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EL GOBIERNO PONE EN STAND-BY LA SOBERANÍA ARGENTINA

César Augusto Lerena*

Nos hemos referido en numerosas oportunidades a la ausencia argentina en la administración del Atlántico Sur, la pesca ilegal y a la presencia del Reino Unido de Gran Bretaña en la estratégica área austral controlando el tránsito hacia el Pacífico, el Índico y su proyección a la Antártida. En esta oportunidad reseñaremos las decisiones políticas que está tomando el nuevo gobierno argentino respecto a la administración del troncal fluvial Paraná-Paraguay y el Río de la Plata, perdiendo el control de la principal vía comercial argentina y dificultando una comunicación directa y autónoma fluvial-marítima de Argentina.

Hagamos una pequeña síntesis previa. A instancias de Juan Manuel de Rosas, el general Lucio Mansilla enfrentó a la escuadra anglo-francesa en la batalla de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845, quienes pretendían colonizar nuestro país relacionándose en forma directa con Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Paraguay sin la intervención de Buenos Aires y desconociendo la autoridad de Rosas en las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Se trató de la ofensiva de una importante flota muy superior en cantidad y modernidad a las escasas naves argentinas. Los sucesivos combates que sucedieron a Obligado, como Quebracho, donde el invasor sufrió grandes pérdidas, hicieron desistir de este proceso colonizador, por lo que la gesta de Obligado fue muy importante para la consolidación nacional y un desaliento a aquellos adeptos de las “potencias civilizadoras”. Por tal razón, en 1974 se sancionó la ley 20.770 declarando el 20 de noviembre, “Día de la Soberanía Nacional” que las actuales acciones desdibujan.

Mucha agua pasó bajo el puente, a punto de tener en 1952 una de las flotas mercantes más importantes y modernas del mundo, con un gran desarrollo de los astilleros nacionales, ambos destinados a fortalecer la industria, la navegación y el comercio. Se firmó en 1973 el Tratado del Río de la Plata, donde no solo se finalizaron los conflictos limítrofes con Uruguay, sino que se acordó una “Zona Común de Pesca” en un área de las Zonas Económicas Exclusivas de ambos países; un hito histórico suramericano de explotación y cuidado ambiental entre dos naciones vecinas y entre otros hechos relevantes de protección regional ―a instancias de Brasil― el establecimiento de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur acordada por todos los países de África occidental y de América oriental consolidada en 1986 por la Res. 41/11 de las Naciones Unidas, que tiene entre otros objetivos que “todos los Estados se abstengan de emprender cualquier actividad que pueda crear o agravar situaciones de tensión y de posible conflicto en la región”; por otra parte, en 1994 se promulgó la ley 24.385, donde la Argentina aprobó el Acuerdo de Transporte Fluvial en los ríos Paraguay-Paraná con las Repúblicas de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, que tuvo por objeto la protección, cooperación, autonomía y mejora del comercio regional y demostraba la vocación de resolver el desarrollo regional y el transporte entre los vecinos, sin injerencias extrañas.

Esta vía fluvial es un sistema natural de la Cuenca del Plata, con una extensión de 3.442 km navegables desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Nueva Palmira (Uruguay) y 250 km más hasta el mar. En ella hay 73 puertos argentinos, de los cuales 23 están en Buenos Aires; 1 en Corrientes; 5 en el Chaco, 9 en Entre Ríos, 1 en Formosa, 1 en Misiones y 33 en Santa Fe y navegan en ella, “unos 4.000 buques oceánicos de bandera extranjera que en 2020 transportaron 74 millones de toneladas de carga, lo que representa el 83% de los graneles sólidos y líquidos que exporta Argentina; además, de 19 millones de toneladas de carga de cabotaje. Cada año circulan también 146 mil contenedores, 750 mil vehículos y 320 mil pasajeros, por un valor FOB superior a los 70 mil millones de dólares (Fabián Lugarini, 15/09/2020).

