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SUAVE SUAVE

Inés Speroni*

Lo intangible: Seguridad, Salud y Educación

 

Un país tiene que tener el equipo necesario (HARD POWER): economía, trabajo, moneda dura, maquinaria, caminos, FFCC, etc. HARDPOWER: LAS COSAS, EL TRABAJO Y LA POBLACIÓN.

A esto hay que sumarle que todo eso sirve sí y sólo si uno tiene FFAA. Bien pertrechadas, bien entrenadas, bien pagas.

Pero el bienestar general, que es a lo que debe apuntar todo aquél que quiera gobernar la Argentina, hay que sumar lo que hace a la vida de las personas.

Toda decisión que se tome debe tener dos controles (dos baremos) y preguntarse si pasa o no pasa ambos. 1. La grandeza de la Nación. 2. La felicidad del pueblo argentino.

Ejemplo: tener una moneda dura (sin inflación) ¿pasa o no pasa 1 y 2? Sí en 1, porque el país necesita una moneda constante (que puede ser la propia, patrón oro, convertibilidad con otra moneda o substitución por otra). Y también en 2, porque el impuesto inflacionario lo pagan los más humildes; que no haya inflación es quitar un impuesto.

Veamos otro ejemplo: si el Estado obliga al uso de una moneda electrónica, donde se hace seguimiento de todo lo que uno gasta y eventualmente puede restringirle el acceso de su dinero a una persona, ¿cumple con 1 y 2? Aún si se tratara de moneda dura ¿cumple? Una moneda electrónica puede ser monitoreada desde el exterior [1]. Por lo que si el país no es autónomo en defender sus datos (incluidos los saldos de las cuentas individuales), es un sistema vulnerable que no hace a la grandeza de la Nación (no pasa 1). Y si es un sistema donde una autoridad gubernamental puede inhibir a un individuo acceder a su dinero, no pasa 2 [2].

Dentro de las responsabilidades que tendrá el próximo gobierno se encuentran las “hard” o “duras”, como enderezar la moneda y el BCRA, generar las condiciones para que aumenten exportaciones, empleo y salario medio, mejorar la infraestructura de carga; proveer energía no sólo para el aparato productivo actual sino para las necesidades futuras [3] y lo más importante de todo, tener FFAA. 

No sólo lo que entendemos por tradicional (Marina, Ejército, FFAA). Ahora, también, necesitamos gente que sepa de informática y comunicaciones (que la hay). Nuestras FFAA necesitan presupuesto y apoyo del próximo presidente. Con un buen trabajo coordinado con la AFI, la cual no sé si tiene personal de esa calidad (tal vez sí). Menuda tarea tienen las próximas autoridades luego de cuatro décadas de desmantelamiento.

Pero también necesitamos ocuparnos de lo suave. De lo soft.

Durante los 40 años de administración socialdemócrata (radicales, kirchneristas, JxC, aún el menemismo del consenso de Washington) abandonaron o directamente boicotearon los servicios de seguridad, salud y educación. Los tres hacen a la felicidad del Pueblo. Y un pueblo fuerte, sano e instruido hace a la grandeza de la Nación.

No es cierto que los conservadores que gobernaron desde Sarmiento (1868) hasta que asumió Yrigoyen (1916), no se ocuparon de los servicios que debe brindar la autoridad. Sí se ocuparon. Lo hicieron y mucho. 

Sarmiento encargó un censo (1869) y relevó el nivel de instrucción de la población. Dio horrible. Pusieron manos a la obra y para el censo de 1914, los analfabetos no llegaban al 5% de la población (a pesar de la gran cantidad de inmigrantes iletrados). Curiosidad: el analfabetismo era menor en las damas que en los caballeros.

Lo mismo podemos decir de la salud. Quienes gobernaban entendieron que necesitaban una población sana —para ocupar el territorio, para ser una de las mayores naciones de la tierra, por lo que sea—. No sólo éramos una de las 10 primeras economías del mundo a principio de siglo XX, sino uno de los países con mayor instrucción elemental y con mejor servicio de salud, a nivel de los países europeos prósperos.  Hubo toda una corriente denominada sanitarista, que se ocupó primero de la prevención de enfermedades y luego de los servicios asistenciales. Ahí se hicieron esos magníficos hospitales con mármoles y jardines. Crearon el Instituto Malbrán (1916) para estudiar las enfermedades infectocontagiosas humanas; a nivel de lo mejor de lo mejor, a la par de Londres o París.

