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LA GUERRA CONTRA EL IMPERIO DEL BRASIL Y LA MARCHA ITUZAINGÓ

Marcelo Javier de los Reyes*

Los orígenes del Imperio del Brasil

Cuando se produjo la invasión de Napoleón a la península ibérica, el príncipe João —regente de Portugal— y su corte portuguesa se trasladaron en 1808 a la colonia de Brasil, donde se asentaron y declararon a Río de Janeiro como capital del Imperio portugués. Lisboa dejó de ser la capital mientras las tropas napoleónicas ocuparon el territorio portugués. Por su parte, la armada británica —que enfrentaba a Napoleón y le ofrecía protección a la corona de Dom João[1]— estableció un bloqueo a los puertos de Portugal.

Hacia 1814 Portugal fue liberado de la ocupación francesa pero, recién en abril de 1821, el ya rey João VI —quien asumió la corona en 1816 tras la muerte de su madre— retornó a la península. En Brasil dejó a su segundo hijo, Pedro, como regente pero cuando las Cortes lusitanas decidieron que el príncipe debía retornar a Lisboa y Brasil convertirse nuevamente en una colonia, Dom Pedro lanzó el “Grito de Ipiranga” tras lo cual declaró la independencia de Brasil, el 7 de septiembre de 1822. Para conmemorar ese hecho, el emperador Pedro I compuso “El Himno de la Independencia” y fue popular hasta su abdicación en 1831.

El 7 de diciembre de ese año, Brasil se constituyó en Imperio y el entonces príncipe fue proclamado emperador con el nombre de Pedro I. en 1823 logró imponer su autoridad sobre las tropas portuguesas, obteniendo su rendición.

Paralelamente, las provincias españolas de América fueron declarando su independencia respecto de la metrópoli. En noviembre de 1822 los Estados Unidos reconocieron la independencia de las Provincias Unidas y, a fines de 1824, hizo lo propio el cónsul británico, Woodbine Parish, en nombre de su gobierno.

Cabe destacar que ya desde antes que Dom Pedro declarará la independencia, las autoridades lusitanas establecidas en Brasil intervenían en la Banda Oriental —considerada luego por el imperio como su provincia Cisplatina—, más aun cuando el germen revolucionario hispanoamericano se dispersaba en torno del imperio. Sin embargo, desde los tiempos en que España ejercía su soberanía, el territorio oriental era usado por portugueses y británicos para introducir productos de contrabando en las provincias españolas dependientes, primero del Virreinato del Perú y, luego, desde 1776, del Virreinato del Río de la Plata.

La guerra con el Brasil

La guerra con Brasil se produjo cuando las Provincias Unidas, pocos años después de haber proclamado su independencia de la corona española, más precisamente, el 9 de julio de 1816, se abocaron a una tentativa de reorganización nacional. Por esos años el nombre de Provincias Unidas resultaba por demás paradójico como ha de demostrar el origen del conflicto en cuestión.

En 1823 la provincia de Buenos Aires inició las gestiones para convocar a un Congreso Nacional con la intención de imponer su hegemonía ante el resto de las provincias. Las autoridades de Buenos Aires consideraban que su autoridad estaba prácticamente consolidada respecto de los demás caudillos provinciales, sobre todo del de la provincia de Córdoba, Juan Bautista Bustos[2].

Se trató de los primeros bosquejos tendientes a concretar un poder de alcance nacional que desembocó en la Ley Fundamental, la cual hacía recaer sobre la provincia de Buenos Aires la delegación de las cuestiones inherentes a la guerra y a las relaciones exteriores.

El contexto internacional también influyó en las determinaciones del Congreso, el cual aprobó el tratado de comercio y amistad con el Reino Unido. Por ese entonces se hacía necesario fijar las fronteras de las Provincias Unidas, atento al avance de las fuerzas de Simón Bolívar por el Alto Perú —lo cual generaba ciertos resquemores entre los dirigentes revolucionarios— y a la presencia de Brasil en la Banda Oriental[3]. Esta última cuestión cobraba una gran relevancia habida cuenta de que Buenos Aires deseaba darle una solución a la crisis que fue, ciertamente, la causa que llevó a la guerra con el Imperio del Brasil: la Banda Oriental[4].

La simultaneidad de los conflictos externos ha sido bien sintetizada por el general de división (R) Evergisto de Vergara, de la siguiente manera:

El problema del estudio de la Historia Argentina es que los hechos son enseñados sucesivamente y no simultáneamente, como en realidad ocurrieron. El panorama que se presenta al estudiar los hechos sucesivamente, hace perder la compresión global. Por ejemplo, la Revolución de Mayo trabajó sobre tres frentes simultáneos entre 1810 y 1820:

      • el frente Este de la Banda Oriental,
      • el frente Norte del Alto Perú y
      • el frente Oeste de Cuyo.

Estos tres frentes, en 1820 pasaron a ser cuatro, con el frente Sur, que era la frontera con el indio.

En esta simultaneidad de escenarios tuvieron que tomarse las decisiones políticas de Buenos Aires y estas decisiones pueden no comprenderse, si no se presta atención a que ocurrían al mismo tiempo y cómo se influenciaban las unas con las otras.[5]

El “frente este” fue la primera guerra que las Provincias Unidas debieron enfrentar con una potencia extranjera[6]. La Banda Oriental constituyó un espacio geográfico en el que las fuerzas españolas y luego las revolucionarias y las portuguesas se movieron desde que los “orientales” se sumaron a los ideales de la Revolución de Mayo tras el Grito de Asensio, el 27 de febrero de 1811. Sin embargo, las autoridades de Buenos Aires se encontraban más concentradas en el frente norte y retiraron las fuerzas que apoyaban a Gervasio de Artigas en el sitio de Montevideo. Las tropas portuguesas acudieron en respaldo de las españolas[7].

