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LAVADO DE DINERO

Marcos Kowalski*

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Cuando hablamos de “lavado de dinero” podemos decir que, al parecer, tuvo su origen en la práctica delictual de diversos grupos de la mafia, quienes en la década de los años veinte, en Estados Unidos de Norteamérica, utilizaban los comercios de lavanderías de ropa como fachadas para la realización de sus actividades ilícitas.

De ese modo, estos delincuentes adquirían estos establecimientos con el objeto de otorgarle una apariencia legítima al dinero obtenido mediante las prácticas criminales que llevaban a cabo, declaraban que sus activos ilegales, provenían del funcionamiento legal de sus comercios de lavandería, logrando así en aquella época, “lavar” su dinero e introducirlo al circuito económico como legal.

Aun cuando algunos dicen que lo narrado es un mito, por cuanto es casi imposible conseguir comprobarlo en forma fehaciente y para esa época no existían restricciones ni regulaciones punitivas de lavado de activos, de cualquier forma y más allá de la discusión del origen del término “Lavado de dinero”, recién para el año 1986, se transformó en un tipo penal, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, países pioneros en criminalizarlo.

La internacionalización del delito tuvo lugar en el año 1988, con la firma de la denominada Convención de Viena contra las drogas. Es que, en los años 80, las estructuras u organizaciones criminales de escala internacional, inicialmente dedicadas al narcotráfico, perturbaron el orden institucional de algunos países, tanto en las fuerzas de seguridad, como sus sistemas económicos, de justicia y de gobierno.

Citemos como ejemplo, lo ocurrido en esa época en la República de Colombia, donde los principales cárteles de Medellín, Cali y Del Valle; lograron un poder económico tal, que corrompían voluntades políticas, judiciales, policiales, civiles, creando inclusive fuerzas propias de seguridad y ataques que pusieron en riesgo al propio país.

La denominada “Comunidad Internacional” debió responder a estas organizaciones delictivas que traficaban a través de las fronteras, mediante la creación de numerosos instrumentos supranacionales para su prevención y lucha, el que se llevó a cabo mediante un proceso progresivo de estandarización.

Se destacan en este aspecto además de la Convención de Viena de 1988, contra el tráfico ilícito de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el Consejo de Europa y la Unión Europea, ya que los países que la integraban comenzaron a analizar los aspectos penales del abuso y tráfico de drogas que culminó en 1990 con el Convenio sobre blanqueo, investigación embargo y decomiso del producto del delito en Estrasburgo, Francia.

Cabe mencionar asimismo al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado en 1989 por los países integrantes del G-7 —que estableció 40 recomendaciones estándares internacionales para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo—, como así también el reglamento modelo sobre el control de lavado de la Comisión de OEA de 1992, la Convención de Palermo del año 2000 y a escala regional, en América del Sur, podemos citar al Gafisud.

De todas estas convenciones emerge la idea de realizar acciones tendientes al recupero del producto del delito, pues de esa forma se desmantelan los incentivos de quien delinque. Se destaca que fue la Convención de Palermo la que amplió la cantidad de delitos precedentes al lavado, ya que antes se limitaba al narcotráfico, a la vez que establece la responsabilidad de las personas jurídicas y criminaliza el autolavado.

Es el GAFI, como ente hacedor de políticas, como se ha mencionado, el que diseña estándares internacionales para promover la implementación de medidas operativas y legales contra el lavado de dinero, ahora llamado lavado de activos. La Organización de Estados Americanos (OEA), basada en estas políticas, insta a crear un régimen preventivo de lavado de activos, reclamando la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para recopilación, análisis e intercambio de información sobre la materia e informar operaciones sospechosas.

La Argentina se fue adaptando al cambio establecido por los estándares internacionales, atravesando el proceso de criminalización del lavado de activos a través de diversas etapas donde sucesivamente fue variando su ámbito de tutela.

La etapa inicial comenzó en el año 1989 cuando se sancionó la ley 23.737 de estupefacientes y psicotrópicos, donde el bien jurídico protegido es la “salud pública”; recordemos que la Convención de Viena fijó estándares en materia de lucha contra el narcotráfico, dado que el lavado de activos solo era concebido como un ilícito penal exclusivamente ligado al narcotráfico.

Párrafo aparte merece la incorporación que efectuara la citada ley de nuevos institutos al procedimiento penal, como la figura del agente encubierto, entrega vigilada, el arrepentido, prórroga de jurisdicción; todos ellos tendientes a lograr avances en la lucha contra el narcotráfico.

Como segunda etapa, en el año 2000 se derogó el art. 25 de la ley 23.737, reformulándose por completo la figura del lavado, que pasó a ser criminalizada en el art. 278 del Código Penal como una forma especial de encubrimiento, situado dentro de los delitos contra la administración pública, conforme lo estipulado mediante la sanción de la ley 25.246.

Esta es una reforma trascendental, pues significó la “desnarcotización” para el origen del lavado, ya que ahora se admitía como precedente a todos los delitos del sistema penal. Según la doctrina imperante, los bienes jurídicos tutelados por dicho delito eran la administración pública en general y la administración de justicia en particular.

