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AMÉRICA LATINA Y LOS DESAFÍOS PARA UNA VERDADERA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y ECONÓMICA

Giancarlo Elia Valori*

América Latina —y sus países centrales, a saber, Brasil, Argentina y México— se ha convertido en una región de alto valor estratégico mundial debido a su vasto territorio, abundantes recursos, gran desarrollo económico, posición geográfica única y activo papel en la gobernanza global y regional.

Factores como la historia, la geografía y la realidad, combinados con la complejidad de las lógicas políticas internas de la región, han convertido una vez más a América Latina en un lugar donde las grandes potencias prestan atención y juegan sus juegos.

La cooperación de América Latina con las potencias “externas” se ha vuelto cada vez más estrecha, lo que ha dado lugar a sospechas infundadas y provocaciones maliciosas entre los países de la región en cuestión. Lo que molesta a los “demócratas” y a los “liberales” es la presencia en la zona de países sin un pasado colonialista y explotador.

Históricamente, América Latina y el Caribe fueron el lugar codiciado de varias fuerzas occidentales. Desde la independencia de los países latinoamericanos, e incluso hoy, grandes países dentro y fuera de la región han competido en este ámbito.

La complejidad y la incertidumbre de la actual situación política y económica mundial en América Latina están detrás de la competencia entre las principales potencias en geopolítica y las relaciones internacionales.

Las vastas tierras y recursos de América Latina están vinculados a la seguridad alimentaria mundial, al suministro de productos agrícolas y ganaderos y a la seguridad energética. Es un importante “proveedor de productos” que no se puede descuidar.

América Latina tiene una enorme superficie de más de 20 millones de kilómetros cuadrados, que abarca cuatro subregiones de América del Norte (México), el Caribe, América Central y América del Sur, con 33 países independientes y algunas regiones que aún no son independientes, ya que están ligadas a la carga del viejo mundo liberal-colonialista.

América Latina está bendecida con condiciones naturales favorables. Por ejemplo, se ha convertido en un conocido “granero” y “proveedor de carne” debido a su fértil tierra cultivable y abundantes pastos. Es un área importante para la producción de otros bienes agrícolas y ganaderos. Al mismo tiempo, otros países de la región tienen enormes reservas de recursos naturales como petróleo y gas, mineral de hierro, cobre y bosques, y se han convertido en importantes proveedores mundiales de materiales estratégicos.

En segundo lugar, la región latinoamericana tiene un nivel relativamente alto de desarrollo económico y ha reunido a una serie de importantes economías emergentes, un importante mercado mundial que no puede ser ignorado.

La región latinoamericana desempeña un papel importante en la economía mundial. Brasil y México no sólo son las dos economías más grandes de América Latina, sino también se encuentran entre las 15 principales de la economía mundial.

Al mismo tiempo, cálculos recientes sobre 183 países (regiones) con datos completos del Banco Mundial y estudios conexos muestran que el grupo formado por Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, etc., ha entrado en el ranking de los “30 mercados emergentes” (E30) en todo el mundo. Según las estadísticas del Banco Mundial, el producto interno bruto (PIB) de América Latina en 2018 fue de unos 5,78 billones de dólares y el PIB per cápita superó los 9.000 dólares. Con la excepción de algunos, la mayoría de los países de América Latina son de ingresos medios y algunos han entrado en el ranking de altos ingresos.

Por lo tanto, América Latina se ha convertido en un gran mercado de consumo que no puede ser ignorado debido a su nivel relativamente alto de desarrollo económico, alto ingreso per cápita y una población de más de 640 millones de personas.

De hecho, América Latina, como región con un alto grado de libertad económica y apertura comercial, ha estado estrechamente relacionada con las economías de otras regiones del mundo a través de diversos acuerdos, iniciativas y mecanismos de libre comercio, bilaterales y multilaterales.

En tercer lugar, la posición geográfica única de América Latina tiene un impacto significativo en el comercio mundial, el transporte marítimo y el cambio climático.

América Latina está situada entre dos océanos. Algunos países limitan con el Pacífico, con el Atlántico, o incluso están bañados por ambos océanos. Esta posición especial otorga a la región latinoamericana la ventaja geográfica de lograr una “cooperación transpacífica” con la región asiática o construir un vínculo de “cooperación transatlántica” con la región europea. Gracias al canal de Panamá, es el centro fundamental para el comercio mundial.

Además de su relevancia estratégica para la seguridad alimentaria y la producción de energía limpia, la selva amazónica, conocida como uno de los “pulmones de la Tierra”, tiene una superficie de más de seis millones de kilómetros cuadrados, que representa alrededor del 50% de la selva tropical mundial. El 20% de la superficie forestal mundial y los vastos recursos que cubren nueve países de América Latina se han convertido en uno de los factores más importantes que influyen en el cambio climático mundial.

Por último, como actor activo en el ámbito político y económico internacional y regional, América Latina es una nueva fuerza decisiva que no puede ser descuidada en el campo de la gobernanza global y regional.

En primer lugar, como miembros de organizaciones como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los principales países latinoamericanos participan y son creadores de normas internacionales.

Además, estos países deben ser considerados desde otros aspectos y puntos de vista del multilateralismo.

Los principales países latinoamericanos, particularmente las potencias regionales, como Brasil, México y Argentina, son miembros del G20. Brasil pertenece tanto al BRICS como a BASIC. México, Chile y Perú están dentro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). México, Perú y Chile son miembros del Acuerdo Integral y Progresista para la Asociación Transpacífico (CPTPP), mientras que México y Chile son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Están desempeñando un papel insustituible en la respuesta a la crisis económica y en la promoción de la reforma de los mecanismos de gobernanza mundial; en la promoción de la celebración de importantes acuerdos sobre el cambio climático mundial; en el avance de la cooperación económica entre las distintas regiones; en el liderazgo de la “cooperación Sur-Sur” entre los países en desarrollo y en la celebración de un diálogo sobre las principales cuestiones actuales (oposición al unilateralismo, proteccionismo, protección del multilateralismo, etc.).

