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EL MAR ARGENTINO NO ES UN BIEN GLOBAL COMÚN

Daniel Alberto Symcha*

La caquistocracia es, en el análisis y la crítica política, un concepto que se utiliza para designar sistemas políticos donde el poder es controlado por las personas menos cualificadas, menos aptas, corruptas o más inescrupulosas. La firma entre la Armada Argentina y el Comando Sur de los Estados Unidos para cooperación militar en el programa «Protección de los Bienes Comunes Globales» es un claro ejemplo del momento político de Argentina.

 

La República Argentina atraviesa una profunda crisis estructural, es decir, un conjunto de tensiones acumuladas entre modelos sociales, económicos, un sistema político debilitado y sin liderazgos en una estructura identitaria cultural sistemáticamente fragmentada lo que produce que sectores sociales vivan dentro de marcos simbólicos muy distintos consumiendo y construyendo relatos completamente opuestos sobre la realidad.

Este «magma de significaciones imaginarias sociales», tal como lo definía el sociólogo greco francés Cornelius Castoriadis, es el conjunto profundo de sentidos, valores, símbolos, ideas y representaciones que una sociedad crea y que le permiten darle significado al mundo, organizarse y entenderse a sí misma y elaborar estrategias para la supervivencia.

Ninguna sociedad funciona sólo por la economía, las finanzas, las leyes o instituciones racionales, es necesario un universo de significados compartidos que responda —explícita o implícitamente— preguntas como: ¿qué es lo valioso?, ¿qué es lo justo?, ¿qué es el progreso?, ¿qué merece respeto?, ¿qué es la familia?, ¿qué es la Nación?, ¿qué futuro deseamos?

Por ende, desde el punto de vista del dominio, el centro de gravedad de la sociedad, su núcleo de poder, equilibrio y voluntad va a residir en la cohesión, en ese magma de significaciones imaginarias sociales. En la teoría militar, el centro de gravedad representa el punto focal desde donde un actor direcciona su libertad de acción, fuerza física o moral por lo tanto el objetivo para un enemigo será operar sobre el centro de gravedad para destruirlo y hacer colapsar la resistencia, generar confusión y lograr los objetivos que se propone sobre nuestro territorio. De ahí la importancia de la Diplomacia Pública, las operaciones psicológicas y la guerra cognitiva.

Fuimos y necesitamos ser

Habiendo alcanzado un alto grado de organización social y habiéndose logrado un índice elevado en el concepto del «Estado de bienestar», durante los años 70 la impericia, la ambición y la traición de las clases dirigentes condujo a la República Argentina a una serie de crisis cada vez más profundas que desembocan, 50 años después, en una vulnerabilidad como Nación, nunca vista a lo largo de la historia.

La dirigencia política desde 1983 a la fecha se ha caracterizado por una profunda ceguera respecto de la posición de nuestro país en el tablero geopolítico y, por ende, una nula planificación estratégica que permita el desarrollo de las capacidades nacionales plenas y la defensa del interés superior de la Nación: la cohesión social que permite generar pertenencia a  una comunidad histórica y política común, en un territorio determinado y que creará las condiciones para el desarrollo de cada uno de sus miembros y por ende la grandeza de esa Nación.

La segmentación en la organización política, las operaciones de influencia en la formación de las clases dirigentes de nuestro país facilitaron la vulnerabilidad del nuestro centro de gravedad

Las hipótesis de conflicto

Por definición si existen 195 países reconocidos en el mundo, incluida la República Argentina, nuestro país automáticamente tiene 194 hipótesis de conflicto, es decir, potenciales escenarios de conflicto, confrontación, disputa. El poder político determinará, de acuerdo con los intereses de la Nación, si la hipótesis de conflicto es remota (Muy baja probabilidad), posible (Sin señales a la vista) o probable (Con señales a la vista). Por la potencial intensidad se clasificarán en: baja intensidad, mediana intensidad o alta intensidad y según los actores será de carácter estatal,  interestatal, transnacional o híbrida. Según el ámbito de desarrollo de la hipótesis se tendrá en cuenta si es territorial, económica, ideológica o política, tecnológica o cultural-cognitiva.