Un tercer momento de criminalización del lavado, lo vemos con la sanción de la ley 26.683 del año 2011, la que adecuó el tipo penal de lavado de activos a los estándares internacionales fijados en el tema, desvinculó al lavado de activos de la figura de encubrimiento, se reformuló su configuración típica permitiendo reprimir el “autolavado”, también se instituyó la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el decomiso sin necesidad de condena previa (solo en algunos casos) en materia de lavado de activos. Así se creó un nuevo título de delitos en el Código Penal argentino, denominado Delitos Contra el Orden Económico y Financiero, quedando estos bienes jurídicos bajo su órbita penal de protección. Cuando se salvaguardan en forma simultanea dos o más valores jurídicos, se suele identificar al delito como pluriofensivo o multiofensivo, en contraposición con aquellos que protegen un único bien jurídico uni-ofensivo.

A los efectos de mejor claridad reproduciremos los artículos 303 y 304 del Código Penal Argentinos plenamente vigentes en la actualidad:

Artículo 303.

“1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos:

a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza;

b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial.

3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

5) Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión.

(Artículo incorporado por art. 5º de la ley N° 26 683 B.O. 21/06/2011)

Artículo 304.

“Cuando los hechos delictivos previstos en el artículo precedente hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente:

  1. Multa de dos (2) a diez (10) veces el valor de los bienes objeto del delito.
  2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años.
  3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años.
  4. Cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad.
  5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere.
  6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.

Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica.

Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una obra, o de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4.”

 

Debemos puntualizar que se trata de un delito de resultado de peligro, de modo que, para tenerlo por configurado, no hace falta que los bienes hayan adquirido efectivamente apariencia de origen lícito; basta con que haya existido un peligro concreto de que ello sucederá.

Al respecto, nótese que la propia norma así lo explicita al indicar “con la consecuencia posible”, lo que permite colegir que, siendo las acciones idóneas para lograr el fin propuesto, el delito estará consumado.

Por otro lado, y sobre el conocimiento o bien la sospecha por parte del autor o partícipe del delito de blanqueo de dinero, del origen ilícito del capital, sentenció la Cámara Nacional de Casación Penal en los autos «ORENTRAJCH», que «(…) (no es necesario) que el autor o quienes participan en un proceso de lavado, tengan la concreta finalidad de darle a los bienes una apariencia de licitud; basta con que el autor sepa que con su acción puede ser que los bienes ilícitos adquieran aquel carácter (…)» y agrega que «(…) se ha sostenido que el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes por parte del sujeto activo, no implica que este debe ‘…saber a ciencia cierta cuál fue la concreta figura cometida, ni las circunstancias específicas de orden jurídico concurrentes sobre el caso…’ (…)».

Se trata, como vemos, de un delito doloso, pero que admite la posibilidad de un obrar con dolo eventual. De tal modo, no es requisito la demostración acabada del conocimiento por parte del sujeto activo en torno a la ilegal procedencia del dinero que se está blanqueando, sino que resultará suficiente acreditar, a partir de las particularidades del caso, que debió sospechar de la ilicitud de ese capital.

Nótese, además, que la letra del código indica al referirse como elementos prohibidos de ingresar en el sistema económico legal, a los bienes provenientes de un “ilícito penal”, no haciendo referencia a la ocurrencia de un delito propiamente dicho.

Hasta aquí nos hemos referido a los aspectos legales y a las implicancias jurídico penales que pueden aplicarse al sujeto que cometa el delito de lavado de activos o lavado de dinero, pero ¿cómo se realizan en la actualidad las distintas operaciones de lavado? Es de público y notorio que existen causas penales en proceso donde se imputa, en estos momentos, a diversas personas el delito. La procedencia de los fondos; tradicionalmente provenían del narcotráfico, pero ahora están más vinculados a la corrupción (como los sobreprecios en la obra pública) y la evasión.

Las modalidades más utilizadas para el blanqueo fueron siempre más o menos las mismas, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera (GAFI): a través de estructuras societarias “pantalla” (compañías, fideicomisos, etcétera) y los llamados “sistemas informales de transferencia de valores”, más conocidos como “cuevas financieras”.

Pero hagamos una breve descripción de los procedimientos más usuales del “Lavado de Activos” en nuestro país. Como decíamos, la mayor forma de blanquear dinero en Argentina es enviar los fondos a sociedades “pantalla” en paraísos fiscales, desde donde suelen derivarse a lugares con alto secreto bancario, como las islas Seychelles.

Sociedades o corporaciones que casi nunca están a nombre del verdadero titular y desarrollan pocas o ninguna de las actividades que oficialmente dicen, sino que aparentan hacerlas y presentan como ingresos legales a la plata en negro. Hasta que los fondos llegan al destino final en un “paraíso bancario” como Antillas Neerlandesas (Curazao, y San Martín) pertenecientes a los Países Bajos, por ejemplo.

