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Atlántico Sur, SOBERANÍA NACIONAL

LA CANCILLER ARGENTINA VIOLA LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

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César Augusto Lerena*

La Canciller de Argentina, Diana mondino reunida con el Canciller británico David Cámeron. Twitter Diana Mondino.

El Comisionado de las islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur extendió “la prohibición de pescar” de 283.000 a 449.000 Km2 en el denominado Santuario Ecológico ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de 1.070.000 Km2 de alrededor de las islas, violando, además de la soberanía argentina, la Convención de los recursos vivos en la Antártida, constituyéndose en un nuevo acto unilateral sin que la Cancillería argentina tomara posición alguna y actuara en consecuencia.

La Canciller Diana Mondino y la Secretaría de Malvinas de la Cancillería, Paola Di Chario, los responsables diplomáticos de la Convención sobre Recursos Vivos Marítimos Antárticos y de la Protección del Medio Marino Antártico, de la Secretaría de Bioeconomía, Fernando Vilella, de la Subsecretaría de Pesca Juan Antonio López Cazorla y del Consejo Federal Pesquero, violan por acción u omisión la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y toda la legislación argentina aplicable (Leyes 15.802, 22.584, 23.775, 23.968, 24.216, 24.543, 24.922, 25.263, 25.675, 26.386, 26.651, 26.776 y 27.564). Independientemente de la responsabilidad que podrían caberle al gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Gustavo Melella en su competencia provincial.

La Argentina es un Estado Marítimo. El 62% del total del territorio nacional es marítimo. No parece entenderlo el gobierno y son, junto a este nuevo hecho, varias las razones por las cuales entendemos que el gobierno no ejerce la soberanía política y la debida administración del Atlántico Suroccidental.

El avance sobre la prohibición de navegación y pesca de un área 166.000 Km2 sobre el Área Marina Protegida existente viola la citada Convención y la Resolución de la ONU 31/49 del 01/12/1976, promovida por el gobierno de Isabelita, que instó «a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones 2065 y 3160»; las normas relativas a la Convención Antártica y toda la legislación argentina relativa a los derechos argentinos territoriales, pesqueros y ambientales, sin que la Cancillería se haya pronunciado al respecto, contradiciendo la estrategia argentina desde 1833 en adelante y, asombrosamente (¿o no?), en ausencia de la Canciller Mondino o la Secretaria de Malvinas de la Cancillería, en la VIII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) “los países de la región reafirmaron su respaldo a los derechos de soberanía argentinos en la cuestión de las Islas Malvinas, conforme a lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas” (Prensa MRECyC 131/24); precisamente, la resolución citada ―entre otras― es la que viene violando en forma sistemática el Reino Unido desde 1976 cuando, alrededor de Malvinas, éste solo ocupaba tres millas marinas, es decir, un territorio argentino que alcanzaba a 11.410 Km2, más las citadas millas.

El silencio de la Cancillería Argentina ante el avance permanente y creciente del Reino Unido en el Atlántico Sur deja en clara la política que ejecuta la Canciller Mondino, a quien Eric Calcagno calificó de “traidora a la patria y agente británica” (Radio Rebelde “la Cancillería Argentina…”, 06/03/2024). Una política que va más allá de la “seducción de los isleños” y a “sostener que hay que respetar sus derechos” que refiriese Mondino, sino que avanza lisa y llanamente hacia la cancelación de la “Cuestión Malvinas” y a la sumisión a los intereses británicos, manteniendo la ley de promoción y protección de las inversiones británicas (Ley 24.184/92) no lleva ninguna acción destinada a recuperar el ejercicio pleno de Malvinas; por ejemplo, sancionando a los buques que pescan en Malvinas y omitiendo, los reclamos ante la presencia ilegal y armada del Reino Unido en las islas, quien transgrede todas las Resoluciones de la ONU y la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, además de desinformar a los argentinos sobre la verdadera gravedad de la invasión británica en los archipiélagos y el mar argentino.