Los aires privatizadores y de atomización de la administración que vivió la Argentina dieron lugar a la sanción en 1992 de la Ley 24.093 de Actividades Portuarias y redujeron en 1995 al Acuerdo de Transporte fluvial en un negocio multimillonario, otorgándose la concesión por diez años del mantenimiento de los citados ríos a cambio del cobro de peajes al consorcio Hidrovía SA formado por la empresa argentina AMEPA y la belga Jan De Nul, la que luego de negociaciones se prorrogó hasta abril del 2021.

En el año 2020 por Res. 307 se creó el Consejo Federal Hidrovía presidido por el ministro de Transporte e integrado por varios funcionarios nacionales y las Provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, además de distintas organizaciones invitadas, sin embargo, con el limitado fin de brindar asesoramiento, coordinar la política y recibir propuestas y si bien en este mismo año se anunció la constitución de Hidrovía Sociedad del Estado con el objeto de gestionar la vía navegable, en noviembre del mismo año el Poder Ejecutivo sancionó el Decreto 949/20, donde nuevamente se promovió una licitación pública nacional e internacional para concesionar el mantenimiento y el cobro de peaje como contraprestación, desvaneciendo toda idea de obtener un mayor protagónico federal de desarrollo regional y estratégico nacional, que promovían ―en otros― el ex ministro de relaciones exteriores y senador Jorge Taina.

En 2021 se sancionó el Decreto 427/21 como producto de la presión de las provincias litoraleñas, los gremios afines y especialistas en la materia, dando lugar a un incipiente y precario proceso de nacionalización de la administración de la vía navegable troncal Paraná-Paraguay, donde se le otorgaba las tareas de mantenimiento de la señalización, dragado y control a la Administración General de Puertos, aunque limitando su responsabilidad hasta quien resulte adjudicatario de la licitación pública autorizada por el Decreto 949/20. Hecho que da lugar al dictado del Decreto 556/21 de creación del Ente Nacional de Control y Gestión de la vía Navegable, con el reducido objeto de cobrar un peaje.

En síntesis, la Argentina sigue sin administrar adecuadamente la vía Paraguay-Paraná.

Por su parte, Uruguay ha controlado el tráfico de buques que ingresan al Río de la Plata desde el Virreinato y profundizado desde el Tratado del Río de la Plata, pese a que el 90% de las embarcaciones tienen como destino o provienen de puertos argentinos; motivo por el cual, resulta central el proyecto de construir el Canal de Navegación Magdalena que, además de los importantísimos efectos económicos, técnicos, operativos y laborales, a la par del desarrollo de la región noreste de la Provincia de Buenos Aires provocaría una mayor autonomía nacional argentina en la navegación y el comercio, por la integración de la navegación fluvial-marítima argentina sin la dependencia del canal de Montevideo. Es decir, un claro proyecto de soberanía nacional. Ello dio lugar a que en 2009 la Prefectura Naval Argentina presentara un proyecto de rectificación del canal principal de navegación, siendo finalmente la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación quien dictó la Disposición 584/13 y, allanada la aprobación de Uruguay, en 2014, ya efectuados todos los estudios pertinentes, se elaboró el proyecto con el que se publicó oficialmente la licitación internacional que finalmente quedó suspendida. El proyecto se reactivó en 2021 con la aprobación del informe final de la Audiencia Pública donde quedó aprobado el procedimiento ambiental exigido por la ley y en 2023 se anunció un nuevo llamado a licitación para la construcción del canal; licitación que quedó- por razones técnicas- postergada.

Las acciones postergadas para llevar adelante una política de soberanía nacional y de desarrollo regional relacionado a estas vías y canales estratégicos se desactivan con la llegada del nuevo gobierno.

Por una parte, el 31 de enero pasado, la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río de la Plata otorgó la aprobación al proyecto de profundización del canal de acceso al Puerto de Montevideo por parte de Uruguay, ahondando la dependencia argentina, sin que a la par se hubiese avanzado en la construcción del canal de Magdalena para equilibrar esta decisión, mientras que, insólitamente, la Canciller Diana Mondino manifiesta ―contrario a la opinión de todos los expertos argentinos― que la autorización “beneficiará a los usuarios de las vías navegables, reducirá costos logísticos e impulsará la competitividad de las exportaciones regionales” (SerIndustria, 31/01/2024); cuestión que Mempo Giardinelli (Página 12, 02/03/2024) entiende como una decisión “absurda, antinacional, abstrusa e inexplicable que deja en manos de compañías extranjeras todo el comercio exterior argentino transportado por el canal de Montevideo” y que, según la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (FIPCA) “la Argentina resignaría 7 mil millones de dólares por año por no construir el Canal Magdalena y seguir dependiendo del Puerto de Montevideo”. Una decisión, que a nuestro entender, trasciende la cuestión económica y operativa y atenta contra la soberanía nacional.

