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¿QUIÉN EJERCE EL PODER EN EL ATLÁNTICO SUR?

César Augusto Lerena*

Una ONG desconocida, denominada OPRAS (Organización para la Protección de los Recursos del Atlántico Sur) que, por su integración sería un brazo de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de Argentina (CAPECA), después de acordar con el Sindicato de Armadores de Industrias de Pesca de Brasil (SINDIPI), nos sorprende, haciendo lo mismo, con Armadores Españoles, para cuidar nuestros recursos pesqueros (¿?). Esto, nos ha servido como disparador para preguntarnos ¿quien ejerce el poder en el Atlántico Sur?

Días pasados, reflexionando sobre la situación de ocupación del Atlántico Sur, la pesca ilegal extranjera, la matriz extractiva nacional y la crisis internacional, repasé la situación, pensando quiénes son los actores y, cuál es su participación en estas cuestiones.

La Argentina con una ZEE de 3.146.345 km2, 6.816 km de costa, 1.784.000 km2 de plataforma continental, millones de km2 en el sector meridional del Atlántico Sur y la Antártida, es un “ESTADO MARÍTIMO”, del cual 1.639.900 km2 está ocupado por el Reino Unido y, con o sin licencias británicas, buques españoles, chinos y otros extraen ilegalmente todos los años un millón de toneladas de recursos pesqueros del mar argentino o migratorios de este.

En este escenario, Uruguay presta apoyo logístico portuario a esos buques depredadores. El vuelo a San Pablo desde Malvinas promoverá el intercambio de las islas con ese país y le servirá de pie de playa al mundo, amén que los isleños sigan llevando sus productos a España si la UE aprueba el libre comercio con el Reino Unido luego del Brexit o, si este no ocurriese, a través de los joint venture españoles-británicos en Malvinas. Por su parte, ahora Chile, presenta un reclamo sobre la presentación de Argentina ante la ONU de los límites exteriores de la Plataforma Continental.

Es un complejo menú por resolver en el Atlántico Sur. Estamos en problemas con tres de los cuatro países del MERCOSUR y, a ello, se nos agrega el reclamo de Chile y la pretensión de una ONG y empresas españolas de cuidarnos el recurso que los chinos y otros países asiáticos nos quitan y les quitan a los españoles (¿?). En principio, me resultan muy raras tres cosas: la primera, que para este objeto la citada CAPECA forme una ONG para cuidar sus intereses en el mar argentino, cuando a través de la Cámara podría actuar ante los poderes competentes; la segunda, que los buques españoles que pescan a distancia —tan depredadores e ilegales como los chinos— pretendan cuidar recursos de la Argentina y, la tercera, que las Autoridades competentes no ejerzan el debido poder administrador del Atlántico Sur. No es un tema menor lo que está pasando desde hace 40 años en el Atlántico Sur, que se agrava en forma sostenida y creciente. Es decir, la situación en el Atlántico Sur es un “escenario de fricción” como denominaría Marcelo Elizondo. Al que debemos agregarle nuestra situación general (pandemia, deuda externa, caída industrial, pobreza, desocupación, etc.) y de un sector pesquero que, en forma endémica, recicla un mismo modelo extractivo y se agrava a los habituales problemas internos por la caída de la demanda y del precio internacional.

Dejaré para una próxima oportunidad las cuestiones relativas a la administración pesquera de Argentina, para avanzar con las extrañas, pero, no puedo dejar de mencionar el absurdo de haber promovido las “Áreas Marítimas Protegidas (AMP)” que limitan, la explotación pesquera, en algunos casos en favor del Reino Unido en Malvinas (ya profundizaré en otro trabajo), para cuya restricción hubiese bastado la intervención del INIDEP y del Consejo Federal Pesquero y, las primeras informaciones que indican detonaciones en las áreas —sin estudio de impacto ambiental previo— asignadas a la explotación petrolera que podrían afectar la actividad pesquera.