Estas sociedades, en conjunto con otras u otros intermediarios, pueden hacer sucesivas operaciones financieras para dificultar el rastreo del origen del dinero, por ejemplo, transferencias entre bancos, cambios de moneda, compra de bienes físicos de gran valor (yates, casas, autos) o financieros (cheques, acciones, bonos, Bitcoin), entre otras. Lo único que cambia en el esquema de usar sociedades “pantalla” en el país es la forma de mandar la plata al exterior: puede hacerse a través de entidades financieras legales o de cuevas ilegales.

Para hacer esto, las cuevas suelen utilizar una operación llamada “dólar cable”, por la que cobran una tasa del 7% al 10%, usando la plata de otra persona en el exterior que quiera “entrar” dinero al país para abrir la cuenta afuera, y los fondos de quien quiere “salir” para ingresar los billetes del otro. Una vez afuera, el dinero sigue el mismo circuito que con la anterior forma; va a sociedades “pantalla”, que muchas veces las cuevas se encargan de abrir, y de ahí sigue hacia otro destino, como paraísos fiscales o “bancarios”.

Además de este servicio, las cuevas ofrecen otras modalidades para lavar dinero, como comprar cheques, con una comisión del 2,5%, a empresas que tienen una parte de su facturación en negro. Y también suelen hacer operaciones de “contado con liqui”, comprando bonos en pesos con fondos negros que luego venden en dólares en el extranjero, fuera del alcance del fisco.

Otra modalidad bastante usada en el lavado es la sobrefacturación de importaciones y exportaciones, o la llamada “doble facturación”, a través de la que se “pasa” dinero negro sobrevaluando operaciones comerciales con el exterior. La maniobra tiene el plus de que, en tiempos de cepo cambiario, puede conseguirse autorización del Banco Central para enviar valiosos dólares afuera.

Una variante que va perdiendo vigencia, pero que debemos mencionar, son los llamados “auto-préstamos”, mediante los cuales una empresa constituye una sociedad en el exterior, supuestamente sin vinculación a ella, para girarle dinero por supuestas deudas. También puede darse que dos empresas del mismo grupo se manden fondos “inflados” entre sí, por ejemplo, de una subsidiaria a una matriz.

A todas estas prácticas hay además que sumar en la actualidad el uso del Bitcoin y de las criptomonedas para lavar dinero. Autoridades gubernamentales, representantes de instituciones financieras y voceros de empresas argumentan que las criptomonedas, “sin fronteras, sin autoridad central, sin control ni censura y que permiten el anonimato, son un vehículo ideal para actividades delictivas, especialmente para el blanqueo de capitales”. También usan a ONG de discapacidad.

Tendríamos que preguntarnos por qué por si solas tienen más capital y poder y cantidad de sedes que fábricas de productos y servicios reales.

Pero, así como los mafiosos de antaño utilizaban “lavanderías” los delincuentes organizados de hoy, “blanquean” sus dineros ilícitos en la “producciones de espectáculos” y en la “edición de publicaciones” y “libros” virtuales o impresos, como sería el caso de afamados políticos en estos últimos años con dineros provenientes de la corrupción. En este sentido es particularmente llamativa la gran proliferacion literaria de políticos y de otras personalidades.

Pareciera como que se produjera lo que algún amigo nos refirió como “síndrome Borges” a muchos se les da por “escribir” libros de un éxito asombroso, incluso se venden antes de su presentación pública, debemos decir que, desde las épocas de los grandes escritores, el abultar cifras de ventas de libros, impresos o virtuales, también se utilizó para encubrir dineros ilícitos.

Del mismo modo, “recitales” o “eventos deportivos” fueron también muy utilizados a escala mundial, de los que figuras de relevancia fueron sospechosas de estar comprometidas en esas actividades; tampoco se debe dejar de mencionar en este accionar a los “pases de futbolistas” y todo el negocio relacionado a ese deporte que, puntualmente, tiene implicados a dirigentes de la misma FIFA.

 

* Jurista USAL con especialización en derecho internacional público y derecho penal. Politólogo y asesor. Docente universitario.

Aviador, piloto de aviones y helicópteros. Estudioso de la estrategia global y conflictos. 

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LA DEMOCRACIA ARGENTINA ESTÁ ENFERMA Y LA ALTERNATIVA ES “PEREGRINAR”

Marcelo Javier de los Reyes*

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Los medios internacionales del mundo —de Estados Unidos, Alemania, Rusia, Francia, España, etc.— se hicieron eco de lo que se ha dado en llamar “el vacunatorio VIP”, un escándalo más protagonizado por la casta política argentina. Los que se llenaron la boca y levantaron los estandartes de los “derechos humanos” (para algunos), los que hablaron de un “genocidio” que no existió —porque no se buscó aniquilar a ningún pueblo dentro de la República Argentina—, los que instauraron la mentira de la “juventud maravillosa” —terroristas responsables de la muerte de miembros de las Fuerzas de Seguridad, de las Fuerzas Armadas, de empresarios, de sindicalistas, de civiles, de mujeres y de niños durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón y de María Estela Martínez —aunque ya actuaban en la década de 1960— y luego durante el gobierno militar, que asumió el poder con el respaldo de la inmensa mayoría de los argentinos, incluso con el del Partido Comunista Argentino—, nuevamente dieron muestras de su mezquindad, de su absoluta hipocresía, y de que ellos sí son capaces de cometer “delitos de lesa humanidad”. Para algunos esto puede parecer exagerado pero ¿por qué hablo de ese tipo de delitos? Porque esto ha sido el summum de las violaciones de los derechos humanos fundamentales en nuestra pseudo democracia. Entre estos derechos podemos mencionar los siguientes:

  1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
  2. Todas las personas somos iguales sea cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición.
  3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal.
  4. Todos somos iguales ante la ley y tenemos, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.
  5. Todos tenemos igual derecho a protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
  6. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
  7. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.
  8. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
  9. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
  10. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.

