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GUAYANA ESEQUIBA: BREVE FISIOLOGÍA DEL ACUERDO DE GINEBRA EN SUS (58) AÑOS

Abraham Gómez R.*

Con la firma del precitado Tratado el 17 de febrero de 1966 se cerró una abominable etapa en nuestra reclamación por el inmenso espacio territorial que nos arrebataron, a través del “laudo” de 1899.

Comenzó un nuevo recorrido que dejó como cosa del pasado los develados mecanismos arteros practicados por los imperios de entonces y el inefable DeMartens, en colusión contra nuestra patria.

Hasta las proximidades de la fecha para suscribirse el Acuerdo (ley promulgada, aún vigente en nuestra República) los representantes del Reino Unido se mostraban reacios a admitir la nulidad absoluta del hecho perpetrado en París el 3 de octubre, que devino en el adefesio arbitral de ingrata recordación.

La delegación venezolana apeló a brillantes, transparentes e irrebatibles pruebas del despojo ante la Asamblea General de la ONU, en recurrentes conferencias desde 1962 hasta 1965, que a los ingleses no les quedó más alternativa que enviar a su canciller a la mencionada ciudad de Suiza a suscribir (que luego ratificaron) el documento acordado; en cuyo contenido se habilitan los mecanismos convenientes para lograr una solución “práctica, pacífica y satisfactoria” para las partes conflictuadas.

Mientras tanto, en Venezuela se alzaban en contra de lo que se estaba firmando voces de intelectuales y conocedores de la materia; por cuanto, según ellos con tal escrito (pactado y aceptado trilateralmente) no se garantizaba la conclusión definitiva del problema.

Con mayor fuerza crítica se dijo que ese documento ―en apariencia, alcanzando de buena fe― menoscababa a Venezuela su libertad de decisión en política exterior (por lo menos para tal caso) desde el momento que se predeterminaba el reconocimiento del naciente Estado de la República Cooperativa de Guyana, con el cual debía llevarse a cabo la ejecución del Tratado.

Quienes ponían en duda y cuestionaban la bondad del Acuerdo de Ginebra se hacían y exteriorizaban una pregunta a la opinión pública en general.

¿Qué objeto tenía renunciar a nuestra soberana acción y facultad legítima frente a la inminente realidad que surgía con la independencia de la Guayana Británica, el 26 de mayo de 1966?

Por cierto, obtenida a cuatro meses apenas, tras la protocolización del Acuerdo.

Otro interesante aporte ofrecido, en idéntico sentido evaluativo del proceso que se estaba desarrollando, daba cuenta de que se había colocado al Estado venezolano en la situación y condición de discutir ―directamente— el pleito con la excolonia británica, porque la delegación de la pérfida Albión hizo mutis; no obstante, habiendo asumido explícitamente en el texto convenido la corresponsabilidad (y obligación internacional) de inmiscuirse hasta resolver la controversia.

Algunos compatriotas llevaron sus conjeturas mucho más lejos y manifestaron que nuestro país debió, en su momento, denunciar el Acuerdo (en los términos del derecho internacional) o haber pedido su extinción de inmediato.

Nos conseguimos, a su vez, con quienes conseguían una seria contradicción a lo interno (en el fondo, o fin último) del Acuerdo, puesto que, según lo allí convenido se debe conducir al “arreglo práctico” de la controversia; pero siguiendo el procedimiento que señala el artículo (33) de la carta de las Naciones Unidas.

Quienes sostenían esa tesis exponían que ningún tribual de derecho (caso de la Corte Internacional de Justicia) busca “arreglo práctico”; sino que se limita a aplicar el Derecho, exclusivamente, o a resolver por equidad si va a decidir ex aequo et bono, conforme al artículo (38) del Estatuto la Corte.

Para dictaminar a través de este último dispositivo resolutivo, las partes en la controversia deben concretar y convenir que así se lleve el Proceso litigioso y admitir la sentencia respectiva.

