Roberto Mansilla Blanco*
Venezuela sigue instalada en una espiral interminable de crisis política e institucional, con complejos escenarios para este 2021 que permitan vislumbrar algún tipo de solución de consensos, al menos a corto plazo.
El pulso político iniciado en enero de 2019 por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó contra el régimen de Nicolás Maduro no ha logrado alcanzar sus puntos más importantes, establecidos en el slogan: “fin de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres”. Muy por el contrario, el diagnóstico actual deja entrever fisuras en la plataforma opositora venezolana sobre las estrategias a seguir para salir de Maduro.
Con todo, Guaidó ha logrado un amplio reconocimiento internacional de cerca de 60 países, entre ellos EE.UU. y la Unión Europea, una baza política considerable pero con cada vez menos incidencia en el plano interno venezolano.
Por otro lado, Maduro y su régimen han logrado no sólo mantenerse en el poder sino dar cuenta de una notable resiliencia ante la presión internacional, en particular amparados por el apoyo de potencias globales como Rusia y China con decisión de veto en la ONU, actores emergentes como Turquía e Irán y la alianza estratégica con Cuba, cuyo peso en la política venezolana es decisivo.
Mientras la vacuna contra la COVID 19 ocupará la mayor parte de la atención mundial, al menos durante este 2021, los escenarios que se presentan para Venezuela en este nuevo año han dado un giro significativo. Esto supone un factor que colateralmente favorece los intereses de Maduro, ya que la solución de la pandemia tangencialmente desvía la atención internacional hacia Venezuela y le permite a su régimen mantener el control sobre la población, a través de las medidas sanitarias.
Paralelamente, una perspectiva parece ir cobrando forma en el horizonte: se aprecia una especie de “final de época” del “chavismo”, toda vez en Venezuela comienza a imponer su ritmo una nueva estructura de poder, con Maduro como epicentro.
Más allá de la controversia causada por la legitimidad de las elecciones legislativas realizadas en diciembre de 2020, de la elevada abstención (69%) y del mayoritario desconocimiento internacional a esos resultados, este 5 de enero el “madurismo” recuperó los espacios del poder legislativo para el próximo período 2021-2026.
Con ello, se completa el proceso de concentración de todos los poderes públicos en manos de Nicolás Maduro, afianzando un poder absoluto, desprovisto de equilibrios institucionales que fiscalicen su gestión. A diferencia de la oposición, y a pesar de su elevada impopularidad, el “madurismo” y sus factores aliados en el poder, en especial el estamento militar, no han observado fisuras significativas que pongan en peligro su hegemonía política.
El contexto es significativo. La nueva ecuación de poder da a entender que el “madurismo” refuerza su poder incluso dentro del propio espacio político de representación “chavista”. La presidencia de esta nueva y controvertida Asamblea Nacional en manos de Jorge Rodríguez y el notorio desplazamiento del poder de Diosdado Cabello, hasta ahora presidente de la igualmente polémica y ya inexistente Asamblea Nacional Constituyente (ANC), definen este rumbo político.
Así, el “madurismo”, salvo cuando la propaganda en clave legitimación así lo requiera, ya no se exhibe necesariamente como el heredero del “chavismo” sino que, más bien, ha “pasado página», cooptando e incluso degradando a miembros del “chavismo originario”, especialmente del sector militar “febrerista” (rebelión de Chávez del 4F de 1992), como es el caso del propio Diosdado pero también de cualquier vestigio de poder de la familia Chávez.
En 2013, poco tiempo antes de la muerte de Chávez, el ideólogo del socialismo del siglo XXI, el sociólogo Heinz Dieterich, vaticinó que Diosdado era “el Stalin de la Revolución Bolivariana” y que Maduro representaba la genuina continuidad del chavismo. Pero el contexto 2021 parece dirimir otra expectativa: el “Stalin” de la revolución más bien parece ser el propio Maduro, quien en sus inicios en la presidencia se presentaba como el “hijo de Chávez”.
La etapa inicial “post-Chávez” definió una especie de reacomodo de poder entre Maduro y Diosdado determinado en gran medida por la necesidad imperiosa de unidad ante la presión internacional. Pero en el contexto actual, esta ecuación parece ir perfilándose calculadamente a favor del primero.
El pasado 4 de febrero, durante los actos por el 29º aniversario del intento de golpe de Chávez de 1992, Diosdado recuperó las esencias propias del “chavismo originario” militar, portando en un acto conmemorativo el uniforme del regimiento de paracaidistas al que pertenecía Chávez. La imagen puede ser alegórica de un posible reacomodo de fichas en el “chavismo-madurismo”, donde Diosdado parece negarse a perder protagonismo.