El Reino Unido no solo invade Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y ahora avanza en 166.000 Km2, sin reclamo alguno de Cancillería. Además, la Canciller Mondino desinforma y oculta la dimensión real de la ocupación territorial argentina. Su posición es ―al menos― contradictoria: cuestiona que Rusia estaría ocupando 18% del territorio de Ucrania y no denuncia que el Reino Unido invade o disputa el 46,64% del territorio argentino; es decir, un espacio más amplio que el territorio continental americano argentino (2.791.810 Km2) y antártico argentino (965.314 Km2); ya que el Reino Unido ha invadido y/o disputa a la Argentina 5.497.178 Km2 del territorio nacional; es decir, un 46,64%, ya que aquella ocupa y explota 1.639.900 Km2 de territorio argentino (aguas correspondientes, zona de protección y GAP en Malvinas y el Área Marina Protegida y santuario ecológico de 1.070.000 Km2 alrededor de Georgias del Sur y Sándwich del Sur); disputa con la Argentina 2.426.911 Km2 del continente antártico y 1.430.367 Km2 de la plataforma continental.

Por acción o inacción de las Autoridades argentinas, el frente fluvial y marítimo argentino está siendo debilitado. Una falta de administración adecuada de la vía Paraná-Paraguay que no favorece el desarrollo regional del litoral del nordeste argentino y la autorización para la profundización del canal del Puerto de Montevideo sin una tarea equivalente en el proyectado canal de Magdalena impide la debida integración la red comercial fluvial-marítima argentina y favorece la logística de la pesca ilegal en alta mar de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva y en Malvinas, debilitando la soberanía en los archipiélagos del Atlántico Suroccidental y, muy particularmente, a las poblaciones de la Patagonia, cuya densidad población es de las más bajas del país; mientras que el Reino Unido controla desde Malvinas los accesos a los océano Indico y Pacífico y avanzan en la constitución de un Hub Regional en Malvinas. Para ello construyó un Puerto en Georgias del Sur y acordó la construcción de un nuevo puerto en Malvinas que estima habilitar en 2027, mejorando la logística en las islas, además de contar con un aeropuerto para aviones de gran porte. Todo ello facilitará las operaciones de los grandes buques de carga que utilizan el estrecho de Magallanes para acceder al Pacífico ante la imposibilidad de hacerlo por el canal de Panamá. Del mismo modo, los que transitan desde el océano Índico, los contingentes turísticos y los pesqueros extranjeros que operan en la parte meridional del Atlántico Suroccidental; además de promover el interés científico mundial de quienes trabajan en la Antártida, desplazando en todas estas actividades a los puertos del Tierra del Fuego.

Ante la inacción de la Cancillería argentina, todas las operaciones relacionadas con Malvinas utilizan los puertos y aeropuertos de Uruguay para favorecer las operaciones pesqueras y petroleras de Malvinas; al igual que el puerto de Punta Arenas de Chile; es decir, trabajan consolidando las relaciones con estos países, pese a la posición retórica de Suramérica en favor de la Argentina y el poco interés de los funcionarios argentinos por buscar acuerdos con los vecinos, en especial los vinculados al Atlántico Sur y la Antártida.

Finalmente, en una clara demostración del objetivo británico de ocupar este espacio estratégico del Atlántico Suroccidental, el Reino Unido mantiene en las islas una base militar misilística y naval absolutamente desproporcionada, contraria a la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” que firmaran todos los países de África occidental y América oriental y se aprobara en 1986 por la Res. 41/11 de las Naciones Unidas.

Todos hechos de fortalecimiento de la proyección del Reino Unido hacia la Antártida que pueden ser inconmensurables y muy probablemente irreversibles, ante la tolerancia y pasividad de la Canciller argentina.

El Reino Unido tiene una política diseñada para todos los archipiélagos de ultramar que éste considera parte de la Comunidad Británica de Naciones y, entre ellas, la anunciada en 2017 respecto a establecer un “Cinturón Azul” (Blue belt) a las islas, bajo el pretexto de proteger el ambiente alrededor de estas, que en realidad, no es otra cosa que constituir áreas de control británico marino, tal es el caso del “Santuario Ecológico” de 1.070.000 Km2 establecido alrededor de las islas Georgias y Sándwich del Sur en 2011, que ahora profundiza mediante la prohibición absoluta de pesca de 166.000 Km2 que se agrega a la determinación del Área GAP de 4.000 Km2 al noroeste de Malvinas donde se concentra gran parte del calamar que migra a Malvinas, establecido en forma unilateral por el Reino Unido en 1994, sin que la Cancillería, efectuara hasta la fecha reclamo alguno.

