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EL CONSENSO PARA LA REFORMA PESQUERA EL DESARROLLO Y LA OCUPACIÓN DEL ATLÁNTICO SUR.

César Augusto Lerena*

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Es de tal gravedad la situación general y sectorial, que la Argentina no admite más la aplicación de viejos modelos fracasados, el aprovechamiento de los recursos del Estado para fines personales o la mala administración por parte de los servidores públicos. Se requiere de funcionarios y dirigentes reflexivos, abocados en un nuevo plan de desarrollo productivo que priorice el bienestar del trabajador y su familia, la previsibilidad y renta empresaria, la explotación racional y eficiente del recurso, la generación de divisas y empleo y, también, diferenciar al agente público eficiente del que entorpece el desarrollo de la actividad, ya sea por acción, omisión o prácticas ilegales.

No será posible la recuperación soberana del Atlántico Sur y Malvinas si no ocupamos el Mar Argentino, explotamos sus recursos y, los migratorios o asociados. Y, sí esperamos transformar la producción primaria pesquera en una industria, como precisa el artículo 2º de la Ley 24.922 generando mayores divisas, valor agregado y empleo, será indispensable efectuar una reforma consensuada de la actividad pesquera, cambiando el modelo extractivo que prima desde la década del 70.    

No es un momento fundacional, en el que se desandan las buenas acciones, sino el de una reforma fundada y sostenible, de nuevos planes basados en el conocimiento de la biología, la explotación,  la administración del recurso, el mercado, las necesidades de la empresa y el trabajador, el gerenciamiento de la actividad marítima, pesquera, naval, exportadora y de consumo, que deben rápidamente ponerse en movimiento, para eliminar la inequidad y el desaliento, generar nuevas inversiones, mayor valor agregado y trabajo, divisas para el país y ratificar la presencia de los productos de calidad en todo el mundo y en la dieta de los argentinos.

Sería necesario en ámbito nacional:

1) Extraer la mayor cantidad de recursos disponibles en forma compatible con una óptima reproducción, multiplicación y desarrollo de las especies y el mantenimiento de la biomasa a perpetuidad para asegurar su explotación actual y el de las próximas generaciones.

2) Buscar acordar la explotación de los buques extranjeros de nuestros recursos migratorios y, a la par, promover los incentivos necesarios para que toda la flota pesquera congeladora argentina y, muy particularmente la potera, se haga de nuestros recursos en todo el atlántico sudoccidental.

3) No depredar ni descartar ninguna captura, de modo que desembarquemos el más alto volumen posible, para generar nuevas industrias, y que, las existentes, puedan disponer de materias primas en forma regular, aumentando la demanda laboral y la rentabilidad empresaria, a la par, de aprovechar esta esencial proteína en un país con una altísima tasa de desocupación, pobreza e indigencia.

4) Establecer reglas y controles ciertos sobre la asignación de cuotas y autorizaciones de captura, que se ajusten a los proyectos aprobados de explotación, respecto a la radicación territorial e industrial, generación de valor, ocupación de mano de obra, afectación de la flota a las capturas asignadas, su renovación y actividad, la utilización de medios y redes selectivas y la pesca en las áreas autorizadas, la sustentabilidad del recurso y del ambiente, la responsabilidad social empresaria y, el cumplimiento de toda la legislación pesquera y del proyecto presentado por la Empresa, que diera lugar a la concesión de la captura, industria y comercio de los productos pesqueros.

5) Establecer una Unidad Económica Pesquera que asegure el sostén económico y social de las pequeñas y medianas embarcaciones e industrias y dé, mayor certeza a estas y sus trabajadores, promoviendo inversiones y el desarrollo de nuevos proyectos, evitando la quiebra, el desempleo y la reformulación de buques menores en otros de mayor capacidad con la consiguiente inequidad e incremento del esfuerzo y la depredación. Ello, acompañado de políticas que faciliten la exportación y el comercio interno de las pequeñas y medianas empresas para dar mayor probabilidad de subsistencia.

