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LA TRANSFERENCIA DEL TRABAJO NACIONAL A TERCEROS PAÍSES. LOS DÓLARES QUE NECESITA EL GOBIERNO DE ALBERTO FERNÁNDEZ

César Augusto Lerena*

El 3 de octubre pasado La Voz de Galicia nos anunciaba que “Galicia y Madrid animan a la Argentina a suscribir el pacto del Mercosur con la Unión Europea, impulsando el intercambio de productos pesqueros y el abastecimiento de materia prima para la industria española a precios más competitivos” y que, mientras “el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, instaba al futuro gobierno de Argentina a suscribir el acuerdo Mercosur con la UE que le daría acceso a aquella a un mercado europeo de 500 millones, la Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz, le indicó al Subsecretario de Pesca argentino Juan Bosch, que el citado pacto comercial se presenta, como ‘muy ventajoso para ambos países’”.

Imaginémonos el diálogo, no durante el descubrimiento de América en 1492, sino en el mismo octubre pero del 2019 en Vigo, entre Alicia Villauriz oficiando de Colón y Bosch, de indígena recibiendo encantado los espejitos de colores: Señor Indígena: ustedes nos entregan todos los recursos pesqueros sin procesar (la materia prima) del Atlántico Sur, que se sumarán a los recursos argentinos que nosotros extraemos con permisos ilegales británicos o sin ellos de la zona de Malvinas, les entregamos los espejitos de colores y, nosotros en el Reino de España, los industrializamos y les damos trabajo a los españoles y distribuimos los productos por toda la Unión Europea “que consume mucho pescado”, a lo que el indígena, superando la primera impresión, se anima y le pregunta a Colón: bueno, pero por favor, le ruego que nos permita ingresar nuestras materias primas sin aranceles al viejo mundo.

Los argentinos azorados, pero no es distinta a la realidad de nuestras exportaciones actuales de materias primas pesqueras que se procesan fuera del país, como producto de la aplicación de políticas que desalientan toda la producción nacional. Bosch, un representante fiel de la actividad extractiva pesquera que desatiende el desarrollo de la industria pesquera nacional.

El Acuerdo con la Unión Europea, transitará un complejo camino de ajustes y aprobaciones por parte de los Estados, pero, en cualquiera caso, si se tratase de una “Asociación Estratégica” entre el MERCOSUR y la Unión Europea, de ninguna manera, podría estar destinado a que la Argentina provea materias primas y España las industrialice. Eso es lo que viene ocurriendo hasta hoy sin acuerdo y, lo primero que debiera suceder, es que España retire sus barcos pesqueros del Atlántico Sur y, entender que, si bien Europa tiene un mercado demandante, la Argentina tiene el recurso para satisfacer esa demanda, para lo cual, los buques españoles que realizan pesca ilegal (INDNR) en las aguas argentinas deben cesar de realizar esta práctica ya prohibida en 2008, tanto por la Unión Europea como por la Argentina.

Los equipos técnicos del próximo gobierno tienen claro, que la Argentina necesitará una importante cantidad de divisas para enfrentar los compromisos de pago de las deudas que deja el gobierno saliente, a la par, de reactivar el sector industrial para promover y registrar nuevos empleos, revirtiendo los altísimos índices de pobreza y desocupación.

La industria pesquera, la industria naval y sus industrias conexas pueden ser importantes proveedores de dólares, de bienes y generadoras de empleo.

Para ello, en primer lugar, el gobierno debiera hacer llegar al sector productivo y del trabajo mensajes claros respecto a que la explotación de los recursos del Estado se habrá de concesionar a aquellas empresas cuyos proyectos pesqueros generen alto valor agregado, es decir que, tratándose de una actividad fundamentalmente exportadora, genere el ingreso de divisas para el país y ocupación de mano de obra intensiva y calificada.

Accesoriamente a ello, pero no menos importante, es que las concesiones deben ocupar los territorios marítimos estratégicos y en su caso, competir con la captura extranjera de todos los recursos migratorios que tienen origen en la Zona Económica Exclusiva o están asociados.

La adjudicación de Cuotas o Autorizaciones estarán atadas a proyectos pesqueros que aseguren estas premisas básicas, de modo, que la administración del recurso sea sostenible económica, biológica y socialmente.

