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LA DESMALVINIZACIÓN DE ARGENTINA

César Augusto Lerena*

Publicado en Perfil, el 31 de marzo de 2026.

 

La desmalvinización y desculturalización de la Cuestión Malvinas en la Argentina fue planificada mediante una serie de decisiones políticas, ideológicas y estratégicas que se consolidaron con Tratados, Acuerdos y Leyes, la desatención del tema y la invisibilización de parte de los organismos competentes.

Se le atribuye al politólogo y sociólogo francés Alain Rouquié, el término “desmalvinizar” en la etapa entre la dictadura militar y la transición democrática tras la Guerra de Malvinas (1982). Este término entendió como necesario separar la Causa Malvinas de la política argentina para evitar que las Fuerzas Armadas la usaran para destacar el rol de los militares en la recuperación de los archipiélagos argentinos; de modo tal, que éstas se rehabilitaran en la sociedad y les permitiera volver a tener un rol protagónico en la escena política. Un temor que estaba fundado no solo por el recientemente concluido Proceso Militar, sino por los numerosos golpes durante el siglo XX.

Supongamos por un instante, que la “desmalvinización” en ese momento hubiese tenido fundamentos políticos atendibles; sin embargo, su instalación promovida desde el gobierno, no tuvo una estrategia integral, porque invisibilizó a los 649 héroes caídos en Malvinas y despreció a quienes, habiendo combatido con valor en las islas, eran merecedores de un gran reconocimiento por parte de la sociedad argentina y, por el contrario, debieron volver al continente “con pena y sin gloria”; además de no tenerse en cuenta, que la Cuestión de Malvinas para ese entonces estaba inserta en la cultura popular. Se privilegió una hipótesis temerosa por sobre el sentimiento nacional, denigrándose para ello el rol sobresaliente -en las condiciones disponibles- de los oficiales, suboficiales y soldados que combatieron en Malvinas. 

Ahora bien, ¿cuál es el argumento para, después de esos primeros años y hasta la fecha seguir “desmalvinizando” la Argentina? Ya que no hay militares al acecho y, más bien, esta práctica se sostiene, en la vocación que han tenido y tienen algunos altos dirigentes de privilegiar la economía, subordinándonos a los intereses extranjeros, sin importándoles para nada la soberanía nacional.

Antes y después que se institucionalizara el término “desmalvinización” en la práctica ya se usaba cuando los gobiernos argentinos “cooperaron” en forma unilateral con los gobiernos ilegales isleños británicos en las islas. El caso más emblemático fue durante el gobierno del presidente de facto Alejandro Lanusse que firmó la Declaración Conjunta de 1971, a partir de la cual, se les construyó la pista de aterrizaje y proveyó de correo, teléfonos, gas, asistencia médica, etc., y de la llamada política de seducción de Carlos Menem donde se priorizó el interés de los isleños sin avanzar sobre la soberanía.

Desmalvinizar es contribuir al desaliento de los argentinos que han puesto en ese objetivo de liberación irredento la esperanza de un país unido y feliz. Se trata, como la pérdida del “unicornio azul” (1982) de Silvio Rodríguez, ya que las islas son nuestras y las queremos. Sin embargo, importantes dirigentes, carentes de todo fundamento político, histórico, económico y jurídico, contribuyen a fortalecer la “desmalvinización” y hemos debido escuchar en abierta violación a lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional (1994) que: “las Malvinas son inglesas y no son ni serán argentinas” (Diputada Sabrina Ajmechet); “habría que cambiarlas con vacunas del COVID” (Senadora Patricia Bullrich); reconociendo “la soberanía británica de facto y el derecho de autodeterminación de los isleños británicos” (Ex diputado y actual Embajador en la Unión Europea y Bélgica Fernando Iglesias); además de quien fue el responsable principal del Pacto Foradori-Duncan como Presidente de la nación (Mauricio Macri) que manifestó: “Nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como Argentina” y “recuperar Malvinas sería un gasto” o, por último, las expresiones vertidas en el aniversario de la gesta de Malvinas de que “Tendría en cuenta la “decisión de los isleños” a sabiendas que no son parte según la ONU (Presidente Javier Milei y ex Canciller Diana Mondino), etc.  