La construcción retórica y política del gobierno argentino y de los responsables de cada ámbito institucional no abreva en el pensamiento de Basil Liddell Hart, André Beaufre, Raymond Aron, Hans Morgenthau, Jorge Atencio o Juan Enrique Guglialmelli sino que adoptan un discurso y un hacer político que fragmenta la atención, emocionaliza el debate, transforma la política en espectáculo permanente y dificulta y/o evita los análisis complejos sobre la soberanía económica, la deuda externa, la política energética, los alineamientos geopolíticos, la situación de la industria nacional, la infraestructura, los recursos naturales o el sistema científico-tecnológico.

Sin cohesión no hay interpretación del pecado

La fragmentación del discurso es una herramienta común en la comunicación política que sirve para para modificar cómo una sociedad percibe la realidad, organiza su atención y construye sentido político de acuerdo con sus intereses. Significa romper una visión integrada de la realidad, la atención colectiva deja de concentrarse en procesos estructurales largos y pasa a reaccionar constantemente a una sucesión de impactos inmediatos. De esta manera si la agenda cambia todo el tiempo, la sociedad vive en presente permanente lo cual impide conectar los elementos que constituyen la sociedad, aparece como hechos separados, no como parte de un mismo proceso histórico o político.

Esto no es algo nuevo. Acerca de la estructura discursiva política han escrito entre otros Noam Chomsky, Pierre Bourdieu, Byung-Chul Han, Edward Bernays, Umberto Eco, Arturo Jauretche desde sus análisis sobre colonización cultural y sentido común y Guy Debord en su obra «La sociedad del espectáculo». Ya nuestro Rodolfo Walsh, al escribir sobre el Cordobazo afirmó: «Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas»[1].

Estamos hablando de la disputa por la memoria histórica, el control del relato y la importancia de transmitir experiencias colectivas, algo que presenta una característica única: un proceso sedimentario donde los sentidos, valores, narrativas y percepciones no aparecen de golpe: se van acumulando, estabilizando y naturalizando con el tiempo, las ideas terminan pareciendo naturales aunque sean construcciones históricas sobre formas de ver el mundo previamente instaladas mediante la acumulación histórica de discursos, símbolos y experiencias difundidas.

Palantir y cómo leer al Pato Donald

La degradación de las capacidades productivas del país como así también las de sanidad, educación, defensa, seguridad, comercio interior y exterior y diplomacia, son de dominio público y tienen varios marcos legales que las propiciaron generados mediante leyes votadas en el Congreso de la Nación.

Uno de los falsos relatos instalados en la sociedad argentina fue que era necesario un fuerte proceso de desregulación y generar el escenario para las potenciales inversiones en inteligencia artificial y centros de datos que iban a desembarcar en nuestro país durante el primer semestre de 2026 y que, finalmente, nunca llegaron.

A cambio toda esa ingeniería legislativa sirvió para ceder soberanía. Los acuerdos con las corporaciones tecnológicas donde se difumina el límite entre lo comercial, la seguridad y la defensa, generan una fuerte vulnerabilidad ya que generan dependencia sobre infraestructura, datos, comunicaciones o capacidades estratégicas que quedan bajo control, total o parcial, de corporaciones extranjeras. Los datos hoy son un recurso estratégico y al estar en manos privadas el Estado puede perder capacidad autónoma de decisión.

La trampa en la elaboración del discurso es que las Big Tech están profundamente vinculadas a sus Estados de origen entonces la tecnología deja de ser sólo «comercial» y pasa a ser: geopolítica, estratégica y vinculada a seguridad nacional.

Pero además las Big Tech no sólo administran tecnología, tienen una fuerte capacidad de influencia cultural y cognitiva ya que pueden moldear la información, la capacidad de visibilidad de la misma, utilizar tecnologías persuasivas para concentrar la atención, direccionar el debate público, la circulación de noticias y sobre todo operar sobre algoritmos de recomendación.

Soberanía versus Global Commons

Las capacidades limitadas de quienes dirigen las instituciones en nuestro país, en el campo diplomático o de la defensa nacional se hacen más evidentes.

Según el derecho internacional, particularmente en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se establece que Argentina tiene soberanía sobre el mar territorial, derechos soberanos sobre la ZEE (Zona Económica Exclusiva), y derechos sobre plataforma continental reconocida. Lo que conocemos como Mar Argentino, jurídicamente es argentino, aunque suene redundante, no es un Bien Común Global.

