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AMÉRICA LATINA Y LOS DESAFÍOS PARA UNA VERDADERA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y ECONÓMICA

Giancarlo Elia Valori*

América Latina —y sus países centrales, a saber, Brasil, Argentina y México— se ha convertido en una región de alto valor estratégico mundial debido a su vasto territorio, abundantes recursos, gran desarrollo económico, posición geográfica única y activo papel en la gobernanza global y regional.

Factores como la historia, la geografía y la realidad, combinados con la complejidad de las lógicas políticas internas de la región, han convertido una vez más a América Latina en un lugar donde las grandes potencias prestan atención y juegan sus juegos.

La cooperación de América Latina con las potencias “externas” se ha vuelto cada vez más estrecha, lo que ha dado lugar a sospechas infundadas y provocaciones maliciosas entre los países de la región en cuestión. Lo que molesta a los “demócratas” y a los “liberales” es la presencia en la zona de países sin un pasado colonialista y explotador.

Históricamente, América Latina y el Caribe fueron el lugar codiciado de varias fuerzas occidentales. Desde la independencia de los países latinoamericanos, e incluso hoy, grandes países dentro y fuera de la región han competido en este ámbito.

La complejidad y la incertidumbre de la actual situación política y económica mundial en América Latina están detrás de la competencia entre las principales potencias en geopolítica y las relaciones internacionales.

Las vastas tierras y recursos de América Latina están vinculados a la seguridad alimentaria mundial, al suministro de productos agrícolas y ganaderos y a la seguridad energética. Es un importante “proveedor de productos” que no se puede descuidar.

América Latina tiene una enorme superficie de más de 20 millones de kilómetros cuadrados, que abarca cuatro subregiones de América del Norte (México), el Caribe, América Central y América del Sur, con 33 países independientes y algunas regiones que aún no son independientes, ya que están ligadas a la carga del viejo mundo liberal-colonialista.

América Latina está bendecida con condiciones naturales favorables. Por ejemplo, se ha convertido en un conocido “granero” y “proveedor de carne” debido a su fértil tierra cultivable y abundantes pastos. Es un área importante para la producción de otros bienes agrícolas y ganaderos. Al mismo tiempo, otros países de la región tienen enormes reservas de recursos naturales como petróleo y gas, mineral de hierro, cobre y bosques, y se han convertido en importantes proveedores mundiales de materiales estratégicos.

En segundo lugar, la región latinoamericana tiene un nivel relativamente alto de desarrollo económico y ha reunido a una serie de importantes economías emergentes, un importante mercado mundial que no puede ser ignorado.

La región latinoamericana desempeña un papel importante en la economía mundial. Brasil y México no sólo son las dos economías más grandes de América Latina, sino también se encuentran entre las 15 principales de la economía mundial.

Al mismo tiempo, cálculos recientes sobre 183 países (regiones) con datos completos del Banco Mundial y estudios conexos muestran que el grupo formado por Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, etc., ha entrado en el ranking de los “30 mercados emergentes” (E30) en todo el mundo. Según las estadísticas del Banco Mundial, el producto interno bruto (PIB) de América Latina en 2018 fue de unos 5,78 billones de dólares y el PIB per cápita superó los 9.000 dólares. Con la excepción de algunos, la mayoría de los países de América Latina son de ingresos medios y algunos han entrado en el ranking de altos ingresos.

Por lo tanto, América Latina se ha convertido en un gran mercado de consumo que no puede ser ignorado debido a su nivel relativamente alto de desarrollo económico, alto ingreso per cápita y una población de más de 640 millones de personas.

De hecho, América Latina, como región con un alto grado de libertad económica y apertura comercial, ha estado estrechamente relacionada con las economías de otras regiones del mundo a través de diversos acuerdos, iniciativas y mecanismos de libre comercio, bilaterales y multilaterales.

En tercer lugar, la posición geográfica única de América Latina tiene un impacto significativo en el comercio mundial, el transporte marítimo y el cambio climático.

América Latina está situada entre dos océanos. Algunos países limitan con el Pacífico, con el Atlántico, o incluso están bañados por ambos océanos. Esta posición especial otorga a la región latinoamericana la ventaja geográfica de lograr una “cooperación transpacífica” con la región asiática o construir un vínculo de “cooperación transatlántica” con la región europea. Gracias al canal de Panamá, es el centro fundamental para el comercio mundial.

