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EL MAR ARGENTINO NO ES UN BIEN GLOBAL COMÚN

Daniel Alberto Symcha*

La caquistocracia es, en el análisis y la crítica política, un concepto que se utiliza para designar sistemas políticos donde el poder es controlado por las personas menos cualificadas, menos aptas, corruptas o más inescrupulosas. La firma entre la Armada Argentina y el Comando Sur de los Estados Unidos para cooperación militar en el programa «Protección de los Bienes Comunes Globales» es un claro ejemplo del momento político de Argentina.

 

La República Argentina atraviesa una profunda crisis estructural, es decir, un conjunto de tensiones acumuladas entre modelos sociales, económicos, un sistema político debilitado y sin liderazgos en una estructura identitaria cultural sistemáticamente fragmentada lo que produce que sectores sociales vivan dentro de marcos simbólicos muy distintos consumiendo y construyendo relatos completamente opuestos sobre la realidad.

Este «magma de significaciones imaginarias sociales», tal como lo definía el sociólogo greco francés Cornelius Castoriadis, es el conjunto profundo de sentidos, valores, símbolos, ideas y representaciones que una sociedad crea y que le permiten darle significado al mundo, organizarse y entenderse a sí misma y elaborar estrategias para la supervivencia.

Ninguna sociedad funciona sólo por la economía, las finanzas, las leyes o instituciones racionales, es necesario un universo de significados compartidos que responda —explícita o implícitamente— preguntas como: ¿qué es lo valioso?, ¿qué es lo justo?, ¿qué es el progreso?, ¿qué merece respeto?, ¿qué es la familia?, ¿qué es la Nación?, ¿qué futuro deseamos?

Por ende, desde el punto de vista del dominio, el centro de gravedad de la sociedad, su núcleo de poder, equilibrio y voluntad va a residir en la cohesión, en ese magma de significaciones imaginarias sociales. En la teoría militar, el centro de gravedad representa el punto focal desde donde un actor direcciona su libertad de acción, fuerza física o moral por lo tanto el objetivo para un enemigo será operar sobre el centro de gravedad para destruirlo y hacer colapsar la resistencia, generar confusión y lograr los objetivos que se propone sobre nuestro territorio. De ahí la importancia de la Diplomacia Pública, las operaciones psicológicas y la guerra cognitiva.

Fuimos y necesitamos ser

Habiendo alcanzado un alto grado de organización social y habiéndose logrado un índice elevado en el concepto del «Estado de bienestar», durante los años 70 la impericia, la ambición y la traición de las clases dirigentes condujo a la República Argentina a una serie de crisis cada vez más profundas que desembocan, 50 años después, en una vulnerabilidad como Nación, nunca vista a lo largo de la historia.

La dirigencia política desde 1983 a la fecha se ha caracterizado por una profunda ceguera respecto de la posición de nuestro país en el tablero geopolítico y, por ende, una nula planificación estratégica que permita el desarrollo de las capacidades nacionales plenas y la defensa del interés superior de la Nación: la cohesión social que permite generar pertenencia a  una comunidad histórica y política común, en un territorio determinado y que creará las condiciones para el desarrollo de cada uno de sus miembros y por ende la grandeza de esa Nación.

La segmentación en la organización política, las operaciones de influencia en la formación de las clases dirigentes de nuestro país facilitaron la vulnerabilidad del nuestro centro de gravedad

Las hipótesis de conflicto

Por definición si existen 195 países reconocidos en el mundo, incluida la República Argentina, nuestro país automáticamente tiene 194 hipótesis de conflicto, es decir, potenciales escenarios de conflicto, confrontación, disputa. El poder político determinará, de acuerdo con los intereses de la Nación, si la hipótesis de conflicto es remota (Muy baja probabilidad), posible (Sin señales a la vista) o probable (Con señales a la vista). Por la potencial intensidad se clasificarán en: baja intensidad, mediana intensidad o alta intensidad y según los actores será de carácter estatal,  interestatal, transnacional o híbrida. Según el ámbito de desarrollo de la hipótesis se tendrá en cuenta si es territorial, económica, ideológica o política, tecnológica o cultural-cognitiva.

La construcción retórica y política del gobierno argentino y de los responsables de cada ámbito institucional no abreva en el pensamiento de Basil Liddell Hart, André Beaufre, Raymond Aron, Hans Morgenthau, Jorge Atencio o Juan Enrique Guglialmelli sino que adoptan un discurso y un hacer político que fragmenta la atención, emocionaliza el debate, transforma la política en espectáculo permanente y dificulta y/o evita los análisis complejos sobre la soberanía económica, la deuda externa, la política energética, los alineamientos geopolíticos, la situación de la industria nacional, la infraestructura, los recursos naturales o el sistema científico-tecnológico.

Sin cohesión no hay interpretación del pecado

La fragmentación del discurso es una herramienta común en la comunicación política que sirve para para modificar cómo una sociedad percibe la realidad, organiza su atención y construye sentido político de acuerdo con sus intereses. Significa romper una visión integrada de la realidad, la atención colectiva deja de concentrarse en procesos estructurales largos y pasa a reaccionar constantemente a una sucesión de impactos inmediatos. De esta manera si la agenda cambia todo el tiempo, la sociedad vive en presente permanente lo cual impide conectar los elementos que constituyen la sociedad, aparece como hechos separados, no como parte de un mismo proceso histórico o político.

Esto no es algo nuevo. Acerca de la estructura discursiva política han escrito entre otros Noam Chomsky, Pierre Bourdieu, Byung-Chul Han, Edward Bernays, Umberto Eco, Arturo Jauretche desde sus análisis sobre colonización cultural y sentido común y Guy Debord en su obra «La sociedad del espectáculo». Ya nuestro Rodolfo Walsh, al escribir sobre el Cordobazo afirmó: «Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas»[1].

Estamos hablando de la disputa por la memoria histórica, el control del relato y la importancia de transmitir experiencias colectivas, algo que presenta una característica única: un proceso sedimentario donde los sentidos, valores, narrativas y percepciones no aparecen de golpe: se van acumulando, estabilizando y naturalizando con el tiempo, las ideas terminan pareciendo naturales aunque sean construcciones históricas sobre formas de ver el mundo previamente instaladas mediante la acumulación histórica de discursos, símbolos y experiencias difundidas.

