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TODO HÉROE ES, VALIENTE Y HUMANAMENTE, UN ANTIHÉROE

Oscar Colorado

 Foto: Telefé Noticias.

“la cuestión política por excelencia, a saber, cómo conciliar un orden que no sea opresión con una libertad que no sea libertinaje”.

Leo Strauss

El jubilado Jorge Ríos, herrero de profesión, fue asaltado en su hogar. Los ladrones decidieron torturarlo. Las heridas infectadas exigieron su internación. Su honradez logró quebrarlo emocionalmente. Hoy se encuentra acusado por haberle quitado la vida a uno de los delincuentes, mientras su familia transita esta situación entre el miedo y la consternación.

El heroísmo discurre entre zonas ambiguas, cuyos intersticios más opacos revelan lo inextricable y sinuoso de la condición humana. De esa opacidad surge, naturalmente, una evidente falta de franqueza pública. Reflexionar sobre lo opaco no resulta confortable. El desafío exige, cuando menos, un ápice de hermetismo interpretativo, un resquicio capcioso que pocos se atreverán a frecuentar. Así, la impostura se convierte necesariamente en hábito, mas la realidad no deja por ello de ser difusa, intrincada, opaca. El enjambre cotidiano oculta la visibilidad del bien; escamotea la sencillez del mal. El ser y el deber ser no se muestran diferenciados, enfrentados, sino mixturados y entrelazados, cuando no inaccesibles, esotéricos, encriptados.

Por ello, la decisión más difícil, el momento mismo de la disrupción, no  puede sino aparecer allí donde el ambigüedad y la opacidad iluminan una falla en el sistema que las contiene. ¿Acaso existe acción más heroica que aquella que mediante un equívoco, por lo demás honesto debido a su condición existencial, denuncia un estado de cosas? Aquella heroicidad que inadvertida como necesidad existencial señala a todo un sistema y le indica que la falla reside en él.

De esa manera, y en este caso, un jubilado habla a través de una suerte de error; significa y revela a través de una acción no la desmesura, no el hubris o el exceso, sino el derecho tal vez último y minimalista a resguardar la propiedad sobre su cuerpo, a ejercer su defensa de aquellos que, avalados por narrativas y sensiblerías propias de una discusión pública extraviada, son la causa y razón de su equívoco, inadvertido y sentido, reñido y existencial.

Todo héroe real, entonces, es secreta, humana y valientemente, un antihéroe.

EL PEZ POR LA BOCA MUERE Y EL PEZ GRANDE SE COME AL CHICO. DOS AXIOMAS QUE NOS HABLAN DE EMPRESAS Y CÁMARAS PESQUERAS.

César Augusto Lerena*

Imagen de Ann en Pixabay

Días pasados nos llegó un folleto de una llamada Asociación para el Desarrollo de la Pesca Argentina (ADPA) que estaría integrada por solo seis empresas (o grupos) que dicen exportar el 70% de los productos pesqueros argentinos. Si bien este porcentual no está claro, de ser cierto, podría estar arrojando algunas conclusiones iniciales.

En primer lugar, llama la atención, que en estos últimos meses hayan aparecido ya dos organizaciones sin fines de lucro, integrados mayoritariamente por empresas extranjeras, preocupados por el cuidado ambiental y que lo hagan cuando hay un esfuerzo de internacionalizar el Atlántico Sur promoviendo la instalación de organizaciones regionales (OROP), bajo el pretexto de la creciente pesca ilegal y estemos a poco tiempo de vencerse las cuotas de captura en la Argentina.

En segundo lugar, el alto porcentual de las exportaciones (70%) en manos de tan pocas empresas, en principio, sería una concentración inaceptable de la actividad, que se agrava, porque se trata de concesiones del Estado Nacional y de las Provincias, contraria al espíritu y a la letra de la legislación vigente. Al mismo tiempo, esta Asociación avanzaría sobre una representación que debiera ejercerla el conjunto de la actividad, agrupada en distintas Cámaras y este folleto de promoción, además de cometer algunos errores formales y de diseño (La Pampa no es una provincia ribereña y se omiten espacios territoriales marítimos e insulares y la Antártida Argentina), no avanza en forma concreta en qué podría consistir su aporte al sector pesquero y a los poderes públicos.

Empezaré por decir que este grupo de empresas tiene propios o en locación un 77% de buques congeladores y un 23% de buques fresqueros y, ello solo, contraría el modelo industrial de generación de valor y empleo, previsto en el art. 1º de la Ley de Pesca (24.922): “…el máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos (…) favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina”, ya, que estos cuatro puntos solo se logran, si se utilizan buques fresqueros y los procesos se realizan en plantas industriales en tierra, ya que aquí se aprovecha el 100% de la materia prima (incluso los residuos), es decir se hace un aprovechamiento más racional, con mayor cuidado del ambiente marino, agregando valor y mayor mano de obra intensiva.