A pesar de todo lo reseñado anteriormente, Venezuela reivindica ―con infinito orgullo― en todas y cada una de sus letras el Acuerdo de Ginebra (sin omitir que hay algunas limitaciones); extraordinario instrumento documentativo que arriba a (58) años con pleno vigor jurídico.

Nuestro país enaltece, con honor y gloria, a los compatriotas promotores, proponentes y firmantes, porque en las circunstancias presentes de la controversia es el único escrito, avalado internacionalmente, donde se reconoce ―sin dudas ni temores― que existe una contención, que está viva; derivada del insistente reclamo por Venezuela de que fuimos despojados ―con vileza― de 159.500 km2 (una séptima parte de nuestra geografía), comparable a todo el occidente nacional.

Este admitido documento, que tiene la categoría de haber causado estado en la ONU, puso en tela de juicio la cosa juzgada, que es el falaz argumento de la contraparte en su causa de pedir en el Cuerpo Jurisdicente.

Dicho más claro. El Acuerdo de Ginebra desmontó el Principio de la Intangibilidad de la Cosa Juzgada, por encima de la tendencia mundial de aceptar las decisiones arbitrales y judiciales que fundamentan el Derecho Internacional.

El Acuerdo de Ginebra le confiere preeminencia a que persiste nuestra reclamación hasta que alcancemos la debida restitución en justo derecho.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial. Consultor de la ONG Mi Mapa. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela(IDEFV).

SOMOS NOSOTROS

Iris Speroni*

El status quo trabaja mañana, tarde y noche en contra de los intereses de la población.

 

«Ciudadanos honestos son ejecutados a diario tras juicios sumarios de sociópatas y faloperos», por @reaxionario.

Estos últimos días leí dos notas de los amigos @sashapak_ y @reaxionario que están interrelacionadas y son, prácticamente, inescindibles:

  1. UTOPÍA, MOHO Y RODOLFO BARRA
  2. INSEGURIDAD

A lo que le sumo todas las notas de Curtis Yarvin aparecidas en Restaurar, y las no aparecidas también (*).

«Lo cierto es que a partir del golpe de estado contra María Estela Martínez, podemos observar una constante: el Poder Ejecutivo comienza a diluir su centralidad, sometido a duras internas durante la dictadura y luego, bajo el constante escrutinio de nuevos organismos de control cuya gobernanza está por fuera del orden republicano», por @sashapak_.

Ambos abordan un tema clave que tiene que ver con:

  1. la calidad de vida de todos nosotros, los argentinos, (esto es la Felicidad del Pueblo).
  2. la proyección futura de la Nación Argentina, de nuestras próximas generaciones (esto es la Grandeza de la Patria).

Ambos hablan de cómo administrar el Estado para lograr los dos objetivos anteriores.

La segunda nota, de @reaxionario, aborda los problemas administrativos específicos sobre una arista en particular que es la seguridad.

El mismo análisis cabe para cualquier otra área que son de responsabilidad de los gobernantes enumeradas en la Constitución Nacional. La INSEGURIDAD está bajo el rótulo a) “consolidar la paz interior”, pero el autor podría repetir el ejercicio con b) “constituir la unión nacional”, c) “afianzar la justicia”, d) “proveer a la defensa común”, e) “promover el bienestar general”, y f) “asegurar los beneficios de la libertad”

¿O ustedes creen que si habláramos de “defensa común” llegaríamos a resultados muy distintos que los expuestos en INSEGURIDAD? Y, ¡oh, casualidad!, con más o menos los mismos actores en juego. ONG’s financiadas por el Foreign Office o el Departamento de Estado, con los mismos agentes políticos y los mismo “periodistas-progapagandistas” defendiendo la no-defensa del país, etc.