Palantir y cómo leer al Pato Donald

La degradación de las capacidades productivas del país como así también las de sanidad, educación, defensa, seguridad, comercio interior y exterior y diplomacia, son de dominio público y tienen varios marcos legales que las propiciaron generados mediante leyes votadas en el Congreso de la Nación.

Uno de los falsos relatos instalados en la sociedad argentina fue que era necesario un fuerte proceso de desregulación y generar el escenario para las potenciales inversiones en inteligencia artificial y centros de datos que iban a desembarcar en nuestro país durante el primer semestre de 2026 y que, finalmente, nunca llegaron.

A cambio toda esa ingeniería legislativa sirvió para ceder soberanía. Los acuerdos con las corporaciones tecnológicas donde se difumina el límite entre lo comercial, la seguridad y la defensa, generan una fuerte vulnerabilidad ya que generan dependencia sobre infraestructura, datos, comunicaciones o capacidades estratégicas que quedan bajo control, total o parcial, de corporaciones extranjeras. Los datos hoy son un recurso estratégico y al estar en manos privadas el Estado puede perder capacidad autónoma de decisión.

La trampa en la elaboración del discurso es que las Big Tech están profundamente vinculadas a sus Estados de origen entonces la tecnología deja de ser sólo «comercial» y pasa a ser: geopolítica, estratégica y vinculada a seguridad nacional.

Pero además las Big Tech no sólo administran tecnología, tienen una fuerte capacidad de influencia cultural y cognitiva ya que pueden moldear la información, la capacidad de visibilidad de la misma, utilizar tecnologías persuasivas para concentrar la atención, direccionar el debate público, la circulación de noticias y sobre todo operar sobre algoritmos de recomendación.

Soberanía versus Global Commons

Las capacidades limitadas de quienes dirigen las instituciones en nuestro país, en el campo diplomático o de la defensa nacional se hacen más evidentes.

Según el derecho internacional, particularmente en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se establece que Argentina tiene soberanía sobre el mar territorial, derechos soberanos sobre la ZEE (Zona Económica Exclusiva), y derechos sobre plataforma continental reconocida. Lo que conocemos como Mar Argentino, jurídicamente es argentino, aunque suene redundante, no es un Bien Común Global.

La Armada Argentina y el Comando Sur de Estados Unidos firmaron el programa «Protección de Bienes Comunes Globales» (Protecting Global Commons Program) con una duración de cinco años y se busca reforzar la vigilancia, el patrullaje y el control marítimo lo cual forma parte de la estrategia hemisférica de seguridad marítima impulsada por Estados Unidos para el Atlántico Sur y la proyección hacia el área antártica.

Los Global Commons, denominación inglesa de bienes globales comunes, en lo vinculado al mar son las aguas internacionales donde existe libertad de navegación, de pesca, circulación internacional fuera de jurisdicciones nacionales y rige un régimen internacional marítimo, ningún Estado posee soberanía exclusiva sobre esos espacios.

Argentina se sube al carrusel de ruptura del orden internacional que está llevando adelante Estados Unidos sabiendo que no tiene las capacidades técnicas pero facilitando legalmente la posibilidad de que la US Navy tome como base de operaciones puertos argentinos para terminar de cerrar lo prometido a la Generala Laura Ritchardson y al entonces jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), Almirante Alvin Holsey.

De esta forma una parte de la 4ta Flota que posee base en la Estación Naval de Mayport, ubicada en Jacksonville, Florida, podrá operar desde territorio argentino para controlar tanto el estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake ― o mar de Hoces― como así también las operaciones en la Antártida y en el Cabo de Buena Esperanza, principal ruta comercial cuando hay problemas en el Canal de Suez, el mar Rojo, o Medio Oriente.

La importancia estratégica de nuestros puertos determina que ese pasaje interoceánico con un buque de la clase «Arleigh Burke-class destroyer» tarda entre 8 y 10 días en posicionarse para control o ataque mientras que desde Diego García en el océano Índico tardaría entre 10 y 12 y desde la actual base en Florida tardarían entre 14 y 18 días.

Eso muestra cómo el Atlántico Sur, el Índico, y el extremo sur sudamericano
forman parte de una misma lógica estratégica oceánica global que necesitan controlar los Estados Unidos a partir de la posición estratégica que el actual gobierno argentino cede por migajas.

 

* Periodista. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, Universidad Nacional de La Plata. Investigador de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

 

Cita

[1] Extraído de «Periódico de la CGT de los Argentinos». Colección Completa. Números 1 al 55, mayo de 1968 – febrero de 1970, www.cgtargentinos.org, junio de 2006.

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DESDE LA PERSPECTIVA EUROPEA, ARGENTINA ES UN PARAÍSO PARA EL LAVADO DE DINERO

Gaby Weber (desde Alemania)*

Que el dinero negro pueda legalizarse en Argentina no es nada nuevo. La expresidenta peronista Cristina Kirchner ya había autorizado en dos ocasiones la declaración de capital no declarado ante las autoridades fiscales para su reincorporación a la economía argentina: con la Ley 26.476 (en 2008) y con la Ley 26.860 (en 2013). Pero el nuevo presidente, el ultraderechista Javier Milei, tiene muchas posibilidades de establecer un récord de lavado de dinero, y las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea guardan silencio. Pero el sector bancario privado europeo es menos indulgente y ha incluido al país en su lista de sanciones, secretamente.

La primera ley por el lavado de dinero de Milei entró en vigor en julio de 2024, apenas seis meses después de asumir el cargo. La Ley N° 27.743 fue apodada por los medios argentinos como la «Ley de Blanqueo». De ese modo, el capital de origen dudoso podía transferirse a la Argentina e invertirse sin límite, costos adicionales ni impuestos hasta el 31 de diciembre de 2025. No se requería comprobante de origen. Se estima que más de US$ 20 mil millones de dólares estadounidenses ingresaron al país de esta manera.