Por su parte, Maduro ha fortalecido una “oligarquía” financiera y económica, una nueva nomenklatura de poder que dista mucho de los ideales chavistas. La incesante crisis económica venezolana, que sigue provocando la peor crisis humanitaria a nivel hemisférico, con oleadas de venezolanos huyendo a países vecinos, parece estar definiendo al mismo tiempo las bases de una especie de “capitalismo salvaje” vía dolarización, que beneficia claramente a esa denominada “boliburguesía” que inició su andadura con Chávez en el poder pero que definitivamente se ha acomodado con Maduro. El control de la industria petrolera y principalmente la rapaz explotación en el Arco Minero al sur del país, con graves acusaciones de desastre ecológico, son otros de los factores que enriquecen a la “casta madurista”.
En este sentido, Maduro pareciera haber tomado nota en la concreción de una especie de “oligocracia” en el poder, un sistema parecido al de la Rusia de Putin. La crisis de legitimidad de su régimen no parece ser un impedimento tan estratégico como se cree. Los resortes del poder del “madurismo” llevan a concretar síntomas de lo que se ha venido considerando como “autoritarismo competitivo”, pero cada vez más fortalecido por el apoyo militar, la represión de la disidencia (aún existen unos 200 presos políticos en Venezuela, muchos de ellos estudiantes universitarios) y un sistema “hecho a su medida”, especialmente en materia electoral.
Por otro lado, abundan las denuncias de que, dentro de esta estructura de poder, conviven incluso mafias y redes criminales, así como núcleos de apoyo de la guerrilla colombiana y de movimientos islamistas como el Hizbuláh, y que han pasado a controlar incluso porciones territoriales del país como auténticos “feudos”, especialmente en el Arco Minero.
Del mismo modo, la inclusión como parlamentario de Nicolás Maduro Guerra, hijo del actual mandatario, simboliza esa preeminencia “familiar” dentro del nuevo establishment del poder en Caracas. A este núcleo “madurista” debe unirse igualmente el poder de Tarek el Aissami, actual ministro de Petróleo y principal vínculo del “madurismo” con Irán, actual surtidor de gasolina a la maltrecha economía venezolana.
Con una economía “dolarizada” de facto, Maduro parece persuadido a propiciar una incipiente apertura económica, menos agresiva con el sector privado pero que permita el ingreso de inversiones extranjeras, especialmente de sus aliados Rusia, Irán, Turquía y China, entre otros, y que son vitales para mantener la actual nomenklatura de poder “madurista”.
No obstante, ya confirmado su poder prácticamente absoluto, Maduro no desdeñará continuar con el programa “socialista”, con menor interés ideológico pero sí como herramienta de poder. Surgen así expectativas de posibles confiscaciones, principalmente de bienes y propiedades de venezolanos emigrados y de dirigentes políticos en el exilio.
El objetivo de la eventual apertura económica es sortear las sanciones internacionales de EE.UU. y Unión Europea, a la espera de observar cuál será la óptica hacia Venezuela que tendrá el próximo presidente estadounidense Joseph Biden, y si con ello se entierra definitivamente con la “Doctrina Trump” que ha favorecido la transición vía Guaidó.
De este modo, Maduro observa con beneplácito la posición de Biden y de su vicepresidenta Kamala Harris de recuperar la “Doctrina Obama” de apertura gradual con Cuba, lo cual implicaría directamente a Venezuela, tomando en cuenta la asociación estratégica total entre ambos países.
También está el contexto regional. Como sucediera con la vuelta al poder del MAS en Bolivia en octubre pasado y anteriormente del “post-kirchnerismo” en la Argentina de Alberto Fernández, el “madurismo” observaba con interés la posibilidad de un vuelco político en las elecciones presidenciales ecuatorianas de febrero próximo, así como en las presidenciales peruanas de abril, que le permitan recuperar alianzas regionales.
Así, en Ecuador, la atención está fijada en fuerzas de izquierda “post-correistas” como Andrés Arauz, vencedor en la primera vuelta presidencial del pasado 7 de febrero, e indigenistas como Yaku Pérez. En noviembre, Nicaragua irá a elecciones presidenciales, donde se da por descontado otro nuevo período para Daniel Ortega, aliado de Maduro y en el poder desde 2006.
El ex presidente Chávez rememoraba constantemente en sus discursos una fecha: 2021. Es el año que celebra el Bicentenario de la Batalla de Carabobo (1821) que selló la independencia venezolana. Pero en este 2021 de la pandemia, el “madurismo” parece identificar el simbolismo de esa fecha histórica hacia otra vertiente: el de su consolidación en el poder, incluso por encima del propio “chavismo”. En perspectiva, un final de ciclo que ni el mismo Chávez imaginaba.
La eventual consolidación del “madurismo” lleva a otro nombre: Juan Guaidó. Dos años después de su inesperada aparición pública, el aún principal líder de la oposición venezolana se encuentra en un difícil laberinto que acrecienta la precariedad de su posición política.
Mientras Maduro lanzaba sus controvertidas elecciones legislativas en diciembre, Guaidó apostó sus cada vez menos efectivas cartas a una consulta popular “anti-Maduro” de resultados inciertos desde el punto de vista político. Debe igualmente observarse que, a pesar de la posición oficial, existen fisuras internas y críticas dentro de la oposición hacia el liderazgo de Guaidó, al que califican de “ineficaz”.