… y otros veinte derechos humanos fundamentales que no cito por una cuestión de extensión, aunque resalto el siguiente: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Sin embargo, nuestra democracia desde 1983 ha pisoteado estos derechos, lo cual no significa, bajo ningún punto de vista, una defensa del gobierno militar que la precedió, el cual incurrió en varios y gruesos errores.

Haber dispuesto arbitrariamente de las vacunas contra el COVID 19 para sus amigos y familiares, dejando de lado a innumerables sectores de riesgo y al resto de la población, dejándola a su suerte, es una violación de los derechos humanos fundamentales. Y esto lo digo por todos aquellos ciudadanos que están esperando la oportunidad de acceder a la vacuna en un contexto en que los medios de comunicación social solo inyectan miedo en la sociedad. No es mi caso porque al presente no confío en ninguna y conozco los intereses de los laboratorios.

Esta batahola por el “vacunatorio VIP” pasará al archivo de la historia argentina como otros tantos, sin castigos más allá de la renuncia de un ministro que ha sabido gozar de los beneficios de pertenecer a un gobierno, pues ha cumplido numerosas funciones bien remuneradas sin ofrecer la contraparte correspondiente, es decir, el servicio a la comunidad que le abona sus honorarios y a la que juró servir.

Llevamos más de treinta y siete años de mentiras, desde aquella que nos decía que “con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”. La frase que usó el presidente Raúl Alfonsín es, teóricamente, absolutamente verdadera pero en la práctica ha ocurrido todo lo contrario y ya desde su propio gobierno. No es aquí el espacio para analizar si hubo un “golpe económico” que lo llevó a entregar la presidencia antes de que se cumpliera su período de gobierno. Claro que los años que siguieron a su alejamiento del gobierno fueron empeorando la calidad de la democracia argentina y en ello el presidente Alfonsín ha tenido su responsabilidad al igual que el resto de la casta política. En este caso vale recordar el Pacto de Olivos y la consiguiente reforma constitucional.

Cabe aquí aclarar el término de “casta”, que el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) —a la que siempre debemos recurrir para hablar con propiedad— define de la siguiente manera: “Cada uno de los grupos o estamentos sociales, impermeables entre sí, en que resulta dividida una población de modo tal que la pertenencia a una u otra casta es determinante del haz de derechos y deberes de cada individuo”.

En principio cabe señalar que la reconocida “movilidad social” que caracterizaba a la sociedad argentina ha sido herida de muerte durante la democracia. La clase media se ha reducido a una “clase cultural”, y en decadencia, que ya no reúne los requisitos por los que así era considerada. El deterioro económico, la reprimarización de la economía argentina han llevado a una “inmovilidad” más que a una movilidad social.

En segundo lugar, los políticos de todo pelaje actúan ante el pueblo como si estuvieran enfrentados pero, en verdad, todos demuestran un gran “espíritu de cuerpo”. Han logrado polarizar a la sociedad, generar odio entre sus miembros, pero ellos se cuidan de condenar a uno de sus pares aunque sea de otro “espacio político” —dado que no estamos en una democracia de partidos sino de espacios en los que se pueden cruzar a voluntad sin ningún tipo de reproches— y cuando asumen el gobierno implementan las mismas medidas que responden a la “agenda internacional”, se preocupan por sus intereses terrenales y personales en lugar de los intereses nacionales. Estos no son señalados por ellos y es absolutamente lógico, pues serían incapaces de mencionarlos.

Se comportan como casta porque no cualquiera llega a ese “estamento impermeabilizado” que goza de amplios beneficios mientras les impone sacrificios y penurias al resto de la sociedad, siempre dada la crítica situación que vive el país y que no tiene a otros responsables más que a ellos mismos.