De repente, aparecieron enormes letreros anunciando «Aptos para el blanqueo» en obras de construcción por todo Buenos Aires. Sin embargo, algunos funcionarios de la AFIP estaban interesados ​​en saber quiénes se beneficiaban de esta nueva ley y en qué medida. Milei, presumiblemente, consideró esto contraproducente y, por lo tanto, disolvió la AFIP mediante el decreto 953/2024. La nueva agencia, ARCA, estaba integrada por personas de su confianza y se encargaría de los asuntos fiscales y aduaneros a partir de entonces. Sin embargo, como alardeaba el autoproclamado anarcocapitalista, sería menos burocrática, lo que haría que todo el proceso fuera «más accesible y eficiente para el ciudadano».

Miembros del Poder Judicial e incluso de la Iglesia Católica advirtieron que los cárteles de la droga, en particular, explotarían estas nuevas regulaciones ―o mejor dicho la falta de regulaciones―, ya que las políticas sociales neoliberales radicales habían incrementado drásticamente el poder de los narcotraficantes. En los suburbios, el nuevo gobierno reprimió a los grupos comunitarios y recortó los programas sociales; los narcotraficantes llenaron este vacío.

El flujo constante de dólares de los narcotraficantes disminuyó el año pasado, por lo que Milei intentó otra ley para hacerse con el «dinero oculto», como lo denominó el Ministerio de Economía. En enero de 2026 entró en vigor la ley de «inocencia fiscal», que legalizaba los ahorros previamente no declarados. Nadie tenía que demostrar cómo había adquirido su riqueza; se presumía su inocencia y se invirtió la carga de la prueba. En lugar de que el propietario del capital tuviera que probar su origen, el sistema judicial debía aportar pruebas concretas. Incluso los bancos locales percibieron problemas con la seguridad jurídica y el cumplimiento de las obligaciones internacionales contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, desestimó las críticas, decidiendo que una simple solicitud era suficiente y que no se podía exigir ninguna prueba adicional.

También se abolió la normativa que obligaba a notificar automáticamente a las autoridades fiscales las transacciones financieras superiores a 10 millones de pesos, y aún se permitía la compra de bienes inmuebles en efectivo, incluso en pequeños billetes. Esta práctica lleva tiempo prohibida en países vecinos como Uruguay y Chile. Además, se redujeron significativamente las sanciones por evasión fiscal. El Ministerio de Economía pretende controlar los US$ 170.000 millones que sospecha que están bajo del colchón, «ocultos». Se fortalecerán las reservas del Banco Central y se saldarán las deudas externas.

El FMI debería haber dado la voz de alarma y sancionado al país, pero recientemente le ha concedido otro préstamo de US$ 10.000 millones. Y esto es puramente por motivos políticos. Milei apoya incondicionalmente a Donald Trump y Benjamín Netanyahu y ahora quiere privatizar el suministro de agua y la Hidrovía del Paraná.

Su Armada acaba de firmar un memorando de entendimiento con la Cuarta Flota del Comando Sur de Estados Unidos sobre cooperación en materia de «amenazas». En él, las aguas argentinas se consideran un «bien común global», lo que el diario Página 12 describe como una «rendición de soberanía».

Junto con sus homólogos argentinos, los marines estadounidenses planean expulsar a los buques factoría chinos que agotan regularmente los caladeros de la costa. Japón y España hacen lo mismo, pero no se les menciona en este contexto. Milei fue fotografiado en el portaaviones USS Nimitz con su hermana Karina y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno (ex de JPMorgan). El embajador estadounidense presente celebró «una nueva era de profundo acercamiento estratégico».

Es comprensible que el FMI no quiera denunciar a la persona tan útil como lavador de dinero. Sin embargo, en Europa, el sector bancario privado tiene una opinión diferente y sus propias listas de sanciones. Cualquier persona que desee ser cliente del Deutsche Bank, por ejemplo, y que resida en Argentina, es informada de que Argentina es un país de alto riesgo y que no es bienvenida como nuevo cliente.

La Comisión Europea no suele ser mezquina a la hora de imponer sanciones, especialmente cuando las empresas hacen negocios con Rusia o cuando los periodistas supuestamente difunden «narrativas rusas».

La Comisión Europea, mediante el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, del 14 de julio de 2016, identificó terceros países que presentan un alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Su Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una lista de países sometidos a un escrutinio reforzado (la «lista gris»), que se actualiza periódicamente. Esta lista del GAFI contiene cuatro categorías de países de alto riesgo, entre los que se incluyen Rusia y Bolivia[1].

Por razones inexplicables, Argentina no figura en esta lista, a pesar de que existen muchos motivos para su presencia, entre ellos, las leyes contra el blanqueo de capitales del presidente Milei. En las elecciones provinciales del pasado octubre, su principal candidato por Buenos Aires fue José Luis Espert. Poco antes de las elecciones se supo que había sido financiado durante mucho tiempo por el narcotraficante Fred Machado, quien también le había proporcionado los aviones para la campaña. Machado fue extraditado a Estados Unidos y se declaró culpable de lavado de dinero y fraude. Sin embargo, Milei apoya a su amigo, calificándolo de «víctima de una vil campaña mediática».

El dinero negro repatriado no ha impulsado la economía nacional. Desde que Milei asumió el cargo hace dos años y medio, 24.437 empresas han quebrado; la economía no se encontraba en tan mal estado ni siquiera después del confinamiento de siete meses durante la pandemia de COVID-19. Solo las industrias minera y petrolera siguen recibiendo fondos, pero únicamente las empresas extranjeras se benefician de ello.

 

* Nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde 2002 vive en Buenos Aires. Periodista de investigación con varios libros publicados en Alemania y la Argentina, trabaja para medios de todo el mundo, especialmente en lengua alemana. Entre sus libros podemos mencionar: «Los expedientes Eichmann. Los archivos desclasificados que revelan su relación con el sionismo, la Guerra Fría, la bomba atómica y el engaño sobre su secuestro en la Argentina».

 

Cita

[1] Banking Industry 2026. Reportlinker.com, https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2026/rs_03_26_hochrisikostaaten_gw.html?nn=156690 

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LA INTELIGENCIA ARGENTINA SIN RUMBO Y SUMANDO FRACASOS. ALGUNAS PROPUESTAS PARA SU RECONSTRUCCIÓN.

