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TIERRA DEL FUEGO. LA PRINCIPAL DAMNIFICADA DE LA PESCA ILEGAL EN MALVINAS Y LA POLÍTICA NACIONAL

César Augusto Lerena*

El pasado miércoles 14 la Fundación Agustina Lerena, que presido, dio a conocer a la Nación Argentina en Río Grande y Ushuaia, pero en particular a los fueguinos, que inició el 09/10/26 una demanda ante el Juzgado Federal de Río Grande Secretaría II, por valor de hasta 26.500 millones de dólares más accesorias, con motivo de la apropiación de más de 4 millones de toneladas de recursos pesqueros de las aguas argentinas de Malvinas, demostrando en forma indubitable, la pesca ilegal por parte empresas de bandera española o asociadas a empresas isleñas con la bandera ilegal “Falklands” que operan en las aguas correspondientes de Malvinas y la violación del artículo 27 bis de la Ley 24.922 por parte de empresas nacionales de capital extranjero.

Algunas empresas por vía indirecta ya han salido a devaluar la demanda. Es lógico que así ocurra, porque los intereses son enormes. Pero, es importante dar a conocer, que la Fundación ampliará la demanda contra algunas empresas pesqueras y también sobre un importantísimo número de proveedores de bienes y servicios de empresas argentinas y filiales o representantes de empresas extranjeras establecidos en Argentina que también forman parte de cadenas comerciales que abastecen a operadores pesqueros de Malvinas.

Ya daremos a conocer el insospechado detalle de empresas que la investigación de la Fundación agregará a la demanda: Proveedores que suministraron maquinaria y equipos a embarcaciones destinadas específicamente a pescar en Malvinas; empresas de esos mismos grupos con instalaciones, filiales, representantes o servicios técnicos en Argentina; sociedades pesqueras y de otro tipo, que mantienen operaciones y/o participaciones y/o servicios empresariales a ambos lados del Atlántico Sur. Hay mucha documentación publicada por los propios fabricantes y descripciones técnicas de embarcaciones y servicios concretos que hablan por nosotros. Nos está resultando relativamente fácil la identificación de quienes estarían violando la ley nacional e internacional.

Nos ocuparemos de ello, en un próximo artículo, donde difundiremos el quehacer de la Fundación al respecto; pero, en esta oportunidad nos interesa dar a conocer el daño que la pesca ilegal y, quienes contribuyen a ello, le hacen a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (en adelante Tierra del Fuego).

Nuestra Fundación, a través de cientos de artículos publicados en distintos medios y en algunos libros publicados desde hace décadas (por ejemplo: “Malvinas. Biografía de la Entrega” del 2009), ha venido resaltando la importancia de la pesca para la recuperación de la soberanía plena en Malvinas.

Hace años que venimos esperando que nuestros representantes actúen para erradicar o reducir la pesca ilegal en el Atlántico Suroccidental, en procura de defender nuestros derechos a una vida sana; la protección del medio ambiente; garantizar la sostenibilidad de las especies para las generaciones futuras y asegurar la sustentabilidad de los pueblos, mediante la radicación de industrias y la generación de empleo, en zonas desfavorables y estratégicas de la Nación.

Pues bien, ante la ausencia de políticas en este sentido, nuestra Fundación, representando el interés colectivo, ha formalizado una DEMANDA COLECTIVA, en el lugar donde debía hacerlo, que es la Provincia de Tierra del Fuego.

Esta Demanda se inicia con las empresas españolas, porque resulta inadmisible que habiendo el Reino de España reconocido nuestra independencia en 1863, sus buques pesquen en nuestras aguas; pero también avanzamos contra sus socios los isleños británicos, contra quienes facilitan la actividad: como los bancos, astilleros, seguros y quienes prestan la logística que hace posible el transporte y el comercio. Seguiremos, también, contra las empresas coreanas del sur y taiwanesas.

La Pesca ―a nuestro juicio― es una herramienta central para la recuperación plena de la soberanía que prescribe la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. No obstante, en 2012, John Barton, el entonces Director ilegal de Pesca en Malvinas y hoy representante de empresas pesqueras isleñas, dijo: “si no hubiésemos tenido la pesca no hubiésemos sobrevivido en Malvinas”, mientras que quien negociaba los Acuerdos de Madrid en 1988 el embajador radical Lucio García del Solar, en esas reuniones decía: “no nos interesa tratar el tema de la pesca, si las cuestiones militares”, cometiendo un gravísimo error estratégico que consolidó la presencia británica en las islas, que se agravará más aún con la explotación del petróleo.

En nuestra estada en esa provincia estratégica para la reafirmación de la integridad territorial de la Argentina, nos dirigimos a las Autoridades y al pueblo de Tierra del Fuego, para invitarlos a asumir un protagonismo activo respecto a la recuperación de los derechos que tienen sobre nuestros territorios invadidos y explotados por el Reino Unido que son centralmente los que forman parte de esa Provincia y a quienes se les usurpan territorios y recursos pesqueros fundamentales para la radicación población e industrial y la generación de empleo. Es decir, un desarrollo económico vital para asegurar la soberanía política en la parte meridional del Atlántico Suroccidental y en el control del paso bioceánico y el acceso a la Antártida.

Nuestra Fundación DEMANDÓ para proteger el medio ambiente marino; la sostenibilidad de las especies y defender al consumidor; pero, todas estas cuestiones, ponen riesgo también la sustentabilidad de Tierra del Fuego y el bienestar de los fueguinos.

No ponemos en duda (aunque algunos sí), que las decisiones que se tomen sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur; las aguas correspondientes y sus recursos naturales, deberán contar con la opinión y decisión del pueblo de Tierra del Fuego. Ello, pese al insostenible artículo 2° de la Ley 23.775 de Provincialización de Tierra del Fuego, en contraposición con lo prescribe la Constitución Provincial en sus artículos 2°, 81° y 87° y, no puede haber Acuerdo alguno con el Reino Unido que respete la integridad territorial argentina, si eso supone reducir los límites y consecuentes recursos de la Provincia.

Es indispensable para todos los argentinos, que Tierra del Fuego, sus dirigentes y su pueblo, se pongan al frente de la conducción política de la “Cuestión Malvinas”, de modo de iniciar el estudio y debate de aquellas iniciativas que caminen: primero, a fortalecer estratégicamente a la Provincia y, segundo, a elaborar herramientas destinadas a la administración de Malvinas y sus aguas. Entre ellas, nos imaginamos:

  1. a) Administrar las Islas. Es necesario planificar, demostrar internacionalmente y administrar los archipiélagos con hechos concretos que demuestren la titularidad del dominio, la jurisdicción y el gobierno, dando por terminado la etapa de la declamación.

La Provincia, aún sin la posesión de las Islas, debe hacer actos de administración y uno básico es declarar que la pesca en los archipiélagos es Ilegal y ello debería dar lugar a sancionar las herramientas legales que declaren la Emergencia Pesquera y Ambiental mientras la Provincia no recupere la administración de los recursos en las aguas bajo su jurisdicción y dominio. Es asombroso, que la DEMANDA que está realizando la Fundación Agustina Lerena no esté precedida de sumarios y sanciones de la Autoridad de Aplicación de la Nación a los buques pesqueros que pescan en el territorial nacional y de Tierra del Fuego. Una demostración que no debería dejarse pasar y, que nos debería llevar a salir de la sola declaración de “Las Malvinas son argentinas”. 

