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EL GOBIERNO PONE EN STAND-BY LA SOBERANÍA ARGENTINA

César Augusto Lerena*

Nos hemos referido en numerosas oportunidades a la ausencia argentina en la administración del Atlántico Sur, la pesca ilegal y a la presencia del Reino Unido de Gran Bretaña en la estratégica área austral controlando el tránsito hacia el Pacífico, el Índico y su proyección a la Antártida. En esta oportunidad reseñaremos las decisiones políticas que está tomando el nuevo gobierno argentino respecto a la administración del troncal fluvial Paraná-Paraguay y el Río de la Plata, perdiendo el control de la principal vía comercial argentina y dificultando una comunicación directa y autónoma fluvial-marítima de Argentina.

Hagamos una pequeña síntesis previa. A instancias de Juan Manuel de Rosas, el general Lucio Mansilla enfrentó a la escuadra anglo-francesa en la batalla de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845, quienes pretendían colonizar nuestro país relacionándose en forma directa con Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Paraguay sin la intervención de Buenos Aires y desconociendo la autoridad de Rosas en las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Se trató de la ofensiva de una importante flota muy superior en cantidad y modernidad a las escasas naves argentinas. Los sucesivos combates que sucedieron a Obligado, como Quebracho, donde el invasor sufrió grandes pérdidas, hicieron desistir de este proceso colonizador, por lo que la gesta de Obligado fue muy importante para la consolidación nacional y un desaliento a aquellos adeptos de las “potencias civilizadoras”. Por tal razón, en 1974 se sancionó la ley 20.770 declarando el 20 de noviembre, “Día de la Soberanía Nacional” que las actuales acciones desdibujan.

Mucha agua pasó bajo el puente, a punto de tener en 1952 una de las flotas mercantes más importantes y modernas del mundo, con un gran desarrollo de los astilleros nacionales, ambos destinados a fortalecer la industria, la navegación y el comercio. Se firmó en 1973 el Tratado del Río de la Plata, donde no solo se finalizaron los conflictos limítrofes con Uruguay, sino que se acordó una “Zona Común de Pesca” en un área de las Zonas Económicas Exclusivas de ambos países; un hito histórico suramericano de explotación y cuidado ambiental entre dos naciones vecinas y entre otros hechos relevantes de protección regional ―a instancias de Brasil― el establecimiento de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur acordada por todos los países de África occidental y de América oriental consolidada en 1986 por la Res. 41/11 de las Naciones Unidas, que tiene entre otros objetivos que “todos los Estados se abstengan de emprender cualquier actividad que pueda crear o agravar situaciones de tensión y de posible conflicto en la región”; por otra parte, en 1994 se promulgó la ley 24.385, donde la Argentina aprobó el Acuerdo de Transporte Fluvial en los ríos Paraguay-Paraná con las Repúblicas de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, que tuvo por objeto la protección, cooperación, autonomía y mejora del comercio regional y demostraba la vocación de resolver el desarrollo regional y el transporte entre los vecinos, sin injerencias extrañas.

Esta vía fluvial es un sistema natural de la Cuenca del Plata, con una extensión de 3.442 km navegables desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Nueva Palmira (Uruguay) y 250 km más hasta el mar. En ella hay 73 puertos argentinos, de los cuales 23 están en Buenos Aires; 1 en Corrientes; 5 en el Chaco, 9 en Entre Ríos, 1 en Formosa, 1 en Misiones y 33 en Santa Fe y navegan en ella, “unos 4.000 buques oceánicos de bandera extranjera que en 2020 transportaron 74 millones de toneladas de carga, lo que representa el 83% de los graneles sólidos y líquidos que exporta Argentina; además, de 19 millones de toneladas de carga de cabotaje. Cada año circulan también 146 mil contenedores, 750 mil vehículos y 320 mil pasajeros, por un valor FOB superior a los 70 mil millones de dólares (Fabián Lugarini, 15/09/2020).