Marcelo Javier de los Reyes*

Una ruptura más del sistema republicano

La Camara de Diputados y el Senado ha sancionado la denominada «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» ―Ley 27.742 publicada en el Boletín Oficial el 8 de julio de 2024― por la cual el Poder Legislativo le cedió al Poder Ejecutivo funciones legislativas que le corresponden. No es la primera vez que los miembros del Congreso le otorgan esta potestad excepcional al Ejecutivo, una práctica que precisamente ha dejado de ser excepcional desde la presidencia de Eduardo Duhalde. Claramente, la situación en 2002 podría ameritar esa cesión pero de ninguna manera debió haberse procedido con ese temperamento con los gobiernos que le sucedieron.

Cuando Montesquieu formuló la división de poderes en El espíritu de las leyes (1748) consideró que era apropiada la distribución de las funciones del Estado en tres poderes independientes —legislativo, ejecutivo y judicial— para evitar la concentración del poder, garantizar la libertad política y prevenir la tiranía mediante un sistema de contrapesos. A pesar de ello y aunque no se proceda a esa cesión, el sistema de contrapesos no funciona en nuestra Argentina, toda vez que los miembros del Poder Judicial suelen ser demasiado benévolos con los gobiernos de turno, «benevolencia» que le cuesta muy cara al Estado Nacional y a los argentinos.

Como se ha mencionado, la concepción de la división de poderes formulada por Montesquieu busca prevenir la tiranía y como se puede apreciar en las reformas del Sistema de Inteligencia Nacional, las modificaciones son absolutamente anticonstitucionales y muestran una peligrosa deriva autoritaria del gobierno.

Al asumir la presidencia Javier Milei no existía una situación de emergencia pública que justificara esa cesión de poderes. Las recurrentes crisis económicas que sufre nuestro país no son más que una crisis que la dirigencia política ha convertido en una problemática estructural ocasionada por la mala administración de la cosa pública pero sobre todo por la corrupción, en la cual el Poder Judicial tiene la mayor responsabilidad, aunque eso no libera de la misma al Poder Legislativo.

Desentendiéndose de la Inteligencia

Desde el primer día, el presidente ―quien se autopercibía como «especialista en temas de crecimiento económico con o sin dinero» y que afirmaba que sabía «cómo terminar con la pobreza y la indigencia»― no sólo no manejó la economía nacional sino que la puso en manos Luis «Toto» Caputo, de quien afirmaba: «Recuerdo que, por ejemplo, Caputo se fumó más de US$ 15.000 millones. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, vino Caputo y se fumó US$ 15.000 millones de reservas irresponsablemente, ineficientemente. Y nos deja este despiole de la Leliq»[1]. Si el «especialista» no se ocupaba de lo que sabía y eligió a quién poco antes consideraba un incapaz, mal podía hacerse cargo de la Inteligencia Nacional, área de la que ninguno de los que llega al gobierno tiene una mínima idea y que suelen confundir con «Seguridad».

Desconociendo y contrariando la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, cuyo Artículo 12 expresa que «El Presidente de la Nación fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional», puso de facto el Sistema de Inteligencia Nacional bajo control del entonces Jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, quien asumió el 10 de diciembre de 2023 y que renunció en mayo de 2024, en buena medida porque se lo responsabilizó de realizar tareas de espionaje interno sobre funcionarios de su propio gobierno y opositores. Durante ese breve período la Inteligencia Nacional estuvo operada por militares que, al parecer, no eran del ámbito de la inteligencia y que además debe tenerse presente que la Inteligencia Estratégica Militar difiere considerablemente de la Inteligencia Estratégica Nacional que es, vale recordar, de carácter civil.

Tras la salida de Posse, la Inteligencia Nacional está «informalmente» en manos del «monotributista» Santiago Caputo, asesor presidencial que no cumple ningún cargo de funcionario dentro del organigrama oficial. De tal manera que la irresponsabilidad de Milei en materia de Inteligencia llega a un grado que es difícil de caracterizar en términos negativos.

Reformas del Sistema de Inteligencia Nacional

Dicho esto, cabe señalar que en ningún párrafo de la llamada «Ley Bases» se menciona la necesidad de modificar, una vez más, el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). No obstante, quienes detentan el Poder Ejecutivo podrán argüir que mediante el Título II referido a la Reforma del Estado podría implementar modificaciones en el mencionado sistema.

Desde que asumió este gobierno «libertario» ―pero enemigo de la libertad― se procedió a las siguientes modificaciones en materia de Inteligencia:

    • En julio de 2024, a través del Decreto n° 614/2024 se procedió a una reestructuración profunda del SIN, mediante el cual se disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y se creó nuevamente la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), conformada por cuatro agencias: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).
    • Mediante el controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) n° 656/2024 se le otorgaron a la SIDE $ 100.000 millones adicionales en carácter de fondos reservados, lo cual fue rechazado por la Cámara de Diputados (Resolución n° 76/2024 del 21 de agosto de 2024) y por el Senado (Resolución 32/2024 del 12/09/2024), por lo cual «Santiago Caputo, el asesor presidencial que reestructuró la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), avisó que el organismo que en los papeles dirige Sergio Neiffert devolverá cada uno de los $100 mil millones»[2]. Sin embargo, algunos medios informaron por entonces que ya se había ejecutado el 80% de ese monto.
    • El 1° de enero de 2026 Infobae dio a conocer el DNU-2025-941-«APN-PTE – Modificación de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520»[3], que fue publicado en el Boletín Oficial con fecha 2 de enero, firmado el 31 de diciembre de 2025 por el presidente Javier Milei y todo el gabinete, el cual reordena la estructura de toda el área, crea agencias, disuelve otras y unifica tareas supuestamente para facilitar el intercambio de datos y le otorga a la SIDE un poder que emula a la «Securitate» (oficialmente Departamentul Securității Statului, «Departamento de Seguridad del Estado»), la policía secreta rumana del régimen comunista. Al fin y al cabo, siempre se afirma que los extremos se tocan.