Los gobiernos han puesto por delante del proceder heroico y patriótico de quienes combatieron en Malvinas, la calificación de aventura belicista, dejando de lado el reclamo histórico de soberanía y presentando a los combatientes como víctimas y no como héroes nacionales que pelearon para expulsar al invasor británico del territorio argentino de Malvinas.

Todo ello, también estuvo influido por el lamentable objetivo de debilitar el reclamo, con tal de lograr la reinserción de Argentina en los mercados de la Unión Europea y Estados Unidos. Política que centralmente estuvo dirigida por los Cancilleres Dante Caputo y su apoyo a la “fórmula inglesa del Paraguas”; Domingo Felipe Cavallo y su rol protagónico en los Acuerdos de Madrid y otros y, Guido Di Tella, con su célebre frase de “relaciones carnales” con Washington en los años 90; aunque esta última quedó minimizada con la relación más profunda e incondicional aún que lleva este gobierno presidido por Javier Milei con el Presidente Donald Trump de Estados Unidos y el Primer Ministro de Israel Benjamín Netanyahu.   

Por cierto, en materia de invisibilizar la Cuestión Malvinas los Acuerdos de Madrid (1989-90) son centrales, ya que congelaron la soberanía de Malvinas mediante la fórmula del Paraguas y, es obvio, que ésta fue el eje central de la política de desmalvinización; porque lleva técnicamente a cero -en las condiciones y estrategias utilizadas- la posibilidad de discutir sobre la soberanía plena de Malvinas. Ello se profundizó con el Pacto de “Foradori-Duncan” (2016) donde se acordó “eliminar todos los obstáculos (léase entre otros la Disposición Transitoria Primera de la CN) para desarrollar Malvinas”, como si los archipiélagos ya estuviesen siendo administrados por la Argentina.

Dentro de los pocos actos de “malvinización” se encuentran las leyes de educación y capacitación de funcionarios (Ley 27.671); pero, no ha habido vocación del gobierno que la sancionó ni los siguientes de capacitar y, distintas organizaciones y Universidades han tenido que hacer un gran esfuerzo para aplicar la ley.

El poder político y los medios en general trataron a la guerra como un hecho lamentable -argumento inglés que deja de lado sus invasiones previas del territorio- y, perdieron de vista que, por fuera de la confrontación militar y la pérdida de combatientes nacionales, la Argentina, que hasta 1982, tenía invadidos unos 20.000 Km2 de su territorio, con posterioridad a la guerra, el Reino Unido amplió su invasión a 1.639.900 Km2 de territorios marítimos y, extrae anualmente 250.000 toneladas de recursos pesqueros valuados en unos mil millones de dólares FOB, a la par de iniciar las exploraciones petroleras a través de la empresa israelí Navitas-Petroleum.

La auto limitación de utilizar los medios diplomáticos en la negociación junto a “la fórmula del Paraguas” que congela la soberanía, es de por sí una estrategia que restringe y debilita las acciones que deberían llevarse adelante para desalentar al Reino Unido a mantener la invasión y, constituye un desmalvinización.

Todas estas cuestiones, acompañadas de una falta de difusión popular y formación en todos establecimientos educacionales y, la capacitación de los funcionarios públicos respecto a los derechos nacionales sobre los archipiélagos, las aguas correspondientes y la Antártida, han desculturalizado a los argentinos en estas cuestiones relativas al ejercicio pleno de la soberanía de Malvinas; que entonces, eran parte de acervo cultural de los argentinos.

En el otro extremo, a pesar de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional se admite la designación de funcionarios y la aprobación de los pliegos de legisladores que sostienen que las Malvinas son inglesas o las han perdido después de la guerra desconociendo al mismo tiempo la Res. 37/9 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 4 de diciembre de 1982 que indica todo lo contrario.