Ya sea darle indemnidad ante juicios civiles por daños y perjuicios a los laboratorios sobre una droga experimental patentada de apuro, el desarme de los ciudadanos, la persecución judicial a ciudadanos que pretenden defenderse de que los maten como ovejas o el abandono del cuidado de las fronteras, los nombres se repiten una y otra vez. Como un elenco estable que se pasan los papeles de obra en obra. Los trucos y herramientas a disposición están muy bien descriptos por @sashapak_en UTOPÍA, MOHO Y RODOLFO BARRA.

Ahora estamos frente a un régimen consolidado. Seguro de sí mismo y con todos los controles de la administración del Estado. Lejos quedaron las necesidades de dar golpes de Estado para sostenerlo, como en 1955 o 1976. Ahora llegan a los mismos resultados ―en realidad a mejores― con la careta de una “democracia liberal” que tapa la forma en que se toman las decisiones.

Como sostiene @sashapak_ en UTOPÍA, MOHO Y RODOLFO BARRA, «Con los organismos de control y el poder judicial controlado por potencias externas en total coordinación con los medios de comunicación…», se aseguran que gane quien gane las elecciones, todo siga igual para sus intereses.

Esos controles que tiene el Poder facilitan las cosas si quien está al frente es de su agrado e impiden el ejercicio de autoridad si no lo es. Es lo que denomino ―no sé si correctamente o no― “Deep State argentino”.

Este “régimen consolidado” actual es el que no puede entender todavía ―si bien ya pasaron varias semanas― que hayan perdido las elecciones 2023.

Su confusión se explica bien en este tuit reenviado Nicchinno https://twitter.com/Nicchinno/status/1750884849479536683 que cita a @piroinsano.

Desconozco los nombres de los que conversan. Son 39 segundos. No pueden entender que un candidato apoyado por la UIA, los bancos, los sindicatos no gane.

En realidad no es tan difícil de comprender. El statu quo, los gobiernos del régimen sostenidos por todos esos factores de poder que el locutor enumera y que estuvieron detrás de la candidatura de Massa, trabaja mañana, tarde y noche en contra de los intereses de la población (en contra de la Felicidad del Pueblo) y de la Grandeza de la Patria. Así de simple.

En la primera oportunidad que tenemos de marcar nuestro disgusto, la utilizamos. Como fue en las elecciones.

Si el statu quo no fuera tan goloso, tan codicioso, y, si además de destinar su tiempo, inteligencia y recursos materiales y humanos a enriquecerse y perpetuarse, le dedicara algunos minutos al día a tirarle algunas migajas a la población, no bailarían en la cuerda floja, como ahora.

Tuvieron que salir de apuro, ante la sorpresa de las elecciones, a ver qué control de daños podían hacer.

El sistema es inestable – por eso el candidato del establishment Sergio Massa perdió las elecciones -. Eso lo describí en EQUILIBRIO INESTABLE. Como no pueden parar de abusar, de robar, el país está cada vez peor: pobreza, marginalidad, mala educación, descontrol de fronteras, zona liberada para la delincuencia, destrucción sistemática de la educación, etc.

Si abusaran un poco menos, la población no estaría tan enojada, y vendrían en bote y no con las sacudidas actuales.

Ahora bien, (con esto ato lo descripto por ambos autores con EQUILIBRIO INESTABLE), ¿por qué no pueden?

Uno podría hacer algo matemático (es mi deformación profesional). Si en vez de robar con las LELIQs, verdadera razón de la inflación, con tasas de tres dígitos, robaran, no sé, un 25% anual, se harían ricos igual y no perderían las elecciones. ¿Por qué no pueden dominar su codicia?

Acá está mi error de diagnóstico en esa nota del año 2019. No pueden parar, porque si paran pierden todo.

Una de las razones del establecimiento y enquistamiento de los factores de poder descriptos por ese señor que no puede entender por qué perdió Massa, es el apoyo desde el exterior.