Los aires privatizadores y de atomización de la administración que vivió la Argentina dieron lugar a la sanción en 1992 de la Ley 24.093 de Actividades Portuarias y redujeron en 1995 al Acuerdo de Transporte fluvial en un negocio multimillonario, otorgándose la concesión por diez años del mantenimiento de los citados ríos a cambio del cobro de peajes al consorcio Hidrovía SA formado por la empresa argentina AMEPA y la belga Jan De Nul, la que luego de negociaciones se prorrogó hasta abril del 2021.

En el año 2020 por Res. 307 se creó el Consejo Federal Hidrovía presidido por el ministro de Transporte e integrado por varios funcionarios nacionales y las Provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, además de distintas organizaciones invitadas, sin embargo, con el limitado fin de brindar asesoramiento, coordinar la política y recibir propuestas y si bien en este mismo año se anunció la constitución de Hidrovía Sociedad del Estado con el objeto de gestionar la vía navegable, en noviembre del mismo año el Poder Ejecutivo sancionó el Decreto 949/20, donde nuevamente se promovió una licitación pública nacional e internacional para concesionar el mantenimiento y el cobro de peaje como contraprestación, desvaneciendo toda idea de obtener un mayor protagónico federal de desarrollo regional y estratégico nacional, que promovían ―en otros― el ex ministro de relaciones exteriores y senador Jorge Taina.

En 2021 se sancionó el Decreto 427/21 como producto de la presión de las provincias litoraleñas, los gremios afines y especialistas en la materia, dando lugar a un incipiente y precario proceso de nacionalización de la administración de la vía navegable troncal Paraná-Paraguay, donde se le otorgaba las tareas de mantenimiento de la señalización, dragado y control a la Administración General de Puertos, aunque limitando su responsabilidad hasta quien resulte adjudicatario de la licitación pública autorizada por el Decreto 949/20. Hecho que da lugar al dictado del Decreto 556/21 de creación del Ente Nacional de Control y Gestión de la vía Navegable, con el reducido objeto de cobrar un peaje.

En síntesis, la Argentina sigue sin administrar adecuadamente la vía Paraguay-Paraná.

Por su parte, Uruguay ha controlado el tráfico de buques que ingresan al Río de la Plata desde el Virreinato y profundizado desde el Tratado del Río de la Plata, pese a que el 90% de las embarcaciones tienen como destino o provienen de puertos argentinos; motivo por el cual, resulta central el proyecto de construir el Canal de Navegación Magdalena que, además de los importantísimos efectos económicos, técnicos, operativos y laborales, a la par del desarrollo de la región noreste de la Provincia de Buenos Aires provocaría una mayor autonomía nacional argentina en la navegación y el comercio, por la integración de la navegación fluvial-marítima argentina sin la dependencia del canal de Montevideo. Es decir, un claro proyecto de soberanía nacional. Ello dio lugar a que en 2009 la Prefectura Naval Argentina presentara un proyecto de rectificación del canal principal de navegación, siendo finalmente la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación quien dictó la Disposición 584/13 y, allanada la aprobación de Uruguay, en 2014, ya efectuados todos los estudios pertinentes, se elaboró el proyecto con el que se publicó oficialmente la licitación internacional que finalmente quedó suspendida. El proyecto se reactivó en 2021 con la aprobación del informe final de la Audiencia Pública donde quedó aprobado el procedimiento ambiental exigido por la ley y en 2023 se anunció un nuevo llamado a licitación para la construcción del canal; licitación que quedó- por razones técnicas- postergada.

Las acciones postergadas para llevar adelante una política de soberanía nacional y de desarrollo regional relacionado a estas vías y canales estratégicos se desactivan con la llegada del nuevo gobierno.

