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LA INTELIGENCIA ARGENTINA SIN RUMBO Y SUMANDO FRACASOS. ALGUNAS PROPUESTAS PARA SU RECONSTRUCCIÓN.

Marcelo Javier de los Reyes*

Una ruptura más del sistema republicano

La Camara de Diputados y el Senado ha sancionado la denominada «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» ―Ley 27.742 publicada en el Boletín Oficial el 8 de julio de 2024― por la cual el Poder Legislativo le cedió al Poder Ejecutivo funciones legislativas que le corresponden. No es la primera vez que los miembros del Congreso le otorgan esta potestad excepcional al Ejecutivo, una práctica que precisamente ha dejado de ser excepcional desde la presidencia de Eduardo Duhalde. Claramente, la situación en 2002 podría ameritar esa cesión pero de ninguna manera debió haberse procedido con ese temperamento con los gobiernos que le sucedieron.

Cuando Montesquieu formuló la división de poderes en El espíritu de las leyes (1748) consideró que era apropiada la distribución de las funciones del Estado en tres poderes independientes —legislativo, ejecutivo y judicial— para evitar la concentración del poder, garantizar la libertad política y prevenir la tiranía mediante un sistema de contrapesos. A pesar de ello y aunque no se proceda a esa cesión, el sistema de contrapesos no funciona en nuestra Argentina, toda vez que los miembros del Poder Judicial suelen ser demasiado benévolos con los gobiernos de turno, «benevolencia» que le cuesta muy cara al Estado Nacional y a los argentinos.

Como se ha mencionado, la concepción de la división de poderes formulada por Montesquieu busca prevenir la tiranía y como se puede apreciar en las reformas del Sistema de Inteligencia Nacional, las modificaciones son absolutamente anticonstitucionales y muestran una peligrosa deriva autoritaria del gobierno.

Al asumir la presidencia Javier Milei no existía una situación de emergencia pública que justificara esa cesión de poderes. Las recurrentes crisis económicas que sufre nuestro país no son más que una crisis que la dirigencia política ha convertido en una problemática estructural ocasionada por la mala administración de la cosa pública pero sobre todo por la corrupción, en la cual el Poder Judicial tiene la mayor responsabilidad, aunque eso no libera de la misma al Poder Legislativo.

Desentendiéndose de la Inteligencia

Desde el primer día, el presidente ―quien se autopercibía como «especialista en temas de crecimiento económico con o sin dinero» y que afirmaba que sabía «cómo terminar con la pobreza y la indigencia»― no sólo no manejó la economía nacional sino que la puso en manos Luis «Toto» Caputo, de quien afirmaba: «Recuerdo que, por ejemplo, Caputo se fumó más de US$ 15.000 millones. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, vino Caputo y se fumó US$ 15.000 millones de reservas irresponsablemente, ineficientemente. Y nos deja este despiole de la Leliq»[1]. Si el «especialista» no se ocupaba de lo que sabía y eligió a quién poco antes consideraba un incapaz, mal podía hacerse cargo de la Inteligencia Nacional, área de la que ninguno de los que llega al gobierno tiene una mínima idea y que suelen confundir con «Seguridad».

Desconociendo y contrariando la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, cuyo Artículo 12 expresa que «El Presidente de la Nación fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional», puso de facto el Sistema de Inteligencia Nacional bajo control del entonces Jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, quien asumió el 10 de diciembre de 2023 y que renunció en mayo de 2024, en buena medida porque se lo responsabilizó de realizar tareas de espionaje interno sobre funcionarios de su propio gobierno y opositores. Durante ese breve período la Inteligencia Nacional estuvo operada por militares que, al parecer, no eran del ámbito de la inteligencia y que además debe tenerse presente que la Inteligencia Estratégica Militar difiere considerablemente de la Inteligencia Estratégica Nacional que es, vale recordar, de carácter civil.

Tras la salida de Posse, la Inteligencia Nacional está «informalmente» en manos del «monotributista» Santiago Caputo, asesor presidencial que no cumple ningún cargo de funcionario dentro del organigrama oficial. De tal manera que la irresponsabilidad de Milei en materia de Inteligencia llega a un grado que es difícil de caracterizar en términos negativos.

Reformas del Sistema de Inteligencia Nacional

Dicho esto, cabe señalar que en ningún párrafo de la llamada «Ley Bases» se menciona la necesidad de modificar, una vez más, el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). No obstante, quienes detentan el Poder Ejecutivo podrán argüir que mediante el Título II referido a la Reforma del Estado podría implementar modificaciones en el mencionado sistema.

Desde que asumió este gobierno «libertario» ―pero enemigo de la libertad― se procedió a las siguientes modificaciones en materia de Inteligencia:

    • En julio de 2024, a través del Decreto n° 614/2024 se procedió a una reestructuración profunda del SIN, mediante el cual se disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y se creó nuevamente la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), conformada por cuatro agencias: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).
    • Mediante el controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) n° 656/2024 se le otorgaron a la SIDE $ 100.000 millones adicionales en carácter de fondos reservados, lo cual fue rechazado por la Cámara de Diputados (Resolución n° 76/2024 del 21 de agosto de 2024) y por el Senado (Resolución 32/2024 del 12/09/2024), por lo cual «Santiago Caputo, el asesor presidencial que reestructuró la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), avisó que el organismo que en los papeles dirige Sergio Neiffert devolverá cada uno de los $100 mil millones»[2]. Sin embargo, algunos medios informaron por entonces que ya se había ejecutado el 80% de ese monto.
    • El 1° de enero de 2026 Infobae dio a conocer el DNU-2025-941-«APN-PTE – Modificación de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520»[3], que fue publicado en el Boletín Oficial con fecha 2 de enero, firmado el 31 de diciembre de 2025 por el presidente Javier Milei y todo el gabinete, el cual reordena la estructura de toda el área, crea agencias, disuelve otras y unifica tareas supuestamente para facilitar el intercambio de datos y le otorga a la SIDE un poder que emula a la «Securitate» (oficialmente Departamentul Securității Statului, «Departamento de Seguridad del Estado»), la policía secreta rumana del régimen comunista. Al fin y al cabo, siempre se afirma que los extremos se tocan.

Lo único positivo es volver a la denominación SIDE para recordar que la Inteligencia le corresponde al Estado Nacional, aunque en los hechos los libertarios siguen manejando una Inteligencia «de gobierno», como han hecho todos los gobiernos de esta partidocracia.

¿Era necesario reformar la Inteligencia?

Mediante la sanción de la Ley 27.126, el 25 de febrero de 2015, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se propuso desmantelar la estructura de la ex Secretaría de Inteligencia, aumentar la transparencia, fortalecer la democracia, profesionalizar el servicio de inteligencia, limitar los fondos reservados y separar la inteligencia de la investigación judicial.

A ello cabe agregar la «intención» de poner fin al espionaje ilegal, la compra de jueces y la financiación ilegal de la política. Claro que no tuvo mucho tiempo para demostrar si esa transformación sería posible porque su gobierno terminó en diciembre de 2015.

Luego del gobierno de Mauricio Macri (2015 – 2019), quien hizo un uso discrecional de la Inteligencia y de sus recursos ―quizás sea suficiente con mencionar la operación de la Inteligencia sobre el Poder Judicial, la banda «Súper Mario Bros», y el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan―, el 10 diciembre de 2019, asumió la presidencia Alberto Fernández, quien en su primer discurso anunció la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y prometió terminar con los «sótanos de la democracia». En esa oportunidad declaró el «nunca más» a una justicia contaminada por servicios de inteligencia y operadores judiciales. El gatopardismo siguió mostrando su vigencia.

Durante su gobierno, la entonces interventora de la AFI, la abogada Cristina Caamaño estuvo trabajando en una nueva ley de Inteligencia. Ya me referí a ese tema en un artículo titulado «Más “innovaciones” en materia de Inteligencia» (publicado el 26 de enero de 2021), en el cual expuse que «no parece serio cambiar nuevamente la Ley de Inteligencia, cuya última ley, la 27.126 fue llevada a cabo por la actual vicepresidente, en ese momento en ejercicio de la Presidencia de la Nación». 

Escándalos en la SIDE libertaria

Como no podía ser de otro modo, la corrupción libertaria también alcanzó a la SIDE y una vez más se hizo una propaganda a la «profesionalización» del organismo. El resultado: más de lo mismo. Sin embargo, estos han empleado hasta la IA para hacer diseños de patéticos logos que parecen más propios de las agencias de inteligencia estadounidenses y de sociedades secretas.

