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MALVINAS Y LA EXTRANJERIZACIÓN DE LA TIERRA

César Augusto Lerena*

Especial para Agenda Malvinas, agosto 9 de 2026

 

El actual gobierno argentino sigue al pie de la letra las nuevas tendencias de las grandes potencias imperialistas de apropiarse de la tierra y de los recursos de los países emergentes y endeudados; pero, equiparándose a cualquier país bananero, el gobierno nacional, utiliza el procedimiento de cederle tierras y recursos graciosamente.

Resulta increíble que luego de la sanción de las Resoluciones de las Naciones Unidas 1514, 2065 y 37/9 (04/11/1982) el hecho más relevante que visibilizó los derechos argentinos sobre Malvinas fue la exhibición el 15/07/2026 ante miles de millones de personas en el mundo y unos 30 millones de argentinos de un trapo blanco con el texto “Las Malvinas son argentinas” de los jugadores nacionales que derrotaron en la semifinal del Mundial de Futbol al seleccionado inglés. Ya no fue necesario ganar ese mundial; al contrario, hubiese actuado como cortina de humo para enmascarar el hecho popular sobresaliente de recuperar la dignidad nacional de defender nuestros derechos territoriales y recordarle al gobierno que “La Patria no se vende” como ocurriría días después. También desnudó la lamentable política —con excepciones— llevada por la Cancillería en estos años.

 Ya no será necesario dar alguna explicación de porqué los argentinos, necesitados de alegrías, corramos a juntarnos alrededor del Obelisco, dándole sentido a muchas interpretaciones simbólicas y culturales que consideran a éste un elemento fálico. Inglaterra perdió en el juego y también en sus falsos argumentos esgrimidos para justificar su invasión y la apropiación de territorios y recursos.

También perdió el gobierno argentino que viene desplegando una política de sumisión que será recordada como la que mayor daño ha hecho a la integridad territorial de Malvinas, del continente argentino y de debilitamiento del aparato productivo nacional. 

El rol de Pinedo y de los propios y ajenos que apoyan las políticas al gobierno

El 02/01/1833, cuando los ingleses invadieron las Malvinas, el Tte. Cnel. de la Armada argentina José María Pinedo, gobernador y comandante en Malvinas, evaluó la inferioridad de las fuerzas propias respecto a las inglesas y no ofreció resistencia alguna, arrió la bandera y dos días después, “se tomó el buque”. ¿Quién recuerda el lamentable rol de Pinedo? Un siglo y medio después, el 23/03/1976, el entonces secretario general de la CGT Casildo Herreras, cuando se le preguntó, en su huida a Montevideo, qué pasaba en Buenos Aires contestó: “Ah, no sé. Yo me borré”. Está claro, traidores siempre los hubo y hoy, los hay a montones.

Si nuestros generales, coroneles y soldados, por la inferioridad numérica hubiesen seguido el camino de Pinedo, San Martín perdedor en la Batalla de Cancha Rayada en marzo de 1818 no habría ganado días después la de “Maipú” en abril de 1818, dando paso a la independencia de Chile y la posterior libertad de Perú.  Artigas no hubiera peleado contra los españoles en “Las Piedras” contra los portugueses-brasileños y contra las fuerzas porteñas y centralistas del Directorio unitario de Buenos Aires. Belgrano no lo hubiese hecho contra las fuerzas realistas con el Ejército del Norte y tampoco el Gral. Martín Miguel de Güemes hubiese frenado con sus gauchos “infernales” a los ejércitos realistas. Del mismo modo, el Almirante Guillermo Brown no hubiese combatido en inferioridad de condiciones contra los españoles en Martín García, el Combate del Buceo y contra el imperio de Brasil en el Combate de Los Pozos; el de Quilmes y, de Juncal, donde destruyó la escuadra brasileña en el Río Uruguay.

Por cierto, no se hubiesen equiparado nuestros combatientes y caídos en Malvinas, a nuestros héroes nacionales de la Independencia, si no hubiesen peleado con el coraje y entrega que lo hicieron para defender en Malvinas nuestra bandera y la integridad territorial nacional.