También hay que decir que los países latinoamericanos naturalmente también están activos en organizaciones e instituciones regionales —como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), etc.—, para poder participar directamente y tratar de oponerse al hegemonismo estadounidense.

Dentro de la región latinoamericana, estos países iniciaron primero un proceso de cooperación e integración y más tarde establecieron varias organizaciones subregionales —como el Mercosur (Mercado Común del Sur-Mercado Comum do Sul) y la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Chile y Perú— para cooperar con otras regiones del mundo y sacudirse de la desafortunada definición de “patio trasero de América”.

Ubicados en el hemisferio occidental, donde la conocida superpotencia está presente, los países latinoamericanos han estado profundamente influenciados por los Estados Unidos en la política, la economía, la sociedad y la cultura.

En 1823, los Estados Unidos apoyaron la Doctrina Monroe y expulsaron a los países europeos de América Latina con el lema “América para los americanos”, convirtiéndose así en los maestros del hemisferio occidental.

La Doctrina Monroe también se convirtió en un pretexto para que los Estados Unidos interfirieran en los asuntos internos y la diplomacia de los países latinoamericanos.

En 2013, 190 años después de la declaración antes mencionada, los Estados Unidos declararon públicamente que la era de la Doctrina Monroe había terminado y enfatizaron la relación en igualdad de condiciones y la responsabilidad compartida entre los Estados Unidos y América Latina.

Sin embargo, la actual política latinoamericana demuestra una vez más que el fin de la llamada era de la “Doctrina Monroe” no es más que un mito.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. El Señor Valori ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción. 

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ESTRECHOS Y MARES ÁRTICOS Y SUBÁRTICOS EN EL COMERCIO Y LA GEOESTRATEGIA

Giancarlo Elia Valori*

El cambio climático global abre nuevas oportunidades para las redes de transporte internacional, en particular con la tendencia hacia la retirada de los glaciares alrededor del Polo Norte.

Si la tendencia continúa, las rutas árticas podrían utilizarse de forma más fiable, al menos durante los meses de verano y durante períodos de tiempo más largos.

Es probable que la ruta del mar del Norte a la costa ártica de Rusia esté libre de hielo y reduciría el viaje marítimo entre Europa y Asia oriental de 24.000 kilómetros, utilizando el canal de Suez, a 13.600 km, reduciendo así el tiempo de tránsito en 10-15 días.

Además, el Paso del Noroeste a través del océano Ártico canadiense podría ser utilizable de forma regular en los próximos años, reduciendo así significativamente las distancias de envío.

En cambio, el viaje marítimo entre Asia Oriental y Europa Occidental requiere recorrer 24.000 kilómetros, también a través del canal de Panamá.

El Paso del Noreste es la ruta marítima más corta de Europa a Asia. Su única desventaja es que se encuentra en una zona helada durante un período de unos seis meses al año y no se puede cruzar. Esto, sin embargo, parece estar cambiando. El calentamiento global está cambiando las reglas del juego, abriendo nuevas y, en algunos casos, inesperadas oportunidades para el transporte de mercancías.

El uso cada vez mayor de esta ruta hasta ahora descuidada ofrece muchas oportunidades para el transporte comercial. La ruta marítima ártica y subártica también se considera el paso marítimo más corto entre el océano Pacífico y el océano Atlántico.

Las rutas árticas pueden ahorrar mucho tiempo y combustible, así como reducir las emisiones de residuos de combustible, lo que es particularmente importante en una era de feroz competencia entre las compañías navieras y de cada vez más atención prestada a las cuestiones ambientales y la ecología.

Otra ventaja es que esta ruta permite a los buques eludir las zonas donde la piratería es desenfrenada (como el estrecho de Malaca y la región del mar Rojo).

Ciertamente hay muchas ventajas, pero también una desventaja importante. La ruta sólo es utilizada por un número relativamente pequeño de barcos. Hay más barcos que pasan por el canal de Suez todos los días que los que navegan a lo largo de la ruta entre el mar de Barents y el estrecho de Bering.

La razón es simple: debido a las heladas, los barcos sólo pueden navegar entre principios de julio y finales de noviembre. Incluso en este corto período de tiempo la ruta es complicada; Rusia cobra impuestos por cruzar las aguas territoriales y necesitas usar rompehielos para despejar el camino en condiciones climáticas difíciles.

Esto implica costos adicionales. Además, el rápido cambio climático, las formaciones repentinas de hielo y los icebergs irregulares también pueden causar graves problemas.

Dado que la infraestructura de los puertos del norte de Rusia se encuentra en mal estado desde el colapso de la Unión Soviética, las situaciones de emergencia podrían poner en peligro a los buques.

Debido al calentamiento global, esta ventana de tiempo relativamente corta para el tráfico se haría más larga en las próximas décadas. En las últimas décadas, el tamaño y el grosor de la capa de hielo ártica se han reducido significativamente. El 29 de agosto de 2008, los Pasajes del Noreste y del Noroeste estuvieron incluso libres de hielo por primera vez. Desde entonces, la capa de hielo se ha reducido y adelgazado.

Por ejemplo, un rompehielos asiático llevó a cabo una expedición de investigación desde el Pacífico hasta el Atlántico Norte en agosto de 2012. Se encontró con menos hielo de lo esperado y el viaje de regreso tomó menos tiempo que el viaje hacia el exterior.

En el futuro, el Paso del Noreste podría estar completamente libre de hielo en verano. Desde un punto de vista histórico, esta región siempre ha sido considerada un entorno duro y su desarrollo es un importante logro pionero.

Ya en el siglo XII, los rusos partieron hacia Siberia Oriental navegando a la vista de la costa. En los siglos XVI y XVII, a menudo los Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Dinamarca trataron de encontrar otros caminos a Asia, pero nunca tuvieron éxito.

Fue sólo en 1878-79 que el explorador sueco, Adolf Erik Nordenskhold (1832-1901), hizo una expedición con el velero Vega, saliendo de Gotemburgo al estrecho de Bering, navegando a lo largo de las costas septentrionales de toda la Eurasia y resolviendo de una vez por todas el problema del Paso del Noreste. Anteriormente, en 1875 y en 1876, sólo había logrado llegar a la desembocadura del río Yenisey y se vio obligado a regresar debido al hielo.

