LA ARGENTINA NO EJERCE SOBERANÍA EN EL ATLÁNTICO SUR

César Augusto Lerena*

Somos un Estado Marítimo invadido y disputado y no ejercemos en el mar argentino y sus archipiélagos una administración plena.

La soberanía política. De resulta del siguiente análisis y de los temas que abordaremos podemos lastimosamente afirmar que la Argentina no ejerce soberanía plena sobre el Atlántico Sudoccidental, además de en las islas Malvinas, San Pedro (Georgias del Sur) y Sándwich del Sur que no se encuentran en nuestro poder y, como claramente indica la Disposición Transitoria Primera de la Constitución, «la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía (…) constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino» y, en los hechos, desde los Acuerdos de Madrid I (1989) y II (1990) la Argentina ha quedado congelada, mientras el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Reino Unido) ha avanzado con prisa y sin pausa hasta la fecha y la Cancillería Argentina y su Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur se han limitado a la acción inconducente de propiciar el diálogo con el Reino Unido, cooperar en forma unilateral y buscar el apoyo de países para la promoción del referido diálogo.

El Consejo Nacional de Malvinas creado en el año 2020 por Ley 27.558 está integrado por varios miembros que intervinieron en la política de sumisión de los años 90; autores intelectuales de los ruinosos acuerdos con el Reino Unido y, entre ellos, Marcelo Kohen, quien en 2018 les propuso a los isleños un referéndum para determinar si querían ser británicos o argentinos, manteniendo el régimen migratorio actual de las islas, lo que hace suponer que poco hay que esperar de este cuerpo respecto a la recuperación de Malvinas y la administración de las aguas y archipiélagos argentinos.

Mientras ello ocurre, el control de la parte meridional del Atlántico Sudoccidental se encuentra en manos del Reino Unido, quien viola sistemáticamente la Res. 31/49 del 1º de diciembre de 1976 de las Naciones Unidas que “Insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación, mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas (1514/60, 2065/65, 1965/73, 3160/73)”, podemos ver que, entre otras cosas, construyó una pista aérea para grandes aviones de guerra y carga; una base naval y misilística; modernizó el sistema de radares; llevó adelante obras de infraestructura logística, comunicación y transporte; emplazó un nuevo puerto en la isla San Pedro y licitó para la construcción de otro en Malvinas que concentrará todo el tráfico pesquero, mercante, comercial, científico y turístico de la región, controlando de esta manera la región y el acceso a los Océanos Pacífico e Índico y fortaleciendo su acceso a la Antártida.

El gobierno ilegal de Malvinas otorga licencias ilegales de pesca a buques extranjeros y a partir del 1º de enero de 2023 lo hará por 25 años. Estos buques extraen unas 250.000 toneladas por año (más los descartes) de especies pesqueras argentinas, poniendo en riesgo la sostenibilidad del ecosistema, en una clara demostración del desinterés por el dominio y cuidado de los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina, su sostenibilidad y desprecio por la contaminación del medio marino.

Por otra parte, vuelos de la RAF hacen escala en Brasil y Uruguay previo a su descenso en Malvinas y vuelos comerciales de LATAM, con la autorización del uso del espacio aéreo argentino, facilitan el tráfico de trabajadores y tripulantes, intercambio de materias primas frescas y otros insumos y, el Puerto de Montevideo recibe más de 700 buques por año que realizan pesca ilegal en el Atlántico Sur y Malvinas.

Podemos afirmar que, mal que nos pese, las aguas y recursos argentinos del Atlántico Sudoccidental no son administrados por el gobierno argentino e, incluso, organizaciones extrañas, por acción u omisión de los responsables del gobierno argentino, intervienen en el diseño de la política de administración de los territorios marítimos y sus recursos.

Por ejemplo, ¿por qué la norteamericana Wildlife Conservation Society (WCS) diseñó el Área Marina Protegida Bentónica de 164.000 Km² enclavada en un sector aledaño al área marina ocupada y disputada por el Reino Unido? dando lugar a un proyecto de ley que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y contó con el apoyo de la Cancillería y la Secretaría de Malvinas, a pesar de todos los argumentos en contrario de científicos, pesqueros, medioambientales, económicos, territoriales y estratégicos de los expertos que se opusieron al aparente “infundado” proyecto.