Nuevamente se recurre a purgas, las que se vienen llevando a cabo desde hace décadas impidiendo una transferencia de conocimientos y la práctica desaparición de personal de carrera dentro del organismo. Eso sí, ingresa personal sin experiencia y algunos por amiguismo y continúa la clásica lucha de poder por los puestos de la SIDE, como oportunamente se denunció la puja entre Santiago Caputo y el Secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila ―un radical, funcionario «transversal» a los diferentes gobiernos ya que forma parte del establishment por su relación con Enrique «Coti» Nosiglia―, para quedarse con una parte de la estructura de la agencia[4].

No podía faltar el seguimiento a ciertas figuras de la política que parecen haber sido «caminados» ―para emplear la jerga de inteligencia― por agentes de la SIDE, lo que implicaría una ilegalidad y, aún peor, al servicio del lobby político y empresarial bajo la órbita de Caputo. Nada de cuestiones de seguridad de Estado.

Desde que llegó este gobierno la gestión no estuvo exenta de escándalos y desde fines del año 2025 se produjeron renuncias y cambios que dejaron de lado toda la discreción que requiere un organismo de Inteligencia. Luego de algunos casos sonoros que llegaron a los medios, el entonces titular Sergio Neiffert renunció al cargo, evidentemente forzado para que lo hiciera luego de denuncias por mal uso de fondos reservados, por el caso de dos funcionarios que viajaron a ver la carrera de Fórmula 1 en Bakú, Azerbaiyán, según denunciaron los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein. Los funcionarios de la SIDE habrían utilizado cerca de $ 20 millones de pesos de fondos públicos reservados para viajar a ver al piloto Franco Colapinto[5].

Para reemplazar a Neiffert nombraron a Cristian Auguadra que, al igual que su antecesor y tantos otros que llegaron a ese destino, no cuentan con una experiencia mínima para ocupar el cargo. En el caso de Auguadra, la información periodística no le es favorable.

Uno de los hechos recientes tuvo como objetivo la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino. A mediados de abril de este año, estalló una denuncia sobre una presunta operación de inteligencia para intervenir o desestabilizar a la AFA con la denominada «Operación Pendrive»[6]. También se detectaron cámaras de seguridad orientadas hacia la ex sede de la AFA desde un edificio lindero, propiedad del jefe de la SIDE, Cristian Auguadra[7].

La falta de control dentro y fuera de la SIDE es absoluta, pues la Comisión Bicameral de Inteligencia parece que, como pasa habitualmente, no llega a nada. Recordemos el famoso caso de la «Banelco» y tantos otros escándalos que pasaron sin más. ¿De dónde salen los fondos para «convencer» que algunos legisladores voten las leyes que pide este gobierno para avanzar en la entrega de la Nación?

Todo sigue como entonces…

Palantir y los periodistas fuera de la Casa Rosada

El video que unos periodistas realizaron de los conocidos pasillos de la Casa Rosada y de las puertas de algunos despachos le sirvió al gobierno para prohibir el ingreso a la Casa Rosada a todos los periodistas acreditados, decisión tomada por la Casa Militar con el único fin de garantizar la seguridad nacional. Según la presentación realizada por la Casa Militar, el material grabado habría «vulnerado la seguridad de las instalaciones y expuesto información considerada estratégica para el funcionamiento del Poder Ejecutivo».

Sin embargo, no hubo tanto celo por la seguridad, ni siquiera de la del presidente ―quien al momento de la difusión de esa filmación se encontraba de festejos en Israel, en una zona en guerra―, en oportunidad de que lo visitaran en la Casa Rosada Hayden Davis, el criptoempresario que lanzó $LIBRA, o «Julian Peh», quien no se llamaba así ni existían registros de su ingreso al país. No volveré sobre este tema, el cual lo abordé profusamente en otro artículo titulado «La relevancia de conocer la política internacional y de emplear la Inteligencia de Estado. El caso $Libra», publicado el 17/08/2025.

A buena parte de la prensa, como sería lógico, no se le escapó el hecho de que la prohibición a los periodistas coincidió con la visita de Peter Thiel, cofundador de la corporación Palantir Technologies Inc. ―empresa estadounidense que cotiza en bolsa y desarrolla plataformas de integración y análisis de datos― a la Casa Rosada. Evidentemente, se procedió a un blindaje de la Casa de Gobierno a los medios.

Palantir fue fundada en 2003 con apoyo de la CIA. Palantir desarrolla software especializados en el análisis de grandes volúmenes de datos (big data) e inteligencia artificial y desarrolla plataformas que integran, gestionan y aseguran datos complejos para gobiernos, agencias de inteligencia y grandes empresas, permitiendo tomar decisiones basadas en información en tiempo real[8].

La corporación ha desarrollado «Palantir Gotham» (utilizado principalmente por agencias de defensa e inteligencia como la CIA y el FBI para identificar patrones ocultos en conjuntos de datos masivos, útil para seguridad nacional y antiterrorismo), «Palantir Foundry» (enfocado en el sector privado para integrar datos corporativos y optimizar operaciones, decisiones y detección de fraudes), «Palantir Apollo» (herramienta que permite el despliegue automático de software en cualquier entorno, ya sea en la nube o en sistemas clasificados) y «Palantir AIP (Artificial Intelligence Platform) (plataforma más reciente, diseñada para aplicar modelos de lenguaje y IA avanzada a datos complejos de forma segura).

«Creamos productos para el análisis humano de datos del mundo real», según informa la propia empresa en su sitio web[9]. Agrega también: «Diseñamos tecnología para ayudar a las instituciones a proteger la libertad. La tecnología analítica, especialmente en manos de instituciones poderosas que manejan grandes volúmenes de datos, puede suponer graves riesgos para la privacidad y las libertades civiles». Sin embargo, parece que no es precisamente la «libertad» a la que defienden sino más bien que la vulneran y lo que muestra como una «virtud» resulta contradictoria porque esta corporación «poderosa» se apodera de una impresionante cantidad de datos de los ciudadanos poniendo precisamente en riesgo la privacidad y las libertades civiles. Recordemos la manipulación llevada a cabo por Cambridge Analytica.

Palantir obtuvo contratos gubernamentales multimillonarios y «ha contribuido a prevenir atentados terroristas, planificar misiones ultrasecretas de la CIA y gestionar la distribución de vacunas. Sin embargo, ha recibido críticas por ayudar a funcionarios de inmigración a identificar y localizar a inmigrantes indocumentados»[10]. Vemos aquí algunos puntos a considerar como el término «terrorista», el cual no se puede aplicar a quien defiende a su país de un invasor extranjero, la planificación de «misiones ultrasecretas», la identificación y localización de inmigrantes indocumentados nada menos que por parte del ICE, una fuerza que recurre a métodos ilegales y violatorios de los derechos humanos. En síntesis, Palantir es un «Estado» dentro del Estado que le paga contratos multimillonarios y que se hace dueño de ese Estado que le brinda el acceso a todas sus bases de datos.

¿Qué podemos decir de otro de los socios y fundador de Palantir, Alex Karp? Karp es licenciado en Derecho y doctor en teoría social neoclásica y se ha manifestado sobre la superioridad de Occidente y su desdén por las protestas antiisraelíes. Karp calificó las protestas antiisraelíes en la Universidad de Columbia de «paganas» y afirmó haber soñado con atacar a sus enemigos con drones. «En una conversación entre Karp y Jacob Helberg, asesor principal de políticas del director ejecutivo de Palantir, sobre el impacto de la IA en la guerra en Ucrania e Israel, Helberg dijo que se estaban coreando “consignas a favor de Hamás” en “universidades muy prestigiosas”»[11]. Todo un alegato en favor del racismo y en detrimento de la libertad de expresión y de la democracia.

Palantir también ha recibido fuertes cuestionamientos por su participación en el genocidio en Gaza por la firma de una «alianza estratégica» con el Ministerio de Defensa israelí. Desde octubre de 2023, el ejército israelí ha incorporado las herramientas y el software de Palantir para su ofensiva en la Franja de Gaza[12].

James Bamford en un artículo publicado en The Nation afirma que Palantir ha proporcionado al ejército y a las agencias de inteligencia israelíes «capacidades de localización avanzadas y potentes» utilizadas en el marco de su guerra en Gaza[13].