Cuando en 1998 en el art. 2º de la ley se plasmó el reclamo sectorial de que se la considerara una actividad industrial y no meramente productiva. Esta argumentó que la pesca cumplía con los cuatro parámetros descriptos en el artículo citado y, ello, no era una cuestión semántica, ya que esa tipificación significó beneficios económicos por la producción de bienes que generaban valor y mayor empleo y no solo actividades extractivas y/o de bajo proceso y/u ocupación. Se podrá discutir la eficiencia, pero no el modelo, donde el Estado —el propietario del recurso— debe, además de asegurar la sostenibilidad, garantizar el mayor rendimiento económico y social a partir de una misma materia prima y no exportar commodities con bajo empleo, beneficiándose a los importadores y procesadores de los países de destino.

Otra cuestión son las cuotas —y por analogía las autorizaciones— que tendrían asignados los buques de este grupo, ya que, por ejemplo, una de estas empresas, a pesar de tener muy pocos buques propios, está entre los principales exportadores del país. Es decir, se podría estar desvirtuando lo previsto en el art. 27º de la ley que indica: “…Las cuotas de captura serán concesiones temporales que no podrán superar por empresa o grupo empresario aquel porcentaje que fije el Consejo Federal Pesquero (CFP) sobre la Captura Máxima Permisible por especie a efectos de evitar concentraciones monopólicas indeseadas”, por lo que habrá que analizar este y otros innumerables casos donde el límite máximo de cuotas podría estarse evadiendo a través de operaciones inmobiliarias de locación, cesión o acuerdos de pesca y compra-venta de materias primas que, en realidad, podrían estar encubriendo de hecho una transferencia de cuotas o autorizaciones que superaría los límites de captura asignados a la empresa o grupo empresario.

Es evidente, que las demás condiciones que debe establecer el CFP, como refiere tanto el art. 27º de la ley como en el art. 12º de Decreto 748/99, deberán replantearse, ya que, si bien es conocido y lo hemos expresado reiteradamente de la lectura del folleto de esta Asociación se desprende la concentración monopólica indeseada que sufre la pesca y, es fácil imaginar la presión, que sobre las pequeñas y medianas empresas se puede ejercer en una actividad netamente exportadora —el folleto refiere a la exportación del 90% de la producción— (sic), donde estas empresas dicen tener presencia en más de ochenta mercados (sic).

Esta cuestión está ratificada con mucha claridad en el Acta CFP 48 del 6 de diciembre de 2007, donde refiere a la política de administración del recurso pesquero y reitera que “…no podrán superar por empresa o grupo empresario aquel porcentaje que fije el CFP (…) a efectos de evitar concentraciones monopólicas indeseadas” y la Ley 24.922, en este sentido, guarda analogía con la Ley 25.156 (de Defensa de la Competencia) y la Res. 164/2001 de la Secretaría de la Competencia, Desregulación y la Defensa del Consumidor, que contiene los lineamientos para el control de las concentraciones económicas.

Es obvio, que estas concentraciones no pueden referirse solamente a las especies cuotificadas, sino también, a aquellas que requieren autorización para su captura en el Atlántico Sur, dándole de esta forma oportunidad de disponer del recurso del Estado no solo a las grandes empresas, sino también, a las medianas y pequeñas e, incluso, a aquellas que no teniendo buques, necesitan de la materia prima para su industrialización, dándose cumplimiento al objetivo previsto en el art. 1º de la Ley de Pesca (24.922).

A la luz de los hechos, los parámetros que utilizó el CFP en el Acta 49 del 11 de noviembre de 2009 para adjudicar las cuotas, fueron erróneos y vinieron a confirmar lo que ya se conocía de otros países: que este tipo de cuotificación y su transferibilidad genera concentración. Según nos dice, esta Asociación, 6 empresas (o grupos de), exportan el 70% de lo que produce el país y, si aceptamos como válido ese porcentual, podríamos concluir que realizándose ello con unos 96 buques propios o alquilados, más mercaderías adquiridas a terceros o capturadas por estos, mediante distintos tipos de convenios, incluso financiando las operaciones, es decir, una suerte de trabajo a fasón, quedarían afuera unas 300 plantas industriales y unos 430 buques pesqueros que solo acceden al 30% de las exportaciones.