El caso Chile. La Argentina realizó la presentación el 21 de abril de 2009 en la ONU de los límites exteriores de su Plataforma Continental, sobre trabajos iniciados en 1997 y ello dio lugar a la “aprobación de las recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de la ONU el 28 de marzo de 2016. Con tal motivo elaboré para el Senador Pino Solanas un proyecto de ley de aprobación de las recomendaciones bajo el expediente S-2182/16 del 10/8/16, que durmió el sueño de los justos. Chile recién apoyó la CONVEMAR en 1997 y habría hecho la presentación a la ONU en 2019. Su gobierno hoy efectúa el reclamo —que parece dirigido a su política interna— porque, bien es sabido, que la Comisión de la ONU solo efectuó “recomendaciones” y no aprobaciones, las que quedan firmes si no hay reivindicaciones similares. Si, llama la atención, que al referirse a los límites de nuestros archipiélagos algunos autores chilenos refieran a “los amplios espacios del Atlántico Sur actualmente bajo administración del gobierno británico…”. No parecen haber cambiado mucho los apoyos probritánicos en Chile.

El caso Uruguay. No puede postergarse un Acuerdo con la República de Uruguay. Un Acuerdo ampliatorio del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo firmado en 1973, que puede resolverse muy satisfactoriamente para ambas partes y que lleve a la práctica una verdadera integración rioplatense postergada por 200 años. El daño que nos ocasiona la logística que realizan chinos y españoles en los puertos se Uruguay es tan grave en lo económico como en nuestra relación soberana en el Atlántico Sur. Está en el gobierno argentino ponderarlo y actuar en consecuencia.

El caso Brasil. La autorización de los vuelos a Brasil desde Malvinas habría que cancelarla, porque, a lo ya dicho precedentemente, consolida un quiebre a todos los acuerdos suramericanos de no facilitar las operaciones del Reino Unido desde Malvinas. La generación de negocios entre los ocupantes de Malvinas y Brasil tendrá un carácter irreversible y una ruptura de las políticas de unidad latinoamericanas.

El Reino Unido en Malvinas. No repetiremos lo mucho ya tratado sobre los avances del Reino Unido en el Atlántico Sur desde la firma de los llamados “Acuerdo de Madrid” y la fórmula del paraguas. Si, destacaremos el gravísimo hecho de que, en esta política de consolidarse en la región y violar la Resolución de la ONU 31/49 sistemáticamente, el Reino Unido, el pasado 25 de mayo, inauguró un Puerto con un costo de ₤ 11 millones, en las islas Georgias del Sur para darle apoyo a buques de investigación, de patrulla de pesca y de la Royal Navy armados.

El Consejo Federal Pesquero. A todo esto y, haciendo la advertencia que los miembros de este Consejo están habilitados para participar de manera remota, en ninguna de las 10 Actas de reuniones de 2020 de las cuales tomamos vista, se trataron los asuntos gravísimos citados (con alcance al sector pesquero) —incluso el ingreso de 100 buques extranjeros a la ZEE— pese que conforme el artículo 7º, 9º y s.s. de la Ley 24.922 el Subsecretario de Pesca y el Consejo Federal Pesquero —que preside— son los responsables de establecer y ejecutar la política pesquera nacional.

Frente a esta suerte de default de gestión, no resultaría raro, que las Cámaras Empresarias del país y hasta ONGs se ofrezcan a ayudar a cuidar nuestros recursos, ya que es necesario que en las actividades públicas haya una participación privada; lo que sí, llama la atención, que lo hagan mediante un Acuerdo con pescadores españoles agrupados en la Asociación Española de Armadores de Buques de Pesca de Merluza (ANAMER) y de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), muchos de ellos, propietarios de los buques que pescan y depredan nuestros recursos migratorios del Atlántico Sur con o sin licencia británica de Malvinas. Aceptar la participación de empresas no radicadas en la Argentina para que cuiden nuestros recursos pesqueros sería como “dar al zorro a cuidar el gallinero”. Luego, que algunos portales titulen a este acuerdo como firmado por “Representantes de Argentina y España” seguramente será para magnificar el absurdo.

Esta propuesta me hace acordar al Acuerdo firmado con el Reino Unido por Cavallo, para evitar que los buques asiáticos pescaran en una medialuna al este de Malvinas, que posibilitó luego al Reino Unido el otorgamiento de licencias pesqueras, precisamente, entre otros, a los españoles.