La citada Fundación WCS, cuenta con el apoyo, entre otros, de OCEANS 5, organización que, sus «primeras subvenciones apoyaron el trabajo en los territorios de ultramar del Reino Unido, la Antártida, el Ártico y varias grandes Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), entre ellas, la de Estados Unidos» (sic) incluyendo entre sus socios y miembros, a trece fundaciones de los Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos, y esto, que podría pasarse por alto, adquiere suma importancia, ya que la citada “Área Marina Protegida” completaría el “blue belt” (cinturón azul) que ya en 2017 los ingleses anunciaron que rodearían a Malvinas (entre otros territorios de ultramar) asegurándose el control y la explotación de los recursos pesqueros en las islas, que se inició en 1990 con el Acuerdo de Conservación (FOCZ) al este de Malvinas firmado por Cavallo y el Santuario Ecológico al sur de Malvinas, establecido en forma unilateral por el Reino Unido alrededor de la isla San Pedro y Sándwich en 2011.

Pero, además de ello, la referida WCS es propietaria de dos islas (Grand Jason y Steeple Jason o las islas Sebaldes o Sebaldinas para la Argentina) desde 2001 en el archipiélago de Malvinas y entonces entendemos el interés de esta Fundación por el Agujero Azul, que pasaría a cerrar el “cinturón azul” al norte de Malvinas y, también, su especial preocupación, por el cuidado de los albatros de ceja negra que se encuentran en las islas de “su propiedad” y, estando esta especie, según el informe de la filial local de WCS, relacionada al Agujero Azul-ZEE.

La Fundación WCS no solo administra estas islas, sino que «está trabajando con el gobierno local para proteger aún más todo el archipiélago de las Islas Jason y el área marina circundante» (Christopher J. Mckenzie, Wildview, WCS, agosto 15 de 2017). Es obvio que este solo hecho impide toda participación de esta organización en el territorio argentino, por cuanto sería violatorio de la DTP de la Constitución Nacional.

Además, pareciera que el CONICET colabora eb actividades de la WCS para trabajos de investigación en Malvinas: “…Ian publicó extensamente sobre las aves de New Island (Isla de Goicoechea en Malvinas), y fue autor de trabajos de investigación con los investigadores asociados de WCS P. Dee Boersma, Juan Masello y Andrea Raya Rey”, siendo esta “Investigadora Principal del CADIC, cuya especialidad es la Ecología y Conservación de Aves y mamíferos marinos de Tierra del Fuego y el Atlántico Sudoccidental con implicancias en la conservación, manejo y sustentabilidad regional y global”.

Por otra parte, el pasado 20 de septiembre de 2022 en Washington, la Argentina habría firmado una “Declaración Conjunta sobre la Cooperación Atlántica” junto a Brasil, Canadá, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, el Reino Unido y los Estados Unidos, entre otros, varios de ellos pescadores ilegales, con el compromiso de tener “una región atlántica pacífica, próspera, abierta y cooperativa, preservando al mismo tiempo el océano como una región saludable, recurso sostenible, (evitando) la piratería; la delincuencia organizada transnacional; la pesca ilegal; el cambio climático; la contaminación y degradación ambiental (…) la cooperación en la región (…) y la gobernanza marítima a través del Atlántico (…) desarrollar un enfoque compartido de las cuestiones del Océano Atlántico (…) comprometidos a ver el Atlántico Sur como una zona de paz y cooperación que contribuya significativamente al fortalecimiento de la paz internacional (…) asociarnos con otras organizaciones apropiadas, incluidos los organismos regionales de pesca…”. “región abierta”; “cooperación regional”; “gobernanza marítima”; “organismos regionales de pesca” (léase OROP), etc., una serie de decisiones absolutamente contrarias al interés nacional y la sola firma del Reino Unido que ha incumplido con todas consignas que en esta Declaración se citan, manteniendo una base naval y misilística, depredando los recursos pesqueros argentinos y pretendiendo constituir las OROP que le permitirían, ya no seguir explotando los 1.639.900 Km² que le usurpa de territorio marítimo a Argentina, sino administrar los recursos de todo el Atlántico Sur, incluso la ZEE Argentina, junto a sus principales socios en Malvinas, los españoles.

