César Augusto Lerena*
Imagen: Cba24
No alcanzamos a imaginarnos, cómo hubiese manejado el Ministerio de Economía la Canciller Diana Mondino si en lugar del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto le hubiesen encomendado aquella cartera. De números nada y de cumplimiento de obligaciones, contratos y leyes menos y, pese al origen mundano de su apellido y su fluido inglés, no parece que esta señora esté capacitada para manejar un Ministerio que debería representar las relaciones y los intereses argentinos en el mundo. El «inglés» sin contenido o con contenido contrario a los intereses argentinos carece de total eficacia. Alcanzaría con el traductor de Google o cualquier aplicación de Inteligencia Artificial si la cuestión fuese solo números o proyectos de consultoría para terceros; pero no para representar a una Nación Soberana. El manejo en la cuestión Malvinas de la Cancillería haría carecer de sentido la independencia argentina de 1816, recientemente conmemorada.
No nos referiremos aquí a las pésimas declaraciones del gobierno respecto a los presidentes de los principales países importadores de productos argentinos. Cuestión, que no se compadecen con el amable tratamiento que la Canciller le presta a «la Pérfida Albión», pese al gravísimo daño que ésta le infiere a la soberanía argentina, al comercio internacional de nuestros productos, a la economía nacional, al desarrollo regional de la Patagonia, al empleo y al ecosistema marino y pesquero, con la ocupación prepotente de nuestros archipiélagos y mares y apropiándose de nuestros recursos pesqueros e hidrocarburíferos.
Preocuparse por la honestidad de la mujer del Primer ministro del gobierno español ―Estado que reconoció la soberanía argentina de Malvinas― y no exigirle que sus buques gallegos dejen de pescar ilegalmente en Malvinas asociados con los británicos es inadmisible, ya que estos quiebran nuestra autonomía. la normativa legal argentina y la Res. 31/49 de las Naciones Unidas, mientras la Argentina otorga permisos de captura a empresas nacionales de capital español para pescar en la jurisdicción marítima continental argentina.
Por cierto, pelearse con China y Brasil, que junto a España son los principales compradores de productos pesqueros, no parece tener otro fundamento que el ideológico, llamativamente en un gobierno que se autocalifica de «anarcocapitalista». Ahora bien, la pesca ilegal de buques taiwaneses, coreanos y españoles-británicos de los recursos argentinos en aguas argentinas de Malvinas representa el 60% de los ingresos de los isleños, por algo, ya en 2012, el entonces director británico de pesca en las islas John Barton, decía: «sin la pesca no hubiésemos sobrevivido» (El Cronista, 14/3/12). «Trabajar en conjunto», como refiere la Canciller, sería cometer el mismo error cometido por la Argentina en 1988 en los prolegómenos de los Acuerdos de Madrid, donde se descartó «hablar de la pesca».
En 1848 Sir William Molesworth, quien en 1855 sería el secretario de Estado para las Colonias del Reino Unido, decía: «En las miserables islas Malvinas, no se da el trigo, no crecen árboles, están abatidas por los vientos; desde 1841 nos costaron 35 mil libras, sin retorno ni beneficio alguno. Decididamente, soy del parecer que esta inútil posesión se devuelva, desde luego, al Gobierno de Buenos Aires, que justamente lo reclama». Pasarían 128 años y el 21 de julio de 1976, mediante el Informe de Lord Shackleton los británicos se dieron cuenta que la riqueza estaba en el mar y no en las islas; cuestión que los gobernantes argentinos ―como la Canciller― siguen sin entender e ignoran igualmente que las islas argentinas no las defienden los británicos por los tres mil isleños que las habitan, sino porque están enclavadas en la parte meridional del Atlántico Sur con proyección a la Antártida y control de los océanos Pacífico e Índico de un valor geopolítico superlativo, frente a la vulnerabilidad del Canal de Panamá. Además, que los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea ya han declarado que la pesca es una cuestión de seguridad nacional, mientras que las autoridades de la Cancillería y de la Subsecretaría de Pesca de la Argentina han sido incapaces de controlar la pesca ilegal que se realiza desde 1976 en el Atlántico Suroccidental de la mano de chinos, taiwaneses, coreanos y españoles-británicos. Solo de las aguas de Malvinas los buques extranjeros extraen anualmente 250.000 toneladas de productos pesqueros por un valor equivalente al 50% del total de las exportaciones anuales argentinas de estas especies y, como es de conocimiento público, se agregará la explotación petrolera de «un yacimiento con reservas comprobables de 300 millones de barriles de petróleo» (Agenda Malvinas, 21/06/2024).