Seamos claros, los buques españoles realizan igual pesca ilegal (INDNR) que los chinos, etc. Empezando, porque si lo que se quiere es preservar “la salud de los ecosistemas del área” (sic), debieran saber que tanto el calamar, como la merluza, etc. forman parte del Ecosistema Pesquero Argentino y, no solo, los recursos dentro de la ZEE Argentina, sino, muy especialmente los migratorios o asociados, como desde 1995 lo establece la Ley 24.543 y desde 1998 la Ley 24.922 que, con el fin de proteger los derechos preferentes de la Argentina, en su condición de Estado Marítimo (ribereño para la CONVEMAR) y, teniendo presente el preámbulo de ésta que destaca tener en cuenta “…en particular, los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo, sean ribereños o sin litoral” y, por tanto, las empresas españolas deben acordar su captura con la Argentina en su carácter de país Ribereño y, no con el Reino Unido de Gran Bretaña —como lo vienen haciendo— que en forma prepotente ocupa el territorio marítimo argentino y el Archipiélago de Malvinas, al igual que lo hace con Gibraltar.

Los buques españoles, que refieren venir pescando “desde hace 37 años” (recordemos Malvinas, 1982) no debieran regirse —como dicen— en el Atlántico Sur por “normativas específicas de la Unión Europa” (sic), y, dejar de hacerlo, como el propio acuerdo entre OPRAS y el SINDIPI brasileño lo indican: en absoluta colisión con las regulaciones que rigen en aguas jurisdiccionales para las especies transzonales y asociadaspara enfrentar con razonabilidad el daño que los extranjeros que pescan a distancia (NdA: entre otros los españoles) están provocando en el ecosistema del Área y sus recursos. No caben dudas de que los derechos e intereses de los estados ribereños, explícitamente mencionados en el artículo 116 de la CONVEMAR se ven sistemáticamente atacados e ignorados” (sic), más aún cuando en el Atlántico Sudoccidental aplican las normas precedentemente citadas, resultando tan cristalino como insólito este Acuerdo, donde refieren que no van a regular en el área ocupada por el Reino Unido en Malvinas: “…sin que su extensión afecte a los espacios marítimos susceptibles de disputas o controversias relativas a jurisdicción o soberanía” (sic) que, seguramente, se reservan para seguir pescando con las licencias ilegales otorgadas por los británicos en Malvinas o asociados a ellos. Un disparate contrario a los intereses nacionales de la llamada OPRAS y una irreverencia inaceptable de los firmantes españoles. Me vienen a la memoria los Acuerdos Marco URSS-Bulgaria y el firmado con la Unión Europea (empresas españolas) cuyos buques nunca pescaron en la zona de exclusión británica en Malvinas.

Y debo adherir a lo dicho respecto a la pesca ilegal en el acuerdo entre OPRAS y el SINDIPI brasileño, ya que utilizando sus argumentos —que por razones de espacio no transcribo— ratifico que tanto los españoles como chinos realizan pesca ilegal (INDNR) en el Atlántico Sur y, por lo tanto —reitero— el carácter de absurdo del acuerdo firmado con los armadores españoles. Acuerdo que, en todo caso, debiera promover el Estado Nacional —con la participación de todo el sector empresario y gremial— y absolutamente ajustado a la legislación nacional, teniendo en cuenta nuestra preferencia de Estado ribereño.

Refiere OPRAS en su acuerdo con el Sindicato Brasileño que “si bien la FAO y las Naciones Unidas, están en conocimiento de la situación, la falta de acciones gubernamentales concretas parecen empañar la gravedad, excusando inapropiadamente a los organismos multilaterales, hasta el momento, de actuar…”, es decir, responsabiliza a las organizaciones locales y a la inacción de los organismos multilaterales, sobre las que parecen quererse colocar esta ONG, para resolver un problema que, en el caso del acuerdo español, es parte. Como si los depredadores solo fueran asiáticos y estos buques españoles que confiesan vienen pescando hace 37 años en el Atlántico —precisamente, cuando los británicos recuperaron Malvinas— con buques congeladores de gran porte pescando a distancia en caladeros externos (léase, entre ellos el Atlántico Sur), donde manifiestan tener 193 buques y efectúan el 58% de sus capturas. No son unos pobres pescadores artesanales.