Las diferentes visiones que tenían Artigas, los unitarios y Bernardino Rivadavia dejaron a la Banda Oriental librada a los esfuerzos del primero para enfrentar a los portugueses entre 1816 y 1820. Finalmente, los portugueses derrotaron a Artigas en la batalla de Tacuarembó. De ese modo, el territorio quedó incorporado a la jurisprudencia lusobrasilera como provincia Cisplatina, con la complacencia de un caudillo rival de Artigas: Fructuoso Rivera. El proyecto lusobrasilero aspiraba a avanzar hacia el territorio de las Provincias Unidas y crear la Provincia Transplatina.

Tras la negativa de Dom Pedro I de regresar a Portugal y su posterior creación del imperio, la provincia Cisplatina pasó a formar parte del mismo desde 1822.

El 17 de abril de 1825, con el apoyo de los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos —provincias que oportunamente habían integrado la Liga de los Pueblos Libres dirigida por Artigas pero a quien le dieron la espalda tras su derrota a manos de los portugueses— partió la expedición de los Treinta y Tres Orientales con el respaldo de Buenos Aires. La misma fue comandada por Juan Antonio de Lavalleja y Manuel Oribe, quienes contaron con el apoyo de grupos orientales al llegar a las costas de la Banda Oriental. La decisión de las autoridades de Buenos Aires de apoyar la expedición estaba vinculada al triunfo de las fuerzas patriotas sobre las tropas realistas en Ayacucho —el 9 de junio de 1824—, lo que incitó los sentimientos antimonárquicos en la dirigencia de la ciudad, los cuales, entonces, fueron orientados contra las fuerzas imperiales que ocuparon la Banda Oriental.

Por otro lado, Jorge R. Irusta menciona los intereses británicos en esa empresa:

Lavalleja no estaba desguarnecido ni desmunido de medios. El dinero y los planes habían sido provistos por los elementos más adheridos al comercio inglés, por los elementos que poco tiempo antes consideraban que la opinión del ministro García resumía perfectamente la de ellos.

Los recursos fueron provistos por Juan José y Nicolás Anchorena y un grupo de ricos propietarios y comerciantes porteños, todos agentes de casas inglesas y endeudadas hacia ellos.[8]

Con respecto a los intereses de los hacendados y de los comerciantes ingleses en esta expedición también hace referencia Tulio Halperin Donghi:

Dirigida por Lavalleja, hacendado de la campaña de Minas y en su época seguidor de Artigas, emigrado luego a Buenos Aires, la expedición fue organizada por Pedro Trápani, un oriental establecido en Buenos Aires (como socio primero y luego como sucesor de los primeros saladeristas de esta banda, los ingleses Staples y McNeice); contó con los auxilios —modestos— de más de uno de los grandes hacendados porteños.[9]

Los integrantes de la expedición y sus refuerzos locales vencieron a las tropas del Brasil en Sarandí, obtuvieron el control de la ciudad puerto de Montevideo y de otros puntos de la Banda Oriental, Maldonado, Colonia, como así también de la Fortaleza de Santa Teresa.

Luego de la recuperación del territorio oriental se llevó a cabo el Congreso de Florida —el 25 de agosto de 1825—, mediante el cual se declaró la independencia y su intención de integrarse a las Provincias Unidas del Río de la Plata. En respuesta a esta decisión, el 24 de octubre de 1825, el Congreso con sede en Buenos Aires aceptó la voluntad de los líderes orientales, situación que derivó en el inicio de la guerra de Brasil con las Provincias Unidas, en diciembre de 1825, conflicto que el gobernador Juan Gregorio Las Heras había evitado en todo momento.

La primera acción militar de Brasil fue el envío de su escuadra a bloquear el puerto de Buenos Aires y la desembocadura del Río de la Plata. La guerra obligó a la reconstrucción del ejército —desmantelado por las reformas de Bernardino Rivadavia una vez finalizada la guerra de independencia— y a la creación de una armada. La guerra se extendió desde diciembre de 1825 hasta agosto de 1828.

Las fuerzas de las Provincias Unidas, a las que se sumaban las que estaban bajo las órdenes de Lavalleja, conformaron lo que denominó el Ejército Republicano. Encabezado por el general Carlos María de Alvear, incursionó en la Banda Oriental e ingresó por el sur del imperio a través de Río Grande. Estas tropas —integradas por unos ocho mil hombres— lograron un éxito inesperado frente a las fuerzas imperiales en la batalla de Ituzaingó —denominada del Passo do Rosário para el imperio—, el 20 de enero de 1827.

Monumento al costado de la carretera, del lado brasilero, en homenaje a los caídos en la Batalla de Passo do Rosário, 20 de enero de 1827.

En vísperas de esta batalla, las tropas imperiales daban por cierto que obtendrían el triunfo, por lo que se había ordenado la composición de una marcha militar que tendría por objetivo la conmemoración de la misma. Sin embargo, la suerte les fue adversa y cuando los efectivos del Ejército Republicano tomaron el campamento de las fuerzas imperiales, hallaron la partitura de esa marcha entre la documentación. Se atribuye su composición al propio Dom Pedro I. Este es el origen de la marcha Ituzaingó, que pasó a integrar el repertorio militar argentino y a ser uno de los denominados “Atributos Presidenciales”, ya que era ejecutada en los actos oficiales en los que interviene el Presidente de la Nación. La ejecución de la marcha indicaba la llegada del Presidente pero ha caído en desuso.

Marcha Ituzaingó. Interpretada por la Banda del Ejército Nacional Argentino.

Tras esta notable y definitiva victoria ante el Imperio del Brasil, el Ejército Republicano no pudo continuar con su avance debido a la falta de recursos que impidió la obtención de provisiones para continuar la campaña militar. La escasez de pertrechos militares y de todo tipo de provisiones se originó en el temor de las provincias de que su colaboración con el gobierno de Buenos Aires pudiese derivar en una mayor adquisición de poder por parte de éste, lo que le hubiese otorgado una mejor posición —en términos de fuerza— con relación a ellas. En síntesis, los mezquinos intereses de los caudillos provinciales conspiraron contra los logros obtenidos por las fuerzas de las Provincias Unidas.