De los textos del folleto de esta Asociación se desprende que, si computásemos las exportaciones de 2018, seis empresas se llevaron 1.500 millones de dólares, es decir un promedio 250 millones de dólares cada una, mientras que los 430 buques restantes y/o las 300 plantas industriales de Argentina se repartieron solo 643 millones de dólares. Una pésima administración, distribución y concesión del recurso pesquero de dominio del Estado Nacional y los Estados Provinciales, que no asegura —al menos— a quienes les otorga cuotas y autorizaciones una Unidad Económica Pesquera, por lo que muchas empresas terminan siendo rehenes de las grandes empresas concesionarias.

La explotación de estos recursos por parte de los particulares se realiza con sujeción a las reglas que fija el Estado, quien, como titular del recurso, es quien habilita a los buques a acceder a los caladeros y es el concedente de las Cuotas y las Autorizaciones. Las especies por capturar viven en un sistema biológico complejo que debe ser sustentable a cada pescador o empresa, en un equitativo acceso al recurso, que permita su explotación por parte de las grandes empresas, pero también asegurar una “Unidad Económica Pesquera”, para que también los pequeños y medianos empresarios puedan vivir y desarrollarse en esta actividad. Puede haber empresarios más o menos exitosos, pero no pequeños empresarios donde la Unidad Económica de Explotación Pesquera sea deficitaria y deban terminar de hecho o derecho transfiriendo sus cuotas y autorizaciones.

La presentación en sociedad de esta Asociación puso al descubierto el origen de las principales empresas (si bien ya estaban detalladas en todas las revistas especializadas) que explotan y exportan nuestros recursos, indicándonos, en primera persona, que ya no queda nada o muy poco, de aquellas empresas nacionales pesqueras del 70. ¿Esto en sí mismo es un problema? No. Todas las inversiones debieran ser bienvenidas en la Argentina, en tanto y en cuanto lleven adelante un modelo industrial, de exportación de alto valor agregado y ocupación de mano de obra, como establece la ley argentina. Cuestión que este modelo —que impera desde hace décadas en nuestro país— no tiene en cuenta, por lo cual se extraen nuestros recursos, se regala la mano de obra a terceros países y se coloca en situación de insustentabilidad a medianas y pequeñas empresas que procesan en industrias en tierra.

Frente a este panorama el Subsecretario de Pesca y los miembros del Consejo Federal Pesquero y, con motivo del próximo vencimiento de las cuotas entregadas en concesión, debieran producir un cambio substancial en la política pesquera, una de ellas es la referida al otorgamiento de cuotas.

Las especies cuotificadas son cinco (merluza común, merluza negra, merluza de cola, polaca y vieira) y otras solo requieren autorización (langostino, calamar, etc.). Analizaremos las empresas en relación con la merluza y el langostino, ya que juntas, representan el 72% de las exportaciones.

En el caso de la merluza, la Res. CFP 23/2009, en su art. 3º se estableció con qué parámetros se ponderaría a cada empresa a la hora de otorgarles las cuotas, aunque no se ajustaron al orden y cuantificación de las prioridades de los artículos 1º y 27º de la ley 24.922. Ello debería revisarse si se quiere hacer una distribución que promueva un desarrollo más equitativo de la actividad. A su vez en su art. 4º se fijó el “Porcentaje Máximo de Concentración por empresa o grupo empresario en el 10% de la Captura Máxima Permisible (CMP)”, es decir, este porcentual podría permitir que diez empresas se queden con la totalidad del recurso disponible en perjuicio del conjunto de las empresas, produciendo una concentración indeseable. Este porcentual durante el gobierno de Macri por Acta CFP 34/2018 y Res. 15/2018 se aumentó al 15%, es decir, ya no 10 sino 6,7 empresas podrían quedarse con toda la merluza. En 2018 las cinco primeras exportadoras de merluza pertenecen a esta Asociación ADPA sin fines de lucro.

¿Es de esperar un cambio? Sería sorprendente, ya que uno de los miembros del Consejo Federal Pesquero que aprobó sin fundamento alguno el aumento porcentual de la cuota (ver Acta 34/18) durante el gobierno de Macri, es hoy el Subsecretario Pesca Carlos Liberman. Un Modelo Concentrador no es igual a otro de Distribución, como indica, el más elemental modelo de administración pesquera.