Tampoco la Cancillería lleva adelante una política de relación con la Unión Europea post-Brexit de modo que todos los productos pesqueros capturados no ingresen a la Unión Europea sin pagar aranceles de importación y, sobre España que, teniendo empresas radicadas en la Argentina, autoriza a buques gallegos a pescar en Malvinas y asociarse con empresas británicas de las Islas; sin, como dijimos, la Argentina aplique sanción alguna.

Por cierto, siguen vigentes, los Acuerdos de Madrid I y II que limitan la acción de defensa nacional naval y aérea; habilitan de hecho la captura de los recursos pesqueros argentinos.

Nos preguntamos qué diría San Martin que liberó a Chile (1818) y Perú (1821), territorios de una menor dimensión de los ocupados o en disputa con el Reino Unido. ¿O Rosas y Mansilla? que llevaron adelante la Batalla de la vuelta de Obligado de 1845 en el intento de evitar el ingreso franco-inglés a la red troncal del Paraná.  

Las autoridades argentinas de la Cancillería y Pesca no administran el Atlántico Suroccidental y las implicancias derivadas de la ocupación británica ni siquiera “mean” a los invasores como sugiere el presidente Milei con los gobernadores, por el contrario, los toleran y protegen.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).

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ANÁLISIS INTERNACIONAL

¿QUIÉN MANDA?

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F. Javier Blasco Robledo*

Llevo muchos años de mi vida observando la evolución, el desarrollo y los cambios en el mundo que me rodea; en realidad, un período de algo más de sesenta años. En mi infancia y formación como profesional, durante la ajetreada vida en activo y hasta cuando me he dedicado a la nada desdeñable vida contemplativa ―como en estos momentos― y siempre, bien sea por interés personal o por deformación profesional, cada vez y lo que es peor, de forma creciente, resulto más atónito, desorientado y, por qué no decirlo, bastante más preocupado por la evolución y el desarrollo de los grandes y graves acontecimientos que suceden casi a diario y al observar las reacciones de mando y resolución que surgen en la Comunidad Internacional (CI), para corregir o paliar los efectos de los hechos.

Como ciudadano de un país de mediana capacidad y no muy acaudalado ―rodeado además de otros con mayor peso específico en la CI, bien por entidad propia o derivada de sus grandes capacidades o de las tradicionales alianzas y tendencias en las que están inmersos o por otro tipo de posibilidades militares diferenciadoras de los demás― ya desde muy pequeño, entendí que el mundo no andaba solo, algo o alguien llevaba las riendas y marcaba la marcha de las cosas y el devenir de los tiempos.

Analizándolo despacio, descubrí que existían países que dominaban a todos los demás o a otros de su entorno medio o cercano y que, en algunos casos, como consecuencia de grandes guerras o enfrentamientos que han producido millones de muertos y devastaciones de países enteros, se sintió la necesidad de crear organismos supranacionales, con el cometido y la «necesaria autoridad» para frenar las derivas, inclinaciones, insanas ambiciones o las poco decentes intenciones de países o sus protagonistas que, de modo intermitente, mostraban un deseo irrefrenable de ampliar sus propias fronteras o las conocidas como áreas de influencia e interés.

Tras varios siglos de dominios alternativos de los no pocos imperios que surgieron, crecieron y fenecieron en lo que hoy se conoce como Europa, África, Asia e incluso América y Oceanía, el mundo ha sufrido los efectos devastadores de grandes enfrentamientos entre países o coaliciones de ellos, todos sobrevenidos por la misma base que antaño, ampliar sus fronteras, por un afán de mejorar el prestigio internacional o para acaparar los frutos naturales que manan en otros territorios y que no existen o escasean en los propios.

Así, llegamos al siglo XX donde aquellas guerras, cada vez más generalizas y mortíferas, aumentaron en fuerza, gravedad e intensidad a manos de una serie de locos, déspotas o tiranos y, en cosa de treinta años, Europa, Asia, África y el Pacifico se convirtieron en grandes escenarios bélicos donde la barbarie y el terror alcanzaron cotas inimaginables. El mundo, casi de forma unánime, se involucró de una forma u otra en aquellos conflictos y su consiguiente barbarie.

Como suele ocurrir, de aquellos polvos vinieron unos lodos que, en este caso, por su novedad y hasta cierta aunque imperfecta «neutralidad y originalidad» por su alcance y la forma en la que toma sus decisiones, fueron capaces ―más o menos― de mantener un cierto grado de paz y tranquilidad a nivel mundial, aunque estas siempre fueron forzadas y adoptadas gracias, fundamentalmente, al equilibrio entre dos potentes bloques resultantes (la OTAN y el Pacto de Varsovia), con sus países satélites y las consecuentes grandes y costosísimas formaciones u organizaciones militares que emanaban de ellos como su propio y potente brazo ejecutor.