La Armada Argentina y el Comando Sur de Estados Unidos firmaron el programa «Protección de Bienes Comunes Globales» (Protecting Global Commons Program) con una duración de cinco años y se busca reforzar la vigilancia, el patrullaje y el control marítimo lo cual forma parte de la estrategia hemisférica de seguridad marítima impulsada por Estados Unidos para el Atlántico Sur y la proyección hacia el área antártica.

Los Global Commons, denominación inglesa de bienes globales comunes, en lo vinculado al mar son las aguas internacionales donde existe libertad de navegación, de pesca, circulación internacional fuera de jurisdicciones nacionales y rige un régimen internacional marítimo, ningún Estado posee soberanía exclusiva sobre esos espacios.

Argentina se sube al carrusel de ruptura del orden internacional que está llevando adelante Estados Unidos sabiendo que no tiene las capacidades técnicas pero facilitando legalmente la posibilidad de que la US Navy tome como base de operaciones puertos argentinos para terminar de cerrar lo prometido a la Generala Laura Ritchardson y al entonces jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), Almirante Alvin Holsey.

De esta forma una parte de la 4ta Flota que posee base en la Estación Naval de Mayport, ubicada en Jacksonville, Florida, podrá operar desde territorio argentino para controlar tanto el estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake ― o mar de Hoces― como así también las operaciones en la Antártida y en el Cabo de Buena Esperanza, principal ruta comercial cuando hay problemas en el Canal de Suez, el mar Rojo, o Medio Oriente.

La importancia estratégica de nuestros puertos determina que ese pasaje interoceánico con un buque de la clase «Arleigh Burke-class destroyer» tarda entre 8 y 10 días en posicionarse para control o ataque mientras que desde Diego García en el océano Índico tardaría entre 10 y 12 y desde la actual base en Florida tardarían entre 14 y 18 días.

Eso muestra cómo el Atlántico Sur, el Índico, y el extremo sur sudamericano
forman parte de una misma lógica estratégica oceánica global que necesitan controlar los Estados Unidos a partir de la posición estratégica que el actual gobierno argentino cede por migajas.

 

* Periodista. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, Universidad Nacional de La Plata. Investigador de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

 

Cita

[1] Extraído de «Periódico de la CGT de los Argentinos». Colección Completa. Números 1 al 55, mayo de 1968 – febrero de 1970, www.cgtargentinos.org, junio de 2006.

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DESDE LA PERSPECTIVA EUROPEA, ARGENTINA ES UN PARAÍSO PARA EL LAVADO DE DINERO

Gaby Weber (desde Alemania)*

Que el dinero negro pueda legalizarse en Argentina no es nada nuevo. La expresidenta peronista Cristina Kirchner ya había autorizado en dos ocasiones la declaración de capital no declarado ante las autoridades fiscales para su reincorporación a la economía argentina: con la Ley 26.476 (en 2008) y con la Ley 26.860 (en 2013). Pero el nuevo presidente, el ultraderechista Javier Milei, tiene muchas posibilidades de establecer un récord de lavado de dinero, y las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea guardan silencio. Pero el sector bancario privado europeo es menos indulgente y ha incluido al país en su lista de sanciones, secretamente.

La primera ley por el lavado de dinero de Milei entró en vigor en julio de 2024, apenas seis meses después de asumir el cargo. La Ley N° 27.743 fue apodada por los medios argentinos como la «Ley de Blanqueo». De ese modo, el capital de origen dudoso podía transferirse a la Argentina e invertirse sin límite, costos adicionales ni impuestos hasta el 31 de diciembre de 2025. No se requería comprobante de origen. Se estima que más de US$ 20 mil millones de dólares estadounidenses ingresaron al país de esta manera.

De repente, aparecieron enormes letreros anunciando «Aptos para el blanqueo» en obras de construcción por todo Buenos Aires. Sin embargo, algunos funcionarios de la AFIP estaban interesados ​​en saber quiénes se beneficiaban de esta nueva ley y en qué medida. Milei, presumiblemente, consideró esto contraproducente y, por lo tanto, disolvió la AFIP mediante el decreto 953/2024. La nueva agencia, ARCA, estaba integrada por personas de su confianza y se encargaría de los asuntos fiscales y aduaneros a partir de entonces. Sin embargo, como alardeaba el autoproclamado anarcocapitalista, sería menos burocrática, lo que haría que todo el proceso fuera «más accesible y eficiente para el ciudadano».