Tenemos una enorme cantidad de próceres médicos. Sólo nombraré al Dr. Ramos Mejía, en el entendimiento que fue toda una política pública conservadora y una corriente de pensamiento. Dentro de las recomendaciones de salud pública estaba tener parques, paseos y plazas a intervalos regulares para que toda la población urbana, aunque uno fuera muy muy pobre, tuviera cerca árboles y “salud”. Comparen esa forma de pensar con los “estatistas” actuales, que se llenan la boca de más Estado y más derechos. Esos tipos feos, malos, abusadores (los conservadores) querían que uno, aunque fuera un jornalero que dormía en una pieza de inquilinato, tuviera cerca una plaza [4]. Por último, y termino con el tema urbanismo, que me apasiona, está el período de Fresco, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que es responsable de armar ciudades en todo el interior de la provincia, con su plaza, iglesia, municipalidad, teatro, escuela, comisaría, hospital y banco provincial. Al servicio de la población, civilizando el desierto.

Salud, seguridad, educación

El nuevo gobierno debe ocuparse de estas tres cosas. Lo hará como crea que debe hacerlo. Y le pondrá la motosierra a lo que crea. Para eso se lo vota, para que haga lo que tenga que hacer.

Pero son tres dimensiones gubernamentales de las cuales habrá que ocuparse. La seguridad es un mandato que figura en el preámbulo de la constitución. Es una obligación del gobernante. La educación elemental también lo es. La salud se inscribe dentro del “bienestar general”.

La educación no se arregla repartiendo bonos a las familias. Si el plan obligatorio educativo incluye la ESI y miles de barrabasadas más, todo eso hay que desmontarlo. No lo soluciona la escuela parroquial, la cual debe cumplir con los demenciales contenidos vigentes actuales. Mi propuesta en educación es:

    • Educación Nacional (que las provincias lo devuelvan a la Nación [5]).
    • Educación primaria de calidad. Volver a los textos utilizados antes de las reformas de Alfonsín, sistema de calificación, disciplina de los docentes y de los alumnos vigente a diciembre de 1975 [6]. Los niños tienen que salir de 7mo grado con lectura de corrido, entender textos, álgebra y cálculo, geografía, historia, ciencias naturales. Regla de oro: ¿Entienden un contrato de alquiler o uno prendario para comprar una moto? Son las cosas que la gente necesita para el día a día.
    • Secundario. Examen de ingreso, asistencia de docencia, docentes calificados, exámenes, notas bimestrales, boletín, contenidos de 1975 + informática. Los socialdemócratas quisieron sacar todo y dejar sólo el bachiller, como buenos inútiles que son. Poner más escuelas agrarias, industriales, peritos mercantiles, y  normales para hacer maestros a la antigüita. El gremio que más empleados tiene en el país es el de comercio y ¡cerraron los colegios mercantiles!
    • Escuelas de oficios. 50% de los chicos no terminan el secundario porque el secundario es una estafa que sólo le sirve al gremio docente y a los gobernantes. Primaria más oficio hasta los 16. Herrero, albañil, pintor, construcción en seco, electricista, mecánico, carpintero, talabartero, sastre, zapatero, etc. Con la opción de hacer dos años más y terminar la educación media. Para una familia apretada de dinero, es una enorme solución. Agregaría que los muchachos que hagan oficios reciban una beca mensual hasta que se reciban (16) y puedan empezar a trabajar. Luego darles la opción de terminar la secundaria en horario nocturno.
    • Universidades. Hay que replantearlas. Deben tener examen de ingreso (muchas lo tienen), requisitos para mantener la regularidad y criterios de calidad para otorgar los títulos. Y debe de haber cupos. ¿cuántos sociólogos necesitamos? Determinados estudios —enfermería, ingeniería, exactas— deben recibir becas. ¿Debemos subsidiar las universidades privadas? Yo creo que no. Los presupuestos de algunas universidades públicas son simplemente delirantes mientras otras que están haciendo un buen trabajo no reciben lo suficiente.
Salud

Volver a un servicio nacional de salud. Consultorios externos seis días por semana y dos turnos en las zonas más pobladas. La gente que trabaja toda la semana y trabaja por la paga, no puede faltar para hacerse una revisión y eso hace que todo diagnóstico sea tardío. Debe de haber consultorios los sábados para esos casos. Las tardes dedicadas a gerontología. Esto último permitiría desafectar o modificar el PAMI.