  1. b) Parte de los recursos pesqueros que se detallan en la DEMANDA, expoliados de las aguas de Malvinas pertenecen a la Provincia de Tierra del Fuego. Y ello, supone rediscutir la adhesión de la Provincia al Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922) y en especial al Artículo 3° que indica que: “Son del dominio de las provincias con litoral marítimo y ejercerán esta jurisdicción los recursos vivos del mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las doce (12) millas marinas”; aplicable también a los archipiélagos de Malvinas; contradiciendo los citados artículos 2°, 81° y 87° de la Constitución Provincial.

De recuperarse Malvinas no se podrían sostener el Archipiélago si se mantuviese el citado artículo 3°, ya que la mayoría de los recursos pesqueros se encuentran en la ZEE de las Islas y no en su mar territorial. Es decir, Tierra del Fuego debe rediscutir la jurisdicción con la Nación; pero, mientras tanto, debiera tener en cuenta que en las Islas es donde se realiza toda la logística que permite sostener la pesca en las aguas argentinas de Malvinas. No habría pescar ilegal si las Islas no existiesen. Paralelamente, discutir los derechos sobre los recursos migratorios, ya que la pesca en Malvinas perjudica a todo el ecosistema argentino y en especial a Tierra del Fuego.

  1. c) La pesca se realiza a través de concesiones a empresas, ya que el recurso es de dominio del Estado. Las concesiones deberían radicarse en territorios estratégicos y, Tierra del Fuego es uno de ellos y establecer reglas de explotación que favorezcan la radicación industrial y el empleo.

El modelo dc concesión pesquera que se aplica mediante la administración nacional y regula la Ley 24.922 es altamente perjudicial para Tierra del Fuego, pese a tener un representante en el Consejo Federal Pesquero. Los desembarcos de 2025 en Ushuaia con 25.411 toneladas representan el 3% del total nacional desembarcado y, además de ello se redujeron en un 22,3% en relación con 2024 y están en baja sostenida desde 2009 donde se desembarcaban más de 90.000 toneladas, además de muy bajo valor agregado y procesarse muchos de estas materias primas desembarcadas fuera de la Provincia.

  1. d) La provincia debería recuperar el Puerto de Ushuaia terminando con una intervención que atenta contra la autonomía provincial y el Puerto de Rio Grande debería construirse en forma moderna, tecnificarse y adecuarse a los nuevos requerimientos de los grandes transportes. No es posible imaginar una Provincia autónoma, sin estos puertos bajo su administración.
  2. e) La provincia debería promover el desistimiento por parte del gobierno nacional de los Acuerdos de Madrid, del pacto de Foradori-Duncan y Mondino-Lammi, además de declarar vencida la Ley 24.184 de Protección y Promoción de las Inversiones Británicas en la Argentina. No es posible sostener “eliminar todos los obstáculos que impidan el desarrollo de los archipiélagos” como refiere el Pacto Foradori-Duncan, sin afectar los intereses y la soberanía de Tierra del Fuego. Estos documentos intentan debilitar la soberanía y las potencialidades de Tierra del Fuego y su gente.
  3. f) Todos los transportes navales o aéreos que tolera la Nación favorecen el abastecimiento de bienes a las Islas; intercambios de tripulaciones y desarrollo sostenido de los archipiélagos. Los transportes a Montevideo y Puerto Arenas facilitan la logística y la continuidad de la invasión británica. Estos transportes son centrales para la ocupación; la explotación, la logística y el comercio de los recursos, más aún cuando los grandes transportes ya no pueden transponer el Canal de Panamá, además, de su fragilidad derivada de las tensiones entre Estados Unidos y China. Tierra del Fuego está destinada a ser el “hub” de la Argentina Austral si lleva políticas adecuadas en este sentido.
  4. g) La cuestión de la Protección del Espacio Aéreo Provincial y ya prohibición de instalaciones extranjeras vinculadas a la Defensa o al estudio del espacio aéreo; debieran ser un motivo de preocupación de los dirigentes de Tierra del Fuego. La puerta de entrada a la Argentina, para bien o para mal, está sin lugar a duda en la provincia.
  5. h) La regulación del uso del suelo en la Provincia debería ser una de las prioridades. La ocupación de Malvinas y de sus territorios marítimos nos hace presumir el avance extranjero sobre los territorios del resto de la Provincia.
  6. i) Respecto a la instalación de la Base Naval. A la par de estar exclusivamente bajo el control de las Fuerzas Armadas Argentinas; debería evaluarse si resulta suficiente, a la luz de las nuevas tecnologías de defensa. Misiles, antimisiles, drones, boyas inteligentes, etc. que podrían dejar vetusta la mejor infraestructura.

Tenemos mucha confianza en la Resolución del Juzgado de Río Grande, donde el reciente fallo de la Sra. Jueza Dra. Mariel Borruto en la causa contra las compañías petroleras Navitas y Rockhopper ha demostrado tener un gran conocimiento, interés y preocupación sobre los daños ambientales que causan estas explotaciones sin la realización de los oportunos Estudios de Impacto Ambiental y, el debido control de la Autoridad de Aplicación Argentina como producto de la invasión británica de las Islas; donde la Jueza, además, ha entendido que la pretensión no se agota en una controversia técnico-ambiental y subyace la defensa de la soberanía nacional como bien colectivo e interés federal.

Nosotros, modestamente agregamos, que los efectos de exploraciones sísmicas petroleras, podrían ser el motivo, del cierre por dos años consecutivos, de la campaña de explotación de la especie calamar “Loligo” en las Islas. 

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena.

LA DEMANDA COLECTIVA CONTRA LAS EMPRESAS QUE PESCAN ILEGALMENTE EN MALVINAS

César Augusto Lerena*

El Ministro de Relaciones Exteriores Quirno citó al Embajador de España a la Cancillería Argentina y le dijo: “Señor Estimado Embajador de la ‘Madre Patria’”, sus barcos están pescando ilegalmente en las aguas argentinas de Malvinas sin habitación de Autoridad de Aplicación Argentina y, en atención a ello y, teniendo en cuenta que la Reina Isabel II el 21 de septiembre de 1863 reconoció la independencia argentina y, con ello la soberanía de Malvinas, por el principio “uti possidetis iuris” (“como poseéis de derecho”), intimo a su gobierno, para que dentro de un plazo perentorio de 24 horas, ordene a las empresas pesqueras gallegas retirar todos sus buques de nuestro territorio marítimo e insular y, de perseverar en esta apropiación ilegal, le informamos que procederemos a iniciar todas las acciones legales e igualmente a retirarle todos los permisos de pesca a las empresas nacionales de capital español radicadas en la Argentina continental”. No, nada de ello ocurrió, es pura ficción.

Desde la sanción de la Ley 24.922 en 1998 la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero teniendo en cuenta la violación por parte de los buques españoles de la Ley 24.922 y la Res. 31/49 de las Naciones Unidas y, con una perseverancia encomiable, año tras año sancionó a todos los buques que pescan en Malvinas y la deuda acumulada de estas empresas gallegas es de tal magnitud que alcanza a varios miles de millones de dólares; deuda que podría llevarlas a la quiebra. No, nada de esto ocurrió. Nunca, en 37 años, se inició un mínimo sumario. Es pura ficción.