Miembros del Poder Judicial e incluso de la Iglesia Católica advirtieron que los cárteles de la droga, en particular, explotarían estas nuevas regulaciones ―o mejor dicho la falta de regulaciones―, ya que las políticas sociales neoliberales radicales habían incrementado drásticamente el poder de los narcotraficantes. En los suburbios, el nuevo gobierno reprimió a los grupos comunitarios y recortó los programas sociales; los narcotraficantes llenaron este vacío.

El flujo constante de dólares de los narcotraficantes disminuyó el año pasado, por lo que Milei intentó otra ley para hacerse con el «dinero oculto», como lo denominó el Ministerio de Economía. En enero de 2026 entró en vigor la ley de «inocencia fiscal», que legalizaba los ahorros previamente no declarados. Nadie tenía que demostrar cómo había adquirido su riqueza; se presumía su inocencia y se invirtió la carga de la prueba. En lugar de que el propietario del capital tuviera que probar su origen, el sistema judicial debía aportar pruebas concretas. Incluso los bancos locales percibieron problemas con la seguridad jurídica y el cumplimiento de las obligaciones internacionales contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, desestimó las críticas, decidiendo que una simple solicitud era suficiente y que no se podía exigir ninguna prueba adicional.

También se abolió la normativa que obligaba a notificar automáticamente a las autoridades fiscales las transacciones financieras superiores a 10 millones de pesos, y aún se permitía la compra de bienes inmuebles en efectivo, incluso en pequeños billetes. Esta práctica lleva tiempo prohibida en países vecinos como Uruguay y Chile. Además, se redujeron significativamente las sanciones por evasión fiscal. El Ministerio de Economía pretende controlar los US$ 170.000 millones que sospecha que están bajo del colchón, «ocultos». Se fortalecerán las reservas del Banco Central y se saldarán las deudas externas.

El FMI debería haber dado la voz de alarma y sancionado al país, pero recientemente le ha concedido otro préstamo de US$ 10.000 millones. Y esto es puramente por motivos políticos. Milei apoya incondicionalmente a Donald Trump y Benjamín Netanyahu y ahora quiere privatizar el suministro de agua y la Hidrovía del Paraná.

Su Armada acaba de firmar un memorando de entendimiento con la Cuarta Flota del Comando Sur de Estados Unidos sobre cooperación en materia de «amenazas». En él, las aguas argentinas se consideran un «bien común global», lo que el diario Página 12 describe como una «rendición de soberanía».

Junto con sus homólogos argentinos, los marines estadounidenses planean expulsar a los buques factoría chinos que agotan regularmente los caladeros de la costa. Japón y España hacen lo mismo, pero no se les menciona en este contexto. Milei fue fotografiado en el portaaviones USS Nimitz con su hermana Karina y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno (ex de JPMorgan). El embajador estadounidense presente celebró «una nueva era de profundo acercamiento estratégico».

Es comprensible que el FMI no quiera denunciar a la persona tan útil como lavador de dinero. Sin embargo, en Europa, el sector bancario privado tiene una opinión diferente y sus propias listas de sanciones. Cualquier persona que desee ser cliente del Deutsche Bank, por ejemplo, y que resida en Argentina, es informada de que Argentina es un país de alto riesgo y que no es bienvenida como nuevo cliente.

La Comisión Europea no suele ser mezquina a la hora de imponer sanciones, especialmente cuando las empresas hacen negocios con Rusia o cuando los periodistas supuestamente difunden «narrativas rusas».

La Comisión Europea, mediante el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, del 14 de julio de 2016, identificó terceros países que presentan un alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Su Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una lista de países sometidos a un escrutinio reforzado (la «lista gris»), que se actualiza periódicamente. Esta lista del GAFI contiene cuatro categorías de países de alto riesgo, entre los que se incluyen Rusia y Bolivia[1].

Por razones inexplicables, Argentina no figura en esta lista, a pesar de que existen muchos motivos para su presencia, entre ellos, las leyes contra el blanqueo de capitales del presidente Milei. En las elecciones provinciales del pasado octubre, su principal candidato por Buenos Aires fue José Luis Espert. Poco antes de las elecciones se supo que había sido financiado durante mucho tiempo por el narcotraficante Fred Machado, quien también le había proporcionado los aviones para la campaña. Machado fue extraditado a Estados Unidos y se declaró culpable de lavado de dinero y fraude. Sin embargo, Milei apoya a su amigo, calificándolo de «víctima de una vil campaña mediática».