Organizaciones o bloques político militares que constituían los sólidos pilares sobre los que apoyaban sus decisiones y ordenes, al estar sazonados con amplios contingentes de tropas y grandes arsenales de armas de todo tipo ―de entre ellas, destacan las de destrucción masiva, principalmente las nucleares― que eran sin duda, las más importantes debido a sus capacidades de destrucción y de disuasión, dado el tristemente testado efecto desbastador que producían.

Si bien es cierto que estos bloques han jugado un papel muy importante en el mantenimiento de la paz por sostener o aplacar la mayor parte de los impulsos desmesurados fuera de tono o con poco quorum, pronto se pudo comprobar que no bastaba con su existencia para mantener con garantías y por si solos el mundo en paz, aunque dividido en dos grandes bloques ―por cierto, nada bien avenidos― ni para, de forma definitiva y coordinada, corregir los pasos de aquellos que, de vez en cuando y fuera de su control, sacaban la patita a relucir creando situaciones de suficiente desasosiego en los demás.

Por tanto, era preciso crear un super árbitro que, aunque se apoyara en ambos, mantuviera por propia iniciativa cierto orden y concierto entre la mayor parte de ellos y que estuviera respaldado, desde uno y otro lado, por todas las naciones del mundo o, al menos, las más importantes de entonces. La ONU.

En cualquier caso, y dado que el hombre es imperfecto, voluble y se suele cansar pronto de todo ―incluso de lo que le va bien― al margen de la ONU siempre ha habido una serie de figuras dominantes. Cabezas de Estado que, amparados en el respaldo de las propias capacidades militares de su país y allegados, han mantenido y ejercido la postura de árbitro o juez internacional y han procurado marcar las líneas de acción, o el camino a seguir no sólo para la solución de los conflictos, sino para evitar que llegaran a cabo y hasta han patrocinado las ayudas necesarias para derivar o disminuir los efectos de muchos conflictos.

Papel, que predominantemente ha estado en manos Estados Unidos y Rusia; cada uno de estos países y sus peculiares dirigentes, muy protagonistas han venido ejerciendo dicho papel en sus áreas vecinas y otras de interés o influencia; sobre todo, en razón a intereses estratégicos, energéticos, cercanías políticas o para crear las bases para asentar sus ideologías o, en muchos casos, los necesarios despliegues militares para cumplir y ejercer sus agendas conocidas u ocultas.

Durante décadas, otros países como China, la India, Corea del Norte, Israel, Pakistán, Siria, Irán, Marruecos y Turquía ―entre otros varios más― han mantenido y ejercido papeles más comedidos en el ámbito del liderazgo internacional y del papel a jugar en la marcha de la CI, salvo en casos de carácter muy local y casi siempre, en apoyo o muy cercanos a alguno de los dos mencionados líderes, pero nunca alzando la voz más que ellos.

Pero, el desgaste externo, y mucho más el interno, tras ejercer de forma prolongada el liderazgo y el enorme costo económico y militar real que ello supone, hacen que últimamente países como Estados Unidos ―aunque hasta ahora no haya sido lo normal― cuando la defensa o el mantenimiento de su tradicional política internacional ha pasado por «diferentes» manos, debido a razones muy subjetivas o por ciertos intereses espurios, hayan cambiado de opinión y variado sus rumbos y preferencias hacia cotas insospechadas y muchos de los aparentemente tradicionales e inamovibles escenarios donde venían ejerciendo su influencia, se cierren casi de la noche a la mañana, recojan sus trastos y aquellos «protegidos» parias sean dejados de nuevo, a su propia suerte o al albur de otros aletargados o poco activos enemigos internos o vecinos, quienes dada la presencia y el inquebrantable compromiso norteamericano anterior, no mostraban todo su grado y capacidad de intenciones.

Hoy en día, el número de «líderes» convertidos en demagogos, con pretensión internacional de carácter casi mundial proliferan por doquier, hasta cualquier mindundi se postula como el más importante, el más listo o el que ha encontrado la solución mágica para todo como el elixir de la vida, el dinero, la belleza y la salud; dan lecciones gratuitas y además contrarias a su ejercicio político habitual y no dudan a enfrentarse a colosos como Estados Unidos, la UE o Israel con mucho desparpajo; crean conflictos bélicos de alta intensidad y duración o ponen en peligro la marcha de la economía y el comercio mundial.