Es probable que si no hubiese existido un fuerte rechazo a los personajes apátridas que niegan y no defienden los derechos argentinos sobre Malvinas (por ejemplo, la embajadora en Londres Mariana Plaza, una diplomática que “propone abandonar el reclamo de Malvinas” (Augusto Taglioni, La Políticaonline, 23/04/2025) esta Nación ya hubiese quedado reducida a una colonia. Aunque estamos muy cerca de serlo. Entre ellos, hay quienes favorecen con sus políticas y declaraciones (ya fueron citados muchas veces, entre ellos el propio presidente), la dominación política y económica de nuestros territorios y recursos.

El gobierno que ha emparentado sus políticas con las de Malvinas, ya no con la extranjerización de los archipiélagos y el mar argentino, sino con la extranjerización del continente todo. 

Las nuevas formas de apropiación territorial y de sus recursos

Si bien, todavía se siguen utilizando métodos bélicos para hacerse de territorios y recursos, hoy las potencias, con gran capacidad económica, tecnológica y comunicacional, bajo pretexto del liberalismo y promoviendo el libre mercado se apropian de tierras y de la riqueza natural de terceros países que se encuentran endeudados y con sus defensas bajas, produciendo en estos una paulatina y sostenida pérdida de soberanía. Aplican la metáfora de la rana hervida.

Grandes cambios territoriales ocurrieron en las guerras griegas/helenísticas; las romanas; las derivadas de la Primera Guerra Mundial con la creación de nuevos Estados; al igual que las pérdidas de territorio luego de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, hay que recordar las Guerras napoleónicas, las de guerras de la independencia americana y el fin (¿?) de los imperios coloniales británicos, españoles, portugueses, franceses, etc., en América. También la independencia de nuevas repúblicas luego de la disolución de la URSS. Y, por cierto, los actuales conflictos de Irán, Israel-Palestina, Ucrania-Rusia, etc.

Sacando los millones de muertos que estás guerras dejaron y dejan, lo cierto es que las nuevas formas de dominación incruentas (¿?) se están apropiando de los bienes elementales de las naciones, provocando desocupación, pobreza, hambre, sumisión e indignidad en los pueblos, bajo pretexto de una hipótesis de bienestar general que nunca llegará. El gobierno actual argentino —a este efecto— actúa de Virrey; después podremos imaginar si el presidente está o no en su juicio, pero los objetivos extranjeros los cumple.  

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada o de extranjerización de la tierra y el mar

Ya nos referimos en 2024 al proyecto del gobierno incluido en la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que, otorgaba libertad total a los buques extranjeros para pescar en la Zona Económica Exclusiva Argentina (César Lerena “El modelo de enajenar los bienes del Estado…”, 08/02/2024), un proyecto que de no haber recibido un masivo rechazo habría llevado a la quiebra a la industria pesquera nacional.

El proyecto de extranjerizar la tierra de Milei-Sturzenegger es idéntico a la existencia de extranjeros en Malvinas, ya que aumenta las áreas estratégicas de la República que pueden extranjerizarse; todo lo contrario, a los británicos, que impiden la radicación e inversión de argentinos en Malvinas. Ese lamentable proyecto, independientemente de aumentar el porcentual posible a extranjerizar, libera las zonas fronterizas y, además de ello, a todas aquellas áreas que tengan recursos acuíferos; petroleros, gasíferos; mineros; pesqueros, etc. Suena, literalmente, al cuento de “la gallina de los huevos de oro”. Una entrega total.

Las empresas extranjeras —que las hay con muy buenas y con valiosas intenciones— no vienen a la Argentina a administrarla, cuidar su soberanía y proveer de bienestar a sus ciudadanos; vienen a llevarse —legalmente, porque los gobiernos los autorizan— los recursos o a mejorar los resultados de sus sociedades. Suelen generar empleo y las obras necesarias para extraer y movilizar los recursos. En muchos de los casos, provocan pasivos ambientales e inexorablemente se irán cuando esos recursos se hayan agotado, como lo harían también las empresas argentinas, solo que a ningún gobierno se le ocurriría darle facilidades de todo tipo a las inversiones extranjeras mientras se desatiende a las empresas nacionales, con una carga altísima impositiva, liberación de todas las importaciones y altos costos internos de los servicios básicos.