La exportación de commodities. No es admisible que el 65% de las exportaciones sean commodities y que la Argentina transfiera el trabajo, tal es el caso, del reproceso del langostino a Perú, Ecuador, Guatemala o Bolivia, o la exportación de pescados sin valor agregado a la Unión Europea o China; mientras la Argentina alcanza tasas de desempleo del orden del 10,6%. Los empresarios deberán llegar a los acuerdos necesarios para asegurar la competitividad generando trabajo. Las excepciones debieran estar referidas únicamente a la pesca estratégica en las áreas sensibles de explotación de los recursos migratorios.

Recuperación de las capturas de los buques extranjeros. La Argentina debe buscar los mecanismos para recuperar en forma sostenida y progresiva los recursos que pierde en manos de los buques pesqueros extranjeros, entre los que se encuentran los españoles. Ello se debe traducir inicialmente en la generación de acuerdos con empresas nacionales, empleo portuario y de provisión de insumos y, avanzar hacia procesos industriales crecientes en la Argentina.

Industrialización de descartes y la pesca incidental. El país no puede seguir descartando proteínas, por lo cual los descartes por razones comerciales o derivados de pesca acompañante deben destinarse a su industrialización. No solo porque pueden resolver la alimentación proteica de millones de niños y adolescentes, sino porque pueden representar un número equivalente al 50% del empleo actual, ya que hay formas para el aprovechamiento de las especies descartadas, que no han sido utilizadas hasta la fecha, sin que ello deba representar una pérdida de rentabilidad empresaria o del sector laboral. Por otra parte, hay medios técnicos para resolver en muy corto plazo las prácticas de sustitución de especies que distorsionan la utilización de las cuotas y autorizaciones de captura. Es una tarea que no debiera postergarse.

La renovación de la flota pesquera y su fabricación de la Argentina. Es sabido que gran parte de los componentes de los buques que se fabrican en la Argentina son importados. Ello, seguramente, no podrá resolverse en el corto plazo, pero el armado y la fabricación final debe estar en manos de Astilleros privados y públicos nacionales, quienes pueden y debieran complementarse. La Argentina no puede seguir construyendo buques pesqueros, de investigación, barcazas, buques afectados a las fuerzas armadas y de seguridad, plataformas petroleras, etc. fuera del país y, por otra parte, resulta impostergable la renovación de la flota para terminar con los naufragios. Ello no debiera ser motivo para reducir los aranceles a la importación de buques en lugar de incentivar y buscar los medios de financiación para la construcción nacional y el consecuente empleo local.

Los Acuerdos y la explotación del recurso nacional debe transformarse en trabajo para los argentinos.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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LA SUBSECRETARÍA DE PESCA. UN MODELO DEL FRACASO NACIONAL.

César Augusto Lerena*

Juan Bosch, Subsecretario de Pesca y Acuicultura, en las jornadas para fortalecer las medidas de reducción de la captura incidental en las pesquerías. Foto: Subsecretario de Pesca y Acuicultura.

Cuando en las recientes Jornadas sobre “selectividad y reducción de pesca incidental” realizadas en el INIDEP escuchamos decir que es un escándalo que tiremos comida al agua que nos deja mal parados ante el mundo” (Revista PescaPuerto.com.ar, 20/9/19), pensamos que se trataba del representante de la ONG —“Ni un solo niño con hambre”— o de otra preocupada por el medio ambiente o, tal vez de un militante opositor del gobierno, pero no, era el mismísimo Subsecretario de Pesca Juan Bosch quien formulaba estos dichos, como si no hubiese sido el más alto funcionario del sector que, después de casi cuatro años y a pocos días de finalizar su mandato, se daba cuenta que era un escándalo que se descarten cientos de miles de toneladas de proteínas al mar, que podrían alimentar a tres millones de niños y adolescentes diarios y que, desvergonzadamente, admitía ser, junto al Consejo Federal Pesquero, el principal responsable de este escándalo.