Estrictamente hablando, sin embargo, no es realmente correcto llamarlo un éxito —al menos desde un punto de vista teóricamente comercial— ya que el barco Vega fue bloqueado por el hielo y atrapado en el estrecho de Bering durante diez meses.

Fue sólo en 1932 que el rompehielos soviético Aleksandr Sibirjakov hizo su primer pasaje exitoso en una sola temporada. En el verano de 1967, esa ruta se abrió finalmente a la industria naviera internacional.

Más tarde, antes del colapso de la URSS que causó una fuerte caída en el volumen de envíos en el Paso del Noreste, los rompehielos de propulsión nuclear despejaron la ruta y permitieron a los buques transitar (a más tardar desde 1987), 331 veces.

En 2009, la compañía de transporte y transporte de Bremen fue la primera en volver a utilizar esa ruta con dos buques de carga, causando así una sensación. Según la naviera, los dos rompehielos que salían de Vladivostok a finales del verano de 2009 eran ambos de clase E3, por lo tanto adecuados para navegar a través del Polo Norte.

En septiembre de 2018, el buque portacontenedores danés Venta Maersk cruzó el Paso del Noreste en 37 días: Fue el primer buque portacontenedores en hacerlo. Como es un gran buque portacontenedores, su clase es 1A (puede cruzar hasta un metro de hielo de espesor). Está especialmente diseñado con un casco reforzado para su uso en agua fría (mínimo -25ºC).

El viaje inaugural del Venta Maersk reveló un grave defecto, por lo que es poco probable que un gran buque portacontenedores de 40.000 toneladas navegue a lo largo de esta ruta en un futuro próximo. El problema era que algunas partes de la ruta tienen un calado de sólo 11 metros, que es demasiado bajo para un gran buque portacontenedores.

La capacidad de carga de la Venta Maersk suele ser inferior a 3.600 TEU, pero las aguas poco profundas significan que sólo puede contener 600 contenedores refrigerados.

La construcción de grandes buques portacontenedores no cumple con los estándares de rotura de hielo, y también está limitada por factores más desfavorables, como la longitud. Por lo tanto, el Paso del Noreste nunca será comparable al Canal de Suez en términos de volumen de transporte.

Actualmente se están haciendo grandes progresos en la construcción de buques de carga flexibles capaces de cruzar el hielo y hacer frente a entornos difíciles sin que los rompehielos despejen el camino hacia ellos. Este tipo de buque se puede utilizar para ciertos tipos de mercancías que no pueden tomar rutas tradicionales más largas.

Aunque llevará tiempo, se espera que la economía mundial obtenga muchos beneficios potenciales de las rutas de suministro más cortas a los sitios de producción y los mercados de ventas en Europa y Asia.

Cruzar el océano Ártico podría ser un factor decisivo en la fuerte guerra de precios entre las mayores compañías navieras.

Sin embargo, los ecologistas han advertido sobre los daños causados por el aumento del tráfico. Temen que esto tenga un impacto negativo duradero en el extremadamente sensible ecosistema ártico.

Además, cuantos más buques en la ruta, mayor es el riesgo de accidentes graves en esta región rica en recursos naturales.

Sin embargo, los esfuerzos conjuntos del mundo para hacer frente al calentamiento global pondrán fin a esos planes antes de esos planes. Un ejemplo es la expedición del rompehielos alemán Polarstern, que comenzó el 20 de septiembre de 2019 y llegó a su fin este otoño.

La investigación MOSAiC (Observatorio Multidisciplinario de Deriva para la Investigación del Clima ártico) fue realizada por el Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum fuer Polar und Meeresforschung.

Los resultados del MOSAiC contribuirán a una mejor comprensión de las consecuencias regionales y mundiales del cambio climático ártico y la pérdida de hielo marino y mejorarán la previsión meteorológica y climática, así como las oportunidades de explotar esta posible ruta económica y comercial en el futuro.

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. El Señor Valori ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción. 

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REFUGIADOS MEDIOAMBIENTALES: LAS ISLAS DEL PACÍFICO SUR, EL DESAFÍO DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y UNA BRECHA EN EL DERECHO INTERNACIONAL

Dianet Doimeadios Guerrero*

Imagen de Tumisu en Pixabay
El cambio climático más allá del clima: cambia la naturaleza, sufren los más vulnerables

Desde que en 1990 —dos años antes de la Cumbre de la Tierra— el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) advirtiera por primera vez sobre la urgencia de afrontar ese fenómeno y los riesgos que implican sus consecuencias para la humanidad, sucesivos informes han revelado nuevas evidencias sobre el calentamiento global y lanzado alertas más apremiantes cada año.

2019 fue un año crucial: grandes incendios forestales en importantes zonas boscosas del planeta, incluida la selva amazónica (clave en el equilibrio climático global y en la mitigación del calentamiento), nuevas evidencias sobre la pérdida de hielo en Groenlandia, el Ártico y la Antártida, una concentración récord de CO2 en la atmósfera y un dato incontrastable: 2019 cerró el quinquenio más cálido de que se tenga registro.

En 2020, además de reforzarse la tendencia (más altas temperaturas, agresivas temporadas de fuegos forestales, más pérdida en las capas de hielo…), hemos sabido que durante las últimas tres décadas las grandes selvas tropicales han ido perdiendo la capacidad de absorber CO2 de la atmósfera.

Como consecuencia de esos fenómenos y el calentamiento global, se aceleró de manera significativa la elevación del nivel del mar. Si desde 1993 el aumento promedio anual fue de 3.2 mm, entre mayo de 2014 y 2019 ascendió a 5 mm.

2019 fue también el año de la Cumbre sobre Acción Climática (Nueva York, septiembre), convocada de emergencia por la Secretaría General de la ONU para impulsar acciones más ambiciosas que permitan cumplir las metas del Acuerdo de París, y antesala del inicio de una década crítica ya marcada en el informe del IPCC en octubre de 2018, en el que se advertía que las emisiones globales de CO2 deberían comenzar a bajar en 2020 para intentar mantener por debajo de 1.5°C el alza de la temperatura media global respecto a los niveles preindustriales y así evitar “daños irreparables”.