Bien es cierto que esto ocurre porque la ONU está totalmente desprestigiada; la UE está perdiendo todos los trenes que le puedan llevar a buen destino; Rusia ya no puede ni comerse un pez pequeño como Ucrania tras un conflicto de mucho desgaste y Estados Unidos esté de nuevo, sometido ―y a comienzos de un nuevo proceso electoral― a un desgaste de su poco favorecida casta política, de manos de un lunático que está perseguido por la Ley de su país y dirigido por un octogenario que empieza a tener problemas para distinguir entre la mano y el pie de cada lado, mientras Rusia continúa con su guerra sin que nadie sea capaz de pararlo, China empiece a pensar que le ha llegado su turno para dejar de ser un paria, a la que se unen otros que empiezan a buscar su acomodo como Irán, Pakistán y Turquía, o viejos-nuevos grupos terroristas que, con determinadas y potentes ayudas externas, están convulsionando el mundo actual.

Especial mención merece el estado de descomposición y podredumbre en el que se encuentra Europa y la UE, la escasez de verdaderos lideres con mayúscula o envueltos en escándalos de diverso pelaje, una dudosa y muy errática actitud política, nula capacidad militar común e importantes problemas económicos.  

Además, hay que añadir que todo ello ocurre en un momento, en el que la economía a nivel local y mundial se basa en agrandar sin límite la deuda y el déficit, que los cambios tecnológicos y climáticos y con la aparición de la llamada y revolucionaria Inteligencia Artificial se nos obliga a grandes cambios internos y externos e inversiones que no todos los países son capaces de seguir y mucho menos de digerir o superar.

Con todos estos mimbres o mar de fondo y con algún condimento local añadido, es más que lógico pensar que en muchos de los rincones del mundo proliferen, como setas, los verdaderos autócratas de pura cepa y que muchos de los dirigentes campen a sus anchas y sin temor a que nadie les rechiste o a sabiendas de que los comentarios o ligeras presiones externas que le pudieran llegar, no tendrán repercusiones reales en su mandato.

No hace falta irse muy lejos para comprobar y confirmar lo expuesto hasta el momento; nosotros los españoles tenemos a un presidente de gobierno que reúne todo lo anterior con tal de mantenerse en su sillón a toda costa; que pretende seguir firmando libros que, por cierto, no escribe; busca labrarse un acomodado futuro libre de cargas económicas y, mientras tanto, continúa alimentando su gran ego mediante paseos y conferencias por el mundo envuelto en una falsa aureola triunfalista.

Una persona que es el paradigma de los cambios de opinión en todo lo referente a la economía porque gasta sin mesura y, sobre todo, en política nacional e internacional; cambia o suprime las leyes que le estorban en su camino; anula mediante absorción y contaminación organismos estatales o judiciales ―que hasta ahora se suponían independientes― para convertirlos en verdaderos siervos y cumplidores de sus deseos; pacta con Bildu ―los verdaderos sucesores de ETA― o con partidos separatistas como Junts, Esquerra o el PNV y mantiene un gobierno altamente corrosivo, nocivo y totalmente inestable que, a duras penas, se mantiene gracias a continuas y graves concesiones políticas y económicas, las que, por mucho que el gobierno y sus partidos se empeñen en desmentirlo, ponen en grave peligro la identidad, entidad e integridad nacional, podrían constituir un ataque a la Constitución y a las entidades y organismos que configuran el esqueleto de lo que supone nuestro Estado de Derecho.

Visto lo visto dentro y fuera de casa, SINCERAMENTE debo confesar que no sé contestar a la pregunta que da título a este trabajo.

 

* Coronel de Ejército de Tierra (Retirado) de España. Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de más de 40 años en las FAS. Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9). Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia. Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas. Miembro de la SAEEG.

 

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ARGENTINA, ISLAS MALVINAS

LA DENUNCIA DE LOS ACUERDOS DE MADRID, UN CAMINO HACIA LA SOBERANÍA PLENA DE MALVINAS

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César Augusto Lerena*

Por el incumplimiento del Reino Unido de los Acuerdos de Madrid respecto a no innovar en materia de soberanía y las consecuencias de esta inobservancia que, entre otras cuestiones, se apropia y daña los recursos pesqueros, se estima imprescindible su denuncia.