Medicina preventiva de dos maneras: a) exámenes anuales obligatorios, para detección temprana de enfermedades; b) vida sana. 

Vida sana implica controlar la calidad de los alimentos y la práctica de deportes.

Invertir en hospitales por todo el país. No tener un único Garrahan sino hacer cuatro réplicas en el interior para que la gente viaje menos. Llevar la calidad [7]. 

Y no nos engañemos: el servicio de salud que nos da este Estado presente y con más derechos, no es bueno. Hay mucho que hacer para mejorar.

Entiendo el deporte desde dos puntos: softpower o propaganda del país, y salud. Todos los niños deberían hacer deportes [8]. 

Hoy el ministerio de salud está al servicio de la industria farmacéutica. Hacen lo que les dicen acríticamente. Los funcionarios tanto de Macri como de Alberto Fernández fueron puestos por la Fundación Huésped, que es la gran lobbista de la industria. Esta relación malsana y ajena a 1, la grandeza de la Patria y 2, la felicidad del pueblo, debe cortarse. Motosierra a la Fundación Huésped y su manía de colocar ministros de salud.

Argentina viene con tasa decreciente de nacimientos desde hace 20 años. Tenemos menos niños anualmente ahora que en el 2000. Es una tendencia que hay que revertir lo antes posible. Si la gente empieza a ganar más dinero y tener moneda segura y poder hacerse o comprar una casa, probablemente la tendencia se revierta sola. En ese caso vamos a necesitar más licenciados en obstetricia y más médicos obstetras. Que se dediquen a tener nenes y no a “no tener” nenes. Hay un trabajo fenomenal por delante. 

La salud privada ha demostrado ser un desastre en la Argentina, con más quejas, tal vez, que la pública. Actualmente vemos que gran parte del servicio de prepagas es derivado a los hospitales estatales. Privatizar la salud, por lo tanto, no es una solución.

Seguridad

La seguridad es un trabajo coordinado entre la policía y la justicia ordinaria. Es responsabilidad de las provincias. Si la salud y la educación vuelven a la nación, la responsabilidad de los gobernadores se limitará a rutas provinciales, justicia y policía. 

Por lo que se deben poner a trabajar en eso. 

Policías bien pagos, bien entrenados, bien pertrechados y descansados. Cantidad suficiente de efectivos. Gente sensata y con calle al frente de la fuerza. 

Hoy por hoy el punto más débil es la justicia. 

Y nadie, nadie los controla. 

Si llevan adelante los procesos, si acusan, si buscan a los prófugos. Prácticamente es la tarea más importante de las Legislaturas provinciales: controlar a fiscales y jueces y no lo hacen. 

Si se empieza a hacer un control de cerca, muchos fiscales y jueces volarán por la ventana. También se podría evaluar si los fiscales penales de crímenes ordinarios no deberían ser electos, como en EEUU. El papelón que cometieron contra el carnicero de Zárate, dos años procesado para ser sobreseído por un tribunal popular, nunca tuvo consecuencias ni para el fiscal ni para el juez de instrucción. Y por último, deberíamos ir a tribunales populares en todo el país —como ya está en provincia de Buenos Aires—  y tal vez en varios fueros. Hemos visto el juicio civil de Depp contra su ex esposa. ¿Hubiera sido ése el resultado con un tribunal de jueces? ¿Un tribunal popular le hubiera dado la tenencia de Lucio Dupuy a su madre y la concubina de ésta? El Preámbulo de la Constitución le dice a las autoridades cuáles son sus obligaciones —que son varias—. Dos de ellas son: administración de justicia y paz interior.