Finalmente surge de la lectura de los objetivos de OPRAS, que esta entiende que los problemas de explotación ilegal más allá de las 200 millas de la ZEE excede la actual capacidad de los organismos públicos para adoptar medidas consistentes con sus facultades y limitaciones geopolíticas” (sic) y, pese a su condición de ONG sin fines de lucro manifiesta su deseo de: “crear una Comisión Técnica de Administración del Área Regulada, con una integración mixta, donde el sector público y las organizaciones promotoras” (sic) “la participación de OPRAS y su oportuna integración en la Comisión Administradora o Comité Ejecutivo correspondiente” (sic), “integrar a OPRAS en comisiones de regulación…” (sic); Establecer una relación institucional formal y activa con las organizaciones internacionales o multilaterales, en relación con la ordenación de los recursos…” (sic) “Promover e impulsar un sistema de gobernanza y ordenamiento pesquero…” (sic), en síntesis, parece la OPRAS reservarse un lugar en la administración de los recursos de todos los argentinos.

Y reitero la pregunta: ¿Los españoles nos cuidarán los recursos? Y ¿quién ejerce el poder administrador y soberano en el Atlántico Sur?

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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SIGNIFICADO DE LA COOPERACIÓN BILATERAL CON HAITÍ

Pedro von Eyken*

 

Un artículo sumamente motivador de Omar Martín Tejada Pérez, integrante de la SAEEG y oficial retirado de la armada peruana, me llevó a enviarle este modesto aporte a Marcelo Javier de los Reyes. Respondo también a la propia invitación de este último para escribir sobre Haití[1].

Primero me interesa recordar, como siempre que hablo de Haití, que fue el primer país del mundo que reconoció nuestra independencia. Sucedió en 1817, cuando el Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón, envió un agente a dialogar con el presidente de Haití, Alexandre Pétion. El mandatario haitiano estaba interesado en cooperar con la emancipación de los países americanos y era conocida, en ese sentido, su relación con Simón Bolívar, a quien ofreció armas, barcos y soldados para su lucha emancipadora.

Haití fue la primera república negra del mundo y la primera en abolir la esclavitud. Esta liberación impulsó su independencia y en ello Haití sentó un precedente mundial. En el hemisferio occidental, Haití fue la segunda nación en obtener su independencia en enero de 1804, luego de Estados Unidos (1776) y 150 años antes que la mayoría de las naciones africanas. La esclavitud fue abolida en Haití siete décadas antes que en EE.UU. y 90 años antes que en Brasil. Por esos hechos históricos Haití debió pagar un alto precio pecuniario frente a su antigua metrópoli, Francia, y otro político frente a Estados Unidos, que ocupó militarmente el país caribeño de 1915 a 1934. A esos orígenes difíciles como nación independiente en época tan temprana le debe el digno pueblo de Haití buena parte de sus infortunios actuales.

Si seguimos por el título del artículo de Tejada Pérez, también he visitado un orfanato en Haití, sostenido por la generosidad de seres humanos sensibles que, desde el extranjero, comprenden las necesidades materiales y de afecto de miles de niños haitianos. Las familias extranjeras les cambian totalmente la vida a estos chicos en el más amplio sentido de la palabra cambio.

Seguidamente me extenderé en una digresión sobre el rol desempeñado por la Argentina en la Fuerza de Estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH), antes de pasar al punto focal de mi artículo, la cooperación bilateral.

Tomé contacto con la MINUSTAH cuando llegué a Haití, justo cuando esa Misión se estaba retirando. La Argentina tenía el segundo contingente de fuerzas desplegadas en ese país y un general del Ejército Argentino, Gabriel Guerrero, se desempeñó como Segundo Comandante de la Fuerza Militar (Deputy Force Commander) entre 2012 y 2013.

Con el presidente de Haití, Jovenel Moïse.