6) Promover una mayor industrialización de las materias primas, incentivando el valor agregado y desalentando la exportación de commodities que extranjeriza la mano de obra argentina y reduce el ingreso de divisas el país.

7) Erradicar el trabajo no registrado, a través de sistemas de cruzamiento de datos que fácilmente detectan la irregularidad y, a la par, efectuar las correcciones impositivas necesarias para evitar que el régimen imperante desaliente la registración o el pago parcial en negro.

8) Aumentar el consumo nacional de pescado, que se encuentra entre los más bajos del mundo y, por tal motivo no se genera mayor valor agregado, empleo y mejora de la dieta de los argentinos.

9) Asegurar la diversidad de la explotación de las especies, no solo para obtener un mayor equilibrio biológico, sino, además, para que la actividad no esté sujeta a una monocaptura poco previsible como la del langostino, cuya caída, provocaría una de las más graves crisis del sector.

10) Llevar adelante una política de federalización de la explotación de los recursos originarios, para asegurar una industrialización de las provincias del litoral marítimo.

11) Dar autonomía a la investigación pesquera el INIDEP no solo para asegurar la perpetuidad de las especies, sino para poner el desarrollo tecnológico al servicio de las empresas.

12) Llevar adelante una política de renovación y de seguridad de los buques para reducir los naufragios y promover, buscando los medios de financiamiento, la construcción de embarcaciones pesqueras, transporte, investigación, petroleros, defensa, etc. en los Astilleros nacionales.

13) Colaborar con la Autoridad Portuaria para promover la construcción y/o mejora de los puertos para facilitar la operación de los buques pesqueros y, actuar sobre los propietarios o tenedores de buques pesqueros abandonados en los puertos para mejorar en estos su operatividad.

14) Generar la necesaria confianza internacional en los organismos nacionales de control y certificación para asegurar la colocación de los productos pesqueros en el mundo, acreditándolo ante nuestras propias certificadoras y las calificadoras internacionales.

Será necesario en materia internacional:

15) Promover la creación de una Comisión Revisora de los Acuerdos de Madrid con el objeto de retrotraer a 1982 todas las cuestiones que, pese a la fórmula aplicada del paraguas, el Reino Unido incrementó unilateralmente respecto a la ocupación original de Malvinas y de los aspectos relativos a la explotación de los recursos naturales originarios de Argentina en el Atlántico Sur desde esa fecha.     

16) Llevar adelante una política de preeminencia, en nuestro carácter de Estado Ribereño, sobre los Estados de Bandera (extranjeros) de acuerdo a la CONVEMAR, tomando las acciones precautorias para evitar la depredación del Atlántico Sur y, en especial, la captura de especies migratorias del mar argentino.    

17) Prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Pesca INDNR) haciendo valer en el concierto internacional el ejercicio de los derechos soberanos de Argentina como Estado Ribereño, acordando o sancionando, a todos los buques extranjeros que pesquen ilegalmente los recursos argentinos en el Atlántico Sur, evitando la captura de más de 350 buques extranjeros ilegales en el Mar Argentino y sobre las especies migratorias en el área adyacente, privando a la Argentina de un millón de toneladas anuales de pescados y calamares que le permitirían a nuestro país duplicar las exportaciones, triplicar la mano de obra y mejorar la dieta de los argentinos.

18) Llevar adelante una política de explotación nacional del calamar destinada a mejorar las condiciones de explotación selectiva de esta especie por parte de los buques nacionales y reducir su extracción con buques de arrastre y/o con embarcaciones licenciadas por el gobierno ilegal británico.

19) Concretar Acuerdos con Uruguay para eliminar las operaciones portuarias en ese país por parte de buques extranjeros ilegales que extraen recursos en el Atlántico Sur y posibilitar una integración rioplatense para defensa y explotación económica del Atlántico.

20) Promover el rechazo del Acuerdo de Nueva York y del Atún evitando regionalizar el Mar Argentino y nuestro debilitamiento como país ribereño ante los buques Extranjeros y el Reino Unido en Malvinas.