La corporación abrió sus oficinas en Tel Aviv en 2015 y fue en Israel donde la junta directiva de Palantir se reunió por primera vez en 2024, solo unos meses después del inicio de la guerra, en un gesto de solidaridad y debido a que Alex Karp es un importante partidario del gobierno de Netanyahu[14].

Nada más en sintonía con el «pensamiento» o ideología de Milei. Aquí cabe destacar que Peter Thiel compró una gran mansión en Barrio Parque, uno de los barrios más caros de Buenos Aires ―si no el más caro―, frente a la casa de Susana Giménez, por la que pagó US$ 12 millones. Es evidente que Thiel no ha venido de vacaciones porque tendría pensado permanecer en la Argentina al menos dos meses. ¿Algún millonario contrato con el gobierno de Milei? ¿Tendrá la Argentina el mismo destino que Palestina con el presidente «más sionista del mundo»?

Todo está sobre la mesa y la presencia de Thiel y de su empresa, con una motosierra presidiendo el encuentro con Milei en la Casa Rosada nos son buenos augurios para los argentinos.

El 25 de abril, en un posteo en X, el ingeniero en Electrónica y en Telecomunicaciones Ariel Garbarz escribió:

«Peter Thiel le ofreció a Milei una arquitectura de poder para gobernar con los datos de la SIDE y otros organismos públicos, perfilando y luego controlando y manipulando a los votantes, tal como hizo en Estados Unidos, Reino Unido e Israel».

A propósito de la vigilancia tecnológica, será fundamental rever todo el sistema de vigilancia por cámaras en el territorio nacional y, particularmente, en la Capital Federal, teniendo en cuenta las empresas proveedoras de los equipos, las que las instalaron y las que las monitorean, aún de aquellas que son monitoreadas por las provincias, los municipios y el Estado Nacional. En general deberá recurrirse a la ingeniería inversa y en adelante deberían establecerse algunas cláusulas para su instalación.

Algunas reflexiones finales

Milei no sólo destruye lo que he denominado «el sistema inmunológico de la Nación», siguiendo el rumbo de sus predecesores, sino que agrava la posibilidad de que nuestra Argentina ―siguiendo la metáfora de la medicina― padezca una sepsis irreversible.

Esto es evidente cuando Milei se saca una foto con un criminal de guerra, con el «carnicero de Medio Oriente», provoca un industricidio del que difícilmente nuestro país pueda recuperarse, deja a la Argentina sin una política exterior propia alineándose con Estados Unidos e Israel ―aislándola de los países que respaldan los derechos soberanos sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur así como de sus principales socios comerciales, miembros estos de los BRICS―, ingreso de militares y de aeronaves extranjeros a la Argentina sin autorización del Congreso de la Nación, declara irresponsablemente que nuestro país está «en guerra con Irán» ―toda declaración de guerra precisa que sea aprobada por el Congreso Nacional―, continúa con la política de desarticular el territorio nacional cerrando definitivamente ramales ferroviarios y abandonando el mantenimiento de las rutas nacionales, abriendo la puerta a que empresas como Palantir u otras de Israel ―recuerden el discurso que pronunció en su reciente visita al ente sionista― accedan a la información privada de los argentinos y a la información estratégica del Estado Nacional, acuerda con el empresario británico Joe Lewis de manera secreta para que el también amigo de Mauricio Macri pueda sortear los litigios a los que está siendo sometido por sus operaciones en una zona de «seguridad nacional», y un sinfín de medidas que revelan que «el topo que vino a destruir el Estado desde adentro» verdaderamente está en guerra con la Argentina. En un país serio ya habría sido destituido y sometido a juicio.

La presencia de Thiel pondría la certeza de que la deriva autoritaria de este gobierno que aglutina lo peor de la casta política y de las corporaciones económicas del país y del mundo (no nos olvidemos del JP Morgan), estaría operando para convertir esta cleptocracia en una tecnocracia que ejerza una vigilancia minuciosa sobre cada uno de los argentinos con el objetivo de neutralizar toda expresión o manifestación en contra de los abusos de su gobierno. Cada día que transcurre, el peligro es mayor y el Poder Judicial y el Poder Legislativo ―excepción hecha de algunos de sus miembros― no están a la altura de las circunstancias, por decirlo eufemísticamente.

Todos esos temas en los que el gobierno avanza sin frenos serían prioritarios para la Inteligencia Estratégica del Estado Nacional, la que no casualmente ha terminado de destruir Milei.

La primera pregunta clave es, ¿se puede reconstruir la Inteligencia Nacional en un futuro gobierno nacional? Si la respuesta es afirmativa, habría una segunda pregunta, ¿cómo?

A la primera pregunta respondo afirmativamente, aunque será un proceso largo por las capacidades destruidas, la falta de personal profesional apropiado para esas tareas y la necesidad de reconstruir la confianza con otros organismos de inteligencia de otros países. Como he expresado más de una vez, «la confianza es como la virginidad, se pierde una sola vez» y en materia de inteligencia requiere una ardua labor, sustentada en buena parte en vínculos personales. De ahí la necesidad de mostrar una verdadera recuperación de esas capacidades recurriendo a personal retirado, pero no a aquellos que han sido parte de su destrucción. Esto sería un claro mensaje hacia las agencias extranjeras.

¿Cómo? Obviamente, y es claro que así sea, el jefe de la Inteligencia Nacional ―el «Señor 5»― debe ser una persona de extrema confianza del presidente de la Nación, a quien se debe de manera casi incondicional. ¿Por qué «casi»? Porque no deberá decirle «sí» a todo, sino que deberá advertirle acerca de determinadas cuestiones y a veces decirle que «no» cuando los Intereses Nacionales o su seguridad o su imagen estén en riesgo ante determinadas decisiones que desee tomar. Sin embargo, el «Señor 8» debería ser un agente de carrera con experiencia, conocedor de los resortes del sistema de Inteligencia.

Los pasos a tomar para esa reconstrucción requieren:

    • lograr que el Congreso derogue la Ley 27.126 y volver plenamente a la vigencia de la Ley 25.520, aunque se vuelva a la denominación de «Secretaría de Inteligencia», sin que especifique que es «de Estado»; al fin y al cabo, este gobierno sólo le ha cambiado el nombre para que todo siga igual;
    • poner en vigencia, nuevamente, el decreto 1.088, mediante el cual se aprobó el Estatuto para el Personal de la Secretaría de Inteligencia y para el Personal Civil de Inteligencia de los Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas;
    • derogar los decretos del gobierno de Milei, los cuales constituyen un verdadero adefesio en materia de Inteligencia;
    • reconstruir la Contrainteligencia, área vital de la Secretaría de Inteligencia;
    • recrear nuevamente la Central Nacional de Inteligencia, en el marco de la Secretaría de Inteligencia, para coordinar las funciones y operaciones de todos los servicios de inteligencia de la Argentina, a la cual todos los servicios de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía, deberán destinar delegados para favorecer una coordinación eficaz y eficiente entre los diferentes organismos;
    • diseñar una nueva Doctrina de Inteligencia Nacional conforme a una agenda que contemple los «Intereses Nacionales» y no a una agenda impuesta desde el exterior;
    • cerrar la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Casa Rosada y transferir sus funciones a la Subsecretaría de Inteligencia, es decir que las mismas recaerían sobre el «Señor 8», a quien debe llegarle la información estratégica, de tal manera que se evitaría la duplicación de funciones y se eliminarían puestos oficiales que no han demostrado mayor utilidad para el Estado Nacional;
    • contar con un cuerpo de abogados altamente calificados para llevar a cabo un exhaustivo estudio para la recuperación de organismos y tierras que los diferentes gobiernos han entregado discrecionalmente a sujetos privados;
    • iniciar las acciones legales correspondientes para llevar a los tribunales a todos los funcionarios que se desempeñaron en el área de Inteligencia por causas de malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público;
    • poner el acento en el reclutamiento de los profesionales y en su formación, para lo cual será fundamental que la Escuela Nacional de Inteligencia recupere el prestigio que supo tener en la década del 90 del siglo pasado, recurriendo a destacados profesores en función de los programas de estudio que se establezcan. Un punto esencial será el nombramiento de un director que no provenga de la política, sino que sea algún profesional con trayectoria en las áreas de Inteligencia;
    • implementar en el marco de la Escuela Nacional de Inteligencia los Cursos Básicos de Inteligencia para Funcionarios del Estado, lo cual permite impartir nociones básicas a los funcionarios estatales además de favorecer la construcción de una comunidad informal de Inteligencia;
    • establecer, al menos, una base del organismo en cada provincia pero en algunas de ellas ―por ejemplo, Córdoba y en la región de la Patagonia― puede que las necesidades requieran que haya más de una;
    • desarrollo de bases regionales para implementar la Inteligencia Competitiva para favorecer el desarrollo de las economías regionales;
    • fortalecer la presencia de delegados en nuestras embajadas y reconsiderar los países en los cuales tendrán sede;
    • reestablecer los vínculos con los servicios de Inteligencia extranjeros, con la mayor parte posible de ellos y no limitándolos a los «habituales» de los últimos gobiernos.

