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ARGENTINA Y URUGUAY ESTÁN DESPERDICIANDO FUENTES DE PROTEÍNAS Y TRABAJO

César Augusto Lerena*

Con el aval del Inidep, se autorizó una captura de 120.000 toneladas anuales de anchoíta, pero Argentina solo captura unas 8.300 toneladas.

 

Hace casi 50 años atrás, Argentina capturaba 40.000 toneladas por año de anchoíta (Engraulis anchoíta). El procesamiento de esa especie fue una de las actividades que dio inicio al crecimiento de un sector que hoy exporta US$ 2.000 millones al año. La captura y el procesamiento de esa especie generaban un importantísimo número de empleos y proveía de una fuente de proteína de alta calidad. Hoy la situación es absolutamente distinta en Argentina y Uruguay.

Ambas naciones, “decididos a sentar las bases de la más amplia cooperación entre los dos Países y estrechar los arraigados vínculos de tradicional amistad y hondo afecto que unen a sus Pueblos” firmaron en 1973 el Tratado de Río de la Plata y su Frente Marítimo, estableciendo una Zona Común de Pesca, donde se encuentra la anchoíta. Lo que se haga con esta especie es de interés de ambos países, quienes deberían repartirse sus capturas por partes iguales.

Con el aval del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) se autorizó una captura de 120.000 toneladas anuales, pero Argentina solo captura unas 8.300 toneladas (80% patagónicas) por año y Uruguay no ha realizado capturas y estaría estudiando iniciativas para destinar la anchoíta a la fabricación de harina. Dos pésimas formas de administrar los recursos e ignorar la pobreza, el desempleo y la desnutrición de ambos pueblos.

Hay casi 120.000 toneladas disponibles que podrían generar alimentos, empleo y divisas. Destinar a la fabricación de harina la captura de anchoíta es un acto de irresponsabilidad total, absolutamente incompatible con lo previsto en dicho Tratado (Art. 74º, 80º y, 82º) y es una depredación indirecta (no obtener un mayor valor agregado sobre una misma unidad capturada) y una violación al Tratado: “…la adopción y coordinación de planes y medidas relativos a la conservación, preservación y racional explotación de los recursos vivos y a la protección del medio marino…”.

Si Uruguay destinase a harina las 60.000 toneladas de anchoíta que le corresponden, generaría un total de 3.950 jornales de trabajo al año, aunque sería imposible controlar el volumen, la madurez sexual y el tamaño capturado (Res 3/02 y 14/14 de la Comisión Técnica Mixta). Por el contrario, si este volumen extraído se lo destinase al salado y venta a granel, se obtendrían unos 264.000 jornales. Si, además de ello, le agregase el fileteado, podría generar unos 6.000 empleos más.

Enviar la anchoíta y otras especies acompañantes a la fabricación de harina es una depredación indirecta inaceptable y, tanto es así, que desde 2004 esa práctica está prohibida por la provincia de Buenos Aires, cuyas aguas se comparten en la Zona Común, por entender que esta extracción destinada a la reducción “atenta contra sustentabilidad de la anchoíta y de las especies que dependen de ésta; provoca mayores costos y genera menor valor respecto a la utilización de su proteína para consumo humano; ocupa menor cantidad de mano de obra…”.

Por cierto, que esta acción uruguaya afectaría también a aquellos recursos reservados para Argentina, por lo cual la embajadora Mariana Llorente, presidenta de la delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, debería oponerse firmemente a esta iniciativa uruguaya. Cuestión que hasta ahora no hizo esta comisión y, llama mucho la atención, porque está integrada, además de la citada embajadora, por el subsecretario de pesca Carlos Liberman; el director del Inidep, Oscar Padín; la Directora de Planificación de la subsecretaría Gabriela Navarro; el representante del PEN ante el Consejo de Pesca Carlos Lasta y ex del Inidep, Ramiro Sánchez. Todos funcionarios que no deberían ignorar este tema.

Aunque no debería llamar la atención porque explotar solo 8.300 toneladas sobre las 60.000 disponibles para Argentina deja en evidencia una lamentable incapacidad administradora de la Subsecretaría de Pesca de Argentina y, una violación del artículo 1º de la Ley 24.922: “La Nación Argentina fomentará el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos (…) la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina” porque implica perder un aumento del tercio del total de operarios que genera toda la actividad pesquera nacional, en un país con 11,3% de desocupación, 19 millones de pobres, 4,5 millones de indigentes y millones de personas que necesitan de proteínas de la excelente calidad y de las inmejorables grasas insaturadas que provee la anchoíta.

