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LA POLÍTICA NACIONAL ENAJENA EL PATRIMONIO Y ATENTA CONTRA LA SOBERANÍA MARÍTIMA E INSULAR

10 junio, 2025 SAEEG Deja un comentario

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César Augusto Lerena*

Hace tiempo que la soberanía marítima e insular nacional solo está en la imaginación de los argentinos; aunque nunca es tan ostensible la pérdida de autonomía. No se trata de un hecho aislado: es una estrategia externa debidamente planificada y ejecutada mediante colaboracionistas enquistados en los distintos ámbitos nacionales. Una red que alcanza a los ámbitos territoriales, económicos y culturales. Nos han transformado en una colonia.

Sin el mar no habrá Nación.

Mientras que Scalabrini Ortíz consideraba que «la Soberanía pasa por el control y desarrollo de nuestros recursos y consideraba al mar como un espacio de integración económica, cultural y estratégica», el gobierno de Milei promueve la apertura del mar argentino a las potencias extranjeras para que se apropien y depreden nuestros recursos pesqueros y petroleros, promoviendo el quiebre de la industria y del empleo nacional. No es ineptitud sino intencionalidad para debilitar la capacidad de desarrollo de la Argentina y transformarla en lotes productivos de terceros países que industrializan nuestros recursos naturales y los transforman en alimentos, trabajo y riqueza, como cuando explotaban las colonias mediante el trabajo esclavo en el siglo XVIII y XIX.

Nos limitaremos aquí a referirnos a los territorios marítimos y a los territorios ribereños.

La ocupación de sus territorios

La Argentina no solo tiene ocupados por el Reino Unido los 11.410 km² de Malvinas sino 1.639.900 km² de su territorio marítimo e insular. Un territorio equivalente a la Patagonia y a las provincias de La Pampa, Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Formosa; por cierto, en muchos casos, un territorio marítimo más rico que alguna de las provincias citadas. Además de ello tiene en disputa con el RU 1.430.000 Km² de su plataforma continental argentina más allá de las 200 millas y el territorio del continente antártico. Pese a ello, el gobierno no tiene una hipótesis de conflicto y, por el contrario, Milei sostiene una posición claudicante y, enfatiza, que la Argentina no busca un conflicto con el Reino Unido; manifiesta su admiración por Margaret Thatcher y considera legítima la presencia de funcionarios y militares británicos en Malvinas dada su administración de las islas. Entiende que son los isleños quienes deberían interesarse por Argentina, dando por tierra la posición sostenida por la diplomacia argentina de defensa de la «integridad territorial» ratificada por la voluntad popular en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

La explotación de los recursos

El Reino Unido extrae a través de licencias ilegales otorgadas a buques extranjeros unas 250.000 toneladas anuales de recursos pesqueros de Malvinas, en abierta violación a la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas y las Leyes argentinas, sin que las autoridades nacionales inicien acción alguna a las empresas que pescan sin habilitación argentina, cuyos ingresos han permitido a los isleños británicos sostenerse y desarrollarse. En los últimos 40 años se extrajeron 40 mil millones de dólares FOB de productos pesqueros que, en el comercio final, representan 200 mil millones de dólares. Un volumen de materia prima que hubiese permitido alimentar con una proteína excepcional ―solo comparable a la leche materna― a 3 millones de niños y adolescentes todos los días del año. Al mismo tiempo, las empresas Navitas Petroleum (israelí-estadounidense) y Rockhopper Exploration (británica) iniciaron exploraciones petroleras en Malvinas, esperando extraer unos 728 millones de barriles por un valor inicial de unos 54.000 millones de dólares. Ambas explotaciones consolidarán definitivamente a los británicos en el Atlántico Sur, ante la pasividad del gobierno nacional.

No parece casual que el nuevo embajador británico en Argentina sea David Cains, que hasta ahora era vicepresidente de Equinor, una empresa petrolera vinculada a Malvinas y con licencias de exploración offshore otorgadas en 2019 (Macri) en las áreas austral y Norte (Mar del Plata), violando la Ley Solanas (26.659).

El Atlántico Suroccidental. La conectividad y la logística.

