Mauro Céspedes*
El comercio internacional constituye un eslabón clave en el desarrollo y la prosperidad de una nación. Dada su importancia, es vital la necesidad de constituir los medios necesarios para garantizar su transparencia, fluidez, dinamismo, equidad, reciprocidad, y principalmente, desarrollar un marco de acción libre de impedimentos de terceros que puedan entorpecer su actividad sin una debida justificación.
Durante décadas los postulados de la política comercial conocida como proteccionismo han jugado un papel central en las restricciones del comercio internacional. Las denominadas barreras arancelarias y para-arancelarias han sido los instrumentos utilizados para permitir o no, o incluso limitar las cantidades y volúmenes de productos que ingresan desde el exterior. De esta manera se expresa un fin fundamental y básico de esta doctrina, proteger o privilegiar a los productos nacionales y/o determinados sectores económicos o productivos de la sociedad por encima de la competencia extranjera.
En este tiempo, donde la globalización se ve acelerada y acrecentada por los beneficios de la tecnología, las prácticas comerciales se intensifican año tras año. La injerencia de los organismos internacionales y los tratados celebrados por los Estados o bloques económicos ayudan, en cierta manera, a este incremento en las transacciones comerciales. Pero las prácticas proteccionistas siguen vigentes, quizás no de formas tan obvias como en décadas atrás, pero si a través de nuevos instrumentos que, de alguna u otra manera, facilitan su implementación. El proteccionismo a través del medio ambiente, o como los expertos denominan “proteccionismo verde”, es una nueva variante de esta política comercial que comenzó a tomar mayor fuerza en las últimas décadas, dadas las crecientes preocupaciones por el cuidado ambiental y la lucha contra el cambio climático en las agendas políticas de varios países, ocasionando así la interrupción del comercio internacional.
Para dejar sentadas las bases de ¿Qué es el proteccionismo? me remitiré a la siguiente definición:
“En el terreno comercial corrientemente se aplica el término proteccionismo a la utilización de barreras comerciales arancelarias o para-arancelarias, que impiden o dificultan la importación de bienes, y por lo tanto están orientadas a proteger a los productos nacionales”.[1]
Se suele sostener que el proteccionismo como política economía surge de manera paralela al mercantilismo, entre el siglo XVI y hasta comienzos del siglo XVIII, donde el poderío, la importancia y la prosperidad de un imperio, estaban directamente relacionados a la capacidad de acumular grandes cantidades de metales preciosos en función de las transacciones primitivas y/o tempranas de comercialización de esa época. Para este fin, la intervención de las importaciones de bienes era crucial, al igual que el dominio sobre una red de colonias esparcidas a lo largo del globo, que funcionaban como fin único de abastecimiento de recursos primarios, y en menor medida como un mercado de destino.
Por supuesto como toda política comercial, ésta arrastra en su haber ventajas y desventajas. Entre las primeras podemos nombrar el amparo a nacientes industrias nacionales que comienzan a operar[2] en el mercado, el fomento de la industrialización nacional para paralelamente impulsar el empleo y la mano de obra, y la protección de industrias consideradas estratégicas o de gran importancia para el país. Dentro de las segundas, encontramos alzas en los precios, posibles surgimientos de monopolios u oligopolios, sometimiento de la población a adquirir productos sin posibilidad de un sustituto, inflación, entre otras.
Con la llegada de la corriente liberal, el proteccionismo perdería su auge, pero continuaría siendo una opción de política comercial a la que los Estados siguen recurriendo al momento de afrontar crisis o desajustes económicos. Un ejemplo válido de citar es el de EE.UU. luego de la crisis económica de 1929, donde el país recurrió duramente al proteccionismo, originando a su vez un desajuste en la cadena de suministro a nivel global.
Pero debemos tener en cuenta que, a veces, el proteccionismo suele ser camuflado bajo la máscara del nacionalismo económico. Podría argumentarse que la línea que separa un término del otro es delgada a la hora de referirnos al cuidado del mercado interno. Un Estado puede enarbolar la bandera del nacionalismo con el fin de aplicar políticas proteccionistas que le permitan mantener un control riguroso de la economía interna de su territorio. Así, promociona la compra de productos hechos dentro del país como forma de enaltecer la dignidad de la nación y el valor de lo producido a partir de la mano de obra nacional, frente a las empresas extranjeras, mientras aplica restricciones al ingreso de respectivos productos que puedan competir dentro del mismo segmento de mercado.