Se desmalviniza cuando en el cumpleaños (14/11/1948) del Rey Carlos III, “por la Gracia de Dios, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros Reinos y Territorios, Rey, Jefe de la Mancomunidad y, Defensor de la Fe” (título que incluye a Malvinas) los funcionarios argentinos concurren al “besamanos” de la embajada del Reino Unido en Buenos Aires a saludar al monarca y celebrar los 200 años de relaciones diplomáticas (2025), en una muestra de sumisión total a un país invasor; a pesar, del Acta definitiva de la Declaración de nuestra Independencia que reza “libres de toda dominación extranjera” y, de las posteriores invasiones inglesas de 1806, 1807, 1833 y 1982 y, la ocupación nuestros espacios y explotación de nuestros recursos.

Igualmente, se desmalviniza, cuando se dicta la Ley 24.184 de protección y promoción de la inversión inglesa y se le da privilegios por sobre todos los países y, que encontrándose vencidos los plazos de la ley, no se la deroga.  

De la misma manera, se desmalviniza, cuando se crea un Consejo Nacional de Malvinas (Ley 27.558/20) y no se le otorga facultades para elaborar una estrategia destinada a ejecutar la Política de Estado definida en la Constitución Nacional y, cuando no se provee a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de un presupuesto acorde a la necesidad de disuadir la ocupación y explotación del mar y los archipiélagos argentinos.          

También, se desmalviniza, cuando el gobierno no tiene políticas de integración con Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y los Estados de África occidental, ni se llevan adelante políticas nacionales marítimas, mercantes, portuarias, pesqueras, de explotación offshore de hidrocarburos y relativas a la Antártida destinadas a aislar al Reino Unido en el Atlántico Suroccidental. Mientras ello ocurre, la embajada británica en la Argentina, grotescamente, promueve la relación con nuestros países vecinos e invita a estudiantes argentinos y de éstos a “conocer a sus vecinos” los isleños británicos, ocupantes ilegales de nuestro territorio insular y marítimo.

Además, se desmalviniza, al generar agobio nacional e internacional, cuando por toda política en más de 60 años, la Cancillería Argentina no ha hecho otra cosa que reclamar infructuosamente al Reino Unido que se disponga a negociar con la Argentina, mientras en paralelo, el gobierno se alinea con los países de la OTAN que en general no han apoyado a la Argentina en esta materia; a punto tal, que en su oportunidad admitieron al momento de aprobarse en 1907/9 el Tratado de Lisboa donde la Unión Europea reconoce los auto-llamados territorios británicos de ultramar, donde se incluían a las Malvinas, la Antártida, etc.

En la práctica, la malvinización ha sido mantenida y promovida centralmente por aquellos intervinientes en la Guerra de Malvinas que lograron superar esa dolorosa gesta y, se asumen no solo como Veteranos de la Guerra, sino como combatientes activos de la Causa Malvinas, entendiendo que la rotura de la integridad territorial nacional por parte del Reino Unido es una afrenta a la dignidad de todos los argentinos; un desprecio a todos los patriotas que dieron su vida -en especial los que cayeron defendiendo la nación en Malvinas- y una humillación inadmisible a la Patria.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). cesarlerena.com.ar

EL TOPO

Don Juan de Eslavonia

¿Quién nos gobierna y para quién gobierna?

 

EL TOPO, la devoción externa y la desconexión interna

Durante la campaña presidencial de 2023, EL TOPO construyó una identidad política que excedió largamente el debate económico o institucional argentino. A través de gestos simbólicos reiterados, declaraciones públicas y decisiones posteriores ya como presidente, emergió una pregunta central que hoy atraviesa a amplios sectores de la sociedad: ¿para quién gobierna EL TOPO?

Una campaña atravesada por símbolos ajenos

Desde octubre de 2023, EL TOPO protagonizó una serie de actos públicos en los que la simbología del Estado de Israel ocupó un lugar central. En distintos actos de campaña —como el cierre en Rosario— se lo observó flameando banderas israelíes[1] [2] y pronunciando declaraciones que despertaron alarma incluso entre analistas afines, como cuando afirmó en una entrevista televisiva que había venido «a liberar a Israel»[3].