 

El Gobierno está concluyendo su mandato y la Secretaría de Malvinas a cargo de Guillermo Carmona y el Consejo Nacional de Malvinas, integrado por varios de los autores que intervinieron en la elaboración de esos ignominiosos Acuerdos de Madrid I y II, los mantuvo vigente, donde la fórmula inglesa del «Paraguas», que impide tratar las cuestiones de soberanía mantiene pleno vigor después de 35 años, en beneficio del Reino Unido de Gran Bretaña (en adelante RUGB).

Nosotros hemos reiterado y fundado las razones para denunciarlos y la última vez, en el año 2021, entendimos que el Congreso debía encomendar al Poder Ejecutivo Nacional la denuncia de los llamados «Acuerdos de Madrid» con el RUGB, acordados en  Madrid el 17 al 19 de octubre de 1989; en París el 20 de diciembre de 1989; en Madrid el 14 y 15 de febrero de 1990 y en Buenos Aires-Madrid el 28 de noviembre de 1990, efectuando también esta denuncia ante las Naciones Unidas, por la violación de parte de este RUGB de la llamada «fórmula del paraguas», en atención al avance del RUGB en la ocupación prepotente del territorio marítimo en el Atlántico Sur y Antártico que viola la Resoluciones 31/49 y 41/11 de las Naciones Unidas; solicitando que el RUGB retrotraiga la situación de ocupación a la imperante en abril de 1982, esto es, a la ocupación de los archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) y las tres millas marinas alrededor de éstas, hasta tanto se negocie entre ambos países este territorio y su reposición en favor de la República Argentina, permitiendo que pueda realizar su actividades pesqueras en la zona que RUGB tiene ilegalmente ocupada, solicitándole el cese inmediato de otorgamiento ilegal de permisos de pesca a buques extranjeros o propios del RUGB que ocupan los citados archipiélagos, que además de apropiarse de estos recursos naturales argentinos, provocan depredación y contaminación de los recursos pesqueros y del medio marino.

En atención al incumplimiento por parte del RUGB de los denominados Acuerdos de Madrid respecto a no innovar en materia de soberanía y las consecuencias que esta inobservancia que, entre otras cuestiones, se apropia y daña los recursos pesqueros argentinos, explotándolos sin habilitación de la Autoridad de Aplicación Argentina, depredándolos, mediante buques pesqueros extranjeros que extraen peces y moluscos en el área de Malvinas y, fuera de ella, con licencias ilegales otorgadas por el citado RUGB; se estima imprescindible su denuncia y, la solicitud del inmediato cese de capturas ilegales del referido RUGB en Malvinas.

La resolución 31/49 de la Organización de las Naciones Unidas instó a la Argentina y al RUGB a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en las islas hasta tanto se resuelva la disputa de soberanía; pese a lo cual, el RUGB persiste en explotar los recursos pesqueros e hidrocarburíferos argentinos y militariza en forma creciente las Malvinas; resultando por lo tanto, absolutamente incongruente mantener vigentes los denominados Acuerdos de Madrid que congelaron la discusión respecto a la soberanía plena en Malvinas que ―entre otras cosas― impide a Argentina realizar actividades pesqueras en parte de su territorio marítimo y realizar una administración adecuada de sus recursos naturales.

En la Constitución Nacional se precisa: «La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional», por lo que resulta improcedente, mantener suspendido el tratamiento de cuestiones inherentes a la soberanía nacional, bajo lo que se llamó la fórmula del «paraguas» que postergó sin límite nuestros legítimos derechos, mientras que por el contrario, el RUGB no ha hecho otra cosa que ejercer permanentes actos de soberanía en territorios usurpados a la Argentina.

En especial, desconociendo las reuniones entre los representantes de ambos gobiernos, que dieron lugar a la llamada «fórmula del paraguas», el RUGB amplió en forma sostenida la ocupación del territorio marítimo alrededor de Malvinas, y de tener en 1982 unos 11.410 KM2 ocupados, hoy ocupa y explota 1.639.900 KM de territorio marítimo, el control de la actividad pesquera, cuya disponibilidad le permitió otorgar licencias ilegales pesqueras a embarcaciones extranjeras que capturan los recursos pesqueros; lo que permite concluir la ineficacia de los denominados Acuerdos de Madrid y la certeza de la depredación británica de los recursos naturales argentinos a consecuencia de su inobservancia, razón suficiente para denunciarlos y promover nuevos acuerdos que respeten el interés argentino y permitan una administración racional y sostenible de los recursos pesqueros.