Además de su relevancia estratégica para la seguridad alimentaria y la producción de energía limpia, la selva amazónica, conocida como uno de los “pulmones de la Tierra”, tiene una superficie de más de seis millones de kilómetros cuadrados, que representa alrededor del 50% de la selva tropical mundial. El 20% de la superficie forestal mundial y los vastos recursos que cubren nueve países de América Latina se han convertido en uno de los factores más importantes que influyen en el cambio climático mundial.

Por último, como actor activo en el ámbito político y económico internacional y regional, América Latina es una nueva fuerza decisiva que no puede ser descuidada en el campo de la gobernanza global y regional.

En primer lugar, como miembros de organizaciones como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los principales países latinoamericanos participan y son creadores de normas internacionales.

Además, estos países deben ser considerados desde otros aspectos y puntos de vista del multilateralismo.

Los principales países latinoamericanos, particularmente las potencias regionales, como Brasil, México y Argentina, son miembros del G20. Brasil pertenece tanto al BRICS como a BASIC. México, Chile y Perú están dentro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). México, Perú y Chile son miembros del Acuerdo Integral y Progresista para la Asociación Transpacífico (CPTPP), mientras que México y Chile son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Están desempeñando un papel insustituible en la respuesta a la crisis económica y en la promoción de la reforma de los mecanismos de gobernanza mundial; en la promoción de la celebración de importantes acuerdos sobre el cambio climático mundial; en el avance de la cooperación económica entre las distintas regiones; en el liderazgo de la “cooperación Sur-Sur” entre los países en desarrollo y en la celebración de un diálogo sobre las principales cuestiones actuales (oposición al unilateralismo, proteccionismo, protección del multilateralismo, etc.).

También hay que decir que los países latinoamericanos naturalmente también están activos en organizaciones e instituciones regionales —como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), etc.—, para poder participar directamente y tratar de oponerse al hegemonismo estadounidense.

Dentro de la región latinoamericana, estos países iniciaron primero un proceso de cooperación e integración y más tarde establecieron varias organizaciones subregionales —como el Mercosur (Mercado Común del Sur-Mercado Comum do Sul) y la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Chile y Perú— para cooperar con otras regiones del mundo y sacudirse de la desafortunada definición de “patio trasero de América”.

Ubicados en el hemisferio occidental, donde la conocida superpotencia está presente, los países latinoamericanos han estado profundamente influenciados por los Estados Unidos en la política, la economía, la sociedad y la cultura.

En 1823, los Estados Unidos apoyaron la Doctrina Monroe y expulsaron a los países europeos de América Latina con el lema “América para los americanos”, convirtiéndose así en los maestros del hemisferio occidental.

La Doctrina Monroe también se convirtió en un pretexto para que los Estados Unidos interfirieran en los asuntos internos y la diplomacia de los países latinoamericanos.

En 2013, 190 años después de la declaración antes mencionada, los Estados Unidos declararon públicamente que la era de la Doctrina Monroe había terminado y enfatizaron la relación en igualdad de condiciones y la responsabilidad compartida entre los Estados Unidos y América Latina.

Sin embargo, la actual política latinoamericana demuestra una vez más que el fin de la llamada era de la “Doctrina Monroe” no es más que un mito.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. El Señor Valori ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción. 

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LAS RAZONES BIOLÓGICAS Y RELATIVAS A LOS RECURSOS NATURALES QUE DAN SUSTENTO A LA DENUNCIA DE TODOS LOS ACUERDOS MARÍTIMOS Y PESQUEROS

César Augusto Lerena*

La armada anglo-francesa fuerza su paso a través de la Vuelta de Obligado
De Manuel Larravide (1871-1910), Enciclopedia Historia Argentina.

Por medio de la Ley 20.770, se instauró el 20 de noviembre como Día de la Soberanía, en conmemoración de la batalla de Vuelta de Obligado ocurrida en 1845. Si la Argentina pretende pasar de los dichos a los hechos e iniciar el camino de recuperación de la soberanía, cumpliendo con la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional: Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional (…) constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, debiera derogar, rechazar o declarar finalizados los Tratados, Acuerdos, Convenios, Pactos u Hojas de Ruta —todos indecoroso/as— que se oponen a ello. Incluyo dentro de éstos los Acuerdos de Madrid (1989/90), el Convenio suscripto en Londres en 1990 con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para “La Promoción y la Protección de Inversiones en la Argentina” sancionado por Ley 24.184 (1992); el Acuerdo de Nueva York sancionado por la Ley 25.290 (1995); el Pacto de Foradori-Duncan (el martes 13 de septiembre de 2016); el Convenio propiciado por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) y el Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto (2009).