El cierre de campaña en el Movistar Arena condensó esta narrativa simbólica: imágenes de ciudades destruidas, explosiones de alto impacto visual y referencias apocalípticas precedieron su salida al escenario, seguidas por el sonido del shofar, instrumento ritual de la tradición judía históricamente asociado, entre otros usos, a convocatorias colectivas de carácter bélico o religioso[4]. Este montaje audiovisual no constituyó un hecho aislado, sino parte de una narrativa coherente que vinculó su proyecto político con una causa externa de fuerte carga religiosa y geopolítica.

El contexto internacional omitido

Estos gestos se produjeron en un contexto internacional extremadamente sensible. Tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí sobre Gaza, diversos organismos internacionales alertaron sobre una crisis humanitaria con miles de víctimas civiles palestinas. Sin embargo, EL TOPO omitió referencias explícitas al derecho internacional humanitario y expresó un alineamiento incondicional con el gobierno israelí, reduciendo el conflicto a una lógica binaria y descontextualizada[5].

Funcionario público en campaña permanente

Durante el año 2023, mientras ejercía funciones como diputado nacional, EL TOPO continuó realizando actividades privadas remuneradas —charlas, cursos pagos y cobro por opiniones—, situación que fue señalada por especialistas como potencialmente incompatible con los principios de ética pública y dedicación funcional exigidos a los representantes legislativos.

En paralelo, causas judiciales previas volvieron al debate público. En particular, el archivo de la denuncia por violencia contra una periodista en 2018 fue cuestionado por organizaciones como la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y el Instituto Jurídico de Género de Salta, que denunciaron prácticas revictimizantes y falta de notificación a la denunciante[6].

¿Un problema de personalidad o de proyecto político?

Algunos analistas intentaron explicar el comportamiento político de EL TOPO recurriendo a categorías psicológicas como narcisismo o egocentrismo. No obstante, ningún diagnóstico clínico puede afirmarse sin pericias judiciales concluyentes, y hacerlo sería metodológicamente incorrecto. Lo que sí puede analizarse es el patrón discursivo observable: una narrativa mesiánica, una identificación personal del líder con causas externas y una desconexión simbólica con las prioridades estructurales del Estado argentino.

Gobierno, alineamientos y decisiones estratégicas

Ya en ejercicio del Poder Ejecutivo, estos alineamientos se profundizaron. Las reiteradas visitas oficiales a Israel, la incorporación de funcionarios con vínculos estratégicos con ese país en áreas sensibles y la firma de acuerdos como el convenio de reciprocidad previsional entre Argentina e Israel[7] consolidaron la percepción de una política exterior subordinada, carente de debate público amplio.

Asimismo, la relación con Mekorot —empresa estatal israelí vinculada a la gestión del agua— generó fuertes cuestionamientos en un país donde el acceso al agua potable constituye una infraestructura crítica y un recurso estratégico. Para sectores académicos y políticos, estas decisiones representan una cesión progresiva de soberanía más que una cooperación entre Estados en condiciones de igualdad[8].

¿Destruir el Estado desde adentro?

El discurso libertario que prometía «dinamitar el Estado» dejó de ser una metáfora electoral. A través de decretos, reformas normativas y desfinanciamiento estructural, el gobierno avanzó en un proceso de debilitamiento institucional que reduce la capacidad estatal de regulación, control y planificación estratégica. Algunos analistas interpretan este proceso como la construcción de un andamiaje jurídico que facilita una fragmentación funcional del Estado —una «balcanización blanda»— donde actores externos adquieren poder real sobre recursos, territorios y decisiones públicas.

Paralelismos históricos: política de tierras, marco legal y subordinación estructural

El alineamiento político del actual gobierno argentino con el Estado de Israel habilita un ejercicio comparativo legítimo desde la historia política y el derecho internacional. En particular, pueden identificarse similitudes estructurales —no identidades absolutas— entre ciertas dinámicas actuales y los procesos desarrollados en Palestina durante el Mandato Británico (1917–1948).

Marco legal como habilitador de transferencia de poder

Durante la ocupación británica de Palestina, la Declaración Balfour de 1917, posteriormente incorporada al Mandato de la Sociedad de Naciones en 1922, constituyó el marco jurídico que legitimó la promoción de un «hogar nacional judío» en un territorio habitado mayoritariamente por población árabe palestina. Este andamiaje legal permitió que la colonización territorial se realizara no por conquista militar directa, sino mediante instrumentos jurídicos internacionales que otorgaban apariencia de legalidad a un proceso profundamente asimétrico[9].