A ello debe agregarse la deserción de soldados, principalmente del litoral, quienes se apropiaron del ganado de Río Grande y se lo llevaron a sus respectivas provincias. La victoria de Ituzaingó, en consecuencia, no sirvió para definir el conflicto de forma contundente a favor de las Provincias Unidas pues se preveía que la guerra sería larga y ninguna de las partes se encontraba en situación de sostenerla por más tiempo.

Como corolario de la guerra, el Imperio del Brasil debió acordar los términos de las negociaciones llevadas a cabo bajo mediación británica que, básicamente, concluyeron con la independencia del territorio oriental —provincia Cisplatina para Brasil y Banda Oriental para las Provincias Unidas— y la creación de Uruguay.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

 

Citas y referencias

[1] Obviamente, la protección del Reino Unido no era gratuita ya que aspiraba a que el rey de Portugal respondiera a ese gesto con la liberalización del comercio, lo cual se vio forzado a aceptar. Las negociaciones suscitadas a partir de esta protección, encabezadas por Lord Stanford por el lado británico, derivaron en los tratados de Navegación y Comercio y de Alianza y de Amistad, firmados en febrero de 1810.

[2] Tulio Halperin Donghi. Historia Argentina. De la revolución de independencia a la confederación rosista. Buenos Aires: Paidós, 1980, p. 214-215.

[3] Ibíd., p. 220.

[4] Ibíd., p. 213-214.

[5] Evergisto de Vergara. “El frente Este. Rivadavia y la guerra contra el Brasil de 1827”. Instituto De Estudios Estratégicos de Buenos Aires (IEEBA), agosto de 2006.

[6] Ídem.

[7] Ídem.

[8] Jorge R. Irusta. Patagones. La construcción de un espacio social multiétnico en el siglo XIX. Viedma: El Camarote, 2011, p.21.

[9] Tulio Halperin Donghi. Op. cit., p. 222.

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LA ERRADICACIÓN DE LA PESCA ILEGAL EN ALTA MAR PARA CONTROLAR EL ATLÁNTICO SUR Y MALVINAS

César Augusto Lerena*

Cientos de buques, en su mayoría de China, Corea, Taiwán y España, depredan el Atlántico Sudoccidental. Foto: NASA.

¿A quién responde el administrador Favio Cambareri?

Hay entre 350 y 500 buques pescando los recursos migratorios argentinos en forma ilegal dentro o fuera de la Zona Económica Argentina (en adelante ZEE), y ésta debe entenderse como ilegal, ya que pescar sin control de ningún tipo más allá de las 200 millas y depredar los recursos que migran desde la ZEE debe tipificarse de ilegal, ya que se atenta contra la sostenibilidad del ecosistema y contra los Estados ribereños que, como el litoral patagónico, tienen en el recurso pesquero un ingreso fundamental.

Contrario a lo que algunos juristas opinan y muchos funcionarios repiten, de que la pesca en alta mar es libre, absoluta y arbitraria por aplicación de la Parte VII art. 87º y 89º de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR) los buques extranjeros que pescan los recursos migratorios originarios de los Estados ribereños más allá de las 200 millas realizan pesca ilegal, conforme argumentos biológicos de sostenibilidad e interrelación de las especies y la interpretación ampliada de la Convención (análisis hermenéutico jurídico y biológico), en especial, teniendo en cuenta el art. 2º inc. c) de la Ley 24.543; el Preámbulo de la Convención y sus art. 55º; 56º, 58º inc. 3, 61º, 62º; 63º inc. 2; 64º; 69º; 70º; 94º; 100º; 101º inc. ii, 117º, 118º y 119º; su relación con los artículos 4º, 5º inc. d, 22º y 23 de la Ley 24.922 y las opiniones de la FAO (FIDI) respecto a que «las poblaciones transzonales son fundamentalmente “residentes” de las ZEE que desbordan unas millas hacia alta mar» (…) La tendencia de acordar con los Estados ribereños se interpreta como el reconocimiento de facto de un derecho privilegiado de éstos» (Munro, 1993; Lerena César A. El desacuerdo pesquero de Nueva York. El control del Estado Ribereño de la Pesca en Alta Mar, 14/01/2019) y, los Códigos de Buenas Prácticas de Pesca Responsable y Sostenible de la FAO, adoptados por la mayoría de los países.

Para ponderar lo que la pesca ilegal significa para la Argentina, aparte de las pérdidas económicas, podríamos sintetizar los daños sociales: esta pesca impide que 6 millones de niños y adolescentes argentinos reciban una ración diaria de proteína los 365 días del año que pondría fin al hambre y la desnutrición. Y de esto, se tendrán que hacerse cargo al fin, los gobernantes algún día. Nos estamos empezando aburrir de que el administrador de este consorcio (el país) no optimice la utilización de nuestros escasos recursos y nos empuje a la pobreza, a la indignidad y a la vergüenza internacional.

Si bien debería ser entendible que países como el nuestro —empobrecidos y con alto nivel de desocupación— estén a la búsqueda de inversiones extranjeras que generen desarrollo y empleo, es inaceptable que, la prestación de servicios que está en condiciones de realizar en forma directa el Estado los concesione a empresas extranjeras que operan sin control y que no solo se apropian de los escasos recursos con que cuenta la nación, sino que carecen de un plan rector nacional y regional, quedando la renta en manos de unas pocas empresas (en su mayoría extranjeras); tal es el caso, de la administración del Río Paraná, del Río de la Plata y del Atlántico Sur. Sus canales, puertos, transportes de mercaderías y explotación de los recursos. Todo está concesionado (privatizado) y, para llegar a ello, se burocratizó al Estado; se lo colocó en el peor grado de ineficiencia; se le quitaron los recursos; la corrupción y las negociaciones incompatibles con la función pública avanzaron y no se privilegia el mérito ni la carrera pública. Pertenecer al Estado es —en muchos países— un orgullo para cualquier persona calificada; lo era también en la Argentina pero desde hace muchísimos años es un refugio para la militancia política sin formación técnica alguna ni preparación en campo de la política y la administración pública.