Mientras el gobierno nacional mantiene una pésima relación con los gobiernos vecinos de Brasil, Chile y Uruguay, la saliente embajadora invitaba a estudiantes del MERCOSUR y Chile a conocer «las vecinas» islas de Malvinas y los isleños británicos llevan adelante una política de acercamiento. Brasil le sirve de apoyo a vuelos militares británicos; el puerto de Montevideo recibe los buques que pescan ilegalmente en Malvinas y le presta servicios a la tripulación, el transbordo, armado y reparación de los barcos. Por su parte, Punta Arenas de Chile, le provee desde trabajadores hasta alimentos. El Reino Unido firma Acuerdos con Chile referidos a la Antártida y la fabricación de equipamiento militar y, mientras ello ocurre, la Argentina, sigue autorizando vuelos comerciales de Malvinas a Chile y con el Pacto Mondino-Lammy vuelve a autorizar los vuelos a San Pablo del Pacto Foradori-Duncan, que le permitiría a los productos pesqueros de Malvinas acceder al mercado más importante de Sudamérica y plataforma excepcional al comercio mundial. La mayor cooperación argentina prestada al Reino Unido en los últimos 50 años, fortaleciendo su presencia en el Atlántico Sur, donde el Reino Unido mantiene la base misilística y naval más importante del Cono Sur, contrariando la «Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur» que firmaran todos los países de África occidental y América oriental, aprobada en 1986 por la Res. 41/11 de las Naciones Unidas. Con la construcción de un nuevo Puerto en Malvinas, aspira a transformarse en un centro (hub), desde donde se apoye y controle toda la flota pesquera, militar, de transporte, turismo y ciencia, la navegación con el océano Pacífico e Índico y el acceso a la Antártida, debilitando la soberanía en la Patagonia, cuya densidad poblacional es la más baja del país y su infraestructura portuaria es de baja calidad física y tecnológica.

La Pesca ilegal y la Seguridad Nacional en el Mar

El Ministerio de Seguridad y su Prefectura Naval no controla los 820 buques que pescan en los 3.146.345 Km² de la Zona Económica Exclusiva Argentina y tampoco las capturas que se efectúan en la plataforma continental argentina más allá de las 200 millas. A ello se agrega que ni estos funcionarios ni los del Consejo Federal Pesquero realizan acciones destinadas a erradicar la pesca ilegal de los recursos pesqueros migratorios originarios del mar argentino (ZEE) por parte de 460 buques extranjeros chinos, taiwaneses, coreanos, británicos y españoles, que capturan anualmente unas 1.615.000 toneladas (incluidos 30% de descartes) de recursos argentinos por un valor FOB de U$S 6 mil millones y un valor comercial final del orden de los U$S 30 mil millones, provocando además un gravísimo daño al ecosistema, al desarrollo patagónico y a la seguridad nacional[1]. Estos agentes ignoran que la Convención del Mar no admite la pesca sin control del país de origen, sin determinar las capturas máximas permisibles y afectando los intereses de los Estados ribereños. El gobierno nacional no administra ni controla el mar y, no es casual el bajo presupuesto destinado a dotar de una fuerza naval de disuasión y, el deterioro de todos los puertos.

La Argentina bicontinental y Tierra del Fuego

El mapa bicontinental es cartón pintado de uso escolar ya que la Argentina no lleva ninguna política de ejercicio soberano en contraposición con el avance del Reino Unido en el Atlántico Sur. Los puertos de Río Grande y Ushuaia no reúnen las condiciones mínimas para favorecer el transporte de las mercaderías y dar apoyo a la flota que se incrementa con el tránsito de buques de gran porte por el estrecho de Magallanes. No dispone Tierra del Fuego de una base aérea, militar y naval acorde a la posición que ocupa en un área estratégica disputada, además del Reino Unido, por Estados Unidos y China. Esta última busca acuerdos con autoridades argentinas para emplazar un puerto en Ushuaia; mientras que Estados Unidos pretende instalar una base asiento de submarinos nucleares. Una delegación de soberanía inadmisible en una Nación autónoma y grave respecto a los derechos sobre Malvinas, la Antártida y las aguas correspondientes.

Al mismo tiempo, un radar de una empresa británica continúa radicado en Tierra del Fuego, pese a que el entonces Jefe del Estado Mayor de las FAA Juan Martín Paleo consideró que la presencia de este radar en la Provincia era contraria a la seguridad nacional.

Tierra del Fuego sigue aislada del continente y el transporte sigue dependiendo de Chile. La reciente medida del gobierno nacional debilitando la producción tecnológica, es una muestra más del escaso interés por lograr un desarrollo sustentable de esta provincia y la radicación poblacional en esta región austral argentina.