De manera comparable, en la Argentina contemporánea, convenios bilaterales, decretos y acuerdos administrativos —como el convenio de reciprocidad previsional Argentina – Israel— se inscriben en una lógica donde decisiones estructurales se adoptan sin debate público amplio, ni evaluación estratégica integral de impacto soberano. En ambos casos, el derecho funciona menos como expresión de la voluntad popular y más como vehículo de una agenda política definida fuera del territorio afectado.

Transferencia de tierras y control indirecto

Durante el Mandato Británico, instituciones sionistas como el Fondo Nacional Judío adquirieron grandes extensiones de tierra, muchas de las cuales quedaban legalmente reservadas para población judía, excluyendo a la población árabe local. Aunque formalmente se trataba de «compras», el resultado material fue un proceso de desposesión progresiva, ya que los agricultores palestinos (fellahin) perdían acceso a la tierra que garantizaba su subsistencia[10].

En el caso argentino, si bien no se observa una expulsión física comparable, sí emergen mecanismos de extranjerización funcional: adquisición de tierras estratégicas, participación de empresas extranjeras en recursos críticos (como el agua) y marcos legales que facilitan el control indirecto de territorios o infraestructuras clave. La similitud no radica en la forma, sino en la lógica de desplazamiento del poder real desde la comunidad local hacia actores externos.

Impacto sobre la población local

En Palestina la combinación entre marco legal, transferencia de tierras y administración colonial generó un proceso de empobrecimiento, expulsión y radicalización de la población palestina, al verse privada de recursos productivos básicos y de representación política efectiva.

En la Argentina actual, el impacto se manifiesta de forma distinta pero convergente: debilitamiento del Estado, pérdida de control sobre recursos estratégicos y exclusión progresiva de la ciudadanía del proceso decisorio. El resultado es una desposesión política y económica, donde la población no es expulsada físicamente, pero sí desplazada del ejercicio efectivo de la soberanía.

Contexto colonial y administración externa

Un elemento central del caso palestino fue el pasaje de la administración desde el Foreign Office a la Secretaría de Colonias británica en 1921, lo que consolidó la gestión de Palestina como un problema colonial y no como una sociedad con derecho a autodeterminación.

En clave contemporánea, el reemplazo de políticas soberanas por alineamientos automáticos con potencias extranjeras, organismos financieros o Estados aliados, puede interpretarse como una forma de colonialismo jurídico-administrativo: no hay ocupación militar, pero sí una subordinación estructural de la toma de decisiones.

Una advertencia histórica, no una equivalencia literal

El paralelismo no pretende equiparar situaciones históricas distintas, sino advertir sobre patrones recurrentes:

    • legalidad utilizada como instrumento de dominación,
    • transferencia progresiva de recursos estratégicos,
    • exclusión de la población local del poder decisorio,
    • y debilitamiento deliberado de las estructuras estatales.

Desde esta perspectiva, el proyecto político que promueve la destrucción del Estado «desde adentro» no es una anomalía discursiva, sino una condición necesaria para que estos procesos se consoliden sin resistencia organizada.

La pregunta que persiste

Este análisis no se inscribe en una crítica religiosa ni étnica, sino en una discusión sobre soberanía, legalidad y mandato democrático. Un presidente gobierna para su pueblo, no para símbolos, causas externas o proyectos ideológicos transnacionales.

Hoy, la pregunta sigue abierta —y cada vez más urgente—:

¿quién nos gobierna y para quién gobierna?

Para una parte creciente de la sociedad argentina, la respuesta comienza a delinearse con inquietante claridad: no gobierna para los argentinos.

 

Referencias

[1] Agencia AJN. «El candidato argentino Javier Milei tomó y flameó una gran bandera de Israel durante un acto de cierre de campaña en Rosario». Agencia AJN en X (antes Twitter), 14/11/2023, https://x.com/AgenciaAJN/status/1724570875976896514.