En el caso del langostino, esta especie representó en 2018 el 61% de los dólares exportados pesqueros y, pese a ello, el Subsecretario y el CFP parecieran carecer de la decisión para administrarlo, representando el interés del conjunto de la actividad y, asegurar su racional uso como fija la ley. El CFP dictó las Res. 7/2018 y 4/2019 de “Medidas de Administración del Langostino” que sintetiza las contradictorias y depredadoras políticas iniciadas en 1988. Mediante estas normas se produjo las transferencias de capturas de buques fresqueros y costeros a congeladores y, junto a ello, la depredación del recurso; la exportación de enteros; la pérdida de mano de obra nacional y, el procesamiento en el exterior. Pérdida de mano de obra que se entiende fácilmente si se analiza la falta de proceso y la relación entre fresqueros-congeladores que en 1976 era de 92% a 8% y en 2018 de 48% y 52% respectivamente. A ello se agrega la auditoría de la UBA y AGN y las distintas transferencias y reformulaciones aprobadas, que deberían analizarse si cumplieron con las exigencias legales y se ajustan a la exigencia de no aumentar esfuerzo, según lo previsto en el art. 30º de la Ley 24.922. En 2018 la Certificadora Seafood Wath colocó tarjeta roja al langostino argentino, recomendando a los consumidores: “No compre, están sobreexplotados o capturados de manera que dañan a otras especies marinas o al medio ambiente” (sic); además de accesoriamente de calificar negativamente a la merluza (incidental del langostino) y concluyó: “sólo a veces (la administración) sigue el consejo científico y hay una falta de políticas de largo plazo, falta de experiencia en temas de gestión, y una fuerte influencia de la política o economía sobre decisiones técnicas”, cuestión, que los científicos argentinos ya dejaron en claro: “la evolución no se explica solo como el resultado de la estrategia actual”. Así es, las recomendaciones de los investigadores han sido desestimadas por la Autoridad de Aplicación, en especial, en lo relativo a los descartes y a la pesca incidental, lo cual resulta absolutamente grave. Otras cuestiones, deben regularizarse: buques de más de 40 metros de eslora pescan (ya prohibido en Art. 1º Res. SAGyP 1113/88); capturas de más de dos mil toneladas y una concentración excesiva por grupo empresario (18 buques congeladores o fresqueros, siempre que no se supere el número total de 26 buques congeladores y fresqueros), que puede incrementarse por vía de contratos entre empresas. En 2018 entre las seis primeras exportadoras cinco pertenecen a esta Asociación ADPA sin fines de lucro.

¿Es posible alcanzar una administración más equitativa del recurso? En la administración de 2018 y en esta, de 2020, hay tres cuestiones en común, la primera, el entonces Secretario de Pesca de Santa Cruz Carlos Liberman era miembro del CFP que aprobó la Res. 7/2018 y hoy es el Subsecretario de la Nación; la segunda, que no obstante la presencia de este funcionario las grandes perjudicadas fueron las Provincias de Santa Cruz y Chubut (en cuyas aguas se origina este recurso) y las empresas de mayor generación de empleo; la tercera, que, habiendo reducido el valor agregado y empleo, la pobreza y la desocupación crecerán, donde la Patagonia tiene el más bajo desarrollo industrial (13,9%).

Por más importancia que tengan estas seis empresas de esta Asociación sin fines de lucro, su folleto promocional bajo el título “Visión para el desarrollo del sector pesquero argentino”, parece un tanto pretencioso y excluyente, frente a un conglomerado de un total de 530 buques y 300 plantas industriales. Digamos que sería más adecuado, “Visión para el desarrollo de la actividad concentrada en el sector pesquero argentino”. Es evidente que su mirada deja en evidencia, un modelo concentrador que ha primado en el país desde -al menos, la década del 90 y el dictado de la Ley 24.922.

Esta Asociación, sin fines de lucro (¿?), nacida ayer, pero en gestación desde hace un tiempo atrás, está integrada, como dicen, por “las principales empresas del sector pesquero argentino” (sic), que, vienen a blanquear un procedimiento existente en el sector desde su nacimiento: ejercer, por fuera de las organizaciones el verdadero poder empresario frente al poder político de turno: “asegurar que su voz sea parte integral de las principales decisiones y espacios vinculados a la actividad”. Las Cámaras Empresarias (CAPECA, CAABPA, CIPA, CAPIP, CALAPA, AEPC, etc.); sus empresas integrantes, sus gerentes y hasta sus oficinas parecieran estar quedando —frente a esta irrupción como de cartón pintado y hasta de un gasto innecesario. ¿Quién tendrá la representación empresaria pesquera? ¿Seis grandes empresas o quiénes poseen más de 400 buques y 300 plantas industriales?