Nuestro país aportó tropas de paz durante 13 años (2004-2017), donde quedaron de manifiesto la eficiencia y el profesionalismo con que nuestras Fuerzas Armadas llevaron adelante una política de Estado, las misiones de paz en el orden internacional. Argentina desplegó, en esos años, 12.800 cascos azules, hombres y mujeres, que cumplieron su labor en un país muy vulnerable, devastado en enero de 2010 por un terremoto que se cobró más de 300.000 vidas y dejó sin techo a un millón y medio de personas. Entre otros problemas estructurales que conviven con sus encantos, Haití posee montañas deforestadas, altas tasas de desocupación y analfabetismo, enfermedades endémicas como malaria, dengue y tifus y un enfrentamiento político y social que se acentuó a partir de julio de 2018 y aún continúa. En ese contexto complicado, la pandemia de COVID-19 abre un interrogante preocupante, cuando se escriben estas líneas, debido a la elevada vulnerabilidad sanitaria y hospitalaria del país.

Seis años después del terremoto provocó desolación el huracán Matthew, que atacó con virulencia el sur del país en septiembre de 2016, dejando un saldo de más de 800 muertos y miles de desplazados.

Un párrafo destacado, en el ámbito de la MINUSTAH, merece la actuación del Hospital Militar Reubicable Argentino a cargo de nuestra Fuerza Aérea, que culminó en forma exitosa en septiembre de 2017. En esos días recorrí el hospital y escuché numerosas alabanzas. El hospital asistió al personal de la fuerza de paz pero también dio apoyo sanitario a la población local en emergencias y catástrofes. Llevó a cabo más de 200 mil atenciones médicas.

De 2017 a 2019, la MINUSTAH dio lugar a la Misión de Apoyo a la Justicia de la ONU (MINUSJUSTH), con la que coincidí. En ella deseo subrayar el destacado papel que tuvieron los efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Cumplieron un rol destacado y reconocido en ambas Misiones de la ONU. En el caso de la MINUSJUSTH, la satisfacción por el desempeño de los oficiales y suboficiales de nuestra GNA me fue expresamente señalada por un general de la gendarmería francesa y otro de la policía canadiense, que dirigieron sucesivamente el componente policial. Fuerzas de nuestra Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) también participaron.

Idéntico profesionalismo, eficiencia y lealtad debo reconocerle a los efectivos de la GNA que integraron el Elemento de Seguridad (custodia) de nuestra Embajada en Haití. Fueron tres grupos, de 12 a 14 oficiales y suboficiales cada uno, hombres y mujeres que protegieron con celo las vidas de mi esposa, de otros funcionarios y empleados de la embajada y la mía propia. Deben desplazarse a Haití solos, sin sus familias, durante un año. Mi gratitud es para siempre.

Hecha esa importante digresión, deseo abordar el punto focal de este aporte, la cooperación bilateral y comienzo con una frase frontal: la relación bilateral con Haití sin cooperación técnica (a veces también humanitaria) vacía de contenido la relación bilateral. La relación política es muy buena; por ejemplo, el apoyo de Haití a nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas ha sido claro y permanente. La relación comercial, en especial de las exportaciones argentinas, se ve limitada por el tamaño relativamente pequeño del mercado haitiano. Y la relación cultural, con sus eventos de difusión, depende de la seguridad del país caribeño. Pero si no se impulsa la cooperación técnica, una embajada en ese país carece de sentido.

Entre 2005 y 2016 se desarrolló en Haití, primero en el norte y luego extendido a otras regiones, un proyecto de cooperación bilateral emblemático, ProHuerta, dedicado a mejorar la horticultura familiar y la seguridad alimentaria. El programa, coordinado por el área de cooperación internacional de la Cancillería Argentina y en el que intervenían el Ministerio de Desarrollo Social y el INTA, con ingenieros agrónomos y promotores haitianos, mejoró de forma tangible esa situación en un país esencialmente agrícola. También participaron agencias de cooperación extranjeras. ProHuerta sirvió, además, para mejorar una deficiencia estructural en Haití como la irrigación de agua. Según una encuesta del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria (CNSA) de ese país, publicado en 2015, el 93 por ciento de las familias involucradas en el ProHuerta mejoraron su situación alimentaria. El programa, que cumplía 25 años en Argentina, se desarrolló durante una década en Haití, donde llegó a contar con más de 21.000 huertas, 5.200 granjas, 1.500 promotores y beneficiar a más de 140 mil huerteros familiares.