La concesión de las potencialidades del país, son especialmente ineficientes, salvo para los concesionarios. Surgen de pliegos de licitación amañados que no suelen contemplar ventajas comparativas a las empresas nacionales que se presenten; tienen aportes del Estado, incluso, hasta cuando la prestación de los servicios no son probadamente deficitarios; no contemplan un plan de desarrollo en el sector o región con metas verificables; no se auditan en forma cristalina los procesos, los resultados, ni los pasivos ambientales, etc. Estas licitaciones se presentan con alcance “internacional” como si ello fuera un sinónimo de idoneidad y responsabilidad en la prestación de los servicios y, en realidad, esconden la intención de sacar de juego a los ofertantes nacionales a los que suele descalificar.

Observemos a las empresas que más facturan en la Argentina y veremos que gran parte de ellas viven de los negocios que les provee el Estado, al que califican de bobo, corrupto y deficitario y no debiéramos perder de vista: no hay Estado ni funcionarios corruptos sin la contraparte privada.

Pero vayamos al grano.

Dos ejemplos de llamados a licitación para la concesión de obras y servicios, sin proteger los intereses prioritarios y de desarrollo de la nación y de las provincias son el Decreto 949/2020 de concesión de la administración del Río Paraná (la hidrovía) y la canalización para el acceso a los puertos y el Atlántico Sur y la pretensión de adjudicar a empresas armadoras chinas un Astillero en Comodoro Rivadavia para que preste servicios de reparación a buques que pescan ilegalmente nuestros recursos dentro o fuera de la ZEE que, además, habrá inexorablemente de prestar otras tareas logísticas a su favor y al de otras empresas chinas igualmente ilegales. Ambos casos son un modelo colonizador que nos retrotrae a los siglos XVIII y XIX y deja en evidencia, por un lado, la falta de planificación estratégica nacional y, por el otro, la incapacidad de los funcionarios para administrar el Estado y potenciar la fuerza empresaria y laboral nacional.

¿Puede un subsecretario de Puertos y Vías Navegables o un Ministro de Transportes (Mario Meoni) establecer la política de producción y comercio de las Provincias del litoral y más aún, de la exportación argentina? por el solo hecho de tener una herramienta con la que se comercializan productos por unos 70 mil millones de dólares anuales transportados en unos 4.400 barcos de gran porte en su mayoría extranjeros, que contienen unos cien millones de toneladas de granos y productos del comercio internacional y nacional; se trasladan unos 25 millones de toneladas de cargas de cabotaje; 2 millones de contenedores y centenares de miles de vehículos y personas. Evidentemente NO.

¿Puede un simple Administrador de un Puerto de Comodoro Rivadavia (Favio Rafael Cambareri) establecer la política de administración de los recursos migratorios argentinos en el Atlántico Sur?, un área donde se extraen con buques subsidiados y trabajo esclavo unos cuatro mil millones dólares anuales de pesca ilegal (el doble del total de las exportaciones pesqueras argentinas) que se comercializan en el mismo mercado mundial de los productos argentinos, generando un evidente perjuicio a las empresas pesqueras radicadas en el país; a la sustentabilidad de las economías regionales del litoral marítimo; a la sostenibilidad biológica del ecosistema y que provocan una internacionalización del Atlántico Sur que favorece la presencia del Reino Unido en Malvinas Absolutamente NO.

Avanzaré entonces en lo referido a este incoherente proyecto de adjudicar a empresas chinas el Astillero citado y sobre cómo reducir la pesca ilegal; pesca, que esta insensata adjudicación promovería a niveles insospechados, provocando un daño económico, social y biológico que afectará a la independencia de Argentina y a su soberanía nacional, con una mínima utilidad para la Provincia de Chubut, muy por debajo que las pérdidas directas que ocasionará y absolutamente insignificantes frente al daño económico, social y biológico que he mencionado.

Además de ello, este tema y otros relativos a cuestiones marítimas, fluviales, navales y pesqueros no pueden estar en manos de un mero administrador de un puerto. Éstas se enmarcan en una compleja trama que debería tratarse en forma integrada, escalonada y con un mecanismo de relojería, ya que la Argentina tiene el 52% de su ZEE y los archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) ocupados. Al respecto, la Secretaría de Malvinas (Daniel Filmus) y algunos miembros del Consejo Nacional de Malvinas (Marcelo Kohen y otros) hablan de que el Reino Unido debe descolonizar Malvinas y negociar la soberanía; pero, al margen de que es erróneo creer que “descolonizar” llevaría necesariamente a la Argentina a recuperar el ejercicio pleno de la soberanía insular y marítima (como prescribe la Constitución), por el contrario, las islas descolonizadas podrían quedar integrando parte del Commonwealth y es altamente improbable que si el gobierno no toma una serie de medidas previas de descolonización de la Argentina territorial y marítima (obviamente inversas a darle logística a los buques chinos ilegales) se pueda recuperar el ejercicio pleno de la soberanía en los archipiélagos, las aguas correspondientes y la plataforma continental argentina, que nos disputa y ocupa el Reino Unido.

La Argentina es un país marítimo (su ZEE es más amplia que el territorio continental) pero, la cuestión marítima está sospechosamente ausente entre los argentinos; mientras tanto, distintos intereses, en su mayoría extranjeros, se apropian de estos espacios y recursos, ante la pasividad o la cuestionable acción de muchos de los funcionarios de las áreas pertinentes. El Mar argentino hay que ocuparlo y para ello hay que tomar una serie de medidas que alcanzan a éste, pero también al Río Paraná, el Río de la Plata; a las relaciones con la República del Uruguay y de Chile; a la presencia argentina en la Antártida; el estrecho de Magallanes y a las exploraciones en la plataforma continental en la ZEE o más allá de ésta.