Lo único positivo es volver a la denominación SIDE para recordar que la Inteligencia le corresponde al Estado Nacional, aunque en los hechos los libertarios siguen manejando una Inteligencia «de gobierno», como han hecho todos los gobiernos de esta partidocracia.

¿Era necesario reformar la Inteligencia?

Mediante la sanción de la Ley 27.126, el 25 de febrero de 2015, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se propuso desmantelar la estructura de la ex Secretaría de Inteligencia, aumentar la transparencia, fortalecer la democracia, profesionalizar el servicio de inteligencia, limitar los fondos reservados y separar la inteligencia de la investigación judicial.

A ello cabe agregar la «intención» de poner fin al espionaje ilegal, la compra de jueces y la financiación ilegal de la política. Claro que no tuvo mucho tiempo para demostrar si esa transformación sería posible porque su gobierno terminó en diciembre de 2015.

Luego del gobierno de Mauricio Macri (2015 – 2019), quien hizo un uso discrecional de la Inteligencia y de sus recursos ―quizás sea suficiente con mencionar la operación de la Inteligencia sobre el Poder Judicial, la banda «Súper Mario Bros», y el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan―, el 10 diciembre de 2019, asumió la presidencia Alberto Fernández, quien en su primer discurso anunció la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y prometió terminar con los «sótanos de la democracia». En esa oportunidad declaró el «nunca más» a una justicia contaminada por servicios de inteligencia y operadores judiciales. El gatopardismo siguió mostrando su vigencia.

Durante su gobierno, la entonces interventora de la AFI, la abogada Cristina Caamaño estuvo trabajando en una nueva ley de Inteligencia. Ya me referí a ese tema en un artículo titulado «Más “innovaciones” en materia de Inteligencia» (publicado el 26 de enero de 2021), en el cual expuse que «no parece serio cambiar nuevamente la Ley de Inteligencia, cuya última ley, la 27.126 fue llevada a cabo por la actual vicepresidente, en ese momento en ejercicio de la Presidencia de la Nación». 

Escándalos en la SIDE libertaria

Como no podía ser de otro modo, la corrupción libertaria también alcanzó a la SIDE y una vez más se hizo una propaganda a la «profesionalización» del organismo. El resultado: más de lo mismo. Sin embargo, estos han empleado hasta la IA para hacer diseños de patéticos logos que parecen más propios de las agencias de inteligencia estadounidenses y de sociedades secretas.

Nuevamente se recurre a purgas, las que se vienen llevando a cabo desde hace décadas impidiendo una transferencia de conocimientos y la práctica desaparición de personal de carrera dentro del organismo. Eso sí, ingresa personal sin experiencia y algunos por amiguismo y continúa la clásica lucha de poder por los puestos de la SIDE, como oportunamente se denunció la puja entre Santiago Caputo y el Secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila ―un radical, funcionario «transversal» a los diferentes gobiernos ya que forma parte del establishment por su relación con Enrique «Coti» Nosiglia―, para quedarse con una parte de la estructura de la agencia[4].

No podía faltar el seguimiento a ciertas figuras de la política que parecen haber sido «caminados» ―para emplear la jerga de inteligencia― por agentes de la SIDE, lo que implicaría una ilegalidad y, aún peor, al servicio del lobby político y empresarial bajo la órbita de Caputo. Nada de cuestiones de seguridad de Estado.

Desde que llegó este gobierno la gestión no estuvo exenta de escándalos y desde fines del año 2025 se produjeron renuncias y cambios que dejaron de lado toda la discreción que requiere un organismo de Inteligencia. Luego de algunos casos sonoros que llegaron a los medios, el entonces titular Sergio Neiffert renunció al cargo, evidentemente forzado para que lo hiciera luego de denuncias por mal uso de fondos reservados, por el caso de dos funcionarios que viajaron a ver la carrera de Fórmula 1 en Bakú, Azerbaiyán, según denunciaron los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein. Los funcionarios de la SIDE habrían utilizado cerca de $ 20 millones de pesos de fondos públicos reservados para viajar a ver al piloto Franco Colapinto[5].

Para reemplazar a Neiffert nombraron a Cristian Auguadra que, al igual que su antecesor y tantos otros que llegaron a ese destino, no cuentan con una experiencia mínima para ocupar el cargo. En el caso de Auguadra, la información periodística no le es favorable.

Uno de los hechos recientes tuvo como objetivo la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino. A mediados de abril de este año, estalló una denuncia sobre una presunta operación de inteligencia para intervenir o desestabilizar a la AFA con la denominada «Operación Pendrive»[6]. También se detectaron cámaras de seguridad orientadas hacia la ex sede de la AFA desde un edificio lindero, propiedad del jefe de la SIDE, Cristian Auguadra[7].

La falta de control dentro y fuera de la SIDE es absoluta, pues la Comisión Bicameral de Inteligencia parece que, como pasa habitualmente, no llega a nada. Recordemos el famoso caso de la «Banelco» y tantos otros escándalos que pasaron sin más. ¿De dónde salen los fondos para «convencer» que algunos legisladores voten las leyes que pide este gobierno para avanzar en la entrega de la Nación?

Todo sigue como entonces…

Palantir y los periodistas fuera de la Casa Rosada

El video que unos periodistas realizaron de los conocidos pasillos de la Casa Rosada y de las puertas de algunos despachos le sirvió al gobierno para prohibir el ingreso a la Casa Rosada a todos los periodistas acreditados, decisión tomada por la Casa Militar con el único fin de garantizar la seguridad nacional. Según la presentación realizada por la Casa Militar, el material grabado habría «vulnerado la seguridad de las instalaciones y expuesto información considerada estratégica para el funcionamiento del Poder Ejecutivo».

Sin embargo, no hubo tanto celo por la seguridad, ni siquiera de la del presidente ―quien al momento de la difusión de esa filmación se encontraba de festejos en Israel, en una zona en guerra―, en oportunidad de que lo visitaran en la Casa Rosada Hayden Davis, el criptoempresario que lanzó $LIBRA, o «Julian Peh», quien no se llamaba así ni existían registros de su ingreso al país. No volveré sobre este tema, el cual lo abordé profusamente en otro artículo titulado «La relevancia de conocer la política internacional y de emplear la Inteligencia de Estado. El caso $Libra», publicado el 17/08/2025.