La plena vigencia de la Ley 25.520 no implica el ideal para la conducción y coordinación de una Inteligencia Estratégica de Estado pero podrá, por un lado, establecer un punto de partida para su reorganización y coordinación con otros organismos nacionales y extranjeros, así como cerrar un ciclo de improvisaciones que sólo han terminado por destruirla.

Estas medidas podrán, realmente, poner la conducción estratégica y la coordinación del Sistema de Inteligencia Nacional bajo el control de la Secretaría de Inteligencia y, especialmente, de la Presidencia de la Nación, a la cual pertenece.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro «Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones», Buenos Aires: Editorial Almaluz, 1ª edición 2019, 2da edición 2024. En edición: «El arte de pensar. Su aplicación en un mundo incierto» (Editorial Almaluz).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

 

Referencias

[1] «¿RESISTE ARCHIVO?: Lo que decía Milei sobre Caputo, el que “se fumó 15 mil millones de dólares”». El Cronista, 28/11/2023, https://www.elcronista.ar/resiste-archivo-lo-que-decia-milei-sobre-caputo-el-que-se-fumo-15-mil-millones-de-dolares, [consulta: 13/04/2026].

[2] Pablo Lapuente. «Santiago Caputo promete devolver los $100 mil millones de la SIDE». Letra P, 13/09/2024, https://www.letrap.com.ar/politica/santiago-caputo-promete-devolver-los-100-mil-millones-la-side-n5411167, [consulta: 13/04/2026].

[3] DNU-2025-941-«APN-PTE – Modificación de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520», https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/337032/20260102.

[4] «Bronca en la SIDE con Santiago Caputo porque lleva adelante una purga de agentes, pero metió a su instructor de tiro». La Política Online, 07/11/2024, https://www.lapoliticaonline.com/politica/bronca-en-la-side-con-santiago-caputo-porque-hizo-una-purga-pero-metio-a-su-instructor-de-tiro/, [consulta: 06/12/2025].

[5] «Diputados denuncian un viaje ‘VIP’ de la SIDE a la Fórmula 1 con fondos públicos que costó $19 millones». Urgente24, 04/12/2025, https://urgente24.com/actualidad/politica/diputados-denuncian-un-viaje-vip-la-side-la-formula-1-fondos-publicos-que-costo-19-millones-n614628, [consulta: 06/12/2025].

[6] «Cómo se armó la operación “pendrive” trucho contra AFA: la trama que incluye a un ex ministro, la SIDE, empresarios y hasta el directivo de un importante medio». Data Clave, 10/04/2026, https://www.dataclave.com.ar/poder/la-salida-menos-pensada–alejandro-kim-se-fue-del-espacio-de-guillermo-moreno_a69d92b3b1d2d404fa6dfcfc5, [consulta: 17/04/2026].

[7] «¿El jefe de la SIDE puso cámaras apuntando a la AFA para espiar los movimientos de los dirigentes?». Data Clave, 10/04/2026, https://www.dataclave.com.ar/poder/-el-jefe-de-la-side-puso-camaras-apuntando-a-la-afa-para-espiar-los-movimientos-de-los-dirigentes-_a69d977011d2d404fa6e9f8be, [consulta: 17/04/2026].

[8] Sitio oficial de Palantir, https://www.palantir.com/about/.

[9] Ídem.

[10] Jeff Rumage. «Inside Palantir: The Tech Giant Powering Government Intelligence». Buit In, 22/04/2026, https://builtin.com/articles/what-is-palantir, [consulta: 24/04/2026].

[11] Madison Hall. «Palantir CEO calls Columbia anti-Israel protests ‘pagan’ and says he’s dreamed of drone striking his enemies». Bussiness Insider, 02/05/2024, https://www.businessinsider.com/palantir-ceo-alex-karp-columbia-anti-protests-pagan-north-korea-2024-5, [consulta: 14/04/2026].

[12] «¿Qué se sabe sobre el papel desempeñado por Palantir en Gaza?» Le Grand Continent, 04/10/2025, https://legrandcontinent.eu/es/2025/10/04/que-se-sabe-sobre-el-papel-desempenado-por-palantir-en-gaza/, [consulta: 14/04/2026]

[13] James Bamford. «How US Intelligence and an American Company Feed Israel’s Killing Machine in Gaza». The Nation, 12/04/2024, https://www.thenation.com/article/world/nsa-palantir-israel-gaza-ai/, [consulta: 12/12/2025].

[14] Sharon Wrobel. «US tech giant Palantir decides to hold first board meeting of new year in Tel Aviv». The Times of Israel, 02/01/2024, https://www.timesofisrael.com/us-tech-giant-palantir-decides-to-hold-first-board-meeting-of-new-year-in-tel-aviv/, [consulta: 12/12/2025].

 

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LA ARGENTINA DEBERÍA INDEPENDIZARSE

César Augusto Lerena*

El pasado 21 de marzo el presidente de Brasil, Lula da Silva en la cumbre de la CELAC declaró: «Nos quitaron el oro, la plata, los diamantes y minerales; ahora nos quieren colonizar de nuevo». Una frase que aplica perfectamente a la realidad argentina de estos días. No nos preocupa que los capitales extranjeros contribuyan a explotar e industrializar nuestros recursos, sino que la clase política, empresaria, gremial e intelectual de la Argentina no tenga un plan para que ello se realice asegurando nuestra soberanía política y económica y el bienestar del pueblo.   

El 9 de julio de 1816, las Provincias Unidas del Río de la Plata, declaraban la independencia de España y diez días después “de toda otra dominación extranjera”. El 21 de septiembre de 1863 en el Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad celebrado entre España y la Confederación Argentina. El alineamiento incondicional del Poder Ejecutivo con Estados Unidos e Israel borra en forma inconsulta esta vocación soberana popular.

La Argentina carecía entonces de los recursos necesarios para transformar las producciones primarias en industrializadas y, debido a ello, se incrementó la influencia británica y se tardó cien años en conseguir una trabajosa soberanía política e independencia económica y, podemos dividir groseramente ello, en tres etapas:

La primera etapa, entre 1860 y 1939, donde se expandió la red ferroviaria a 34.000 km conectando las capitales de provincia con el puerto de Buenos Aires respondiendo al eje agro-exportador británico. Se consolidaron los Puertos de Rosario (1860); Madero (1889); Bahía Blanca (1890); La Plata (1890) y Mar del Plata (1913). Se creó Obras Sanitarias (1912) y se suministró agua potable y cloacas a Buenos Aires y otras principales ciudades. Se construyeron grandes edificios públicos y obras urbanas. Entre otras, la ciudad de La Plata (1882) y la ciudad balnearia de Mar del Plata (1874). Se creó la Junta Nacional de Carnes y de Granos (1933); el Registro Civil 1884) y una moneda única nacional (1881). Se construyeron escuelas primarias laicas y gratuitas bajo la Ley 1420 (1884). El Estado actuó como gran planificador, inversor y administrador.