Ahora, la aprobación de la reforma al canal de Montevideo, cuyo puerto está concesionado por 80 años por un conjunto de multinacionales encabezadas por la empresa belga Katoen Naty y donde se viene blanqueando el origen y la pesca ilegal, no solo tendrá consecuencias en el comercio de la vía Paraná-Paraguay, sino también facilitará la logística de buques chinos, taiwaneses, coreanos y españoles que realizan pesca ilegal, tienen tripulantes en situación de esclavitud en alta mar y buques que pescan ilegalmente en Malvinas, fortalecerá la posición China en el Atlántico Sur y la británica en la parte meridional del Atlántico Sur; cuestiones en que la Cancillería argentina no tiene un plan de acuerdos, tanto con Uruguay como Chile, para revertir esta situación y tampoco, con los Estados que pescan a distancia. A la luz de las declaraciones de la Canciller argentina estos acuerdos jamás se habrán de realizar. La soberanía argentina está entre las pautas del libre mercado y competencia.

Complementariamente, el gobierno estaría licitando internacionalmente la administración del Paraná-Paraguay dejando en manos extrañas la administración de la vía fluvial, en lugar de una administración con intervención de las provincias del litoral, con el objeto de promover un desarrollo regional, a partir de la reducción de fletes y transporte de la producción de la zona, etc.

Y si algo falta, para perder la soberanía argentina, el gobernador del Chubut Nacho Torres convoca a realizar tareas de control a una patrulla de Estados Unidos en el mar territorial argentino (Escenario Mundial, vista 14/03/2024) y el reciente acuerdo en la vía fluvial Paraguay-Paraná, de convenir (08/03/2024) con el Ejército de Estados Unidos una colaboración conjunta donde se “involucra al ejército de Estados Unidos en la administración de la Hidrovía” (sic), según indica el Administrador General de Puertos Gastón Alejo Benvenuto, a pesar de que la Argentina tiene en la Armada Nacional, el Ejército Argentino, la Prefectura Naval y otras fuerzas de seguridad e, incluso, las fuerzas navales y de seguridad de los países intervinientes en el Acuerdo de hidrovía Paraguay-Paraná que, según el protocolo adicional sobre seguridad y navegación, tienen las capacidades técnicas y materiales suficientes para controlar las actividades en las aguas marítimas y fluviales de Argentina y los puertos correspondientes; aunque sea frecuente ver amarradas las OPV de la Armada y las patrullas de altura de la Prefectura en la Base Naval de Mar del Plata y otros puertos. Habría que preguntarse si ello no se debe a la posibilidad de que empresas del Estado chino ganen la licitación de la troncal fluvial Paraguay-Paraná o a la construcción y administración de puertos del litoral patagónico por parte de éstas, como se ventila respecto al puerto de Río Grande, en la estratégica área marina austral bajo control del Reino Unido desde Malvinas.

Ambos actos contaron con la presencia del embajador de Estados Unidos en la Argentina Marc Stanley ¿Y la Cancillería Argentina? Ausente.

Esta intromisión de fuerzas extranjeras en aguas argentinas no es facultad del Poder Ejecutivo ni de una Provincia y, mucho menos, de una repartición de tercera categoría como la Administración General de Puertos y,debe, necesariamente, ser autorizada por el Congreso de la Nación, por las prescripciones establecidas en la Constitución Nacional, según el Artículo 75º incisos 10, 15, 16 (proveer a la seguridad de las fronteras), 27 y 28 (permitir la introducción de tropas Extranjeras en el territorio de la Nación) y, el Artículo 99º inciso 3.