Para ello debe encontrarse la organización del Estado que sintetice la multiplicidad de organismos que duplican sus obligaciones (la Secretaría de Malvinas; la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables; la Subsecretaría de Pesca, la Comisión Administradora del Rio de la Plata, la Comisión Técnica del Frente Marítimo, la Comisión de la Cuenca del Plata, la Empresa Hidrovía Sociedad del Estado y las decenas de administraciones portuarias, etc.) en la que, a modo de accionistas, intervengan las provincias y sea dirigida por hombres probos, que cuiden y desarrollen los intereses nacionales y regionales. Un Ministerio del Mar y de los Recursos Hídricos, que entre otras tareas promueva la explotación de los recursos, la industria y el transporte naval nacional y la administración portuaria. Que lleve adelante en forma directa la canalización y dragados; que encontrarían mayor sentido si se promueve la utilización de la bandera argentina en la flota mercante y fluvial, para lo cual deberían reducirse las asimetrías impositivas, fiscales y laborales respecto a los armadores de otras naciones usuarias de las redes troncales fluviales, que se ponga al servicio de las producciones regionales los puertos y facilite sus exportaciones y el transporte de cabotaje, la construcción naval nacional, se efectué el control de las operaciones de embarque para evitar la exportación de productos nacionales a través de banderas de terceros países que facilitan el contrabando e impiden sincerar el volumen y la facturación de la producción y exportación nacional, etc. La reducción de los costos de los fletes debería ser un motor dinamizador de las producciones y exportaciones del país y, para ello, es fundamental disponer de puertos eficientes y transportes navales nacionales adecuados.

Se debe mejorar también la capacidad y eficiencia portuaria, tanto en el ámbito fluvial como marítimo, ya que es poco probable optimizar los costos y generar nuevos negocios si no se cuenta con los apoyos logísticos adecuados para las operaciones de armado, captura, desembarco, transbordo, transporte, almacenamiento y comercio.

Nada de esto parece preocuparle al Administrador del Puerto de Comodoro Rivadavia Favio Cambareri, quien a la hora de promover la licitación del Astillero manifestó «no importa el origen de los fondos, lo más importante es el plan de inversión que tenga cada oferta» (Revista Puerto, 02/04/2021). ¡Con este criterio Sr. Cambareri, convoquemos también a los narcos a invertir! Me queda claro que para este imbécil (según la definición de la RAE), el fin justifica los medios y para reactivar un astillero, es capaz de convocar a quienes se llevaron ilegalmente desde 1982 a la fecha la friolera de 152 mil millones de dólares en productos pesqueros originarios de la ZEE, con los que se podrían haber ampliado, renovado y modernizado todos los puertos del país.

En la misma declaración Cambareri también nos explica «que dentro de nuestro ordenamiento legal puede ingresar un buque pesquero extranjero, en la medida que no pesque en infracción dentro del Mar Argentino. Normalmente un buque que viene en navegación no está pescando, sobre todo cuando se trata de calamar, porque es un modo de captura que se realiza únicamente con la embarcación detenida (…) que en el Derecho de la Navegación existe lo que se llama paso inocente…». Bueno, Cambareri, hemos criticado reiteradamente que no se debería dar apoyo logístico en puertos uruguayos a cientos de buques que hacen tráfico con Malvinas o capturan en forma ilegal nuestros recursos migratorios del Atlántico Sur. No podemos admitir ahora que eso ocurra en Comodoro Rivadavia. La navegación en el Atlántico Sur, trasladando recursos originarios de la ZEE, sean éstos extraídos en alta mar o en el área de Malvinas debe considerarse “no pacífica”, porque se trata de transportar una pesca ilegal (INDNR), además de un acto de piratería (captura de semovientes originarios de la ZEE) que, en el caso de Malvinas se agrava en perjuicio de Argentina, por incumplimiento del Reino Unido y los buques extranjeros de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas. Favio Rafael, lo que Ud. refiere sería como creer que a un ladrón sólo lo deberíamos considerar como tal si lo agarramos con las manos en la masa. Su planteo simplista y mercantilista, lesiona los derechos e intereses nacionales. La Argentina y el mundo quieren que se vayan. Aún sin ayudarlos tal vez no se vayan más. Si usted los ayuda, jamás podremos eliminar la pesca ilegal.

¿Tiene en claro Cambareri, sus limitadas atribuciones y las obligaciones inherentes al cargo de administrador de un puerto? A las que, usted además le agrega (aunque no les haga ningún favor) el de vicepresidente del Consejo Portuario Argentino. ¿Tiene idea de la magnitud del daño que podría provocar a la ecología del recurso y a la actividad pesquera (en especial la potera) la insensata apertura del puerto a los buques chinos que pescan ilegalmente los recursos migratorios argentinos? Sería bastante más adecuado que trabaje para hacer más eficiente y efectivo el puerto a su cargo, ayudando a modificar la matriz del transporte patagónico, que se realiza mayoritariamente por vía terrestre con evidente encarecimiento de los fletes, el deterioro de rutas y del medio ambiente. Que tal, si desde su posición le da competitividad al puerto que en la actualidad (2020) ocupa el último puesto de desembarcos pesqueros nacionales de merluza (4,8%), langostino (2,54%) y calamar (0,002%) y se pone a colaborar con la industria para que su puerto se posicione como exportador de productos de alto valor agregado. Y por cierto, por qué no se asegura de aplicar los procedimientos de prevención sanitaria necesarios para evitar que usuarios y trabajadores no contraigan el COVID-19.