La segunda etapa entre 1940 y 1955 donde se nacionalizó el Banco Central y los depósitos bancarios (1946); de igual modo, los ferrocarriles británicos y franceses, estimulándose a los proveedores industriales locales; se nacionalizó la ITT creando Teléfonos del Estado (1946), luego ENTel; se creó y/o fortaleció la Siderúrgica SOMISA (1947); Gas del Estado (1945/6); YPF (1940/50); Aerolíneas Argentinas (1950); se expandió la Flota Mercante del Estado (1946/50); la Dirección Nacional de Industrias del Estado (DINIE, 1947); las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME, 1952) de fabricación de aviones, autos y motos. Se creó el Instituto Argentino de Promoción de Intercambio (IAPI, 1946); la Industria y Sustitución de las importaciones (ISI, 1947). Se modificó la Carta Orgánica del Banco de Crédito Industrial (1946/52) para promover créditos industriales y expandió el mercado interno, consolidándose la industria liviana metalúrgica y textil (1947/51); la industria pesada de siderurgia, petroquímica y energética (1952/56); se creó el Instituto Tecnológico (1940) luego INIT y el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (1948) luego INTA; además de innumerables obras con fines sociales y de reafirmación nacional como la construcción de Hospitales; Viviendas; Escuelas Técnicas; Hogares Materno-Infantiles; Establecimientos para Turismo Social (Chapadmalal, etc.), la UTN, etc. que fortalecieron la pertenencia nacional.

La tercera etapa se inaugura con las declaraciones del Presidente Milei que “venía a destruir al Estado desde adentro” (6/6/2024). 

Todo ese proceso de industrialización-nacionalización se frenó llevándonos a una pérdida de soberanía que, se profundiza en estos días y nos retrotrae al siglo XVIII principios del XIX. 

Respecto a los Tratados, la legislación argentina y los hechos de facto de la colonización argentina, la Argentina firmó Tratados con capacidades asimétricas entre los Estados y cuyos gobiernos dieron muestras sobradas de no respetar los acuerdos. Vimos el comportamiento del Reino Unido que, a pesar del Tratado de “Amistad, Comercio y Navegación” del 2/2/1825, invadió Malvinas el 3/1/1833 o a España, donde a pesar del Tratado de “Reconocimiento, Paz y Amistad” del 21/9/1863, reconociendo la independencia argentina, sus buques gallegos pescan ilegalmente en Malvinas desde hace más de 50 años.

Por otra parte, es muy importante el número y contenido de las leyes argentinas que debilitan la soberanía y producción nacional. Sin detallar exhaustivamente sus efectos negativos, podemos mencionar las Leyes 21.364 (1976); 21.495; 21.526; 21.547; 21.572 (1977) y 21.771 (1978) redujeron el control del Banco Central; encarecieron el crédito y, dieron inicio a un sistema financiero concentrado extranjerizado y especulativo. La llamada «tablita cambiaria» (1978) de José Martínez de Hoz produjo un atraso cambiario y la quiebra de empresas exportadoras; fenómeno que se profundizó la congelación del Ministro Sourrouille.

La “Reforma del Estado” promovida por Roberto Dromi y Rodolfo Barra y, luego por Domingo Cavallo, se conocieron popularmente como “la venta de las joyas de la abuela”. Especialmente, las Leyes 23.696 y 23.697 (1989) destinadas a privatizar/concesionar Aerolíneas Argentinas (1990/2), ENTel (1990); Obras Sanitarias (1993); Gas del Estado (1992/3); SEGBA (1992/3); Ferrocarriles (1995/5); YPF (1990/3); Seguros del Estado (1992); Correo Argentino (1997); SOMISA (1992); Tandanor (1991), etc. todas empresas estratégicas que tendrían que haberse transformado en eficientes y no transferirlas.

Se dio comienzo al desmembramiento del Estado; a la descentralización y el debilitamiento de las políticas públicas de sanidad y educación y la desinversión en rutas y redes ferroviarias, cuya destrucción final se está dando con la sanción de la Ley 27.742 (2024) de Bases y Puntos de Partida para la colonización total y la desestructuración del Estado Nacional y leyes complementarias de desinversión de las Universidades Públicas; los Hospitales y el desfinanciamiento de las obras públicas esenciales. 

Con los llamados Acuerdos de Madrid (1989/90) que pese a generar obligaciones no fueron ratificadas por el Congreso de la Nación se crearon obligaciones en perjuicio de Argentina que superaron el ámbito en disputa. Refiere a las inversiones británicas (Art. 12°) que se privilegiaron por la Ley 24.184; se condicionó la política exterior argentina en la América Latina y en la CEE (Art. 16°); se estableció un control británico de las Fuerzas Armadas Argentinas (Art. 5°, 52º); se dispuso la “Bilateralidad Económica” respecto a la actividad pesquera (Art. 7°) y, se acordó la figura inglesa de la “Fórmula del Paraguas”, que congeló la soberanía de las Islas, sin fecha de vencimiento. Acuerdos ratificados por los pactos de Foradori-Duncan (2016) y Mondino-Lammy (2024) violando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

La Ley 23.968 (1991) que estableció una limitación marítima que Argentina no había ratificado y derogó la Ley 17.094 (1966) que establecía el Mar Territorial Argentino de 200 millas, reduciéndolo a 12 millas.

La Ley 24.093 (1992) que facilitó la privatización de los puertos sin reservar al Estado la administración, la defensa y la seguridad en los puertos estratégicos; debilitando la soberanía marítima y antártica.

La Ley 24.184 (1992) de Protección y Promoción de las inversiones británicas en Argentina que les otorgó un régimen de excepción al Reino Unido a pesar de tener invadido millones de km2 del territorio nacional.

La Ley 24.543 (1995) de ratificación de la Convención del Derecho del Mar donde Argentina pese a la falta de reconocimiento de la titularidad de los recursos migratorios de los Estados ribereños.

La Ley 24.922 (1997) que mediante las transferencias de cuotas y autorizaciones le quitó la administración plena al Estado y concentró y extranjerizó la actividad; facilitado al Estado chino la pesca ilegal en alta mar y al español igualmente en Malvinas y su comercio en la Unión Europea.

La Ley 25.290 (2000) aprobó el “Acuerdo de Nueva York”; violando -de ratificarse- la Constitución Nacional al darle -entre otras cosas- estatus de Estado ribereño al Reino Unido en Malvinas.

Las Leyes 26.386 (2008) y 26.659 (2011) destinadas a limitar las actividades pesqueras ye petroleras en las Malvinas, sin que los gobiernos hayan iniciado las acciones adecuadas a quienes pescan en Malvinas.   

La Ley 26.639 (2011) de glaciares que protegía las reservas estratégicas de agua y que el actual gobierno ya obtuvo la aprobación en el Congreso para modificarla poniendo en riesgo a este elemento esencial.

La Ley 26.737 (2011) de protección del dominio nacional sobre las tierras que prohibía la extranjerización de tierras (%) y la posesión de hasta 150 km de las fronteras. Se encuentra suspendida cautelarmente.

Las Leyes 26.875 (2013) y 27.490 (2018) que bajo pretexto de establecer áreas marinas protegidas facilitan la pesca en Malvinas y el otorgamiento de permisos ilegales.

El veto de los artículos centrales de las leyes 27.418 (2017) y 27.419 (2017) que impidió la financiación de la construcción naval argentina y el crecimiento de la flota mercante, fluvial y pesquera y reducción de fletes.

La Ley 27.123 (2015) que aprobó el Acuerdo de Cooperación entre Argentina y China sobre emplazar una estación de espacio lejano autónomo de China en Neuquén, además de sus potenciales capacidades.

La Ley 27.558 (2020) que creó el Consejo Nacional de Malvinas sin facultarlo ni integrarlo adecuadamente para establecer una Política de Estado de recuperación de los archipiélagos y el mar invadido.

La Ley 27.742 (2024) de Bases y Puntos de Partida para la colonización total y la desestructuración del Estado Nacional, que habilitó al gobierno a ejecutar las acciones para facilitar la colonización.

La política de pérdida de autonomía en el manejo de las políticas estratégicas nacionales.

El gobierno argentino no se integró a los BRICS, lo cual significa la pérdida extraordinaria del destino de sus exportaciones y el fortalecimiento de su soberanía económica y territorial. El PBI nominal total de los países del BRICS es de alrededor de 30 billones de U$S, demostrando el absurdo de no integrarlo. Por el contrario, el gobierno ha preferido alinearse -casi incondicionalmente- a las políticas de Estados Unidos e Israel. Incluso en la guerra con Irán. Cuestión, que al margen de la connotación económica y política que ello significa, debilita la posición argentina en los apoyos respecto a su posición de Malvinas.

La destrucción de la industria nacional. A lo ya ocurrido entre los años 1976-1982 y en la década del 90 se agregan las políticas del presente gobierno de apertura indiscriminada de las importaciones (no solo de insumos para la producción), lo que junto a los bajos salarios y un dólar subvaluado a pesar del incremento de los costos internos que le quita rentabilidad a las exportaciones. Produjo una baja muy importante en el comercio minorista y la consecuente quiebra del sector industrial argentino y pérdida de empleos. Sin crédito y ni obra pública, la Argentina es un país sin las obras esenciales para la vivienda, el transporte y la integración.