En este escenario, en el imaginario de la Canciller en una reciente conferencia en el Rotary Club de Buenos Aires comparó a Malvinas con «un departamento» en el cual la Argentina es la dueña y los británicos inquilinos y «algunos pensaran que son okupas», obviamente excluyéndose de esta última calificación. Manifestando también, que «si una empresa opera en las islas no puede operar en Argentina y así un montón de temas donde hemos presentado quejas a países vecinos por permitir que aterrice un avión que luego siguió a Malvinas. Eso con nosotros se terminó. Queremos tener una relación razonable, la agresividad con nosotros se terminó. Lo que queremos hacer es mantener una relación en donde podamos trabajar en conjunto».
Estas manifestaciones de Mondino son sinceramente imperiales y esotéricas. No tiene la Canciller un poder omnívoro, la política argentina en la cuestión Malvinas está determinada en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y efectivamente las empresas que directa o indirectamente operan en Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y las aguas correspondientes, no pueden hacerlo en el continente nacional por las leyes 24.543; 24.922; 26.386; 26.659 y 27.564 entre otras, todas aprobadas por el Congreso de la Nación y por lo tanto sus dichos y acciones deben cumplir con el mandato popular. Y además de ello, debería estar sancionando a todo buque pesquero que opera en Malvinas.
Los británicos en Malvinas no son inquilinos. No tienen contrato de alquiler firmado por Argentina y son manifiestamente ocupantes ilegales que además violan la Res. 31/49 de las Naciones Unidas avanzando desde 1982 a la fecha en la ocupación de nuevos territorios marítimos argentinos y explotando, como hemos dicho, los recursos naturales argentinos, con los daños ya descriptos.
Imaginamos a la Canciller solicitando a la Ministra de Seguridad la desocupación del edificio de la Cancillería si esta fuese ocupada por un grupo de embajadores y ministros que reclaman por la aplicación del impuesto a las ganancias en sus remuneraciones o, requiriendo la desocupación por la fuerza pública de su casa si fuese ocupada por un grupo homeless que para sostenerse además alquilasen algunas de las habitaciones «circunstancialmente» libres. Los británicos no son inquilinos de las Islas Sra. Mondino, tal vez esté en sus planes y fue un acto fallido. En todo caso, hemos sido incapaces de sacar a los británicos de la zona de confort, con alguna estrategia donde «trabajar en conjunto» (sic) no sea la opción, sino todo lo contrario, ajustar los procedimientos y declaraciones a la legislación vigente y extremar el ingenio y las capacidades para lograr aquello que hasta la fecha no se logró.
La «relación razonable» que la ministra refiere es de tal generalidad e imprecisión y, su referencia a aportes que en forma unilateral la Argentina efectuó en épocas pasadas sin contraprestación alguna por parte de los británicos, les ha permitido llegar a los británicos a este estado de cosas y, en este sentido, le sugerimos tomar nota de la realidad, porque afirmar temerariamente que «Hoy hay un montón de actividades, sobre todo en hidrocarburos y pesca, que no las hacemos ninguno, ni ellos ni nosotros», es desconocer absolutamente la ocupación de nuestros territorios y la explotación de nuestros recursos, que sintéticamente hemos descripto.
El Ministerio es de Relaciones Exteriores y ello exige entender, como refería el escritor, novelista, dramaturgo y licenciado en Ciencias Políticas y Ciencias Económicas Antonio Gala (1930-2023) «la política no puede estar al servicio de la economía», sino todo lo contrario.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).
