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DESPILFARRO Y POBREZA

Iris Speroni*

Las autoridades nacionales, de puño y letra, reconocen que la inflación daña a la población.

Como todos los años, miramos el proyecto de presupuesto nacional que el Poder Ejecutivo envía al Congreso.

Al leerlo, tengo presente una nota mía del año 2019, EQUILIBRIO INESTABLE, en la cual trato de argumentar (no sé si exitosa o infructuosamente) que la situación de permanente inestabilidad económica, social y emocional es generada, promovida y sostenida por los miembros de la élite que gobiernan a la Argentina con dos fines: a) inmovilizarnos (porque estamos abrumados o desesperanzados o tristes o simplemente ocupados en mantener la nariz por encima del nivel del agua mientras hacemos equilibrio sobre la punta de los pies), b) hacerse aún más ricos y reproducir el sistema que les permite hacerlo.

Va a ser un análisis más cualitativo que cuantitativo, a diferencia de otras veces.

¿Por qué la diferencia?

Por varias razones. La primera es porque ni quienes lo elaboraron ni quienes lo van a tratar en el Congreso creen en el mismo. Para ellos es una formalidad que ninguna de las partes piensa cumplir o hacer cumplir. El segundo porque tiene enormes contradicciones en el mismo cuerpo principal del texto. En una parte dicen que van a seguir con las alícuotas reducidas de cargas sociales para las provincias del Norte del país (pág. 14; [1]) y más adelante sostienen que van a eliminar la reducción con fines recaudatorios (págs. 71 y 74; [2]). Es un presupuesto intrínsecamente contradictorio. Es ser y no ser en un solo documento. No es una cosa que uno vea todos los días.

El Mensaje al Congreso se inicia con un repaso de las variables económicas, las cuales son…tristes. Podría decir desesperanzadoras, o preocupantes o cualquier otro adjetivo. Pero que en un país tan rico, luego de haber disfrutado por más de veinte años, de los mejores términos de intercambio en el comercio internacional desde la Segunda Guerra Mundial, tener al pueblo empobrecido, indigente y con más de un tercio con trabajo fuera de la protección de la ley, sólo puede producir tristeza. O impotencia. O mucha bronca.

Para cualquiera que no sea un psicópata redomado, claro.

Razonablemente los burócratas que han escrito el Mensaje comparan los indicadores con los anteriores (cuarentena) que son levemente peores. No se los puede culpar. Intentan proteger discursivamente al gobierno. Pero ya sean los indicadores del 2020, 2021 ó 2022, son, en todos los casos, desoladores.

Página 23, Mensaje al Congreso Presupuesto 2024: «La tasa de pobreza cerró el año 2022 en 37,9% de la población, por debajo de 2021 (39,0%) y de 2020 (41,5%),…».

Efectivamente, la pobreza bajó. Pero son índices horribles.

Página 23, ídem: «…la tasa de indigencia cerró 2022 con una tasa del 8,5% de las personas, reduciéndose también respecto al año 2021 (9,5%) y al año 2020 (10,5%)».

En la misma página, reconocen que el año 2022 terminó peor para millones de compatriotas: «los registros de pobreza fueron mejores durante el primer semestre del año, con una tasa de 36,5% de la población (-4,1 p.p. interanual) ya que, en el segundo semestre de 2022, con la aceleración de la inflación y el consecuente deterioro de los ingresos reales, la tasa de pobreza se incrementó hasta el 39,2% de la población».

Terminamos 2022 con 39,2% de pobres. Con una población de 46.234.830 (según el INDEC), hablamos de 18.124.053 de compatriotas que viven en la pobreza.

Me detengo un poco en este punto. En el Mensaje, las autoridades reconocen que la inflación daña a la población. Que la inflación, en sólo seis meses, extendió la pobreza de 36,5% a 39,2% de la población. Por lo cual, traduzco, en el primer semestre del 2022 había 16.875.713 compatriotas que vivían en la pobreza. En el segundo semestre del 2022, a consecuencia de “la aceleración de la inflación y el consecuente deterioro de los ingresos reales” (pág. 23, “Mensaje…”) llevó a 18.124.053 compatriotas a vivir en esa situación. Dicho de otra manera ―perdón de ser tan densa pero quiero demostrar algo― 1.248.340 compatriotas adicionales se vieron perjudicados por las políticas monetarias del BCRA.

Este perjuicio efectuado por el gobierno contra el Pueblo de la Nación presenta el agravante de que gran parte de este casi 1,25 millones de nuevos pobres son en su gran mayoría niños o ciudadanos muy ancianos; personas vulnerables a las acciones dañinas del Estado.

El mecanismo lo describí con lujos de detalles en SEIS LATITAS DE ATÚN.