Ahora, mientras esto ocurre, el sector pesquero argentino es un receptor de amenazas internas (impuestos, costos internos, pobreza) y externas: con un producto netamente destinado a la exportación se enfrenta a economías más proteccionistas; caída de precios; capturas extranjeras subsidiadas; debilidad del MERCOSUR; organismos internacionales cuestionados y, países que, con restricciones ambientales o derivadas del Brexit (caso la UE) o necesitados de proteínas (caso China) van en busca a distancia de los recursos de los países ribereños. Andrés Malamud y Esteban Actis, post-pandemia, dirían: “Las riquezas de América Latina la tornan vulnerable, no poderosa. Los países como el nuestro son cola de ratón”.

En este escenario, ¿quién será el que conduzca la política nacional sectorial? ¿Los gerentes que deben rendir cuentas a sus accionistas extranjeros o los empresarios que toman decisiones para sostener su estructura productiva y el pago de salarios todos los meses? ¿Los seis empresarios o todo el sector empresario, laboral y gubernamental pesquero atrás de un plan?

Una batalla perdida es una batalla que se cree perdida (Mariscal de Saxe)

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad. 

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UN PASADO COMÚN ENTRE ARGENTINA Y BOLIVIA

Agustín Saavedra Weise

El pasado 9 de julio de 2020 se celebró el 204º aniversario de la independencia de las Provincias Unidas del Río de La Plata, la hermana Argentina de nuestros días. Los historiadores argentinos coinciden en que el haber repelido exitosamente las invasiones inglesas de 1806 fue un primer hito fundamental de lo que después sería la proclamación de la independencia. Del fallido asalto británico a Buenos Aires mediaron cuatro años hasta el 25 de mayo de 1810 y seis hasta el Congreso de Tucumán.

La Revolución de mayo mantuvo la ficción de reiterar lealtad a Fernando VII, rey de España erradicado del poder por Napoleón Bonaparte. El contexto independentista -tanto argentino como íberoamericano- no puede entenderse bien sin la sincronización con lo que ocurría en Europa desde la Revolución Francesa (1789) y antes con la creación de Estados Unidos (1776).

En 1816 las condiciones europeas cambiaron. Tras la derrota de Napoleón en Waterloo (1815), el viejo orden volvió y la restaurada monarquía hispana se endureció con sus colonias. Obviamente, ya no era necesaria la ficción de representar al monarca desplazado; fue así que el Congreso de Tucumán optó por la proclamación de la independencia el 9 de julio de 1816. El Alto Perú (hoy Bolivia) estuvo representado por 6 delegados.

Entre los delegados de las provincias altas a Tucumán destacó José Mariano Serrano, redactor del manifiesto de la independencia argentina. Posteriormente Serrano también estuvo presente en Charcas cuando se creó Bolivia (1825). Tuvo así el raro privilegio de participar en la declaración de dos soberanías. Del Congreso de Tucumán no participaron Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Banda Oriental, hoy Uruguay. Desde 1813 esas provincias estaban enfrentadas con Buenos Aires. Paraguay ya era de hecho un estado independiente y tampoco participó.

A partir del 9 de julio de 1816 se inicia el proceso de consolidación de la Nación Argentina. Otros estados se fueron independizando progresivamente y buscaron su lugar bajo el sol. Todos desecharon la monarquía y decidieron ser republicanos. Hubo guerras y enfrentamientos fratricidas, pero al final, cada país siguió su propio derrotero. En el campo rioplatense, Bolivia, Paraguay y Uruguay —territorios con derecho y legalidad para haber sido un solo país con las Provincias Unidas— optaron por la auto determinación, forjando así sus propias nacionalidades.

El apelativo “Argentina” tiene su origen en el Alto Perú, hoy Bolivia. Como había que llegar a Potosí, dónde estaba la plata (“Argentum” en latín), los aspirantes a nuevos ricos ingresaban por Buenos Aires y desde allí partían hacia las “tierras de argento”, hacia Potosí. El nombre se asentó en la región y de ahí derivó el gentilicio “Argentina” (tierra de la plata). Otro elemento para rescatar es el de las nacionalidades. Hoy se dice “Cornelio Saavedra era boliviano” y Serrano “fue un boliviano que redactó el Acta de independencia”. Lo mismo ocurre en otros contextos. La verdad: en esa época las mezquinas fronteras del presente no existían y tampoco había cabida para nacionalismos estrechos. El pensamiento era continental, continentales eran las presencias y las mentes de los ilustres personajes que forjaron nuestra historia común. No importaba de dónde sean ni nadie se preocupaba por su origen natal, simplemente todos eran americanos parte de las provincias unidas; el resto carecía de valor. A ese pensamiento en grande, volveremos algún día. Y mientras, no debemos olvidar los fuertes vínculos de origen que existen entre Bolivia y Argentina.

 

Nota original publicada en El Deber, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia https://eldeber.com.bo/opinion/un-pasado-comun-entre-argentina-y-bolivia_191616