Lamentablemente, el programa se discontinuó en 2016. En 2018 se intentó relanzarlo con un alcance más modesto y una misión de funcionarios de nuestro Ministerio de Desarrollo Social y dos ingenieros agrónomos del INTA se desplazó a Puerto Príncipe. Mantuvimos reuniones con diferentes agencias gubernamentales y extranjeras, como la española y el Programa Mundial de Alimentos. Se avanzó en un alcance acotado a la seguridad alimentaria de la primera infancia, de interés especial de la Primera Dama de Haití. Pero finalmente no llegó a concretarse nada hasta mi traslado a Buenos Aires, en septiembre de 2019.

La cooperación técnica bilateral, a partir de 2017, se limitó a un programa de Apoyo a los Derechos Humanos coordinado por el área de cooperación internacional de la Cancillería, que preveía una semana de actividades en Puerto Príncipe y otra en Buenos Aires, con asistencia de especialistas de ambos países y de las Naciones Unidas. Desconozco si existen planes para reactivar Pro Huerta, aunque lo deseo fervientemente. Todos los países con embajada en Haití (son 20 más la Nunciatura Apostólica) mantienen proyectos de cooperación. Hasta Panamá, el más pequeño de los siete países latinoamericanos con representación en Puerto Príncipe, tiene esos programas. En los gobiernos de Brasil y Chile, en los últimos años, se produjeron fuertes cambios de orientación política, de la centro-izquierda a la derecha, pero se mantuvo la cooperación técnica con Haití. También cooperan Cuba, México y Venezuela.

Como no me resigné fácilmente a abandonar la razón de ser primordial de nuestra relación con Haití, en 2019 intenté modestas formas de cooperación puntuales en lugares distantes uno de otro y de la capital. En marzo visité una escuela rural modestísima, llamada Don Diego de Villaguay, de 150 chicos muy humildes, cercana a la frontera con la República Dominicana. La escuelita surgió hace algunos años por iniciativa del Suboficial David Garcés del Ejército Argentino, un hombre con profundo sentido humanitario que prestó servicios en la MINUSTAH y pertenece a la comunidad adventista. No tienen casi nada, falta de todo. Pero entre la ciudad entrerriana de Villaguay —el pueblo y la intendencia municipal— y la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Haití, sostienen como pueden esa escuela que necesita hace tiempo, entre tantas cosas, un equipo electrógeno y algunas computadoras. Pasamos un par de horas inolvidables con mi mujer y los efectivos de GNA que nos llevaron. Dejamos alimentos para varios días. Los pocos maestros que enseñan en todos los grados, cobran un “sueldo” sólo cuando la comunidad de Villaguay envía dinero que se recauda en alcancías distribuidas en la ciudad entrerriana. Sino, enseñan igual. Los conocí. Me comprometí a conseguir algo de lo que pedían, mantuve reuniones semanas después, durante mis vacaciones en Buenos Aires, pero me fui de Haití sin poder regresar con alguna mejora. La comunidad de Villaguay sigue ayudando como puede y ya piensa en recibir algunos chicos, cuando terminen en esa escuelita, para aprender oficios y el idioma castellano con mate entrerriano. Apenas regresé trasladado a la Argentina, visité en esa ciudad a la Intendenta y a algunos medios de prensa.

En abril del año pasado, al regresar a Haití de mis vacaciones, visité la localidad de Corail, ubicada en el extremo sudoeste de Haití. En esa zona con malaria, a siete horas de camino tortuoso, se encuentra un hospital reequipado por la Argentina a través de la UNASUR. En 2013, fue rebautizado “Presidente Néstor Carlos Kirchner” por ese aporte. La entonces presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, mantuvo una teleconferencia con el anterior presidente de Haití, Michel Martelly, para referirse al acto. Si las dos banderas nacionales se encuentran en ese Hospital, atendido por médicos cubanos y haitianos, el embajador argentino debía conocerlo. Un diputado haitiano, perteneciente a la circunscripción de Corail, nos invitó a almorzar junto al director del hospital. Nos pidieron un equipo de odontología y paneles solares para la deficiente energía eléctrica. También me comprometí a hacer lo posible por conseguirlo. Pero me tuve que ir del país cinco meses después.