Este gobierno trató de modificar la Ley 26.737 de Tierras que establecía un tope porcentual en manos extranjeras llevándola del 15% al 25% y ello alcanzaba incluso a los topes máximos por provincia o departamentos; eliminando el máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero y la prohibición de compra a extranjeros de tierras que tuviesen lagos, ríos, etc. Esta posibilidad podría incluir también la explotación extranjera de la Zona Económica Exclusiva y de hecho el gobierno ya ha autorizado la explotación de recursos petroleros hasta nuestros días, incluso violando la Ley Solanas (Ley 26.659). El agua es argentina.

La modificación de la Ley de Tierras podría dar lugar a que el Reino Unido se compre incluso por unas libras las Malvinas y las aguas que le dan sustento, diciéndole adiós a los reclamos económicos argentinos o, tal vez, comprarse la Provincia de Tierra del Fuego, cumpliendo con el proyecto que iniciara en 1863 el anglicano inglés Thomas Bridges. Ah… y el intermediario podría ser el diputado libertario y vendedor de tierras Joaquín Benegas Lynch. Total, todo es una cuestión de dinero y a los que se endeudan, como diría Milei, «nadie les pone una pistola en la cabeza. Es un acuerdo entre privados…».

Cuando el diputado de Buenos Aires Pedro Medrano propuso modificar el Juramento del Acta de Independencia, de modo tal de no limitarse solo a ser “independiente del Rey Fernando VII y, sus sucesores…” sino “…de toda dominación extranjera” ello estaba implícitamente destinado a la corona británica, que había pretendido invadir Buenos Aires en 1806 y 1807, una ciudad que, con 203 Km2, solo alcanza al 1,78% de la superficie de Malvinas, sin contar los 1.639.900 Km2 que ocupan y explotan los británicos en materia pesquera y petrolera. Un territorio equivalente a todas las Provincias argentinas, salvo Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

Nadie podría dar certeza respecto a la compra o no de territorios de la Patagonia por parte de empresas israelíes, como se ventila desde hace rato o, que cualquier otro Estado (incluso chinos, rusos o norteamericanos, europeos, etc.) a través de empresarios se hagan de territorios estratégicos argentinos.   

Otras medidas que atentan contra la soberanía nacional

Son muchísimas acciones las destinadas a desalentar la integración territorial de Argentina. Desde opiniones de importantes referentes políticos (diputados, senadores, miembros del PEN) que, a pesar de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución, niegan o devalúan los derechos argentinos sobre Malvinas.

Nosotros observamos que las Provincias Unidas del Rio de la Plata firmaron en 1825 con la Corona Británica el Tratado de “Perpetua” Amistad, Comercio y Navegación y, arteramente, pocos años después —en 1833— invadía el territorio nacional de Malvinas. Pese a ello, hasta la fecha, se mantienen vigentes la Ley 24.184 de Protección y Promoción de las Inversiones Británicas y los Acuerdos de Madrid que otorgan privilegios al Reino Unido y limitan nuestra capacidad defensiva.

Por otra parte, el gobierno actual en marzo de 2024 acordó con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para que éste realice “entre otras actividades no detalladas” tareas de mantenimiento de la red troncal Paraná-Paraguay y del Río de la Plata, cuyo manejo se está concesionando por 30 años a empresas extranjeras.

Es llamativa también la intervención del Puerto de Ushuaia bajo pretexto de una mala administración de un funcionario provincial, mientras el gobierno nacional discute proyectos de cooperación relativos a la defensa de la región con Estados Unidos y Gran Bretaña. Algo así, como acordar con el zorro el cuidado el gallinero.

No olvidamos tampoco, que los gobernadores de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego buscaron acordar con empresas del Estado chino o empresas españolas que pescan en Malvinas.

