“ALGO HUELE MAL EN DINAMARCA…”

Maria Eugenia Alamos*

Esta frase es pronunciada por el personaje de “Marcelo” al propio Hamlet en la obra dramática de William Shakespeare que transcurre en el Castillo de Helsingør en el norte de Copenhague. En la famosa obra del año 1600, esta frase se utiliza para escenificar la decadencia moral del Reino de Dinamarca, y aunque este pasaje pertenece a la esfera de los clásicos de la literatura, en la actualidad estas palabras aparecen pintadas en algunos muros de la capital danesa como una señal de alarma.

Dinamarca ha sido tapa de noticias en los últimos tres meses debido a que su gobierno socialdemócrata ha aprobado con fecha 3 de junio de 2021 una polémica ley para endurecer, aún más, el asilo de refugiados en su territorio.

Esta nueva ley tiene como finalidad reubicar a los solicitantes de asilo en otros países fuera de la Unión Europea, donde deberán esperar hasta que sus casos sean resueltos, permitiendo según sea el caso, que se les conceda el asilo en ese tercer país. La norma fue aprobada con una amplia mayoría de 70 votos a favor y solamente 24 en contra, hecho festejado por el gobierno danés quién realizó declaraciones muy controversiales a través de su portavoz Rasmus Stoklund: “Si solicitas asilo en Dinamarca, sabes que te enviarán a un país fuera de Europa y, por tanto, esperamos que la gente deje de buscar asilo en Dinamarca” [1].

A su vez, el ministro de Integración y Extranjería danés, Mattias Tesfaye, ha asegurado que “la reforma es legal y que los acuerdos que Dinamarca establezca con terceros países respetarán «las obligaciones internacionales» de su país” [2].

No obstante, las autoridades danesas están en tratativas con varios estados que según expresan los periódicos daneses podrían ser Egipto, Eritrea y Etiopía como posibles países que quieran acoger a sus solicitantes de refugio. En abril, Dinamarca anunció un supuesto acuerdo con Ruanda que resultó ser un fracaso[3]. Tesfaye viajó a Kigali en abril y firmó un convenio que luego vendió al público como un acuerdo sobre campos para solicitantes de asilo. Pero Ruanda negó haberse prestado a ello, lo que supuso para el gobierno de Copenhague un gran traspié en la implementación de esta Ley.

Esta legislación danesa es criticada por la ONU, la Comisión Europea y distintas ONG de ayuda humanitaria que no comprenden cómo un Estado como Dinamarca, que fuera uno de los países del mundo que más apoyó la causa de los refugiados siendo la primera nación en firmar la Convención de la ONU que establece los mecanismos para protegerles en 1951, hoy se encuentre en una posición radicalmente opuesta.

Regionalmente, Dinamarca no forma parte de la política común de la Unión Europea (UE) en materia de justicia e inmigración, y pese a tener una alternancia política entre partidos de derecha e izquierda en el poder, ha impulsado una línea cada vez más dura respecto a la migración e integración desde las últimas dos décadas con una clara postura “euroescepticista”[4].

Hay varios puntos importantes a la hora de analizar el caso danés que podrían generar un efecto dominó en la comunidad internacional. El primero, es el precedente. Podemos mencionar gran cantidad de ejemplos de políticas “desalentadoras”, “restrictivas”, “exclusivas”, pero pocas hasta ahora han ido tan lejos al punto de delegar la responsabilidad de su protección a un tercer país mediante un “tratado”.

Hasta ahora, existe sólo un precedente de un Estado soberano que establece un acuerdo con otro Estado para el tratamiento de la población que reside, o quiere residir, en su territorio: el caso de Australia con Papua Nueva Guinea y la Isla de Nauru.

El 19 de julio de 2013 el Parlamento australiano estableció un decreto[5] mediante el cual todos los solicitantes de asilo y refugiados que arribaran a territorio australiano serían trasladados a campos de retención denominados “centros de procesamiento” en la isla Manus (Papúa Nueva Guinea) o al pequeño Estado de Nauru en Micronesia, que ya recibía migrantes provenientes de Australia desde el año 2008.

Esta legislación prohibía expresamente la posibilidad de habitar suelo australiano para todos los que se encontraban en los centros, dejándoles como opción quedarse en las islas o migrar a otros territorios una vez finalizado el proceso de revisión de la solicitud de asilo. Esto creaba permanentes condiciones de vulnerabilidad a las personas solicitantes de asilo, permaneciendo detenidas hasta 8 años en completa ausencia de respuestas.