En numerosos artículos semanales y algunos libros publicados; conferencias, entrevistas e informaciones a través de las redes denunciamos esta pesca ilegal en Malvinas (y también en alta mar), debido a ello, las empresas nacionales, las extranjeras y sus Cámaras nos convocaron para que fundamentemos nuestras denuncias y los gobiernos por su parte, quisieron conocer con qué herramientas la Argentina podía dar fin a este flagelo. No, nada de esto ocurrió, es pura ficción.

Hay entre 350 y 500 buques extranjeros que pescan “ilegalmente” los recursos migratorios argentinos originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina o de los recursos asociados. Aquí sí, la Autoridad de Aplicación se ocupó y ejecutó un minucioso plan para erradicar esta pesca que se apropia de nuestros recursos y empobrece a nuestros pueblos. No, nada de esto ocurrió, es pura ficción. 

Mientras tanto, el gobierno ilegal en Malvinas dice en su página (Falklandislands Government) que “la gestión pesquera transformó la economía de las Islas Malvinas. Los ingresos del Gobierno de las Islas Malvinas (GIM) aumentaron un 500%, asegurando la autosuficiencia en todos los ámbitos y la pesca representa el 40% del PIB (creemos que más y estamos analizando ello). “Si comes calamares en el sur de Europa, ¡hay aproximadamente un 50% de probabilidades de que sean calamares de las Malvinas!”. Y para ello, los gallegos y Vigo, son una pieza fundamental.

¿Y nosotros? agotados de esperar, nos preguntamos ―como argentinos― que si la Fundación Agustina Lerena que integramos, con Personería Jurídica, creada en 2002 en homenaje a nuestra amada Agustina, una Entidad sin fines de lucro, que tiene por objeto de llevar adelante acciones relativas al cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad de los recursos naturales y la defensa del consumidor. Asociados técnicamente al Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL) y con miembros en la Fundación con una dilatada experiencia en materia pesquera no asumía como Organización No Gubernamental la defensa del interés colectivo no parecía que alguien se ocuparía de trabajar en esta causa nacional que afecta el ambiente; depreda el recurso pesquero y defrauda al consumidor; pero además, violenta la soberanía nacional, impide el desarrollo regional y muy especialmente a la estratégica Tierra del Fuego (léase TdFAeIAS), su asentamiento poblacional y la radicación de industrias en territorios desfavorables y genera de empleo.

Nos preguntamos también: ¿por qué tratándose el pesquero un recurso del Estado Nacional y de las provincias del litoral marítimo ―según la ley vigente― qué política de inequidad lleva el gobierno nacional para que solo se desembarquen en Ushuaia unas 25 mil toneladas anuales de las capturas, es decir, un 3 % del total de los desembarcos nacionales? o ¿por qué no se compensan en favor de esa Provincia -al menos con una parte sustancial- las 250.000 toneladas anuales que se pescan ilegalmente en Malvinas? Y a qué se debe que Río Grande no tenga un puerto estratégico de cara al Atlántico Sur, vital para contrastar con las importantes inversiones que los isleños realizan en Malvinas con los ingresos que le generan nuestros recursos pesqueros, con el objeto para apropiarse de la parte meridional de ese océano, facilitar el tránsito de los grandes buques de carga por el estrecho de Magallanes (ahora Malvinas-Punta Arenas), dar logística a la pesca, etc. y, por cierto, porqué el gobierno no tiene una defensa disuasiva moderna en esa área austral.

Si bien la Fundación, por diversas fuentes recabadas, tiene información detallada de las capturas en Malvinas desde 1976, ha tomado ―al menos por el momento― la información indubitable de las estadísticas pesqueras del ilegal “Falklands Islands Government Fisheries Department” desde año 1989 a 2025 inclusive de la captura de los buques de bandera española o la de los españoles asociados a los isleños británicos que pescan con la bandera ilegal “Falklands” extrayendo en Malvinas 4.101.131 toneladas de productos pesqueros argentinos, violando las Leyes 20.645, 22.584, 24.216, 24.543, 24.922, 25.263, 26.386, 27.564, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y las Resoluciones 1514, 2065 y 31/49 de las Naciones Unidas, entre otras, que se explicitan en la DEMANDA de la Fundación, haciendo reserva de presentar en breve una segunda DEMANDA contra las empresas coreanas, taiwanesas y de Vuanatu que pescan igualmente en forma ilegal en las aguas argentinas de Malvinas y avanzar de igual modo, contra todos los proveedores y empresas de logística (combustibles, transportes, agencias marítimas, etc.) en Argentina (incluso Malvinas) que, en muchos casos, tienen relación con los países vecinos.

Por todas estas razones y con innumerables pruebas indubitables y una investigación que le demandó dos años, la FUNDACIÓN AGUSTINA LERENA, el pasado 09/10/2026 ante el Juzgado Federal de Río Grande (Tierra del Fuego, AeIAS) a cargo de la S.S. la Sra. Jueza Dra. Mariel E. BORRUTO, Secretaría N° 2 (Fundación Agustina Lerena c/Pesquera Moradiña SL y otros s/Amparo Colectivo, Expte. FCR 16446/2026) y con el patrocinio del Dr. Eduardo Salvador Barcesat, DEMANDÓ a las empresas españolas, británicas, isleñas británicas y argentinas (estas últimas por aplicación del artículo 27 bis de la Ley 24.922). por la particular situación de España respecto a la Argentina, que se explicita en la demanda y, si bien el entramado empresario es de alta complejidad y en la DEMANDA alcanzan al momento, a unas ochenta personas físicas y jurídicas, seguidamente suministramos un listado parcial del total de los Demandados por la Fundación:

1) EMPRESAS PESQUERAS GALLEGAS: a) Armadora Nores SL / Pesquerías Nores Marín – Marín (España); b) Armadora Pereira SA – Vigo (España) ; c) Chymar SA / Grupo Touza – Vigo (España); d) Copemar SA – Vigo (España); e) Lafonia Sea Foods SL y Frigoríficos del Morrazo – Vigo/Cangas (España); f) Marfrío SA – Marín (España); g) Pescapuerta SA – Vigo (España); h) Pesmar / Pesquerías Marinenses (Grupo Safío) – Marín (España); i) Pesquera Moradiña SL – Cangas/Vigo (España); j) Pesquera Vaqueiro SL / Pesca Baqueiro SA – Vigo (España); k) Rampesca SA (Grupo Lanzal) – Vigo (España) y l) WOFCO (Worldwide Fishing Company SL) – Moaña (España).