Cuando asume un nuevo gobierno se limita a hablar de la “herencia recibida”… Se le ha atribuido a la canciller Angela Merkel una frase que parece que no ha sido acuñada por ella sino por un tuitero, la cual sentencia: “Los presidentes no heredan problemas. Se suponen que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregirlos. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre”. En realidad la frase sería de la autoría del usuario @andrefelgiraldo, quien publicó el mensaje originalmente el 27 de junio de 2019, el cual cierra con un agregado muy importante: “Si no pueden, no se postulen”. Esto no aparece en la supuesta cita de Merkel porque, obviamente, va en contra de los políticos. Entonces todos se postulan y se refieren a “la herencia recibida” pero dejan una herencia infinitamente peor. Claramente me refiero a los presidentes argentinos: Carlos Menem le echó la culpa a la “herencia recibida”, pero dejó un enorme artefacto explosivo que le estalló en las manos a Fernando De la Rúa, quien debió dejar el gobierno en diciembre de 2001. Durante una semana los sucesores en la línea presidencial no quisieron hacerse cargo del aquelarre hasta que llegó el “gran salvador” que hoy está tramitando la ciudadanía uruguaya “por ser nieto de uruguayos”, aquel al cual el entonces presidente de Uruguay, Jorge Batlle (2000-2005), debió pedir disculpas por haber expresado que “los argentinos son una manga de ladrones, del primero hasta el último”. Cual vasallo a su señor, Batlle se presentó en Buenos Aires días después de sus dichos para pedir disculpas públicamente al presidente argentino. Batlle no dijo nada que algún argentino de bien desconociera pero claro, fue un imprudente —lo afirmó sin saber que los micrófonos estaban abiertos— y nos metió a todos los argentinos en la misma bolsa, algo que en verdad era injusto. No obstante, sin generalizar, su razón tenía. Batlle, fallecido en 2016, hoy se sentiría resarcido al saber que quien le recibió su disculpa actualmente está queriendo ser uruguayo.

El candidato a ser uruguayo recibió también su “herencia” y además de su célebre frase de “que quien depositó dólares recibiría dólares”, nos dejó como delfín al jefe del clan de Santa Cruz, quien también habló de la “herencia recibida” y mucho más lo hizo su sucesora, quien para no perder la tradición presidencial, dejó una herencia peor. Finalmente llegaron los muchachos del Cardenal Newman con el apoyo de los radicales, de peronistas que no podían crecer dentro del Partido Justicialista, de los inmaculados de la Coalición Cívica y de otros advenedizos que suelen tener todas las camisetas en sus roperos, pues no saben cuándo llegará el momento de ponerse la adecuada.

El país transitaba sobre rieles con la nueva conducción hasta que un día, de esos inexplicables, debieron salir corriendo al Fondo Monetario Internacional (FMI) para pedir un crédito por una suma sideral. Claro, era otro gobierno de amigos y entre amigos no se puede andar retaceando honorarios, concesiones y otros tipos de prebendas. El pueblo comprendería la situación y sabría que debía hacer sacrificios para poder superar esa coyuntura. Si, el pueblo, ellos no. De ese modo, tras liberarnos del FMI durante la administración del jefe del clan del sur, volvimos a quedar nuevamente atados a un préstamo del que desconocemos cuál fue su destino. El clan del sur fue utilizado con fines electorales por los jóvenes cincuentones del Newman —aunque no todos provenían de ese colegio—, con lo cual se los mantuvo vigentes y mientras la hinchada decía “no vuelven más”, los muchachos se prepararon y gracias a los desaguisados, la propia corrupción y la inoperancia típica de los soberbios, volvieron y acá están, tan preocupados por lo terrenal y su propia salud que se reparten las vacunas entre ellos.

La declaración universal que contribuyó a la aceptación global de los valores y principios democráticos reza así: “La voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno”. Bonita frase que no es más que una entelequia. La realidad es que todos los gobiernos se pasan la voluntad del pueblo por el arco del triunfo.

La sociedad tiene sus responsabilidades en esto, porque cree que con solo votar cada dos años ya cumplió con sus obligaciones ciudadanas, algo que suele dar una gran comodidad y tiempo para seguir, en otra escala, con los “intereses terrenales”, distantes de aquellos que por los que se preocupa la casta política que, obviamente, ocupan un escalón superior.

Entonces mientras ellos hacen que nos gobiernan y que se preocupan por el bienestar del pueblo, los gobernados consideramos que nada podemos hacer y que solo debemos esperar a que lleguen las próximas elecciones para imponerles el castigo que se merecen y así votar a los que sacamos para remplazar a estos que ahora queremos sacar. El absurdo llevado a su máxima expresión.

La realidad es que no tenemos intención de salir de nuestra comodidad para dar batalla. Es más importante Netflix que participar en un partido político o crearlo. Pero hay explicaciones para esto. Por un lado, la masa nos permite pasar desapercibidos y no sea que seamos políticamente incorrectos, algo que se ha impuesto como una norma del ceremonial.

De este modo, el pueblo argentino ha sido sometido a una “reingeniería social”, a un “cambio cultural”, de la mano de quienes enaltecieron a la “juventud maravillosa”, quienes nos impusieron nuevos términos, como “genocidio”, “memoria”, “verdad”, “justicia”, “terrorismo de Estado”, omitiendo al terrorismo marxista; quienes indemnizaron a los terroristas a costas del Estado. También se les permitió borrar su pasado y asumir cargos públicos. Como si ello fuera poco, se levantó un monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, al cual el gobierno del clan del sur, los jóvenes cincuentones del PRO, incluido el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llevaron a los dignatarios extranjeros que visitaban el país para rendir homenaje a los terroristas. Entonces, ¿Cuál era la diferencia entre un gobierno y otro si procedían igual? Sin embargo, parece que buena parte de la sociedad percibe claras diferencias y se inclinan por unos u otros.