La mayoría de los recursos naturales argentinos son explotados por empresas extranjeras, con el agravante y gran parte de los contratos se aprueban con prórroga de jurisdicción internacional o acuerdo/elección de foro extranjero y, eventualmente, con arbitrajes internacionales.

La explotación del petróleo y del gas la realizan en gran parte empresas de capitales estadounidenses; árabes; chinos; británicos; holandeses, italianos; suizos; colombianos; canadienses; noruegos, etc. y argentinas. En el área de Malvinas invadida por el Reino Unido, las empresas Navitas Petroleum (Israel) y Rockhopper Exploration (R. Unido). Por su parte el servicio de distribución de gas natural por redes está concesionado a ocho empresas, varias de las cuales tienen capital español, italiano, suizo y otras nacional.

La minería de oro, plata, cobre, litio y otros minerales estratégicos está dominada por empresas australianas; británicas; chinas, estadounidenses; canadienses; coreanas; francesas; suizas, etc. y la Argentina ha abandonado la explotación de uranio e importa el concentrado de uranio para sus centrales nucleares.

La exportación de granos y aceites está concentrada en unas pocas multinacionales extranjeras, que manejan la mayoría del volumen a través de terminales portuarias propias en el Gran Rosario y otros nodos. Para 2025 el top 10 concentró el ~90,5% del total, con las extranjeras dominando ~70-80% del negocio. Todas las multinacionales con sede fuera de Argentina con capital estadounidense; suizo; chino; francés, holandeses y algunas argentinas. El mercado es oligopólico y concentrado en el Up River (Rosario-San Lorenzo), donde estas empresas controlan terminales clave.

Por su parte, las exportaciones de carne están concentradas en multinacionales brasileñas que dominan buena parte del negocio, aunque hay fuerte presencia argentina local.

La explotación de la pesca en la década del 70 estaba en manos de empresas nacionales. En la actualidad siete de las diez empresas exportadoras son de capital extranjero. Además de ello el Reino Unido otorga unas 120 licencias ilegales a buques españoles-británicos; españoles; coreanos y taiwaneses que capturan en las aguas de Malvinas. En alta mar, unos 450 buques chinos; españoles; taiwaneses y coreanos pescan los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina.

Respecto a la captura del calamar el 68% de empresas que integran la Cámara de Poteros son empresas de capital asiático, especialmente chino. El 18% son empresas de capital español y solo el 14% empresas argentinas. Unos 70 buques de empresas de capital chino se dedican a la pesca del calamar e insólitamente la mayoría de las empresas chinas son del Estado chino, del mismo modo que las empresas chinas que pescan ilegalmente en alta mar este recurso migratorio. Por otra parte, autorizadas por Argentina operarían unos 80 buques de empresas de capital español que capturan merluza y langostino. Alguna de ellas asociadas a empresas de Malvinas. Es igualmente insostenible, que mientras Argentina otorga permisos y/o admite transferencias a empresas de capital español, buques de esta nacionalidad pescan ilegalmente en Malvinas. El 50% de las exportaciones son de empresas chinas y españolas. Las investigaciones conjuntas de los recursos con el Reino Unido transfieren conocimiento a los británicos que usan para sostener la pesca en Malvinas.  

El sector de generación de electricidad está dominado por un mix de empresas privadas nacionales y extranjeras. Las mayores generadoras privadas son argentinas y las empresas de capital estadounidenses, europeas y chinas representan una porción significativa, especialmente en térmica y renovables.

El manejo del agua de la Argentina podría privatizarse y en forma paralela el gobierno modifica la Ley de Glaciares transfiriendo a las Provincias la decisión de explotar los periglaciares. El agua y las cloacas las manejan las Provincias a través de empresas o entes públicos, mixtos o concesionarios. En el área Metropolitana de Buenos Aires el responsable es AYSA; aunque, la Ley de Bases dejó el porcentual del Estado sujeto a privatización y se menciona a la empresa estatal israelí Mekorot como una de las interesadas.

Por su parte el Congreso aprobó un proyecto de modificación de la Ley (26.639) que beneficiaría a las empresas mineras; pese a que ya hay muchas empresas extranjeras que generan estrés hídrico. Las hay que explotan el litio, oro, etc. australiano-británicas; estadounidenses; canadienses, chinas, coreanas y, francesas y, dentro de las que no explotan en forma directa; pero planifican el uso de los recursos hídricos; está Mekorot (Israel) que tiene convenios con 12 provincias. También empresas de capitales suizos; estadounidenses y vía franquicias mexicanas, etc. usan agua para la elaboración de bebidas embotelladas.

Las tierras de la Argentina y en especial las fronterizas se extranjerizan. La propiedad extranjera de tierras representa un 5% del total (aprox. 13 millones de hectáreas). La Ley de Tierras 26.737 (2011) establece límites del 15% por provincia/municipio y prohíbe adquisiciones en zonas fronterizas dentro de los 50/150 km de límites internacionales; cuerpos de agua estratégicos o recursos claves; pero, hay incumplimientos históricos, triangulaciones y presiones. En las áreas fronterizas hay tierras de capitales de estadounidenses, italianos; británicos, españoles; chilenos; sudafricanos, chinos, brasileños, uruguayos, árabes y, otros. El DNU 70/2023 que se encuentra judicializado.

La debilidad de la defensa marítima de la Argentina dentro de las 200 millas. Es muy lábil el control o no hay ninguno del transporte de productos ilegales en la ZEE e, incapacidad de control real y disuasión en el Atlántico Suroccidental meridional -especialmente más allá de la ZEE y sector Malvinas- debido a la falta de planes estratégicos; escasez de medios navales; limitaciones presupuestarias operativas; restricciones legales y falta de decisión política. Bases Navales y Puertos. La Prefectura Naval Argentina utiliza el Sistema Guardacostas con aporte de satélites y, radares; sin embargo, hay dificultades crónicas por la cantidad de naves, mantenimiento y operatividad y, los buques no alcanzan a cubrir la amplia ZEE Argentina y la parte meridional del Atlántico Suroccidental es casi inexistente. Pueden detectarse los buques mediante los satélites; pero no realizarse control de las mercaderías transportadas; los descartes a bordo, etc. y, el control y la eliminación de la pesca ilegal de los recursos migratorios originarios de la ZEE no existe.

En Monte Agradable de Malvinas está la Base Aeronaval y misilística británica, etc. mientras que el gobierno mantiene a Tierra del Fuego inerme en relación a la capacidad militar del Reino Unido y, pese a no existir una base naval de Estados Unidos en Ushuaia, en abril de 2024, el presidente Milei anunció la colaboración con ese país y versiones refieren al uso logístico del puerto para buques o aviones de norteamericanos, lo que en la práctica resultaría lo mismo.

Con la sanción de la Ley 24.093 los Puertos son privados o administrados por Consorcios Público-Privados y el capital extranjero es muy significativo en las operaciones. La reciente intervención nacional del Puerto de Ushuaia, más allá de las deficiencias, podría estar motivado por las tensiones entre Estados Unidos y China.

La incapacidad de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo del Tratado del Río de la Plata y el Estado Rector del Puerto. Esta Comisión binacional no ha hecho para combatir la pesca ilegal que afecta los recursos migratorios originarios de las ZEE de ambos países y ha admitido que el Puerto de Montevideo cobije y de logística a cientos de buques mercantes y pesqueros ilegales. Una muestra acabada del absurdo de aprobar el “Estado Rector del Puerto” -política de internacionalización de la FAO- que Uruguay aprobó en 2012 y no le ha servido para modificar el pésimo concepto que tienen sus puertos. No obstante, el Senado argentino, lo aprobó en marzo pasado, enajenando la soberanía en las aguas territoriales y provocará que los buques que pescan ilegalmente blanqueen sus capturas en estos puertos, donde los controles son lábiles. 