Pero llama la atención que con el mismo objeto de “Gobernanza Marítima” dos Fundaciones cuyos integrantes no tienen ninguna experiencia en materia marítima y mucho menos pesquera: la Fundación Argentina Global y la Konrad Adenauer Argentina, el día 20 de septiembre convoquen a participar siete días después en forma presencial (¿?) en Puerto Madryn del “primer taller federal del ciclo de conversatorios titulados “Gobernanza Marítima: de las ideas a la acción”, de 10 a 13 horas (este tiempo no alcanzaría ni siquiera para tratar la pesca incidental y mucho menos para proponer acciones) para dialogar “acerca de la relevancia estratégica del mar y en la necesidad de mantener el buen orden en los espacios marítimos (…) contribuyendo a la elaboración de un documento conjunto de conclusiones (…) sobre la base de un seminario previo realizado en Buenos Aires (¿?) y, además, el lugar de convocatoria, que podría ser cualquiera de los puertos del litoral marítimo, parecería desconocer que la provincia de Tierra del Fuego es la principal responsable junto al Estado Nacional, de las cuestiones de la Antártida e islas y mares del Atlántico Sur.

Nada es casual, revisando los integrantes de las Fundación Global que presidiría Fulvio Pompeo, apreciamos que provienen de una alianza de gobierno que entre otras cosas otorgó concesiones petroleras offshore en el área austral a empresas británicas violando la ley 26.659, firmó el pacto de Foradori-Duncan que hubiera facilitado la logística de Malvinas con vuelos a San Pablo y, desde ahí, la inserción al mundo post-Brexit y ratificó las investigaciones conjuntas pesqueras con el Reino Unido que le permitían a este otorgar licencias ilegales en Malvinas para la captura de los recursos pesqueros argentinos y compró patrulleros oceánicos a Francia que pudieron fabricarse en Argentina y la Fundación Konrad Adenauer en Argentina, presidida por Susanne Kass, que no entendemos que puede aportar sobre la materia esta organización alemana.

Políticas extrañas; intereses externos e internos; incapacidades; dependencias económicas; falta de cultura marítima y alimentaria pesquera, son el motivo, entre otros, de la administración laxa del mar argentino y de su consecuente intromisión, ocupación, apropiación, depredación y pérdida de soberanía política.

La soberanía territorial. La Argentina tiene, entre la superficie marítima e insular 6.247.842 Km², mientras que la superficie bicontinental alcanza solo a los 3.757.407 km². La Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina es de 3.146.345 Km² y la superficie continental (sin la Antártida) llega a los 2.791.810 Km². Es decir que la acreditada “Pampa Húmeda”, la de los granos y el bife de chorizo, tiene una superficie menor al mar argentino; pero, “no todo lo que reluce es oro”, el Reino Unido no ocupa solo 11.410 Km de Malvinas, como se suele divulgar, sino 1.639.900 Km² de territorio marino e insular argentino y nos disputa 1.430.367 Km² de la plataforma continental argentina extendida y 2.426.911 Km² del Continente Antártico y sus aguas correspondientes. Es decir, tenemos invadido —proporcionalmente— un 52% de la ZEE Argentina; el equivalente a toda la Patagonia, las provincias de Cuyo, Salta, Jujuy y Formosa y, junto a los territorios disputados, unos 5.497.178 Km²; es decir, dos (2) continentes argentinos (sin contar la Antártida). Seguramente, muchos lectores recién se están anoticiando que no son solo los 11.410 Km² de Malvinas los que están ocupados o en disputa. Y es que ningún gobierno argentino quiere pagar el costo político de contarnos que el problema no se limita a unas pequeñas (aunque dolorosas) islas del Atlántico Sur. Es un relato. Pero eso no es todo. Cuando se aprobó la Ley 27.557 y nos mostraron un mapa bicontinental a todo color y lo exhibieron como un maravilloso triunfo de la diplomacia argentina por el cual nuestro país incorporaba 1.782.000 Km² de Plataforma Continental extendida, se olvidaron contarnos que los técnicos de la Comisión de Límites que funciona en la oficina de las Naciones Unidas solo recomendaron 351.633 Km² y no trataron 1.430.367 Km² por encontrarse en disputa con el Reino Unido. Fue un mensaje para la tribuna. Nos siguen mostrando como los eternos campeones morales y, mientras tanto, el Reino Unido, pese a la “Fórmula del Paraguas”, ha seguido avanzando territorialmente: en 1982 tenía ocupados unos 20.000 Km² insulares (Malvinas, más San Pedro y Sándwich del Sur) más tres millas alrededor y hoy, como dije, ocupa y/o disputa 5.497.178 Km².