¿Cuál es la calidad de nuestra democracia con amplios sectores que se odian y brindan apoyos a unos y otros? Porque ambos son corruptos, perpetran los mismos delitos, quizás unos de manera más burda e ideologizada que los otros, pero que sumergen al pueblo argentino a las mismas desgracias y que han llevado a la República Argentina a un estado de indefensión y de entrega de la Soberanía Nacional.

Es cierto que la calidad democrática está decayendo en todo el mundo, más aun en este contexto de pandemia, pero esta pseudo democracia puede derivar en una nueva forma de gobierno de una calidad bastante inferior.

Antes me había referido a la comodidad de la sociedad pero ahora consideraré otra razón. Aquí cabe recordar aquel cuento que narra que la crisis llegó al infierno, por lo que el diablo no tuvo más opción que poner a la venta todas sus herramientas destinadas a arruinar la vida de los hombres. Así fue que las puso sobre una mesa larga y todas llamaban la atención: en la subasta podía encontrarse a la venta el odio, la malicia, los celos, la tristeza, la venganza, la violencia… Pero a un comprador le llamó la atención el excesivo precio de una herramienta y le preguntó: “¿Por qué diablo esta herramienta es tan cara?” Y el diablo contestó: “Ah, porque el ‘desaliento’ es la herramienta es la más importante”. Y uno puede preguntarse por qué. Porque el desaliento está en el alma de las demás, afecta al malo y al que trata de ser bueno, al que procura cambiar, y el desaliento afecta también al que trata de corregirse. El desaliento afecta lo más profundo del corazón, es la falta de aliento, de aire, es como ahogarse. Recordemos que en el Génesis, Dios hace al hombre con cosas de la tierra y que para darle vida sopló sobre el hombre (en hebreo el ruaj, el “Espíritu de Dios”). Desalentarse es perder esa vida. El desaliento se ha desparramado como la pandemia sobre la sociedad argentina y se ha enquistado de tal modo que la sociedad está prácticamente convencida de que esta realidad es irreversible, de que no se puede luchar contra ella.

La sociedad argentina debe detenerse a respirar, a recuperar el aliento para poder enfrentar esta situación angustiante pero reversible y darse cuenta que estar a un lado o al otro de la grieta es padecer el “síndrome de Estocolmo”. Hay que olvidarse de los “salvadores”, del “culto a la personalidad”, de los hombres que llevan décadas viviendo de los cargos públicos para saciar sus ambiciones de poder y de dinero. La democracia argentina está enferma y debe vacunarse contra la casta política.

Por tanto hay que buscar nuevos caminos, nuevas opciones, conformar nuevos grupos, participar en nuevos espacios que deben ser creados por quienes tienen conocimiento y capacidad para convertir este presente en un futuro que la Argentina, bien gobernada, es capaz de darnos, porque apelando al pensamiento estratégico podemos considerar los recursos actuales y los recursos potenciales de los que el país puede echar mano para recuperarse. Para ello debe fijarse una plataforma real de gobierno, deben considerarse las ideas fuerza y deben delinearse nuevamente los grandes Objetivos Nacionales.

La sociedad debe ponerse “en camino”, como en una peregrinación hacia la Tierra Prometida, que no es otra que la Patria misma. Peregrinar es alejarse —tomar distancia del punto en el que estamos—, es caminar, ponerse en marcha, en silencio —es decir, dejando de lado la confrontación sin sentido para pasar al intercambio de ideas— y de esa peregrinación participan hombres de diferentes estratos sociales, de diferentes culturas, de diferentes confesiones pero que tienen un objetivo en común: llegar a la Patria que tanto amamos.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

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INMINENTES ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS: ¿DONALD TRUMP O JOE BIDEN?

Isabel Stanganelli-Frankenberg*

Joe Biden y Hunter Biden, hijo del exvicepresidente y actual aspirante demócrata a la Presidencia de EE.UU. (Alexis C. Glenn/EFE/Archivo)

Muy pronto habrá elecciones en Estados Unidos. Tradicionalmente es un proceso que se sigue atentamente desde Argentina.

Ortega y Gasset acuñó una frase que generó un largo debate filosófico: “Yo soy yo y mi circunstancia”. Y evidentemente las circunstancias 2020 excedieron no solo los planes y prioridades del presidente Donald Trump, sino la de todos los mandatarios, asesores, decisores, etc. del planeta.

¿Qué hará Trump si resulta reelecto? Quizás se aproxime a lo que está haciendo ahora…

La otra alternativa es Joe Biden, ex vicepresidente de Barak Obama.

En el debate actual aparece la petición de investigaciones por el presidente Donald Trump al presidente de Ucrania en relación con Joe Biden quien, en marzo de 2016, habría presionado al gobierno de Ucrania para que cesara al principal fiscal del país, Viktor Shokin, por su investigación sobre corrupción en relación con la empresa Burisma, de la que veremos fue parte su hijo, Hunter Biden, hasta 2019.