El dinero negro repatriado no ha impulsado la economía nacional. Desde que Milei asumió el cargo hace dos años y medio, 24.437 empresas han quebrado; la economía no se encontraba en tan mal estado ni siquiera después del confinamiento de siete meses durante la pandemia de COVID-19. Solo las industrias minera y petrolera siguen recibiendo fondos, pero únicamente las empresas extranjeras se benefician de ello.

 

* Nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde 2002 vive en Buenos Aires. Periodista de investigación con varios libros publicados en Alemania y la Argentina, trabaja para medios de todo el mundo, especialmente en lengua alemana. Entre sus libros podemos mencionar: «Los expedientes Eichmann. Los archivos desclasificados que revelan su relación con el sionismo, la Guerra Fría, la bomba atómica y el engaño sobre su secuestro en la Argentina».

 

Cita

[1] Banking Industry 2026. Reportlinker.com, https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2026/rs_03_26_hochrisikostaaten_gw.html?nn=156690 

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ARGENTINA: JUECES CONFIRMAN EL PACTO DE SILENCIO SOBRE EICHMANN

Gaby Weber*

Gaby Weber con integrantes de ODIA, el Observatorio de Derecho Informática Argentina, quienes consideran el caso un precedente. Imagen: GW

 

Ahora, el tribunal de apelaciones de Buenos Aires ha ratificado el sobreseimiento de la causa penal contra el Ministerio de Relaciones Exteriores por robo de documentos. El ministro no tendrá que revelar dónde escondió sus documentos secretos y el ministerio no será registrado, como yo solicité, a pesar de que la Corte Suprema del país ha exigido la publicación de los archivos de Eichmann. Pero hoy en día, ya no se trata de ley y justicia, sino solo de poder; y nadie quiere enfrentarse a Israel ni al Mossad. El pacto de silencio se mantiene.

Durante años, he estado litigando en Argentina para que se publiquen los archivos del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, a quien el Mossad supuestamente secuestró en Buenos Aires en mayo de 1960, heroicamente, por supuesto. Esta historia se cuenta en los libros de historia. Según mi investigación, esta historia es completamente falsa, razón por la cual demandé al Servicio Federal de Inteligencia Alemán (BND) para que me entregara sus archivos sobre Eichmann en 2008 y recibí al menos el 80 % de ellos en ese momento.

Desde 2016, también he emprendido acciones legales en Argentina, entonces gobernada por los peronistas. Inicialmente, perdí, pero desde la aprobación de la nueva Ley de Libertad de Información N° 27.275, he estado ganando, al menos en los tribunales administrativos. Incluso la Corte Suprema dictaminó que los telegramas aún secretos del Ministerio de Relaciones Exteriores debían publicarse. El ministerio se había negado, alegando «daños irreparables». Sin embargo, tras el fallo favorable de la Corte Suprema, alegó que los documentos habían sido «robados», por lo que presenté una denuncia penal por robo.

Primero, el nuevo juez se negó a reconocerme como codemandante; apelé y gané. Luego se negó a aceptar mis solicitudes de pruebas; apelé de nuevo y gané. Entonces mi abogado, Marcos Filardi, citó a testigos muy interesantes, incluido el exdirector del archivo, quien testificó (como todos saben) que los documentos altamente clasificados no se guardan en el archivo público, sino a nivel ministerial. Pero el juez no fue más allá y rechazó nuestra solicitud de interrogar al ministro de Asuntos Exteriores o registrar el ministerio; desestimó el caso, alegando que se habían agotado todas las vías para acceder a estos documentos «perdidos». Apelé de nuevo.

Hace seis semanas se celebró una audiencia pública y uno de los tres jueces de apelación (Gustavo Hornos) expresó su profundo respeto por mi búsqueda de la verdad histórica. Esto nunca me había sucedido antes; normalmente me tachan de «problemático» o algo similar. Estuvieron presentes representantes del ODIA, el Observatorio de Derecho Informático Argentina, quienes consideran el caso un precedente. «Si se salen con la suya, todos perderemos el acceso a los archivos», afirmó Sebastián Marchano, del ODIA.