[2] «Milei se fotografió con la bandera de Israel antes de reunirse con empresarios en EE. UU.». Cazador de Noticias, 06/05/2024, https://www.cazadordenoticias.com.ar/nota/00108641/.

[3] «Milei en el Movistar Arena con la promesa de volver al siglo XIX». Página/12, 18/10/2023, https://www.pagina12.com.ar/599773-milei-en-el-movistar-arena-con-la-promesa-de-volver-al-siglo.

[4] Ídem.

[5] «El proyecto del “Greater Israel”: expansión territorial en Medio Oriente y sus implicancias geopolíticas». SAEEG, 27/1072025, https://saeeg.org/index.php/2025/10/27/el-proyecto-del-greater-israel-expansion-territorial-en-medio-oriente-y-sus-implicancias-geopoliticas/

[6] Claudia Ferreyra. «Cuestionan el archivo de la causa contra Milei por violentar a una periodista». Página 12, 28/03/2024. https://www.pagina12.com.ar/724864-cuestionan-el-archivo-de-la-causa-contra-milei-por-violentar.

[7]  Boletín Oficial N.º 35.423, mayo de 2024.

[8] Lihuen Eugenia Antonelli. «Sumisión. Complicidad con el genocidio y entrega del agua: Milei con Netanyahu y Mekorot». La Izquierda Diario, 26/09/2026, https://www.laizquierdadiario.com/Complicidad-con-el-genocidio-y-entrega-del-agua-Milei-con-Netanyahu-y-Mekorot.

[9] League of Nations. (1922). Mandate for Palestine.

[10] I. Pappé. The ethnic cleansing of Palestine. Oneworld Publications, 2006.

 

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CUBA: SIN MADURO, CON TRUMP Y EN «ESTADO DE GUERRA»

Roberto Mansilla Blanco*

El secuestro de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y el nuevo contexto político de distensión entre Venezuela y EEUU, ahora con Delcy Rodríguez como «presidenta encargada» en Caracas, es un escenario que afecta directamente a un tercer actor, Cuba.

Desde 2000, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro mantuvieron con Cuba un Convenio Integral de Cooperación con el petróleo, la cooperación educativa, política, militar y de inteligencia como principales motores. El acuerdo implica el suministro a La Habana de unos 100.000 barriles diarios de petróleo venezolano a precios subsidiados.

Pero la crisis de 2026 ha dado un vuelco radical a esta situación. La caída de Maduro y el confeso interés del presidente estadounidense Donald Trump por el control de la industria petrolera venezolana colocan a Cuba ante la posibilidad de ver suspendida esta cooperación energética bajo presión de Washington, sumiendo a la isla caribeña en probablemente su crisis más acuciante desde la década de 1990.

En diciembre pasado, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que Cuba sufría una acumulación de «adversidades y errores propios». Fiel al efectismo retórico, La Habana parece querer mostrar con esta declaración un argumento de mea culpa y de «rectificación de errores» ante sus ciudadanos, una estrategia que con frecuencia ya anteriormente utilizaran el desaparecido ex presidente Fidel Castro y su sucesor Raúl Castro, con la finalidad de blindar la capacidad del sistema socialista a la hora de ofrecer respuestas cada vez que ocurren crisis socioeconómicas.

No obstante, esta declaración está fuertemente contextualizada por una coyuntura sumamente crítica tras el constante «acoso y derribo» por parte de Trump contra el régimen cubano. Una posición igualmente impulsada por la estrategia intransigente del secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio, deseoso de observar un cambio de régimen en La Habana que obviamente favorezca los intereses estadounidenses.

Tras Venezuela, ¿caerá Cuba?

La crisis post-Maduro con un Trump que acecha constantemente coloca en el centro de atención la autoridad de Díaz-Canel y su capacidad para gestionar la peor crisis que está viviendo la isla caribeña desde la caída de la URSS y la instauración del Período Especial en la década de 1990.