En mayo 2020, el nuevo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, prometió poner fin a las prácticas corruptas. Fue entonces cuando el abogado de Trump, Rudy Giuliani, comenzó a presionarlo para que investigase Burisma y el rol de Hunter Biden en la compañía. El actual fiscal de Ucrania, Yuriy Lutsenko, dijo que no tenía evidencia de irregularidades por parte de los Biden. También se informó que la investigación sobre Burisma no existía en el momento en que Biden presionó para expulsar a Shokhin. Y ahí parece que termina la cuestión. Nada compromete a los Biden… Sin embargo…

En febrero 2014, dos días antes de abandonar Kiev, el presidente Viktor Yanukovich durante más de una hora mantuvo una comunicación telefónica con el vicepresidente estadounidense Joe Biden, durante la crisis política que ya consumía a la ex República Soviética. Los acontecimientos posteriores sellaron el destino de Yanukovich. Pero desde el inicio de la crisis política en Ucrania —en noviembre de 2013— y hasta su derrocamiento, Biden mantuvo conversaciones telefónicas con Yanukovich en nueve ocasiones, un inusual nivel de contacto, así como con otros líderes religiosos y grupos ucranianos-estadounidenses.

Tras la destitución de Yanukovich no solo las comunicaciones mutuas desaparecieron, sino que Joe Biden aseguró al primer ministro interino, Arseniy Yatsenyuk, que tendría respaldo total de Washington y de la UE. Obviamente Moscú consideró ilegal al nuevo gobierno.

Finalmente se estableció que en Ucrania se celebrarían elecciones presidenciales el 25 de mayo 2014. Crimea también solicitó llevar a cabo un referéndum coincidente con las elecciones presidenciales. Es conocido que Crimea pasó a constituir dos nuevas entidades dentro de la Federación de Rusia.

En consecuencia Joe Biden advirtió que Estados Unidos y Europa incrementarían las sanciones contra Rusia, que el compromiso de Estados Unidos de defender a sus aliados de la OTAN estaba “blindado”; prometió una nueva formación de la OTAN con ejercicios que se llevarían a cabo en Polonia[1] y con los dirigentes de los países bálticos.

A mediados de abril 2014, Joe Biden ofreció a las autoridades interinas en Kiev US$ 50 millones destinados a ayuda económica y reforma política[2] y la posibilidad de aportar expertos estadounidenses para expandir la producción nacional de gas natural[3].

A fines de abril 2014, el vicepresidente estadounidense visitó Kiev entregando un paquete de ayuda a los dirigentes asediados y exigiendo que Rusia presionara más a los separatistas ucranianos[4].

En mayo Joe Biden lideró la delegación estadounidense cuando asumió el nuevo presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, y anunció US$ 48 millones en ayuda adicional para el gobierno de Kiev[5].

La noticia impactante llegó en junio de 2014 cuando el hijo menor de Joe Biden, Hunter Biden, de 44 años fue contratado por la ya mencionada empresa privada ucraniana, Burisma Holdings Limited, que promovía la independencia energética respecto de Moscú.

Hunter Biden fue presentado por Devon Archer —miembro de la junta de Burisma—, a Alan Apter, presidente de la junta directiva de la empresa. Además Archer trabajaba con Hunter Biden en Rosemont y fue uno de los principales recaudadores de fondos para John Kerry cuando se postuló para presidente en 2004.

El empleo de Hunter Biden significaba que trabajaría como director y abogado superior para una compañía ucraniana mientras su padre y otros en la administración Obama intentaban influir en las políticas del nuevo gobierno, especialmente en cuestiones energéticas. Los expertos en ética aparecían divididos sobre las implicaciones del nuevo trabajo de Hunter Biden. Las leyes estadounidenses sobre conflicto de intereses y normas éticas federales no regulan las actividades comerciales de los parientes de quienes trabajan en la Casa Blanca. En su día, cuando los Obama ocupaban la Casa Blanca, se dijo que no había ningún problema con los negocios en Ucrania de Hunter Biden porque era un ciudadano que se representaba a sí mismo y tampoco había habido ninguna evidencia de corrupción por su parte.

Estas situaciones no son nuevas. Préstamos políticos complicaron al hermano del vicepresidente Richard Nixon, Donald, durante las elecciones de 1960, y también al hermano del presidente Jimmy Carter, Billy, quien aceptó un estipendio de US$ 220.000 en 1981 del libio Mohammar Gadhafi. En los últimos años, varios parientes de Bush y Clinton fueron atrapados en una serie de tratos financieros y políticos.

El momento de la contratación del joven Biden planteaba complicaciones entre los intereses energéticos de Burisma. Al menos dos campos de petróleo y gas natural arrendados por las filiales de Burisma se encontraban en territorios pro-rusos: uno en Crimea; el otro en la región oriental de Járkov. La inestabilidad podría forzar a la nueva empresa de Hunter Biden a negociar con separatistas pro-rusos que Estados Unidos considera ilegítimos. Una subsidiaria de Burisma, KrymTopEnergoServis, opera campos de gas natural y tiene su sede en Crimea. Una segunda filial, Esco-Pivnich, produce petróleo y gas natural al oeste de Járkov, región controlada por separatistas.

Mientras, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, expresaba “con un mensaje claro que tanto Estados Unidos como la UE hablaban con una sola voz apoyando a Ucrania”[6].