En la foto siguiente aparecemos mi mujer y yo en el hospital, junto a médicos cubanos y haitianos, alrededor del monolito con las dos banderas y el nombre del ex presidente argentino de 2003 a 2007.

Podría hablar de otros proyectos que suponen mejoras para un país tan vulnerable. Hasta el presidente de Haití, Jovenel Moïse, al despedirse de mí en el Palacio Nacional dos días antes de irme, me preguntó si sería posible conseguir asesoramiento para introducir vacas lecheras por inseminación artificial, a fin de iniciar una industria láctea que Haití no tiene y para que los niños más humildes tengan una copa de leche en las escuelas. Hoy no la tienen.

Si todo lo antedicho no puede conseguirse por la cooperación estatal, como se vio que no pudo ser, estoy seguro que hay instituciones argentinas que podrían colaborar.

La caridad bien entendida empieza por casa, dice un refrán. Nuestro país también tiene necesidades. Pero si nos quedáramos con el refrán, no existiría la cooperación Sur Sur.

No me faltaron ganas sino tiempo. Ojalá otros puedan conseguir lo que yo no pude. Pertenezco al Servicio Exterior y servir también es eso, en ese país entrañable. Algún día volveré a Haití.

 

* Diplomático de carrera, ex embajador argentino en Haití (2017-2019), licenciado y doctorando en ciencias políticas por la Universidad Católica Argentina.

 

Referencia

[1] TEJADA PÉREZ, Omar Martín. «Haití. Una gota de esperanza en medio del desastre, la adversidad y la burocracia. La historia de la reconstrucción de un orfanato», SAAEG, 16 de mayo de 2020, http://saeeg.org/index.php/2020/05/16/haiti-una-gota-de-esperanza-en-medio-del-desastre-la-adversidad-la-burocracia-la-historia-de-la-reconstruccion-de-orfanato/ 

PRESENTACIÓN DEL ANUARIO 2019 DEL CEID

 

Los miembros del Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo (CEID) y de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG) tenemos el agrado de presentar el Anuario del CEID 2019, en el que autores de ocho países —Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, España, Perú, Portugal y Sudáfrica— analizan relevantes cuestiones que tuvieron lugar en el escenario mundial, así como otros temas que consideramos de interés, ya desde una perspectiva geopolítica y estratégica, ya desde una visión histórica, habida cuenta de que es verdaderamente difícil comprender los conflictos y numerosos hechos actuales si no se tiene conocimiento del devenir de la historia.

Cabe agregar que a partir de esta edición, el Anuario del CEID es el producto de una sinergia entre éste y la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEGG), dado que varios de sus miembros forman parte de ambas entidades.

El propósito de esta nueva edición del Anuario del CEID es favorecer la comprensión de un escenario mundial altamente complejo. Para ello ha convocado a prestigiosos docentes e investigadores de diversos países: F. Javier Blasco (España), Juan José Borrell (Argentina), Magdalena Carrancio (Argentina), Francisco Carranza Romero (Perú), Miguel Ángel Cúneo (Argentina), Sunamis Fabelo Concepción (Cuba), Christiaan Fensham (Sudáfrica), Carlos Fernández Pardo (Argentina), Gabriel D. Frontons (Argentina), Alberto Hutschenreuter (Argentina), Roberto Mansilla Blanco (España), Juan Cruz Margueliche (Argentina), Héctor Martínez (Argentina), Fabricio Rauber Lema Ecuador), Xulio Ríos (España), Agustín Saavedra Weise (Bolivia), Claudia Sánchez Savín (Cuba), Juan José Santander (Argentina), Isabel Stanganelli (Argentina), María Julia Sorrentino (Argentina), Fernando Velasco Fernández (España) y Marcelo Javier de los Reyes (Argentina).

Finalmente, deseamos informar que el Anuario del CEID puede ser descargado gratuitamente desde la página http://saeeg.org/wp-content/uploads/2020/05/ceid_anuario_2019.pdf

Agradecemos su difusión.