El RIGI, la exención de impuestos, los derechos de importación; estabilidad fiscal, aduanera y otros beneficios y, bajos salarios; destrucción del comercio, de la industria nacional y pérdida de empleo.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue aprobado por la Ley de Bases (Ley 27.742) para atraer grandes inversiones -especialmente extranjeras- en sectores estratégicos con diversos beneficios que no alcanzan a las empresas nacionales, en una evidente política inequitativa.

Llevar políticas de mercado que no aplican las grandes potencias y subsidian sus producciones (caso la Unión Europea, por ejemplo) y colocan barreras arancelarias diferenciadas como Estados Unidos. En este marco las declaraciones del Ministro de Economía Toto Caputo “para todos los tarados que hablan de la industria” el pasado 5 de agosto en la Cámara de Agentes de la Bolsa de Comercio son elocuentes. 

El desmantelamiento del Estado y de la educación nacional

Para acompañar estas políticas se desmantelan o privatizan las principales empresas u organismos públicos. En especial aquellas relativas al uso del agua, la producción y distribución de energía y las comunicaciones, etc., AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), Enarsa y Transener (Centrales térmicas y Energía Argentina); las Represas hidroeléctricas del Comahue, Nucleoeléctrica Argentina (NASA, centrales nucleares), Télam, Radio y Televisión Argentina incluidas en listas de privatización o transformación, ARSAT (satélites y telecomunicaciones), Intercargo (servicios aeroportuarios), Belgrano Cargas, Corredores Viales, SOFSE (Trenes Argentinos): sujetas a privatización o concesión; el Ramal fluvial Paraná-Paraguay, donde se transporta el 80% del comercio nacional adjudicado en concesión de largo plazo. El desfinanciamiento de la Universidad Pública y otras empresas donde la presión pública impidió privatizar como YPF y Aerolíneas Argentinas, etc. Una política de debilitamiento de la soberanía nacional. 

La política de Malvinas, la pretensión de extranjerizar la tierra y debilitar la industria nacional. Una política orquestada internacionalmente que el gobierno nacional ejecuta sin pudor para el poderdante.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). cesarlerena.com.ar                               

EL MAR ARGENTINO NO ES UN BIEN GLOBAL COMÚN

Daniel Alberto Symcha*

La caquistocracia es, en el análisis y la crítica política, un concepto que se utiliza para designar sistemas políticos donde el poder es controlado por las personas menos cualificadas, menos aptas, corruptas o más inescrupulosas. La firma entre la Armada Argentina y el Comando Sur de los Estados Unidos para cooperación militar en el programa «Protección de los Bienes Comunes Globales» es un claro ejemplo del momento político de Argentina.

 

La República Argentina atraviesa una profunda crisis estructural, es decir, un conjunto de tensiones acumuladas entre modelos sociales, económicos, un sistema político debilitado y sin liderazgos en una estructura identitaria cultural sistemáticamente fragmentada lo que produce que sectores sociales vivan dentro de marcos simbólicos muy distintos consumiendo y construyendo relatos completamente opuestos sobre la realidad.

Este «magma de significaciones imaginarias sociales», tal como lo definía el sociólogo greco francés Cornelius Castoriadis, es el conjunto profundo de sentidos, valores, símbolos, ideas y representaciones que una sociedad crea y que le permiten darle significado al mundo, organizarse y entenderse a sí misma y elaborar estrategias para la supervivencia.

Ninguna sociedad funciona sólo por la economía, las finanzas, las leyes o instituciones racionales, es necesario un universo de significados compartidos que responda —explícita o implícitamente— preguntas como: ¿qué es lo valioso?, ¿qué es lo justo?, ¿qué es el progreso?, ¿qué merece respeto?, ¿qué es la familia?, ¿qué es la Nación?, ¿qué futuro deseamos?

Por ende, desde el punto de vista del dominio, el centro de gravedad de la sociedad, su núcleo de poder, equilibrio y voluntad va a residir en la cohesión, en ese magma de significaciones imaginarias sociales. En la teoría militar, el centro de gravedad representa el punto focal desde donde un actor direcciona su libertad de acción, fuerza física o moral por lo tanto el objetivo para un enemigo será operar sobre el centro de gravedad para destruirlo y hacer colapsar la resistencia, generar confusión y lograr los objetivos que se propone sobre nuestro territorio. De ahí la importancia de la Diplomacia Pública, las operaciones psicológicas y la guerra cognitiva.