En contraste con ello, la Patagonia, que es la región más extensa de la Argentina continental, tiene la densidad más baja poblacional con 2,5 habitantes por km² y la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur una densidad poblacional de 0,1 habitantes por Km² y, evidentemente, es una debilidad importante frente a un Atlántico Sur ocupado por potencias extranjeras y, misiles en Malvinas apuntando al continente.

La soberanía económica y laboral. La extracción de los recursos pesqueros en el Atlántico Sudoccidental, son del orden de las 2.250.000 toneladas/año (incluidos los descartes), donde operan entre 350 y 500 buques chinos, españoles, coreanos, taiwaneses, británicos, portugueses y otros (rusos, polacos, noruegos en su momento). Ello supone una extracción de recursos pesqueros por unos 4.500 millones de dólares/año (FOB); lo que equivale a decir, que en los últimos 40 años se han extraído unos 180.000 millones de dólares (FOB) de los cuales, 26.000 millones de dólares (FOB) son divisas producto de las licencias británicas de Malvinas otorgadas a buques extranjeros.

En este escenario, los gobiernos argentinos no han colocado una sola sanción desde 1998 (Leyes 24.922 y 26.386) a los buques extranjeros que pescan en Malvinas, ni con posterioridad al 2020 donde se aumentaron las sanciones (Ley 27.564) y, en los últimos 40 años, se apresaron un promedio de dos buques por año por pesca ilegal en la ZEE Argentina, con una población de pesqueros ilegales de entre 350 a 500 buques.

La extracción de hidrocarburos offshore por parte del Reino Unido en el área de Malvinas, por el momento, no puede ponderarse, pero se estima que de subir los valores del petróleo las Malvinas se habrán de consolidar económicamente con solo este recurso (Hoy el PBI per cápita de los isleños es de US$ 100.000). A ello se agrega la licitación de áreas (100.000 Km²) para la explotación offshore por parte del gobierno argentino en 2019, donde se adjudicaron a empresas británicas vinculadas a Malvinas, pese a la Ley 26.659 (Solanas) de 2011 que lo prohibía. No se han ponderado tampoco los recursos minerales.

Gustavo Baruj y Sergio Drucaroff del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Ciencia, la Tecnología e Innovación (CIECTI, Informe Nº 10, 2018) entendieron que el potencial económico del mar de 2016-2035 es de los US$ 669.598 millones y generaría unos 568.751 empleos directos, sin evaluar los recursos mineros. Potencial que entendemos muy conservador, en atención al avance en explotaciones petroleras offshore; las potencialidades y acuerdos pesqueros sobre los recursos migratorios originarios de la ZEE,; los derivados de los fletes marítimos donde la Argentina ha perdido la bandera; la administración de la logística portuaria a miles de buques de gran porte que comienzan a transitar por el estrecho de Magallanes; la construcción y reparación naval, etc.

Se estima que la Argentina está perdiendo unos 50.000 empleos directos por no administrar y/o acordar y/o capturar los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina.

La debilidad en el aprovechamiento del Atlántico Sur también se ve cuando la Argentina importa buques navales y pesqueros, a pesar de tener suficiente capacidad pública y privada para la construcción de embarcaciones y, como contrapartida, exporta productos pesqueros con bajo valor agregado transfiriendo el trabajo a los países más desarrollados, en un comportamiento retrógrado, después de etapas, donde la Argentina, tuvo una importante producción industrial naval nacional. Esta política, es seguramente un plan, destinado a desocupar el mar y depender de terceros en el comercio.

Complementariamente a ello, el Paraná, «entre el puerto de Santa Fe y las aguas profundas del Río de la Plata exterior (1.477 km) es el principal curso de agua argentino, donde ingresan y egresan 4.000 buques de bandera extranjera que en el año 2020 transportaron 74 millones de toneladas de carga, más del 90% del comercio exterior argentino» (Lugarini, Fabian. Informe Marítimo, 08/09/2022), lo que demuestra la debilidad argentina respecto a la autonomía en el comercio y las dificultades de control e integración entre los cursos fluviales y el mar argentino, además de dejar en manos extranjeras la administración de esas vías navegables fluviales y el desarrollo regional consecuente en manos extranjeras, que el 20 de noviembre de 1845 motivaron la recordada Batalla de la Vuelta de Obligado, en defensa de nuestra soberanía nacional.