El poco tiempo disponible para implementar soluciones efectivas, la rapidez con que se evidencian las manifestaciones climáticas y la amplitud de los impactos visibles y los previstos —alza de temperaturas, eventos climáticos y meteorológicos extremos, crisis agrícola y alimentaria, biodiversidad y ecosistemas en declive, elevación del nivel del mar e inundación de amplias zonas costeras con la consiguiente pérdida de territorio y asentamientos humanos— hacen que los expertos hablen cada vez más, en lugar de cambio climático, de crisis o emergencia climática.

Junto a las sequías, la elevación del nivel del mar es, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), uno de los procesos de evolución lenta generados por el calentamiento global que están influyendo cada vez más en la movilidad de las personas en todo el mundo. Como resultado, también van en aumento las reubicaciones de comunidades emprendidas por Gobiernos.

Una situación especial se vive en los pequeños Estados insulares del Pacífico Sur, muy vulnerables a los impactos del cambio climático. En las Islas Salomón, calificadas por los científicos como un “punto caliente global”, desde 1993 el nivel del mar se ha elevado un promedio de 7 a 10 mm anuales, casi el triple de la media mundial.

Para sus habitantes, unos 600.000, en solo cuestión de años se ha hecho parte de la experiencia vital ver desaparecer bajo las aguas algunas de las islas del archipiélago, o mudarse de una a otra isla o a lugares unos centímetros más altos dentro de ellas cuando la subida del mar hace inhabitables los islotes, asediados por las inundaciones y la erosión costera.

También está amenazado el futuro de Kiribati, un archipiélago de 33 islas que, según las proyecciones, podrían ser cubiertas por el mar en menos de dos décadas, con lo que sus 100 000 habitantes perderían sus hogares y su país.

Tras una visita a Oceanía en mayo de 2019 “para conocer la primera línea de la emergencia climática mundial”, el secretario general de la ONU, António Guterres, contó su experiencia al ver cómo familias en Tuvalu “viven con preocupación permanente por las inundaciones que provoca el aumento del nivel del mar” y “niños que, pese a su corta edad, temen ya por su futuro”.

Guterres señalaba que “esas comunidades apenas han contribuido al cambio climático y, sin embargo, por culpa de los grandes emisores de gases, ahora se ven abocadas a luchar por la propia existencia de sus países”.

“El aumento del nivel del mar en algunos países del Pacífico es cuatro veces mayor que la media mundial, lo que amenaza la existencia misma de varios Estados insulares (…) No debemos caer en el error de pensar que solo Tuvalu, las islas pequeñas o los países del Pacífico corren peligro. Todo el planeta está amenazado. Lo que ocurre en estos países es señal de lo que nos aguarda a todos los demás”, escribía[1].

Se trata de islas altamente dependientes del turismo, la pesca, las remesas, la ayuda exterior, algunas exportaciones agrícolas y actividades de subsistencia que requieren del entorno natural; con escasez de agua, altas tasas de desempleo y problemas de salud (alrededor del 40% de la población padece de enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión). Hoy no solo ven amenazadas sus fuentes de sustento, sino el territorio donde se asientan sus comunidades y familias, sus modos de vida tradicional y su historia como pueblos.

En junio de 2019, Philip Alston, relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema, advirtió en un informe que los países en desarrollo deberán pagar cerca del 75% de los costos del impacto del cambio climático, a pesar de que la mitad más pobre de la población mundial, 3 500 millones de personas, es responsable de solo el 10% de las emisiones de dióxido de carbono[2].

Entre esa mayoría en desventaja están los habitantes de las islas del Pacífico Sur. El impacto del cambio climático es más real y más inmediato para ellos, aunque sus naciones están en la lista de las de más bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin recursos a nivel de comunidades y países para afrontar la crisis, el futuro de los habitantes de las islas del Pacífico Sur es incierto y les coloca ante la perspectiva cercana de convertirse en desplazados o refugiados ambientales.

El de “refugiado/desplazado ambiental” es un término de uso cada vez más frecuente. Cada vez más personas en el mundo están en riesgo de ser forzadas a abandonar sus hogares (con implicaciones personales y familiares, sociales, culturales y laborales y económicas) debido a desastres naturales que empeoran con el cambio climático. Sin embargo, aún no hay un consenso a escala de la comunidad internacional para definir quiénes son y cómo protegerlos.

Crece el costo humano de los desastres naturales

Según la Organización Internacional para las Migraciones, los fenómenos climáticos extremos se han triplicado en las tres últimas décadas y han provocado desplazamientos humanos superiores a los causados por las guerras y otras formas de violencia física.

Los investigadores Dennis Wesselbaum y Amelia Aburn (2019) analizaron las migraciones internacionales entre 1980 y 2015 desde 198 países de origen hacia 16 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre ellos los principales receptores de migrantes (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá, Australia, España e Italia) y comprobaron que el cambio climático es la más importante causa de esas migraciones, por encima de las circunstancias económicas y políticas en las naciones de origen.

El IDMC —Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (Internal Displacement Monitoring Centre, IDMC), reconocido como la fuente de datos más autorizada a nivel mundial sobre este fenómeno—, reveló que durante los seis primeros meses de 2019 se registraron unos siete millones de desplazados por eventos climáticos.

No se incluye a aquellos cuyo desplazamiento se produjo por eventos no relacionados con el clima, como los terremotos. En 2018, únicamente 1.1 millones de los 17.2 millones de desplazados a raíz de una catástrofe fueron por una razón geofísica y no climática, como terremotos y erupciones volcánicas. Desde 2008, solo el 14%.

Datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que hacia 2050 las migraciones como consecuencia del cambio climático podrían afectar a hasta 1.000 millones de personas desplazadas dentro de sus países o más allá de sus fronteras.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) reveló en septiembre de 2019 que si no se emprenden acciones efectivas para mitigarlo, el costo humanitario del cambio climático ascenderá a 20.000 millones de dólares en 2050 y unos 200 millones de personas necesitarán cada año asistencia humanitaria por tormentas, sequías e inundaciones, casi el doble de los 108 millones que lo necesitan en la actualidad.