Fuimos y necesitamos ser

Habiendo alcanzado un alto grado de organización social y habiéndose logrado un índice elevado en el concepto del «Estado de bienestar», durante los años 70 la impericia, la ambición y la traición de las clases dirigentes condujo a la República Argentina a una serie de crisis cada vez más profundas que desembocan, 50 años después, en una vulnerabilidad como Nación, nunca vista a lo largo de la historia.

La dirigencia política desde 1983 a la fecha se ha caracterizado por una profunda ceguera respecto de la posición de nuestro país en el tablero geopolítico y, por ende, una nula planificación estratégica que permita el desarrollo de las capacidades nacionales plenas y la defensa del interés superior de la Nación: la cohesión social que permite generar pertenencia a  una comunidad histórica y política común, en un territorio determinado y que creará las condiciones para el desarrollo de cada uno de sus miembros y por ende la grandeza de esa Nación.

La segmentación en la organización política, las operaciones de influencia en la formación de las clases dirigentes de nuestro país facilitaron la vulnerabilidad del nuestro centro de gravedad

Las hipótesis de conflicto

Por definición si existen 195 países reconocidos en el mundo, incluida la República Argentina, nuestro país automáticamente tiene 194 hipótesis de conflicto, es decir, potenciales escenarios de conflicto, confrontación, disputa. El poder político determinará, de acuerdo con los intereses de la Nación, si la hipótesis de conflicto es remota (Muy baja probabilidad), posible (Sin señales a la vista) o probable (Con señales a la vista). Por la potencial intensidad se clasificarán en: baja intensidad, mediana intensidad o alta intensidad y según los actores será de carácter estatal,  interestatal, transnacional o híbrida. Según el ámbito de desarrollo de la hipótesis se tendrá en cuenta si es territorial, económica, ideológica o política, tecnológica o cultural-cognitiva.

La construcción retórica y política del gobierno argentino y de los responsables de cada ámbito institucional no abreva en el pensamiento de Basil Liddell Hart, André Beaufre, Raymond Aron, Hans Morgenthau, Jorge Atencio o Juan Enrique Guglialmelli sino que adoptan un discurso y un hacer político que fragmenta la atención, emocionaliza el debate, transforma la política en espectáculo permanente y dificulta y/o evita los análisis complejos sobre la soberanía económica, la deuda externa, la política energética, los alineamientos geopolíticos, la situación de la industria nacional, la infraestructura, los recursos naturales o el sistema científico-tecnológico.

Sin cohesión no hay interpretación del pecado

La fragmentación del discurso es una herramienta común en la comunicación política que sirve para para modificar cómo una sociedad percibe la realidad, organiza su atención y construye sentido político de acuerdo con sus intereses. Significa romper una visión integrada de la realidad, la atención colectiva deja de concentrarse en procesos estructurales largos y pasa a reaccionar constantemente a una sucesión de impactos inmediatos. De esta manera si la agenda cambia todo el tiempo, la sociedad vive en presente permanente lo cual impide conectar los elementos que constituyen la sociedad, aparece como hechos separados, no como parte de un mismo proceso histórico o político.

Esto no es algo nuevo. Acerca de la estructura discursiva política han escrito entre otros Noam Chomsky, Pierre Bourdieu, Byung-Chul Han, Edward Bernays, Umberto Eco, Arturo Jauretche desde sus análisis sobre colonización cultural y sentido común y Guy Debord en su obra «La sociedad del espectáculo». Ya nuestro Rodolfo Walsh, al escribir sobre el Cordobazo afirmó: «Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas»[1].

Estamos hablando de la disputa por la memoria histórica, el control del relato y la importancia de transmitir experiencias colectivas, algo que presenta una característica única: un proceso sedimentario donde los sentidos, valores, narrativas y percepciones no aparecen de golpe: se van acumulando, estabilizando y naturalizando con el tiempo, las ideas terminan pareciendo naturales aunque sean construcciones históricas sobre formas de ver el mundo previamente instaladas mediante la acumulación histórica de discursos, símbolos y experiencias difundidas.