Como ya mencioné antes, los instrumentos utilizados como herramientas para la aplicación del proteccionismo son las barreras arancelarias y para-arancelarias. Estas juegan un papel central dentro de las prácticas proteccionistas de un país. Ya sea a través de aranceles o cuestiones propiamente técnicas, administrativas, estructurales u orgánicas de un producto, estas medidas sirven para regular el ingreso de productos extranjeros, y así proteger el mercado interno y a las industrias que se encuentran en etapas iniciales, a la vez que funcionan como un método de recaudación de fondos para las arcas del Estado aplicante.
Las barreras arancelarias implican el pago de un arancel en las aduanas, sea específico[3] o ad-valorem[4]. Mientras que las barreras para-arancelarias funcionan a través de cuotas de mercados, prohibiciones, normas sanitarias y fitosanitarias, normas de etiquetado, certificaciones, entre otras.
Los organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU) o la Organización Mundial del Comercio (OMC), o acuerdos como el caso del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, según siglas en inglés), han desempeñado papeles sin duda importantes para el sistema multilateral de comercio procurando la disminución de dichas barreras con el fin mismo de permitir una mayor facilitación y fluidez en las transacciones comerciales, evitando la imposición de medidas restrictivas o discriminatorias entre sus miembros, y así permitir la existencia del libre mercado.
La considerable disminución en los porcentajes de los aranceles a nivel global a lo largo del tiempo da cuenta de estos esfuerzos. Pero, aun así, los Estados todavía encuentran nuevos métodos para seguir amparando a la producción nacional, lo cual no significa que esté mal, a menos que esa protección perjudique las reglas del libre mercado.
Mientras las barreras arancelarias disminuyeron, las para-arancelarias proliferaron. Estas últimas, resultan más difíciles de controlar dada la diversidad de las mismas y el enfoque desde donde se contemple. De esta manera, elevan las exigencias y estándares necesarios para la introducción de los productos en los territorios a través de las aduanas.
Estas nuevas exigencias constituyen un freno, sobre todo para países en vías de desarrollo que buscan entablar relaciones comerciales fructíferas con países desarrollados. Para una PyME promedio establecida en uno de los primeros, implica una serie de dificultades en cuanto a la adaptación de su producto con el fin de cumplir con dichos requerimientos e ingresar a estos nuevos mercados. Además, en muchas ocasiones, no solo encarece su producto la necesidad de cumplir con determinados procesos de producción o certificaciones, afectando directamente a su competitividad y ganancias, sino que implica incluso la continuidad o no de sus prácticas comerciales con determinados mercados externos.
Lo curioso es que son los países más desarrollados los que hacen uso del discurso de libre comercio y de lo perjudicial que resulta el proteccionismo, introduciendo sus productos en los mercados de todo el mundo, mientras mantienen a raya a los países en vías de desarrollo a través de barreras que les imposibilita la libre comercialización con ellos, impuestas incluso a veces en forma imperceptible al momento, por acuerdos celebrados para la facilitación del comercio. Una contradicción.
Hoy en día, los países económicamente más avanzados demuestran mayor interés en las prácticas cuidadosas y amigables con el medio ambiente. La Unión Europea (UE), por ejemplo, ha mostrado tener un ferviente interés en alcanzar altos estándares de cuidado ambiental dotando a sus miembros de herramientas y recursos para aplicación de medidas. El pacto verde europeo busca promover el crecimiento del bloque hacia una economía moderna, sostenible y más eficiente respecto a la utilización de sus recursos, aumentando también la competitividad de sus productos.