El pasado 17 de enero, los medios estatales cubanos señalaron la aprobación del plan de Estado de Guerra durante una reunión del Consejo de Defensa Nacional ―órgano encargado de asumir el control del país durante desastres naturales o conflictos armados― «en cumplimiento de las actividades previstas para el Día de la Defensa» con el objetivo de «incrementar y perfeccionar el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y del personal».

En el marco de esta declaración del Estado de Guerra, la reciente reaparición pública de Raúl Castro supone una recuperación del simbolismo histórico revolucionario en un período crítico, con el asedio de EEUU y el abrupto cambio político en su aliado estratégico venezolano, aspecto que pone en riesgo el convenio energético.

Este cambio radical de escenario abre diversas interrogantes para Cuba, acrecentando la incertidumbre sobre qué es lo que puede suceder en la isla caribeña. Destacan en este sentido las siguientes interrogantes:

    • ¿Invadirá Trump a Cuba?; ¿habrá otra Operación Militar Especial por parte de Washington, esta vez contra el gobierno de Díaz-Canel?
    • La presión de Trump, ¿propiciara una apertura política calculada en Cuba, con liberación de presos políticos?; al igual que en el caso de la Venezuela post-Maduro, ¿habrá una distensión entre La Habana y Washington, motivada por razones humanitarias?; ¿se permitirá en Cuba una nueva etapa que eventualmente implique aprobar tímidas reformas hacia la propiedad privada con la finalidad de amortiguar la presión desde Washington?
    • El papel de Marco Rubio y el lobby «anti-castrista» en EEUU, ¿tendrá el mismo éxito que en Venezuela para presionar a Cuba y convertirla prácticamente en un nuevo «protectorado» estadounidense similar al que, al menos por ahora, se está observando en la Venezuela post-Maduro?
    • ¿En qué quedará el nivel de cooperación cubano-venezolano, especialmente en materia de inteligencia?; en este nuevo contexto post-Maduro, ¿es Delcy Rodríguez una aliada fiable para La Habana?
    • Finalmente, ¿puede reproducirse en Cuba un escenario de protestas y rebelión similar al que actualmente se observa en Irán?

En las redes sociales han aumentado todo tipo de informaciones, especulaciones y no menos desinformación, sobre las decisiones que puedan tomar Díaz-Canel y Raúl Castro ante las presiones de Trump.

Con escaso fundamento que, sin embargo, no esconde escenarios de probabilidad se ha informado de eventuales cambios dentro del gobierno cubano con la intención de procrear un clima de distensión con Washington; de la posibilidad de excarcelación masiva de presos políticos; la liberación completa de los mecanismos económicos; cambios legislativos para reducir el monopolio del Partido Comunista de Cuba; e interés de inversiones extranjeras, entre ellas compañías tecnológicas muy probablemente estadounidenses, toda vez que se adapta una legislación más conveniente para el capital foráneo.

Fiel a su retórica intimidatoria, Trump ha sugerido al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y a las autoridades de ese país «un acuerdo antes que sea demasiado tarde». Mientras avanza con el control del petróleo venezolano, Trump ya ha advertido a La Habana que cortará el suministro de crudo venezolano a la isla antillana. Díaz-Canel ha respondido defendiendo la soberanía cubana: «nadie nos dicta qué hacer», negando al mismo tiempo que existan conversaciones con el gobierno de Trump.

Al mismo tiempo, el presidente cubano desmintió conversaciones con Washington advirtiendo que, en caso de que esas negociaciones llegaran a realizarse, deben «basarse en el derecho internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica», dando así a entender el carácter violatorio de la legalidad internacional detrás del secuestroa de Maduro.

Mientras La Habana toma posición ante el nuevo contexto, la tutela de Trump en la Venezuela post-Maduro vía Delcy Rodríguez augura un posible nuevo aislamiento para Cuba ante las intenciones de Washington de desarticular el eje estratégico Cuba-Venezuela. Con todo, países aliados de La Habana han salido en defensa de su gobierno ante las arremetidas de Trump, destacando el apoyo de Rusia, China, México, Brasil y Colombia.