Además de sufrir la pérdida de territorio por la elevación del nivel del mar, la región del Pacífico está siendo golpeada por desastres relacionados con eventos meteorológicos.

Según Unicef (2020), durante 2019 se reportaron en el mundo casi 33 millones de nuevos desplazamientos, incluidos 25 millones causados por desastres naturales, incluidos 8.2 millones por desastres relacionados mayormente con eventos climáticos. Más de la mitad de los nuevos desplazamientos causados por desastres ocurrieron en el este de Asia y el Pacífico.

Por su parte, la OIM informó que el pasado año casi 2 000 desastres provocaron 24.9 millones de nuevos desplazamientos en 140 países y territorios. “Es la cifra más alta registrada desde 2012 y el triple del número de desplazamientos causados por conflictos y violencia (…) La mayoría de los desplazamientos debidos a desastres fueron el resultado de tormentas tropicales y lluvias monzónicas en el Asia meridional y el Asia oriental y el Pacífico”[3].

En un contexto de desplazamientos en aumento, la ausencia de consenso internacional y de un marco jurídico para definir su estatus —que les coloca en un estado de desprotección y vulnerabilidad de sus derechos— agrava el hecho de que los desplazados y refugiados ambientales enfrentan inseguridad (tanto alimentaria como física y legal) y rechazo crecientes.

En su informe “Tendencias globales de desplazamiento forzado 2019”, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) indicó que “el cambio climático y los desastres naturales pueden agravar las amenazas que obligan a las personas a huir a través de las fronteras internacionales. La interacción entre el clima, los conflictos, el hambre, la pobreza y la persecución crea emergencias cada vez más complejas. La inseguridad alimentaria puede convertirse en un importante factor de conflictos y desplazamientos”[4].

En junio de 2019, Philip Alston, relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema, se refería a los peligros del aumento en las cifras de desplazados a nivel mundial (en su informe, precisaba que en 2017 cerca de 18.8 millones de personas fueron desplazadas debido a desastres en 135 países, casi el doble del número de desplazados por conflictos).

Alston afirmaba que “el riesgo de descontento, de creciente desigualdad y peores niveles de privación, podría estimular respuestas nacionalistas, xenofóbicas y racistas. Mantener un enfoque equilibrado en términos de derechos civiles y políticos será extremadamente complejo”[5].

Terminología, concepto y vacíos legales

La ONU ha tipificado la migración causada por desastres, entendida como el desplazamiento de personas o comunidades debido a “una grave perturbación del funcionamiento de una comunidad o sociedad que involucra amplias pérdidas o repercusiones humanas, materiales, económicas o ambientales a las que la comunidad o sociedad afectada no es capaz de hacer frente con sus propios recursos”. (Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, 2009)

El estudio de la relación entre el cambio climático y las migraciones es muy complejo, porque para comprender el impacto de esta interdependencia dentro de las sociedades no podemos ignorar factores políticos, económicos, socioculturales y hasta psicológicos.

La OIM reconoce que la cuantificación de la migración por motivos medioambientales es una tarea difícil “como consecuencia de la multiplicidad de factores involucrados en ella, los problemas metodológicos que entraña y la falta de normas para la recopilación de datos. Existen algunos datos cuantitativos sobre los desplazamientos de poblaciones dentro de los países y, en menor medida, de un país a otro causados por los peligros naturales. Sin embargo, en el caso de la migración causada por procesos ambientales de evolución lenta, como la sequía o la subida del nivel del mar, la mayor parte de los datos existentes son cualitativos y se basan en estudios de casos, con muy pocos estudios comparativos”. (OIM, Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, 2020)

El término “refugiado ambiental” (environmental refugee) comenzó a ser usado en 1976 por Lester Brown. Luego ha proliferado su uso y han surgido otros como “emigrante ambiental” y toda una rama de similares categorías como “emigración forzosa ambiental”, “emigración motivada por el ambiente”, “refugiado climático”, “refugiado del cambio climático”, “persona desplazada por el clima” (EDP en su denominación inglesa), “refugiado de desastre”, “desplazado ambiental”, “ecorrefugiado” y “persona ecológicamente desplazada”.

La OIM emplea los términos “migrante por motivos ambientales” y “desplazado por motivos ambientales”.

Las diferencias entre estos términos son menos importantes que lo que tienen en común: todos sugieren que existe una relación determinable entre los factores condicionantes medioambientales y la migración humana. Son motivos útiles para el análisis, relevantes para la implementación de políticas y, posiblemente, para la expansión de la rama legal conocida como derecho del refugiado.

La actual situación climática y el impacto que está teniendo en las poblaciones más vulnerables demandan de una tipificación internacional que recoja y proteja a los desplazados por cuestiones medioambientales.

Todavía hoy, los conceptos de “refugiado climático” o “refugiado ambiental” no existen en términos legales. Si bien han sido abordados en los medios de comunicación y por los organismos internacionales, carecen de valor jurídico vinculante pues el concepto no figura en el derecho internacional.

A la vista de las realidades que plantean el cambio climático y su impacto creciente en las poblaciones, el concepto de refugiado recogido en el Estatuto de los Refugiados de 1951 es muy restrictivo. Puede aplicarse a todo aquel que abandona su lugar de origen por persecución debida a motivos políticos, de religión, sociales, y no puede regresar por ver amenazada su vida o seguridad.

El término “refugiado climático” no está respaldado por Acnur, pues lo considera “confuso”. Para esa agencia de Naciones Unidas, “es más preciso referirse a ‘personas desplazadas en el contexto de desastres y cambio climático’, ya que el cambio climático genera desplazamientos internos y afecta a las personas dentro de sus propios países”. (Acnur, 2019)

Sin embargo, y a pesar de que los expertos no llegan a un consenso, el concepto de refugiado ambiental es ya reconocido por países como Suecia y Finlandia, que lo recogen y tipifican en su legislación.