A todos los argumentos políticos, jurídicos, económicos y militares que justifican plenamente la derogación de los Acuerdos y Convenios citados precedentemente, debemos agregar como central la 50ª sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones en la que se dictó la Res. 41/11 el 27 de octubre de 1986 donde se declaró al Océano Atlántico, en la región entre África y América del Sur, como Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (ZPCAS) y se exhortó a todos los Estados de esta área a promover una mayor cooperación regional, entre otras, para el desarrollo económico y social; la protección del medio ambiente; la conservación de los recursos vivos y, la paz y seguridad de toda la región” a la par de impulsar la desmilitarización del Atlántico Sur y la eliminación de las armas atómicas.

Entiendo que resultan fundamentales para promover esas denuncias, tener muy presentes las cuestiones relativas al cuidado del ambiente marino, el ecosistema, el transporte y la explotación de los recursos migratorios originarios en la Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE) Argentina en el área de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) y más allá de las 200 millas en la alta mar que se ven afectados por los Acuerdos etc. que se propicia derogar.

Sobre la denuncia de los Acuerdos de Madrid y del Convenio de protección de las inversiones británicas en la Argentina ya me he referido en extenso (Lerena, César “El Pre-acuerdo de la Canciller Malcorra y los Acuerdos de Madrid de Cavallo”, 16/9/1916; “El oscuro Tratado de Madrid”, 2/4/2019; “El gobierno debe ‘declarar finalizadas’ las Declaraciones Conjuntas de Madrid”, 25/6/2020; “Las Innombrables Declaraciones de Madrid, 8/9/2020; “La Denuncia del Convenio de Promoción y Protección de las Inversiones del Reino Unido de Gran Bretaña en la Argentina, 7/10/2020).

Para ello, deberíamos tener en cuenta, en primer lugar, que las capturas con licencias ilegales británicas en las aguas del área de Malvinas o, fuera de éstas, afectan al Ecosistema, que debe ser considerado integralmente como indica la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR), por lo tanto, atentan contra el “Rendimiento Máximo Sostenible” establecido en forma anual por el INIDEP para la explotación y preservación de la economía trófica de los recursos pesqueros en la ZEE Argentina.

Los buques extranjeros que capturan sin control en la alta mar rompen el ciclo biológico, ya que —ecológicamente— es necesario asegurar el regreso del recurso a la ZEE donde realiza su etapa biológica más importante y, como bien refiere el Código de Conducta para la Pesca Responsable (Art. 6º inc. 6.5, 6.8, 6.9 y 6.18), respecto a la Ordenación Pesquera, los Estados deben aplicar el Criterio de Precaución en la conservación y la explotación de los recursos, teniendo en cuenta, el hábitat crítico, las zonas de cría y desove. El caso del calamar patagónico (Illex argentinus) es un ejemplo típico, ya que inicia su ciclo de vida anual en el área continental de la ZEE Argentina, migra al área de Malvinas y de alta mar y regresa al área original del ciclo, por lo cual, su captura sin control en Malvinas y en alta mar no solo dificulta su sostenibilidad sino que —vinculada su ecología trófica a otras especies y actuando como depredador o presa— afecta al total de las especies con las que interactúa en el ecosistema y, en la Argentina, muy especialmente a la merluza, especie central en la generación de industrias y empleo. Ello se ratifica en los propios considerandos del Acuerdo de Nueva York donde destaca que la depredación se produce por la pesca de alta Mar: “…algunos recursos se están explotando en exceso…”.

Se debe tener en cuenta, en segundo lugar, que las Organizaciones Regionales o subregionales de Ordenamiento Pesquero (en adelante OROP) y su integración por parte de Estados de Bandera supone la resignación de Argentina a la administración de los recursos pesqueros en todo el Atlántico Sudoccidental (por la composición mayoritaria en las OROP de Estados de Bandera sobre los ribereños), no solo en la alta mar sobre sus recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina, sino también dentro de ésta, conforme las normas de la CONVEMAR y las correspondientes al denominado Acuerdo de Nueva York (“las Poblaciones de Peces transzonales y altamente migratorios dentro y fuera de las Zonas Económicas Exclusivas”).