A buena parte de la prensa, como sería lógico, no se le escapó el hecho de que la prohibición a los periodistas coincidió con la visita de Peter Thiel, cofundador de la corporación Palantir Technologies Inc. ―empresa estadounidense que cotiza en bolsa y desarrolla plataformas de integración y análisis de datos― a la Casa Rosada. Evidentemente, se procedió a un blindaje de la Casa de Gobierno a los medios.

Palantir fue fundada en 2003 con apoyo de la CIA. Palantir desarrolla software especializados en el análisis de grandes volúmenes de datos (big data) e inteligencia artificial y desarrolla plataformas que integran, gestionan y aseguran datos complejos para gobiernos, agencias de inteligencia y grandes empresas, permitiendo tomar decisiones basadas en información en tiempo real[8].

La corporación ha desarrollado «Palantir Gotham» (utilizado principalmente por agencias de defensa e inteligencia como la CIA y el FBI para identificar patrones ocultos en conjuntos de datos masivos, útil para seguridad nacional y antiterrorismo), «Palantir Foundry» (enfocado en el sector privado para integrar datos corporativos y optimizar operaciones, decisiones y detección de fraudes), «Palantir Apollo» (herramienta que permite el despliegue automático de software en cualquier entorno, ya sea en la nube o en sistemas clasificados) y «Palantir AIP (Artificial Intelligence Platform) (plataforma más reciente, diseñada para aplicar modelos de lenguaje y IA avanzada a datos complejos de forma segura).

«Creamos productos para el análisis humano de datos del mundo real», según informa la propia empresa en su sitio web[9]. Agrega también: «Diseñamos tecnología para ayudar a las instituciones a proteger la libertad. La tecnología analítica, especialmente en manos de instituciones poderosas que manejan grandes volúmenes de datos, puede suponer graves riesgos para la privacidad y las libertades civiles». Sin embargo, parece que no es precisamente la «libertad» a la que defienden sino más bien que la vulneran y lo que muestra como una «virtud» resulta contradictoria porque esta corporación «poderosa» se apodera de una impresionante cantidad de datos de los ciudadanos poniendo precisamente en riesgo la privacidad y las libertades civiles. Recordemos la manipulación llevada a cabo por Cambridge Analytica.

Palantir obtuvo contratos gubernamentales multimillonarios y «ha contribuido a prevenir atentados terroristas, planificar misiones ultrasecretas de la CIA y gestionar la distribución de vacunas. Sin embargo, ha recibido críticas por ayudar a funcionarios de inmigración a identificar y localizar a inmigrantes indocumentados»[10]. Vemos aquí algunos puntos a considerar como el término «terrorista», el cual no se puede aplicar a quien defiende a su país de un invasor extranjero, la planificación de «misiones ultrasecretas», la identificación y localización de inmigrantes indocumentados nada menos que por parte del ICE, una fuerza que recurre a métodos ilegales y violatorios de los derechos humanos. En síntesis, Palantir es un «Estado» dentro del Estado que le paga contratos multimillonarios y que se hace dueño de ese Estado que le brinda el acceso a todas sus bases de datos.

¿Qué podemos decir de otro de los socios y fundador de Palantir, Alex Karp? Karp es licenciado en Derecho y doctor en teoría social neoclásica y se ha manifestado sobre la superioridad de Occidente y su desdén por las protestas antiisraelíes. Karp calificó las protestas antiisraelíes en la Universidad de Columbia de «paganas» y afirmó haber soñado con atacar a sus enemigos con drones. «En una conversación entre Karp y Jacob Helberg, asesor principal de políticas del director ejecutivo de Palantir, sobre el impacto de la IA en la guerra en Ucrania e Israel, Helberg dijo que se estaban coreando “consignas a favor de Hamás” en “universidades muy prestigiosas”»[11]. Todo un alegato en favor del racismo y en detrimento de la libertad de expresión y de la democracia.

Palantir también ha recibido fuertes cuestionamientos por su participación en el genocidio en Gaza por la firma de una «alianza estratégica» con el Ministerio de Defensa israelí. Desde octubre de 2023, el ejército israelí ha incorporado las herramientas y el software de Palantir para su ofensiva en la Franja de Gaza[12].

James Bamford en un artículo publicado en The Nation afirma que Palantir ha proporcionado al ejército y a las agencias de inteligencia israelíes «capacidades de localización avanzadas y potentes» utilizadas en el marco de su guerra en Gaza[13].

La corporación abrió sus oficinas en Tel Aviv en 2015 y fue en Israel donde la junta directiva de Palantir se reunió por primera vez en 2024, solo unos meses después del inicio de la guerra, en un gesto de solidaridad y debido a que Alex Karp es un importante partidario del gobierno de Netanyahu[14].

Nada más en sintonía con el «pensamiento» o ideología de Milei. Aquí cabe destacar que Peter Thiel compró una gran mansión en Barrio Parque, uno de los barrios más caros de Buenos Aires ―si no el más caro―, frente a la casa de Susana Giménez, por la que pagó US$ 12 millones. Es evidente que Thiel no ha venido de vacaciones porque tendría pensado permanecer en la Argentina al menos dos meses. ¿Algún millonario contrato con el gobierno de Milei? ¿Tendrá la Argentina el mismo destino que Palestina con el presidente «más sionista del mundo»?

Todo está sobre la mesa y la presencia de Thiel y de su empresa, con una motosierra presidiendo el encuentro con Milei en la Casa Rosada nos son buenos augurios para los argentinos.

El 25 de abril, en un posteo en X, el ingeniero en Electrónica y en Telecomunicaciones Ariel Garbarz escribió:

«Peter Thiel le ofreció a Milei una arquitectura de poder para gobernar con los datos de la SIDE y otros organismos públicos, perfilando y luego controlando y manipulando a los votantes, tal como hizo en Estados Unidos, Reino Unido e Israel».