21) Dejar sin efecto el Acuerdo Foradori-Duncan, en lo relativo al incremento de vuelos a San Pablo y la investigación conjunta con el Reino Unido del mar argentino y la pesca.

22) Promover la revisión del reciente pre-acuerdo con la Unión Europea, con el objeto entre otros de establecer, que los productos originados en el Atlántico Sudoccidental (Área FAO 41 y 48) o migratorios o asociados a ésta deben encontrarse certificados por la Argentina, o la República de Uruguay en su caso, para su ingreso a la Unión Europea, sufriendo las mismas limitaciones arancelarias o sanitarias que pudieran aplicarse a la Argentina.

23) Llevar adelante políticas activas en el Atlántico Sur, controlando la defensa nacional y considerando a este espacio, de interés ambiental, social y de desarrollo económico para todos los argentinos.             

La acción y la vocación del gobierno y la cooperación y solidaridad de todos los actores del sector serán vitales para revertir esta grave situación, contribuir a la reafirmación de la soberanía y al desarrollo nacional desde esta actividad, para generar divisas, valor agregado, empleo, radicación industrial y el bienestar de todos los argentinos.   

                  

* Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA, Asesor en el Senado de la Nación, Doctor en Ciencias, Consultor, Escritor, autor de 25 libros (entre ellos “Atlántico Sur, Malvinas y Reforma Federal Pesquera”, 2019) y articulista de la especialidad.

LA PROVISIÓN DIARIA DE ALIMENTOS PROTEICOS A 3 MILLONES DE NIÑOS DESDE LA PESCA

César Augusto Lerena*

 

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La provisión de alimentos a las poblaciones vulnerables mediante cajas o bolsones, desde la instauración del Programa Alimentario Nacional (PAN) de Alfonsín, y todos los que lo sucedieron en centros o comedores de distinto tipo, se han basado fundamentalmente en el suministro de carbohidratos, con una baja o nula provisión de hortalizas frescas y alimentos proteicos. En síntesis, insuficientes para proveer una dieta nutricionalmente balanceada, especialmente en los niños y adolescentes. Ello está motivado en la carencia de transportes y cámaras de refrigeración, destinados al mantenimiento de la aptitud sanitaria de estos alimentos altamente perecederos, durante los procesos de almacenamiento, distribución y entrega de los programas sociales de alimentación, además de los costos de hortalizas y carnes.

La tecnología ha avanzado y, hace años que es posible, envasar hortalizas frescas con atmósfera modificada para prolongar su vida útil a tiempos superiores de entre 7 y 15 días y, con ello, facilitar su traslado y guarda; pero, no nos referiremos aquí a éstas sino al suministro de proteínas —aminoácidos esenciales de la mejor calidad, solo comparables con la leche materna— que proveen los pescados, además de grasas insaturadas y Omega 3, que, como sabemos, actúan favorablemente en el sistema circulatorio y como antioxidantes, respectivamente, entre otras virtudes.

El promedio de consumo mundial de productos de origen pesquero es del orden de los 19kg/año por persona, mientras que en la Argentina el consumo está por debajo de los países más pobres y de los más ricos con unos 6kg/año/per cápita, es decir, menos que la media y, sensiblemente menor que los países desarrollados que van de 35 a 70kg/año por persona. Es decir, en nuestra dieta alimentaria, esta proteína esencial está virtualmente ausente.