Palantir y cómo leer al Pato Donald

La degradación de las capacidades productivas del país como así también las de sanidad, educación, defensa, seguridad, comercio interior y exterior y diplomacia, son de dominio público y tienen varios marcos legales que las propiciaron generados mediante leyes votadas en el Congreso de la Nación.

Uno de los falsos relatos instalados en la sociedad argentina fue que era necesario un fuerte proceso de desregulación y generar el escenario para las potenciales inversiones en inteligencia artificial y centros de datos que iban a desembarcar en nuestro país durante el primer semestre de 2026 y que, finalmente, nunca llegaron.

A cambio toda esa ingeniería legislativa sirvió para ceder soberanía. Los acuerdos con las corporaciones tecnológicas donde se difumina el límite entre lo comercial, la seguridad y la defensa, generan una fuerte vulnerabilidad ya que generan dependencia sobre infraestructura, datos, comunicaciones o capacidades estratégicas que quedan bajo control, total o parcial, de corporaciones extranjeras. Los datos hoy son un recurso estratégico y al estar en manos privadas el Estado puede perder capacidad autónoma de decisión.

La trampa en la elaboración del discurso es que las Big Tech están profundamente vinculadas a sus Estados de origen entonces la tecnología deja de ser sólo «comercial» y pasa a ser: geopolítica, estratégica y vinculada a seguridad nacional.

Pero además las Big Tech no sólo administran tecnología, tienen una fuerte capacidad de influencia cultural y cognitiva ya que pueden moldear la información, la capacidad de visibilidad de la misma, utilizar tecnologías persuasivas para concentrar la atención, direccionar el debate público, la circulación de noticias y sobre todo operar sobre algoritmos de recomendación.

Soberanía versus Global Commons

Las capacidades limitadas de quienes dirigen las instituciones en nuestro país, en el campo diplomático o de la defensa nacional se hacen más evidentes.

Según el derecho internacional, particularmente en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se establece que Argentina tiene soberanía sobre el mar territorial, derechos soberanos sobre la ZEE (Zona Económica Exclusiva), y derechos sobre plataforma continental reconocida. Lo que conocemos como Mar Argentino, jurídicamente es argentino, aunque suene redundante, no es un Bien Común Global.

La Armada Argentina y el Comando Sur de Estados Unidos firmaron el programa «Protección de Bienes Comunes Globales» (Protecting Global Commons Program) con una duración de cinco años y se busca reforzar la vigilancia, el patrullaje y el control marítimo lo cual forma parte de la estrategia hemisférica de seguridad marítima impulsada por Estados Unidos para el Atlántico Sur y la proyección hacia el área antártica.

Los Global Commons, denominación inglesa de bienes globales comunes, en lo vinculado al mar son las aguas internacionales donde existe libertad de navegación, de pesca, circulación internacional fuera de jurisdicciones nacionales y rige un régimen internacional marítimo, ningún Estado posee soberanía exclusiva sobre esos espacios.

Argentina se sube al carrusel de ruptura del orden internacional que está llevando adelante Estados Unidos sabiendo que no tiene las capacidades técnicas pero facilitando legalmente la posibilidad de que la US Navy tome como base de operaciones puertos argentinos para terminar de cerrar lo prometido a la Generala Laura Ritchardson y al entonces jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), Almirante Alvin Holsey.

De esta forma una parte de la 4ta Flota que posee base en la Estación Naval de Mayport, ubicada en Jacksonville, Florida, podrá operar desde territorio argentino para controlar tanto el estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake ― o mar de Hoces― como así también las operaciones en la Antártida y en el Cabo de Buena Esperanza, principal ruta comercial cuando hay problemas en el Canal de Suez, el mar Rojo, o Medio Oriente.

La importancia estratégica de nuestros puertos determina que ese pasaje interoceánico con un buque de la clase «Arleigh Burke-class destroyer» tarda entre 8 y 10 días en posicionarse para control o ataque mientras que desde Diego García en el océano Índico tardaría entre 10 y 12 y desde la actual base en Florida tardarían entre 14 y 18 días.