Es tiempo de decirle a los gobernadores: tenés dos trabajos. Hacélos. 

Queda pendiente Suave II (Relaciones Exteriores, publicidad, imagen de Argentina en el exterior, el verdadero softpower)

 

Notas

[1] Excepto que uno tenga una división de las FFAA (o de la AFI) hábil en defensa electrónica que impida un ataque semejante.

[2] Lo vimos en la cuarentena eterna donde prohibían viajar, usar la SUBE, había que sacar permiso para salir a la calle, etc. Si el dinero es electrónico, pueden inmovilizar una cuenta por una orden del gobierno. Ya sucedió en Canadá en el 2022.

[3] Si el proyecto es triplicar o quintuplicar las exportaciones, necesito energía eléctrica para la demanda proyectada. Lo mismo sucede con la infraestructura de transporte de carga o la necesidad de personal calificado.

[4] No sólo en Buenos Aires. Todas las ciudades del interior tienen la misma disposición. Frutilla del postre: las plazas las diseñaba Thays. Por lo que si uno era un albañil que volvía a Temperley, pasaba por la Plaza Constitución diseñada por Thays con bellísimos árboles de todo el país. Hoy —con los gobernantes socialdemócratas muy preocupados por la diversidad y la ampliación de derechos— le propinan a nuestro trabajador el siguiente paisaje: la plaza de Thays voló y en su lugar hay un galpón vidriado. Desde la parada del colectivo hasta la entrada hay un páramo. Si llueve, uno se empapa. Tiene que sortear heces humanas y fisuras que van a tratar de clavarle una faca y quitarle lo que tenga encima. Hago esta comparación para poder diferenciar entre los discursos de nuestros “benefactores” (1983-2023) y nuestra realidad. ¿Qué respeto tiene un gobernante a un trabajador si lo somete a estar dos horas en un transporte público, de frecuencia escasa, sucio y donde el trasbordo es una aventura? Amén que los paisajes urbanos son apocalípticos. Otro ejemplo de urbanismo al servicio de las personas es el diseño original de La Plata.

[5] Dar por muertas todas las reformas desde Alfonsín a hoy.

[6] Último período de estado de derecho previo a las reformas socialdemócratas.

[7] Traer médicos de otros países que quieran un cambio de vida. Paradójicamente, hoy se homologa automáticamente un título de médico de nuestroamericanos pero de un irlandés o un inglés o francés o italiano, no. ¡Vamos!

[8] Yo pondría un subsidio por niño hasta los 18 años, que se paga una suma fija desde el estado al club de su elección (si es un club caro pagará la diferencia la familia, pero si es standard, la suma debería cubrir la cuota, el tercer tiempo, las remeras, etc.). ¿Por qué? Porque es más barato esto que luego todo el circuito de delincuencia juvenil con sus comisarías, asistentes sociales, fueros juveniles (jueces y fiscales) y reformatorios.

 

* Artículo publicado originalmente el 15/03/2023 por Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/04/suave-suave.html

 

LA INVESTIGACIÓN ES CENTRAL PARA ESTABLECER LAS POLÍTICAS PESQUERAS

César Augusto Lerena*

El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) es, sin lugar a duda, un reconocido Instituto de Investigación donde transitaron y realizan sus tareas los más acreditados científicos y técnicos en la materia. No se hubiera podido lograr el desarrollo pesquero nacional sin el aporte imprescindible de este Instituto Nacional y lo ha hecho en un marco donde la política en distintas etapas ha incidido negativamente y, en numerosas ocasiones, ni siquiera ha tenido en cuenta sus informes, dando lugar a la depredación, al descarte y a la insostenibilidad de los recursos y el Consejo Federal Pesquero, aun conociendo los informes del INIDEP, tiene por la Ley 24.922 atribuciones que exceden al conocimiento técnico de sus miembros.

