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EL GOBIERNO PONE EN STAND-BY LA SOBERANÍA ARGENTINA

César Augusto Lerena*

Nos hemos referido en numerosas oportunidades a la ausencia argentina en la administración del Atlántico Sur, la pesca ilegal y a la presencia del Reino Unido de Gran Bretaña en la estratégica área austral controlando el tránsito hacia el Pacífico, el Índico y su proyección a la Antártida. En esta oportunidad reseñaremos las decisiones políticas que está tomando el nuevo gobierno argentino respecto a la administración del troncal fluvial Paraná-Paraguay y el Río de la Plata, perdiendo el control de la principal vía comercial argentina y dificultando una comunicación directa y autónoma fluvial-marítima de Argentina.

Hagamos una pequeña síntesis previa. A instancias de Juan Manuel de Rosas, el general Lucio Mansilla enfrentó a la escuadra anglo-francesa en la batalla de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845, quienes pretendían colonizar nuestro país relacionándose en forma directa con Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Paraguay sin la intervención de Buenos Aires y desconociendo la autoridad de Rosas en las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Se trató de la ofensiva de una importante flota muy superior en cantidad y modernidad a las escasas naves argentinas. Los sucesivos combates que sucedieron a Obligado, como Quebracho, donde el invasor sufrió grandes pérdidas, hicieron desistir de este proceso colonizador, por lo que la gesta de Obligado fue muy importante para la consolidación nacional y un desaliento a aquellos adeptos de las “potencias civilizadoras”. Por tal razón, en 1974 se sancionó la ley 20.770 declarando el 20 de noviembre, “Día de la Soberanía Nacional” que las actuales acciones desdibujan.

Mucha agua pasó bajo el puente, a punto de tener en 1952 una de las flotas mercantes más importantes y modernas del mundo, con un gran desarrollo de los astilleros nacionales, ambos destinados a fortalecer la industria, la navegación y el comercio. Se firmó en 1973 el Tratado del Río de la Plata, donde no solo se finalizaron los conflictos limítrofes con Uruguay, sino que se acordó una “Zona Común de Pesca” en un área de las Zonas Económicas Exclusivas de ambos países; un hito histórico suramericano de explotación y cuidado ambiental entre dos naciones vecinas y entre otros hechos relevantes de protección regional ―a instancias de Brasil― el establecimiento de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur acordada por todos los países de África occidental y de América oriental consolidada en 1986 por la Res. 41/11 de las Naciones Unidas, que tiene entre otros objetivos que “todos los Estados se abstengan de emprender cualquier actividad que pueda crear o agravar situaciones de tensión y de posible conflicto en la región”; por otra parte, en 1994 se promulgó la ley 24.385, donde la Argentina aprobó el Acuerdo de Transporte Fluvial en los ríos Paraguay-Paraná con las Repúblicas de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, que tuvo por objeto la protección, cooperación, autonomía y mejora del comercio regional y demostraba la vocación de resolver el desarrollo regional y el transporte entre los vecinos, sin injerencias extrañas.

Esta vía fluvial es un sistema natural de la Cuenca del Plata, con una extensión de 3.442 km navegables desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Nueva Palmira (Uruguay) y 250 km más hasta el mar. En ella hay 73 puertos argentinos, de los cuales 23 están en Buenos Aires; 1 en Corrientes; 5 en el Chaco, 9 en Entre Ríos, 1 en Formosa, 1 en Misiones y 33 en Santa Fe y navegan en ella, “unos 4.000 buques oceánicos de bandera extranjera que en 2020 transportaron 74 millones de toneladas de carga, lo que representa el 83% de los graneles sólidos y líquidos que exporta Argentina; además, de 19 millones de toneladas de carga de cabotaje. Cada año circulan también 146 mil contenedores, 750 mil vehículos y 320 mil pasajeros, por un valor FOB superior a los 70 mil millones de dólares (Fabián Lugarini, 15/09/2020).

Los aires privatizadores y de atomización de la administración que vivió la Argentina dieron lugar a la sanción en 1992 de la Ley 24.093 de Actividades Portuarias y redujeron en 1995 al Acuerdo de Transporte fluvial en un negocio multimillonario, otorgándose la concesión por diez años del mantenimiento de los citados ríos a cambio del cobro de peajes al consorcio Hidrovía SA formado por la empresa argentina AMEPA y la belga Jan De Nul, la que luego de negociaciones se prorrogó hasta abril del 2021.