No dejaré de indicar que las especies no explotadas (excedentarias), además, deben ser puestas a disposición de terceros países (Convemar Art. 62, 69, 70 y 297), lo cual sería gravísimo, no solo desde el punto de vista de la administración del recurso, sino por la pérdida de nutrientes para nuestro pueblo. 

Es imprescindible e impostergable que ambos países apliquen el Código de Pesca de la FAO (“llevar a cabo la pesca teniendo en cuenta los aspectos biológicos, tecnológicos, económicos, sociales, ambientales” y “otorgar prioridad a las necesidades nutricionales de las comunidades locales”) y usen, responsablemente, la disponibilidad del recurso; a mi entender, promoviendo y apoyando la constitución de pequeñas y medianas empresas que se dediquen a la explotación para el consumo humano directo de esta especie, evitando la transformación en terceros países (Estados Unidos, España, Perú, Francia, Marruecos, etcétera) para asegurar el empleo en la Argentina.

Nos dice al respecto Juan Manuel Otero Ferres “en el Cantábrico, Francia y España, comparten un recurso idéntico, pero, tienen como Total Admisible de Captura (TAC) unas 29.000 toneladas por año, es decir 40 % menos que Uruguay, sin embargo, generan divisas anuales globales de unos 250 millones de euros con la participación de más de 400 empresas pesqueras que generan más de 35.000 puestos de trabajo directos”. Las exportaciones argentinas de anchoíta salada alcanzan un valor de U$S 3.445 la tonelada, un valor superior a los filetes de merluza y del calamar, según los valores oficiales.

En Uruguay se encuentra durmiendo desde hace un año (30/8/2020) en la Cámara de Representantes un proyecto que apunta a la constitución de nuevas pymes y cooperativas; la promoción del consumo directo y la exportación de anchoítas; la profesionalización de la pesca artesanal; la creación de nuevos puestos de trabajo; el aprovechamiento del remanente en la producción de aceites, levaduras, proteínas o concentraciones solubles con finalidades farmacéuticas o alimentarias, etc. y, sólo destinar los residuos a la harina.

Un proyecto similar en Argentina podría dar lugar a la creación de unas 25 nuevas empresas con una cuota anual de unas 2.000 toneladas de anchoíta y otras especies cada una generando empleos industriales y construcción naval. Aunque, debo reiterar, el modelo debería mutar porque se administra mal y se dilapidan recursos que necesitan todos los argentinos.

(*) ExSecretario de Estado y experto en Atlántico Sur y Pesca

Nota publicada en El Economista, 17/09/2021, https://eleconomista.com.ar/2021-09-argentina-y-uruguay-estan-desperdiciando-fuentes-de-proteinas-y-trabajo/  

 

MALVINAS 1982-2022. UNA GESTA HEROICA Y 40 AÑOS DE ENTREGA.

Malvinas 1982-2022. Una Gesta Heroica y 40 años de entrega. Pesca, la moneda de cambio», un libro de César Augusto Lerena, ex Secretario de Estado y experto en Atlántico Sur y Pesca

A la venta en la Librería Hernández (Av. Corrientes 1436 CABA)

 

Malvinas 1982-2022. Una Gesta Heroica y 40 años de entrega. Pesca, la moneda de cambio es un libro que describe lo ocurrido en los últimos 40 años en el Atlántico Sur, Malvinas y Pesca. Describe y cuestiona muchos de los hechos y efectúa propuestas de gobierno.

El autor entiende que la Argentina es un PAÍS MARÍTIMO e INSULAR. La superficie terrestre de nuestro país alcanza a 2.791.810 Km2, sin incluir la Antártida. Con una costa de 6.816 km según estudios del CONICET, una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 3.146.345 km2 y los archipiélagos de Malvinas que ocupan 11.410 km2 y el resto de las islas 8.597 Km2, sin incluir la Isla Grande Tierra del Fuego y los 965.597 km2 de la Antártida Argentina y las aguas correspondientes.