Por una parte, el 31 de enero pasado, la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río de la Plata otorgó la aprobación al proyecto de profundización del canal de acceso al Puerto de Montevideo por parte de Uruguay, ahondando la dependencia argentina, sin que a la par se hubiese avanzado en la construcción del canal de Magdalena para equilibrar esta decisión, mientras que, insólitamente, la Canciller Diana Mondino manifiesta ―contrario a la opinión de todos los expertos argentinos― que la autorización “beneficiará a los usuarios de las vías navegables, reducirá costos logísticos e impulsará la competitividad de las exportaciones regionales” (SerIndustria, 31/01/2024); cuestión que Mempo Giardinelli (Página 12, 02/03/2024) entiende como una decisión “absurda, antinacional, abstrusa e inexplicable que deja en manos de compañías extranjeras todo el comercio exterior argentino transportado por el canal de Montevideo” y que, según la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (FIPCA) “la Argentina resignaría 7 mil millones de dólares por año por no construir el Canal Magdalena y seguir dependiendo del Puerto de Montevideo”. Una decisión, que a nuestro entender, trasciende la cuestión económica y operativa y atenta contra la soberanía nacional.

Ahora, la aprobación de la reforma al canal de Montevideo, cuyo puerto está concesionado por 80 años por un conjunto de multinacionales encabezadas por la empresa belga Katoen Naty y donde se viene blanqueando el origen y la pesca ilegal, no solo tendrá consecuencias en el comercio de la vía Paraná-Paraguay, sino también facilitará la logística de buques chinos, taiwaneses, coreanos y españoles que realizan pesca ilegal, tienen tripulantes en situación de esclavitud en alta mar y buques que pescan ilegalmente en Malvinas, fortalecerá la posición China en el Atlántico Sur y la británica en la parte meridional del Atlántico Sur; cuestiones en que la Cancillería argentina no tiene un plan de acuerdos, tanto con Uruguay como Chile, para revertir esta situación y tampoco, con los Estados que pescan a distancia. A la luz de las declaraciones de la Canciller argentina estos acuerdos jamás se habrán de realizar. La soberanía argentina está entre las pautas del libre mercado y competencia.

Complementariamente, el gobierno estaría licitando internacionalmente la administración del Paraná-Paraguay dejando en manos extrañas la administración de la vía fluvial, en lugar de una administración con intervención de las provincias del litoral, con el objeto de promover un desarrollo regional, a partir de la reducción de fletes y transporte de la producción de la zona, etc.

Y si algo falta, para perder la soberanía argentina, el gobernador del Chubut Nacho Torres convoca a realizar tareas de control a una patrulla de Estados Unidos en el mar territorial argentino (Escenario Mundial, vista 14/03/2024) y el reciente acuerdo en la vía fluvial Paraguay-Paraná, de convenir (08/03/2024) con el Ejército de Estados Unidos una colaboración conjunta donde se “involucra al ejército de Estados Unidos en la administración de la Hidrovía” (sic), según indica el Administrador General de Puertos Gastón Alejo Benvenuto, a pesar de que la Argentina tiene en la Armada Nacional, el Ejército Argentino, la Prefectura Naval y otras fuerzas de seguridad e, incluso, las fuerzas navales y de seguridad de los países intervinientes en el Acuerdo de hidrovía Paraguay-Paraná que, según el protocolo adicional sobre seguridad y navegación, tienen las capacidades técnicas y materiales suficientes para controlar las actividades en las aguas marítimas y fluviales de Argentina y los puertos correspondientes; aunque sea frecuente ver amarradas las OPV de la Armada y las patrullas de altura de la Prefectura en la Base Naval de Mar del Plata y otros puertos. Habría que preguntarse si ello no se debe a la posibilidad de que empresas del Estado chino ganen la licitación de la troncal fluvial Paraguay-Paraná o a la construcción y administración de puertos del litoral patagónico por parte de éstas, como se ventila respecto al puerto de Río Grande, en la estratégica área marina austral bajo control del Reino Unido desde Malvinas.

Ambos actos contaron con la presencia del embajador de Estados Unidos en la Argentina Marc Stanley ¿Y la Cancillería Argentina? Ausente.