Luego de intensos reclamos de la comunidad internacional, que incluyeron la viralización de informes médicos con índices de depresión e intentos de suicidio nunca vistos en menores en condición de encierro[6] y un creciente sentimiento anticolonialista de movimientos sociales en Papúa Nueva Guinea, el Estado australiano aceptó normalizar la condición de los migrantes allí detenidos aduciendo razones económicas y no humanitarias en palabras del ministro del Interior Peter Dutton[7], quién declaró respecto a los solicitantes de asilo “que resultaba más barato dejarlos en libertad que mantenerlos detenidos en las Islas de Nauru y Papúa Nueva Guinea por tiempo indeterminado”.

No obstante, los números que reflejan estas políticas como resultado no son nada alentadores. Según datos del Consejo de Refugiados de Australia, desde su aprobación, esta ley ha afectado a 3.127 solicitantes de asilo. De ellos, 1.200 se encuentran en Australia. Para cerca de otros 1.000 se encontró una solución duradera, en la mayor parte de los casos reasentándolos en Estados Unidos. 750 fueron devueltos a sus países de origen, voluntariamente o a la fuerza. 233 se encuentran retenidos en las islas de Papúa Nueva Guinea, y 132 fueron evacuados a Australia por razones médicas, pero se encuentran en centros de detención. Finalmente 14 murieron. Entre ellos seis por suicidio y otro como consecuencia de la violencia ejercida por los guardias del centro de detención[8].

Este caso, emblemático si se quiere para el estudio de políticas migratorias modernas de tinte xenófobo, no representa un hecho aislado. En la actualidad se encuentran en pleno punto de ebullición posturas políticas, que antes parecían más cautelosas a la hora de manifestarse, enarbolando proyectos de abierto tinte anti migratorio.

Un ejemplo de ello es la postura del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, quién ha puesto como modelo de política migratoria a Australia declarando públicamente que “contempla ‘deslocalizar’ a los solicitantes de asilo planteando enviarlos lo más lejos posible”. Las opciones que maneja el gobierno británico empezaron por la isla de Ascensión (a 6.800 kilómetros de distancia) y la de Tristán da Cunha (casi 10.000 kilómetros) que forman parte del imperio británico en el medio del Atlántico; pero las complicaciones logísticas inclinaron la balanza por opciones más realistas como Gibraltar, las Hébridas y la isla de Man que es una dependencia de la corona pero no es parte del Reino Unido sino “posesión” de la reina Isabel y cuyos ciudadanos son británicos pero tienen su propio pasaporte[9].

Como consecuencia del Brexit, todas las embarcaciones que cruzan el Canal de la Mancha no pueden ser devueltas a Francia, tal como sucedía cuando formaba parte del bloque europeo, por lo que las solicitudes de asilo aumentaron exponencialmente en lo que va del año 2021 obligando a las autoridades a cumplir sus compromisos internacionales procesando tales solicitudes en su propio territorio.

Como respuesta, la administración británica aduce que solo serían enviados a la Isla de Man, Gibraltar o las Hébridas escocesas los demandantes de asilo que lleguen por “rutas ilegales” (es decir, el mar, o como polizontes en un barco, o escondidos entre las ruedas de un camión), y no los que lo hacen por “rutas convencionales”, es decir, a un aeropuerto[10].

Esto ha generado algunos roces diplomáticos, en primer lugar, con el primer ministro de Gibraltar quien aduce que luego de haber estabilizado las responsabilidades sobre el área en conflicto, y siendo que ahora el Reino Unido no forma parte de la UE, esta actitud de trasladar a los migrantes “a las puertas” de Europa podría ser tomada como una provocación por la región.

También, el primer ministro de la Isla de Man ha presentado su queja en público frente Boris Johnson, lo que nos muestra que la posibilidad de que los Estados Poderosos puedan utilizar directamente sus posesiones territoriales para la deslocalización migracional plantea un conflicto en puerta para las relaciones internacionales y el balance de poder, dejando como opción más factible el establecer tratados de compensación económica con estados en vías de desarrollo que se hagan responsable del problema en cuestión.