Según la reforma constitucional de 1994 es el Congreso el responsable y quien debe instruir al BCRA sobre qué política monetaria y cambiaria adoptar. Cito:

«CAPITULO CUARTO. Atribuciones del Congreso. Artículo 75.- Corresponde al Congreso: …

1. Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales.

…

1. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras;

…

1. Proveer lo conducente…, a la defensa del valor de la moneda, …».

Entonces, fue una acción concreta del Estado, decidida por sus gobernantes, la que llevó a la pobreza en solo seis meses a más de un millón de personas.

Esto sucede por acción del poder ejecutivo, tanto el Ministro de Economía, como las autoridades del BCRA, como por la omisión de Diputados y Senadores, responsables constitucionales de cuidar que esto no suceda. Son los custodios constitucionales de la “Defensa del valor de la moneda” tarea en la que fallaron miserablemente.

Y acá es donde quiero ir. Una acción concreta de funcionarios del gobierno genera un perjuicio concreto y mensurado a más de un millón de argentinos.

Los miembros de la Corte Superman opinan sobre casi todo ―aunque no debieran― y el presidente de la CSJN habló sobre la moneda hace pocas semanas, pero del art. 75. incs. 19, hacen mutis por el foro.

¿Qué correspondería hacer? Por lo pronto, cualquiera de los 1.248.340 de argentinos que se vio perjudicado y lo pueda demostrar, por ejemplo que tuvo ingresos fijos en un contexto inflacionario y que eso lo llevó de no cubrir la cota de “pobreza” definida por el INDEC, esto es, pasó de no-pobre a pobre, puede demandar a:

- ministro de Economía, por generarle un perjuicio concreto,
- directores del BCRA, por lo mismo,
- diputados y senadores por no cumplir con su responsabilidad constitucional de defender “el valor de la moneda”.

Y, por lo tanto, podría pedir un resarcimiento civil (dinerario), más allá de las penas por abuso de autoridad o incumplimiento de deberes que la justicia determine. Claramente puede pedir que le compensen por el daño causado. Y puede ir contra su patrimonio personal.

Se puede ir contra ellos porque son las autoridades las que dicen que la causa de la caída de más de un millón de personas en la pobreza es la inflación y son las autoridades las responsables de la inflación. Por lo tanto son las autoridades las responsables de condenar más de un millón de personas a la pobreza en un solo semestre. Dichas personas pueden reclamarles daños y perjuicios.

Desde 1983 hemos soportado un eterno refrito judicial, donde el Estado Argentino resarció económicamente a miles de personas porque el Estado les perjudicó. Por someterlos a secuestros, tormentos o por asesinar a sus familiares; a lo que se le suma la ignominia de ocultar sus cuerpos. Fue un tema vivo 7×24 desde 1983 a la fecha, película de Darín incluida. Pero a lo que voy es que el Estado gastó miles de horas-hombre de magistrados para determinar quiénes fueron perjudicados, cómo fueron perjudicados y de qué manera había que compensar a las víctimas. Es lo que @Lohengrin82 llama EL MITO FUNDACIONAL. La insistencia discursiva tuvo por objeto justificar su permanencia en la administración pública y, por sobre todo, servir de excusa para desarmar a las FFAA, tarea para la cual fueron contratados. Pero todo eso es otra historia. Volvamos a la parte dineraria del asunto.

Es hora de que apliquemos la misma energía y rigor en determinar qué daño ejerció el BCRA contra todos nosotros en general y contra los más vulnerables en particular. Que la Justicia determine quiénes fueron perjudicados, en cuánto lo fueron, quiénes perpetraron los crímenes contra el Pueblo Argentino, en cuánto hay que resarcir a las víctimas y si la indemnización la va a pagar el Estado Argentino o los funcionarios responsables del daño. Ya que estamos podríamos determinar quiénes se beneficiaron, si no es mucho pedir.

La película de Darín la podemos pasar por alto.

Veremos si después de los juicios siguen tan felices bailando en la cubierta del Titanic.

Existen numerosos temas relevantes en el Presupuesto 2024, por lo que analizaré algunos de ellos en futuras entregas.

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

Fuente

Mensaje al Congreso, Proyecto de Presupuesto 2024.

https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2024/mensaje/mensaje2024.pdf

Notas

[1] Página 14 de “Mensaje al Congreso”, Proyecto de Presupuesto 2024:

“El Régimen de Promoción de Generación de Empleo en el Norte Grande, orientado a compensar las inequidades territoriales respecto al agregado nacional que presentan las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, a través del refuerzo de la estructura productiva de la región, ofrece una reducción de las contribuciones patronales vigentes para empleadores/as del sector privado que contraten nuevas trabajadoras/es, por tiempo indeterminado, con mayores reducciones en el caso de que sean mujeres o población trans”.

[2] Página 71, op. cit.:

“CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL,…6. Norte Grande. Decreto 191/2021…”.

Página 74, op. cit.:

“CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL, Regímenes de reducción de contribuciones…”.

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