Y el exterior es el que decide qué políticas internas se aplican. Cómo tener a las FFAA desprovistas de armas, cómo desarmar a los ciudadanos, cómo arruinar los ferrocarriles y la educación (los dos pilares de la Patria Conservadora sostenidos por los gobiernos radicales y peronistas posteriores hasta 1955), cómo llenarnos de vacunas que no se entiende para qué son, cómo bajar la tasa de natalidad por cualquier método, cómo darle hormonas (en realidad castrar) a niños y adolescentes, cómo – ahora es lo nuevo – controlar los volúmenes de nuestra producción agropecuaria.

Todo esto está digitado desde afuera, como en la película “They Live” de John Carpenter, citada por @sashapak_. Y si una persona quiere hacer carrera política en la Argentina, debe prestar consentimiento a esa agenda.

Por eso, como dice @reaxionario, cuando quieren hacer las cosas, las sacan en una semana.

Por ejemplo, la indemnidad frente a juicios civiles a Pfizer que promovió Sergio Massa y que hizo que Pfizer retuviera el ingreso de la pseudovacuna hasta que no estuviera sancionada, o el aborto, promulgado sin haber obtenido las mayorías exigidas por la constitución (dos tercios del pleno de ambas cámaras) y por lo tanto no sancionado con fuerza de ley, hecho entre gallos y medianoche, como ladrones furtivos, con el pueblo impedido de salir a la calle. Los ejemplos de leyes contranatura aprobados por casi todo el arco político son por cientos.

Recuerdo como hoy cuando aprobaron la digitalización y nacionalización de las historias clínicas con solamente dos diputados en contra: Milei y Villarruel (**).

Coincido con @reaxionario en que no acaban con la inseguridad porque no quieren. No sólo que no quieren sino que el programa ES que haya inseguridad. Que nos asesinen uno a uno por goteo. Que se revienten familias mientras los psicópatas drogados tienen libre portación de armas e indemnidad de gatillo fácil.

Ilustración: @TatsuyaIshida9

Pónganse los anteojos y verán que ése es el plan. Ése es el programa. De la misma manera que el plan es que no nazcan argentinos o en su defecto, los menos posibles. Y que los que hay, emigren o mueran de sobredosis o sean iletrados.

Ilustración: @TatsuyaIshida9

Pero nosotros somos huesos duros de roer. Por eso no votamos a Massa, el candidato del establishment. Por eso seguimos produciendo atletas que nos llenan de orgullo en todo el mundo. Por eso tantas cosas.

Nos plantamos, faca en mano.

Coincido con los dos autores citados, en que el Reino Unido en particular y toda la anglósfera en general nos identificó como el futuro contrincante. El que renacerá para hacerles frente. Ellos lo saben y lo supieron siempre. Por algo pudieron ingresar a los ríos interiores del Imperio Chino y hacer colapsar su régimen milenario (los “cien años de humillación”) y acá cuatro crotos con cadenas y pocos cañones se lo impedimos. Décadas les llevó deponer “al Tirano” y al final nunca pudieron hacer acá lo que hicieron con India y China. Ellos lo saben.

Y algunos de nosotros lo sabemos.

Para Felicidad del Pueblo y Grandeza de la Patria.

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

 

Notas

(*) Quien nunca lo haya leído, recomiendo que arranque por https://www.unqualified-reservations.org/2009/01/gentle-introduction-to-unqualified/ que está en el sitio https://www.unqualified-reservations.org/, Tengan cuidado, es un camino de ida.

(**) Ni los troskos se plantaron, a pesar de que a veces son de los pocos que se unen a la voz de la cordura. No en este caso.

 

Notas relacionadas

Utopía, Moho y Rodolfo Barra

https://restaurarg.blogspot.com/2024/01/utopia-moho-y-rodolfo-barra.html

Inseguridad

https://restaurarg.blogspot.com/2024/01/inseguridad.html

Equilibrio inestable

https://restaurarg.blogspot.com/2019/12/2020.html

Imperio Austral

https://restaurarg.blogspot.com/2023/04/imperio-austral.html

 

* Artículo publicado el 27/01/2024 en Restaurar, https://restaurarg.blogspot.com/2024/01/somos-nosotros.html.

LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 27 BIS DE LA LEY DE PESCA VIOLA LA CONSTITUCIÓN

César Augusto Lerena*

Los barcos españoles que pescan en Malvinas con licencia británica, los primeros beneficiados con la derogación que plantea Milei.

 

El 28 de mayo de 2008 se sancionaba la Ley 26.386 que se incorporaba como artículo 27º bis a la Ley Federal de Pesca 24.922 que, en términos generales, limitaba las operaciones pesqueras dentro de las aguas bajo jurisdicción de Argentina a quienes no tuvieran un permiso de pesca otorgado por la Autoridad de Aplicación y/o tenían algún tipo de relación jurídica, económica o de beneficio directo o indirecto con quienes realizan explotaciones sin este permiso, de aplicación a todo tipo de nacionalidad de las embarcaciones; pero muy particularmente a quienes pescaban y pescan con licencias ilegales otorgadas por los isleños británicos de Malvinas que, en promedio se llevan, según las estadísticas publicadas por el gobierno ilegal de las islas, unas 250.000 toneladas anuales de productos pesqueros, dañando la economía argentina; afectando todo el ecosistema pesquero de la Zona Económica Exclusiva Argentina; causando un deterioro de medio marino y atentando contra la soberanía nacional. Buques con licencia ilegal de Malvinas podrían pescar en el resto de las aguas bajo control argentino y viceversa, provocando la más grave apropiación de recursos argentinos por parte de extranjeros y el más absoluto desorden en la administración pesquera del Atlántico Suroccidental.

La derogación o sustitución del Artículo 27º bis por el Artículo 215º (ex 247º) de la Ley Ómnibus, además y centralmente, viola la Disposición Transitoria Primera de la Constitución.

Un reconocido jurisconsulto, experto en derecho internacional manifestó: “Teniendo en cuenta los contenidos del artículo 27º bis, se observa que la Argentina está facultada a aplicar sanciones a empresas que tengan una relación societaria con empresas que pescan ilegalmente en las aguas jurisdiccionales argentinas, por ejemplo, las empresas con licencias ilegales de los isleños británicos en Malvinas. El artículo 27 bis fue un paso muy positivo para Argentina, porque está en línea con lo que establece la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que es procurar recuperar el ejercicio pleno de la soberanía respecto Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los espacios marinos correspondientes. Derogar esas facultades implica un grave retroceso, por lo tanto, es incompatible con el contenido de la citada Disposición Transitoria, porque facilitará el ejercicio ilegal británico al otorgar licencias de pesca” (24/01/2024).

Nosotros entendemos, que se trata de un plan destinado a debilitar los derechos argentinos sobre Malvinas, teniendo en cuenta incluso que no hay razones económicas ni las habría que puedan justificar tal desatino que, por el contrario, perjudicaría los intereses económicos y sociales argentinos, incluso los de las empresas nacionales de capital extranjero radicadas en el territorio continental argentino.

Salvando honrosas excepciones, las políticas de los gobiernos en los últimos 50 años respecto a la recuperación de las Malvinas han sido ruinosas para la Argentina. Una de estas excepciones, fue la aprobación en 1994 de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional que reza: «La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».

El Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB) siempre consideró un escollo insalvable esta Disposición y así, lo dejó de manifiesto en el Pacto de Foradori-Duncan de 2016 en el que se estableció como principal objetivo «remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas»; mientras tanto, los sucesivos gobiernos, por acción u omisión, permitieron pasivamente o con meras reclamaciones inconducentes, los sistemáticos avances territoriales y de explotación de los recursos por parte de los británicos e, incluso el gobierno saliente, hizo la mise en scene “que parezca que nos ocupamos”. Las acciones distorsionaron la letra y el espíritu de la citada Disposición: La “legítima e imprescriptible soberanía” y el “objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino” y no debieron limitarse a la declamación y reclamación; al pedido de apoyo a terceros y a la cooperación unilateral en favor de los invasores. Está claro: se vació de contenido la cláusula constitucional surgida de la mayoría de los argentinos.