El vicepresidente estadounidense Joe Biden señaló incluso que visitaría Ucrania y discutiría proporcionarle asistencia letal[7]. Rusia advirtió a Estados Unidos contra el suministro de armas horas antes de que Joe Biden llegara a Kiev[8] [9]. En consecuencia los Estados Unidos decidieron aumentar la asistencia militar no letal a Ucrania, incluidos Humvees y radares, aunque no especificaron el valor en dólares de la asistencia[10].

A mediados de noviembre 2014 Joe Biden manifestó su preocupación por la lentitud de Kiev en la formación de un nuevo equipo de gobierno, sin el cual no se pueden liberar nuevos créditos del Fondo Monetario Internacional y otra asistencia occidental. Expresó que era vital formar instituciones democráticas más fuertes, mejorar la integración con Europa y luchar contra el “cáncer de la corrupción”[11]. No obstante apoyó al frágil gobierno de Ucrania. Por eso, cuando su hijo Hunter Biden pasó a formar parte de una compañía de gas ucraniana empezaron las sospechas[12].

El papel empresarial del joven Biden suscitó preocupación entre los defensores anticorrupción al pensar que se trataba de una maniobra de Burisma para ganar influencia con la administración Obama. En aquel tiempo, la compañía se encargó de realizar una extracción de gas natural en Crimea, la península ucraniana anexada por Rusia después de que Yanukovich fuese expulsado del poder.

Pero Hunter Biden negó haber aprovechado la relación con su padre para ayudar a Burisma, empresa en la que estuvo en el consejo de administración hasta principios de 2019 y a la que solía representar en conferencias en el extranjero sobre energía.

En el conflicto mantenido con Rusia y cuyas consecuencias seguimos observando… ¿El objetivo era preservar la integridad territorial de Ucrania? La legalidad internacional así lo indica. Pero las investigaciones ofrecidas también indican que lograr ese objetivo era conveniente para la vida profesional del joven Hunter.

 

* Doctora en Geografía/Geopolítica y Magíster en RRII, Universidad Nacional de La Plata. Miembro del Central Eurasian Studies Society (CESS), Harvard University. Secretaria académica de la SAEEG. Correo electrónico: isabelstanganelli@yahoo.com.ar

 

Referencias

[1] “West Vows ‘Serious Consequences’ for Russia’s ‘Land Grab’”. The Moscow Times, 19/03/2014 <http://www.themoscowtimes.com/news/article/newsletter/496438.htm>, [consulta: 25/04/2014].

[2] “Monitors Head Into Ukraine’s Badlands”. The Moscow Times, 23/04/2014,  <http://www.themoscowtimes.com/news/article/newsletter/498844.html [consulta: 25/04/2014].

[3] “Why shouldn’t Hunter Biden join the board of a gas company in Ukraine?” The Guardian, 14/05/2014, <http://www.theguardian.com/business/shortcuts/2014/may/14/hunter-biden-job-board-ukraine-biggest-gas-producer-burisma>, [consulta: 07/03/2015].

[4] “Monitors Head Into Ukraine’s Badlands”. The Moscow Times, 23/04/2014, <http://www.themoscowtimes.com/news/article/newsletter/501684.html>, [consulta: 25/04/2014].

[5] “La firma energética ucraniana contrata al hijo de Biden como abogado”. The Moscow Times, 08/06/2014, <http://www.themoscowtimes.com/news/article/newsletter/501684.html>, [consulta: 15/06/2014].

[6] “Ukraine Welcomes Latest Round of U.S. and EU Sanctions Against Russia”. The Moscow Times, 30/07/2014, <http://www.themoscowtimes.com/news/article/newsletter/504287.html>, [consulta: 01/08/2014].

[7] “Top Official Says U.S. Should Consider Giving Ukraine Lethal Aid”. The Moscow Times, 20/11/2014, <http://www.themoscowtimes.com/top_stories/article/newsletter/511480.html>, [consulta: 25/11/2014].

[8] “Russia Says U.S. Weapons Would Destabilize Situation in East Ukraine”. The Moscow Times, 20/11/2014, <http://www.themoscowtimes.com/news/article/newsletter/511539.html>, [consulta: 25/11/2014].

[9] “Russia Warns U.S. Against Arming Ukraine as Biden Visits Kiev”. The Moscow Times, 21/11/2014, <http://www.themoscowtimes.com/news/article/newsletter/511575.html>, [consulta: 25/11/2014].

[10] “Officials Say U.S. Will Expand Non-Lethal Military Aid to Ukraine”. The Moscow Times, 21/11/2014, <http://www.themoscowtimes.com/news/article/newsletter/511577.html>, [consulta: 25/11/2014].

[11] Under Western Pressure, Ukraine’s Poroshenko Pledges New Government Soon”. The Moscow Times, 24/11/2014, <http://www.themoscowtimes.com/news/article/newsletter/511759.html>, [consulta: 25/11/2014].

[12] “Crisis política en Estados Unidos: Hunter Biden y Ucrania: la verdadera historia”. France24, 25/09/2019, <https://www.france24.com/es/20190925-hunter-biden-y-ucrania-la-verdadera-historia-0>, [consulta: 27/09/2019].

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