En la actualidad habría que agregar que el Instituto y sus investigadores sufre la desatención de la Subsecretaría de Pesca y ello se indica en la Revista Puerto el 27/02/2023: «más de cincuenta investigadores han firmado una nota solicitando una auditoría externa —independiente del Estado— que investigue «el real estado de los buques» ante las sucesivas y repetidas averías, las explicaciones contradictorias de los directivos, la ineficiencia en el mantenimiento y la suspensión de campañas que desprestigian la institución. (…) Es necesario mencionar que este tipo de problemas, que se repiten muy frecuentemente, trae consecuencias para el desarrollo de nuestras actividades, como así también a la calidad y confianza en el asesoramiento, perjudicándose la imagen que pretendemos para nuestra institución. Los constantes aplazamientos y/o suspensión de campañas afectan la confiabilidad y el prestigio de nuestra institución (…). Esto nos envuelve involuntariamente en una situación vergonzosa que consideramos debe revertirse en post de una gestión eficiente y transparente». Entre otras se ha cancelado la campaña del calamar que, precisamente, es objeto de pesca ilegal (INDNR) por parte de buques extranjeros en alta mar y Malvinas.

Reseñada esta cuestión puntual que atenta contra la sostenibilidad del ecosistema, la misión y funciones de este Instituto, previstas en la Ley, son insuficientes para proveer de herramientas destinadas a la protección de los recursos migratorios y los relativos a la mejora de los procesos y los productos de las empresas.

Debería corresponder al INIDEP establecer el inventario de los recursos pesqueros en la ZEE y los recursos migratorios originarios de ésta en alta mar y viceversa, susceptibles de ser aprovechadas; diseñar y ejecutar los programas anuales de investigación, de tecnología, nanotecnología y los estudios económicos referidos a la exploración, explotación sostenible, procesamiento y almacenamiento eficiente y relativos al máximo aprovechamiento de los recursos vivos del mar; determinar en forma anual de las capturas máximas sostenibles por especie y zona de pesca (incluso en alta mar y su relación con la ZEE); perfeccionar y desarrollar sistemas de captura, artes de pesca y embarcaciones pesqueras; realizar las investigaciones científicas y tecnológicas relativas al valor alimenticio; la calidad de los productos pesqueros y el consumo nacional de estos; dictaminar a la Autoridad de Aplicación sobre el otorgamiento de Autorizaciones no gubernamentales de pesca experimental; asesorar a las empresas en el desarrollo tecnológico de cuestiones relativas a la captura, el procesamiento de las materias primas; la elaboración de nuevos productos y la mejora de su calidad; con la aprobación de la Autoridad de Aplicación, establecer convenios con otros Institutos de Investigación del Estado Nacional y/o provinciales para contribuir a la mayor eficiencia pesquera y una conservación integral y conjunta de los recursos; asesorar a la Autoridad de Aplicación y al Consejo Federal Pesquero en aquellas decisiones, donde éste pueda y deba requerir la opinión técnica especializada del INIDEP.

En el Artículo 11º de la Ley 24.922, al igual que en artículos anteriores, se le asigna un rol al Consejo Federal Pesquero que se inmiscuye en cuestiones que deberían estar reservadas al INIDEP, que es quien dispone de las capacidades técnicas y científicas para garantizar la sostenibilidad biológica de los recursos. En todo caso, el Consejo Federal Pesquero debe contribuir con las políticas pesqueras generales de administración del recurso en la ZEE y de los migratorios originarios de la ZEE en alta mar. Desde la década del ‘70 hasta nuestros días la actividad pesquera se caracterizó por la promoción de la actividad extractiva y exportadora y no, extractiva, transformadora, comercial. Se aumentó el esfuerzo pesquero, se privilegiaron las estadísticas que indicaban más dólares exportados con escaso valor agregado por sobre el aprovechamiento eficiente del recurso, es decir, más divisas y más empleo. Se requiere, frente a la experiencia de sobreexplotación de la merluza común y otras especies en la década del ‘90, con sus consecuencias económicas y sociales, el inicio de una administración racional de los recursos que contemple la evaluación permanente del potencial pesquero; una explotación biológica y económicamente eficiente; estabilidad en su disponibilidad, fortalecimiento de una industrialización plena y con ello, mayor valor agregado y empleo y, un mayor consumo y una máxima penetración en los mercados minoristas del mundo.