En el año 2020 por Res. 307 se creó el Consejo Federal Hidrovía presidido por el ministro de Transporte e integrado por varios funcionarios nacionales y las Provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, además de distintas organizaciones invitadas, sin embargo, con el limitado fin de brindar asesoramiento, coordinar la política y recibir propuestas y si bien en este mismo año se anunció la constitución de Hidrovía Sociedad del Estado con el objeto de gestionar la vía navegable, en noviembre del mismo año el Poder Ejecutivo sancionó el Decreto 949/20, donde nuevamente se promovió una licitación pública nacional e internacional para concesionar el mantenimiento y el cobro de peaje como contraprestación, desvaneciendo toda idea de obtener un mayor protagónico federal de desarrollo regional y estratégico nacional, que promovían ―en otros― el ex ministro de relaciones exteriores y senador Jorge Taina.

En 2021 se sancionó el Decreto 427/21 como producto de la presión de las provincias litoraleñas, los gremios afines y especialistas en la materia, dando lugar a un incipiente y precario proceso de nacionalización de la administración de la vía navegable troncal Paraná-Paraguay, donde se le otorgaba las tareas de mantenimiento de la señalización, dragado y control a la Administración General de Puertos, aunque limitando su responsabilidad hasta quien resulte adjudicatario de la licitación pública autorizada por el Decreto 949/20. Hecho que da lugar al dictado del Decreto 556/21 de creación del Ente Nacional de Control y Gestión de la vía Navegable, con el reducido objeto de cobrar un peaje.

En síntesis, la Argentina sigue sin administrar adecuadamente la vía Paraguay-Paraná.

Por su parte, Uruguay ha controlado el tráfico de buques que ingresan al Río de la Plata desde el Virreinato y profundizado desde el Tratado del Río de la Plata, pese a que el 90% de las embarcaciones tienen como destino o provienen de puertos argentinos; motivo por el cual, resulta central el proyecto de construir el Canal de Navegación Magdalena que, además de los importantísimos efectos económicos, técnicos, operativos y laborales, a la par del desarrollo de la región noreste de la Provincia de Buenos Aires provocaría una mayor autonomía nacional argentina en la navegación y el comercio, por la integración de la navegación fluvial-marítima argentina sin la dependencia del canal de Montevideo. Es decir, un claro proyecto de soberanía nacional. Ello dio lugar a que en 2009 la Prefectura Naval Argentina presentara un proyecto de rectificación del canal principal de navegación, siendo finalmente la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación quien dictó la Disposición 584/13 y, allanada la aprobación de Uruguay, en 2014, ya efectuados todos los estudios pertinentes, se elaboró el proyecto con el que se publicó oficialmente la licitación internacional que finalmente quedó suspendida. El proyecto se reactivó en 2021 con la aprobación del informe final de la Audiencia Pública donde quedó aprobado el procedimiento ambiental exigido por la ley y en 2023 se anunció un nuevo llamado a licitación para la construcción del canal; licitación que quedó- por razones técnicas- postergada.

Las acciones postergadas para llevar adelante una política de soberanía nacional y de desarrollo regional relacionado a estas vías y canales estratégicos se desactivan con la llegada del nuevo gobierno.

Por una parte, el 31 de enero pasado, la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río de la Plata otorgó la aprobación al proyecto de profundización del canal de acceso al Puerto de Montevideo por parte de Uruguay, ahondando la dependencia argentina, sin que a la par se hubiese avanzado en la construcción del canal de Magdalena para equilibrar esta decisión, mientras que, insólitamente, la Canciller Diana Mondino manifiesta ―contrario a la opinión de todos los expertos argentinos― que la autorización “beneficiará a los usuarios de las vías navegables, reducirá costos logísticos e impulsará la competitividad de las exportaciones regionales” (SerIndustria, 31/01/2024); cuestión que Mempo Giardinelli (Página 12, 02/03/2024) entiende como una decisión “absurda, antinacional, abstrusa e inexplicable que deja en manos de compañías extranjeras todo el comercio exterior argentino transportado por el canal de Montevideo” y que, según la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (FIPCA) “la Argentina resignaría 7 mil millones de dólares por año por no construir el Canal Magdalena y seguir dependiendo del Puerto de Montevideo”. Una decisión, que a nuestro entender, trasciende la cuestión económica y operativa y atenta contra la soberanía nacional.