El Acuerdo de Nueva York es un engendro técnico que intenta hacerse de la administración del mar por parte de Estados de Bandera (contrario a la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” que promueve la explotación del Atlántico Sur por parte de los países con ZEE en éste) y quitar o limitar las facultades soberanas de los Estados ribereños sobre la regulación de sus recursos pesqueros. Crea las OROP, organizaciones mayoritariamente integradas por Estados Banderas, que se constituyen en administradores que minimizan y dificultan las negociaciones directas entre Estados o empresas. Todo ello agravado, porque muchos de los principales Estados de Bandera (China, España, Corea del Sur, Taiwán, Japón, Reino Unido, etc.) que pescan en alta mar en el Atlántico Sur, subsidian con 35.000 millones de dólares (2019) las operaciones de captura; una cifra que representa el 35% del monto total mundial producido, lo que demuestra la vocación de estos países de hacerse de los recursos pesqueros, incluso a pérdida, contrario a todas las políticas de comercio de la OMC.

Por las reglas de la CONVEMAR y muy especialmente por la forma en que se pretende regular la pesca de la alta mar en el Acuerdo de Nueva York, se deja de manifiesto la clara intención de los Estados de Bandera (en su mayoría países desarrollados que pescan a distancia) de quedarse con los recursos de los Estados ribereños, de otro modo no podría entenderse que aquellos recursos que son de dominio de éstos en la ZEE, por el solo hecho de pasar la línea imaginaria de las 200 millas, puedan pescarlos terceros países y, aún peor, que los Estados de Bandera incidan sobre la administración de los recursos en la ZEE. Este criterio rompe con el más elemental modelo biológico y de sostenibilidad de las especies.

La Argentina en 1995 al ratificar la CONVEMAR efectuó algunas declaraciones al respecto (Ley 24.543 art. 2º inc. c): “…El gobierno argentino, teniendo presente su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su ZEE y en el área de Alta Mar adyacente a ella, considera que de acuerdo con las disposiciones de la Convención cuando la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la ZEE y en el área de la Alta Mar adyacente a ella, la Argentina, como Estado ribereño, y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente a su ZEE deben acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones o especies asociadas en la alta mar. Independientemente de ello, el gobierno argentino interpreta que, para cumplir con la obligación que establece la Convención sobre preservación de los recursos vivos en su ZEE y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin”, con lo cual la Argentina ha dejado clara su vocación de acordar las capturas en forma directa cuando existan poblaciones excedentarias.

Monumento a la Batalla de la Vuelta de Obligado, San Pedro, Provincia de Buenos Aires.

En tercer lugar, del total de 3.146.345 km2 de la ZEE Argentina el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante el Reino Unido) ocupa un territorio marítimo argentino aproximado a los 1.639.900 km2 alrededor de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, según los espacios unilateral y arbitrariamente establecidos por el Reino Unido como “Zona de Administración y Conservación interina Pesquera” (FICZ para los británicos); “Zona Exterior de Conservación Pesquera” (FOCZ para los británicos) ambas alrededor de Malvinas; el Área de reserva ecológica alrededor de las Georgias del Sur y Sándwich del Sur y el GAP, de 1.900 km2 en el área nordeste de Malvinas. Es decir que a pesar de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas y de los Acuerdos que se solicita denunciar, el Reino Unido ha ocupado en forma creciente y sostenida territorio nacional de los espacios originales ocupados en 1982, a saber: archipiélagos Malvinas (11.410 km2), Georgias del Sur (3.850km2), Sándwich del Sur (310 km2) y un territorio marítimo de tres millas alrededor de estos territorios insulares, por lo cual en la actualidad el Reino Unido ocupa un 52% de nuestro territorio marítimo e insular. Ello, sin computar los más de 1.400.000 km2 de la Plataforma Continental Argentina que los británicos han reclamado a la Comisión de Límites de las Naciones Unidas y la disputa pertinente por la Antártida Argentina (965.597 km2) y los territorios marítimos correspondientes. Todo esto le ha permitido al Reino Unido extraer ilegalmente (a través del otorgamiento de licencias) recursos pesqueros argentinos por un volumen anual promedio de 250.000 toneladas desde 1982 a la fecha de un valor anual estimado en los 650 millones de dólares y efectuar exploraciones de hidrocarburíferos.