Ya está disponible el veredicto escrito. De los tres jueces, dos confirmaron el sobreseimiento del caso; el juez Mariano Borinsky explicó que no se podía hacer nada más. Se rumorea que tiene estrechos vínculos con la DAIA (el brazo político de la comunidad judía, que muchos consideran el brazo del Mossad en Argentina), y en febrero pasado pronunció un discurso elogioso en el tribunal penal alabando el derecho procesal israelí. Sin embargo, en su justificación escrita, declaró que el sobreseimiento actual del proceso penal era solo «provisional» y podría reabrirse si aparecieran nuevas pruebas. Esto presumiblemente significa que si otros países rompen el pacto de silencio sobre los sucesos de mayo de 1960 (¿quizás Rusia, Francia?), entonces estos documentos podrían volver a ser solicitados al Ministerio de Relaciones Exteriores. Argentina no quiere ser la primera en pronunciarse.

El juez Hornos publicó su voto particular, calificando el sobreseimiento del caso de «prematuro» y «defectuoso». Afirmó que el ministerio demandado no había explicado por qué mis solicitudes de pruebas —a saber, interrogar al ministro y registrar la agencia— serían ineficaces; simplemente habían adoptado los motivos generales de sobreseimiento del tribunal inferior. Además, el juez Hornos sostuvo que aclarar estos hechos históricos era de interés público. Al menos… El veredicto, excepcionalmente, ha sido publicado y criticado por varios medios de comunicación.

Gaby Weber con el abogado Marcos Filardi durante la audiencia judicial. Foto: B.W.

Actualmente, en Argentina se vive una auténtica persecución contra todos los periodistas; se les prohíbe el acceso a edificios gubernamentales y son objeto de constantes insultos, incluso entre colegas de periódicos conservadores. El gobierno de Milei va de un escándalo de corrupción a otro y culpa a los medios de comunicación. La libertad de prensa e información les resulta ajena. Y mi caso fue el primero en ser presentado ante un tribunal en virtud de la nueva Ley de Libertad de Información.

Ahora apelaré la desestimación ante la Corte Suprema, porque no solo se está violando la Ley de Libertad de Información y se está mintiendo al público, sino que también se está ignorando el fallo de la Corte Suprema. Pero esto llevará mucho tiempo.

El presidente Javier Milei es un declarado partidario de Netanyahu, e Israel está decidido a mantener su campaña de desinformación sobre Eichmann; los archivos del Mossad están sellados.

El caso de Eichmann y las noticias falsas que lo rodean también será examinado en el Tribunal Administrativo Federal de Leipzig el 4 de junio de 2026. Mi demanda contra el Servicio Federal de Inteligencia (BND) se escuchará allí a partir de las 9:15 h. Se refiere a la parte aún clasificada de sus archivos sobre Eichmann. El plazo máximo de confidencialidad legalmente establecido de 60 años ya ha expirado, pero el BND se niega a renunciar a la confidencialidad. El Tribunal Administrativo Federal apoya su argumento de que la divulgación «pondría en peligro la seguridad de la República Federal». El BND ya no quiere respetar el plazo de 60 años, sino que se remite a la directiva sobre información clasificada del Ministerio Federal del Interior, es decir, un reglamento administrativo interno emitido por algunos burócratas a puerta cerrada. En mi opinión, esto es inconstitucional, porque un derecho fundamental sólo puede restringirse por ley, no por un reglamento administrativo. Pero vivimos tiempos difíciles para la prensa y la democracia, y los jueces se prestan a ello.

 

Aquí tienes las opciones para donar y apoyarme:

Por PayPal: gaby.weber@gmx.net

Para transferencias bancarias, por favor, incluye mi nombre completo: Gabriele Weber, y no Gaby, ya que de lo contrario la transacción podría ser rechazada.

 

* Weber estudió lenguas romances y periodismo en la Universidad Libre de Berlín y se doctoró en el Instituto Latinoamericano en 1982. Cofundadora del periódico Taz, trabaja como periodista desde 1978 y como corresponsal independiente desde 1986, inicialmente desde Montevideo y desde 2002 desde Buenos Aires. También ha publicado varios informes e investigaciones exhaustivas sobre la historia de las actividades de inteligencia. Su libro «Eichmann Was Still Needed» se publicó en 2012.

 

Artículo traducido del alemán por el equipo de la SAEEG. Originalmente publicado el 05/05/2026 bajo el título «Argentinien: Richter bestätigen den Schweigepakt über Eichmann», en Overton Magazin, https://overton-magazin.de/hintergrund/politik/argentinien-richter-bestaetigen-den-schweigepakt-ueber-eichmann/