Esta intromisión de fuerzas extranjeras en aguas argentinas no es facultad del Poder Ejecutivo ni de una Provincia y, mucho menos, de una repartición de tercera categoría como la Administración General de Puertos y,debe, necesariamente, ser autorizada por el Congreso de la Nación, por las prescripciones establecidas en la Constitución Nacional, según el Artículo 75º incisos 10, 15, 16 (proveer a la seguridad de las fronteras), 27 y 28 (permitir la introducción de tropas Extranjeras en el territorio de la Nación) y, el Artículo 99º inciso 3.

Primero fue el DNU, después la Ley Ómnibus, ahora el control del mar argentino y los ríos argentinos con buques extranjeros sin autorización del Congreso. La soberanía en Stand-By.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Web: cesarlerena.com.ar

EL DÍA DESPUÉS DEL INTENTO DE ENAJENAR LA PESCA Y LA INDUSTRIA NAVAL NACIONAL

César Augusto Lerena*

Se dejaron sin efecto los artículos de modificación de la Ley de Pesca y hubo un respiro de alivio en el sector pesquero, industrial naval y las industrias anexas; pero, aunque pareciera, nada ya volverá a fojas cero.

Antes de analizar lo que deja el proyecto de reforma de la Ley de Pesca, sería bueno saber ¿quién fue el autor de esta iniciativa?, ya que, contrario a cualquier proyecto de ley que se pone a consideración del Congreso, éste careció de fundamentos que pudieran justificar el cambio de 180 grados que se proponía. Por otra parte, ha sido muy llamativo que el secretario de Bioeconomía Fernando Vilella o el Subsecretario de Pesca Juan Antonio López Cazorla no hayan salido a explicar el proyecto del P.E.N. Por mucho menos, cualquier Presidente les hubiese pedido la renuncia.

Aun así, esta reforma puso de manifiesto, más que la calidad de sus textos, la debilidad del sector pesquero, cuya actividad es poco conocida en la sociedad, en los propios ámbitos de poder e incluso, en el Ministerio del área, donde es la prima pobre y fea de la Agricultura y Ganadería. Y lo peor es que en algunos casos, incluso, se ventila una mala imagen promovida por parte de algunos de sus actores, a pesar de ser parte indivisa de lo que se cuestiona. Esto requerirá un necesario cambio de las reglas de juego.  

Hay quienes deslizaron que los diseñadores de esta reforma desconocían la actividad y el proyecto tenía como objetivo una mera cuestión recaudatoria. Nosotros creemos, que no es una ni la otra. Por un lado, para elaborar este proyecto se debió contar con el aporte indispensable de alguien vinculado a la pesca, capaz de analizar la ley de pesca vigente, ya que se efectuaron cambios destinados a producir un importante diseño, que hubiera implicado la destrucción de la industria pesquera nacional existente, para permitir el acceso de buques de terceros países, estén o no pescando en la actualidad los recursos migratorios argentinos más allá de las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina o en Malvinas con licencia ilegal de los isleños británicos. Hubo conocimiento, perversidad, audacia y desprecio por la industria nacional.

Aumentar ostensiblemente el canon a través del ingreso de buques extranjeros a la ZEEA; no requerirles ninguna antigüedad a las embarcaciones ni que desembarquen en puertos argentinos y no exigirles tripulación argentina, no hubiese aumentado la recaudación del Estado ya que, como hemos visto en el informe estadístico de las empresas, “la pesca no aporta el 0,2% sino el 35% de las ventas” (Karina Fernández, Revista Puerto, 30/01/2024). Aun así, es una facultad del Consejo Federal Pesquero, que está integrado por funcionarios nacionales y provinciales ―no por las empresas ni los gremios― quienes pueden decidir sobre el aumento de los derechos de captura, etc. que, en cualquier caso, no puede ser arbitrario, sino tener en cuenta todas las variables internas y las derivadas del comercio exterior.