El tratado de alta mar

La Cancillería y su par de Chile bajo pretexto de combatir la Pesca Ilegal firmaron en Valparaíso una Declaración basada en el Acuerdo de «Uso Sostenible de la Biodiversidad en alta mar» y «el Estado Rector del Puerto». Ambos Acuerdos que la Argentina no ratificó porque debilitaría la soberanía nacional, se perdería la autonomía en la ZEE y se violaría la DTP de la Constitución Nacional, amén de instalarse Áreas Marinas Protegidas, mecanismos utilizados por el Reino Unido desde el año 2017 para ampliar los llamados «territorios británicos de ultramar» bajo la denominación de «Blue belt» (cinturón azul) y, en el caso específico de Malvinas, ya lo concretó al este, oeste y sur de Malvinas y lo haría al nordeste de aprobarse el proyecto de Área Marina «Agujero Azul», que vienen gestionando ante el Congreso de la Nación varias ONGs financiadas por el extranjero, entre ellas la fundación norteamericana CWS propietaria de dos islas en Malvinas. Proyecto que facilitaría la llegada de los recursos pesqueros migratorios argentinos a las islas, generando nuevas licencias ilegales pesqueras en favor de los isleños británicos.

La Concesión a empresas extranjeras de la red troncal Paraguay-Paraná y del Río de la Plata

En marzo de 2024 el gobierno acordó con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para que realice, entre otras tareas no detalladas, el mantenimiento de la red troncal Paraguay-Paraná.

A su vez, la Nación enajena la jurisdicción de los ríos de las provincias del litoral, por donde la Argentina transporta mercaderías por valor de 74 millones de toneladas por un valor superior a los 70 mil millones de dólares. Se suma a ello, la autorización de profundización del canal del puerto de Montevideo a la par de no avanzar con la construcción del Canal Magdalena que habría de permitirle a la Argentina integrar toda la navegación y transporte fluvial-marítimo, evitando la dependencia con el citado puerto.

La continuidad de la legislación colonialista

El nuevo gobierno libertario alineado en forma irrestricta con los gobiernos de Estados Unidos-Israel ha desactivado todas las acciones que pudiera llevarse a cabo en las cuestiones de Malvinas con el Reino Unido y la manifestación más evidente es el silencio del gobierno argentino frente a las distintas acciones británicas vinculadas a estos territorios insulares y marítimos e, incluso, manifestando su intención de incorporarse a la OTAN y, en paralelo, mantiene vigentes todos los Acuerdos, Tratados y leyes favorables al Reino Unido, entre otro/as los Acuerdos de Madrid de 1989/90 que sede de hecho además de los territorios marítimos la explotación pesquera manteniendo «la fórmula del Paraguas» que congela la discusión soberana; La Ley de Líneas de Base (23.968 de 1991) que facilitó la delimitación de las líneas de base en Malvinas por parte de los británicos y a partir de ello la determinación de la ZEE, derogando la Ley 17.094 que establecía el mar territorial argentino de 200 millas; la Ley 24.184 de 1992 de Protección y Promoción de las inversiones británicas que facilitan los negocios ingleses en la Argentina, a pesar de impedir la explotación pesquera y petrolera en el área ocupada de Malvinas; el incumplimiento de las leyes 24.922 de 1997, 26.386 de 2008 y 26.659 de 2011 que prohíben la explotación pesquera y petrolera en las aguas continentales y de Malvinas sin habilitación argentina; la Ley 24.093 de 1992 que debilitó la seguridad nacional y la administración nacional de los puertos; falta de control de la pesca de arrastre en la plataforma continental argentina según la Ley 24.922 y 27.557 de 2020; el incumplimiento del artículo 1 de la Ley 26.776 de 2012 que define como política de estado la integración física del territorio continental con su territorio insular de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Manuel Belgrano nos decía: «Juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores y la América del Sud será el templo de la independencia, de la Unión y la Libertad».

10 de junio de 2025 (día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y la Antártida).

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar.

Referencia

[1] Según el artículo 87º de la CONVEMAR la pesca en alta mar “está abierta” -no libre como generalmente refieren funcionarios y medios; y, además, en las condiciones que se viene realizando ES ILEGAL, porque: “La Argentina no podría considerar legal la captura en alta mar de sus recursos migratorios originarios del mar territorial y la Zona Económica Exclusiva, y los asociados que intervienen en la cadena trófica, en principio, porque sería desconocer los derechos que reivindica como propios en toda su legislación vigente: el artículo 5º de la ley 23.968 de espacios marítimos y líneas de base; el artículo 2º inc. c de la Ley 24.543 de ratificación de la CONVEMAR y, los artículos 4º, 5d, 21e, 22 y 23b de la Ley 24.922 Federal de Pesca. Además de ello, si bien hay más de 40 razones para considerar esta captura en alta mar como “Pesca Ilegal”; tres hechos son suficientes para tipificarla así: primero, cuando los buques no tienen control de sus Estados de pabellón o de los países de origen (artículos 87º, 92º, 94º de la CONVEMAR), cuestión que ocurre con los buques que pesca a distancia en el Atlántico Suroccidental; segundo, cuando no se realizan estudios de investigación para determinar la “Captura Máxima Sostenible” (artículos 117º a 119º de la CONVEMAR) que tampoco efectúan y, tercero, si se capturan especies migratorias originarias de la ZEE en alta mar sin acuerdo con el Estado ribereño por afectar sus intereses (artículos 27º; 61º a 64º, 116º a 119º de la CONVEMAR). Por supuesto, a esto se agrega la pesca con redes de arrastre de fondo cuando se pesca sobre la plataforma continental extendida argentina (artículo 77º de la CONVEMAR) más allá de las 200 millas sin habilitación nacional” (César Lerena “Plan Nacional de Pesca. Cien Acciones. Ley Nacional de Pesca, 2023).