A propósito de la vigilancia tecnológica, será fundamental rever todo el sistema de vigilancia por cámaras en el territorio nacional y, particularmente, en la Capital Federal, teniendo en cuenta las empresas proveedoras de los equipos, las que las instalaron y las que las monitorean, aún de aquellas que son monitoreadas por las provincias, los municipios y el Estado Nacional. En general deberá recurrirse a la ingeniería inversa y en adelante deberían establecerse algunas cláusulas para su instalación.

Algunas reflexiones finales

Milei no sólo destruye lo que he denominado «el sistema inmunológico de la Nación», siguiendo el rumbo de sus predecesores, sino que agrava la posibilidad de que nuestra Argentina ―siguiendo la metáfora de la medicina― padezca una sepsis irreversible.

Esto es evidente cuando Milei se saca una foto con un criminal de guerra, con el «carnicero de Medio Oriente», provoca un industricidio del que difícilmente nuestro país pueda recuperarse, deja a la Argentina sin una política exterior propia alineándose con Estados Unidos e Israel ―aislándola de los países que respaldan los derechos soberanos sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur así como de sus principales socios comerciales, miembros estos de los BRICS―, ingreso de militares y de aeronaves extranjeros a la Argentina sin autorización del Congreso de la Nación, declara irresponsablemente que nuestro país está «en guerra con Irán» ―toda declaración de guerra precisa que sea aprobada por el Congreso Nacional―, continúa con la política de desarticular el territorio nacional cerrando definitivamente ramales ferroviarios y abandonando el mantenimiento de las rutas nacionales, abriendo la puerta a que empresas como Palantir u otras de Israel ―recuerden el discurso que pronunció en su reciente visita al ente sionista― accedan a la información privada de los argentinos y a la información estratégica del Estado Nacional, acuerda con el empresario británico Joe Lewis de manera secreta para que el también amigo de Mauricio Macri pueda sortear los litigios a los que está siendo sometido por sus operaciones en una zona de «seguridad nacional», y un sinfín de medidas que revelan que «el topo que vino a destruir el Estado desde adentro» verdaderamente está en guerra con la Argentina. En un país serio ya habría sido destituido y sometido a juicio.

La presencia de Thiel pondría la certeza de que la deriva autoritaria de este gobierno que aglutina lo peor de la casta política y de las corporaciones económicas del país y del mundo (no nos olvidemos del JP Morgan), estaría operando para convertir esta cleptocracia en una tecnocracia que ejerza una vigilancia minuciosa sobre cada uno de los argentinos con el objetivo de neutralizar toda expresión o manifestación en contra de los abusos de su gobierno. Cada día que transcurre, el peligro es mayor y el Poder Judicial y el Poder Legislativo ―excepción hecha de algunos de sus miembros― no están a la altura de las circunstancias, por decirlo eufemísticamente.

Todos esos temas en los que el gobierno avanza sin frenos serían prioritarios para la Inteligencia Estratégica del Estado Nacional, la que no casualmente ha terminado de destruir Milei.

La primera pregunta clave es, ¿se puede reconstruir la Inteligencia Nacional en un futuro gobierno nacional? Si la respuesta es afirmativa, habría una segunda pregunta, ¿cómo?

A la primera pregunta respondo afirmativamente, aunque será un proceso largo por las capacidades destruidas, la falta de personal profesional apropiado para esas tareas y la necesidad de reconstruir la confianza con otros organismos de inteligencia de otros países. Como he expresado más de una vez, «la confianza es como la virginidad, se pierde una sola vez» y en materia de inteligencia requiere una ardua labor, sustentada en buena parte en vínculos personales. De ahí la necesidad de mostrar una verdadera recuperación de esas capacidades recurriendo a personal retirado, pero no a aquellos que han sido parte de su destrucción. Esto sería un claro mensaje hacia las agencias extranjeras.

¿Cómo? Obviamente, y es claro que así sea, el jefe de la Inteligencia Nacional ―el «Señor 5»― debe ser una persona de extrema confianza del presidente de la Nación, a quien se debe de manera casi incondicional. ¿Por qué «casi»? Porque no deberá decirle «sí» a todo, sino que deberá advertirle acerca de determinadas cuestiones y a veces decirle que «no» cuando los Intereses Nacionales o su seguridad o su imagen estén en riesgo ante determinadas decisiones que desee tomar. Sin embargo, el «Señor 8» debería ser un agente de carrera con experiencia, conocedor de los resortes del sistema de Inteligencia.

Los pasos a tomar para esa reconstrucción requieren:

    • lograr que el Congreso derogue la Ley 27.126 y volver plenamente a la vigencia de la Ley 25.520, aunque se vuelva a la denominación de «Secretaría de Inteligencia», sin que especifique que es «de Estado»; al fin y al cabo, este gobierno sólo le ha cambiado el nombre para que todo siga igual;
    • poner en vigencia, nuevamente, el decreto 1.088, mediante el cual se aprobó el Estatuto para el Personal de la Secretaría de Inteligencia y para el Personal Civil de Inteligencia de los Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas;
    • derogar los decretos del gobierno de Milei, los cuales constituyen un verdadero adefesio en materia de Inteligencia;
    • reconstruir la Contrainteligencia, área vital de la Secretaría de Inteligencia;
    • recrear nuevamente la Central Nacional de Inteligencia, en el marco de la Secretaría de Inteligencia, para coordinar las funciones y operaciones de todos los servicios de inteligencia de la Argentina, a la cual todos los servicios de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía, deberán destinar delegados para favorecer una coordinación eficaz y eficiente entre los diferentes organismos;
    • diseñar una nueva Doctrina de Inteligencia Nacional conforme a una agenda que contemple los «Intereses Nacionales» y no a una agenda impuesta desde el exterior;
    • cerrar la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Casa Rosada y transferir sus funciones a la Subsecretaría de Inteligencia, es decir que las mismas recaerían sobre el «Señor 8», a quien debe llegarle la información estratégica, de tal manera que se evitaría la duplicación de funciones y se eliminarían puestos oficiales que no han demostrado mayor utilidad para el Estado Nacional;
    • contar con un cuerpo de abogados altamente calificados para llevar a cabo un exhaustivo estudio para la recuperación de organismos y tierras que los diferentes gobiernos han entregado discrecionalmente a sujetos privados;
    • iniciar las acciones legales correspondientes para llevar a los tribunales a todos los funcionarios que se desempeñaron en el área de Inteligencia por causas de malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público;
    • poner el acento en el reclutamiento de los profesionales y en su formación, para lo cual será fundamental que la Escuela Nacional de Inteligencia recupere el prestigio que supo tener en la década del 90 del siglo pasado, recurriendo a destacados profesores en función de los programas de estudio que se establezcan. Un punto esencial será el nombramiento de un director que no provenga de la política, sino que sea algún profesional con trayectoria en las áreas de Inteligencia;
    • implementar en el marco de la Escuela Nacional de Inteligencia los Cursos Básicos de Inteligencia para Funcionarios del Estado, lo cual permite impartir nociones básicas a los funcionarios estatales además de favorecer la construcción de una comunidad informal de Inteligencia;
    • establecer, al menos, una base del organismo en cada provincia pero en algunas de ellas ―por ejemplo, Córdoba y en la región de la Patagonia― puede que las necesidades requieran que haya más de una;
    • desarrollo de bases regionales para implementar la Inteligencia Competitiva para favorecer el desarrollo de las economías regionales;
    • fortalecer la presencia de delegados en nuestras embajadas y reconsiderar los países en los cuales tendrán sede;
    • reestablecer los vínculos con los servicios de Inteligencia extranjeros, con la mayor parte posible de ellos y no limitándolos a los «habituales» de los últimos gobiernos.