Supongamos, que entonces nos decidiéramos a incorporar pescado en la dieta de niños y adolescentes para resolver la carencia que hemos mencionado de proteína en los programas sociales, para lo cual deberíamos pensar en la provisión de hamburguesas o empanados de pescados desmenuzados, saborizados o no, para la alimentación en los centros urbanos y, en productos termoestabilizados o conservas de pescados para su entrega en los ámbitos remotos. Ello produciría dos importantes efectos, el primero, contribuir a paliar el hambre y la desnutrición en la niñez y, el segundo, revitalizar la industria pesquera conservera y de empanados congelados, generando un importante mano de obra ocupada en la actividad. Esto es lo que el autor ha llamado “La Alimentación Social para la generación de desarrollo industrial y empleo” (1996), cuyo proyecto iniciaron en 1983 los ex gerentes de Alpesca-Conservas Cascabel (Federico Bensadón) y de Ventura-Conservas Dársena (César Lerena) cuando insertaron ese año dos latas de merluza carioca (que los fileteros descartan por su pequeño tamaño) en las cajas del programa PAN, permitiendo, por un lado, duplicar la producción nacional de conservas de pescado y, por el otro, a partir de conocerse popularmente el producto, ingresar estos alimentos enlatados a las góndolas de los comercios, cuestión que nunca antes había ocurrido, a la par de generar un importante desarrollo tecnológico, que aportó el INTI, para adecuar esta especie a su utilización en la conservación por esterilización.

A esta altura agregaremos, que la pesca, debe regularse, si se quiere que sea sostenible y contribuya al bienestar nutricional, sanitario, económico y social, en acuerdo con lo que la FAO sugiere en su “Código Internacional de Conducta Responsable”, disuadiendo las actividades de buques que depredan (descartan) el recurso, teniendo en cuenta, las necesidades de las comunidades pesqueras que requieren de él para su subsistencia, como es el caso de Argentina, donde una gran cantidad de pueblos y ciudades del litoral marítimo depende de esta actividad. Es decir, optimizar la explotación no solo es una cuestión económica, sino una “Responsabilidad Social” inherente al concepto moderno empresario, donde, además, siendo un recurso del Estado, su explotación eficiente debiera ser una obligación del concedente y el concesionario.

Dicho esto, es inadmisible que durante la explotación se descarten unas 300 mil toneladas/año de pescados —un recurso de todos los argentinos— que podría proveer de proteínas a unos 3 millones de niños y adolescentes por día y que, técnica y económicamente, es posible evitar su descarte y aprovechar esta materia prima de la mejor calidad nutricional para ser utilizada en los programas sociales y, a la par de ello, generar nuevas actividades industriales y unos 10.000 empleos/año.

El número de 300 mil toneladas descartadas por año no es arbitrario. El BID en su “Proyecto de Desarrollo Pesquero Sustentable” (2013), informó que en Argentina hay un 20% de descarte y subdeclaración. Ello nos estaría indicando que, desembarcándose unas 800 mil toneladas/año, los buques argentinos tirarían al mar o sub-declararían todos los años, unas 160 mil toneladas de pescados aptos para el consumo. Por su parte, la Auditoría General de la Nación (Res. Nº 17/08, 09/11 y 032/15) manifestó: “No hay sanción a la pesca incidental de más del 10% de merluza; su Biomasa Reproductiva sigue en estado crítico y el INIDEP precisa que los buques no usan mecanismos de selectividad en la pesca de langostino y tiran unas 32 mil toneladas de merluza/año”. En igual sentido, el Inf. Téc. Of. 46/09 del INIDEP indica: “Los partes de pesca (los informes empresarios de las capturas) son inconsistentes, hay sobrepesca, se pescan juveniles, no se declara pesca y los descartes son del 20 al 30%” y, el Inf. Tec. Of. 32/15 del INIDEP (Santos-Villarino) dice: “se descartan entre 52.000 y 108.000 toneladas de merluza hubssi por año”; es decir, el 41% del total de la merluza desembarcada, aunque aquí faltaría agregar todas las especies consideradas “no comerciales” que igualmente se descartan una vez capturadas. Y el mismo informe continua: “Persiste una mayor presión pesquera sobre el grupo de 2 años (juveniles)”, es decir, que además de depredar —porque el inicio de la madurez ocurre a los 2,6 años— se impide el crecimiento de estos ejemplares, que no alcanzan todo su desarrollo y peso y, un mayor volumen de la Biomasa Reproductiva, con la consiguiente disminución del stock pescable. Este informe en 2017 indica que el grupo de edad fue de un promedio de 2,2 años, continuando la depredación y en la pesca incidental del langostino a un promedio de un año, es decir que desde hace unos diez años la captura es sobre los juveniles, en la más absoluta transgresión a la Ley de Pesca 24.922 (Art. 21º inciso o). Ya en diciembre de 2018, el Informe 137/18 INIDEP (Villarino-Tringali-Louge) refiere que el bycatch (captura incidental) de merluza de la flota langostinera, accedió a entre un 38% y 43% dentro del área de veda patagónica y al sur y este de la veda de reproductores, con un 40% de juveniles de menos de 35cm; talla que ni siquiera procesan los fileteros y sobre datos de solo la flota observada, que no incluye la flota congeladora y la fresquera de altura de merluza y otras especies.