Primero fue el DNU, después la Ley Ómnibus, ahora el control del mar argentino y los ríos argentinos con buques extranjeros sin autorización del Congreso. La soberanía en Stand-By.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Web: cesarlerena.com.ar

EL STURZENEGGER POR LA BOCA MUERE

César Augusto Lerena*

Artículo publicado (tapa) por Página 12 el 17 de febrero de 2024.

 

Sturzenegger es, sin dudas, un hombre de la «casta»…

El Poder Ejecutivo retiró el proyecto de ley ómnibus pero no parece dispuesto a renunciar a sus intenciones y cumplirlas por otras vías. Aprovechando la invitación a disertar en un simposio celebrado en Miami, el cerebro del proyecto, Federico Sturzenegger, insistió en mencionar al sector pesquero argentino como un factor negativo. Incluso citó la Ley Federal de Pesca promulgada por el presidente Carlos Menem en 1997.

Dijo Sturzenegger que en lugar de la ley vigente un nuevo régimen «buscaba licitar los permisos de pesca para que el Estado obtenga un mayor beneficio, pero la iniciativa no prosperó en el Congreso debido al lobby de las empresas pesqueras».

En general los proyectos de ley se tratan en las comisiones específicas del Congreso. Respecto a la reforma de pesca, debió tratarse en la Comisión de Intereses Marítimos, cosa que no ocurrió, discutirse y eventualmente aprobarse por los diputados de esa representación. Finalmente, si se logran los consensos adecuados un proyecto puede recibir la media sanción parlamentaria si la mayoría lo aprueba en el recinto.

Cuando son proyectos del Poder Ejecutivo, como este caso, se presentan a defender la propuesta los ministros, secretarios o subsecretarios del área. Cuestión que insólitamente tampoco sucedió. En varios escritos insté al secretario de Bioeconomía Fernando Vilella y al subsecretario de Pesca José Antonio López Cazorla a que dieran su opinión. Ante su silencio lo mejor fue aplicar aquel proverbio que dice que «hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño». Y apareció. Se llama Federico Sturzenegger. Queda claro porque fue uno de los temas que eligió para su exposición en el Miami Herbert Business School.

¿A qué economista se le ocurriría hablar en un foro de esta naturaleza sobre un tema tan complejo ajeno a su especialidad y a la de la universidad que lo convocó si no fuese porque se trata del autor del proyecto seriamente cuestionado por todo el arco político, empresario, gremial y técnico, a punto tal que debió ser retirado de la ley ómnibus?

Hay cierta egolatría en los autores de los textos ―aun los malos― y es frecuente que el pez por la boca muera cuando no dispone de argumentos sólidos.

Es el caso de este profesor que, entre otras cosas, indicó: «La Argentina tiene un mar lleno de peces (donde) hay unas pocas empresas que pescan gratis los peces de todos nosotros, de lobbies y de un adormecimiento de la sociedad durante cincuenta años (…) un régimen de pesca con un origen muy militar (…). No hay derechos de propiedad en el mar, el gobierno da la autorización para pescar a alguien y cobra por eso. En Argentina se cobra un 0,15 por ciento. O sea, es gratis. Cuando uno lee la ley de pesca se da cuenta de que los militares lo que querían eran barcos (y) decían: hacéme un barco y yo te regalo la pesca (…). Luego se armó un sistema donde a aquel que tenía la pesca se le mantuvieron los privilegios. Nosotros quisimos plantear que esos permisos de pesca se tenían que licitar (y) no conseguimos ningún voto». Los textuales están tomados de la Revista Puerto del 14 de febrero último.

El proyecto viola la Constitución Nacional y el artículo 25º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Civiles y Políticos (16/12/1966) porque «menoscaba el derecho inherente de los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente de sus riquezas y recursos naturales» y por ello, seguramente, no obtuvo ni un solo voto en el Congreso.

Sturzenegger es, sin dudas, un hombre de la «casta» y es llamativo que no hubiese planteado antes que «la pesca es un negocio de unos pocos» ya que fue secretario de Política Económica con Fernando de la Rúa en 2001, presidente del Banco Ciudad (2008-2013), diputado nacional (2013-2015) y presidente del Banco Central (2015-2018). No podría decirse que no era un hombre informado, ya que fue considerado «el segundo economista académico residente en Argentina con mayor impacto en la ciencia económica» (Ranking IDEAS). Aunque, sería bueno recordar también que según CEPA «la política monetaria del organismo conducido por Sturzenegger le costó al Estado unos 1,2 billones de pesos, y el déficit fiscal del 2017 fue el tercero más alto de la historia». Sturzenegger no tiene ningún antecedente en una actividad productiva. Tampoco en la pesca.