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ARGENTINA, SOBERANÍA NACIONAL

TIERRA DEL FUEGO. CUANDO LA SOBERANÍA POLÍTICA SE SUBORDINA AL AJUSTE ECONÓMICO

20 mayo, 2025 SAEEG Deja un comentario

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César Augusto Lerena*

El Gobierno Nacional redujo los aranceles de importación de electrodomésticos. Una decisión que afecta a toda esta industria en el país y, especialmente, deja sin sentido las exenciones impositivas y aduaneras establecidas por la Ley 19.640 que promueve la industria electrónica instalada en Tierra del Fuego. Una determinación que atenta contra la soberanía nacional, que podría llevar a despoblar nuestro territorio austral y que, por el contrario, debería desarrollarse en la Isla Grande un modelo sobresaliente a mostrar a los habitantes británicos de Malvinas. La medida del gobierno no se toma en forma aislada, sino que paralelamente se promueve el emplazamiento junto a Estados Unidos de una Base Naval en Ushuaia; se lleva una política de desinterés respecto a las acciones británicas en Malvinas y la región y, el Reino Unido promueve una creciente relación con nuestros vecinos Brasil, Chile y Uruguay y lleva una política blanda ―tolerada por el gobierno― con la que pretende influir culturalmente en los argentinos.

Para no entrar en discusiones ideológicas recurrimos a la visión general de la IA: «la soberanía política es el poder supremo que un Estado ejerce sobre su propio territorio y población, sin la interferencia de otros estados o entidades externas, implica independencia, autonomía para tomar las decisiones políticas, y la capacidad de ejercer autoridad máxima». Lo importante es que el Estado planifique y ejecute las medidas necesarias para ejercer soberanía.

La Ley sancionada el 2 de junio de 1972, tenía en cuenta ―entre otras razones― «la peculiar situación geográfica extremadamente austral de los territorios involucrados y sus consecuencias directas relativas al aislamiento, condiciones de vida y grado de actividad económica y su desarrollo en gran parte mantienen actualidad» y, por tal razón en el artículo 1º de esa ley «eximía del pago de todo impuesto nacional que pudiere corresponder por hechos, actividades u operaciones que se realizaren en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o por bienes existentes en dicho Territorio».

La situación actual en relación a la existente a 1972 se ha agravado. No tanto en su aislamiento donde no se ha innovado, sino en la tensión existente entre las grandes potencias en el Atlántico Sur; la invasión creciente en la parte meridional de este océano por parte del Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB); ya que mientras en 1972 los británicos ocupaban unos 20.000 km² de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y tres millas alrededor de estas islas y, desde 1982 y en especial desde los Acuerdos de Madrid (1989-1990) avanzaron invadiendo y disputándole a la Argentina 5.497.178 Km², de los cuales nos invaden 1.639.900 Km² de territorio marítimo e insular y nos disputan 1.430.367 Km² de plataforma continental extendida y 2.426.911 Km² del continente antártico.

Mientras ello ocurre, el RUGB profundiza sus relaciones con Chile respecto a la Antártida y con Uruguay, cuyo puerto de Montevideo presta apoyo logístico a las capturas ilegales en el Atlántico Sur.

A ello, hay que agregarle que en las aguas de Malvinas los británicos extraen ilegalmente recursos pesqueros argentinos en el orden de las 250.000 toneladas anuales ―según reportes de los propios isleños― y en materia de exploraciones petroleras las empresas Rockhopper y Navitas estiman extraer 728 millones de barriles de petróleo. Todo esto militarizado ―aeronaval y misilísticamente― por las fuerzas de la corona británica. En este escenario ¿se puede debilitar la economía de Tierra del Fuego?