Empecemos por decir que, es muy probable, a la mayoría de estos funcionarios les alcancen las prohibiciones de la Ley 25.188 de Ética Pública (sus art. 13º y 15º), ya que han mantenido (¿o mantendrían?) vínculos directos con empresas o cámaras empresarias hasta el mismo momento de su asunción y, desempeñándose “ad honorem”, no se sabe cómo se mantienen (salvo los funcionarios en provincias). Tal es el caso del citado Juan Bosch, que hasta su asunción fue abogado de la empresa Vieyra; el técnico químico Oscar Fortunato, quien a pocos días de representar al Poder Ejecutivo Nacional era presidente del Consejo de Empresas de Pesca, entidad que agrupa a cuatro empresas que se disputan las primeras posiciones en las exportaciones pesqueras. También el recurrente Lisandro Belarmini, pariente y empleado de Moscuzza y, otros, como el representante de Santa Cruz, Carlos Liberman, quien ha votado reiteradamente decisiones que perjudican el interés pesquero en general y muy especialmente los de su provincia, como surge de las actas del CFP y del escaso desarrollo pesquero de esa provincia en los últimos quince años, sino fuese por la presencia del imprevisible langostino. Además, algunos de los miembros de esta provincia representarían el interés de ”empresas con vínculos en Malvinas, tal es el caso de Ricardo Patterson, Leonardo Álvarez y Alexis Quintana (La Tecla, Mar del Plata, 21/09/2019).

A la asunción de los nuevos funcionarios el 10 de diciembre, le cabrá a un juez determinar si a esos agentes públicos les cabe alguna sanción y, si sus resoluciones carecerían de valor.

Mientras tanto, la incapacidad es alarmante por parte de quien preside el CFP (el Subsecretario Bosch) o representa al Ejecutivo Nacional en este cuerpo (Fortunato), ya que han incumplido, en primer lugar, con las previsiones previstas en la Ley de Pesca 24.922 y con el mensaje político de su propio mandante, el presidente Macri, quien al iniciar su mandato expresó: ”para que haya en realidad pobreza cero necesitamos generar trabajo, ampliar la economía, aprovechar los enormes recursos naturales y humanos que tiene la Argentina. Vamos a cuidar los trabajos que hoy existen, pero sobre todo a producir una transformación para que se multipliquen las fuentes de trabajo porque esa es la única forma de que haya prosperidad donde hoy hay una pobreza inaceptable. Los bienes públicos pertenecen al conjunto de los ciudadanos y es inaceptable que un funcionario se apropie de ellos en beneficio propio”.

A nuestro entender, estos funcionarios, en los últimos cuatro años, han tenido al menos veinticinco desvíos e incumplimientos de sus deberes:

 

Asuntos Nacionales

1) No se eliminó o redujo el descarte y la pesca incidental impidiendo la generación de nuevas fuentes de trabajo y contribuir a reducir el hambre cubriendo las necesidades proteicas diarias de tres millones de niños y adolescentes todo el año, con motivo del desembarco, proceso industrial y aprovechamiento de las 300 mil toneladas que se descartan por año, ajustándose a las exigencias de descarte cero que la Unión Europea aplica desde 2014 y que la Ley 24.922 exige desde 1998. Se suspendió la utilización de artes de pesca selectivas para facilitar el escape de juveniles, etc.

2) No se evitó la sustitución de las especies desembarcadas, favoreciendo la distorsión de las cuotas asignadas a las empresas y provocando depredación e inequidad en la distribución de las cuotas.

3) Como consecuencia de los descartes, depredación y sustitución no se garantizó la sustentabilidad del mar argentino para las actividades actuales y las generaciones venideras.

4) No se eliminó el trabajo en negro en la actividad industrial por la falta de utilización de sistemas que obliguen a la registración del trabajo.

5) No se aplicó un modelo de administración industrial del recurso para asegurar el trabajo y evitar la caída del empleo actual, con motivo —entre otros— del modelo extractivo y la transferencia del esfuerzo pesquero a la captura del langostino, desatendiendo la pesca de peces.

6) No se aumentó el valor agregado de las exportaciones en los últimos cuatro años, ni se evitó la cesión del empleo de mano de obra argentina en el procesamiento del langostino, derivando estos a terceros países consumidores finales o a los que transforman los recursos para éstos. El 65% de las exportaciones son commodities o de bajísimo valor agregado.

7) No se efectuó un control adecuado de las cuotas y se admitió la venta entre privados de las habilitaciones concesionadas por el Estado, que se limitó al mero registro. Se aumentó el esfuerzo pesquero con motivo de las reformulaciones de permisos de pesca desde embarcaciones de baja capacidad y bodega a buques de mayor eslora y capacidad pesquera.

8) No se aumentó el consumo nacional de pescado que está entre los más bajos del mundo y, por tal motivo, no se generó mayor valor agregado, empleo y mejora de la dieta de los argentinos.

9) Se promovió la concentración pesquera y en la actualidad unos diez grupos empresarios concentran el 50% del total de las exportaciones y unas cuatro empresas el 40% de las cuotas de merluza.