La Política Agrícola Común (PAC), conocida política proteccionista del sector agrario europeo y generadora de controversias, fomenta la agricultura ambiental sostenible. La UE destina gran parte de su presupuesto para financiar a sus agricultores, casi 387.000 millones de euros para el período comprendido entre 2021-2027 (Comisión Europea, 2021). Existen diversas justificaciones para este increíble desembolso millonario y una de ellas es que los agricultores enfrentan un doble desafío, producir alimentos mientras que paralelamente se protege la naturaleza y biodiversidad. Por lo tanto, la UE pone el énfasis en el correcto aprovechamiento de los recursos naturales y en la implementación de nuevas tecnologías y prácticas que permitan una agricultura de mayor precisión como también un mayor cuidado en la crianza de ganado, su sanidad y bienestar animal.
Pero estos altos estándares ambientales no son iguales en todos los países del globo, por lo tanto, posibilitar el ingreso de productos que hayan sido producidos bajo menores exigencias, y por lo tanto menores desembolsos económicos, claramente representa un riesgo competitivo para el mercado de un país donde su gobierno, sus productores e industrias se ven sometidos a realizar grandes inversiones para cumplir con lo establecido. Es ahí, donde el medio ambiente se transforma en una barrera comercial, y se origina lo que en la actualidad los autores denominan “proteccionismo verde”:
“Concepto utilizado para referirse a medidas de protección comercial donde se invocan justificativos ambientales. El concepto ha sido utilizado en una perspectiva crítica, cuando se sostiene que esas medidas ambientales no son justificadas y en realidad encubren el propósito de generar una protección comercial, como en un sentido positivo, al defenderse la necesidad de regular el comercio atendiendo a criterios ambientales legítimos. Diversos países agroexportadores de América Latina (particularmente Argentina) han cuestionado diversas medidas en la producción agrícola de los países industrializados, especialmente la UE, como un proteccionismo verde injustificado…”.[5]
Respecto a argumentos que se utilizan para la implementación de este tipo de prácticas proteccionistas, el informe publicado en la Revista Argentina de Economía Internacional en 2013, titulado “El “proteccionismo comercial verde”: un análisis de tres nuevas cuestiones que afectan a los países en desarrollo”[6], realiza una distinción entre los argumentos ambientales y los económicos que justifican este tipo de medidas.
Entre los primeros, sus autores, distinguen tres:
Respecto a los segundos, distinguen dos:
Resulta obvio decir, que el avance de las economías en función del desarrollo productivo de cada país ha desencadenado un daño profundo en nuestro medio ambiente colectivo, el cual es vital reparar como factor principal para la continuidad y desarrollo de las futuras generaciones. El papel de las energías renovables y de los avances tecnológicos, acordes a posibilitar nuevas formas de producción, de maneras más sustentables, son necesarios. La cooperación internacional para el cuidado de nuestros recursos a través de compromisos serios y realmente compartidos es fundamental.
Esta necesidad de cooperación conjunta es lo que impulsa a los gobiernos de distintos países y organismos internacionales desde hace décadas a trabajar en acuerdos relativos al cuidado del medio ambiente, el progreso económico, desarrollo social, modelos de inversiones, comercio, entre otros; donde el fin fundamental en sí deriva en la transición hacia un nuevo modelo de economía. Este nuevo modelo es denominado en la actualidad como “economía verde”, y es definida por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como:
“[…] aquella que da lugar al “mejoramiento del bienestar humano e igualdad social, mientras que se reducen significativamente los riesgos medioambientales y la escases ecológica”.[7]
Ésta es reconocida, además, como un factor importante para la consecución de las metas de desarrollo sostenible[8] y la erradicación de la pobreza, tal como se expresó durante la Conferencia Río+20[9].
En cuanto al término antes mencionado, “desarrollo sostenible”, éste se ha citado y utilizado en varios acuerdos desde su primera implementación en 1987 en el informe “Nuestro futuro común”[10]. En 1992, en Río de Janeiro (Brasil), durante la celebración de la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), se reconoció la importancia del sistema multilateral de comercio para la contribución del mismo.
Entonces, se evidencia la importancia de la cooperación, la apertura, equidad y la no discriminación imparcial en las operaciones comerciales internacionales para alcanzar los objetivos que se expresan a través de los conceptos que he desarrollado, entrelazándose en una cadena de causa efecto continuo en su consecución. Por lo tanto, es importante evitar caer en restricciones mezquinas y unilaterales que no permitan el libre flujo del comercio o, mejor dicho, en prácticas proteccionistas.