No obstante, nos preguntarnos: ¿Qué han hecho los gobiernos nacionales y provinciales para monitorear y dar sustento estratégico, económico y de defensa, a la par de terminar con el aislamiento y promover nuevos proyectos productivos e industriales, que no estén necesariamente atados a los beneficios impositivos y aduaneros? Y a la par asegurar que las inversiones estén orientadas en el mediano plazo a proveer una economía sustentable no subsidiada. Lo hecho ha sido insuficiente y aquellas actividades que promueven empleo, deben también producir un desarrollo regional compatible con los intereses estratégicos de fortalecer Tierra del Fuego. Las autoridades debieron cumplir con lo que precisaba la Ley: «La posibilidad de establecer una promoción económica por medio de las disposiciones que regulan el tráfico de mercaderías otorgando beneficios especiales, forzosamente condicionada por la existencia de una actividad económica estable y de la posibilidad de hecho de ejercer los controles correspondientes». Aun así, la soberanía política no puede subordinarse al ajuste económico. Si para lograr un déficit cero el gobierno nacional debe desatender los aspectos soberanos de la Nación estaría violando la Constitución Nacional en materia de defensa y seguridad nacional y en especial su Disposición Transitoria Primera que reza: «La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía… constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».

Seguramente, a la par de Tierra del Fuego, el Estado Argentino debería llevar adelante una política que armonice más las economías entre las provincias, teniendo en cuenta aquellas que, por razones vinculadas a su condición de fronterizas, la disponibilidad de los recursos, sus características climáticas y/o las distancias de los grandes centros urbanos, etc., se encuentren más desfavorecidas o expuestas.

Nadie debería asombrarse. Ya se sabía desde la sanción del régimen de excepción que se partía de una discriminación de trato con el resto de las provincias y que todas hacían un importante esfuerzo por acompañar el imprescindible desarrollo de Tierra del Fuego; pero, el que sus gobernantes nacionales y provinciales no hayan cumplido con las expectativas puestas en la iniciativa, no implica que hayan desaparecido las razones que dieron lugar al dictado de la ley. Por el contrario, como hemos visto se han agravado, por lo que no puede ser desactivada por vía indirecta. En todo caso, debieran ser sancionados quienes no estuvieron a la altura de las circunstancias y quienes ―públicos y privados― no entendieron la motivación de fomentar a Tierra del Fuego por razones estratégicas, económicas y sociales.

A la Unión Europea ni a los Estados Unidos se los cuestiona por subsidiar ―entre otras― a su producción agropecuaria. Ni que la Unión Europea subvencionara el desarrollo de España, Italia o Portugal al momento de ingresar a la Comunidad Europea y que al hacerlo ésta acordara el plan de desarrollo y fiscalizara las inversiones. La fortaleza y la integración de Europa estaban atadas a la necesidad de equilibrar las economías y sus capacidades.

Todos los países que pescan a distancia ―pese a las buenas intenciones de la OMC― son subsidiados.

No se construye soberanía con un «Mapa Bicontinental» y no habrá soberanía en la Nación Argentina sino se construye soberanía en Tierra del Fuego, una provincia bisagra de nuestras reivindicaciones sobre los archipiélagos, los mares meridionales del Atlántico Suroccidental, nuestros vínculos con el océano Pacífico y el acceso a la Antártida Argentina.

Como dijimos, se podría cuestionar cómo han utilizado las ventajas impositivas los gobiernos de Tierra del Fuego para el cumplimiento de esos objetivos y a su vez cómo reconvertir su economía; pero el gobierno nacional tampoco ha aportado plan alguno al respecto y, por el contrario, lo agravado con sus erráticas políticas respecto a revertir la situación de ocupación británica de los territorios nacionales.

La Provincia, por ejemplo, no ha efectuado una política pesquera adecuada. No ha industrializado ni agregado valor a esta actividad y no ha iniciado las acciones legales contra las embarcaciones ilegales que pescan en su territorio de Malvinas y Georgias del Sur.

A nuestro juicio, el gobierno nacional debe llevar adelante la reconstrucción y modernización de los puertos de Río Grande y Ushuaia para integrar la Isla Grande de Tierra Grande al continente, facilitando el comercio nacional e internacional, la explotación pesquera, el transporte, la actividad turística y científica con relación a la Antártida. Además de ello, construir una base naval autónoma sin injerencia de terceros países y dotar a Tierra del Fuego de la tecnología más moderna en materia de defensa y científica, direccionando, además, los vuelos de Malvinas a Ushuaia, capital de la Provincia, como principio de administración del territorio usurpado.

Deberían renegociarse las condiciones de mantenimiento del régimen de excepción estableciendo por parte del gobierno de Tierra del Fuego un plan de aplicación de las utilidades al objetivo estratégico explicitado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y un plan de mediano plazo de reconversión de desarrollo productivo e industrial de la Provincia. Por cierto, también llevar adelante un Plan respecto a la Antártida que debilite la relación RUGB-Chile y acordar con éste una política de cooperación en el territorio antártico y en materia científica y turística.