2) JOINT VENTURES EMPRESAS PESQUERAS HISPANO-ISLEÑAS DE MALVINAS (FALKLANDS): a) Argos Group Ltd + Armadora Pereira – Vehículos: Orion Fishing Company Ltd / Jupiter Fishing. (Puerto Argentino-Stanley); b) Beauchene Fishing + Copemar (con participación de Marfrío) – Vehículo: South Atlantic Squid Ltd. (Puerto Argentino-Stanley); c) Fortuna Ltd + Pescapuerta + Astilleros Nodosa + Marfrío – Vehículo: Petrel Fishing Company Ltd. (Puerto Argentino-Stanley); d) Fortuna Ltd + Pescapuerta – Vehículo: Beagle Fishing Company Ltd. (Puerto Argentino-Stanley); e) RBC Ltd Red Back Consultants Ltd + Rampesca SA (Grupo Lanzal) – Vehículo mixto citado: Kalamar Ltd.; f) Seaview Ltd + Lafonia Sea Foods / Moradiña / Frigoríficos del Morrazo / WOFCO – Vehículo: Polar Seafish Ltd / Polar Limited (Lafonia). (Puerto Argentino-Stanley); g) Southern Cross Ltd + Chymar / Grupo Touza – Vehículo: Golden Touza Ltd (GTL). (Puerto Argentino-Stanley).

3) EMPRESAS PESQUERAS NACIONALES QUE TENDRÍAN VÍNCULO CON EMPRESAS QUE PESCAN ILEGALMENTE EN MALVINAS: a) Bricel SA (Puerto Madryn/Buenos Aires); b) Estrella Patagónica SA (EPSA) (Puerto Madryn); c) Conarpesa (Buenos Aires)

4) EMPRESAS NACIONALES QUE INTEGRAN LA “ASOCIACIÓN DE EMPRESAS COMUNITARIAS EN SOCIEDADES MIXTAS DE PESCA” (ACEMIX) JUNTO A EMPRESAS ESPAÑOLAS QUE PESCAN EN MALVINAS: a) IBERCONSA de Argentina S.A.; b) Pesquera Santa Cruz S.A.; c) Pesquera Deseado S.A.; d) El Marisco S.A.; e) Pesquera Ceres S.A.; f) PESANTAR S.A./NEWSAN-PROFAND; g) Ulises Castagnaro; h) Vieira Argentina S.A.

  1. BANCOS ESPAÑOLES QUE FINANCIAN A EMPRESAS QUE PESCAN ILEGALMENTE EN MALVINAS: 1) ABANCA – (Galicia; España); b) Banco Santander – (Cantabria; España; Argentina); c) CaixaBank – (Valencia, España); d) Banco Sabadell (Cataluña, España)
  2. ASTILLEROS ESPAÑOLES RECIBEN SUBSIDIOS ESTATALES PARA MODERNIZACIÓN Y CONSTRUYEN BUQUES QUE PESCAN ILEGALMENTE EN MALVINAS: a) Nodosa Shipyard / Nodosa SL (Marín, Galicia, España); b) Astilleros Armón SA (Navia, Asturias, España); c) Freire Shipyard (Vigo, Galicia, España)
  3. ENTIDADES DE SEGUROS ESPAÑOLAS E INGLESAS QUE ASEGURAN LAS OPERACIONES DE CAPTURA ILEGAL DE LOS BUQUES QUE PESCAN EN MALVINAS: a) Mutua de Vigo (Vigo, España); b) MAPFRE Global Risks (Madrid, España); c) Lloyd’s Syndicate / Lloyd’s Insurance Company SA (origen británico) (Madrid, España)
  4. COMERCIALIZADORAS O PROVEEDORES: a) Pescar-polaris. La filial comercializadora Pescar-Polaris; b) JOSMAR – FoodTech Solutions; c) Bureau Veritas. En este rubro se ampliará en la demanda, porque la fundación ha detectado más de 50 proveedores; prestadores de servicios y otros que estarían violando el artículo 27 bis de la Ley 24.922.

Además, se promueve la quita de la habilitación nacional para operar en la República Argentina a aquellas empresas nacionales de capital argentino o extranjero que hayan violado el artículo 27 bis de la Ley 24.922 reformada por la Ley 26.386, conforme el artículo 28° de aquella.

La DEMANDA se efectúa por una suma de entre US$ 12.351.208.847 a US$ 26.464.994.702, según se cotice el precio de las capturas al valor FOB o MAYORISTA, más actualizaciones y costas y lo que pudiera resultar por la falta de pago de derechos aduaneros, derechos de captura, derechos de exportación, impuestos a las ganancias y al valor agregado, pago de las rentas y tasas de inspección nacionales y las que pudiera indicar la Provincia de Tierra del Fuego, etc. por las especies pesqueras capturadas ilegalmente en las aguas argentinas de Malvinas sin habilitación de la Autoridad de Aplicación Argentina y de la Provincia, provocando un gravísimo daño al medio ambiente; a la sostenibilidad de las especies; a los consumidores; a la soberanía política, económica y alimentaria de la Argentina y al desarrollo del litoral marítimo argentino, su población, su desarrollo industrial y a la generación de empleo.

La Fundación ha solicitado a la Sra. Jueza Federal que:

  1. a) Se establezca como objeto procesal de la causa, la recomposición y/o resarcimiento del daño ambiental colectivo material, moral y punitivo; todo ello, conforme al desarrollo del escrito.
  2. b) Se disponga inaudita parte la medida cautelar peticionada mientras se sustancia la Demanda.
  3. c) Se promueva la caducidad de los buques nacionales que violen el art. 27 bis de la Ley 24.922, conforme el artículo 28°.
  4. d) Se fije la composición de la clase por “toda la comunidad argentina”.

En síntesis, los demandados conocen -y están obligados a cumplir- que no pueden pescar sin habilitación de Argentina en las aguas continentales argentinas ni las igualmente argentinas de Malvinas. Y las empresas españolas y británicas no lo pueden desconocer, porque el Reino de España ha reconocido la Independencia Argentina y su soberanía territorial, que incluye a Malvinas y sus aguas en 1863 y el Acuerdo con la CEE en 1994 con la Argentina y otra decena de elementos probatorios de la ilegal que se detallan en la demanda.

Todo tiene un límite: Cayetano Santos Godino, conocido como “el Petiso Orejudo”, siendo un asesino serial, sus compañeros lo mataron en 1944 en cárcel de Ushuaia por estrangular un gato. Los argentinos, si bien somos tolerantes; no nos toquen a Malvinas; porque son argentinas y, como al unicornio azul, son nuestras y las queremos.

 

* Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). cesarlerena.com.ar

 

ESTADOS UNIDOS, MALVINAS Y LA «BASE» DE LA «INGENUIDAD» LIBERTARIA

Marcelo Javier de los Reyes*

Donald Trump y el rey Carlos III se dan la mano durante la ceremonia de bienvenida en abril de 2026 (Chris Jackson/Pool vía REUTERS).

En marzo de 2024 asistí invitado a una reunión sobre el Atlántico Sur en la cual tuve la oportunidad de conocer a quien se me presentó como asesor de la entonces canciller Diana Mondino y quien sería el que habría propuesto el plan de recuperación de la soberanía plena de las islas Malvinas, usurpadas por el Reino Unido en 1833. Además, han usurpado otras islas del Atlántico Sur, las Georgias del Sur (islas San Pedro para la Argentina, descubiertas el 29 de junio de 1756 por la nave española «León», capitaneada por Gregorio Jerez Manzano) y las Sandwich del Sur (islas Esquivel según el nombre propuesto en Argentina). Preferiría mantener el lugar de reunión y el nombre de ese asesor en reserva, pero me parece que es sumamente interesante dar a conocer lo que esa persona me dijo porque constituye el basamento sobre el cual este gobierno y sus seguidores autodefinidos como «libertarios» consideran que a través de Estados Unidos se podría conseguir que la Bandera Argentina esté flameando nuevamente en las islas. Desde mi punto de vista, considerando que los «libertarios» son grandes ignorantes de la historia y de la política internacional, entre un universo de temas, recurriré a considerar su creencia como una «ingenuidad», tomando este término como un eufemismo porque en realidad es bastante más que inconsciente asumir que esa podría ser la solución del conflicto.