Reafirmar esta actividad industrial, consolidarla, incorporarla a nuestros hábitos culturales de trabajo y consumo, incrementar este alimento excepcional en la dieta de los argentinos, generar empleo, distribuir adecuada y equitativamente entre los distintos actores de la industria pesquera el recurso disponible, utilizar este recurso natural para ocupar en forma efectiva los espacios estratégicos marinos y terrestres de la Nación, propiciar estrategias para erradicar la Pesca Ilegal (INDNR) en el Atlántico Suroccidental y en el área de Malvinas, son tareas de la Autoridad de Aplicación con el apoyo del Consejo Federal Pesquero, mientras que el INIDEP se debiera dedicar a acrecentar herramientas para asegurar la pesca sostenible y la perpetuidad de este recurso. Sin buques activos es improbable hacerlo.

Un recurso natural renovable (pero agotable) sensible a factores relativos a la extracción descontrolada, climatológicos y ambientales, requiere una administración óptima para dar mayor seguridad posible a los inversores, industriales y trabajadores, para lo cual no se necesita solo de administradores sino también de hombres formados en la ciencia y en la técnica, capacitados, perfeccionados y comprometidos en hacer el mejor aporte a la política dentro del marco de la rigurosidad que exige la investigación.

El INIDEP es una importante herramienta que debería tener por finalidad el diseño y ejecución de programas de investigación y tecnología. La determinación de las Capturas Máximas Sostenibles no puede estar en manos del Consejo Federal Pesquero, sino que debe ser un atributo del INIDEP, institución que tiene la capacidad profesional y científica para hacerlo y, para ello, hay que proveerle las herramientas más avanzadas para ello.

Es muy importante que la Autoridad de Aplicación fomente y ejecute las investigaciones científicas relacionadas con la actividad de la pesca, la acuicultura y sus actividades conexas, así como las especies de interés pesquero y acuícola y aquellas con potencial, que contribuyan a la formación de políticas, estrategias y medidas para su administración y hacerlo con un enfoque ecosistémico, ya que ésta es una herramienta fundamental para determinar los stock, las asociaciones entre las especies y los procesos migratorios, entre otras cuestiones que permitan elaborar una política pesquera sostenible, así como actividades orientadas a la búsqueda del mejoramiento tecnológico, la transformación y reconversión de las actividades pesquera y acuícolas, que son centrales para asegurar una pesca selectiva, sostenible y sustentable, tanto en las etapas de extracción como de procesamiento.

Un INIDEP con gran autonomía investigativa y confianza de la comunidad científica y empresaria, es la mayor garantía para que sus dictámenes sean reconocidos a nivel nacional e internacional y ello es central para sostener —con base científica— el combate sobre los efectos negativos al ecosistema de una pesca descontrolada en alta mar de los recursos migratorios originarios de la ZEE. No es posible imaginar el control de los recursos migratorios argentinos en alta mar sin un INIDEP tecnológicamente dotado, humana y científicamente comprometido y con una participación hiperactiva, a la hora de apoyar técnicamente los proyectos destinados a que la Argentina —como Estado ribereño— genere los avances necesarios, junto a toda Latinoamérica y El Caribe, respecto al cuidado de sus recursos migratorios.

Respecto al Artículo 18º de la Ley 24.922 vigente, ya nos hemos referido a que no debería ser el Consejo Federal Pesquero sino el INIDEP quien fije la «Captura Máxima Sostenible». Ya hemos visto a través de los años que por decisiones políticas se otorgaron permisos, cuotas y autorizaciones que excedieron a las Capturas Máximas Sostenibles, pese a los informes científicos, no siendo admisible que decisiones políticas violenten estos informes y ocasionen depredación.

El Artículo 13º de la ley vigente indica también que «Los resultados de todo trabajo de investigación sobre los recursos pesqueros deben ser puestos a disposición de la Autoridad de Aplicación antes de cualquier utilización o divulgación de estos y, las empresas dedicadas a la extracción de recursos vivos marinos están obligadas a suministrar toda la información requerida destinada a la investigación del recurso, cuestiones que los gobiernos argentinos violentaron cuando acordaron la investigación conjunta con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ratificando esta irregularidad en 2016 cuando se firmó el Pacto de Foradori-Duncan, ya que en las campañas participaban agentes británicos.