Ahora, la aprobación de la reforma al canal de Montevideo, cuyo puerto está concesionado por 80 años por un conjunto de multinacionales encabezadas por la empresa belga Katoen Naty y donde se viene blanqueando el origen y la pesca ilegal, no solo tendrá consecuencias en el comercio de la vía Paraná-Paraguay, sino también facilitará la logística de buques chinos, taiwaneses, coreanos y españoles que realizan pesca ilegal, tienen tripulantes en situación de esclavitud en alta mar y buques que pescan ilegalmente en Malvinas, fortalecerá la posición China en el Atlántico Sur y la británica en la parte meridional del Atlántico Sur; cuestiones en que la Cancillería argentina no tiene un plan de acuerdos, tanto con Uruguay como Chile, para revertir esta situación y tampoco, con los Estados que pescan a distancia. A la luz de las declaraciones de la Canciller argentina estos acuerdos jamás se habrán de realizar. La soberanía argentina está entre las pautas del libre mercado y competencia.

Complementariamente, el gobierno estaría licitando internacionalmente la administración del Paraná-Paraguay dejando en manos extrañas la administración de la vía fluvial, en lugar de una administración con intervención de las provincias del litoral, con el objeto de promover un desarrollo regional, a partir de la reducción de fletes y transporte de la producción de la zona, etc.

Y si algo falta, para perder la soberanía argentina, el gobernador del Chubut Nacho Torres convoca a realizar tareas de control a una patrulla de Estados Unidos en el mar territorial argentino (Escenario Mundial, vista 14/03/2024) y el reciente acuerdo en la vía fluvial Paraguay-Paraná, de convenir (08/03/2024) con el Ejército de Estados Unidos una colaboración conjunta donde se “involucra al ejército de Estados Unidos en la administración de la Hidrovía” (sic), según indica el Administrador General de Puertos Gastón Alejo Benvenuto, a pesar de que la Argentina tiene en la Armada Nacional, el Ejército Argentino, la Prefectura Naval y otras fuerzas de seguridad e, incluso, las fuerzas navales y de seguridad de los países intervinientes en el Acuerdo de hidrovía Paraguay-Paraná que, según el protocolo adicional sobre seguridad y navegación, tienen las capacidades técnicas y materiales suficientes para controlar las actividades en las aguas marítimas y fluviales de Argentina y los puertos correspondientes; aunque sea frecuente ver amarradas las OPV de la Armada y las patrullas de altura de la Prefectura en la Base Naval de Mar del Plata y otros puertos. Habría que preguntarse si ello no se debe a la posibilidad de que empresas del Estado chino ganen la licitación de la troncal fluvial Paraguay-Paraná o a la construcción y administración de puertos del litoral patagónico por parte de éstas, como se ventila respecto al puerto de Río Grande, en la estratégica área marina austral bajo control del Reino Unido desde Malvinas.

Ambos actos contaron con la presencia del embajador de Estados Unidos en la Argentina Marc Stanley ¿Y la Cancillería Argentina? Ausente.

Esta intromisión de fuerzas extranjeras en aguas argentinas no es facultad del Poder Ejecutivo ni de una Provincia y, mucho menos, de una repartición de tercera categoría como la Administración General de Puertos y,debe, necesariamente, ser autorizada por el Congreso de la Nación, por las prescripciones establecidas en la Constitución Nacional, según el Artículo 75º incisos 10, 15, 16 (proveer a la seguridad de las fronteras), 27 y 28 (permitir la introducción de tropas Extranjeras en el territorio de la Nación) y, el Artículo 99º inciso 3.

Primero fue el DNU, después la Ley Ómnibus, ahora el control del mar argentino y los ríos argentinos con buques extranjeros sin autorización del Congreso. La soberanía en Stand-By.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Web: cesarlerena.com.ar

SIN VERGÜENZA NI DECENCIA

F. Javier Blasco Robledo*

En medio del inicio de una tormenta perfecta, derivada de la explosión sin control de una trama sistémica de corrupción en el gobierno de Sánchez, conocida como el caso Koldo, con ―de nuevo y tal como ya ocurrió en― el hasta ahora peor escándalo de corrupción en España con los EREs en Andalucía, aunque con mayores y más profundas ramificaciones e implicaciones ―de momento salpica a la tercera máxima autoridad del Estado, varios ministerios, ministros, expresidentes de comunidades autónomas y a un variopinto plantel de personajes socialistas dedicados a la política y al mamoneo, si no al chalaneo, como único modus vivendi― solo se le ocurre al ínclito presidente ceder en todas y cada una de las exigencias del prófugo Puigdemont, a pesar de tener que volver a mentir a los españoles por enésima vez con el viejo y putrefacto mantra de que no iba a recular ni un milímetro en su decisión previa y que la amnistía plena no tenía cabida en la Constitución española.