De esos espacios marítimos el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte invade 1.639.900 km2, es decir el 52% de la ZEE Argentina. Sumando a ello que los británicos disputan a Argentina 1.430.367 km2 de la plataforma continental y también la Antártida. Se concluye que los británicos pretenden quedarse con un territorio equivalente a la Argentina de La Quiaca a Ushuaia.

La Argentina rodeada por los ríos Paraná y Paraguay, junto al Río Uruguay, que cuenta con 3.442 km navegables desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Nueva Palmira (Uruguay), con más 290 km del Río de la Plata hasta el Atlántico, donde el mantenimiento está concesionado y, en su mayoría navegan buques extranjeros y, el comercio de granos en manos de unas pocas empresas extranjeras. El Atlántico Sur no solo está ocupado, sino que explotan sus recursos, buques chinos, españoles, coreanos, taiwaneses, británicos, etc. extraen un millón de recursos pesqueros originarios de Argentina valuados en cuatro mil millones de dólares por año, el doble de las exportaciones pesqueras nacionales. En Malvinas se capturan 250 mil toneladas por año valuadas en mil millones de dólares. Desde la firma de los Acuerdos de Madrid en 1989, el Reino Unido, a través de licencias ilegales, la suma de 32 mil millones de dólares.

El autor observa que mientras ello ocurre, gran parte de los argentinos están desinformados y creen que solo tenemos ocupadas Malvinas. Los aciertos en estos 40 años son escasos y los desaciertos múltiples, respecto al camino hacia la recuperación de la soberanía en Malvinas y a los otros espacios insulares, marítimos, la plataforma continental y la Antártida Argentina.

SUPERVIVENCIA

 Iris Speroni (gab: https://gab.com/Iris_Speroni)

Los trabajadores argentinos pagan impuesto a las ganancias aunque tengan ingresos inferiores a los mil dólares mensuales.

En enero 2020, la Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario publicó una nota donde sugerí a los productores agropecuarios que ingresen en la lucha política. En defensa de sus intereses personalísimos, pero también otros más generales. El trabajo; el propio y el de todos los que dependen de las cadenas de valor que los involucran. De la tradición y las costumbres (ejemplo: la prohibición de ir en procesión a caballo a Luján). De un sistema de transporte eficiente y propio: FFCC que funcionen, flota mercante propia, astilleros. De los intereses generales del país (fuerzas armadas fuertes, presencia internacional, exportaciones que generen riqueza, recuperación de la calidad educativa, etc.).

No me limité a los productores agropecuarios, ni entonces, ni ahora. Los receptores deseados son todos aquellos perjudicados por este orden socialdemócrata que sufrimos.

Enumeración Jorge Luis Borges style:

  • Los jubilados y pensionados.
  • Los trabajadores formales.
  • Los comerciantes.
  • Los industriales pymes.
  • Los desarrolladores informáticos y exportadores de servicios en general (docencia, consultoría, auditoría, artes, turismo).
  • Todos los trabajadores asociados con la exportación, en particular astilleros, marina mercante, puertos, ferroviarios, frigoríficos.
  • Los trabajadores de la salud.
  • Los miembros de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas.
  • Las familias que tienen hijos en edad educativa (pública o privada).
  • Quienes no consiguen trabajo, o si lo consiguen no está bien pago o es informal.
  • Los monotributistas.
  • Los productores agropecuarios.

El domingo 12 de septiembre se inicia el proceso electoral 2021. Pocos productores agropecuarios, dueños de pymes o sindicalistas se postularon.

Tal vez para el 2023 levantemos la puntería.

Entrar en la política es costoso en dinero, tiempo, energía y mala sangre. Pero, ¿qué camino queda? ¿aceptar que hagan con nuestras vidas lo que se les ocurra?, ¿que decidan si podemos trabajar o no, abrir nuestro comercio o no, comprar nuestra casa o no?

Los trabajadores argentinos pagan impuesto a las ganancias aunque tengan ingresos inferiores a los mil dólares mensuales. La clase política desmanteló el sistema de transporte de cargas argentinos y en el proceso dañó a decenas de miles de familias y generó perjuicios económicos para la nación. Los impuestos son abusivos. La inflación les carcome los ingresos a los asalariados a razón de 3% mensual, sin que nadie abra la boca en el Congreso en su favor. Particulares usurpan terrenos y tierras públicas ante la complicidad de los gobiernos provinciales y el gobierno federal. El país está indefenso frente a amenazas externas que son muchas. Se gastan fortunas en idioteces. Asaltan impunemente a la gente en la parada del colectivo a las cinco de la mañana, sin que haya políticas de seguridad serias. Los locos están en su casa y matan a miembros de su familia. Miles de personas (en particular varones) se suicidan por año sin que haya política de salud mental. Esa es nuestra realidad.