La OIM lo define como:

“Las personas o grupos de personas que por motivo de cambios repentinos o progresivos en el medioambiente, que afectan adversamente su vida o sus condiciones de vida, se ven obligadas a abandonar sus lugares de residencia habituales o deciden hacerlo, bien sea con carácter temporal o permanente, y que se desplazan dentro de sus propios países o al extranjero”. (OIM, 2007)

Este último es un término más amplio y toma en cuenta una realidad que se hace más palpable en el escenario climático mundial actual, pues abarca desde los desplazados por razones estrictamente naturales hasta aquellos que por los efectos de la acción humana sobre el medioambiente —sea la deforestación, la sobreexplotación de los recursos hídricos o los impactos del cambio climático— se ven forzados a migrar, además de que reconoce la interrelación entre los factores medioambientales, políticos y socioeconómicos.

La complejidad del tema es aún mayor cuando se toman en cuenta los impactos cruzados entre las causantes. En el Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, financiado por los países miembros de la OIM, se advierten esas interrelaciones:

“Al estudiar la migración forzada o involuntaria —a veces denominada como desplazamiento forzado o involuntario— se suele hacer una distinción entre los desplazamientos generados por conflictos y los generados por desastres. El desplazamiento generado por un conflicto se considera típicamente causado por el ser humano, mientras que en el caso de los desastres las causas son naturales. Las definiciones de estos conceptos son útiles, pero en la práctica las líneas divisorias pueden ser borrosas, porque los conflictos se derivan a veces de litigios por los recursos naturales, y la actividad humana puede desencadenar desastres naturales, tales como los deslizamientos de tierras”. (OIM, Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, 2020)

Según Acnur, la extensión del reconocimiento de refugiado ambiental supondría la posibilidad de aplicar las mismas soluciones que a los refugiados políticos: la repatriación voluntaria o retorno voluntario al país de origen, el reasentamiento o traslado a un tercer país distinto al de asilo y la integración local o la permanencia en el país de acogida. (Borrás, 2016)

En el caso de los pobladores de las pequeñas islas del Pacífico, es nula la posibilidad de retorno a sus hogares anteriores de residencia cuando su desplazamiento se debe a procesos de evolución lenta como la elevación del nivel del mar, que ocupa suelos y eleva los riesgos de desastres por ciclones y mareas.

Acnur, con base en informes del IPCC, cuenta con varios estudios sobre el cambio climático y los desastres naturales. El organismo ha advertido que en el futuro habrá un aumento de la movilidad y los desplazamientos humanos, tanto internos como externos, permanentes o no.

Las ediciones de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en París (2015, COP21), Marrakech (2016, COP22) y Madrid (2019, COP25) han abordado los impactos del calentamiento global y otros temas relacionados, pero no el estatuto de los refugiados ambientales.

A finales de 2018, la comunidad internacional firmó el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que reconoció el cambio climático como causa de la migración forzosa y, por primera vez, la existencia de refugiados ambientales.

El Pacto estableció bases para que los Estados adopten mecanismos que minimicen los efectos adversos de la crisis climática sobre las personas, con el objetivo de que estas no se vean forzadas a migrar.

Si bien el Pacto fue un paso de avance, sigue siendo ambiguo y no vinculante en cuanto a reconocer la situación de los refugiados ambientales.

Sergio de Otto, experto de la organización Ecología y Desarrollo (Ecodes), explicaba sobre este tema que “el cambio climático es el último eslabón de una relación equivocada del hombre con la naturaleza, y fenómenos que hoy hacen que alguien emigre están causados por problemas medioambientales de hace 15 años, por políticas extractivas, por nuestro modelo productivo… Por eso, determinar quién es migrante climático es muy difícil”[6].

Esta falta de reacción y acuerdo por parte de los organismos internacionales y los Estados se origina en la dificultad para dar forma legal al concepto. Por un lado, aunque la mayoría considera que las catástrofes naturales suponen una razón suficiente para migrar, por su carácter inmediato, no es tan claro cuando los cambios en el medioambiente se dan de una forma más lenta y gradual. Por tanto, sería más complicado relacionar la causa de una migración por la desertificación de una región que por un tsunami.

Desde otra perspectiva, algunas organizaciones consideran que los afectados por la crisis climática o desastres medioambientales pueden recurrir a sus gobiernos para obtener protección. En el caso de las personas perseguidas por razones de raza, religión o ideales políticos, estas no pueden hacer lo mismo, ya que pueden ser sus propios gobiernos los causantes de su situación.

Este escenario coloca a los desplazados ambientales en un limbo legal, con un escaso o nulo reconocimiento y sin protección jurídica. En consecuencia, corre riesgo su integridad y no pueden acceder a necesidades básicas como atención de salud, educación, vivienda y alimento. En general, solo se les incluye dentro de los flujos migratorios de raíz económica y no son susceptibles de recibir el estatus de refugiado.

En febrero de 2020, el Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró que los países no pueden deportar a las personas que enfrentan condiciones inducidas por el cambio climático. La Agencia de la Naciones Unidas para los Refugiados calificó la decisión de “histórica” y destacó que puede tener repercusiones importantes para la protección internacional de las personas desplazadas en el contexto del cambio climático y los crecientes desastres naturales.

También subrayó la importancia de que los países adopten medidas para prevenir o mitigar los riesgos asociados al cambio climático, que en el futuro podrían obligar a las personas a abandonar naciones o territorios, lo que conllevaría una serie de obligaciones internacionales y gubernamentales. A pesar del carácter no vinculante de estas decisiones, son pasos positivos hacia la conceptualización legal de esta figura y la protección efectiva y legal de estas personas.