Habiendo eliminado ―como se hizo ante las primeras quejas― algunas de estas excepciones a la ley, no puede esperarse que una actividad se desarrolle y genere más recursos, si las herramientas que se utilizan no están destinadas a producir más y mejor; para ello, lejos de desestimarse las exigencias previstas en el artículo 26º y 27º de la Ley 24.922 de Pesca, hay que profundizarlas para premiar a quienes invierten, agregan valor y generan productos de calidad destinados en forma directa a las góndolas de los mercados consumidores; destinan parte de su producción al mercado interno para promover el consumo nacional que está entre los más bajos de Latinoamérica; incorporan tecnología de última generación; capturan y procesan forma sostenible; no pescan en forma ilegal y no realizan prácticas prohibidas, en especial descartan materias primas aptas para el consumo; capacitan y generan mano de obra calificada y registrada; fabrican sus buques en astilleros nacionales públicos o privados y ponen al servicio de la explotación buques de menor antigüedad y seguros; radican sus empresas en lugares estratégicos y de baja densidad poblacional; trabajan con responsabilidad social en relación a sus comunidades, etc.

Quien propició esta reforma no desconocía estas exigencias, por el contrario, las eliminó para facilitar el acceso de los buques extranjeros a la ZEE Argentina. Tampoco podía desconocer que el sistema de licitación pública fue desechado en todos los países del mundo desarrollado por ser ineficaz para promover una actividad pesquera sostenible, sustentable y estable en los Estados ribereños. Y es muy importante resaltar “la sustentabilidad” porque de ella dependen las empresas y los trabajadores. No debería haber proyecto aprobado por la Autoridad de Aplicación sin sustentabilidad.  

Esta reforma podría haber tenido como objeto un proyecto de explotación extranjera directa que hubiera requerido de oficinas ad-hoc en la Argentina para llevar adelante “los negocios” pertinentes o destinado a facilitar el uso de puertos argentinos a embarcaciones extranjeras que pescan ilegalmente al margen de la ZEE Argentina; como el que denunciamos, cuando se promovía la construcción del puerto de Río Grande; donde la Ministra de Producción de Tierra del Fuego entendía que éste podría liberarse al uso de buques chinos que pescan ilegalmente los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina (César Lerena, “Ministra de Tierra del Fuego facilitaría la pesca ilegal en el Atlántico Suroccidental” 26/11/2022; “La enajenación de la administración marítima, fluvial y portuaria”, 14/06/2023). Ambos objetivos, se habrían sustentado también con la derogación del Artículo 27 bis de la Ley 24.922 que hubiese permitido que buques con licencias ilegales en Malvinas lo hicieran también la ZEE Argentina y viceversa. Por cierto, todo hubiera generado un grave caos en la administración (investigación, conservación y distribución) del recurso pesquero.

Este proyecto no se trató de un mero aumento del canon para pescar; que, si de eso se trataba, hubiera bastado ―como dijimos― con una mera resolución fundada del Consejo Federal Pesquero; o bien, aunque no se dice, este Consejo pudo ser parte del problema, donde el actual Subsecretario fue 13 años su miembro.

Podría ser peor en el futuro, porque la actividad queda frente a una delegación de funciones al P.E.N o a nuevos proyectos de este tipo y reciclados en las Sesiones Ordinarias y, no quiero avivar giles, por eso, daré un solo ejemplo, donde la reforma mantenía un párrafo del artículo 27º: “Las cuotas de captura serán concesiones temporales que no podrán superar por empresa o grupo empresario aquel porcentaje que fijará el Consejo Federal Pesquero sobre la Captura Máxima Permisible por especie a efectos de evitar concentraciones monopólicas indeseadas”; un mecanismo que podría dar lugar a que un pequeño número de personas diga cuándo una concentración “es indeseable” y, con este justificativo u otro biológico sin el respectivo fundamento, no se reduzca la cuotas sino los días de pesca, haciendo inviable la actividad pesquera, en favor de nuevos permisos y/o o cuotas (véase antecedentes de los recortes en la Unión Europea) o, todo lo contrario, que unos pocos se queden con todas las cuotas.