Mientras, los políticos están en otra.

El ministro de Economía sostuvo que la inflación era conveniente. Merece ser cubierto con brea y plumas y exhibirlo para su escarnio. El país hace diez años que no crece y quienes gobiernan no tienen solución para salir de este pozo. Podría seguir enumerando.

No saben encontrar soluciones: que se vayan.

Nosotros veremos cómo nos arreglamos. Quienes gobiernan actualmente no encuentran solución, más allá de frases grandilocuentes y repetir las mismas recetas que no sirvieron ni sirven.

Ahora bien, desplazar al régimen es costoso. Lo explica bien Curtis Yarvin en este texto (aquí).

Los errores sistemáticos de los gobernantes no tienen costo para ellos (siguen en su lugar, se alternan, etc.). Los únicos que pagamos los costos somos nosotros.

Somos los que ganamos menos de mil dólares por mes, los que pagamos impuestos, los que no podemos comprarnos una casa. En el caso de los empresarios, son los que tienen una carga impositiva del 80% mientras otros la “levantan en pala” para usar palabras de Cristina Fernández.

Por lo tanto, post Yarvin, entiendo las prevenciones para ingresar en política. Es costoso y con resultado incierto. Pero, ¿cuál es el costo de no participar?

El costo para los trabajadores es pagar impuesto a las ganancias por un magro salario, dejar en concepto de impuestos a la venta el 50% de lo que queda cada vez que se va al almacén o a la estación de servicio; viajar una hora y media en transporte público de ida y otro tanto de vuelta para ir a trabajar.

Si nuestra restricción para participar en política es nuestra energía/dinero, entonces es lo que debemos administrar con inteligencia.

Siempre con la convicción de que a esta gente hay que echarla. Así de simple. Porque su proyecto de supervivencia implica la infelicidad de todos nosotros.

Esta semana tanto el gobernador Kiciloff (verdadero interventor) como la vicepresidente Fernández apoyaron la medida de cerrar las exportaciones de carne vacuna. Quiero rebatir sus argumentos.

El gobernador sostuvo que las exportaciones a China se deben a un acuerdo que se firmó en el 2014 cuando él era ministro y Fernández presidente (verdad), que la demanda de alimentos de China es enorme (el nombre técnico que usó correctamente es “infinita”) y que puede absorber todo lo que produzcamos (verdad) y que para defender el consumo doméstico hay que poner límites a la exportación (falso) y que la solución es aumentar la producción (verdad).

Ahora bien, esta gente que se la da de estadista (la vicepresidente en su discurso afirmó saber gobernar; desconozco por qué lo dice cuando gobernar es programar, planificar, prever, prepararse; nada de eso hacen). Los políticos tuvieron 7 años para generar las condiciones para aumentar la oferta o poner reglas claras de qué se puede exportar o no. Nada de eso hicieron.

La vicepresidente sostuvo que los productores quieren exportar para tener más ganancias, que su afán de lucro atenta contra los habitantes del país y que no lo iba a permitir. Acá quiero hacer varias aclaraciones. Todo el mundo trabaja para ganar plata. Ella, por ejemplo, quiere ganar plata cuando reclama su pensión de presidente, la de su esposo y además cobra como vicepresidente y cobró como senadora 2017-2019; lo hace cuando administra sus propiedades; lo hizo cuando tramitó la sucesión de su esposo. Todos queremos ganar dinero y estar en poder de nuestras posesiones. Ella también. ¿Por qué lo reprocha en otros? Segundo, si dice que ella y su coalición política saben gobernar ¿cómo es que no saben qué medidas hay que tomar para aumentar el rodeo vacuno? Si la cadena de la carne no gana dinero, en particular la cría, no hay carne. Así de simple. Ella no es vicepresidente gratis. ¿Por qué el que se ocupa de que haya terneros, ayuda a parir a las cuatro de la mañana y da la mamadera a las crías huachas debería hacerlo?