La pesca experimental por parte de personas físicas o jurídicas nacionales, extranjeras u organismos internacionales con buques de pabellón nacional o extranjero deberían requerir autorización otorgada por la Autoridad de Aplicación, previo dictamen del Consejo Federal Pesquero y estar sujeta a las limitaciones indicadas precedentemente. La Autoridad de Aplicación debe tener libre acceso a toda información derivada de la investigación científica y técnica y tener facultad para designar representantes del INIDEP que, con el carácter de observadores, presencien los trabajos y verifiquen que ellos se ajusten a las condiciones y límites que se fijen. La pesca experimental no puede encubrir la pesca comercial como ocurrió en la Argentina y tampoco es admisible, como denunció en la Fiscalía de Río Grande (Tierra del Fuego) el abogado Carlos Lionel Traboulsi, que «el pasado 21 de enero de 2023 el rompehielos y laboratorio flotante RRS Sir David Attenborougt, «con bandera ilegal de las islas Falklands» habría navegado (sin autorización de la Autoridad de Aplicación argentina) aguas soberanas rumbo a Punta Arenas (Chile) con objetivo confuso y desconocido, tras su travesía desde las Islas Malvinas», violando la DTP de la Constitución Nacional, el artículo 92º de la CONVEMAR, los artículos 2º y 5º de la Ley 23.554 de defensa, los artículos 14º y 38º de la Ley 24.922 y el Decreto 256/10.

La Investigación es central para respaldar las políticas pesqueras y las Autoridades del gobierno no pueden ser los responsables de que ello no ocurra.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

 

EL DERECHO A LA TENENCIA Y PORTACIÓN DE ARMAS

Américo A. García*

El derecho a la tenencia y portación armas, entre otros, para defensa, es una declaración y garantía constitucional que reconoce su fuente en los artículos 21, 33 y 36 cuarto párrafo (este último Sancionado por la Convención Nacional Constituyente de Santa Fe el 22 de Agosto de 1994). Asimismo la Constitución Nacional ordenó que: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantía de la Constitución Nacional, y que asegure su administración…” (Art. 5) y en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Nacional es que cada provincia debe dictarse para si una Constitución. Es entonces que la Provincia de Misiones, enumeró entre las declaraciones, derechos y garantías, no enumeradas por la Constitución de la Nación (art. 33) pero que nacen del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, por ello el Art. 13 expresa: “Se reconoce a cada habitante de la Provincia el derecho de tener y llevar armas para su defensa personal, conforme a las leyes que dicte la Legislatura reglamentando su ejercicio”.

Dicha Constitución provincial, haciéndose eco del espíritu y esencia de la Constitución Nacional vuelve a declarar en su Art. 29 que: “Los derechos y garantías enumerados en la Constitución Nacional y los que ésta misma establece no serán entendidos como negación de otros no enumerados que hacen a la esencia de la democracia, al sistema republicano de gobierno, a la libertad, a la seguridad y a la dignidad humanas. …” (la negrilla es de este escrito)

Que así y de todos modos el ejercicio de tal derecho, anterior a la Constitución tanto Nacional como la de cualesquiera de las provincias y que resulta de pactos preexistentes, entre otros y reconocido expresamente como tal, el Tratado del Pilar del 23 de febrero de 1820, estableció en su Art. 8° que “Será libre el comercio de armas y municiones de guerra de todas clases en las provincias federadas”. La Ciudad de Pilar es considerada como la cuna del federalismo de la República Argentina y la vigencia de dicho tratado es resultado directo de la cita concreta del Preámbulo, en tanto que expresa y mantiene plena vigencia por ser el alma del SER NACIONAL: “Nos, los representantes del Pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, …” (la negrilla es del autor). No existe constitucionalista en nuestro país y que de tal se precie que no reconozca al Pacto o Tratado del Pilar como tan directo antecedente, y que cualquier Juez de la Nación de cualquier competencia ya en razón de territorio, materia o grado que diga lo contrario dice inconstitucionalidad.