Con los informes citados relativos a los descartes de diversa índole (especies no comerciales, pesca incidental, sub-declaración, etc.) y los datos estadísticos de la Subsecretaría de Pesca de la Nación (véase desembarques de langostinos y merluza de Chubut, por ejemplo), más el rendimiento inadecuado en los procesos a bordo, se puede inferir el descarte al mar de unas 300 mil toneladas de pescados anuales, de la mejor calidad y aptitud para el consumo humano y, a todo este brutal descarte al mar de proteínas, habría que agregar los residuos que se descartan al mar sin fabricar harinas en los buques congeladores, otra importantísima fuente de proteína para consumo humano o animal descartada.

Según el INDEC el índice de pobreza del primer semestre de 2019 alcanzó al 35,4%, es decir que hay 15,9 millones de pobres en Argentina, de estos 7,7% son indigentes (tienen ingresos insuficientes para adquirir los alimentos). Por su parte, el reporte de la UCA muestra que 51,7% de niños y adolescentes tiene dificultades alimentarias, un 29,3% tiene un déficit en sus comidas, mientras que un 13% pasó hambre. Además, la asistencia de los menores a comedores infantiles creció de forma constante hasta el 35%, por lo que estimamos que en el país hay un importantísimo número de niños desnutridos, mientras se tiran cientos de miles de toneladas de proteínas al mar.

Este volumen descartado de pescados, aptos para la alimentación, de ser aprovechados, implementando una política, ya implementada en la Unión Europea desde enero de 2014, más aun teniendo en cuenta que en la Argentina el descarte está prohibido desde 1998 (Art. 21º Ley 24.922) y a partir de este se resolvería el hambre de tres millones diarios de niños y adolescentes. Dar solución a esta cuestión dramática, reduciría el hambre y la pobreza y, cumpliría con el derecho básico a la alimentación reconocido en nuestra Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).

La FAO y la OMS han dicho: “el alimento no solo tiene que ser inocuo, sino suficiente” y, la insuficiencia se da, en este caso, con motivo de la depredación (el descarte) del recurso, del que viven miles de trabajadores argentinos y sus familias, radicados en poblaciones donde la posibilidad de sustituir o reconvertir su actividad laboral es remota o imposible. El índice de desocupación en la Argentina en el segundo trimestre del 2019 alcanzó al 10,1% alcanzando a unos 2,1 millones de personas, por lo cual, al implementar un programa de este tipo se podría ayudar a paliar la desocupación generando unos diez mil nuevos puestos de trabajo en la industria pesquera. En este sentido, no se puede dejar de valorar que la pesca es una actividad de mano de obra intensiva, que genera trabajo en regiones inhóspitas que, de otro modo, sus poblaciones emigrarían hacia los grandes conglomerados urbanos, que ya sabemos desbordados en todo sentido. A los argentinos nos asombran las migraciones de distintos lugares a Europa, pero el gobierno nacional resulta indiferente a las migraciones internas en busca de oportunidades laborales, dejando atrás, culturas y afectos.

El “uso social de este recurso del Estado”, ya previsto en la CONVEMAR, a partir de una disminución drástica de la depredación (el descarte) y contaminación del ambiente marino, adquiere una dimensión superlativa a partir de reducir el hambre y aumentar la generación del empleo.
La eliminación de la depredación (el descarte) y subutilización de los recursos se habrá de lograr con decisión política, administración eficiente y cristalina, pesca selectiva, reducción y blanqueo de la pesca incidental, tecnificación y jerarquización de los controles de capturas y los desembarcos, subastas públicas, compensación y precios de sostén a la captura y desembarco de todas las capturas.