Nada es confusión. Nada es obra de la casualidad o de la ineptitud. Es un plan que bajo pretexto de arcaicas prácticas de libre mercado desmalviniza y desculturaliza la Argentina y despuebla los territorios vinculados con los archipiélagos del Atlántico Suroccidental y la Antártida. Mientras el Reino Unido de Gran Bretaña avanza, avanza.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar

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ARGENTINA, Atlántico Sur

EL COLONIAJE DEL ATLÁNTICO SUR Y LA PESCA

11 mayo, 2025 SAEEG Deja un comentario

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César Augusto Lerena*

Síntesis del coloniaje. El Tratado de Amistad, Libre Comercio y Navegación con el Reino Unido de Gran Bretaña fue firmado en nombre de ese país por Woodbine Parish, cónsul general británico en Buenos Aires, y por parte de las Provincias Unidas por Manuel J. García. En 2019 el gobierno de Mauricio Macri le otorgó al Reino Unido varios bloques de explotación petrolera offshore en el Atlántico Sudoccidental. Los acuerdos sobre ciberseguridad con Londres fueron inaugurados durante el gobierno de Alberto Fernández. El gobierno de Milei nombró a Mariana Plaza como embajadora en Londres, una diplomática que «propone abandonar el reclamo de Malvinas». El gobierno de Javier Milei revalida con el Reino Unido los acuerdos sobre ciberseguridad ―firmados por Alberto Fernández― con la firma de la ministra Patricia Bullrich y su homónimo ingles Dan Jarvis.

