “Código Internacional de Conducta Responsable”, disuadiendo las actividades de buques que depredan (descartan) el recurso, teniendo en cuenta, las necesidades de las comunidades pesqueras que requieren de él para su subsistencia, como es el caso de Argentina, donde una gran cantidad de pueblos y ciudades del litoral marítimo depende de esta actividad. Es decir, optimizar la explotación no solo es una cuestión económica, sino una “Responsabilidad Social” inherente al concepto moderno empresario, donde, además, siendo un recurso del Estado, su explotación eficiente debiera ser una obligación del concedente y el concesionario.

Dicho esto, es inadmisible que durante la explotación se descarten unas 300 mil toneladas/año de pescados —un recurso de todos los argentinos— que podría proveer de proteínas a unos 3 millones de niños y adolescentes por día y que, técnica y económicamente, es posible evitar su descarte y aprovechar esta materia prima de la mejor calidad nutricional para ser utilizada en los programas sociales y, a la par de ello, generar nuevas actividades industriales y unos 10.000 empleos/año.

El número de 300 mil toneladas descartadas por año no es arbitrario. El BID en su “Proyecto de Desarrollo Pesquero Sustentable” (2013), informó que en Argentina hay un 20% de descarte y subdeclaración. Ello nos estaría indicando que, desembarcándose unas 800 mil toneladas/año, los buques argentinos tirarían al mar o sub-declararían todos los años, unas 160 mil toneladas de pescados aptos para el consumo. Por su parte, la Auditoría General de la Nación (Res. Nº 17/08, 09/11 y 032/15) manifestó: “No hay sanción a la pesca incidental de más del 10% de merluza; su Biomasa Reproductiva sigue en estado crítico y el INIDEP precisa que los buques no usan mecanismos de selectividad en la pesca de langostino y tiran unas 32 mil toneladas de merluza/año”. En igual sentido, el Inf. Téc. Of. 46/09 del INIDEP indica: “Los partes de pesca (los informes empresarios de las capturas) son inconsistentes, hay sobrepesca, se pescan juveniles, no se declara pesca y los descartes son del 20 al 30%” y, el Inf. Tec. Of. 32/15 del INIDEP (Santos-Villarino) dice: “se descartan entre 52.000 y 108.000 toneladas de merluza hubssi por año”; es decir, el 41% del total de la merluza desembarcada, aunque aquí faltaría agregar todas las especies consideradas “no comerciales” que igualmente se descartan una vez capturadas. Y el mismo informe continua: “Persiste una mayor presión pesquera sobre el grupo de 2 años (juveniles)”, es decir, que además de depredar —porque el inicio de la madurez ocurre a los 2,6 años— se impide el crecimiento de estos ejemplares, que no alcanzan todo su desarrollo y peso y, un mayor volumen de la Biomasa Reproductiva, con la consiguiente disminución del stock pescable. Este informe en 2017 indica que el grupo de edad fue de un promedio de 2,2 años, continuando la depredación y en la pesca incidental del langostino a un promedio de un año, es decir que desde hace unos diez años la captura es sobre los juveniles, en la más absoluta transgresión a la Ley de Pesca 24.922 (Art. 21º inciso o). Ya en diciembre de 2018, el Informe 137/18 INIDEP (Villarino-Tringali-Louge) refiere que el bycatch (captura incidental) de merluza de la flota langostinera, accedió a entre un 38% y 43% dentro del área de veda patagónica y al sur y este de la veda de reproductores, con un 40% de juveniles de menos de 35cm; talla que ni siquiera procesan los fileteros y sobre datos de solo la flota observada, que no incluye la flota congeladora y la fresquera de altura de merluza y otras especies.

Con los informes citados relativos a los descartes de diversa índole (especies no comerciales, pesca incidental, sub-declaración, etc.) y los datos estadísticos de la Subsecretaría de Pesca de la Nación (véase desembarques de langostinos y merluza de Chubut, por ejemplo), más el rendimiento inadecuado en los procesos a bordo, se puede inferir el descarte al mar de unas 300 mil toneladas de pescados anuales, de la mejor calidad y aptitud para el consumo humano y, a todo este brutal descarte al mar de proteínas, habría que agregar los residuos que se descartan al mar sin fabricar harinas en los buques congeladores, otra importantísima fuente de proteína para consumo humano o animal descartada.