Solo de la explotación pesquera ilegal del gobierno ilegal de Malvinas, la Provincia del Tierra del Fuego ha perdido desde 1982 a la fecha la suma 16.787,9 mil millones de dólares, por la captura ilegal (INDNR) de la especie calamar loligo (Doryteuthis gahi, Orbigny, 1835), más los daños por pérdida de chance y los valores relativos al otorgamiento de licencias ilegales de U$S 224.720.874.

El Acuerdo de Nueva York se excede a las Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR) y, ello, no solo es contrario al propio Acuerdo que en su art. 4º indica que “Ninguna disposición en el presente Acuerdo se entenderá en perjuicio de los derechos, la jurisdicción y las obligaciones de los Estados con arreglo a la Convención…”, sino que, además, es absolutamente improcedente que un texto, que es parte de la CONVEMAR pueda modificarla, ya que para tal caso, requeriría de las Enmiendas previstas en ella y no abrir la puerta a que —en un futuro—- las OROP puedan modificar la letra y el alcance establecido por el conjunto de las Naciones e, incluso, generar discriminaciones entre los Estados según integren o no estas OROP como bien se ha fundamentado en el proyecto.

Respecto a las especies “altamente migratorias” el Acuerdo de Nueva York no podría ser aplicado jamás en las especies de la ZEE Argentina o su área adyacente, porque la CONVEMAR en su Anexo I, remite a en forma taxativa a determinadas especies que no incluyen a peces, crustáceos o moluscos del Mar Territorial o la ZEE Argentina. En cualquier caso, la falta definición de los términos “transzonal”, “altamente migratoria” o “migratoria”, mientras no se precisen los adjetivos especificativos y aprueben científicamente —dentro del Acuerdo— invalida toda pretensión de éste de reglamentar las prescripciones de la CONVEMAR.

La Argentina en los art. 4º, 5º y 22º de la Ley 24.922 reivindicó sus derechos sobre los recursos transzonales y altamente migratorios, por cuanto su biomasa global se encuentra en la ZEE Argentina, donde estas especies realizan gran parte de sus principales etapas del ciclo biológico, para luego migrar a la Alta Mar, donde son capturadas por los buques extranjeros, para, finalmente —los que logran evadir estas capturas— regresar a la jurisdicción de Argentina. Y esta última es la condición principal para considerar “migratorio” a un recurso, como lo indican los científicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) Ana Roux, Juan de la Garza, Rubén Piñero y Daniel Bertuche en su trabajo “La ruta de migración del langostino patagónico” (INIDEP. Inf. Téc. Of. 7/12 del 3/4/12), donde se define: “El término migración, en el sentido biológico, se refiere a los movimientos periódicos que algunas especies de animales realizan desde una región geográfica, y su subsecuente regreso…”.

En cuarto lugar, accesoriamente a lo expuesto, pero muy importante, debería rechazarse igualmente, la pretensión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) de aprobar en la Argentina un Convenio (ya aprobado por el Reino Unido) que carece de todo sustento, por cuanto esta especie no está presente en la ZEE ni el Alta Mar aledaño (Cousseau-Perrotta, INIDEP, 2000), pero que —aun tratándose de un Convenio respecto a las especies de Atún— da lugar al acceso a otras especies agregadas a éste.

La preeminencia en la Administración del ecosistema en el Atlántico Sudoccidental (ZEE y Alta Mar) la deben tener los Estados ribereños de Argentina y Uruguay y ello debe ser así porque nuestros países son los que realizan los estudios que determinan las Capturas Biológicamente Aceptables (CBA) o los Rendimientos Máximo Sostenibles (RMS) y se funda en que hay una prueba biológica irrefutable que avala esta posición: si nuestros países agotasen el recurso en la ZEE Argentina o Uruguaya se agotarían los recursos del área de Malvinas y en la alta mar. Ratificar el Acuerdo de Nueva York y propiciar el Convenio del Atún sería contrario al interés nacional y violatorio de toda la legislación Nacional y de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