Esta situación, nos permite inferir cómo esta ley danesa de deslocalización migracional generará a cortísimo plazo un efecto político dominó en diversos estados con tinte más xenófobo. El hecho de garantizar bajo el paraguas de un “Tratado o Acuerdo” la asistencia de población no deseada, en este caso refugiados y migrantes, en un tercer territorio a cambio de transferencias económicas, tecnológicas, defensivas o de cooperación puede presentarse como la solución estratégica, por un lado, para los estados poderosos cuyo problema no es económico, y por otro, para muchos estados empobrecidos que verían en esta opción una posibilidad de mejorar su posición en la escena global.

Esta acción encubierta de derivar la responsabilidad sobre cuestiones que no quieren absorberse políticamente no es nueva para los países europeos, quienes recurren a un manejo sutil en las formas de “cooperación” con algunas regiones a través de transferencia de capital a cambio de mayor vigilancia fronteriza o contención migratoria. Hasta ahora, sólo se había planteado este escenario desde la esfera de la “cooperación para el desarrollo” o a través de ayudas puntuales referidas al manejo de la crisis de refugiados en las fronteras de la UE como lo fue el acuerdo con Turquía durante 2016[11].

Si se realiza un análisis de la última década, las políticas disuasorias europeas se basan en una serie de iniciativas de diálogos y de marcos políticos relativos al desarrollo en donde se incluyen los ítems migracionales bajo la rúbrica de un Planteamiento Global de la UE sobre la Movilidad. En estos marcos de acción: se crean alianzas de movilidad con terceros países; se induce al diálogo a largo plazo con la región euro-mediterránea mediante el denominado “Proceso de Rabat” y se establece un considerable gasto de capital político en el desarrollo de acuerdos de readmisión de la UE con los principales países de tránsito que envían migrantes, realizando un verdadero esfuerzo diplomático, pero con alcance global limitado a la ayuda financiera. Estas relaciones con terceros países siempre han tendido a centrarse más en la migración y en la vigilancia fronteriza, exceptuando algunas iniciativas específicas como el diálogo con países del Cuerno de África (Proceso de Jartum); los mecanismos de financiación basados en el Fondo Fiduciario de Emergencia para África o una serie de Programas Regionales de Desarrollo y Protección en Oriente Medio, norte y este de África[12].

El análisis del caso danés desde una perspectiva social y acorde con los derechos humanos resulta imperioso a la hora de analizar detalladamente los puntos de esta legislación cuyo contenido no se limita exclusivamente a la terciarización del asilo. El número de complejos habitacionales con residentes extranjeros también está en la mira de esta legislación que pretende acabar con los guetos de migrantes en Copenhague hacia el 2030. El anterior gobierno liberal-conservador de Lars Løkke Rasmussen impulsó un plan para acabar con lo que ellos denominan “sociedades paralelas” en vez del término gueto, que incluía una veintena de medidas: la imposición de penas el doble de altas a los crímenes cometidos en estas áreas, prohibir enviar a los hijos al país de origen de sus padres durante las vacaciones y derribar cientos de edificios de vivienda social para dispersar y reubicar a los residentes. Para ello, todos los años se publica una lista donde aparecen las áreas consideradas “guetos duros” para la administración gubernamental. Por ello, a partir de ahora, los guetos duros que llevan más de cinco años en la lista deberán tener como máximo un 40% de vivienda pública en 10 años[13].

Esta situación deja al complejo Mjølnerparken del área urbana norte de la capital danesa en un crítico escenario, puesto que el 100% de su población lo constituye la vivienda pública que será vendida a empresas privadas para demolición. Este proyecto, incluye la reevaluación de una sesentena de áreas potencialmente vulnerables por su elevada proporción de inmigrantes (aunque menor que en los guetos), donde también se deberán llevar a cabo medidas para fomentar que se conviertan en áreas residenciales ‘mixtas’. El objetivo es que en 2030 ninguna área residencial de Dinamarca tenga más de un 30% de vecinos no occidentales. Un elemento clave para modificar la composición de vecinos en estas zonas identificadas como vulnerables o potencialmente vulnerables será la introducción de criterios en las normas de alquiler que den prioridad a los solicitantes que tengan empleo o estén estudiando; y no se podrá aceptar como nuevos inquilinos a ciudadanos procedentes de países no europeos o a aquellos que reciban subsidios[14].

En este punto, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que está sucediendo al interior de la sociedad danesa que propicia desde hace veinte años el apoyo indiscutido a políticas migratorias duras independientemente del partido que se encuentre en el gobierno? La respuesta difícilmente sea una, no obstante, la sociedad danesa manifiesta haberse visto incómoda con la postura europea frente a la crisis de refugiados del 2015, que generó fuertes incrementos de solicitudes de asilo y un cambio abrupto en los suburbios de los centros urbanos.