Es por eso que, en vista de la posibilidad de la presencia de escenarios comerciales interrumpidos por protecciones recurrentes a temas ambientales, se ha dejado expresada en diversos fragmentos de tratados y acuerdos internacionales, la importancia del sistema de comercio internacional como piedra angular hacia la obtención de los fines perseguidos. Por ejemplo:
El “Principio 12” de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992:
Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la degradación ambiental. Las medidas de política comercial con fines ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada del comercio internacional. Se debería evitar tomar medidas unilaterales para solucionar los problemas ambientales que se producen fuera de la jurisdicción del país importador. Las medidas destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales deberían, en la medida de lo posible, basarse en un consenso internacional.
El Programa 21, acompaña los principios establecidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y constituye un plan de acción para llevar adelante dichos esfuerzos por alcanzar el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, tanto a nivel mundial como nacional. De él, podemos destacar la Sección I: “dimensiones sociales y económicas”, Capítulo 2 “cooperación internacional para acelerar el desarrollo sostenible de los países en desarrollo y políticas internas conexas”.
El párrafo 5 del artículo 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de 1992:
Las Partes deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional abierto y propicio que condujera al crecimiento económico y desarrollo sostenibles de todas las Partes, particularmente de las Partes que son países en desarrollo, permitiéndoles de ese modo hacer frente en mejor forma a los problemas del cambio climático. Las medidas adoptadas para combatir el cambio climático, incluidas las unilaterales, no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción encubierta al comercio internacional.
La OMC, por su parte, ha contribuido también en la elaboración y celebración de distintos acuerdos, con el fin de promover el desarrollo sostenible y la economía verde, mientras que intenta impedir las restricciones injustificadas entre sus Miembros, y facilitar a través de distintos mecanismos e instrumentos de transparencia el comercio internacional. Entre ellos están los acuerdos sobre: Obstáculos Técnicos al Comercio, Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Subvenciones y Medidas Compensatorias, Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual y el Acuerdo Plurilateral sobre Contratación Pública. También, es importante destacar el trabajo del Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA), que pretende identificar y comprender la relación que existe entre el comercio y el medio ambiente en busca de promover el desarrollo sostenible.
Además, debemos tener en cuenta el Articulo XX del GATT “Excepciones generales”, apartados b) y g)[11], que permite la posibilidad de invocar estas excepciones como medias de protección ambiental relacionadas al comercio internacional, siempre y cuando el Miembro que acusara pueda demostrar la existencia de una relación entre su objetivo de política ambiental y el litigio que denuncia. Para lo cual intervendrá un Órgano de Apelación con el fin de evaluar la situación, sopesando y confrontando una serie de factores para emitir una conclusión final.
El Protocolo de Kioto y, más adelante, el Acuerdo de París tomaron también importancia en las tratativas respecto al cuidado del medio ambiente. El primero sirvió para comprometer a los países a reducir, mitigar o limitar, mediante la adopción de políticas y medidas, los gases de efecto invernadero (GEI), y que eventualmente se realicen evaluaciones e informes. El segundo, reconocido como un gran avance en la lucha contra el calentamiento global de manera multilateral, tiene como objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. Para dicho fin, se debe mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 °C respecto de los niveles preindustriales, de preferencia 1,5 °C, lo que reduciría considerablemente los riesgos y efectos del cambio climático. También busca aumentar las capacidades de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima, brindando a su vez, un marco para el apoyo financiero, tecnológico y fomento de la capacidad para los países en desarrollo.
Un ejemplo del proteccionismo verde, y de la utilización de instrumentos como el Acuerdo de París para interrumpir la mecánica del comercio internacional, puede verse en las distintas controversias desatadas con el Tratado de Libre Comercio MERCOSUR-UE. Acuerdo negociado y discutido durante más de dos décadas, pero que desde julio de 2019 parecía que había encontrado la culminación a las negociaciones de manera exitosa para su ratificación, lo cual no fue así.