Nada de esto lo tuvo en cuenta el sector pesquero. Se manejó a puro instinto, como cuando salía a pescar a mediados del siglo pasado con las lanchitas amarillas apelando a la pura abundancia. Y es notable, porque todos sabemos que hablamos de un recurso que debe tratarse “en forma conjunta e integral”, como refiere a FAO y la Convención del Mar (CONVEMAR); siendo un ecosistema donde las especies interactúan en una ecología trófica y donde la administración del recurso debe realizarse mediante un “Enfoque Ecosistémico pesquero” (EEP) donde se invierte el orden de prioridades en la gestión, comenzando con el ecosistema en lugar de la especie objetivo y teniendo en cuenta la relación con el ambiente y los aspectos socioeconómicos vinculados con la actividad, por lo cual es verdaderamente notable que exista tal número y diversidad de Cámaras y de Gremios, atomizando la estrategia sectorial que, dificulta, una política acordada de interés económico, social, biológico y ambiental.

En este proceso angustiante, no estuvieron los argentinos en defensa de esta actividad, porque “viven de espaldas al mar”, a pesar de que el territorio marítimo sea mucho más amplio que el continental y es, que “no se quiere lo que no se conoce” y los gobiernos de turno y toda la actividad tienen una gran deuda al respecto. Tampoco hablaron los consumidores, porque la Argentina, tiene un bajísimo consumo per cápita de 4,8 kg por año, por debajo del promedio de Latinoamérica y África.

No estuvieron los intendentes de las ciudades-puertos ―a excepción de Montenegro en Mar del Plata― que deberían entender que esta actividad es formadora de pueblos, de radicación de industria y generadora de empleos. Y, los gobernadores del litoral marítimo se opusieron a la reforma; pero ¿quiénes son, al igual que en el sector agropecuario, los diputados y senadores nacionales y provinciales, cualquiera sea su pertenencia política, que representan y conocen las virtudes de esta actividad?

Es una obligación del sector tener la iniciativa de renovar y modernizar la Ley 24.922, sancionada ya hace 26 años y muy importante: mostrarles a los argentinos la importancia geoestratégica, económica y social de esta actividad.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Web: cesarlerena.com.ar

 

SOMOS NOSOTROS

Iris Speroni*

El status quo trabaja mañana, tarde y noche en contra de los intereses de la población.

 

«Ciudadanos honestos son ejecutados a diario tras juicios sumarios de sociópatas y faloperos», por @reaxionario.

Estos últimos días leí dos notas de los amigos @sashapak_ y @reaxionario que están interrelacionadas y son, prácticamente, inescindibles:

  1. UTOPÍA, MOHO Y RODOLFO BARRA
  2. INSEGURIDAD

A lo que le sumo todas las notas de Curtis Yarvin aparecidas en Restaurar, y las no aparecidas también (*).

«Lo cierto es que a partir del golpe de estado contra María Estela Martínez, podemos observar una constante: el Poder Ejecutivo comienza a diluir su centralidad, sometido a duras internas durante la dictadura y luego, bajo el constante escrutinio de nuevos organismos de control cuya gobernanza está por fuera del orden republicano», por @sashapak_.

Ambos abordan un tema clave que tiene que ver con:

  1. la calidad de vida de todos nosotros, los argentinos, (esto es la Felicidad del Pueblo).
  2. la proyección futura de la Nación Argentina, de nuestras próximas generaciones (esto es la Grandeza de la Patria).

Ambos hablan de cómo administrar el Estado para lograr los dos objetivos anteriores.

La segunda nota, de @reaxionario, aborda los problemas administrativos específicos sobre una arista en particular que es la seguridad.

El mismo análisis cabe para cualquier otra área que son de responsabilidad de los gobernantes enumeradas en la Constitución Nacional. La INSEGURIDAD está bajo el rótulo a) “consolidar la paz interior”, pero el autor podría repetir el ejercicio con b) “constituir la unión nacional”, c) “afianzar la justicia”, d) “proveer a la defensa común”, e) “promover el bienestar general”, y f) “asegurar los beneficios de la libertad”

¿O ustedes creen que si habláramos de “defensa común” llegaríamos a resultados muy distintos que los expuestos en INSEGURIDAD? Y, ¡oh, casualidad!, con más o menos los mismos actores en juego. ONG’s financiadas por el Foreign Office o el Departamento de Estado, con los mismos agentes políticos y los mismo “periodistas-progapagandistas” defendiendo la no-defensa del país, etc.