La simbolización social es muy fuerte a la hora de analizar el impacto que generó el reemplazo de sus tradicionales pautas de vida por otras foráneas. Y así, la proliferación de negocios gastronómicos de kebab en detrimento de las tradicionales Pølser danesas, o la mera presencia de mujeres con nicab, representa una amenaza en su construcción identitaria y cultural.

La imagen es un símbolo; y parece ser fundamental a la hora de poder conciliar diferencias intra y entre sociedades disímiles. De la disposición de éstas, depende la conformación identitaria y el entramado social que resignifique constantemente la figura “del otro” y la propia identidad de una manera permeable y más flexible a la época.

En este marco, las representaciones sociales aparecen como verdaderos sistemas de significación con categorías que permiten interpretar el curso de los acontecimientos y las relaciones sociales. Esta construcción simbólica juega un papel predominante en la manifestación de conflictos, pero resulta fundamental a la hora de repensar las bases de la construcción que se está dando dentro de la sociedad a través de la adopción de estas políticas cada vez más duras que pueden generar cambios permanentes en la sociedad danesa con efectos inciertos a nivel internacional.

* Geógrafa (UNLP) y Becaria Doctoral del Programa Argentino Alemán de Intercambio Académico en Estudios Culturales Interdisciplinarios de Europa y América Latina CUAA; Ibero-Amerikanisches Institut von Berlín, Universität Rostock y UNLP. Consultora Externa en Migraciones Internacionales para África, Europa y América en la Organización Internacional para las Migraciones – OIM/ONU. Especialista en Contenidos sobre Derechos Humanos y Defensores del Medio Ambiente en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos – IIDH en Costa Rica. Miembro de la Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior – RAICES y la Red de Científicos Argentinos en Alemania (RCAA). Miembro de la SAEEG.

Referencias

[1] “Dinamarca, el «paraíso liberal» en el que los inmigrantes y los refugiados ya no son bienvenidos como antes”. BBC News Mundo, 04/06/2021, https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57353853

[2] “Dinamarca enviará a migrantes a centros en el extranjero”. Deutsche Welle (Europa al día), 03/06/2021, https://p.dw.com/p/3uO98

[3] “Política. Dinamarca quiere tercerizar sus procesos de asilo”. Deutsche Welle, 06/06/2021 https://p.dw.com/p/3uUOK

[4] “El euroescepticismo se hace un hueco en el núcleo duro de la Unión Europea”. EFE. Bruselas, 27/05/2019, https://www.efe.com/efe/america/mundo/el-euroescepticismo-se-hace-un-hueco-en-nucleo-duro-de-la-union-europea/20000012-3985771

[5] “ONU pide Australia repatríe refugiados que envió a Papúa Nueva Guinea y Nauru”. La Vanguardia, 12/10/2018, https://www.lavanguardia.com/vida/20181012/452309526808/onu-pide-australia-repatrie-refugiados-que-envio-a-papua-nueva-guinea-y-nauru.html

[6] “Los refugiados de Nauru, la isla donde los niños perdieron el deseo de vivir”. BBC News, 09/09/2018, https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45382907

[7] “Australia libera a decenas de migrantes tras años de detención”. Deutsche Welle, 02/03/2021, https://p.dw.com/p/3q675

[8] “After eight years of offshore processing, where to from here?” Refugee Council, 19/07/2021, https://www.refugeecouncil.org.au/

[9] Rafael Ramos. “El Reino Unido quiere enviar a los solicitantes de asilo a la isla de Man, Ascensión o Gibraltar”. La Vanguardia, 22/03/2021, https://www.lavanguardia.com/internacional/20210322/6603516/reino-unido-solicitantes-asilo-isla-man-ascension-gibraltar.html

[10] Ídem.

[11] “Declaración UE-Turquía”. Consejo Europeo, 18/03/2016, https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/

[12] Elizabeth Collett. “La cooperación de la UE con terceros países: repensando conceptos e inversiones”. RMF 51 (University of Oxford), enero de 2016, https://www.fmreview.org/es/destino-europa/collett

[13] Nuria Vila (Copenhague). “Un país sin guetos ni refugiados: ¿la derecha radical? No, la socialdemocracia danesa”. El Confidencial, 07/07/2021, https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2021-07-07/ghetto-dinamarca-inmigrantes_3167876/

[14] Ídem.

©2021-saeeg®