No siendo funcionario del gobierno actual, es evidente que Sturzenegger se expresa en su calidad de autor del proyecto en estas charlas de difusión popular. Pero de la lectura de la reforma que propone no solo se desprende que no conoce la industria pesquera. También surge que está promoviendo un pésimo proyecto económico y un modelo depredador que ha sido dejado de lado hace treinta años por las administraciones pesqueras más desarrolladas y modernas del mundo. Por lo cual, si realizó los mismos comentarios que hizo en Miami en la Fundación de Rockefeller de la Universidad de Harvard, en la Universidad de San Andrés y en la Universidad HEC de París, la información que difunde es como mínimo errónea e incompleta. Además, desalienta seriamente las inversiones en esta materia en la Argentina y daña severamente a la industria argentina de capital nacional o extranjero radicada en el país. Esa industria compite en el mercado internacional con las reglas de éste. Lo hace incluso bajo las políticas poco competitivas de distintos gobiernos, entre otros el que lo tuvo a Sturzenegger como funcionario jerarquizado y esencial en la política monetaria.

Llama la atención, también, que Sturzenegger se refiera al negocio de pocos y a los lobbies, ya que si de ello se hubiese enterado recién en diciembre pasado habría que preguntarse por qué el gobierno actual designó como subsecretario de Pesca al citado López Cazorla que ha sido miembro del Consejo Federal Pesquero desde el 2006 a 2019 y, por tanto, directamente responsable de establecer la política pesquera, de aprobar permisos, cuotas y autorizaciones de captura y de fijar los valores de los derechos de captura a las empresas. En ese período Sturzenegger era presidente del Banco Central.

Por otra parte, el mar no está lleno de peces que puedan capturarse, como dijo en Miami. Las «capturas máximas sostenibles» las determinan el Instituto Nacional de Investigación (INIDEP) y el citado Consejo Federal, de modo tal que la máxima explotación posible sin dañar el ecosistema se distribuya en unos 520 buques también habilitados por este Consejo. El otorgamiento de cuotas y autorizaciones se realiza mediante una serie de exigencias definidas en los artículos 26º y 27º de la Ley 24.922 que el proyecto de Sturzenegger precisamente desnaturalizó.

La intención de Sturzenegger es que el simple pago de un canon permitiese a buques extranjeros el acceso a la Zona Económica Exclusiva. Quiere allanarles el mar a estas flotas, que hubiesen podido tener cualquier antigüedad y utilizar solamente mano de obra extranjera. Y además, y muy importante, podrían desembarcar en cualquier puerto extranjero e incluso efectuar transbordos en el mar, procedimiento que la FAO considera una de las primeras causales de la pesca ilegal.

La mayoría de los buques que pescan a distancia, contrariando a la Organización Mundial de Comercio, lo hacen subsidiados. No pagan aranceles en sus países y realizan la pesca con trabajo esclavo. Incluso pescan a pérdida, porque vienen por la más importante proteína de origen animal.

El proyecto de Sturzenegger atrasa 30 años. La captura extranjera llevaría a cambiar el sistema de cuotificación implementado en la Argentina en 2008 por imperio de la Ley 24.922 sancionada en 1998 y no en el gobierno militar como refiere. El sistema quedaría reemplazado mediante la extracción por «pesca olímpica», un método descartado en el mundo. Se repetiría el error cometido en 1986 con los Acuerdos con la URSS-Bulgaria y en 1994 con la Unión Europea. Éste último acuerdo produjo una depredación sin precedentes. Su denuncia fue muy dificultosa por la asimetría económica y comercial entre los países partes. En ambos casos los acuerdos se limitaron a la captura de supuestos excedentes y no al total del stock pesquero que plantea el proyecto.