Y todo ello por un manojo de votos; en concreto seis, en manos de independentistas, golpistas y enemigos francamente declarados de España, para mantenerse ignominiosamente en el sillón de la Moncloa contra todo viento y marea, cueste lo cueste y aunque tenga que: llevarse por delante o derribar lo que fuera menester, dejar España a la altura del betún, laminarse el poco prestigio personal que pudiera mantener y engañar absolutamente a todos con juegos de malabares y frases grandilocuentes que no tienen ninguna credibilidad ni base o fundamente jurídico ni social que puedan avalar mínimamente tamañas patrañas.

Se han pronunciado incontables juicios de valor de personas insignes y bien preparadas en estos temas, invertido ingentes chorros de tinta, cubierto miles de horas de tertulias radiofónicas o televisivas y mostrado encuestas de opinión que repudian mayoritariamente este paso a dar; pero a este individuo y a la calaña de personas que conjuntan su gabinete y el grupo parlamentario que los sustentan, parecen no influir ni hacer las más mínima mella en su comportamiento ni les produce vergüenza personal y colectiva al tener que «cambiar de opinión» con más prisa que lo que supone un simple cambio de chaqueta.

Finalmente, y tras negar por activa y por pasiva la mayor y la menor, hoy presentan para aprobación una amnistía política que será «total» para los delitos de terrorismo de «baja intensidad», siempre que no se hayan producido muertes o torturas como consecuencia de las acciones violentas perpetradas en el marco de la estrategia de terror.

En consecuencia y según parece, el camino elegido por el PSOE para el borrado penal del procés, trata de incluir en la amnistía cualquier protesta, altercado, ataque o algarada que, según su criterio, sea conforme al Derecho Internacional y al Comunitario, en función de una interpretación «a medida» de la Directiva Europea 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo.

Un planteamiento que ―«además de seguir siendo inconstitucional», según advierten ya varios juristas― «desborda el Código Penal» vigente y se separa de la inequívoca jurisprudencia del Supremo sobre el terrorismo recogida en los artículos 573 y 573 bis de la propia norma criminal.

En definitiva, y dentro del carácter selectivo de aplicar en la confección de la nueva norma a imponer aquello que más le beneficia, el gobierno asume plenamente el relato separatista sobre la violencia del Tsunami para restringir la consideración de lo que es terrorismo para lo que lo reduce a los supuestos en los que se hayan causado «vulneraciones graves y efectivas» de los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Cosa similar ocurre para la analizar y definir el delito de traición, que actualmente persigue a Puigdemont, que se sólo quedaría fuera de la amnistía, como una derivada del «uso de la fuerza», de acuerdo con los estándares vigentes en Naciones Unidas para enjuiciar los casos de injerencias internacionales de unos Estados sobre otros. 

Da igual que abierta y encubiertamente se le llame felón, o traidor para que todos lo entiendan; que se le acuse de no mantener su palabra y de hacer siempre lo contrario de lo que predica en sus campañas electorales; él, sus mariachis y el coro de medios de comunicación de opinión conjunta y sincronizada mantienen el mismo tono, el ritmo y el timbre de apoyo y comprensión, como si no hubiera otro amanecer.

Su desvergüenza es tan descarada y supina que lleva desde mayo del año pasado sin someterse al control parlamentario del Senado, que es, casualmente, donde la oposición tiene mayoría; aprovecha o se inventa cualquier viaje tan innecesario como inútil, para no estar presente en la Cámara en los momentos claves para la presentación o votación de sus fetos y actúa con toda desvergüenza por medio del Real Decreto para saltarse los plazos más largos y la vergüenza de tener que recibir o escuchar los informes preceptivos o no de instituciones serias del Estado sobre los documentos infumables y casi abortivos que presenta y en sus intentos para desmontar el Estado de Derecho o partir a cachos la integridad de la nación.