La propuesta que alimenta la fantasía libertaria es un juicio celebrado en 1835 en Connecticut, Estados Unidos[1]. Pero antes de hablar de ese juicio es necesario mencionar el antecedente de este proceso legal y algunas cuestiones que son relevantes.

Los antecedentes del conflicto con Estados Unidos en Malvinas

El 6 de noviembre de 1820 la fragata de guerra «Heroína» ―habilitada como «buque de guerra del Estado»―, al mando del coronel de la marina de las Provincias Unidas de Sudamérica David Jewett, un marino estadounidense nacionalizado argentino, arribó a la bahía de Puerto Soledad, en donde izó la Bandera Nacional y leyó una declaración fechada dos días antes ante loberos y marineros de diversos orígenes. En esa oportunidad afirmó que tomaba posesión de las islas en nombre de las Provincias Unidas «a las que pertenecen por la Ley Natural». Ningún Estado protestó ante esta toma de posesión.

En 1824 Woodbine Parish, comerciante y diplomático, fue designado encargado de negocios, con el rol de cónsul general en Buenos Aires. El 2 de febrero de 1825 se firmó el «Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y su Majestad Británica», lo que significó el reconocimiento tácito de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata por parte del Reino Unido.

Su objetivo era claro: avanzar con los planes británicos sobre las provincias que pertenecieron al Virreinato del Río de la Plata. Para ello hacía reunión de información e influía en quienes podía. Así influyó sobre Luis Vernet, quien intentó interesarlo en su emprendimiento en las Malvinas. Al parecer, a Parish le debió Vernet su nombramiento de gobernador[2], pero luego de que el nuevo comandante se instalara y recibiera información de las islas, el cónsul recibió la orden del ministro Aberdeen y realizó los reclamos en nombre del gobierno británico. El historiador revisionista Elías Santos Giménez Vega dice:

De la reunión entre ambos, surgió un compromiso. VERNET aceptaba la obligación de enviar estudios, informes, mapas a… W. PARISH. También PARISH le impuso los nombres de los ingleses embarcados como falsos desertores. La correspondencia de éstos las podemos leer en los archivos del FOREIGN OFFICE, y estaban dirigidas al Ministro y al Secretario del FOREIGN OFFICE.

Eran opiniones e ideas muy tenidas en cuenta y estudiadas con atención.[3]

Luis Vernet fue nombrado el 10 de junio de 1829 al frente de la Comandancia Política y Militar de las islas Malvinas y sus adyacentes. En realidad se trató de un emprendimiento económico de Vernet

Una vez instalado en Puerto Soledad, organizó las instalaciones y comenzó con la defensa de los recursos naturales del archipiélago para impedir la explotación ilegal de embarcaciones extranjeras. El lugarteniente del gobernador Vernet era el capitán británico Matthew Brisbane con estrecha relación con Parish. Cito nuevamente a Elías Santos Giménez Vega:

PARISH impuso al lugarteniente de las novedades y lo instruyó respecto a las órdenes de Londres. En aquellos parajes, los ingleses de ninguna manera debían ser molestados… y como contrapartida: sí todos aquellos que no lo fueran, especialmente si eran norteamericanos. Porque el ministro CANNING pensaba que con ese pueblo «tarde o temprano tendremos que guerrear». PARISH contestaba:

«Algunos ciudadanos ―informaba― han estado ocupados con la política de estos pueblos, para tratar de convencerlos de que el Gobierno de Estados Unidos tiene el más vivo interés en su suerte y hacer que crean que pueden esperar una ayuda más activa de ese lado. Muchos de estos caballeros… despliegan especial diligencia y actividad en propagar doctrinas y opiniones perjudiciales para el gobierno y los súbditos británicos».[4]

Con el mismo propósito, Vernet apresó las goletas estadounidenses «Harriet» «Superior» y «Breakwater» en 1831, las que cazaban lobos marinos sin autorización y depredaban la fauna local en violación de las leyes argentinas. Las pieles de sus bodegas fueron incautadas y guardadas en los almacenes de la colonia y las municiones fueron vendidas por cuenta del gobierno de Buenos Aires. No bien se presentó la oportunidad, la tripulación de la goleta «Breakwater» escapó con la nave hacia los Estados Unidos, donde informó acerca de lo ocurrido. Por su parte, el capitán de la «Superior» llegó a un acuerdo con Vernet para continuar con sus actividades fuera de la jurisdicción de la comandancia de Malvinas. Este hecho luego derivó en su «Informe del Comandante Político y Militar de Malvinas» de 1832, en el cual fundamentó los derechos de soberanía de las Provincias Unidas. Con respecto de la «Harriet», Vernet volvió con esa nave a Buenos Aires arribando a destino el 19 de noviembre de 1831 con el objetivo de someter lo acontecido ante el tribunal de presas. El capitán de la nave pidió la intervención del representante estadounidense, el que respondió rápidamente a la solicitud. George W. Slacum desconoció el derecho argentino a reglamentar la pesca en las islas Malvinas.

Slacum fue nombrado cónsul estadounidense en Buenos Aires en abril de 1824 y llegó a la ciudad siendo encargado de negocios John M. Forbes, quien falleció en junio de 1831. Las relaciones entre ambos no fueron buenas. Luego del fallecimiento de Forbes, Slacum tomó posesión de sus documentos oficiales e intentó asumir el cargo de representante diplomático estadounidense pero carecía del nombramiento oficial del gobierno de Estados Unidos. Slacum protestó enérgicamente ante el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Tomás Manuel de Anchorena, en un intercambio que se tornó acalorado. En su accionar se sintió respaldado por el gobierno de Washington que no reconoció el derecho de Vernet y del gobierno argentino a restringir o regular la caza de focas, ballenas o la pesca de barcos estadounidenses en las islas y sus alrededores. Envió un ultimátum al gobierno para que en el plazo de tres días revocara los decretos de 1829 y restituyera la «Harriet» con toda su carga, de lo contrario enviaría a la «USS Lexington» ―buque de guerra que en noviembre de 1831 se encontraba en el Río de la Plata― para proteger las naves estadounidenses. Y así lo hizo.

Cabe aclarar que, según bibliografía británica, el ministro de Relaciones Exteriores advirtió a Slacum que sus protestas no estaban autorizadas —ya que solo era cónsul— y que podrían provocar represalias por parte de la Argentina[v]. Por su parte, el cónsul tomó contacto con los enviados británicos en Buenos Aires, Henry S. Fox y Woodbine Parish, quienes le informaron sobre la reclamación británica de las islas. Slacum informó sobre esta reunión al secretario de Estado estadounidense Edward Livingston y le comunicó que enviaría copias de la correspondencia con el gobierno argentino al ministro estadounidense en Londres, Martin Van Buren con la intención de lograr un entendimiento entre los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido. Asimismo, le expresó a Livingston su preocupación por la reclamación británica y le advirtió que «existían razones de peso por las que no se debía permitir a Inglaterra colonizar esas islas…»[6]. Al parecer procuraba o justificaba una ocupación estadounidense de las islas.