No queremos referirnos al pasado sino más bien al oprobioso presente de la “Cuestión Malvinas”; pero deseamos decirles a los responsables de la frustrante etapa concluida que, en lugar de remitir “Informes de Coyuntura de Política Exterior”, típicos de los derrotados y responsables del hoy, que escriben desde los escritorios odas del sin sentido y la desvergüenza. Sería bueno que se llamen a silencio y vivan en la oscuridad que les asigna el fracaso, no solo de la derrota, sino de la incapacidad para diseñar una estrategia y llevar una política que permita caminar hacia la recuperación argentina de los espacios marítimos y los archipiélagos invadidos por los británicos que tanta desesperanza causan a los argentinos.

Dictaron una ley para la creación de un Consejo al que no se le cayó una sola idea; otra para aumentar la sanción a los buques que pescan ilegalmente y no aplicaron una sola sanción a los buques que pescan en el territorio marítimo argentino de Malvinas; no derogaron los Acuerdos de Madrid y “trabajaron” con muchos de los autores intelectuales de estos ignominiosos acuerdos. Como refiere Montesquieu “Cuando en el reinado, existen más facilidades para hacer la corte que, para cumplir con el deber, todo está perdido” y, recordando a Ithacar Jalí: “En la tauromaquia los avisos son tres, al cuarto se llevan el toro al corral” sería justo, un merecido y oportuno retiro antes de que los desencantados les reclamen una razonable rendición de cuentas.

Por el contrario, quienes llegaron en estos días al Palacio saben lo que hacen, no impostan.

Se abrevan en aquellos 17 argentinos que hace 12 años reclamaban una revisión de la política del gobierno sobre “el conflicto” de Malvinas y, donde, “uno de los ejes centrales de la propuesta era que el gobierno adoptase una posición que tenga en cuenta el principio de autodeterminación de los isleños” (La Nación, 23/02/2012) y además buscaban adhesiones en alternativamalvinas@gmail.com; es decir, invitaban a desconocer las Resoluciones de las Naciones Unidas 1.514 (XV), 2.065 (XX), 31/49, 37/9 y la propia Constitución Nacional. Estos opinantes despreciaban las cuestiones relativas a la soberanía nacional y entendían que «la afirmación obsesiva del principio “las Malvinas son argentinas” y la ignorancia o desprecio del avasallamiento que éste supone debilitan el reclamo justo y pacífico de retirada del Reino Unido y su base militar, y hacen imposible avanzar hacia una gestión de los recursos naturales negociada entre argentinos e isleños». Es decir, no respetan la legislación nacional e internacional reconocida y les preocupa más la retirada pacífica de los militares británicos y las cuestiones mercantilistas de negociar con los isleños británicos la utilización de los recursos de Malvinas que son argentinos. La descalificación de “patrioterismo” a quienes tenemos la posición de sostener los derechos argentinos sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, respaldada en los preceptos de la Constitución Nacional y el derecho internacional aplicable, habla por sí misma y, entendemos, que este tipo de opiniones, de personas influyentes, son en gran parte el motivo de los fracasos de nuestro país. No obstante, es muy interesante conocer, a quienes, dentro de la Argentina, tienen una mirada distante a la mayoría de los argentinos. Este tipo de personajes estuvieron presentes en todas las grandes gestas de la independencia y en las distintas etapas de la vida política del país. La mayoría de los problemas que sufre la Argentina no se originan solo en las apetencias de terceros países, sino en la incapacidad e intereses a los que responden nuestros gobernantes y distintos factores de poder, entre los que se encuentran.