Varios países sostuvieron lo perjudicial que resultaría la ratificación de este tratado, en el estado actual del mismo, en materia ambiental. Entre los principales acusantes de este hecho, Francia encabezó la lista, junto a otros países como Irlanda, Bélgica, Polonia, Austria, entre otros. El incremento de la deforestación constituyó un punto relevante, sobre todo luego de los incendios acontecidos en 2019 en Brasil. Hecho que repercutió a nivel global y que, además, desató un intercambio poco amistoso entre Jair Bolsonaro y Emmanuel Macron, sosteniendo este último que el país sudamericano incumplía con lo establecido y pactado en el Acuerdo de París. Cuestiones relevantes a los métodos de siembra y cosecha, crianza, cuidado y hacinamiento del ganado, liberación de CO2 al ambiente, también formaron parte de las múltiples acusaciones.
Pero lo que realmente podría impulsar el rechazo, no es precisamente la preocupación por el impacto ambiental. La verdadera causa, podría radicar en el impacto negativo que produciría la entrada de productos del sector agrícola del MERCOSUR dentro de un mercado históricamente protegido por la PAC.
Ya en 2010, mientras se anunciaba el relanzamiento de las conversaciones comerciales entre ambos bloques[12], pudo observarse la preocupación por el ingreso de los productos sudamericanos. En una reunión del Consejo de Agricultura de la UE, el ministro francés de Agricultura en ese entonces, Bruno Le Maire, reiteró la oposición de Francia al acuerdo y advirtió que la eliminación de los aranceles de importación a los productos agrícolas llevaría a un aumento del 70% de las importaciones de carne vacuna y un 25% de las importaciones de aves de corral. Junto con él, el entonces ministro de Agricultura de Italia, Giancarlo Galan, se expresó en cuanto al riesgo que significaba para los agricultores europeos estas negociaciones y como la UE no podía reducir los aranceles de importación al mismo tiempo que se reduce el apoyo a las exportaciones agrícolas en el contexto de la reforma de la PAC de ese entonces. Irlanda fue otro de los que expresó su descontento respecto al impacto negativo sobre su sector de carne vacuna en competencia con países como Argentina y Brasil. En España, los agricultores elaboraron y publicaron una carta advirtiendo el impacto del acuerdo sobre los puestos de empleos en el sector, estimando pérdidas, para ese entonces, por 5.000 millones de euros, sobre todo en la industria cárnica.
Las organizaciones sindicales también alzaron la voz, La Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA) de Francia, estimó, en 2018, que la ratificación de este acuerdo, ponía en peligro entre 20 mil y 25 mil explotaciones agrícolas francesas, señalando, además, que no se respetan las reglas sanitarias, medioambientales y sociales de Europa. Para el FNSEA, el MERCOSUR ingresaría sus carnes al mercado por valores muy inferiores que las de Francia debido a los métodos utilizados para la crianza de los animales. En 2019, el COPA[13] COGECA[14] criticó la política comercial de la UE y como ésta aumentaba la brecha entre lo que se les exige a los agricultores europeos y lo que se les toleraba a los productores de MERCOSUR dada la distintas normas sanitarias y medioambientales.
En octubre de 2020 el Parlamento Europeo rechazó la ratificación del acuerdo por mayoría de votos[15]. El informe sobre la aplicación de la política comercial común sobre el que se discutió, deja claro en su enmienda 36 las razones:
“36. Subraya la importancia de la reciente modernización del Acuerdo de Asociación UE-México y de la celebración del Acuerdo de Asociación Mercosur, que tienen el potencial de profundizar nuestra asociación estratégica con América Latina, de crear oportunidades adicionales en nuestras relaciones comerciales con estos países y de ayudar a diversificar las cadenas de suministro para la economía europea; considera que el acuerdo de asociación entre la UE y el Mercosur representa el mayor acuerdo de «bloque a bloque» de este tipo y tiene el potencial de crear un mercado abierto beneficioso para ambas partes que abarque aproximadamente a 800 millones de ciudadanos; señala que este acuerdo, al igual que todos los acuerdos comerciales de la Unión, debe garantizar unas condiciones de competencia leal y el respeto de las normativas y los modos de producción europeos; recuerda asimismo que el acuerdo contiene un capítulo vinculante sobre desarrollo sostenible que debe aplicarse, ponerse en práctica y evaluarse plenamente, así como compromisos específicos relativos a los derechos en materia laboral y a la protección del medio ambiente, incluida la ejecución del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y las normas de desarrollo conexas; subraya que no se puede ratificar el acuerdo entre la UE y el Mercosur en su estado actual”.[16]
En febrero de 2021, durante la presidencia Pro Tempore del MERCOSUR por parte de Argentina, el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales y Jefe Negociador de la Argentina, Jorge Neme, estuvo en videoconferencia con la Representante en el país de la Unión Europea, Aude Maio-Coliche, y los Embajadores de sus Estados miembros para analizar los desafíos vinculados al Acuerdo MERCOSUR-UE. Entre los temas que se tocaron, la cuestión ambiental fue parte de ellos, donde se destacó la importancia de asumir el papel de socios en la protección del medio ambiente, abordándolo desde un compromiso vinculado, y no de manera aislada[17].