Slacum acordó con el comandante de la «USS Lexington», Silas Duncan, la necesidad de proteger a los ciudadanos y al comercio estadounidenses. Duncan zarpó entonces hacia las islas con el capitán Davison de la «Harriet» a bordo, arribando el 28 de diciembre como una nave civil y enarbolando el pabellón francés. Bajo las órdenes de Duncan, los marineros estadounidenses asaltaron los almacenes, recuperaron la carga estadounidense confiscada por Vernet, inutilizaron los cañones del asentamiento, prendieron fuego a la pólvora y arrestaron a Mathew Brisbane y a otros seis subordinados[7]. La tripulación procedió a destruir todas las instalaciones argentinas y a incendiar las casas. El 21 de enero de 1832 Duncan declaró las islas como res nullius («cosa de nadie»). Ante el temor de nuevos ataques y las amenazas de Duncan, cuarenta pobladores se marcharon de la isla a bordo de la «USS Lexington», mientras que los negros de origen africano fueron encadenados; fueron liberados en Montevideo mientras que los siete prisioneros fueron entregados a su superior, el comodoro Rodgers, en Río de Janeiro. Tras recibir la notificación del gobierno de Buenos Aires de que Vernet y sus subordinados habían actuado bajo su autoridad, Rodgers liberó a los prisioneros en Buenos Aires en abril de 1832[8]. En las islas quedaron veinticuatro pobladores, en su mayoría gauchos.

Apenas conocerse lo sucedido en la isla Soledad, el gobierno argentino le retiró el reconocimiento a Slacum como cónsul, quien debió refugiarse en la casa del recién llegado encargado estadounidense Francis Baylies para evitar ser arrestado por la policía argentina. Dado que el secretario de Estado Livingston instruyó a Baylies de continuar con la estrategia de Slacum de ignorar la validez del decreto de nombramiento de Vernet, la tensión entre ambos gobiernos se incrementó y Baylies fue expulsado en 1832 al ser declarado persona non grata por el gobernador Juan Manuel de Rosas, dando lugar a la ruptura de relaciones con Estados Unidos hasta 1843. Slacum partió con Baylies a bordo de la fragata estadounidense «Warren».

Cabe agregar que el 4 de julio de 1832 Baylies recibió una carta de embajador británico en Buenos Aires, Henry S. Fox, en la que le informaba de las ambiciones de su gobierno sobre el archipiélago, lo que lo llevó a reforzar su posición de desconocer la soberanía argentina y a reconocer la británica en una nota que envió el 10 de julio al ministro Manuel Vicente Maza en la que, además, repetía puntualmente los argumentos británicos[9].

Respecto de la persona de Slacum, el académico estadounidense Julius Goebel consideró que era «una persona sin experiencia diplomática y completamente carente de tacto o criterio»[10]. El historiador canadiense H. S. Ferns también se refiere a Slacum como «patriota inexperto», quien «creía que el elemento esencial de la diplomacia era afirmar, en el lenguaje más destemplado posible, los derechos, naturales y evidentes por sí mismos, del pueblo de los Estados Unidos a cazar y pescar donde quisiera»[11].

Sin duda, ya haya sido un incidente aislado o parte de una conspiración angloestadounidense ―lo que parece más probable―, el ataque de la «USS Lexington» ha facilitado las condiciones para que el 3 de enero de 1833 las tropas británicas usurparan nuestras islas Malvinas.

Acorde a su política imperialista, Estados Unidos nunca se retractó del agravio cometido hacia la soberanía argentina y nunca respondió a las protestas del gobierno argentino ni satisfizo la indemnización correspondiente a los daños ocasionados.

Las sentencias sobre las que se basaría el deseable apoyo de Estados Unidos

Es necesario narrar estos antecedentes para mencionar el documento que sería la base sobre la que se sustenta la idea de que Estados Unidos podría intermediar en nuestro reclamo soberano sobre las islas Malvinas.

El argumento se basa en el Expediente n° 3.661 (7 F. Cas. 192)[12] que se sustentó en el circuito judicial del estado de Connecticut. El caso Davison v. Seal-Skins tuvo lugar en 1835 y es célebre en la jurisprudencia de almirantaje de los Estados Unidos que abordó una demanda de salvamento sobre un cargamento de pieles de foca. El demandante fue Gilbert R. Davison, quien era el capitán de la goleta «Harriet» y el objeto de la demanda eran las pieles de foca confiscadas e incautadas por el comandante Luis Vernet como gobernador de las islas Malvinas en nombre del gobierno de Buenos Aires sobre embarcaciones extranjeras. Cabe aclarar que este expediente se refiere a las islas como «Falkland Islands».

El juez Thompson sentó un precedente histórico y jurídico fundamental. El juez define que

«Un pirata es quien actúa únicamente por su propia autoridad, sin comisión ni autoridad de ningún Estado soberano, aprehendiendo por la fuerza y apropiándose para sí, sin discriminación, de toda embarcación con la que se encuentre».

Luego expresa:

«Un oficial de los Estados Unidos no tiene derecho, sin instrucciones expresas de su gobierno, a entrar en la jurisdicción territorial de un país que está en paz con los Estados Unidos, y a aprehender por la fuerza los bienes que allí se encuentren y que reclamen ciudadanos de los Estados Unidos. La solicitud de reparación debe presentarse ante los tribunales judiciales del país».

En tal sentido, consideró que Vernet no estaba actuando de forma ilegal o pirática, sino que actuaba al amparo de un decreto oficial emitido el 10 de junio de 1829 por el gobierno de Buenos Aires, el cual lo nombraba gobernador civil y militar de las islas Malvinas y le encomendaba regular las pesquerías. Del mismo modo rechazó la postura del consulado estadounidense y por lo tanto el tribunal no podía declarar a Vernet un pirata ni desconocer su autoridad de hecho.

Respecto del capitán Silas Duncan, quien atacó Puerto Soledad a finales de 1831 y destruyó las instalaciones de la comandancia y recuperó por la fuerza los cargamentos capturados por Vernet, el juez Thompson determinó que

«…si estas islas estaban en posesión y bajo jurisdicción del gobierno de Buenos Aires, y el establecimiento de Vernet entonces estaba bajo la autoridad y protección de ese gobierno, como claramente lo estaba, e incluso aceptando que Vernet hubiera abusado de su poder, el Capitán Duncan no podría tener derecho, sin instrucciones expresas de su gobierno, a entrar en la jurisdicción territorial de un país en paz con Estados Unidos, y confiscar por la fuerza bienes hallados allí y reclamados por ciudadanos de Estados Unidos. Tal principio sería demasiado arriesgado para la paz de las naciones para ser admitido en la práctica».

El expediente judicial expresa que el comodoro Rogers, superior de Duncan, cuando descubrió que «estaban actuando bajo la autoridad del gobierno argentino de Buenos Aires, liberó a los prisioneros, renunciando a tratarlos como piratas».