Las islas del Pacífico y su situación actual

Los factores medioambientales han actuado como causa de numerosas migraciones. Contingentes de personas han emigrado debido a la necesidad de abandonar tierras devoradas por desiertos, inundaciones y otros cataclismos naturales más violentos. (Álvarez, 2005)

Para la doctora Álvarez, “las migraciones, con el capitalismo, adquirieron un carácter internacional. Hasta la irrupción de este sistema, los movimientos migratorios tuvieron un carácter esencialmente limitado y local, circunscrito, en el plano geoeconómico, a las áreas continentales”. (2005, p. 64)

La región del Pacífico insular está caracterizada por Naciones Unidas como el área menos dinámica del mundo, a partir de sus propias condiciones, peculiaridades geográficas y escasos recursos naturales. Se podría decir que la región ocupa un lugar poco prominente dentro del sistema centro-periferia del capitalismo mundial, al encontrarse lejos de los mercados principales y contar con escasos recursos económicos y rubros exportables, todo lo cual brinda escasas posibilidades de desarrollo.

En los últimos años, los efectos del cambio climático antropogénico han generado un empeoramiento de la crisis económica y social y un aumento de la tendencia migratoria desde la región, lo cual afecta las capacidades de desarrollo de Estados y comunidades y descapitaliza a las islas de sus recursos humanos.

Entre los problemas medioambientales principales a los que se enfrentan estas islas —consecuencias del calentamiento global—, sobresalen en los últimos años el aumento del nivel del mar, la alteración de los patrones climáticos (tormentas más frecuentes e intensas), el agotamiento de las reservas de agua dulce y el blanqueamiento del coral. Este último, un fenómeno no valorado suficientemente en ocasiones (los arrecifes de coral, no meros organismos sino auténticos ecosistemas que proporcionan el hábitat del 25% de las especias marinas, podrían haberse extinguido en un 90% hacia 2050 si continúa el actual ritmo de calentamiento y acidificación de las aguas por el aumento del CO2 que absorbe el mar), que provoca el empobrecimiento de las reservas pesqueras y hace mayor el riesgo de la inseguridad alimentaria.

Según un informe comisionado por países del G7, el aumento del nivel del mar “es una amenaza para la viabilidad económica y física de las zonas bajas, ya que los recursos terrestres y costeros se pierden gradualmente. Esto puede conducir al malestar social, el desplazamiento y la migración, así como a desacuerdos sobre las fronteras marítimas y los recursos oceánicos”. (G7, 2015)

El océano Pacífico alberga el 60% de la pesca mundial y gran parte de sus aguas están bajo jurisdicción de las naciones insulares del Pacífico. Asimismo, las zonas económicas exclusivas (ZEE) de las naciones insulares del Pacífico abarcan en su totalidad cerca de 30 millones de kilómetros cuadrados y representan un recurso económico significativo para esos Estados. (Shibuya, 2007)

En el escenario actual, cuando ya se sienten los efectos de la elevación del mar y otros que genera el cambio climático, las poblaciones de las islas ven la emigración como única salida.

De acuerdo con datos del IDMC (2019), más de un tercio del total de los nuevos desplazamientos a nivel mundial se registraron en la región (9.3 millones), la mayoría asociados a desastres.

Entretanto, los gobiernos de estas islas, al no contar con recursos financieros para mitigar el cambio climático, buscan soluciones políticas entre las que se encuentra negociar garantías con países de la región, como Australia y Nueva Zelanda, para que funjan como receptores de sus nacionales en caso de que sus territorios se convirtieran en inhabitables.

Seguidamente pormenorizamos la situación de algunos de los Estados del Pacífico Sur:

Kiribati: ya han desaparecido por completo dos de las islas que integraban el archipiélago y las previsiones de los científicos auguran que tan solo quedan unos 50 años a las demás, especialmente las de menor altitud, para seguir el mismo camino. Desde 2005, el gobierno kiribatense ha estado comprando 2.000 hectáreas de tierras en Fiyi y, con el permiso del país, planea trasladar a sus 100.000 habitantes si su territorio se vuelve inhabitable. Pero Fiyi, aunque montañoso y con mejores perspectivas que otras naciones del Pacífico, también ha tenido que enfrentarse al desplazamiento desde localidades costeras dentro de sus fronteras.

Islas Marshall: esta república insular del Pacífico abarca 34 islas del tipo atolón, cuya altitud promedio es de tres a cuatro metros sobre el nivel del mar, y se divide en dos archipiélagos principales: Ralik y Ratac.

El 20% de la costa de Majuro, su capital, ya ha sucumbido al avance del océano, a pesar de que se ha intentado construir diques de contención que han sido arrasados por las mareas. Se considera que es uno de los puntos del mundo donde el nivel de las aguas sube con mayor rapidez.

Nauru: la república más pequeña del mundo, con poco más de 21 km². Sus 10.000 habitantes, además de padecer obesidad, diabetes y problemas renales debido a su mala alimentación y falta de ejercicio y haber sufrido daños irreparables en su ambiente por la extracción masiva de fosfatos por transnacionales británicas, están condenados a desaparecer como nación ante el avance imparable de las aguas oceánicas.

El gobierno de la isla está en tratativas con países como Australia, Taiwán y Nueva Zelanda para buscar refugio en sus territorios si ocurre lo peor y la isla sucumbe definitivamente.

Islas Salomón: en la Cumbre de la Tierra de Copenhague, en 2009, se presentó el caso de estas islas, que desaparecen a ojos vistas tragadas por el Pacífico y cuyos territorios albergan a unos 600.000 habitantes.

Su capital es Honiara, en la isla de Guadalcanal, y muchas de las pequeñas islas del archipiélago son volcanes activos, lo cual no contribuye a que el futuro de este pequeño Estado insular se vea más promisorio.

Tuvalu: es un país insular de la Polinesia que consta de cinco atolones y cuatro arrecifes. Tiene apenas cinco metros de altitud promedio sobre el nivel del mar, por lo que está expuesto a las crecidas que pueda experimentar el Pacífico debido al cambio climático. Está considerado como el país que más cuida su ambiente y menos contamina el mundo. En caso de que las islas desaparezcan, sus habitantes serían recibidos por Nueva Zelanda o por Niue. Esta última es una isla que no corre peligro de desaparecer y cuya tasa de natalidad es muy baja. Fue la primera en buscar soluciones para su población. Luego de una desastrosa aventura para comprar tierras en Texas y trasladar a Estados Unidos su población en los años ochenta, intentó que Australia aceptase una pequeña cantidad de refugiados anualmente, pero ese país rechazó la propuesta en 2001, tras lo cual acudió a buscar ayuda en Nueva Zelanda, que sí aceptó y permite desde 2002 la entrada anual de 79 tuvaluanos. Aunque el acuerdo ha resultado prometedor, con la actual cifra se tardaría más de un siglo en desplazar a toda la población actual, una perspectiva a la que se añaden el crecimiento demográfico y la posibilidad de que el país quede sumergido mucho antes de completarse dicho traslado.