Mientras tanto, el pasado 3 de septiembre de 2021, Emmanuel Macron reafirmó nuevamente la oposición de Francia al acuerdo, adelantando también que su país mantendrá su decisión cuando asuma la presidencia rotatoria de la UE en 2022. Expresó también: “Debemos reinventar nuestras políticas comerciales para que sean coherentes con nuestras políticas climáticas, con nuestras políticas de biodiversidad, es una necesidad”[18]. Respecto a lo anterior, es importante destacar que Francia posee casi medio millón de agricultores y se posiciona como uno de los primeros, y más importantes, países agrícolas de la UE, y cuyo sector agrario ha sido de los mayores opositores a este acuerdo desde el principio.
Los productores agrarios europeos, en diversas ocasiones, han expresado su descontento con la posibilidad de competir con los productos del MERCOSUR. Ellos no están dispuestos a perder su cuota de mercado ni a enfrentar caídas de precios como resultado de su política agraria proteccionista. Y a ellos se les suma la injerencia de las asociaciones ambientales que luchan para frenar el mismo.
Es entonces cuando, si se analiza desde el tema central de este trabajo, quizás lo primordial no es proteger al medio ambiente, sino mantener los beneficios que la política proteccionista de sus mercados les ha proporcionado, utilizando al Acuerdo de París, y las diferencias en cuanto a políticas y tratativas de las cuestiones ambientales como escudo para estos mercados. Esto constituiría un claro ejemplo de proteccionismo verde.
Como ya mencioné, el comercio internacional constituye un eslabón clave en la prosperidad de cualquier nación. El desarrollo económico y social pueden impulsarse a través del correcto funcionamiento de los engranajes de las políticas comerciales adecuadas. Los organismos internacionales, conscientes de esto, han demostrado a lo largo del tiempo su compromiso por facilitar los intercambios de bienes y servicios, impulsando a los actores globales a cooperar para la liberalización del mercado a lo largo y ancho del globo. El Acuerdo de París promueve a la colaboración entre las partes para una lucha conjunta contra el cambio climático. Este acuerdo y sus beneficios podrían acelerar la carrera en la implementación de una economía verde, de una mejora en la calidad de vida de las comunidades y en una evolución hacia nuevas formas de producir, a través de los avances y esfuerzos compartidos. La transparencia, fluidez, dinamismo, equidad y reciprocidad en las transacciones comerciales internacionales, no pueden darse bajo consignas proteccionistas, que utilizan al medio ambiente como forma de escudar sus mercados.
No hay duda en la existencia de una relación estrecha entre el crecimiento económico y productivo de los Estados, el incremento de los flujos de productos a nivel internacional y la contaminación ambiental. Es una cadena de causa-consecuencia derivada directamente del avance incesante de las economías mundiales y las naciones. Cuanto más aumentan el consumo y las ventas, más se produce, por lo tanto, se utiliza mayores cantidades de recursos, de energía, el transporte de dicha producción del punto A al B requiere de vehículos que emiten altos volúmenes de CO2 a la atmosfera, y una vez efectuado el consumo se originan desechos que difícilmente sean reciclados en su totalidad.