En línea con los 17, éramos pocos y apareció Sabrina Ajmechet, historiadora y diputada por la ciudad de Buenos Aires por el PRO, quien escribió en sus redes sociales: “las Malvinas no existen. No son ni nunca fueron argentinas. Las Falkland son de los kelpers. La creencia de que Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental” (Ámbito, 25/07/2021). Son verdaderamente notables estas afirmaciones de una diputada de la Nación y, aún más notable, la tolerancia del Congreso de la Nación para tomarle juramento a semejante transgresora de la Constitución Nacional.

Luego, Diana Mondino, la economista, directiva del Banco Roela y entonces candidata a Canciller de la República “brindó una entrevista directa a un medio británico y allí aseguró que Javier Milei respetará el derecho de los isleños” (Urgente 24, 13/09/2023) y luego, ante el rechazo general que provocaron estas declaraciones, incluso entre los votantes de LLA, trató de aclararlas, dejando más certezas que dudas sobre su posición: “Nosotros decimos que la soberanía de la Argentina sobre Malvinas es absolutamente legítima. Y hasta tanto no se llegue a algún tipo de acuerdo, Argentina va a mantener esa postura. No importa lo que yo quisiera está en la Constitución”. “La cordobesa aseguró que el reclamo seguirá vigente en tanto y en cuanto la Constitución así lo indique. “No me voy a apartar de la Constitución. Esa es la parte que para mí no tiene cuestión de ideología ni de pensamiento” (Pulxo 95.1). “Además, profundizó sobre sus dichos y destacó, que su referencia era respetar los derechos de los isleños como argentinos” (Urgente 24, 13/09/2023) y resaltó “Si creemos que las Malvinas son argentinas, los que han nacido en suelo argentino son argentinos, ¿cómo podrían no tener derecho un argentino, me podés explicar eso?”. Se lo explicamos señora Canciller, los isleños, kelpers implantados por el mismo Reino Unido que les permitió ser británicos en 1983 y lo han ratificado por unanimidad en el 2013. No son parte, según las Resoluciones de las Naciones Unidas, no hay tal derecho a la autodeterminación, sino que la posición defendida por la Argentina desde siempre es la de la integridad territorial y su posición personal ―que nos queda muy clara y en línea con los referidos 17 argentinos― no puede sostenerse desde la máxima responsabilidad de las Relaciones Exteriores de la Argentina. Sus explicaciones de extrapolación, etc., se chocan con sus clarísimas declaraciones y explicaciones precedentes.

Si algo faltaba, la reciente designación como embajador en Chile del ex Canciller Jorge Faurie ―autor junto a Susana Malcorra del Pacto Foradori-Duncan citado― es altamente preocupante, por cuanto, es precisamente con Chile, junto a Uruguay, con quien deberíamos trabajar y acordar una posición común en las cuestiones relativas a los derechos argentinos en los archipiélagos, las aguas y la Antártida, para bloquear la posición británica, que en la actualidad ocupa y explota 1.639.900 Km2 de territorio marítimo argentino, además de disputar 1.430.367 Km2 de nuestra plataforma continental extendida y otros 2.426.911 Km2 del territorio Antártico y de las aguas correspondientes. Nos preguntamos, si desde este lugar, va eliminar todos los escollos para que las Malvinas se desarrollen.

Habrá que reformar el artículo 214 del Código Penal. La Causa Malvinas no es una cuestión en la que podamos poner en duda la pertenencia ni el objetivo, que ya está perfectamente definido en la Constitución Nacional. Podremos, en todo caso, discutir la estrategia y la táctica para el logro del objetivo declarado en la Carta Magna; pero no caer en el absurdo, como en la derogación del Artículo 27º bis de la Ley 24.922 facilitando los intereses británicos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Web: cesarlerena.com.ar.

 

** Artículo publicado por Agenda Malvinas, 25 de enero de 2024.