Todo ello, que omitió decir Sturzenegger en su charla de Miami, hubiese producido el más absoluto descontrol de la pesca y la consecuente depredación en el Atlántico Sur. La caída de las exportaciones pesqueras argentinas. La quiebra del sector con la consiguiente desocupación y el éxodo de las poblaciones portuarias de la Patagonia. Un procedimiento de apertura del mar argentino a flotas extranjeras que no tiene antecedente en ningún país desarrollado. Tampoco en los Estados Unidos, donde Sturzenegger dio su charla. Solo se aplica en Costa Rica, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, la República Dominicana y algunos países africanos, que no tienen desarrollada su flota, su industria ni sus mercados pesqueros.

Sturzenegger desconoce que el sistema de licitación fue desechado en todos los países del mundo desarrollado por ineficaz para promover una pesca sostenible, sustentable y estable en los Estados ribereños. La pesca no es la construcción de una ruta. Requiere previsibilidad y tiempo. Chile es el único país que «licita internamente» el 15 por ciento de sus cuotas y lo hizo mediante una negociación para promover el interés de nuevos actores a cambio de otorgar a los empresarios cuotas de pesca por veinte años con opción a otros veinte.

Referirse a que «Una posibilidad de éxito se basa en empobrecer a aquellos que empobrecen al pueblo, buscar mecanismos para restarles esos recursos, porque esos recursos van a ser usados como mecanismo de bloqueo a cualquier proceso de reforma», es incalificable. En este proyecto hubo intencionalidad, perversidad, audacia y desprecio por la industria nacional. No puede dejarse en estas manos el diseño de políticas que llevarían a la destrucción de un sector productivo, generador de pueblos e industrias en el litoral marítimo patagónico con la más baja densidad poblacional del país. Pero también afecta la industria pesquera de Mar del Plata, donde se desembarca el 50 por ciento de las capturas nacionales.

Sturzenegger también omitió hablar de la derogación del art. 27 bis (la Ley 26.386) que abriría el mar argentino a los buques que pescan en forma ilegal en Malvinas, violando la Constitución Nacional.

La Ley de Pesca debe reformarse en la mayoría de los artículos, pero absolutamente en ninguno de los propuestos por el animador de la ley ómnibus. Sturzenegger debería haberse ocupado en determinar cuál es el valor sustentable de los derechos de captura y por qué el Consejo Federal no habría establecido desde 1998 a la fecha. Debió conocer si todos los buques cuentan con la habilitación legal y cuál es el resultado del Informe de la Auditoría de la UBA. Por qué motivo los fondos provenientes del cobro de derechos de captura en la Zona Económica Exclusiva no son distribuidos adecuadamente para solventar el total de gastos del Estado en investigación y control. Por qué existe concentración en la actividad. Cuáles son las razones por las cuales tratándose de recursos de dominio del Estado se negocian las transferencias entre privados y por el contrario la reforma eliminaba la intervención de la Autoridad de Aplicación; por qué motivo el gobierno no ha iniciado acciones a los buques extranjeros que pescan en Malvinas; por qué se siguen admitiendo los descartes que permitirían alimentar a tres millones de niños por día. Por qué no se ha actuado sobre los Estados de la flota extranjera que pesca los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva.

«Un Estado sin pesca nada puede sobre la mar», escribió Manuel Belgrano. En el siglo XIX ya tenía ideas más claras que el disertante de Miami.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena. www.cesarlerena.com.ar

EXPORTACIÓN DEL GANADO EN PIE, LEY DE TIERRAS Y EXTRANJERIZACIÓN DEL MAR ARGENTINO

César Augusto Lerena*

El presente artículo fue publicado por Página 12 el 12 de enero 2024.

 

Los funcionarios siguen sin entender que vivimos en un Estado Marítimo. La Argentina bicontinental (que incluye la Antártida) tiene 3.757.314 km2; mientras que la superficie marítima, insular, la plataforma continental extendida y las aguas de la Antártida alcanzan a los 8.029.842 km2; es decir, un espacio muchísimo más amplio que el territorio continental.