Según el INDEC el índice de pobreza del primer semestre de 2019 alcanzó al 35,4%, es decir que hay 15,9 millones de pobres en Argentina, de estos 7,7% son indigentes (tienen ingresos insuficientes para adquirir los alimentos). Por su parte, el reporte de la UCA muestra que 51,7% de niños y adolescentes tiene dificultades alimentarias, un 29,3% tiene un déficit en sus comidas, mientras que un 13% pasó hambre. Además, la asistencia de los menores a comedores infantiles creció de forma constante hasta el 35%, por lo que estimamos que en el país hay un importantísimo número de niños desnutridos, mientras se tiran cientos de miles de toneladas de proteínas al mar.

Este volumen descartado de pescados, aptos para la alimentación, de ser aprovechados, implementando una política, ya implementada en la Unión Europea desde enero de 2014, más aun teniendo en cuenta que en la Argentina el descarte está prohibido desde 1998 (Art. 21º Ley 24.922) y a partir de este se resolvería el hambre de tres millones diarios de niños y adolescentes. Dar solución a esta cuestión dramática, reduciría el hambre y la pobreza y, cumpliría con el derecho básico a la alimentación reconocido en nuestra Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).

La FAO y la OMS han dicho: “el alimento no solo tiene que ser inocuo, sino suficiente” y, la insuficiencia se da, en este caso, con motivo de la depredación (el descarte) del recurso, del que viven miles de trabajadores argentinos y sus familias, radicados en poblaciones donde la posibilidad de sustituir o reconvertir su actividad laboral es remota o imposible. El índice de desocupación en la Argentina en el segundo trimestre del 2019 alcanzó al 10,1% alcanzando a unos 2,1 millones de personas, por lo cual, al implementar un programa de este tipo se podría ayudar a paliar la desocupación generando unos diez mil nuevos puestos de trabajo en la industria pesquera. En este sentido, no se puede dejar de valorar que la pesca es una actividad de mano de obra intensiva, que genera trabajo en regiones inhóspitas que, de otro modo, sus poblaciones emigrarían hacia los grandes conglomerados urbanos, que ya sabemos desbordados en todo sentido. A los argentinos nos asombran las migraciones de distintos lugares a Europa, pero el gobierno nacional resulta indiferente a las migraciones internas en busca de oportunidades laborales, dejando atrás, culturas y afectos.

El “uso social de este recurso del Estado”, ya previsto en la CONVEMAR, a partir de una disminución drástica de la depredación (el descarte) y contaminación del ambiente marino, adquiere una dimensión superlativa a partir de reducir el hambre y aumentar la generación del empleo.
La eliminación de la depredación (el descarte) y subutilización de los recursos se habrá de lograr con decisión política, administración eficiente y cristalina, pesca selectiva, reducción y blanqueo de la pesca incidental, tecnificación y jerarquización de los controles de capturas y los desembarcos, subastas públicas, compensación y precios de sostén a la captura y desembarco de todas las capturas.

Si el gobierno implementa un PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DEL DESCARTE, recupera las 300 mil toneladas que se tiran anualmente y tres millones de niños y adolescentes podrían cubrir sus necesidades diarias de proteínas de la mejor calidad biológica, las que, complementadas con hidratos carbonos complejos (arroz, pastas, vegetales) que habitualmente se incluyen en los planes sociales, les permitirían acceder a los requerimientos calóricos diarios y asegurar los argentinos sanos y capaces, terminando con esa vieja e inconducente pregunta: ¿cómo produciendo alimentos para 400 millones de personas no podemos alimentar a los 15,9 millones de pobres e indigentes en nuestro país?

Cuando el problema de alimentación y nutrición se ha ido acrecentando con el correr de los años es necesario cambiar el modelo. Es posible llevar adelante un proyecto que cumpla con las obligaciones que tienen los funcionarios de cumplir con la Constitución Nacional de explotar racionalmente los recursos naturales de la Nación y proveer de bienestar y salud a los argentinos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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