El accionar de los Estados debe apuntar al crecimiento económico de todos los actores del comercio, desde las PyMEs hasta aquellas que cuentan con el potencial de llegar a convertirse en grandes multinacionales, y las que ya lo son, pero sin recurrir a la monopolización de los mercados o la protección excesiva de estos. Las políticas ambientales deben ser tratadas urgentemente, pero lejos de las posibilidades de ser utilizadas como arma de doble filo para resguardar beneficios propios, por el contrario, deben ser abordadas con el fin único de propiciar avances benévolos para la humanidad y su bienestar, para encontrar maneras menos contaminantes de producir, ayudando a las naciones menos desarrolladas a alcanzarlas también.
Quiérase o no, vivimos en un mundo interconectado, aislarse no es una opción viable. Y en esa interconexión de nuestras relaciones sociales y comerciales, es parte fundamental el medio ambiente que nos rodea. Las agendas políticas no deben contemplar una u otra opción, el comercio internacional debe seguir creciendo, debe seguir abriendo fronteras y mercados, pero dentro del marco de nuevas situaciones que beneficien al medio ambiente.
* Licenciado en Comercio Internacional, graduado en la Universidad Abierta Interamericana (UAI), Sede Regional Rosario.
Bibliografía
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Referencias
[1] Gudynas, E., & Buonomo, M. (Nobiembre de 2007). Integración y comercio – Diccionario latinoamericano de términos y conceptos. Montevideo, Uruguay: Coscoroba. doi:978-9974-7893-4-0.
[2] La lógica de esta protección seria hasta que la industria alcance la madurez competitiva.
[3] El monto a pagar está determinado por la cantidad de unidades importadas o exportadas. También puede determinarse por cuestiones como el peso o volumen del producto.
[4] El monto a pagar corresponde a un porcentaje del valor del producto que se comercialice.
[5] Gudynas & Buonomo. Op. cit.
[6] Lottici, M., Galperín, C., & Hoppstock, J. “El proteccionismo comercial verde: un análisis de tres nuevas cuestiones que afectan a los países en desarrollo”. Revista Argentina de Economía Internacional, 01/02/2013, p. 39-62, http://www.cei.gov.ar/userfiles/nota4.pdf.
[7] Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2014). Manual de comercio y economía verde (Tercera ed.). Ginebra, Suiza: Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible.
[8] Capacidad de satisfacer las necesidades humanas en el presente, sin comprometer la satisfacción de las necesidades futuras.
[9] Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012.
[10] Informe elaborado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
[11] b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales;
[12] Las negociaciones para este acuerdo tomaron más de 20 años, pasando por varios momentos de interrupción en las mismas.
[13] Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas.
[14] Confederación General de Cooperativas Agrícolas.
[15] “La Eurocámara rechazó ratificar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur por la política ambiental de Jair Bolsonaro”. Infobae, 07/10/2020, https://www.infobae.com/america/mundo/2020/10/07/la-eurocamara-rechazo-ratificar-el-acuerdo-entre-la-union-europea-y-el-mercosur-por-la-politica-ambiental-de-jair-bolsonaro/, [consulta: 05/09/2021].
[16] Parlamento Europeo. (2020). “Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de octubre de 2020, sobre la aplicación de la política comercial común: informe anual de 2018 (2019/2197(INI))”. Bruselas, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0252_ES.html, [consulta: 04/09/2021].
[17] Ministerio de Relaciones Exteriores, C. I. (2021). Mercosur-UE: Argentina y la UE junto a sus Estados miembros analizaron los pasos a seguir para la firma del acuerdo entre ambos bloques. Información para la Prensa N°: 028/21. Recuperado el Septiembre de 2021, de https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/mercosur-ue-argentina-y-la-ue-junto-sus-estados-miembros-analizaron-los-pasos
[18] “Emmanuel Macron reafirmó que Francia se opone a un acuerdo Unión Europea-Mercosur”. La Nación, 03/09/2021, https://www.lanacion.com.ar/politica/emmanuel-macron-reafirmo-que-francia-se-opone-a-acuerdo-union-europea-mercosur-nid03092021/, [consulta: 04/09/2021].
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