¿Cómo evacuar un país entero? ¿Cómo gestionar su desaparición o la supervivencia de su cultura? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta en la actualidad.

En cumbres sucesivas, desde la de París (COP21, 2015), se han hecho llamamientos a reconocer el estatus de los refugiados climáticos, instando a modificar los acuerdos de la Convención de Ginebra para concederles la misma protección y derechos que posee hoy el refugiado, pero no se ha alcanzado un acuerdo que obligue a los Estados a adoptar este concepto.

Tras su viaje por Oceanía, Guterres afirmaba que “los riesgos son demasiado reales. Se están reubicando pueblos enteros, destruyendo medios de subsistencia. Las personas están enfermando de dolencias relacionadas con el clima, y en Tuvalu vi a un país entero luchando para preservar su propia existencia. Su voz es fuerte y clara: el cambio climático no puede ser detenido solo por los pequeños países insulares, sino por el resto del mundo”[7].

Una crisis que requiere nuevas políticas y llenar las brechas en la legislación internacional

Siendo el Pacífico Sur la región que menos ha aportado históricamente en emisiones de CO2 a la atmósfera, es hoy la primera que sufre el impacto acelerado del cambio climático, que agrava las condiciones económicas y sociales de los pequeños Estados insulares, drena sus ya escasos recursos y pone a sus habitantes en el camino de la migración forzada cuando la subida del nivel del mar y otras manifestaciones de la crisis ambiental hacen inhabitables las islas.

Enfrentados al desplazamiento forzoso —cuya causa solo empeora o es permanente y hace imposible el retorno a sus tierras—, los habitantes de las islas miran a un futuro de dispersión e incluso de pérdida de identidad, sin el estatus y la protección legal de un refugiado con amparo en el derecho internacional, lo que pone en riesgo sus derechos y el reconocimiento para integrarse plenamente en las sociedades de recepción.

El cambio climático, que amenaza con ampliar la desigualdad y la brecha en detrimento de los más pobres, generar mayor inseguridad alimentaria y revertir a décadas atrás los índices de desarrollo económico y social y de salud, también plantea peligros y desafíos en el terreno de los derechos humanos.

La comunidad internacional requiere una nueva definición de refugiado que ampare jurídicamente a personas desplazadas por causas ambientales, cuyo número aumentará en la medida en que se hagan más severos los impactos del cambio climático sobre grandes áreas del planeta, en una tendencia ascendente que confirman los hechos ocurridos en 2020 en términos de altas temperaturas.

El actual marco jurídico, con categorías de refugiados gestadas en el siglo XX, no ofrece soluciones adaptadas al siglo XXI y la emergencia climática al no contemplar las víctimas del cambio climático ni los desplazados ambientales, que con las actuales tendencias serán cada vez más.

Alcanzar el consenso y un acuerdo internacional que otorgue protección legal a esta categoría de desplazados y refugiados, permitiría la adopción de políticas y programas articulados y específicos de reasentamiento (como los que gestionan Acnur y la OIM), entendidos por la OIM como “el  traslado de refugiados desde el país en el que solicitaron protección hacia otro Estado que ha aceptado admitirlos —en calidad de refugiados— y otorgarles la residencia permanente”. (Glosario de la OIM sobre Migración, 2019)

Es necesario superar las lagunas existentes en las normas internacionales de protección de los derechos humanos, renovarlas y actualizarlas acorde con la nueva realidad del siglo XXI, marcada por el cambio climático y su impacto en las comunidades humanas más vulnerables, con el objetivo de que amparen también a la nueva —y cada vez más extendida— figura del desplazado ambiental.

 

* Holguín, 1988. Subdirectora del portal web cubano Cubadebate. Cursa la Maestría en Relaciones Internacionales 2018-2020 en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García. Agregada diplomática en la Embajada de Cuba en Pakistán de 2013 a 2016. Reportera y jefa de información en el periódico ¡ahora! de 2010 a 2012. Graduada de Periodismo en la Universidad de Oriente en 2010. Correo electrónico: ddoime@gmail.com

 

Notas

[1] En “Combatir con urgencia el cambio climático: algo que podemos y debemos hacer, por António Guterres”, Noticias ONU, 31 de mayo de 2019. En: https://news.un.org/es/story/2019/05/1457191

[2] En “Hacia el apartheid climático”, en Noticias ONU, 25 de junio de 2019. En: https://news.un.org/es/story/2019/06/1458411

[3] En Migration Data Portal, OIM, Environmental Migration, junio de 2020. En: https://migrationdataportal.org/themes/environmental_migration

[4] En “Nuevo récord de desplazados forzosos en 2019”, Acnur, 18 de junio de 2020. En: https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/informe-tendencias-globales-desplazamiento-2019#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20informe%20de%20ACNUR,con%20respecto%20al%20a%C3%B1o%20anterior.

[5] En “El apartheid climático que puede condenar a la pobreza a otros 120 millones de personas”, en BBC News Mundo, 26 de junio de 2019. En: https://www.bbc.com/mundo/noticias-48776564

[6] En “Desplazados por el clima: Son desconocidos, pero son millones”, en El País, 7 de diciembre de 2019. En: https://elpais.com/sociedad/2019/12/03/actualidad/1575399365_095982.html

[7] En “Guterres concluye su gira por Oceanía, ejemplo para el mundo de la lucha contra el cambio climático”, en Noticias ONU, 18 de mayo de 2019. En: https://news.un.org/es/story/2019/05/1456201

 

Bibliografía

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           https://eacnur.org/files/global_trends_informe_espanol.pdf

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           https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf

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