Si el gobierno implementa un PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DEL DESCARTE, recupera las 300 mil toneladas que se tiran anualmente y tres millones de niños y adolescentes podrían cubrir sus necesidades diarias de proteínas de la mejor calidad biológica, las que, complementadas con hidratos carbonos complejos (arroz, pastas, vegetales) que habitualmente se incluyen en los planes sociales, les permitirían acceder a los requerimientos calóricos diarios y asegurar los argentinos sanos y capaces, terminando con esa vieja e inconducente pregunta: ¿cómo produciendo alimentos para 400 millones de personas no podemos alimentar a los 15,9 millones de pobres e indigentes en nuestro país?

Cuando el problema de alimentación y nutrición se ha ido acrecentando con el correr de los años es necesario cambiar el modelo. Es posible llevar adelante un proyecto que cumpla con las obligaciones que tienen los funcionarios de cumplir con la Constitución Nacional de explotar racionalmente los recursos naturales de la Nación y proveer de bienestar y salud a los argentinos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA INDUSTRIA PESQUERA DURANTE EL GOBIERNO DE ALBERTO FERNÁNDEZ.

César Augusto Lerena*

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Hay formas de paliar el hambre en forma transitoria a través del subsidio del Estado y el aprovechamiento de sus recursos naturales, respecto a esto último ya nos hemos referido a cómo las materias primas descartadas al mar pueden proveer millones de raciones de proteína de la mejor calidad a niños y adolescentes; pero, de la pobreza, de la indigencia y del hambre se sale en forma definitiva con la generación de trabajo.

Los funcionarios nominados para hacerse cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Alimentación y Pesca saben que, al igual que otros sectores productivos, la industria pesquera puede ser uno de los motores para generar rápidamente divisas y empleo.

Diversas organizaciones públicas y privadas han hecho exhaustivos y reiterados diagnósticos sobre el origen del desempleo en la actividad pesquera desde la década del 90 y hasta nuestros días. Todos saben los motivos y ninguno de los gobiernos ha llevado una política que, en consenso con los sectores de la producción y el trabajo, termine con este flagelo.

No será posible terminar con el desánimo de los argentinos y el fracaso de los sucesivos gobiernos, sino se avanza hacia la generación de empleo, en un tiempo, donde el avance creciente de la tecnología, de por sí, provoca el desinterés por los obreros menos calificados.

Los altos niveles de precarización (trabajo en negro, tareas y horarios discontinuos) y el desempleo se evidencian en la pesca pese a tratarse de una actividad netamente exportadora y encuentran sustento en el escaso valor agregado de las exportaciones y el bajo consumo nacional de productos pesqueros, ya que, en ambos casos, se comercializan los productos enteros con escasa mano de obra.

En la actividad pesquera es un verdadero contrasentido que el empleo haya caído estrepitosamente, a pesar de que, hacia finales de la década del 80, las máquinas alemanas descabezadoras, evisceradoras y fileteadoras se desactivaron ante la mayor eficiencia y rendimiento de la tarea manual, es decir, lejos de caer debería haber crecido. Un ejemplo elocuente son los afiliados al Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP) que en la década del 90 alcanzaban en Mar del Plata a los ocho mil operarios y hoy no superan los dos mil. ¿Dónde están esos operarios? ¿En el trabajo en negro, en las seudocooperativas o desempleados? Precarizados, descartados y desempleados. Y no es solo una cuestión de precariedad laboral; el origen fundamental del desempleo es la aplicación de un modelo extractivo que realiza procesos básicos a bordo con escaso personal, mientras desactiva los trabajos industriales en tierra, respondiendo a los intereses de los países importadores que, luego de recibir en sus destinos los commodities argentinos, los descongelan y reprocesan para agregarle valor. La Argentina recibe tecnología, productos industrializados, buques fabricados en astilleros gallegos y otros, y le envía materias primas con un mínimo agregado de mano de obra precarizada para su industrialización en los países desarrollados. En las dos primeras décadas del siglo XXI estamos como en el final del siglo XIX, solo nos falta utilizar esclavos para abaratar la materia prima.