Ya sea darle indemnidad ante juicios civiles por daños y perjuicios a los laboratorios sobre una droga experimental patentada de apuro, el desarme de los ciudadanos, la persecución judicial a ciudadanos que pretenden defenderse de que los maten como ovejas o el abandono del cuidado de las fronteras, los nombres se repiten una y otra vez. Como un elenco estable que se pasan los papeles de obra en obra. Los trucos y herramientas a disposición están muy bien descriptos por @sashapak_en UTOPÍA, MOHO Y RODOLFO BARRA.

Ahora estamos frente a un régimen consolidado. Seguro de sí mismo y con todos los controles de la administración del Estado. Lejos quedaron las necesidades de dar golpes de Estado para sostenerlo, como en 1955 o 1976. Ahora llegan a los mismos resultados ―en realidad a mejores― con la careta de una “democracia liberal” que tapa la forma en que se toman las decisiones.

Como sostiene @sashapak_ en UTOPÍA, MOHO Y RODOLFO BARRA, «Con los organismos de control y el poder judicial controlado por potencias externas en total coordinación con los medios de comunicación…», se aseguran que gane quien gane las elecciones, todo siga igual para sus intereses.

Esos controles que tiene el Poder facilitan las cosas si quien está al frente es de su agrado e impiden el ejercicio de autoridad si no lo es. Es lo que denomino ―no sé si correctamente o no― “Deep State argentino”.

Este “régimen consolidado” actual es el que no puede entender todavía ―si bien ya pasaron varias semanas― que hayan perdido las elecciones 2023.

Su confusión se explica bien en este tuit reenviado Nicchinno https://twitter.com/Nicchinno/status/1750884849479536683 que cita a @piroinsano.

Desconozco los nombres de los que conversan. Son 39 segundos. No pueden entender que un candidato apoyado por la UIA, los bancos, los sindicatos no gane.

En realidad no es tan difícil de comprender. El statu quo, los gobiernos del régimen sostenidos por todos esos factores de poder que el locutor enumera y que estuvieron detrás de la candidatura de Massa, trabaja mañana, tarde y noche en contra de los intereses de la población (en contra de la Felicidad del Pueblo) y de la Grandeza de la Patria. Así de simple.

En la primera oportunidad que tenemos de marcar nuestro disgusto, la utilizamos. Como fue en las elecciones.

Si el statu quo no fuera tan goloso, tan codicioso, y, si además de destinar su tiempo, inteligencia y recursos materiales y humanos a enriquecerse y perpetuarse, le dedicara algunos minutos al día a tirarle algunas migajas a la población, no bailarían en la cuerda floja, como ahora.

Tuvieron que salir de apuro, ante la sorpresa de las elecciones, a ver qué control de daños podían hacer.

El sistema es inestable – por eso el candidato del establishment Sergio Massa perdió las elecciones -. Eso lo describí en EQUILIBRIO INESTABLE. Como no pueden parar de abusar, de robar, el país está cada vez peor: pobreza, marginalidad, mala educación, descontrol de fronteras, zona liberada para la delincuencia, destrucción sistemática de la educación, etc.

Si abusaran un poco menos, la población no estaría tan enojada, y vendrían en bote y no con las sacudidas actuales.

Ahora bien, (con esto ato lo descripto por ambos autores con EQUILIBRIO INESTABLE), ¿por qué no pueden?

Uno podría hacer algo matemático (es mi deformación profesional). Si en vez de robar con las LELIQs, verdadera razón de la inflación, con tasas de tres dígitos, robaran, no sé, un 25% anual, se harían ricos igual y no perderían las elecciones. ¿Por qué no pueden dominar su codicia?