Pero además, con esa frase, reafirmó que no le importa que no se aumente el rodeo. Lo sabíamos porque durante sus ocho años de presidencia el mismo cayó en millones de cabezas. Recuerdo a los lectores que el presidente Perón pidió que lo subiéramos a 200 millones (*).

Al país siempre lo salvan los privados

De lo que la casta política no se ocupó en su infinita ineptitud, esto es, de preparar el país para el acuerdo con China que la propia casta firmó, sí se ocuparon los privados. 

Se aumentó la producción de carne porcina, al punto de substituir las importaciones de Brasil, de carne aviar y hubo un significativo aumento del rodeo ovino para carne en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos (los ovinos patagónicos son para lana). 

Los privados, a diferencia de la casta política, siguieron las recomendaciones del presidente Perón en 1973 quien propuso el aumento de la producción y consumo doméstico de carnes alternativas para generar excedentes de exportación.

Plan Trienal, Tomo 1, página 32, política agropecuaria.
En la web MECON

Daños de las medidas

La medida de prohibir la exportación de carne vacuna baja artificialmente su precio porque genera una sobreoferta momentánea (los cortes destinados a la exportación quedan acá). Esto perjudica a las otras carnes, ya que a igual o menor precio el consumidor prefiere comer novillo y no cerdo. Por lo cual manda a jugar a la B a todas las personas que invirtieron desde 2014 a hoy en ovinos, porcinos y aves. 

No es cierto que los argentinos no coman carne. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario sostiene que en el 2020 (plena pandemia) los argentinos comimos más de 100 kilos de carne por habitante, uno de los máximos mundiales. El consumo de carne vacuna “bajó” a “sólo” 50 kg/cápita, que es más o lo mismo que el consumo per cápita norteamericano y uno de los más altos del mundo.

Las medidas de los funcionarios nacionales defendidas por la dupla Kicilloff-Fernández esconden una pelea entre rufianes para dirimir quién se queda con la cuota exportadora a China. En el medio estamos todos.

La vicepresidente dijo que no se puede dejar sin comer a los argentinos para exportar. Sin embargo eso es exactamente lo que su esposo, ella, Macri y Fernández hicieron con el pescado. Los argentinos dejamos de comer pescado para poder exportar toda la producción local. Llegamos a exportar más pescado que carne vacuna.

El gobierno estimula la exportación del 100% de lo pescado. Toda pesca destinada al mercado doméstico debe pagar impuesto a los IIBB, impuesto al cheque y trasladarlo a enormes costos de flete a las urbes (el 50% del valor del combustible es impuestos). Mientras que si la empresa exporta por puertos patagónicos recibe un subsidio sobre la facturación. Sobre el pescado y la mesa de los argentinos no hay discursos grandilocuentes de cierre de campaña.

¿Por qué los funcionarios prolongaron el cierre de exportaciones de carne vacuna? Porque no les pasó nada. Porque no hubo consecuencia alguna a su política criminal. No tuvieron amparos ante el fuero contencioso administrativo federal, no sufrieron denuncias penales en el fuero federal. Ni siquiera se difundió por radio y televisión que era todo una pantomima para favorecer a los frigoríficos X, Y y Z. Les salió gratis penal y reputacionalmente. A pesar de que ponen en riesgo miles de puestos de trabajo en frigoríficos y dañan patrimonialmente a otros miles de personas.

¿Por qué lo hicieron? Por la misma razón que les da la cara para cobrar impuesto a las ganancias a alguien que cobra mil dólares de sueldo: porque no les pasa nada.

Me imagino que los damnificados pensaron “es por tres meses y luego vuelve a la normalidad”, “no nos vamos a enfrentar si en poco tiempo se arregla solo”. Eso es no querer entender cómo funciona la menta de estas personas. Quienes dirigen el país van contra los intereses del pueblo argentino y van hasta el hueso. Por eso hace más de una década que le cobran impuesto a las ganancias a los trabajadores. Por eso la mitad del costo de la comida es impuesto. Por eso los trabajadores deben mandar a sus hijos a escuelas que viven en huelga permanente (pre pandemia). Porque al no encontrar resistencia, avanzan.

Retroceder, aceptar, declinar no los apacigua: los envalentona. Discursos de esta semana pre-electoral como pruebas al canto.

Hay que guerrear. Hasta que se vayan.

 

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

 

Nota:

Discurso General Perón 25 de octubre 1973.

Artículo publicado originalmente en Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2021/09/supervivencia.html