La plena vigencia de la Ley 25.520 no implica el ideal para la conducción y coordinación de una Inteligencia Estratégica de Estado pero podrá, por un lado, establecer un punto de partida para su reorganización y coordinación con otros organismos nacionales y extranjeros, así como cerrar un ciclo de improvisaciones que sólo han terminado por destruirla.

Estas medidas podrán, realmente, poner la conducción estratégica y la coordinación del Sistema de Inteligencia Nacional bajo el control de la Secretaría de Inteligencia y, especialmente, de la Presidencia de la Nación, a la cual pertenece.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro «Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones», Buenos Aires: Editorial Almaluz, 1ª edición 2019, 2da edición 2024. En edición: «El arte de pensar. Su aplicación en un mundo incierto» (Editorial Almaluz).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

 

Referencias

[1] «¿RESISTE ARCHIVO?: Lo que decía Milei sobre Caputo, el que “se fumó 15 mil millones de dólares”». El Cronista, 28/11/2023, https://www.elcronista.ar/resiste-archivo-lo-que-decia-milei-sobre-caputo-el-que-se-fumo-15-mil-millones-de-dolares, [consulta: 13/04/2026].

[2] Pablo Lapuente. «Santiago Caputo promete devolver los $100 mil millones de la SIDE». Letra P, 13/09/2024, https://www.letrap.com.ar/politica/santiago-caputo-promete-devolver-los-100-mil-millones-la-side-n5411167, [consulta: 13/04/2026].

[3] DNU-2025-941-«APN-PTE – Modificación de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520», https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/337032/20260102.

[4] «Bronca en la SIDE con Santiago Caputo porque lleva adelante una purga de agentes, pero metió a su instructor de tiro». La Política Online, 07/11/2024, https://www.lapoliticaonline.com/politica/bronca-en-la-side-con-santiago-caputo-porque-hizo-una-purga-pero-metio-a-su-instructor-de-tiro/, [consulta: 06/12/2025].

[5] «Diputados denuncian un viaje ‘VIP’ de la SIDE a la Fórmula 1 con fondos públicos que costó $19 millones». Urgente24, 04/12/2025, https://urgente24.com/actualidad/politica/diputados-denuncian-un-viaje-vip-la-side-la-formula-1-fondos-publicos-que-costo-19-millones-n614628, [consulta: 06/12/2025].

[6] «Cómo se armó la operación “pendrive” trucho contra AFA: la trama que incluye a un ex ministro, la SIDE, empresarios y hasta el directivo de un importante medio». Data Clave, 10/04/2026, https://www.dataclave.com.ar/poder/la-salida-menos-pensada–alejandro-kim-se-fue-del-espacio-de-guillermo-moreno_a69d92b3b1d2d404fa6dfcfc5, [consulta: 17/04/2026].

[7] «¿El jefe de la SIDE puso cámaras apuntando a la AFA para espiar los movimientos de los dirigentes?». Data Clave, 10/04/2026, https://www.dataclave.com.ar/poder/-el-jefe-de-la-side-puso-camaras-apuntando-a-la-afa-para-espiar-los-movimientos-de-los-dirigentes-_a69d977011d2d404fa6e9f8be, [consulta: 17/04/2026].

[8] Sitio oficial de Palantir, https://www.palantir.com/about/.

[9] Ídem.

[10] Jeff Rumage. «Inside Palantir: The Tech Giant Powering Government Intelligence». Buit In, 22/04/2026, https://builtin.com/articles/what-is-palantir, [consulta: 24/04/2026].

[11] Madison Hall. «Palantir CEO calls Columbia anti-Israel protests ‘pagan’ and says he’s dreamed of drone striking his enemies». Bussiness Insider, 02/05/2024, https://www.businessinsider.com/palantir-ceo-alex-karp-columbia-anti-protests-pagan-north-korea-2024-5, [consulta: 14/04/2026].

[12] «¿Qué se sabe sobre el papel desempeñado por Palantir en Gaza?» Le Grand Continent, 04/10/2025, https://legrandcontinent.eu/es/2025/10/04/que-se-sabe-sobre-el-papel-desempenado-por-palantir-en-gaza/, [consulta: 14/04/2026]

[13] James Bamford. «How US Intelligence and an American Company Feed Israel’s Killing Machine in Gaza». The Nation, 12/04/2024, https://www.thenation.com/article/world/nsa-palantir-israel-gaza-ai/, [consulta: 12/12/2025].

[14] Sharon Wrobel. «US tech giant Palantir decides to hold first board meeting of new year in Tel Aviv». The Times of Israel, 02/01/2024, https://www.timesofisrael.com/us-tech-giant-palantir-decides-to-hold-first-board-meeting-of-new-year-in-tel-aviv/, [consulta: 12/12/2025].

 

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