Corresponde aclarar que estos acuerdos, que algunos juristas consideran tratados, no fueron aprobados por el Congreso, como bien lo indicó el proyecto de declaración que se elaboró para ser sancionada por el Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego, donde en los artículo 1° y 2° refiere a «desechar los Tratados de Madrid I y II, por no haber sido sometidos al Congreso de la Nación, y ser lesivos a la soberanía territorial argentina y el orden público constitucional (Cláusula Transitoria Primera y art. 27, C.N.), así como del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional (art. 36) y declarar inaplicables en todo el territorio de Tierra del Fuego, las disposiciones de los tratados internacionales inconclusos, conforme la normativa invocada en el Art. 1° de esta ley, y lo dispuesto por el art. 105, incisos 6, 7, 25, 27 y 37 de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego» y la oportuna Resolución (AS N° 412-21), de la citada Legislatura donde en sus artículos «se invita a los legisladores nacionales de Tierra del Fuego en los términos del art. 105° inc. 6 de la Constitución Provincial y el art. 1° de la Ley Provincial N° 98 y, con el debido debate, a desechar los Acuerdos de Madrid I y II, dando cumplimiento a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, la Resolución 2065 (XX) de las Naciones Unidas y la Declaración de Ushuaia».

Estas «declaraciones» tampoco contaron con la debida consulta y aprobación de la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego que es parte necesaria en las cuestiones de los archipiélagos y sus mares.

Estos Acuerdos de Madrid I y II, son una lamentable claudicación de los gestores e, incluyen por primera vez, a las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur con una evidente mala fe del RUGB y la ingenuidad o sometimiento del gobierno argentino; cuestión nunca tratada previamente ni estuvieron en disputa en las Res. 2065 (XX), 1514 (XV), 31/49 y otras de la ONU y, los distintos intercambios entre la Argentina y el RUGB.

Además, la Constitución en la Disposición Transitoria Primera refiere con certeza a los espacios marítimos «correspondientes» y no «circundantes» que podría entenderse que circundan o rodea a los archipiélagos, cuestión que se incluye en el Acuerdo de Madrid I, por lo que es este término no se ajusta a lo establecido en 1994 en la Constitución, lo que algunos funcionarios erróneamente repiten, como si se tratara de una cuestión de innecesaria estrictez en los límites que ponen en juego millones de kilómetros cuadrados marítimos argentinos.

No puede dejar de tenerse en cuenta, tampoco, la gravedad de la militarización británica existente en Malvinas, residual de la guerra de 1982 y la firma de los Acuerdos de Madrid, donde se regulan además cuestiones relativas al control de la navegación y comunicación en el Acuerdo de Madrid II que son absolutamente contrarias el compromiso expresado por el RUGB de respetar plenamente los principios de la Carta de las Naciones Unidas, ya que mantiene una base misilística y otros medios militares y navales en Malvinas en evidente violación a la «Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur» (Res. 41/11 del 27/10/1986 de la ONU) que agravian a la Argentina y, son contrarias a lo previsto (Madrid I, 6, Madrid II, 4) de «crear confianza y evitar incidentes en la esfera militar», además de otras cláusulas lesivas a la soberanía nacional al indicar que el RUGB «eliminaría el actual requisito para que los buques mercantes argentinos entren a la zona de protección y, hacer coincidir los límites de la zona de protección con los de la zona de conservación», en una evidente e inamisible acción de administración británica de los territorios argentinos.

Se ha ejecutado formalmente un evidente «cambio de figuritas» (Madrid I, inc. 7 y 8) donde «el gobierno británico conviene en facilitar el restablecimiento de vínculos de cooperación entre la Argentina y la Comunidad Europea», etcétera. Una vergüenza este escrito mercantilista, cuando están en juego cuestiones soberanas tan sensibles al pueblo argentino y un acto de humillación y sumisión de los firmantes que enloda a la Argentina.