Nos sorprende la Ley Ómnibus “Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos” respecto al Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922), cuando se extranjeriza la explotación del mar argentino. Es como extranjerizar la explotación del 68% del territorio nacional. Sin dejar de tener en cuenta que esto se haría en un escenario donde la Argentina tiene invadido y/o en disputa con el Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB) un 68,5% de su territorio marítimo e insular, unos 5.497.178 Km2, lo que coloca a esta decisión en una situación de extrema gravedad geopolítica, sin contar, los demás efectos económicos y sociales que detallamos en distintos artículos escritos sobre el tema.

Deberíamos preguntarnos qué han querido lograr los autores de este proyecto al abrir el mar a buques extranjeros, como lo hacen unos pocos países pobres del mundo, como Cuba, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, la República Dominicana y algunos países africanos, que no tienen desarrollada su flota, su industria pesquera ni los mercados que tiene la Argentina.

Es muy grave, ya que además de abrir el mar a la pesca extranjera se admite que no será necesario a esa flota desembarcar las capturas en puertos argentinos; consecuentemente, no se industrializarían las capturas ni le agregarían valor; autoriza también a no utilizar tripulación argentina y podrían usarse buques de cualquier antigüedad; es decir, se dan todas las condiciones para que los buques extranjeros extraigan y no efectúen elaboración de ninguna naturaleza ni pago de tasas, impuestos, retenciones, etc., y en los hechos la Argentina no controle nada porque no tiene forma ni capacidad de hacerlo, acrecentado la ya conocida pesca ilegal, motivo por el cual, parecería que el Estado se conformaría con la venta de licencias al mejor postor, licitaciones que seguramente ganarán los buques extranjeros ya que operan subsidiados, hacen transbordo en el mar, no pagan aranceles al regreso a sus países de origen, su tripulación trabaja con regímenes esclavos y no abonarán los impuestos, tasas y retenciones de Argentina. Igual procedimiento primitivo que el de licitar las licencias de pesca que utiliza el RUGB en las islas Malvinas; asimilable, a la venta de ganado en pie que la Argentina realizaba en el siglo XIX, donde se vendían animales a los mercados transatlánticos, sin ningún tipo de proceso industrial ni ocupación de mano de obra; claro está, que eso ocurría en un contexto donde la mano de obra preparada era escasa y la carencia de tecnología provocaba ciertas limitaciones a los bienes vendidos a compradores de Europa y Estados Unidos, cuestión que podía darse en esos años, pero vender hacienda en pie en la actualidad significa un retroceso fenomenal e injustificado, regalándole a los países desarrollados la mano de obra, pese a que hoy la Argentina tiene en la actividad pesquera un recurso humano calificado, tecnología, infraestructura y la flota necesaria, además de conocer el mercado y competir en él, a pesar de no ser quien fija los precios en el mundo y en muchos casos ingresando a mercados protegidos.

Esta práctica de que buques extranjeros pesquen en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) no solo no se admite sino que se reprime en todo el mundo. A no ser de que se trate de capturar especies excedentarias, es decir, aquellas que no son capturadas por razones comerciales por los Estados ribereños; que no es el caso de Argentina, donde capturan todos los recursos disponibles, con las limitaciones impuestas por el INIDEP para asegurar la sostenibilidad de las especies. ¿Podría mejorarse la eficiencia, distribución y el valor agregado? Si, pero como ya hemos dicho, no depende solo de las empresas sino también de que los gobiernos cumplan su rol, a través de sus delegaciones diplomáticas, de buscar acuerdos internacionales. Tomar contacto con el mundo, generar empatía, confianza e interés en proyectos serios de cooperación y explotación equitativa, dentro del marco de la ley argentina y de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

El proyecto del gobierno es vender ganado en pie al mundo igual que el RUGB en Malvinas.

¿Raro no? Porque este proyecto también les permitiría a los británicos hacerse de todos los recursos del resto del mar argentino por unas monedas. Una guerra ganada a los argentinos sin tirar un solo tiro. Nada podría salir tan mal “Ni el tiro del final te va a salir”. Ampliaremos en un próximo artículo sobre este tópico.