Frente a la ausencia de políticas nacionales, la estrategia relativa al Atlántico Suroccidental, a Malvinas, la pesca y los puertos sensibles de la Argentina parece diseñada desde España, el Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB) y Estados Unidos; aunque China también ocupa un papel central. Los profesores de historia de la escuela primaria y secundaria nos hicieron creer que nos habíamos independizado en forma definitiva de la monarquía wspañola el 9 de julio de 1816; un hecho que ya se preanunciaba cuando la Asamblea General Constituyente del 11 de mayo de 1813 aprobaba el Himno Nacional Argentino (la Marcha Patriótica) creada por Vicente López y Planes y Blas Parera que, respecto a la referida Monarquía, le dedicaba las estrofas «al fiero opresor de la Patria, el ibérico altivo león, rendido a las plantas de una nueva y gloriosa nación» dejando de manifiesto la poca simpatía que se le tenía a la madre España; sentimiento que también alcanzaba a Inglaterra que habría de plasmarse ―a propuesta del Diputado de Buenos Aires Pedro Medrano― en la modificación del Juramento del Acta de Independencia, de modo tal que, donde decía «independiente del Rey Fernando VII, sus sucesores y la metrópoli» se añadiría «…y de toda dominación extranjera» para evitar cualquier otra dependencia que, implícitamente estaría destinada a la corona británica, que había pretendido invadirnos en 1806 y 1807. Tanto Blas Parera como Vicente López y Planes eran antimonárquicos y el autor de la letra además de doctor en derecho y diputado, peleó contra los británicos en 1807 como Capitán de Patricios, al igual que lo hiciese Parera como voluntario. En 1813 los patriotas tenían claro, lo que el gobierno argentino en 2025 no tiene: «¿No los veis sobre México y Quito Arrojarse con saña tenaz? ¿Y cuál lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz? ¿No los veis sobre el triste Caracas Luto y llantos, y muerte esparcir? ¿No los veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir? San José, San Lorenzo, Suipacha, Ambas Piedras, Salta y Tucumán, La Colonia y las mismas murallas del tirano en la Banda Oriental son letreros eternos que dicen: Aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la Patria su cerviz orgullosa dobló», rezaba entonces el Himno Nacional. No es posible subordinar la soberanía política y la economía nacional al diseño de intereses extraños. En general, observamos, que las Provincias Unidas del Rio de la Plata firmaron en 1825 con la Corona Británica el Tratado de «Perpetua» Amistad, Comercio y Navegación y, arteramente, pocos años después ―en 1833― nos invadía el territorio nacional de Malvinas y desde esa fecha no ha hecho otra cosa que avanzar en la invasión de nuestros territorios y apropiación de nuestros recursos pesqueros. Por su parte, España reconoció la independencia argentina el 21 de septiembre de 1863 y con ello la soberanía de Malvinas, no obstante, desde ―al menos― 1976 se apropia ilegalmente de nuestros recursos pesqueros en las aguas de Malvinas y los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina en alta mar. El gobierno nacional, como veremos: ausente, obediente o inepto. Ya entrando en detalle, observamos la falta de políticas del gobierno nacional o la ejecución de políticas que benefician a intereses extranjeros y desalientan la inversión y producción pesquera de capital nacional y, muy particularmente, debilitan el control del Atlántico Sur, en especial el área meridional de éste, relacionado a la defensa y seguridad de la Patagonia, el control de la navegación hacia los océanos Pacífico e Índico y el acceso a la Antártida. Ya nos hemos referido al proyecto del gobierno establecido en la «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» que otorgaba libertad total a los buques extranjeros para pescar en la Zona Económica Exclusiva Argentina (César Lerena «Enajenar los bienes del Estado…», 08/02/2024), no descargar sus capturas en los puertos argentinos, utilizar buques de cualquier antigüedad y tripulantes extranjeros; una reforma que naufragó por la presión sectorial y política que, de haberse ejecutado, no solo habría llevado a la quiebra a la industria nacional sino que hubiese atentado contra el único control efectivo que se ejerce en el mar por la presencia permanente de 882 buques habilitados que pescan en la Zona Económica Exclusiva; incluyendo el control de los buques extranjeros que pescan ilegalmente en las aguas de Malvinas con permisos «ilegales» británicos. Pese a haberse desactivado ese «proyecto bananero» idéntico efecto está logrando el gobierno mediante una política económica e impositiva que dificulta, le quita competitividad y rentabilidad a la producción pesquera argentina (César Lerena «La política nacional destruye…», 18/04/25) haciendo inviable la actividad nacional, profundizando la concentración y extranjerización de la pesca, cuyas consecuencias no serán el aumento de dólares exportados ni su valor agregado e incremento de la mano de obra nacional, sino llevar adelante prácticas que favorecerán la evasión, la pesca ilegal, el incremento de la dependencia de la producción nacional a políticas diseñadas fuera del país y el descontrol territorial y marítimo del país. La Argentina destina un 95% de la producción nacional pesquera a la exportación a la Unión Europea, Estados Unidos y los países asiáticos, todos importadores de pescados, langostino y calamar que sufren aranceles a los productos terminados, siendo España, China y Estados Unidos los principales compradores de pescados argentinos. Este último, el tercer comprador de productos argentinos acaba de agregarle un nuevo arancel del 10% a las importaciones desde Argentina, porcentual similar que se aplicaría a países que han rechazado las políticas de ese país, contrario a la posición del gobierno argentino que ha declarado un alineamiento total a Israel y a Estados Unidos y que, además de aceptar ―de hecho― la explotación petrolera de las empresas Rockhopper Exploration (RUGB) y Navitas Petroleum (Israel) en Malvinas; violando la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas y la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, fortaleciendo la ocupación británica en Malvinas y el Atlántico Sur. Por otra parte, el gobierno actual en marzo de 2024 acuerda con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para que éste realice «entre otras actividades no detalladas» tareas de mantenimiento de la red troncal Paraná-Paraguay y del Río de la Plata, cuyo manejo pretende concesionar a 30 años a empresas extranjeras, cuando su administración debiera estar en manos de las provincias a cuya jurisdicción les corresponden los ríos , por donde la Argentina transporta entre otras mercaderías «74 millones de toneladas de carga (lo que representa el 