Eso muestra cómo el Atlántico Sur, el Índico, y el extremo sur sudamericano
forman parte de una misma lógica estratégica oceánica global que necesitan controlar los Estados Unidos a partir de la posición estratégica que el actual gobierno argentino cede por migajas.

 

* Periodista. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, Universidad Nacional de La Plata. Investigador de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

 

Cita

[1] Extraído de «Periódico de la CGT de los Argentinos». Colección Completa. Números 1 al 55, mayo de 1968 – febrero de 1970, www.cgtargentinos.org, junio de 2006.

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DESDE LA PERSPECTIVA EUROPEA, ARGENTINA ES UN PARAÍSO PARA EL LAVADO DE DINERO

Gaby Weber (desde Alemania)*

Que el dinero negro pueda legalizarse en Argentina no es nada nuevo. La expresidenta peronista Cristina Kirchner ya había autorizado en dos ocasiones la declaración de capital no declarado ante las autoridades fiscales para su reincorporación a la economía argentina: con la Ley 26.476 (en 2008) y con la Ley 26.860 (en 2013). Pero el nuevo presidente, el ultraderechista Javier Milei, tiene muchas posibilidades de establecer un récord de lavado de dinero, y las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea guardan silencio. Pero el sector bancario privado europeo es menos indulgente y ha incluido al país en su lista de sanciones, secretamente.

La primera ley por el lavado de dinero de Milei entró en vigor en julio de 2024, apenas seis meses después de asumir el cargo. La Ley N° 27.743 fue apodada por los medios argentinos como la «Ley de Blanqueo». De ese modo, el capital de origen dudoso podía transferirse a la Argentina e invertirse sin límite, costos adicionales ni impuestos hasta el 31 de diciembre de 2025. No se requería comprobante de origen. Se estima que más de US$ 20 mil millones de dólares estadounidenses ingresaron al país de esta manera.

De repente, aparecieron enormes letreros anunciando «Aptos para el blanqueo» en obras de construcción por todo Buenos Aires. Sin embargo, algunos funcionarios de la AFIP estaban interesados ​​en saber quiénes se beneficiaban de esta nueva ley y en qué medida. Milei, presumiblemente, consideró esto contraproducente y, por lo tanto, disolvió la AFIP mediante el decreto 953/2024. La nueva agencia, ARCA, estaba integrada por personas de su confianza y se encargaría de los asuntos fiscales y aduaneros a partir de entonces. Sin embargo, como alardeaba el autoproclamado anarcocapitalista, sería menos burocrática, lo que haría que todo el proceso fuera «más accesible y eficiente para el ciudadano».

Miembros del Poder Judicial e incluso de la Iglesia Católica advirtieron que los cárteles de la droga, en particular, explotarían estas nuevas regulaciones ―o mejor dicho la falta de regulaciones―, ya que las políticas sociales neoliberales radicales habían incrementado drásticamente el poder de los narcotraficantes. En los suburbios, el nuevo gobierno reprimió a los grupos comunitarios y recortó los programas sociales; los narcotraficantes llenaron este vacío.

El flujo constante de dólares de los narcotraficantes disminuyó el año pasado, por lo que Milei intentó otra ley para hacerse con el «dinero oculto», como lo denominó el Ministerio de Economía. En enero de 2026 entró en vigor la ley de «inocencia fiscal», que legalizaba los ahorros previamente no declarados. Nadie tenía que demostrar cómo había adquirido su riqueza; se presumía su inocencia y se invirtió la carga de la prueba. En lugar de que el propietario del capital tuviera que probar su origen, el sistema judicial debía aportar pruebas concretas. Incluso los bancos locales percibieron problemas con la seguridad jurídica y el cumplimiento de las obligaciones internacionales contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, desestimó las críticas, decidiendo que una simple solicitud era suficiente y que no se podía exigir ninguna prueba adicional.