Acá está mi error de diagnóstico en esa nota del año 2019. No pueden parar, porque si paran pierden todo.

Una de las razones del establecimiento y enquistamiento de los factores de poder descriptos por ese señor que no puede entender por qué perdió Massa, es el apoyo desde el exterior.

Y el exterior es el que decide qué políticas internas se aplican. Cómo tener a las FFAA desprovistas de armas, cómo desarmar a los ciudadanos, cómo arruinar los ferrocarriles y la educación (los dos pilares de la Patria Conservadora sostenidos por los gobiernos radicales y peronistas posteriores hasta 1955), cómo llenarnos de vacunas que no se entiende para qué son, cómo bajar la tasa de natalidad por cualquier método, cómo darle hormonas (en realidad castrar) a niños y adolescentes, cómo – ahora es lo nuevo – controlar los volúmenes de nuestra producción agropecuaria.

Todo esto está digitado desde afuera, como en la película “They Live” de John Carpenter, citada por @sashapak_. Y si una persona quiere hacer carrera política en la Argentina, debe prestar consentimiento a esa agenda.

Por eso, como dice @reaxionario, cuando quieren hacer las cosas, las sacan en una semana.

Por ejemplo, la indemnidad frente a juicios civiles a Pfizer que promovió Sergio Massa y que hizo que Pfizer retuviera el ingreso de la pseudovacuna hasta que no estuviera sancionada, o el aborto, promulgado sin haber obtenido las mayorías exigidas por la constitución (dos tercios del pleno de ambas cámaras) y por lo tanto no sancionado con fuerza de ley, hecho entre gallos y medianoche, como ladrones furtivos, con el pueblo impedido de salir a la calle. Los ejemplos de leyes contranatura aprobados por casi todo el arco político son por cientos.

Recuerdo como hoy cuando aprobaron la digitalización y nacionalización de las historias clínicas con solamente dos diputados en contra: Milei y Villarruel (**).

Coincido con @reaxionario en que no acaban con la inseguridad porque no quieren. No sólo que no quieren sino que el programa ES que haya inseguridad. Que nos asesinen uno a uno por goteo. Que se revienten familias mientras los psicópatas drogados tienen libre portación de armas e indemnidad de gatillo fácil.

Ilustración: @TatsuyaIshida9

Pónganse los anteojos y verán que ése es el plan. Ése es el programa. De la misma manera que el plan es que no nazcan argentinos o en su defecto, los menos posibles. Y que los que hay, emigren o mueran de sobredosis o sean iletrados.

Ilustración: @TatsuyaIshida9

Pero nosotros somos huesos duros de roer. Por eso no votamos a Massa, el candidato del establishment. Por eso seguimos produciendo atletas que nos llenan de orgullo en todo el mundo. Por eso tantas cosas.

Nos plantamos, faca en mano.

Coincido con los dos autores citados, en que el Reino Unido en particular y toda la anglósfera en general nos identificó como el futuro contrincante. El que renacerá para hacerles frente. Ellos lo saben y lo supieron siempre. Por algo pudieron ingresar a los ríos interiores del Imperio Chino y hacer colapsar su régimen milenario (los “cien años de humillación”) y acá cuatro crotos con cadenas y pocos cañones se lo impedimos. Décadas les llevó deponer “al Tirano” y al final nunca pudieron hacer acá lo que hicieron con India y China. Ellos lo saben.

Y algunos de nosotros lo sabemos.

Para Felicidad del Pueblo y Grandeza de la Patria.

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

 

Notas

(*) Quien nunca lo haya leído, recomiendo que arranque por https://www.unqualified-reservations.org/2009/01/gentle-introduction-to-unqualified/ que está en el sitio https://www.unqualified-reservations.org/, Tengan cuidado, es un camino de ida.

(**) Ni los troskos se plantaron, a pesar de que a veces son de los pocos que se unen a la voz de la cordura. No en este caso.

 

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* Artículo publicado el 27/01/2024 en Restaurar, https://restaurarg.blogspot.com/2024/01/somos-nosotros.html.