La tercerización de la administración del Río Paraná y Paraguay resigna la soberanía nacional, donde la mayoría de las empresas mercantes y fluviales son extranjeras. El tráfico fluvial de granos, minerales, contenedores, etc. en el Río Paraná-Paraguay; Río de la Plata y el Atlántico Sur se realiza mediante empresas de bandera extranjera. Por estos ríos se transporta el 80% de exportaciones argentinas y las principales empresas extranjeras de flete fluvial/mercantil se presentaron para realizar el dragado y mantenimiento, lo cual, pareciera incompatible. Estarían operando con bandera paraguaya muchas de las 147 empresas extranjeras que incluyen capitales chinos, europeos y estadounidenses. En la salida oceánica desde Río de la Plata, el flete marítimo lo dominan armadores globales, con buques mercantes extranjeros. ¿Qué diría Juan Manuel de Rosas y Lucio Mansilla al respecto? Ya habían entendido los portugueses en el siglo XV, luego los ingleses, los brasileños y rioplatenses que la Banda Oriental y la Cuenca del Plata eran estratégicas por su proyección al Atlántico Sur y acceso al Paraná ¿Dónde está la geopolítica del siglo XVIII? Veamos: desde la década del 80 a hoy el transporte en el Paraguay-Paraná pasó de 70 a 10% con buques de bandera argentina.

El gobierno nacional ha anunciado el llamado a la licitación 1/24 para otorgar por treinta años, con una prórroga de otros treinta, la explotación de la más importante red fluvial Paraguay-Paraná y el Río de la Plata. ¿Y las provincias del litoral, cuyos ríos son de su jurisdicción? ¿Y la integración territorial? 

Por su parte, la congelación de la construcción del Canal Magdalena, atenta con reducción de tiempos, costos de fletes, el desarrollo regional, además de impedir la conectividad directa entre los puertos fluviales y marítimos sin el paso obligado por el Puerto de Montevideo, recuperando con ello la integralidad y la soberanía de nuestras aguas, archipiélagos y la estratégica área bioceánica y antártica. La Soberanía Hídrica.

La desmalvinización de la Cuestión Malvinas se planificó mediante una serie de decisiones políticas y estratégicas que se ejecutaron con Tratados, Acuerdos y Leyes; la invisibilización y desatención del tema. Ya hemos escrito sobre la desmalvinización (cesarlerena.com.ar “La desmalvinización de argentina” Perfil, 31/3/2026) pero, ésta llevada adelante a partir de 1982 para resolver cuestiones militares internas ha terminado debilitando la posición de fortaleza y unidad que debiera exhibir la Argentina frente al concierto internacional.

La falta de una estrategia para llevar adelante acciones que den cumplimiento a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional implica una claudicación inaceptable y los gobiernos no cumplen con la Acta definitiva de la Declaración de nuestra Independencia que reza “libres de toda dominación extranjera”.

La falta de políticas de integración con Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y los Estados de África occidental resulta claramente una acción que atenta contra los intereses nacionales en el Atlántico Sur.

La eliminación del Misión Condor II; la cancelación del programa espacial argentino y, desactivación de la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM). Presencia de radares y satélites extranjeros. La eliminación del misil Cóndor II significó el desmantelamiento de este programa (1990-1993) se debió a fuertes presiones de Estados Unidos y, la Argentina adhirió al Régimen de Control de Tecnología Misilística en 1993, comprometiéndose a no desarrollar misiles de cierto alcance y carga útil. Ello dispersó a científicos e ingenieros; subutilizó la infraestructura; eliminó la capacidad argentina de desarrollar vectores balísticos propios y se perdió la soberanía tecnológica y para la defensa nacional.

Ahora el gobierno congeló la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM); un reactor modular desarrollado íntegramente por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en colaboración con empresas locales; bajo el inconsistente argumento de inviabilidad comercial y económica, provocando la parálisis de las obras y nuevamente, despidos de trabajadores, ingenieros y científicos formados. Junto a ello se aplicó un fuerte ajuste presupuestario en ciencia, tecnología y organismos estatales, incluyendo la CNEA y se proyecta asociarse a programas internacionales con empresas de Estados Unidos, lo que llevaría a una pérdida de soberanía tecnológica y, la exportación de tecnología nuclear argentina.

Hay varios satélites, radares y estaciones de seguimiento espacial o sensores de vigilancia que involucran operaciones por parte de empresas o entidades de capital extranjero. Estos proyectos se presentan como colaborativos, pero implican concesiones territoriales o acceso limitado. El control extranjero se concentra en estaciones terrestres para seguimiento satelital, radares de vigilancia espacial y equipos de teledetección. Se ha admitido en Neuquén la Estación Espacial China; en Mendoza la Estación Agencia Espacial Europea y en Tierra del Fuego el Radar Espacial de LeoLabs (de Estados Unidos). Este último podría ser funcional al control del Reino Unido en área Austral, según los dichos del entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Tte. Gral. (RE) Juan Martín Paleo.

En la Argentina hay pistas de aterrizaje privadas en manos de capital extranjero, especialmente en Patagonia. Entre ellas la de Bahía Dorada (Río Negro), de un jeque de Emiratos Árabes Unidos, apta para los Boeing 737 y, ubicada cerca del mar y Malvinas; La pista de Joe Lewis (Reino Unido) en Lago Escondido (Río Negro) y pistas privadas en Patagonia de mineras extranjeras (canadienses/británicas).

Según los datos oficiales más recientes la deuda pública de la administración central se sitúa en los USD 460.934 millones. Una cifra en aumento desde fin de 2025 que deja a la Argentina expuesta a las presiones externas y dificulta la cohesión social y el desarrollo nacional. La deuda bruta en dólares ha aumentado desde fines de 2023 (~USD 35-40 mil millones acumulados). No hay país que pueda ser autónomo con la deuda pública argentina.

Frente a la extranjerización de los recursos, capacidades e insumos estratégicos se requiere un Plan de Independencia Nacional; de otro modo, resulta imposible que la Argentina esté “libre de toda otra dominación extranjera”.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).

LA DESMALVINIZACIÓN DE ARGENTINA

César Augusto Lerena*

Publicado en Perfil, el 31 de marzo de 2026.

 

La desmalvinización y desculturalización de la Cuestión Malvinas en la Argentina fue planificada mediante una serie de decisiones políticas, ideológicas y estratégicas que se consolidaron con Tratados, Acuerdos y Leyes, la desatención del tema y la invisibilización de parte de los organismos competentes.

Se le atribuye al politólogo y sociólogo francés Alain Rouquié, el término “desmalvinizar” en la etapa entre la dictadura militar y la transición democrática tras la Guerra de Malvinas (1982). Este término entendió como necesario separar la Causa Malvinas de la política argentina para evitar que las Fuerzas Armadas la usaran para destacar el rol de los militares en la recuperación de los archipiélagos argentinos; de modo tal, que éstas se rehabilitaran en la sociedad y les permitiera volver a tener un rol protagónico en la escena política. Un temor que estaba fundado no solo por el recientemente concluido Proceso Militar, sino por los numerosos golpes durante el siglo XX.

Supongamos por un instante, que la “desmalvinización” en ese momento hubiese tenido fundamentos políticos atendibles; sin embargo, su instalación promovida desde el gobierno, no tuvo una estrategia integral, porque invisibilizó a los 649 héroes caídos en Malvinas y despreció a quienes, habiendo combatido con valor en las islas, eran merecedores de un gran reconocimiento por parte de la sociedad argentina y, por el contrario, debieron volver al continente “con pena y sin gloria”; además de no tenerse en cuenta, que la Cuestión de Malvinas para ese entonces estaba inserta en la cultura popular. Se privilegió una hipótesis temerosa por sobre el sentimiento nacional, denigrándose para ello el rol sobresaliente -en las condiciones disponibles- de los oficiales, suboficiales y soldados que combatieron en Malvinas. 

Ahora bien, ¿cuál es el argumento para, después de esos primeros años y hasta la fecha seguir “desmalvinizando” la Argentina? Ya que no hay militares al acecho y, más bien, esta práctica se sostiene, en la vocación que han tenido y tienen algunos altos dirigentes de privilegiar la economía, subordinándonos a los intereses extranjeros, sin importándoles para nada la soberanía nacional.

Antes y después que se institucionalizara el término “desmalvinización” en la práctica ya se usaba cuando los gobiernos argentinos “cooperaron” en forma unilateral con los gobiernos ilegales isleños británicos en las islas. El caso más emblemático fue durante el gobierno del presidente de facto Alejandro Lanusse que firmó la Declaración Conjunta de 1971, a partir de la cual, se les construyó la pista de aterrizaje y proveyó de correo, teléfonos, gas, asistencia médica, etc., y de la llamada política de seducción de Carlos Menem donde se priorizó el interés de los isleños sin avanzar sobre la soberanía.