También se abolió la normativa que obligaba a notificar automáticamente a las autoridades fiscales las transacciones financieras superiores a 10 millones de pesos, y aún se permitía la compra de bienes inmuebles en efectivo, incluso en pequeños billetes. Esta práctica lleva tiempo prohibida en países vecinos como Uruguay y Chile. Además, se redujeron significativamente las sanciones por evasión fiscal. El Ministerio de Economía pretende controlar los US$ 170.000 millones que sospecha que están bajo del colchón, «ocultos». Se fortalecerán las reservas del Banco Central y se saldarán las deudas externas.

El FMI debería haber dado la voz de alarma y sancionado al país, pero recientemente le ha concedido otro préstamo de US$ 10.000 millones. Y esto es puramente por motivos políticos. Milei apoya incondicionalmente a Donald Trump y Benjamín Netanyahu y ahora quiere privatizar el suministro de agua y la Hidrovía del Paraná.

Su Armada acaba de firmar un memorando de entendimiento con la Cuarta Flota del Comando Sur de Estados Unidos sobre cooperación en materia de «amenazas». En él, las aguas argentinas se consideran un «bien común global», lo que el diario Página 12 describe como una «rendición de soberanía».

Junto con sus homólogos argentinos, los marines estadounidenses planean expulsar a los buques factoría chinos que agotan regularmente los caladeros de la costa. Japón y España hacen lo mismo, pero no se les menciona en este contexto. Milei fue fotografiado en el portaaviones USS Nimitz con su hermana Karina y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno (ex de JPMorgan). El embajador estadounidense presente celebró «una nueva era de profundo acercamiento estratégico».

Es comprensible que el FMI no quiera denunciar a la persona tan útil como lavador de dinero. Sin embargo, en Europa, el sector bancario privado tiene una opinión diferente y sus propias listas de sanciones. Cualquier persona que desee ser cliente del Deutsche Bank, por ejemplo, y que resida en Argentina, es informada de que Argentina es un país de alto riesgo y que no es bienvenida como nuevo cliente.

La Comisión Europea no suele ser mezquina a la hora de imponer sanciones, especialmente cuando las empresas hacen negocios con Rusia o cuando los periodistas supuestamente difunden «narrativas rusas».

La Comisión Europea, mediante el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, del 14 de julio de 2016, identificó terceros países que presentan un alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Su Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una lista de países sometidos a un escrutinio reforzado (la «lista gris»), que se actualiza periódicamente. Esta lista del GAFI contiene cuatro categorías de países de alto riesgo, entre los que se incluyen Rusia y Bolivia[1].

Por razones inexplicables, Argentina no figura en esta lista, a pesar de que existen muchos motivos para su presencia, entre ellos, las leyes contra el blanqueo de capitales del presidente Milei. En las elecciones provinciales del pasado octubre, su principal candidato por Buenos Aires fue José Luis Espert. Poco antes de las elecciones se supo que había sido financiado durante mucho tiempo por el narcotraficante Fred Machado, quien también le había proporcionado los aviones para la campaña. Machado fue extraditado a Estados Unidos y se declaró culpable de lavado de dinero y fraude. Sin embargo, Milei apoya a su amigo, calificándolo de «víctima de una vil campaña mediática».

El dinero negro repatriado no ha impulsado la economía nacional. Desde que Milei asumió el cargo hace dos años y medio, 24.437 empresas han quebrado; la economía no se encontraba en tan mal estado ni siquiera después del confinamiento de siete meses durante la pandemia de COVID-19. Solo las industrias minera y petrolera siguen recibiendo fondos, pero únicamente las empresas extranjeras se benefician de ello.

 

* Nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde 2002 vive en Buenos Aires. Periodista de investigación con varios libros publicados en Alemania y la Argentina, trabaja para medios de todo el mundo, especialmente en lengua alemana. Entre sus libros podemos mencionar: «Los expedientes Eichmann. Los archivos desclasificados que revelan su relación con el sionismo, la Guerra Fría, la bomba atómica y el engaño sobre su secuestro en la Argentina».

 

Cita

[1] Banking Industry 2026. Reportlinker.com, https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2026/rs_03_26_hochrisikostaaten_gw.html?nn=156690 

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