Existe otro proceso judicial de enero de 1839 celebrado en el distrito de Massachussets, «Charles L. Williams v. The Suffolk Insurance Company», que es una demanda contra la compañía de seguros Suffolk Insurance Company de Boston, para reclamar una indemnización por las pérdidas sufridas por la goleta «Harriet» y su carga[13]. En este caso el tribunal expresó que las relaciones exteriores correspondían al Poder Ejecutivo, que era el que debía manifestarse acerca de la jurisdicción de las Malvinas. Con respecto a este punto, el tribunal formuló:

«Si, dado que el gobierno estadounidense ha insistido y sigue insistiendo, a través de su autoridad ejecutiva regular, en que las Islas Malvinas no constituyen ninguna parte de los dominios dentro de la soberanía del gobierno de Buenos Aires, y que la pesca de focas en esas islas es un comercio libre y lícito para los ciudadanos de los Estados Unidos, y que está fuera de la competencia del gobierno de Buenos Aires para regular, prohibir o castigar; es competente para el Tribunal de Circuito, en esta causa, investigar y determinar mediante otras pruebas, el título de dicho gobierno de Buenos Aires sobre la soberanía de dichas Islas Malvinas; y si tales pruebas satisfacen al Tribunal, decidir en contra de las doctrinas y reclamaciones y apoyadas por el gobierno estadounidense sobre este tema; o si la acción del gobierno estadounidense sobre este tema es vinculante y concluyente para este Tribunal, en cuanto a quién pertenece la soberanía de esas islas».

En este caso hay algunos párrafos que son interesantes mencionar. Uno de ellos es el de la exposición de Theophilus Parsons, en representación de los demandados, quien no llama a las islas «Falkland», sino «Malvinas».

«1. Que las Malvinas están legítimamente en posesión de Buenos Aires; y que la evidencia histórica y los principios establecidos del derecho internacional demuestran que así es».

«2. Que sea como fuere, los Tribunales de este país no decidirán esta cuestión en contra de Buenos Aires, a menos que estén autorizados a hacerlo por un acto formal de nuestro gobierno; siendo Buenos Aires una nación amiga nuestra, que reclama las Malvinas, ciertamente bajo la apariencia de derecho, y que reclama y ejerce ese dominio desde hace muchos años».[14]

En este expediente puede leerse otro párrafo sumamente interesante respecto del reclamo soberano de la Argentina sobre las islas Malvinas:

«A la luz de la evidencia histórica y de los principios fundamentales del derecho internacional, resulta difícil dudar de que el antiguo gobierno de España, y el gobierno de Buenos Aires como su sucesor, tenían derecho, como propietarios de las islas y la costa, a regular la pesca en ellas y en un radio razonable de su litoral. Por consiguiente, los decretos promulgados se justifican conforme al derecho internacional. En consecuencia, la pesca que infringe dichos decretos constituye un comercio ilícito y prohibido dentro de la política vigente. De ello se deduce inevitablemente que una incautación por este motivo no está amparada por la política, aunque la condena sea informal».

Más adelante expresa:

«Antes de la revolución en Sudamérica, se sabe que las Malvinas, o islas Falkland, pertenecían al virreinato de La Plata [sic], que incluía Buenos Aires».

Cabe mencionar que el caso «Charles L. Williams Contra The Suffolk Insurance Company» fue resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos el 6 de marzo de 1839[15]. En definitiva, este tribunal manifestó que el reconocimiento de la soberanía sobre las islas correspondía al Poder Ejecutivo federal.

La «propuesta»

Sobre estos expedientes es que se sustentaría la posibilidad de gestionar una intermediación de los Estados Unidos en favor del reclamo de soberanía plena sobre las islas.

La «propuesta» consistía en que, atento a ese reconocimiento judicial acerca de la jurisdicción de la soberanía argentina, se le solicitaría al gobierno de Estados Unidos que intercediera ante el Reino Unido para que procediera a restituir la plena soberanía de las islas del Atlántico Sur a la Argentina pero los británicos podrían permanecer con la base militar pagando un alquiler a la Argentina, además de cobrarles el alquiler desde 1982 por su ocupación. A cambio el gobierno argentino aceptaría que se estableciera una base de la OTAN en las islas, la que en realidad existe virtualmente toda vez que los británicos mantienen el Complejo de Monte Agradable (Mount Pleasant Complex), ubicado en la isla Soledad, que opera como un enclave estratégico de la OTAN.

A partir de esta «propuesta original» fue que Diana Mondino ―la misma que dijo que «los chinos son todos iguales»[16]―, en julio de 2025 en un encuentro del Rotary Club de Buenos Aires, comparó las islas Malvinas con un departamento y expresó: «Nosotros somos los legítimos dueños y ellos son inquilinos y algunos pensarán que son okupas». En esa oportunidad aclaró que el gobierno deseaba tener con los británicos «una relación razonable»[17].

La negociación se lograría sobre la fórmula «Un poco de Åland y un poco de Hong Kong», teniendo estos dos casos de resolución de conflictos como antecedentes para solucionar la controversia. El conflicto de las islas Åland fue una disputa territorial entre Suecia y Finlandia tras la Primera Guerra Mundial que se resolvió en 1921 mediante el arbitraje de la Sociedad de Naciones, otorgando la soberanía a Finlandia pero garantizando la autonomía y cultura sueca de sus habitantes. La población de las islas Åland demandaban la autodeterminación, la cual no fue otorgada. Un acuerdo similar sería la clave con respecto a los habitantes de las Malvinas, los cuales podrían conservar su cultura y tradiciones. El caso de Hong Kong sería el otro modelo a considerar, ya que el 1° de julio de 1997 el gobierno del Reino Unido transfirió la soberanía a la República Popular China tras 156 años de dominio colonial británico en un proceso que se denominó como «retrocesión» de Hong a Kong a China.

Algunas consideraciones finales

Pensar sobre una posibilidad de que la Argentina pueda retomar la plena soberanía sobre las islas del Atlántico Sur y cobrarle un alquiler al Reino Unido es, por lo menos, ridículo. Más allá de sus legítimos derechos, ¿qué fortaleza tiene nuestro país para forzar al gobierno británico? Desde 1982 la Argentina acrecienta su debilidad por varios motivos, entre ellos la situación de desatención de las Fuerzas Armadas por todos los gobiernos de esta particular democracia, dado que cada gobierno reduce paulatinamente el presupuesto de Defensa asfixiando la operatividad de las mismas; el creciente endeudamiento de la Argentina debido a una mezcla de inoperancia y falta de sentimientos patrióticos por parte de los gobiernos; el sometimiento de la Argentina a una constante guerra cognitiva impuesta desde Londres; una pésima diplomacia de la Cancillería Argentina que tiende a favorecer los intereses británicos, sobre todo con un alineamiento político y «estratégico» con los países que no reconocen la soberanía argentina y un alejamiento ―e incluso una impudente escalada de la tensión en las relaciones diplomáticas― respecto de países que sí la reconocen, como Rusia, China e Irán.