83% de los graneles sólidos y líquidos que exporta Argentina además de 19 millones de toneladas de carga de cabotaje) lo que representa un valor FOB total que supera los US$ 70 mil millones» (Fabian Lugarini, 15/09/2020). Finalmente, mientras los isleños británicos en Malvinas confirman la construcción de un nuevo puerto en el archipiélago que servirá de apoyo a toda la flota pesquera, comercial, de investigación y de transporte en el Atlántico Sur, el gobierno nacional se encamina en forma conjunta con Estados Unidos ―el principal aliado del Reino Unido― a desarrollar una Base Naval en Ushuaia que se destinaría a asiento de submarinos nucleares, en contravención con la Res. 41/11 de las Naciones Unidas que el 27/10/1986 declaró al océano Atlántico Sur, entre África y América del Sur, como «Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur» (ZPCAS) que, entre otras misiones, tenía «la reducción y eventual eliminación de la presencia militar en dicha región, la no introducción de armas nucleares o de otras armas de destrucción masiva y la no extensión a la región de rivalidades y conflictos que le sean ajenos». Complementariamente, esta base tendría por objeto llevar adelante operaciones logísticas en la Antártida, que la Argentina disputa con el Reino Unido y Chile. Situación que no solo debilitará la presencia argentina en el continente antártico, sino también nuestro control de la parte meridional del Atlántico Sur y Malvinas y, como hemos dicho, de los pasos al Pacífico. Nada es casualidad en la política del Reino Unido sobre Argentina y el Atlántico Sur y con el objeto de avanzar en sus políticas energéticas acaba de nombrar a David Cairns, hasta el momento vicepresidente de la anglonoruega Equinor, como nuevo embajador británico en Argentina. Equinor es una empresa petrolera que tiene negocios en Vaca Muerta y el gobierno de Macri le otorgó en 2019 varios bloques de explotación petrolera offshore en las Cuencas Austral (105 y, 106), Malvinas (121 y, 123) y Norte Argentina (100, 102, 108 y 114). Esta última a trescientos kilómetros de Mar del Plata. Todo ello, a pesar de las incompatibilidades que le impone la Ley 26.659 (Solanas) ya que uno de sus directivos prestó servicios a los isleños británicos en Malvinas y sobre las que estamos estudiando respecto a que la referida empresa podría estar aplicando un doble estándar en Argentina relativo a las exigencias y compensaciones de Noruega sobre la sostenibilidad de las especies frente a la contaminación acústica de los estudios sísmicos. Como contracara, la estrategia del gobierno argentino, es claudicante: nombró a Mariana Plaza como embajadora en Londres, una diplomática que «propone abandonar el reclamo de Malvinas» (Augusto Taglioni, La Políticaonline, 23/04/2025). Pero, si faltaba poco, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich ratificó con su par del RUGB Dan Jarvis el «Memorando de Entendimiento» ―firmado por el ex Presidente Fernández― de cooperación entre ambas naciones para «combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad»; algo así como acordar con el zorro el cuidado el gallinero. El RUGB tiene ocupados 1.639.900 Km² de territorio marítimo argentino; se apropia de 250.000 toneladas anuales de recursos pesqueros argentinos de las aguas de Malvinas; nos disputa más de 1.400.000 Km² de plataforma continental más allá de las 200 millas, además de la Antártida Argentina. El RUGB es un invasor que mantiene militarizada Malvinas y nos veta la compra de armas de defensa: no es un país confiable con el que podemos compartir las estrategias de seguridad nacional. Por su parte en la Argentina hay autorizados unos 84 buques que pertenecen a unas 23 empresas nacionales con capitales chinos, muchas de las cuales pertenecen al Estado chino, lo cual resulta un verdadero absurdo, por cuanto todos los años unos 300 buques chinos pescan en forma ilegal los recursos migratorios originados en la Zona Económica Exclusiva Argentina. Además de ello, quién podría asegurar que mediante transbordos en alta mar no se blanquea esta pesca ilegal a través de las empresas nacionales de capital extranjero o, por el contrario, se sub-declaran las capturas. Mientras eso ocurre, gobernadores de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego buscan hacer acuerdos con empresas chinas ―del Estado chino― que pescan ilegalmente los recursos migratorios argentinos en alta mar. Acuerdos que en cualquier caso debieran pasar por el Congreso de la Nación y ciertamente rechazados porque la pesca ilegal no solo afecta el ecosistema sino la economía de las regiones y la Nación. Otro tanto podría darse, con las empresas españolas que pescan en Malvinas o en alta mar. Mientras subsistan empresas nacionales de capital extranjero y buques extranjeros de los mismos capitales pescando en forma ilegal los recursos migratorios en alta mar, los interrogantes mantendrán vigencia. En cualquier caso, el sistema de control imperante es insuficiente, tanto en los controles de procesamiento y stock en tierra como las capturas y desembarcos y, ello, facilita todo tipo de prácticas compatibles con la pesca ilegal. Finalmente, como indica la RevistaPuerto (Karina Fernández, 08/05/2025) «se reunieron en Barcelona (España) más de treinta dueños y CEOs de las empresas con buques tangoneros congeladores y resolvieron que los barcos quedarán amarrados hasta que se alcance un acuerdo de una baja del 30% de los costos de producción (NdA: valores de referencia en relación a los Convenios de Trabajo) con las autoridades laborales y los gremios» dejando en claro: las motivaciones de un ajuste para reducir una rentabilidad negativa del orden del 15%, en qué lugar se toma la decisión y quienes la tomaban. Llama la atención (¿o no?) que una decisión de esta naturaleza se tome fuera del país y también la ausencia del Consejo Federal Pesquero en esta decisión disruptiva, ya que si bien, diría el gobierno «se trata de una cuestión entre privados» no debiera perderse de vista que la explotación pesquera se otorga mediante «concesión» de los recursos pesqueros del Estado Nacional y Provinciales y el país no puede dejar en el mar miles de toneladas de proteínas. Por un lado, esta resolución empresaria podría ser considerada un lockout patronal, aunque el principal responsable sea el gobierno porque la falta de rentabilidad está dada por los altos costos impositivos, el agregado de retenciones y derechos a la extracción que aplica a la actividad y la hace inviable. A días de la revolución de mayo, es hora que las decisiones las tomen los argentinos en la Argentina.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado Presidente de la Fundación Agustina Lerena Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).

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