Qué asimismo, nuestra exquisita Constitución, tan vapuleada por los tres poderes sin excepción en franca denigración de los habitantes de la República, expresa: “… con el  objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino…”

Que en su consecuencia es que además la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, entre otras, la que consagró expresamente otro principio / derecho / garantía no enumerado en la Constitución Nacional y así entonces los representantes del pueblo de la Provincia de Buenos Aires en su Convención  Provincial Constituyente, establecieron que en Art. 10°: “Todos los habitantes de la Provincia son, por su naturaleza, libres e independientes y tienen derecho perfecto de defender y de ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de estos goces sino por vía de penalidad, con arreglo a la ley anterior al hecho del proceso y previa sentencia legal del juez competente” (la negrilla es del autor). Entonces nadie puede ser privado del derecho de defensa de su vida, su libertad, su reputación, su seguridad y su propiedad, salvo sentencia fundada en ley anterior al hecho del proceso.

Así tampoco podemos dejar de lado, el Art. 28 de la CN: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.

Y lo referido no son ejemplos aislados, porque profundizar es sobre abundante, pero sin embargo es necesario destacar que la Constitución de la Provincia de Catamarca, a través de su Art. 5°, establece: “Todos los habitantes de la Provincia son por su naturaleza libres e independientes y tienen perfecto derecho para defenderse y ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de estos goces sino por sentencia de Juez competente fundado en ley anterior al hecho del proceso” (la negrilla corresponde al autor).

En este mismo sentido la Constitución de la Provincia de Salta, en su Art. 13°, enuncia: “Todos los habitantes de la Provincia son por su naturaleza libres e independientes, y tienen derecho perfecto para defenderse y ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y prosperidad. Nadie puede ser privado de estos goces sino por sentencia de juez competente, fundada en ley anterior al hecho del proceso” (la negrilla es del autor).

Asimismo la Provincia de Corrientes, en su Art. 29 establece: “Los derechos, declaraciones y garantías consignados en esta Constitución, no serán interpretados como mengua o negación de otros no enumerados, o virtualmente retenidos por el pueblo, que nacen del principio de la soberanía popular y de la forma republicana de gobierno y que corresponden al hombre en su calidad de tal” (la negrilla es del autor).

Por esta breve reseña y sin desmerecer todo lo que queda en el tintero que refuerza la idea de la libertad y la defensa de la vida ante una agresión ilegitima, no provocada y con mucha tristeza con la liviandad y desconocimiento que los medios, por suerte no todos, se arrogan al pretender modificar principios, garantías y derechos de raigambre constitucional.

Con la tristeza de políticos que por ocupar un cargo, ya bien electos o designados a dedo, y no exactamente en consideración a la capacidad y conocimientos, inundan y minan la buena voluntad de un pueblo, del soberano, habido de: cultura y educación, respeto en su persona y dignidad, desinformando con espurios razonamientos infundados y de propia cosecha con tal de “quedar bien” y “un temporalmente políticamente correcto” que mañana es otro según los vientos o el color del cristal.

Nada tienen que inventar, solo leer y respetar, esforzarse por aprender y sobre TODO EDUCAR en vez de prohibir de puro ignorantes nomás. Los medios condenan y dan “primicias” solo para vender más publicidad, no para decir la verdad. ¡Qué hipócritas que somos!!! ¡Cuánta ignorancia seguimos acumulado! “… coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir” (quién, dónde, cuándo) … Lo último en 1982, héroes, castigados por defender la soberanía, por morir y padecer penurias execrables, todo ello por la Patria, recién hoy tímidamente reconocidos. Somos un conjunto de personas que viven en un territorio, ¿cuándo seremos Nación? ¿Cuándo defenderemos a nuestros pares y desecharemos la lacra que día a días nos acosa? Cuánta hipocresía. La historia continúa y hay más, pero excede el presente escrito. Como se dice habitualmente, hay para tener, guardar y repartir.

 

* Abogado Tº 40 Fº 617 CPACF. Instructor de Tiro Cat. B. Perito Mecánico Armero. Perito Balístico. Ex Presidente de ALUTARA (Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina).

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