Por otro lado, la visita a Caracas del director de la CIA, John Ratcliffe, siendo recibido por Delcy Rodríguez e incluso condecorado por las nuevas autoridades en Caracas, implica un cambio tectónico tras casi tres décadas de predominio de la inteligencia cubana en Venezuela. Mientras Ratcliffe parecía anunciar esta «nueva era» en Caracas, Cuba recibió con todos los honores los cuerpos de los 32 oficiales caídos durante la operación especial de captura a Maduro.

Por otro lado, Delcy y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, habrían asegurado a Marco Rubio su disposición para desmovilizar las milicias y los colectivos armados en Venezuela, desmantelar el SEBIN, la policía secreta, muy ligada a su homólogo G2 cubano; acabar con los negocios ilícitos de los militares y dejar de enviar petróleo a Cuba y China. Tras años de sanciones y de prohibiciones, Caracas ha comenzado a suministrar crudo a EEUU toda vez que se aceleran las negociaciones para la reapertura de canales diplomáticos.

No obstante, estas medidas podrían dificultar la estabilidad interna tomando en cuenta los intereses de otros pesos pesados del poder «chavista» como son el ministro de Interior Diosdado Cabello y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, alterando así los planes de Washington de una transición tutelada y sin sobresaltos.

¿Hacia un nuevo Período Especial?

Las expectativas en torno al control estadounidense del petróleo venezolano así como las constantes presiones contra Cuba por parte de la Administración Trump dejan a la isla caribeña ante la posibilidad de reproducción del «período especial de crisis» existente durante la década de 1990 tras la caída de la URSS, previo a la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela (1999)

Con una crisis económica cada vez de mayor calado a la que se une la crónica insuficiencia energética, ahora profundizada por las presiones de Trump hacia el gobierno de Delcy Rodríguez para cortar lazos con Cuba, el gobierno de Díaz-Canel se enfrenta a una nueva etapa crítica de posible aislamiento, igualmente acrecentada a nivel hemisférico ante el viraje político hacia una derecha trumpista en Argentina, Chile, Ecuador y El Salvador, entre otros, 

El petróleo entra aquí como el quid de la cuestión. Como sustitutos coyunturales de Venezuela en materia de suministro energético han aparecido países como México y Rusia, aunque en este último caso muy condicionado por las sanciones occidentales y la vigilancia estadounidense con su presencia militar en el Mar Caribe.

Rusia ha salido en apoyo, principalmente retórico, de su aliado cubano en este nuevo período de crisis para La Habana, azotada por apagones eléctricos, una crisis económica incesante y un posible nuevo éxodo. Ante la incertidumbre sobre lo que pueda suceder en Venezuela ahora bajo la tutela de Washington, tanto Rusia como México se han convertido en oportunos socios energéticos. No obstante, esta ayuda sugiere un carácter coyuntural que contrasta con la estructural cooperación venezolana durante más de dos décadas.

Por otro lado, según publica The New York Times, Cuba ha estado revendiendo a China parte del petróleo que le suministraba Venezuela, por lo que La Habana estaría además perdiendo una fuente de divisas. La isla, que importa el 80 % de lo que consume por el colapso de su producción agrícola e industrial, precisa divisas para importar hidrocarburos y alimentos, y sus otras fuentes de ingresos ―el turismo, las remesas y las misiones médicas― se encuentran en horas bajas.

Algunos informes dan cuenta de las dificultades existentes en la industria petrolera venezolana, lastrada por la dramática caída de inversiones en infraestructuras, lo cual también condiciona la capacidad de Washington para gestionar la transición.

Venezuela posee las mayores reservas de hidrocarburos a escala mundial, por encima de los 300.000 millones de barriles, incluso superando a Arabia Saudita. No obstante, a corto plazo, de los actuales 1,2 millones de barriles diarios de producción petrolera venezolana se estima que podrían caer a menos de 300.000 para finales de 2026, colocando a Caracas ante una difícil situación económica, especialmente a la hora de importar alimentos y medicinas.

Según la consultora Rystad Energy, debido al deterioro y la falta de mantenimiento de las infraestructuras en Venezuela, sería necesario invertir unos US$ 110.000 millones en tres años para duplicar la actual producción. Un dato que en el contexto actual en Cuba seguramente no pasa desapercibido.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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