Se alegará una mayor conflictividad, siniestralidad y ausentismo laboral en la actividad industrial, pero ello no puede resolverse vaciando las plantas y procesando a bordo, sino con mayor capacitación, contención familiar, mejor calidad en el trabajo y regularidad laboral. En todas las actividades donde se utiliza mano de obra intensiva, en especial las exportadoras, no se cierran las fábricas, se incentiva a los trabajadores a producir más y mejor. En una actividad donde se garantiza un mínimo y se paga por producción no se ha logrado fidelizar a los trabajadores y ello debería ser motivo de una revisión profunda, pero no transitar el camino de la reducción del valor agregado, por cualquiera de las vías que fuera.

El gobierno administrador de este recurso del Estado no puede ignorar que realiza una pésima administración; entendiendo, por administrar mal no sacarle el máximo provecho al recurso, es decir, no agregarle a la materia prima todo el valor agregado posible. Del mismo modo cuando autoriza destinar buques a la pesca del langostino incumpliendo con las cuotas asignadas de merluza o cuando admite el descarte de merluza cuando ésta se pesca incidentalmente junto al langostino. Se administra mal cuando se sobreexplota o cuando se subexplota.

Cuando se depreda y cuando a consecuencia de ello no se aprovecha el recurso en un país con hambre y se contamina el medio marino se produce un daño de verdadera lesa humanidad.

El próximo Gobierno, con la activa participación de empresas y trabajadores, debiera ejecutar las acciones necesarias en forma perentoria, para revertir la decreciente desindustrialización y desempleo. Y no se trata de que el sector se acoja a sistemas subsidiados para sostener el empleo, sino de llevar adelante políticas que promuevan la demanda de empleo.

Entre las herramientas que cuenta el Estado para generar empleo, podemos mencionar:

  • El otorgamiento de cuotas y autorizaciones de captura son mecanismos para dar cierta previsibilidad a la explotación, pero también para que el Estado regule la explotación. Por lo tanto, deben otorgarse a quién mayor empleo genere.
  • Aumentar el valor agregado en la industria y la comercialización de pescados, crustáceos y moluscos frescos y congelados.
  • Promover el uso de las tecnologías necesarias y la puesta en valor para competir a nivel internacional de conservas y filetes de anchoíta.
  • Propiciar la producción de aceites, omega3 y colágenos derivados del pescado.
  • Promover el mercado interno de productos terminados listos para consumir.
  • Incrementar la investigación de cría de especies en acuicultura continental.
  • Promover la formación de Unión Transitorias de Empresas para regular la disponibilidad de materias primas en las plantas industriales.
  • Otorgar cuotas de capturas a pequeñas y medianas empresas asegurando una Unidad Económica Pesquera.
  • Recuperar e industrializar los descartes de especies no comerciales y la pesca incidental.
  • Erradicar la sustitución al desembarco para sanear la disponibilidad real de especies y su eventual otorgamiento de nuevas cuotas de captura.
  • Acordar las capturas extranjeras de las especies migratorias y asociadas.
  • Promover las asociaciones empresarias en los mercados mayoristas y minoristas en los centros de consumo del mundo.
  • Fabricar y renovar en los Astilleros públicos y privados nacionales todas las embarcaciones de distinto tipo que necesita el país.
  • Eliminar el trabajo en negro a través de la regularización voluntaria o la aplicación de sistemas de relevamiento de datos que permitirán identificar rápidamente el trabajo no registrado.
  • Eliminar el pago parcial de los salarios en negro a través de sistemas de registración que no impliquen quitas al trabajador como producto de la aplicación de la retención del pago de ganancias ni mayores costos al empleador como producto de la declaración del total del salario.

La generación de trabajo es la única manera para terminar con la pobreza e indigencia del pueblo y recuperar la equidad y dignidad de los argentinos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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