10) No se aseguró la diversidad de la explotación y en el año 2018 se capturaron 50 mil toneladas menos de pescados que en 2015 y 130 mil toneladas menos que en 2008. Si a eso le agregamos que el 60% del valor de las exportaciones tienen origen en el langostino, una eventual caída de precio o de la captura de esta especie llevaría al sector a una crisis sin precedentes.

11) No se implementó una política que asegure a las pequeñas y medianas embarcaciones una Unidad Económica Pesquera para garantizar su sustentabilidad económica y social.

12) No se facilitó la exportación y el comercio interno de las pequeñas y medianas empresas para mejorar su sustentabilidad económica y generar mayor valor agregado y empleo.

13) Se mantiene una política sin federalizar sobre la explotación de los recursos originarios, desindustrializando a las provincias del litoral marítimo.

14) No se llevó una política de renovación sostenida y de seguridad de los buques, operando en la actualidad 240 que están obsoletos y, a consecuencia de ello, se produjeron naufragios con la muerte de sus tripulantes. Se promovió la construcción de embarcaciones pesqueras, de investigación, petroleros, etc., fuera del país en lugar de propiciar la construcción en astilleros nacionales.

15) No se actuó sobre las empresas que abandonaron los buques pesqueros en los puertos dificultando la operatividad en los mismos, tal es el caso del puerto de Mar del Plata, donde se encuentran 53 buques abandonados.

16) No se promovió la construcción y/o ampliación y/o mejora de los puertos para facilitar la operación de los buques pesqueros.

17) No se le dio autonomía a la investigación pesquera y por el contrario se intervino el INIDEP.

18) No se efectuó un seguimiento en forma continua de todos los proyectos de inversión, radicación industrial, agregado de valor y ocupación de mano de obra etc. a las empresas concesionarias de cuotas y autorizaciones de captura.

 

Asuntos Internacionales

19) No se impidió la captura ni se efectuaron los correspondientes acuerdos para evitar la pesca de más de 350 buques extranjeros ilegales en el mar argentino y adyacente que priva a la Argentina de un millón de toneladas anuales de pescados y calamares que le permitirían a nuestro país duplicar las exportaciones y triplicar la mano de obra.

20) No se llevó adelante una política de explotación nacional del calamar destinada a mejorar las condiciones de explotación selectiva de esta especie por parte de los buques nacionales y reducir su extracción con buques de arrastre y con embarcaciones licenciadas por el gobierno ilegal británico.

21) Se transfirió conocimiento a los británicos en el área austral del Atlántico Sur y dentro de la zona de exclusión de Malvinas.

22) No se hizo valer en el concierto internacional el ejercicio de los derechos soberanos de Argentina en su carácter de carácter de país ribereño, ni se sancionó a todos los buques extranjeros que con o sin licencia ilegal británica pescan los recursos argentinos en el Atlántico Sur.

23) No se concretaron nuevos acuerdos con Uruguay que dificulten las operaciones de buques extranjeros en el Atlántico Sur y posibiliten una integración rioplatense para defensa del Atlántico Sur y, por el contrario, se ignoró la utilización de los puertos uruguayos por parte de buques extranjeros ilegales.

24) Se promovió el Acuerdo de Nueva York y del Atún originando la regionalización del Atlántico Sur y nuestro debilitamiento como país ribereño ante los buques de bandera y el Reino Unido en Malvinas.

25) No se generó la necesaria confianza internacional en los organismos nacionales de control y certificación para asegurar la colocación de los productos pesqueros en el mundo y certificaciones de otros países descalificaron a productos argentinos, como el langostino.
La inacción muestra la incapacidad de la Subsecretaría de Pesca y del Consejo Federal Pesquero y el grave desorden de la administración de la pesquería que deja este gobierno nacional y los próximos 365 días posteriores a la asunción de las nuevas autoridades serán vitales para revertir esta situación y contribuir al desarrollo nacional desde esta actividad a la generación de divisas, valor agregado, empleo y radicación industrial.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

 

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LAS INVERSIONES PESQUERAS GALLEGAS EN LA ARGENTINA

César Augusto Lerena*

 Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina que muestra al presidente Mauricio Macri mientras se reúne con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en Buenos Aires (Argentina). EFE. 