En quinto lugar, se entiende como necesario, mientras esté en debate el Pacto Foradori-Duncan y se procede a su denuncia, debieran suspenderse los vuelos autorizados a la República de Chile y Brasil. Respecto a este último vuelo autorizado a partir del referido pacto debería tenerse muy presente que la ciudad de San Pablo y Gran San Pablo con una población AB1 de 30 millones de personas puede absorber todas las extracciones pesqueras del área de Malvinas y es una puerta a exportaciones al mundo y el intercambio comercial necesario con las islas, además de servir para el recambio de tripulaciones, reposición de insumos, alimentos, etc. lo cual se agrava con la salida del Brexit que podría, a partir de enero de 2021, significar el retiro de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur como territorios británicos (ilegales) de Ultramar en la Unión Europea y la consecuente aplicación de aranceles a los productos originados en Malvinas.

Argentinos, si vamos a conmemorar el día de la Soberanía Nacional, que sea con hechos que estén a la altura de nuestros héroes nacionales, los de 1845 y los de 1982.

 

 * Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad. 

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NAGORNO KARABAJ, LA PEQUEÑA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS EN EL CÁUCASO

Giancarlo Elia Valori*

De 1618 a 1648 Europa fue destrozada por el violento e implacable conflicto entre protestantes y católicos. Después del final del ciclo de cruzadas que había resultado el primer conflicto entre cristianos y árabes, pero el primer y más severo conflicto armado entre las dos grandes almas del cristianismo, lo que los historiadores más tarde llamaron la “Guerra de los Treinta Años”, ciertamente no fue la última guerra religiosa. La Guerra de los Treinta Años terminó con la Paz de Westfalia que condujo al nacimiento de los Estados-Nación europeos y —como epílogo paradójico a una guerra desatada por razones religiosas— puso fin al control ejercido por la Iglesia sobre los reinos cristianos y sepultó cualquier intento del clero protestante de interferir en los asuntos políticos, aplastándolo mucho antes de que pudiera manifestarse abiertamente. Desde entonces, los centros de gravedad de los conflictos (también) sobre una base religiosa se han desplazado hacia la confrontación islámico-judía (las guerras árabe-israelíes de la segunda mitad del siglo XX y el enfrentamiento entre el Islam y el cristianismo.

Los conflictos religiosos tienden a ser feroces y sangrientos porque ninguna de las partes involucradas parece estar dispuesta a mediar con una contraparte considerada apóstata o de todos modos “infiel”. Frente a un público internacional distraído por las preocupaciones de la pandemia de Covid-19, el conflicto de 30 años aún no resuelto por el control de Nagorno Karabaj —una guerra de 30 años a pequeña escala porque se limitó al Cáucaso Meridional— volvió a estallar violentamente el 27 de septiembre pasado. Es el enfrentamiento entre Azerbaiyán musulmán y Armenia cristiana, que reclama un control de iure sobre una región, a saber, Nagorno, que ya controla de facto, aunque su territorio está totalmente cerrado dentro de las fronteras azerbaiyanas y sin ninguna conexión geográfica con la disputada patria armenia. Como veremos más adelante, el conflicto tiene raíces antiguas y profundas, pero está lleno de implicaciones geoestratégicas que podrían causar daños y tensiones extra regionales que son potencialmente muy peligrosas.

Raíces antiguas y profundas que, en este caso, también pueden ser llamadas “raíces del mal”. A finales de la década de 1920, Stalin —que estaba decidido a aplastar todas las ambiciones nacionalistas de las diversas almas que conformaban el enorme imperio soviético— tomó medidas drásticas para evitar que los diferentes grupos étnicos panrusos crearan problemas políticos y, con su habitual puño de hierro, decidió transferir poblaciones enteras a miles de kilómetros de distancia de sus asentamientos tradicionales para eliminar sus raíces étnicas y culturales. Chechenos, cosacos y alemanes se dispersaron a los cuatro rincones del imperio, mientras que el dictador soviético decidió —bajo la bandera del principio más clásico de “dividir y gobernar”— asignar la jurisdicción política y administrativa de la región autónoma de Nagorno Karabaj —habitada por poblaciones armenias y cristianas— a la República Socialista de Azerbaiyán, poblada por musulmanes azeríes, con el fin de mantener bajo control cualquier autonomía armenia.