Desmalvinizar es contribuir al desaliento de los argentinos que han puesto en ese objetivo de liberación irredento la esperanza de un país unido y feliz. Se trata, como la pérdida del “unicornio azul” (1982) de Silvio Rodríguez, ya que las islas son nuestras y las queremos. Sin embargo, importantes dirigentes, carentes de todo fundamento político, histórico, económico y jurídico, contribuyen a fortalecer la “desmalvinización” y hemos debido escuchar en abierta violación a lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional (1994) que: “las Malvinas son inglesas y no son ni serán argentinas” (Diputada Sabrina Ajmechet); “habría que cambiarlas con vacunas del COVID” (Senadora Patricia Bullrich); reconociendo “la soberanía británica de facto y el derecho de autodeterminación de los isleños británicos” (Ex diputado y actual Embajador en la Unión Europea y Bélgica Fernando Iglesias); además de quien fue el responsable principal del Pacto Foradori-Duncan como Presidente de la nación (Mauricio Macri) que manifestó: “Nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como Argentina” y “recuperar Malvinas sería un gasto” o, por último, las expresiones vertidas en el aniversario de la gesta de Malvinas de que “Tendría en cuenta la “decisión de los isleños” a sabiendas que no son parte según la ONU (Presidente Javier Milei y ex Canciller Diana Mondino), etc.  

Los gobiernos han puesto por delante del proceder heroico y patriótico de quienes combatieron en Malvinas, la calificación de aventura belicista, dejando de lado el reclamo histórico de soberanía y presentando a los combatientes como víctimas y no como héroes nacionales que pelearon para expulsar al invasor británico del territorio argentino de Malvinas.

Todo ello, también estuvo influido por el lamentable objetivo de debilitar el reclamo, con tal de lograr la reinserción de Argentina en los mercados de la Unión Europea y Estados Unidos. Política que centralmente estuvo dirigida por los Cancilleres Dante Caputo y su apoyo a la “fórmula inglesa del Paraguas”; Domingo Felipe Cavallo y su rol protagónico en los Acuerdos de Madrid y otros y, Guido Di Tella, con su célebre frase de “relaciones carnales” con Washington en los años 90; aunque esta última quedó minimizada con la relación más profunda e incondicional aún que lleva este gobierno presidido por Javier Milei con el Presidente Donald Trump de Estados Unidos y el Primer Ministro de Israel Benjamín Netanyahu.   

Por cierto, en materia de invisibilizar la Cuestión Malvinas los Acuerdos de Madrid (1989-90) son centrales, ya que congelaron la soberanía de Malvinas mediante la fórmula del Paraguas y, es obvio, que ésta fue el eje central de la política de desmalvinización; porque lleva técnicamente a cero -en las condiciones y estrategias utilizadas- la posibilidad de discutir sobre la soberanía plena de Malvinas. Ello se profundizó con el Pacto de “Foradori-Duncan” (2016) donde se acordó “eliminar todos los obstáculos (léase entre otros la Disposición Transitoria Primera de la CN) para desarrollar Malvinas”, como si los archipiélagos ya estuviesen siendo administrados por la Argentina.

Dentro de los pocos actos de “malvinización” se encuentran las leyes de educación y capacitación de funcionarios (Ley 27.671); pero, no ha habido vocación del gobierno que la sancionó ni los siguientes de capacitar y, distintas organizaciones y Universidades han tenido que hacer un gran esfuerzo para aplicar la ley.

El poder político y los medios en general trataron a la guerra como un hecho lamentable -argumento inglés que deja de lado sus invasiones previas del territorio- y, perdieron de vista que, por fuera de la confrontación militar y la pérdida de combatientes nacionales, la Argentina, que hasta 1982, tenía invadidos unos 20.000 Km2 de su territorio, con posterioridad a la guerra, el Reino Unido amplió su invasión a 1.639.900 Km2 de territorios marítimos y, extrae anualmente 250.000 toneladas de recursos pesqueros valuados en unos mil millones de dólares FOB, a la par de iniciar las exploraciones petroleras a través de la empresa israelí Navitas-Petroleum.

La auto limitación de utilizar los medios diplomáticos en la negociación junto a “la fórmula del Paraguas” que congela la soberanía, es de por sí una estrategia que restringe y debilita las acciones que deberían llevarse adelante para desalentar al Reino Unido a mantener la invasión y, constituye un desmalvinización.

Todas estas cuestiones, acompañadas de una falta de difusión popular y formación en todos establecimientos educacionales y, la capacitación de los funcionarios públicos respecto a los derechos nacionales sobre los archipiélagos, las aguas correspondientes y la Antártida, han desculturalizado a los argentinos en estas cuestiones relativas al ejercicio pleno de la soberanía de Malvinas; que entonces, eran parte de acervo cultural de los argentinos.

En el otro extremo, a pesar de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional se admite la designación de funcionarios y la aprobación de los pliegos de legisladores que sostienen que las Malvinas son inglesas o las han perdido después de la guerra desconociendo al mismo tiempo la Res. 37/9 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 4 de diciembre de 1982 que indica todo lo contrario.

Se desmalviniza cuando en el cumpleaños (14/11/1948) del Rey Carlos III, “por la Gracia de Dios, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros Reinos y Territorios, Rey, Jefe de la Mancomunidad y, Defensor de la Fe” (título que incluye a Malvinas) los funcionarios argentinos concurren al “besamanos” de la embajada del Reino Unido en Buenos Aires a saludar al monarca y celebrar los 200 años de relaciones diplomáticas (2025), en una muestra de sumisión total a un país invasor; a pesar, del Acta definitiva de la Declaración de nuestra Independencia que reza “libres de toda dominación extranjera” y, de las posteriores invasiones inglesas de 1806, 1807, 1833 y 1982 y, la ocupación nuestros espacios y explotación de nuestros recursos.

Igualmente, se desmalviniza, cuando se dicta la Ley 24.184 de protección y promoción de la inversión inglesa y se le da privilegios por sobre todos los países y, que encontrándose vencidos los plazos de la ley, no se la deroga.  

De la misma manera, se desmalviniza, cuando se crea un Consejo Nacional de Malvinas (Ley 27.558/20) y no se le otorga facultades para elaborar una estrategia destinada a ejecutar la Política de Estado definida en la Constitución Nacional y, cuando no se provee a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de un presupuesto acorde a la necesidad de disuadir la ocupación y explotación del mar y los archipiélagos argentinos.          

También, se desmalviniza, cuando el gobierno no tiene políticas de integración con Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y los Estados de África occidental, ni se llevan adelante políticas nacionales marítimas, mercantes, portuarias, pesqueras, de explotación offshore de hidrocarburos y relativas a la Antártida destinadas a aislar al Reino Unido en el Atlántico Suroccidental. Mientras ello ocurre, la embajada británica en la Argentina, grotescamente, promueve la relación con nuestros países vecinos e invita a estudiantes argentinos y de éstos a “conocer a sus vecinos” los isleños británicos, ocupantes ilegales de nuestro territorio insular y marítimo.

Además, se desmalviniza, al generar agobio nacional e internacional, cuando por toda política en más de 60 años, la Cancillería Argentina no ha hecho otra cosa que reclamar infructuosamente al Reino Unido que se disponga a negociar con la Argentina, mientras en paralelo, el gobierno se alinea con los países de la OTAN que en general no han apoyado a la Argentina en esta materia; a punto tal, que en su oportunidad admitieron al momento de aprobarse en 1907/9 el Tratado de Lisboa donde la Unión Europea reconoce los auto-llamados territorios británicos de ultramar, donde se incluían a las Malvinas, la Antártida, etc.

En la práctica, la malvinización ha sido mantenida y promovida centralmente por aquellos intervinientes en la Guerra de Malvinas que lograron superar esa dolorosa gesta y, se asumen no solo como Veteranos de la Guerra, sino como combatientes activos de la Causa Malvinas, entendiendo que la rotura de la integridad territorial nacional por parte del Reino Unido es una afrenta a la dignidad de todos los argentinos; un desprecio a todos los patriotas que dieron su vida -en especial los que cayeron defendiendo la nación en Malvinas- y una humillación inadmisible a la Patria.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). cesarlerena.com.ar