Por otro lado, ¿se le permitiría al enemigo y ocupante mantener una base militar desde la cual podría atacar el territorio continental? Suena insólito y muestra el desconocimiento de la historia de las relaciones argentino-británicas y de los antecedentes cuando el territorio formó parte del Virreinato del Perú y del Virreinato del Río de la Plata.

Del mismo modo, ¿puede considerarse una recuperación de las Malvinas teniendo como secretaria de Malvinas a Paola Di Chiaro y a un canciller que tiene a su hijo promoviendo becas del gobierno británico junto a la mencionada secretaria en el marco de la Fundación Argentina Global? ¿O manteniendo al frente de la Embajada Argentina en Londres a Mariana Edith Plaza, cuestionada por los veteranos de guerra respecto al enfoque diplomático sobre la Cuestión Malvinas? Cabe recordar que Di Chiaro trabajó en el gobierno de Macri bajo gestión de Fulvio Pompeo al frente de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, cuyo gobierno fue responsable del acuerdo Foradori-Duncan. ¿Se han denunciado durante el gobierno de Milei algunos de los acuerdos firmados que favorecen al Reino Unido y que perjudican a la Argentina? Nada de esto ha variado tras el «brote de patriotismo» que Milei sufre desde el 3 de septiembre.

Ahora hay que reflexionar sobre Estados Unidos, a quien le debemos la pérdida de la plena soberanía en las islas en dos oportunidades, 1833 y 1982. Por tales hechos, no se comprende como en agosto de 2026 el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, ratificó que Washington mantiene una «posición de neutralidad» respecto a la soberanía de las islas Malvinas. Hay que recordarle también al embajador Lamelas que, en 1982, durante la guerra del Atlántico Sur, la República Argentina invocó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), pero el pacto de defensa mutua no se instrumentó en su favor debido a la falta de apoyo unánime y al alineamiento de Estados Unidos con el Reino Unido. Creer que el presidente Donald Trump revisará su política respecto de las Malvinas es una ingenuidad. Esas expresiones no fueron un guiño a la Argentina sino una chicana dirigida al gobierno británico por no haber apoyado su avanzada sobre Irán. Una ruptura entre los Estados Unidos y el Reino Unido es impensable y cabe recordar que el 28 de abril de 2026 Trump recibió al rey Carlos III en la Casa Blanca, oportunidad en la que expresó que «los británicos son nuestros amigos más cercanos».

En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas el primer ministro británico Andy Burnham sostuvo la postura de su país sobre las Malvinas durante una reunión con Trump, tema del cual confirmó que había hablado previamente con el presidente estadounidense. Por su parte, Milei no logró la foto tan deseada con su amigo Trump, quien le ayudó a ganar las elecciones legislativas de 2025. No le puede pedir más.

 

El 22 de septiembre de 2026 Trump recibió al primer ministro británico Andy Burnham en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El antecedente del tribunal de Estados Unidos sería fuertemente válido en un contexto internacional en el que prime el Derecho Internacional, pero a la luz de las acciones de los gobiernos estadounidenses de las últimas décadas, de la agresión perpetrada por sus fuerzas en Venezuela el 3 de enero de 2026 ―secuestrando al presidente Nicolás Maduro en Caracas― y de las amenazas de un potencial ataque a Cuba al no lograr sus objetivos a través de la asfixia a que somete a la isla, tal esperanza resulta racionalmente infundada.

¿Quién le puede creer algo a Trump? Si en algo se parecen Trump y Milei es que hoy pueden decir lo contrario a lo que dijeron ayer y mañana lo contrario a lo que dijeron ayer y hoy.

Finalmente, la realidad es que ha hecho mucho más la Selección Nacional de Fútbol desplegando la tela con la inscripción de «Las Malvinas son argentinas» tras ganarle a Inglaterra en el mundial celebrado en Estados Unidos que todos los últimos gobiernos argentinos que ni siquiera han sabido aprovechar el «poder blando» de la Argentina, dentro del cual se encuentra la propia Selección Nacional.

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Hawái, EEUU). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

Autor del libro «Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones», Buenos Aires: Editorial Almaluz, 1ª edición 2019, 2da edición 2024, reimpresión 2da ed.

Autor del libro «El arte de pensar. Su aplicación en un mundo incierto», Editorial Almaluz, 2026.

 

Referencias

[1] «Davison v. Seal‐Skins», 7 Fed. Cas. 13, Case No. 3,661, Circuit Court, D. Connecticut, Public Resource Org., https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F.Cas/0007.f.cas/0007.f.cas.0192.3.pdf

[2] Elías S. Giménez Vega. «El desafío del conflicto de Malvinas». En: Baetica, Estudios de Arte, Geografía e Historia, Año 1982, Número 5, p. 303-330, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga.

[3] Ibid., p. 311.

[4] Ibid., p. 312.

[5] Christian J Maisch & Mark B Williams. «Slacum, George Washington». David Tatham, Dictionary of Falklands Biography, https://www.falklandsbiographies.org/biographies/slacum_george, [consulta: 01/09/2026].

[6] Ídem.

[7] Ídem.

[8] Ídem.

[9] Christian J. Maisch. «The Falkland/Malvinas Islands Clash of 1831-32: U.S. and British Diplomacy in the South Atlantic». Diplomatic History, Volume 24, Issue 2, April 2000, pages 185–209.

[10] Julius Goebel. The Struggle for the Falkland Islands. New Haven: Yale University Press, 1982, p. 439. «a person of no diplomatic expereience and utterly without tact or judgment».

[11] Ferns, H. S. Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX. Buenos Aires: Solar/Hachette, 1968, p. 233.

[12] «Davison V. Seal–Skins». 7FED.CAS.-13, Case No. 3,661, Circuit Court, D. Connecticut. Public.Resource.Org, https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F.Cas/0007.f.cas/0007.f.cas.0192.3.pdf

[13] «Charles L. Williams v. The Suffolk Insurance Company», 38 U.S. 415 de 1839. Legal Information Institute, Cornell Law School, https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/38/415.

[14] «1. That the Malvinas are rightfully in possession of Buenos Ayres; and that historical evidence, and established principles of the law of nations show this to be so».

«2. That however this may be, the Courts of this country will not decide this question against Buenos Ayres, unless authorised to do so by a formal act of our government; Buenos Ayres being a nation friendly to us, claiming the Malvinas, certainly under colour of right, and claiming and exercising that dominion for many years».

[15] «Williams v. Suffolk Insurance Company, 38 U.S. 415 (1839)». Justia Connect, U.S. Supreme Court, https://supreme.justia.com/cases/federal/us/38/415/.

[16] «La canciller de Argentina dice que los chinos «son todos iguales» y desata una controversia; luego niega intención discriminatoria». CNN Español, 03/05/ 2024, https://cnnespanol.cnn.com/2024/05/03/canciller-argentina-diana-mondino-dice-chinos-iguales-controversia-orix.

[17] Facundo Cháves. «Mondino comparó Malvinas con un departamento: “Nosotros somos los legítimos dueños y ellos son inquilinos y algunos pensarán que son okupas”». Infobae, 24/07/2025, https://www.infobae.com/politica/2024/07/24/mondino-comparo-malvinas-con-un-departamento-nosotros-somos-los-legitimos-duenos-y-ellos-son-inquilinos-y-algunos-pensaran-que-son-okupas/.

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