Es sabido que entre 350 y 500 buques pesqueros y de apoyo logístico (petroleros y mercantes), subsidiados y con trabajo esclavo, se apropian de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar y en el área de Malvinas, extrayendo un volumen que asciende al millón de toneladas anuales con un valor estimado del orden los cuatro mil millones de dólares, con la consiguiente ruptura del ecosistema biológico argentino; la competencia desleal en el mercado internacional; la apropiación del trabajo regional y desarrollo de los pueblos del litoral marítimo patagónico.

Ya me referí a varios proyectos de base para reducir la pesca ilegal; entre otros promover un Protocolo Adicional Mercado Común Pesquero (MERCOPES); un Acuerdo de Complementación del Tratado de Paz con Chile respecto a la cooperación en el Canal del Beagle y el control del corredor bioceánico Atlántico-Pacífico; perfeccionar el pre-Acuerdo con la Unión Europea (U.E.), en al menos tres líneas: a) acordar la certificación argentina de origen de las materias primas extraídas de las áreas FAO 41 y 48 (El Atlántico sur-sur); b) acelerar el ingreso de productos finales (con valor agregado) libres de aranceles a la U.E. y, c) mientras ello no ocurra, darle el mismo tratamiento arancelario que a Argentina a todas las materias primas capturadas en el Atlántico Sudoccidental dentro o fuera de la Z.E.E. Argentina; establecer Áreas Marítimas Protegidas (AMP) en las 1.639.900 Km2 que ocupa en forma prepotente el Reino Unido en el Atlántico Sudoccidental y en el área adyacente a Malvinas donde migran especies originarias de la ZEE que luego son capturadas por buques extranjeros, fundado, en que la falta de control de Argentina en esos espacios marítimos impide controlar las extracciones, descartes y otras prácticas ilegales, que depredándose los recursos, comprometen todo ecosistema del Atlántico Sur; Declaración de delito penal a la pesca ilegal (Todos mis proyectos en poder la Cancillería Argentina).

Con el apoyo de las medidas precedentes hay que convocar a la flota nacional y extranjera a la pesca en alta mar, para contraponerse a la pesca ilegal. Por ello y con fundamento en las previsiones de la CONVEMAR, de que los Estados de Bandera y los Ribereños deben acordar la captura en la Alta Mar; constituyéndose estos últimos en administradores; además, de no crear las OROP (Organización Regional de Ordenamiento Pesquero), que dejarían a la Argentina y a Uruguay en inferioridad de condiciones para administrar el ecosistema pesquero del Atlántico Sur; estimo necesario, llamar a Concurso para adjudicar las capturas en la Alta Mar y al respecto promuevo:

  1. El Concurso. El Estado Argentino en base a lo previsto en la CONVEMAR y la Ley 24.922 debe constituirse en Estado Ribereño Administrador de los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina y asociados en la alta mar y, hacer un llamado público a empresas nacionales y extranjeras interesadas en su explotación en la alta mar, en base a un pliego de condiciones.
  2. Las limitaciones. Entendiendo que en la actualidad los buques extranjeros pescan sin control alguno en la alta mar y, de igual modo, lo hacen con licencias ilegales otorgadas por el Reino Unido, se tratará de acordar en la mejor forma posible para asegurar la aceptación de las condiciones, salvo que no podrán participar —conforme la ley 26.386— del 19/06/2008 los buques de aquellas nacionalidades que al momento del llamado pesquen con licencia británica en el área de Malvinas de la ZEE Argentina.
  3. Sanciones. Los buques que adhieran al régimen se ajustarán a la legislación argentina y ello supone, entre otras exigencias, la de llevar a bordo observadores, no efectuar trasbordos en la Alta Mar y hacerlo en puertos argentinos, ajustándose a las prohibiciones, infracciones, sanciones y otras de la Ley 24.922.
  4. El rendimiento Máximo Sostenible. Las empresas interesadas aceptarán las épocas de pesca y cuotas de captura otorgadas por la Autoridad de Aplicación en función del RMS del ecosistema global establecido por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero.
  5. Derechos e impuestos. Tanto las embarcaciones nacionales como extranjeras habilitadas dispondrán del Permiso correspondiente y no pagarán derecho alguno de captura, impuestos internos ni de exportación desde la Argentina sobre las extracciones efectuadas en la alta mar. Accesoriamente y para equiparar su actividad a la de los buques extranjeros, los buques nacionales que extraigan los recursos en la alta mar no pagarán impuesto alguno al gasoil. Es un absurdo la vigencia del art. 23º de la Ley 24.922 que exige el otorgamiento de permisos de pesca de gran altura a buques nacionales para pescar en la alta mar, debiendo pagar derechos a la captura. El gobierno debe eximir ya el pago de todo impuesto o pago derecho a esta pesca.
  6. Seguridad, Depredación y Contaminación. La flota naval y aérea de la Armada Argentina en colaboración con la Prefectura Naval asegurará el cumplimiento de la legislación argentina por parte de los buques y, en especial, que los extranjeros no pesquen dentro de la ZZE Argentina, no efectúen transbordos en la alta mar, se ajusten a las cuotas otorgadas y no depreden ni contaminen el mar.
  7. La Zona Común de Pesca. La Argentina acordará con Uruguay las capturas en la alta mar lindera a la Zona Común de Pesca con Uruguay.
  8. Otras bases del pliego de condiciones. Se omiten algunas cuestiones por razones de reserva y en la revisión de las presentes cláusulas o el agregado de otras debiera participar el sector empresario y gremial, para asegurar que las operaciones derivadas de la captura y transporte en alta mar no interfieran con las operaciones de los buques pesqueros que capturen en la ZEE Argentina.

Un Estado sin pesca, nada puede sobre la Mar (Manuel Belgrano).

