Gabriel Francisco Urquidi Roldán*
El análisis de las crisis políticas contemporáneas requiere integrar las dimensiones económicas, psicosociales, institucionales y de corrupción sistémica. Desde la teoría de la movilización de recursos[1] y los enfoques sobre el conflicto social[2], se entiende que las protestas surgen de la acumulación de desigualdades y de la pérdida de legitimidad del poder político. A su vez, la teoría de la anomia[3] y el concepto de violencia estructural[4] permiten comprender cómo la desintegración de normas compartidas y la exclusión social crean el terreno propicio para el estallido de conflictos.
En este sentido, la «grieta» no constituye solo un fenómeno discursivo, sino un dispositivo de fragmentación social que es funcional a las élites políticas y económicas. Cuando la corrupción, el narcotráfico y el financiamiento ilícito penetran el aparato estatal, se produce una pérdida de confianza generalizada, fenómeno que Max Weber[5] denominó «crisis de legitimidad» del Estado racional-legal.
Los casos de Sri Lanka, Nepal, Madagascar y Perú muestran un patrón recurrente donde las crisis económicas, la corrupción y el colapso institucional derivan en estallidos sociales y cambios abruptos de gobierno.
En Sri Lanka (2022), la combinación de endeudamiento externo, inflación, escasez de alimentos y denuncias de corrupción y lavado de dinero en el círculo presidencial precipitó la caída de Gotabaya Rajapaksa[6].
En Nepal, la manipulación de recursos internacionales y los conflictos internos por el control de la ayuda humanitaria contribuyeron a una inestabilidad política crónica[7].
Madagascar atravesó repetidos golpes de Estado motivados por el uso indebido de fondos públicos y redes de contrabando y narcotráfico[8], mientras que en Perú los escándalos de corrupción y financiamiento ilegal de campañas políticas (Odebrecht, minería ilegal y narcotráfico) erosionaron la legitimidad de sucesivos gobiernos[9].
En todos los casos, las causas económicas (recesión, inflación, endeudamiento), psicosociales (frustración, miedo, pérdida de horizonte colectivo) y éticas (corrupción estructural, impunidad judicial) actuaron como catalizadores del colapso político y la ruptura del tejido social.
A días de las elecciones del 26 de octubre, Argentina enfrenta un panorama de profunda vulnerabilidad social y moral. La pobreza estructural, el desempleo creciente, la inflación sostenida y la violencia estatal contra los sectores más frágiles —jubilados, personas con discapacidad, enfermos crónicos y terminales, y trabajadores de la educación— reflejan la desconexión entre los funcionarios a cargo de la administración pública y las necesidades reales de la sociedad.
Paralelamente, se han revelado escándalos de corrupción, estafas financieras y vínculos con el narcotráfico, que comprometen tanto a funcionarios públicos como a empresarios cercanos al poder. El uso discrecional de fondos, los mecanismos de lavado de dinero y la triangulación con empresas fantasmas evidencian un sistema de poder capturado por intereses ilegales, donde la justicia aparece, en muchos casos, cooptada o indiferente.
Este entramado reproduce un modelo de impunidad institucionalizada, que profundiza la desconfianza social y el descreimiento en la democracia. La grieta, alimentada por la polarización mediática y el miedo, se convierte así en una herramienta política para dividir y neutralizar el descontento ciudadano.
Las experiencias de Sri Lanka, Nepal, Madagascar y Perú confirman que cuando la corrupción y el financiamiento ilícito se convierten en norma, la legitimidad política se derrumba. En la Argentina de hoy, el deterioro económico y moral conforma un terreno fértil para la fragmentación social.
El desafío no radica únicamente en recuperar la economía, sino en reconstruir la ética pública y el sentido de comunidad. Las elecciones del 26 de octubre no solo pondrán a prueba la resistencia de las instituciones, sino la capacidad del pueblo argentino de rechazar la impunidad y reivindicar la justicia social como principio fundante de la democracia.
* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.
Referencias bibliográficas
[1] Tilly, C. From Mobilization to Revolution. Reading, MA: Addison-Wesley, 1978.
[2] Touraine, A. El regreso del actor. Buenos Aires: Eudeba, 1984
[3] Durkheim, É. Le suicide: Étude de sociologie. Paris: F. Alcan, 1897.
[4] Galtung, J. « Violence, Peace, and Peace Research». Journal of Peace Research, vol. 6, n° 3, 1969, p. 167-191.
[5] Weber, M. Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica, 1922.
[6] Sri Lanka https://www.crisisgroup.org/asia-pacific/south-asia/sri-lanka.
[7] Nepal: violentas protestas hacen caer al primer ministro, mientras los manifestantes incendian el Parlamento y otros edificios públicos https://www.bbc.com/mundo/articles/cqxz8q48ej3o.
[8] Madagascar: una isla cansada de promesas y sacudida por una nueva crisis política, https://www.france24.com/es/áfrica/20251013-madagascar-una-isla-cansada-de-promesas-y-sacudida-por-una-nueva-crisis-política.
[9] Miles protestan contra el gobierno y el Congreso en Perú https://www.dw.com/es/miles-protestan-contra-el-gobierno-y-el-congreso-en-per%C3%BA/a-74376577.
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Me parece un articulo por demás exagerado, que se enfoca en una postura totalmente crítica hacia el gobierno, como si fuera este el responsable de todos los males q describe, sin mencionar que el punto de partida del este, hace 2 años atrás era todo lo que describe acá pero multiplicado por 20. Y desde ese punto de partida es mucho lo mejorado. Ahora nos pretenden llevar nuevamente de regreso a lo peor de la Argentina, mostrando este panorama. No hay que dejarse engañar por los personajes nefastos de la política.