 

Bienvenidas las inversiones españolas en la Argentina que generen divisas, valor agregado y empleo en las ciudades y pueblos del litoral marítimo. Todo lo contrario a lo que el Presidente Macri, el Ministro Etchevehere y su Subsecretario Bosh acordaron el 19 de septiembre con el Presidente de la Xunta de Galicia Alberto Nuñez Feijóo.

Por suerte, el tráfico de esclavos se abolió en la Argentina en 1853 y en España en 1886. Hasta entonces, el comercio gallego de esclavos estuvo en manos de reputados comerciantes, familias de abolengo y del propio Estado, donde “el encubrimiento social de los descendientes de los negreros se fundó en ocultar el origen de sus fortunas”.

En 1770 el único puerto terminal para los intercambios entre el Río de la Plata y La Coruña era Montevideo y los traficantes de negros efectuaban un comercio redondo porque triangulaban: en Europa, cargaban tabaco, bebidas, utensilios, pólvora y armas de fuego; los cambiaban por esclavos y marfil de África; vendían los esclavos en América y, desde esta, llevaban carnes saladas, cueros, algodón, lanas burdas, azúcar y otros a Europa. La política mercantil española era exportar el excedente de sus productos elaborados e importar materias primas de bajo valor, necesarias para su alimentación e industria, junto a ello, el tráfico ilegal de géneros, alcoholes y esclavos; incluso, uno de nuestros prohombres entendía que América debe entregarle a España las materias primas, y esta devolvérselas prontas manufacturadas”. Nada más parecido a esta firma de Macri-Nuñez Feijóo, solo que 250 años atrás.

Reitero, para que no se confunda un rápido lector, la Argentina necesita de las empresas nacionales y españolas radicadas en el país y que éstas generen divisas, valor agregado y empleo. Ahora, bajar los aranceles importación de barcos más de 30 metros de eslora del 14% al 7% para que “casi la mitad de los buques que operan en aguas argentinas” (sic), es decir unos 250 de ellos, se construyan en los astilleros gallegos, sin ninguna contraparte a favor de la Argentina, es un verdadero despropósito.

Hubiese sido una interesante oportunidad para que Nuñez Feijóo nos diga qué posición tiene España respecto al futuro de Malvinas y la Antártida a partir del Brexit, en razón de que el Reino de España no puso objeciones a su incorporación como Territorio del Ultramar al votar la aprobación de la Constitución de la Unión Europea (UE).

Por otro lado, los buques españoles y en especial los gallegos, como contrapartida, deberían dejar de capturar nuestros recursos pesqueros con licencias ilegales británicas en Malvinas, al igual que las capturas ilegales de nuestros recursos migratorios en la Z.E.E. argentina o adyacente, ya que gran parte de esas materias primas de origen argentino terminan en las mesas de los españoles, compitiendo con los productos industrializados en Argentina, incluso, de aquellas empresas españolas que están radicadas en nuestro país. Al respecto el Reino de España no debiera desconocer que la Unión Europea, el 29 de septiembre de 2008, dictó el Reglamento (CE) Nº 1005/2008 del Consejo, que establece la Pesca INDNR (Ilegal, no declarada, no registrada), y su país, es parte contratante de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que ha ratificado los Acuerdos relativos a la conservación y la ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios del 4 de agosto de 1995 y ha suscrito el Acuerdo del 24 de noviembre de 1993 para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. El principio esencial establecido en esas disposiciones es que todos los Estados tienen el deber de adoptar medidas adecuadas para asegurar la gestión sostenible de los recursos marinos y de cooperar unos con otros para ese fin y que, “la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) es una de las mayores amenazas para la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y socava los cimientos mismos de la política pesquera común y los esfuerzos internacionales por lograr un mejor gobierno de los mares. Además, es una gran amenaza para la biodiversidad marina, a la que debe hacerse frente conforme a los objetivos fijados en la comunicación de la Comisión titulada “Detener la pérdida de biodiversidad para 2010”, y más adelante. En síntesis, todos los españoles invirtiendo en el continente argentino, con las reglas de Argentina y ningún barco gallego pescando en forma ilegal en el Atlántico Sur.

Al mismo tiempo, desalentar toda sociedad gallega en Malvinas, el desarrollo portuario en ese archipiélago, eliminar toda política de subsidio a las capturas a distancia y la aplicación de aranceles a la importación de productos elaborados en la Argentina.

Los acuerdos de cooperación son fundamentales cuando son de mutuo interés y beneficio. No cuando nos retrotraen a las políticas del Reino de España y el Virreinato de 1770.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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