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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LA DEROGACIÓN DE LOS IGNOMINIOSOS Y OMINOSOS ACUERDOS DE MADRID

César Augusto Lerena*

Carlos Foradori y Alan Duncan

Ayer nos desayunamos con las opiniones de Pérez Izquierdo donde refería a que “el gobierno argentino evaluaba rescindir acuerdos históricos con el Reino Unido”; publicación que fue inmediatamente desmentida por la Cancillería Argentina, en la que manifestaba que eran “absolutamente falsas estas versiones y que el gobierno seguía con la política de Estado de grandes consensos convalidada por el Congreso”.

Por un lado, la supuesta información fallida (¿?), con olor a globo de ensayo, anunciada por este periodista de Infobae y, la propia desmentida del gobierno, sirven para desnudar la improvisada política del secretario de Malvinas, quién aparece erróneamente en el artículo citado como promotor de la hipotética derogación, ya que carece de voluntad y es incapaz de sostener en los hechos semejante decisión y, por el otro, los escasos argumentos que disponen quienes sostienen como un retroceso la anulación de los Acuerdos de Madrid, el llamado Pacto de Foradori-Duncan y, agrego, para contribuir al temor de la diplomacia colaboracionista de la década del noventa (1990) —que nos llevó a la mayor entrega territorial de la historia Argentina— la derogación de los Acuerdos de Nueva York.

A su vez, uno se pregunta, de qué política de consensos habla la Cancillería —suponemos con letra de la Secretaría de Malvinas— cuando los Acuerdos de Madrid ni el Pacto de Foradori-Duncan no fueron aprobados por el Congreso de la Nación y, el Consejo Nacional que coordina, no comenzó todavía a elaborar estrategia alguna y, entre sus integrantes hay desde promotores de la libre determinación de los isleños (Marcelo Kohen, Infobae, 2018); ideólogos de los Acuerdos de Madrid (Susana Ruiz Cerutti) hasta activos participantes de la década del noventa (Martín Balza).

Dedicaré unas líneas antes de entrar a refutar algunas opiniones vertidas en el artículo en cuestión y, en particular, las desinformadas y tendenciosas opiniones del ex vicecanciller Andrés Cisneros, a preguntarme ¿dónde estaba este opinante cuando el ex Gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo proponía independizar su Provincia de la Argentina? Un verdadero dislate que debilita la posición argentina respecto a Malvinas, que se indica en la Disposición Primera de la Constitución: la Argentina “ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas (…) y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”.

Ya en el artículo, considerar “avances bilaterales a los acuerdos que se firmaron en los últimos treinta años (NdA: 32) en materia diplomática entre la Argentina y el Reino Unido” es desconocer su contenido o sus efectos. Transcribir las opiniones de Cisneros lo dice todo; pero, llamar al Pacto de Foradori-Duncan “hoja de ruta” es una elocuente toma de posición respecto a la cuestión Malvinas y circunscribir el tema, a un supuesto interés del gobierno de captar votos de militares, excombatientes y nacionalistas es, al menos, una falta de respeto al sentimiento mayoritario de los argentinos, a los 649 muertos de la guerra de Malvinas y a lo aprobado por los congresales en La Constitución de 1994.

Si defender los intereses, los espacios, los recursos, la cultura y el desarrollo de la Nación y de su pueblo, es ser nacionalista, yo adscribo entre estos últimos.

Llamar “avance” u “hoja de ruta” a “remover todos los obstáculos que impiden el desarrollo de Malvinas” como reza el Pacto Foradori-Duncan, que mantuvo el vuelo de Malvinas a Chile y agregó otro semanal desde las islas a San Pablo, permitiendo el acceso a este importantísimo mercado mundial de las exportaciones de Malvinas derivadas de la pesca ilegal que el Reino Unido realiza en forma directa o a través de licencias pesqueras en esa área donde se capturan especies migratorias argentinas y facilitar el intercambio de bienes, tripulaciones, insumos, alimentos, etc., es una mirada errada sobre acciones que consolidaron la presencia del Reino Unido en los archipiélagos y los espacios marítimos sur-sur. Sí, además de ello, debido a su instrumentación, ponemos nuevamente en vigor la investigación conjunta de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur (incluso por fuera del área bajo control británica), no hacemos otra cosa, que asegurarles a los británicos el otorgamiento de permisos de pesca a buques extranjeros (taiwaneses, coreanos, españoles y británicos), de los que dependen el 75% de la economía de las islas.

Llamar “avance bilateral” a las Declaraciones Conjuntas, comúnmente llamadas Acuerdos de Madrid I y II (1989/90), es desconocer las restricciones militares que se le impusieron a la Argentina en esos Acuerdos, el avance territorial que se le allanó al Reino Unido, ya que mientras en 1982 ocupaba 11.410 km2 y tres millas alrededor de las islas, hoy tiene invadido 1.639.000 km2, un 52% de la Z.E.E. Argentina y ha extraído 250 mil toneladas anuales de pescados y moluscos por un valor aproximado de 4.000 millones de US$/año; es decir 156.000 millones de US$ desde 1982. Una “colaboración unilateral de Argentina” que nunca tuvo contrapartida británica y, sirvió para fortalecer la ocupación inglesa en Malvinas, con la consecuente pérdida de soberanía en las áreas meridionales del Atlántico Sudoccidental, de estratégico acceso a la Antártida y al Pacífico. La “Fórmula del Paraguas” mantiene congelada a la Argentina, limitada a declamar ante los foros internacionales frente al avance sostenido del Reino Unido.

Estos Acuerdos se complementaron con el “Tratado de Promoción y Protección de Inversiones” firmado en Londres el 11/12/1990 y ratificado por la Ley 24.184; donde se estableció que los inversionistas británicos tendrían libre disponibilidad de sus bienes; se les acordaba una condición más favorable que a cualquier otro Estado; se los indemnizaría ante eventuales pérdidas; no se los podría expropiar o nacionalizar; se les garantizaba la trasferencia sin restricciones de sus inversiones y ganancias al país de origen; se sometería las controversias a los Tribunales Internacionales y al CIADI; pudiendo extenderse las disposiciones de este Tratado a Malvinas y otros territorios de ultramar. Frente a todo ello, la primera (1806) y segunda invasión inglesa (1807) —que ocuparon unas pocas manzanas— quedaron como un cuento de Heidi. Y, por supuesto, que mientras éstas dieron empuje a los patriotas para iniciar el camino a la independencia, los Acuerdos son un camino de creciente pérdida de la soberanía nacional.