Muy raro también es que junto a esta extranjerización del 68% del territorio nacional se propicie la derogación de la Ley 26.737 “del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales” (Ley de Tierras) sancionada en 2011. Se dejaría sin efecto una ley que se aplica a todas las tierras rurales ubicadas fuera del ejido urbano y que tiene por objeto ―entre otros― “Regular, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales, cualquiera sea su destino de uso o producción», donde se establecen una serie de condiciones y límites al dominio extranjero sobre la propiedad o posesión de las tierra rurales, entendiendo a los efectos de la ley, «como titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales, toda adquisición, transferencia, cesión de derechos posesorios, cualquiera sea la forma, denominación que le impongan las partes, y extensión temporal de los mismos…», aunque es conocida la vulnerabilidad de la ley, que ha sido violada reiteradamente a través de distintos artilugios, algunos de las cuales, incluso ya se indican en el artículo 6º de la ley: «Queda prohibida toda interposición de personas físicas de nacionalidad argentina, o de personas jurídicas constituidas en nuestro país, a los fines de configurar una titularidad nacional figurada para infringir las previsiones de esta ley. Ello se considerará una simulación ilícita y fraudulenta».

“Más de 14 millones de Has. de tierras rurales estarían en manos extranjeras. La ley establece que no pueden estar en manos extranjeras más del 15% de los territorios nacionales, provinciales o municipales; sin embargo, pese a la ley que se pretende derogar, más de treinta distritos tendrían la mitad de su territorio en manos extranjeras”.

Y, entre otras tantas limitaciones al dominio extranjero que omito por razones administrativas, no puedo dejar pasar lo que indica el artículo 10º «…se prohíbe la titularidad o posesión de los siguientes inmuebles por parte de las personas extranjeras…los que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes y, los inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera…», que obviamente, al igual que en el mar, sería inadmisible la apropiación extranjera de espacios fronterizos.

Si a esto le agregamos que la explotación de los principales recursos naturales (petróleo, gas, minerales, etc.) y gran parte de los servicios están extranjerizados, sumado a la monumental deuda que tiene la Argentina y su extrema pobreza, nos hace seriamente pensar que nos estamos alejando seriamente de la declaración de Tucumán del 9 de julio de 1816 que rezaba: “Nos los representantes de las Provincias Unidas en Sud América, reunidos en congreso general…declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable de estas Provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando séptimo, sus sucesores y metrópoli”; declaración que se complementase diez días después: “y de toda otra dominación extranjera”.

Y nos preguntamos si, bajo el pretexto de mejorar nuestra economía, mañana no llegará también la hora de expropiar las tierras rurales de propiedad privada, bajo pretexto de considerarlas improductivas o ineficientemente explotadas y de interés público. El valor de un buque de pesca equivale al precio de miles de hectáreas del mejor precio de la “Pampa Húmeda”. ¿Porque dejar en manos de unos pocos ilustrados, detrás de un escritorio, el destino de la actividad productiva marítima o continental nacional?

La Independencia no se hizo para cambiar de amo sino para emancipar los pueblos” (Carlos Ciappina); así ya lo entendieron los héroes de la independencia y así lo entendió el Gral. José de San Martín “Libertador y Padre de la Patria”, ganador en las batallas de Chacabuco y Maipú para emancipar Chile; Fundador de la Libertad y de la República del Perú, como para que ahora los argentinos amainemos ante el primer ruido. Las conquistas ya no se hacen solo con la ocupación armada de los territorios sino con la apropiación y explotación de las riquezas y el debilitamiento del aparato productivo nacional. La emancipación no se logra solamente resolviendo los problemas económicos, con la urgencia de sanear las deudas enajenando el patrimonio nacional, sino poniendo a todas las fuerzas productivas de la gente a explotar los recursos del mar y el continente argentino. Cuantos más extraños se lleven nuestras riquezas, más lejos estaremos de la independencia que soñaron nuestros antecesores y, los cientos de miles de inmigrantes, que vinieron a esta tierra en búsqueda de la felicidad y prosperidad soñada.

Ambas leyes, la de la reforma de la ley 24.922 y la derogación de la ley 26.737 de tierras, van en contra de una nación independiente, capaz de explotar sus potencialidades y avanzar hacia un mañana mejor “para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres que quieran habitar en el suelo argentino”, respetando nuestros hábitos y costumbres y, muy especialmente nuestra autonomía como nación soberana.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Web: cesarlerena.com.ar.