Por otra parte, se agregó (Madrid II, inc. 5, A, B, C, D y sus Anexos) una dependencia de las fuerzas armadas argentinas (en el Acuerdo los británicos, incluso, excluyeron al Ejército Argentino) que se deja de manifiesto en el «Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas sobre los movimientos de las unidades de sus Fuerzas Armadas en áreas del Atlántico Sudoccidental», sobre espacios que alcanzan a gran parte del Atlántico Sur y, no solo al área ocupada por el Reino Unido en 1982; el «Sistema de Comunicación Directa entre las Islas Malvinas y el territorio continental con el objetivo de reducir la posibilidad de incidentes, limitar sus consecuencias si ocurrieran actividades y aumentar el conocimiento reciproco de los militares en el Atlántico Sudoccidental» y «Acordar un conjunto de reglas de comportamiento reciproco para las unidades de sus respectivas fuerzas navales y aéreas que operen en proximidad» y «establecer un sistema de intercambio de información sobre seguridad y control…».

Es decir, administrar nuestros espacios. Sin referirnos, al vigente veto del RUGB a la compra de armas por parte de la Argentina que, nos dificulta defender el territorio.

A todo lo dicho se agrega en los acuerdos, la aceptación lisa y llana de la explotación pesquera británica de los recursos argentinos, como se desprende de los acuerdos (Madrid I, inc. 10; Madrid II, inc. 7 y 14) que llevaría a que el gobierno ilegal británico en Malvinas capturara, por vía del otorgamiento de licencias pesqueras ilegales a buques extranjeros, un promedio anual de 250.000 toneladas, equivalentes a US$ 1.000 millones/año, es decir, que desde 1989 al firmarse los Acuerdos, a la fecha, los británicos han extraído recursos pesqueros argentinos por valor de US$ 32.000 millones; los que comercializados en el mercado final ascienden a los US$ 192.000 millones y, lo han hecho comprometiendo el ecosistema, como la propia Consultora Británica MacAlister, Elliot & Partners Limited en 2020, especializada en pesca sustentable (Penguin News, Agenda Malvinas, 10/06/2021) lo considera; es decir, que la actividad ilegal británica está comprometiendo el ambiente marino, que era una cuestión que el Acuerdo refería a la necesidad de cuidar.

Como consecuencia de este acuerdo (Madrid II, inc. 12), Argentina aprobaría luego la Ley 24.184 de «Protección y Promoción de Inversiones del Reino Unido», con condiciones muy ventajosas sobre los demás países, comportamiento argentino que se contrapone con la apropiación que el RUGB hace de nuestros recursos.

Aunque la interpretación de algunos, es que «los británicos aceptaron la fórmula del paraguas y con ello reconocieron la disputa de soberanía» (Clarín, 22/10/1989), esta opinión es sesgada, ya que deberíamos recordar que los británicos no la aceptaron sino que impusieron la referida fórmula inglesa, donde de hecho, negaron toda soberanía y obtienen los resultados que están a la vista: siguen avanzando en la ocupación de territorios y explotación de los recursos, mientras que Argentina quedó congelada.

Finalmente, el incumplimiento por parte del RUGB de la Res. 2065 (XX) de dialogar el mecanismo de reconocimiento de la soberanía plena argentina de Malvinas, coloca en una situación de absurdo la «fórmula de paraguas» sin fecha de vencimiento para avanzar sobre las cuestiones de soberanía, mientras el RUGB viola la citada Res. 2065 (XX) y, muy especialmente, viola la Res. 31/49 de las Naciones Unidas, al invadir en forma creciente nuestros territorios insulares y marítimos y explotar nuestros recursos naturales pesqueros e hidrocarburíferos, pese a que esa Resolución refiere a no innovar respecto a los espacios ocupados por el RUGB. Todos actos violatorios de la Carta Magna de las Naciones Unidas y la «Zona de Cooperación y Paz» establecida por todos los países de América y África vinculados al Atlántico Sur.

En el mismo acto de denunciar los acuerdos debería renegociarse una fecha de vencimiento perentoria de la denominada fórmula de paraguas (Madrid I, ítem 2) que congela las cuestiones relativas a la soberanía, cuya vigencia, habiendo pasado 56 años, es contradictoria con la Res. 2065 (XX) de las Naciones Unidas que promueve el diálogo a la brevedad sobre la soberanía.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Autor de “Cien acciones para un Plan de Pesca y Reforma de la Ley de Pesca” (2023).

Artículo publicado en El Economista, 18/10/2023, https://eleconomista.com.ar/politica/la-denuncia-acuerdos-madrid-camino-soberania-plena-malvinas-n67389

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