Como también sucedió en los países satélites (véase el ejemplo de la Yugoslavia de Tito), el régimen comunista en Rusia logró contener —incluso con el uso sin escrúpulos del terror y la limpieza étnica— cada reivindicación nacionalista de todos los diferentes grupos étnicos que conforman el imperio. Esta operación, sin embargo, perdió su impulso cuando, en la segunda mitad de la década de 1980, la cautelosa campaña de modernización del país y el inicio de las tímidas reformas liberales de Mijaíl Gorbachov con su Perestroika causaron repercusiones inesperadas en las relaciones entre armenios y azerbaiyanos. El odio y el espíritu de venganza sin fin resurgieron debido a la disminución de medidas opresivas y represivas que, hasta ese momento, habían contribuido a mantener vivo al régimen soviético. La cohesión política y administrativa que había convertido a la Unión de Repúblicas en un organismo unitario comenzó a fracasar y las demandas de autonomía se volvieron cada vez más apremiantes.

Una vez más en 1988 el Parlamento regional de Nagorno Karabaj votó una resolución que marcó el regreso de la región a la jurisdicción administrativa de la República Armenia, la “madre patria cristiana”.

A partir de ese momento, la tensión entre armenios y azerbaiyanos se montó progresivamente, con enfrentamientos aislados y violencia interétnica que llevaron a la guerra abierta en 1991 cuando, inmediatamente después del colapso y disolución de la URSS, los armenios declararon formalmente la anexión de la disputada región de Nagorno Karabaj a la República de Armenia, desencadenando así un sangriento conflicto contra el vecino Azerbaiyán, un conflicto que duró hasta 1994 en el que murieron más de 30.000 civiles y militares.

Frente a la incapacidad del gobierno de Boris Yeltsin para llevar a las partes beligerantes de nuevo a la razón y a la mesa de negociaciones (que siempre es difícil en los conflictos étnico-religiosos) y ante la incapacidad de las Naciones Unidas para resolver el conflicto azerí-armenio, por cualquier medio necesario y lo que sea necesario, como se consagra en su Carta, intervino la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Bajo sus auspicios, se estableció en 1992 el “Grupo Minsk” —una mesa de negociación permanente gestionada por Francia, la Federación de Rusia y los Estados Unidos—.

A pesar del compromiso del Grupo de Minsk, la guerra entre armenios y azerbaiyanos continuó hasta 1994, cuando terminó —sin firmar ningún acuerdo de paz— después de que los armenios tomaran el control militar de Nagorno Karabaj y más de un millón de personas se vieran obligadas a abandonar sus hogares. Un doble éxodo que recordó al que siguió a la división entre la India y Pakistán, con los azerbaiyanos que, como musulmanes e hindúes, abandonaron sus tierras a los armenios y a los armenios que ocupaban casas traseras y territorios que creían que les habían sido arrebatados injustamente por maniobras estalinistas.

El fuego del conflicto seguía ardiendo, con enfrentamientos y agresión armada, durante más de una década y más tarde estalló de nuevo, sin razón aparente ni factor desencadenante, en abril de 2016. Los observadores internacionales se mostraron perplejos por esa reanudación de las hostilidades: decenas y decenas de soldados de ambos bandos murieron sin razón aparente ni factor desencadenante. Según algunos observadores especializados en este extraño y arcaico conflicto, las causas de la reanudación de las hostilidades se encontraban en el deseo de los Estados opuestos de “ganar terreno” y tomar el control de las áreas estratégicas lejos del enemigo. Según otros observadores internacionales probablemente más fiables, la razón del resurgimiento del conflicto tuvo que buscarse dentro de los dirigentes armenio y azerbaiyano. En medio de una crisis económica debida al colapso del mercado internacional del petróleo crudo (y los precios), ambos gobiernos dieron una mano libre a sus respectivos “perros de guerra”, con miras a reunir de nuevo su público desorientado e insatisfechos con el colapso de la economía. Islam, petróleo y Cristianismo eran los ingredientes explosivos de una peligrosa y aparentemente insalvable situación. En Bakú, capital de Azerbaiyán, multitudes se manifestaron por semanas, meses o años bajo la bandera de “Karabakh es Azerbaiyán”.

En Ereván, la capital de “Armenia”’, multitudes similares —aunque de una religión diferente y enemiga— pidieron “Libertad para nuestros hermanos de Karabaj”.