Agregado a todo ello, Cavallo acordó en 1990 la conservación conjunta (FOCZ) de 400 mil km2 al este de Malvinas y la Comisión de Límites de la Plataforma que opera en la ONU en 2016 no recomendó la aprobación de 1,35 millones de los 1,7 millones de km2 reclamados por Argentina, por entender que se encontraban en disputa con el Reino Unido.

El Congreso, por iniciativa de la Cancillería, aprobó por Ley 25.290 el 13/07/2000 el Acuerdo de Nueva York, que permitiría (de ser ratificado) la constitución de Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP) que pretenden intervenir en la administración de los recursos en el mar argentino, favoreciendo a los Estados de Bandera que pescan a distancia y que en el Atlántico Sudoccidental capturan 1 millón de toneladas anuales de recursos migratorios argentinos y, podrían dar lugar, a la pretendida intención del Reino Unido de considerarse un Estado ribereño en Malvinas.

La colonización británica es tal, que parece que ningún gobierno, a costa de ser calificado “de cabotaje”, se anima a denunciar estos Tratados y, muy especialmente los de “Madrid”, aunque hayan transcurrido más de treinta años y los británicos incumplieran —incluso— con las Resolución 31/49, la 1514/60, la 2065/65, entre otras, de las Naciones Unidas. Por el contrario, una serie de amanuenses siguen abrevándose en ellos, para hacer declaraciones y acuerdos que profundizan la dependencia nacional.

Casi todos hacen silencio y son incapaces de proyectar una estrategia para salir de esta trampa que suma en la derrota perpetua a quienes creen que todo está perdido y, a una gran mayoría de argentinos, que ignora cuál es la situación de ocupación extranjera del país.

Respecto a Andrés Cisneros, que el articulista menciona, como “uno de los diplomáticos de mayor trayectoria en la Argentina”, se trata de quien en 1996, en Londres, acordó la conservación conjunta con los británicos “para beneficio de las partes involucradas”, considerando “parte involucrada” a los británicos que se apropian de nuestros recursos y firmó medidas de “cooperación” donde la Argentina ponía todos los recursos científicos, pesqueros y petroleros, mientras que el Reino Unido ocupaba los espacios marítimos, insulares y explotaba los bienes argentinos. ¡Vaya cooperación! El mismo que ese año en Madrid, acordó siete medidas con los británicos, entre otras, combatir a los “buques pesqueros sin licencias inglesas que pesquen el área de influencia de Malvinas”, de modo que el gobierno ilegal en Malvinas pueda seguir otorgando licencias a buques extranjeros para capturar nuestros recursos migratorios.

Este diplomático explica en el artículo de que cuando se diseñaron los Acuerdos, él era vicecanciller de Di Tella (la llamada época de las relaciones carnales), refiriéndose a que, gracias a esos “tratados” se consiguieron progresos en varias áreas, sin explicar cuáles. Luego dice, que “en el sector petrolero no se registraron mejoras”. ¿De qué mejoras habla? ¿Del inicio de las exploraciones hidrocarburíferas en el área de Malvinas sin autorización argentina y sin estudios medioambientales? Refiere a que “en pesca nos fue mejor y por algunos años compartimos bastante equitativamente el recurso, luego vino el kirchnerismo, cesó de aplicar el acuerdo y ahora los ingleses se llevan todo” ¿De qué reparto equitativo se refiere? si el recurso pesquero es totalmente argentino, originado en el área continental de la Z.E.E. Argentina. Es falso que haya habido ese “reparto equitativo”. Los británicos por sí o a través de licencias otorgadas a buques de terceros países (españoles, taiwaneses, coreanos, etc.) extrajeron un promedio anual de 250 mil toneladas de calamares y peces desde 1982 a la fecha y los buques pesqueros argentinos jamás tuvieron acceso al área ocupada por los británicos. Le sugiero a este diplomático retirado revisar las estadísticas del Departamento británico de Pesca en Malvinas para asesorarse debidamente y no dar información falsa a los lectores.

Y le recuerdo al Señor Cisneros que las islas Malvinas fueron ocupadas en forma violenta por el Reino Unido en 1833, desalojando a los pobladores argentinos y a su gobierno legítimo; después que en 1825 firmaran un Tratado de Paz y Amistad con los argentinos. Y que no ha habido avances diplomáticos respecto a Malvinas desde 1965 y su período como vicecanciller fue el de mayor entrega nacional.
Hay muchísimas razones para derogar o dejar sin efecto Acuerdos y Pactos. En especial los Acuerdos de Madrid que significaron una rendición incondicional de la Argentina con pretexto de generar un ámbito de confianza mutua que los hechos demostraron que el único Estado que cumplió a raja tabla fue la Argentina, mientras el Reino Unido se apropiaba de espacios, recursos y militarizaba un área, violando los postulados de la “Zona de Protección y Paz del Atlántico Sur” que acordaron todos los países de África y América del Sur con Z.E.E. en el Atlántico Sur.

Es muy probable y necesario que esta derogación pueda dar lugar a nuevos acuerdos que pongan fecha de vencimiento inmediato a la llamada “fórmula del paraguas” y promuevan nuevas acciones de interés cierto y efectivo para ambos países. Y ello, es otra prueba de improvisación.

Ha habido una estratégica favorable al Reino Unido. Los británicos saben que en este gran país hay muchos recursos naturales para explotar y los argentinos parece que siguen sin darse cuenta de ello. El día que aceptemos que Mendoza puede independizarse o que tal o cual territorio no merece defenderse, habremos aceptado la derrota final de una gran Nación.

 

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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