Seguidamente, veremos el papelón que van a jugar tanto el Tribunal Constitucional como la Fiscalía General del Estado, construidos ambos a imagen y semejanza de la voz de su amo en un pleno alarde de mofa de carácter dictatorial y autócrata, quienes no pondrán ni una sola pega a este nuevo e infumable bodrio con el que pretende engañar otra vez más a los españoles vendiéndolo como lleno bondades cuando él y todos sabemos, porque ellos mismos lo manifiestan, no aplacará ni un solo de los objetivos y actuaciones previstas de los separatistas y supondrá dejar al Estado cada vez más indefenso, corrompido hasta las trancas, empobrecido como nunca y en manos o al abur de los peores enemigos de España tanto dentro como fuera de ella, tan solo por aferrarse a un cargo al que no debió llegar nunca en su vida.

Una vez más, habrá que recurrir a instancias superiores a nivel europeo, pero ya todos conocemos lo lentas y volubles que son y cómo se dejan influir en sus tomas de decisión cuando se aproximan procesos electorales, tal y como es el caso. Elementos estos, que no solo no han pasado desapercibidos al felón, sino que se han tenido en mucha consideración para actuar, tal y como este lo viene haciendo.

Una situación de difícil solución, máxime cuando en España podemos tener, gracias a este tipo de cesiones, que sin duda alguna continuarán, una larga legislatura por delante y la derecha española se encuentra desunida y a martillazos entre ellos cada vez que deben ponerse mínimamente de acuerdo; imaginemos lo que supondría si se debiera pasar por pactos de enjundia para definir y aplicar una legislatura total y completa a nivel nacional.

Todo juega a su favor. No tenemos remedio.

 

* Coronel de Ejército de Tierra (Retirado) de España. Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de más de 40 años en las FAS. Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9). Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia. Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas. Miembro de la SAEEG.

Artículo escrito el 7 de marzo de 2024.

 

¿EL CANAL MAGDALENA A UN PASO DEL OLVIDO?

Ante la autorización por parte del Gobierno Nacional para que el puerto de Montevideo pueda realizar las obras necesarias de dragado en el Canal Punta Indio y su consecuente ampliación, se vislumbra la concentración del comercio en esa zona en detrimento de nuestra región. Esta situación nos pone en la obligación de preguntarnos: ¿El Canal Magdalena dio un paso al olvido? El Canal Magdalena es una vía natural, paralela a la costa argentina del Rio de La Plata. Es una ruta de salida de nuestros productos hacia el exterior. Sin él, la oportunidad estratégica que se pierde es que los productos, por ejemplo, que vienen de la vía del Paraná, pasarían por Montevideo y no por el Puerto de La Plata, perdiendo con eso una oportunidad histórica de desarrollo de nuestra región. Se da una situación paradójica que hará que tal vez, algunos productos que provengan de los puertos de Bahía Blanca, Necochea o Mar del Plata, tengan que pasar primero por Montevideo, paguen sus permisos y luego ingresen a nuestros puertos o se dirijan al exterior. El otro aspecto curioso es que, aun contando con los permisos para el dragado del Canal Magdalena, la obra que estaba en proceso de licitación nunca se concretó. En nuestra región, la Mesa por el trabajo y la vida digna, conformada por la comunidad, organizaciones sociales y empresarias, sindicatos, universidades, la comunidad científica y la Pastoral Social del Arzobispado de La Plata, a fines de 2020 publicó un comunicado en base a su trabajo conjunto y a la preocupación en el tema del entonces arzobispo Víctor Manuel Fernández. Allí se dejaba en claro el carácter de proyecto estratégico de esta iniciativa y la importancia para la región ya que “la puesta en funcionamiento del Canal Magdalena completaría esta aspiración”. Ahora, en diálogo con nuestro nuevo arzobispo, Mons. Gabriel Mestre, ratificamos dicho comunicado en el contexto actual. Cuidar lo nuestro, generar empleos con condiciones dignas, fomentar el progreso de la región y defender el trabajo argentino es lo que llamamos soberanía. Como Comisión Ejecutiva de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de La Plata, ponemos en manos del Espíritu Santo las decisiones de nuestros gobernantes para que, interpretando los signos de los tiempos, sean dóciles a la voluntad del Padre cuidando el bien común y a los más pobres y postergados del sistema. Como Pueblo de Dios una vez más exclamamos: ¡Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos!

 

Comisión Ejecutiva de Pastoral Social Arquidiócesis de La Plata – Argentina. Lunes 26 de febrero de 2024.