Mientras tanto, el fuego seguía ardiendo: Armenia tenía un control de facto de la región en disputa, que estaba totalmente dentro de las fronteras azerbaiyanas, sin corredor que la conectara con la “madre patria” armenia. El conflicto interétnico e interreligioso se complica aún más por factores geopolíticos.

Turquía es un socio tradicional de Azerbaiyán, habitado por musulmanes de origen turcomano. Turquía fue el primer Estado en reconocer la República de Azerbaiyán en 1991, mientras que, hasta ahora, aún no ha reconocido a la República Armenia, probablemente porque conserva su nombre y la orgullosa memoria que la vincula con el genocidio armenio de 1916-1920, cuando los turcos —convencidos de la infidelidad de los armenios y de su apoyo al zar ruso— exterminaron rápidamente a un millón de ellos.

La posición de Rusia hacia el conflicto y los beligerantes es más ambigua: por un lado, Rusia apoya las legítimas aspiraciones del pueblo armenio mientras, por otro lado —para evitar entrar en conflicto abierto con Erdogan, con quien juega un juego complicado en Siria y Libia— Vladimir Putin evita el uso de tonos amenazantes hacia Azerbaiyán —a la que sigue vendiendo armas— y trata de mantener la equidistancia e imparcialidad entre las partes. Su actitud aún no ha atraído las críticas turcas, pero obviamente deja a los armenios perplejos.

Como ya se ha dicho, el fuego se mantuvo ardiendo hasta el 27 de septiembre, cuando, sin ningún factor de activación aparente o evidente, armenios y azerbaiyanos reanudaron las hostilidades utilizando armamento sofisticado, como drones armados o misiles de largo alcance, que mataron a decenas de soldados y civiles de ambos bandos. Como se ha dicho anteriormente, las razones de la reanudación de las hostilidades no son claras: no hubo provocación directa o factor desencadenante.

Esta vez, sin embargo, muchos observadores están señalando directamente con los dedos a Turquía y su presidente, Tayyp Recep Erdogan.

Puede que haya colocado el problema de Nagorno Karabaj en el complejo juego de ajedrez geopolítico en el que participa el “nuevo” y agresivo Presidente de Turquía. Este último, consciente del peso que tiene su papel en la OTAN en la dialéctica con los Estados Unidos y Europa —que evidentemente no se percibe exigiendo un poco de equidad de un socio tan indisciplinado y engorroso, si no bastante falto de escrúpulos y agresivo— no duda en seguir su propio camino y buscar los intereses de su país en Siria, Libia, el Mediterráneo y el mar Egeo. Desde el control de Siria Oriental hasta la búsqueda de nuevas fuentes de energía, Erdogan está jugando imprudentemente en varias mesas, sin desafiar abiertamente a Rusia, pero no dudando en burlarse de las protestas de sus socios europeos y estadounidenses.

Un juego sin escrúpulos que puede haber inducido a Erdogan a instar a sus aliados azerbaiyanos a reanudar las hostilidades contra los armenios el 27 de septiembre pasado, para que más tarde los contendientes acepten el alto el fuego del 9 de octubre: una medida que lo convertiría en una contraparte obligatoria y privilegiada para Rusia, frente a la irrelevancia geopolítica de Europa y Estados Unidos. La primera se mantiene bajo control por la pandemia, mientras que la segunda está pensando sólo en las próximas elecciones. En este vacío de ideas e intervenciones, la situación en el Cáucaso Meridional con sus posibles implicaciones explosivas en términos de producción y exportación de fuentes de energía sigue en manos de Rusia y Turquía, libre de buscar acuerdos o mediaciones consideradas favorables, obviamente en detrimento de la competencia. En el pasado, en la época de Enrico Mattei, Italia habría tratado de desempeñar su propio papel en una región tan delicada como el Cáucaso, no sólo para defender sus intereses económicos y comerciales, sino también y sobre todo para buscar nuevas oportunidades de desarrollo para sus empresas públicas y privadas. Pero la Italia de Mattei está lejos: actualmente no podemos contar con un semillero de tensión en nuestra puerta, como Libia, y no podemos traer a casa a 18 pescadores de Mazara del Vallo detenidos ilegalmente por el señor de la guerra de Tobruk, Khalifa Haftar.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. El Señor Valori ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Artículo exclusivo para SAEEG. Traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.

 

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