La soberanía alimentaria. La Argentina carece de política de consumo interno de productos pesqueros. A pesar de estar entre los que más captura de Latinoamérica y el Caribe, después de Perú, Chile y México y es de los países que menos consumen sus habitantes con 4,8 Kg de consumo per cápita/año, estando por debajo de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay, entre otros. Por cierto, muy por debajo del consumo promedio de Latinoamérica con 9,8 Kg., de África con 10,1 Kg. o del mundo con 20,2 Kg. No es casual que no se promueva en la Argentina el consumo interno: se evita que los argentinos miren el mar y cuiden a este y sus recursos.

Si no se descartasen pescados en el mar (en la ZEE, en alta mar y en Malvinas) se podrían disponer de unas 750.000 toneladas/año de productos pesqueros aptos para el consumo. Con 300 mil toneladas de los descartes que se industrialicen se podría proveer raciones a 3 millones de niños y adolescentes por día de proteína de la mejor calidad, todos los días, todo el año, en un país con 37,3% de pobreza y 8,2% de indigencia (INDEC, 30/03/22).

Pobreza, indigencia, subalimentación y descuido de los recursos naturales es parte de la colonización.

La defensa del territorio. No hay política de disuasión. Los distintos gobiernos han declarado que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto, una llamativa calificación ante semejante escenario, mientras la Ley General de Pesca de México (DOF 24/4/2018, Art. 17º) indica: «El Estado reconoce que la pesca es una actividad que fortalece la soberanía alimentaria y territorial de la Nación. Un asunto de seguridad nacional y prioridad para el desarrollo nacional». La Argentina debería cuadruplicar su capacidad existente naval y aérea para controlar solo la ZEE Argentina y asignarle un presupuesto a la Armada Argentina y a la Prefectura Naval que, en la actualidad, está dentro de los más bajos de Latinoamérica. En el hipotético caso de aprobarse el Área Marina Protegida Agujero Azul, la Argentina para controlar esos espacios marinos, necesitaría unos US$ 15 millones anuales, lo que da una idea de la falta de presupuesto para vigilar y gobernar nuestros mares.

Desculturalización y relaciones con el Reino Unido. El 2 de febrero de 1825 las Provincias Unidas del Río de la Plata firmaban el Tratado de Amistad, Libre Comercio y Navegación con el Reino Unido. El mismo reconocía, entre otras cosas, la independencia de nuestro país, no obstante «para la obtención de dicho reconocimiento la Corona británica requirió que Buenos Aires contrajera un empréstito de la banca inglesa Baring Brothers por 1 millón de libras esterlinas (llegaron solo £ 550 mil) y dicho monto fue devuelto 81 años más tarde, pagándose 5 veces la cifra inicial». En 1831 Luis Vernet apresó tres goletas norteamericanas que pescaban en forma ilegal. En 1833 y pese al Tratado de Paz citado el Reino Unido destruyó la población argentina en Malvinas. Desde entonces, los gobiernos han mantenido relaciones diplomáticas con el fin de obtener la restitución de las islas y, desde 1982 se inició un proceso de desmalvinización y desculturalización que, se profundizó en 1989, con la aceptación de la ocupación del territorio marítimo y los recursos pesqueros argentinos, cuando en los prolegómenos de la firma de los Acuerdos de Madrid el diplomático negociador argentino indicó: “No nos preocupa la exclusión pesquera sino la militar”. Esa desmalvinización sigue hasta nuestros días.

Necesitamos la determinación del Gral. Manuel Belgrano (“un Estado sin pesca nada puede sobre la mar”); la preclaridad del Almirante Segundo Storni (“el Mar será el vehículo y el sostén de su fortuna y de su gloria”); el esfuerzo del Almirante Guillermo Brown (“El honor nacional requiere un esfuerzo”) y de todos los combatientes que mantienen viva la llama de Malvinas.

“Nada está hecho mientras quede algo por hacer” (Romain Rolland)

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).