Ya entrado el 2021, la Asamblea Nacional surgida de las elecciones de 2015 (las últimas reconocidas como legítimas por la mayor parte de la comunidad internacional) renovó a Guaidó en la presidencia por un año más. Pero la situación de Guaidó es sumamente compleja tomando en cuenta que el poder político de facto lo tiene el “madurismo” y que el régimen, a pesar de sus elevados índices de impopularidad, ha tenido éxito en desgastar e incluso desacreditar la imagen de Guaidó.
Guaidó sigue teniendo el apoyo y el reconocimiento de 60 países, pero la realpolitik venezolana y los posibles cambios en el contexto internacional (nuevo gobierno en EE.UU., atención mundial a las vacunas del coronavirus) pueden alterar esta situación.
De hecho, su figura como “presidente interino” pierde gradualmente fuerza en el contexto exterior, así como su “mantra” de hoja de ruta lanzado en 2019 de “fin de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres”. De hecho, la Unión Europea lo sigue reconociendo, pero ahora como “interlocutor privilegiado”, un enfoque que denota obviamente un nivel de degradación en cuanto a la posición política e, incluso, del propio liderazgo de Guaidó.
Su “mentor” político, Leopoldo López, logró escapar a España, donde se concentra gran parte del exilio opositor venezolano, con figuras como el ex alcalde metropolitano Antonio Ledezma. Tampoco está Trump en la Casa Blanca, y si bien Biden parece convencido de mantener el apoyo bipartito entre republicanos y demócratas en EE.UU. hacia la causa democrática que impulsa Guaidó, nada parece completamente seguro.
Con la Asamblea “madurista” en funcionamiento, persisten las incógnitas sobre qué sucederá con Guaidó. Muchos sectores “maduristas” buscan revancha y lo quieren ver preso, pero la posibilidad de un audaz exilio es otra alternativa.
Con ello, podríamos observar cómo la oposición venezolana se vería eventualmente persuadida a ensayar una especie de gobierno en el exilio, algo similar al ejemplo de la oposición política al régimen de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial, que mantiene un precario gobierno en el exilio precisamente en España, desde 2003 en manos de Severo Moto. El ejemplo del exilio cubano, particularmente en EE.UU., también es una posibilidad que refleje lo que puede suceder con Guaidó y la oposición venezolana.
Con o sin exilio a la vista, otra expectativa puede anunciarse en este incierto 2021: la posibilidad de un nuevo cambio de dirección dentro de la oposición venezolana, con nuevas figuras que podrían traducir una etapa “post-Guaidó” y “post-Leopoldo López”.
En la órbita de este posible cambio de dirección en las filas opositoras surgen dos líderes ya conocidos: María Corina Machado y el ex candidato Henrique Capriles Radonski. En los últimos meses, ambos han sido fuertes detractores de la estrategia de Guaidó y nunca ocultaron sus intenciones para eventualmente sucederlo. Pero está por ver si sus estrategias serán de aggiornamiento pragmático con el “madurismo” o de apostar por acciones más radicales.
Machado defiende la radicalización en la calle sin negociación con un régimen que califica “usurpador y criminal». Por su parte, Capriles Radonski ya abrió con anterioridad algunas líneas de diálogo con el “madurismo” y parece ser el líder opositor elegido por figuras internacionales, como el Alto Comisionado de Política exterior, Josep Borrell, y del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, a la hora de iniciar una negociación pactada con Maduro.
Toda vez, la dirigencia opositora venezolana se ve igualmente fragmentada al tener a varios de sus representantes en la cárcel como presos políticos del régimen.
A comienzos de 2021, Maduro lanzó una especie de oferta política y electoral en clave de negociación internacional: celebrar unas elecciones regionales “libres y transparentes” para final de año, bajo el formato que exige la comunidad internacional, con tal de obtener el reconocimiento a su mandato hasta 2025. En las filas opositoras, fue precisamente Capriles Radonski el que se lanzó al ruedo prácticamente avalando esta táctica “madurista”.
Toda vez, la posibilidad de ensayo de un gobierno en el exilio, con López y eventualmente Guaidó como principales operadores, repercutirá en el seno interno de la oposición dentro de Venezuela. Está por ver si la unidad opositora seguirá inquebrantable o, más bien, se produciría una posible ruptura entre sectores opositores, tanto en el exilio como en Venezuela, sobre las estrategias a adoptar para salir de Maduro.
Mientras aparecen informaciones sobre presuntas tramas de corrupción en el entorno de Guaidó, la incertidumbre sobre esta nueva etapa gravita en el entorno opositor venezolano. Con un Guaidó visiblemente debilitado, la oposición se expone en este incierto 2021 a perpetuar sus dilemas en cuanto a la posibilidad de un nuevo cambio de liderazgo y de estrategias.
Finalmente, está la negociación internacional para una salida electoral, pacífica y de consenso en Venezuela. Es el escenario deseado por la mayor parte de la comunidad internacional, en particular la Unión Europea, el Grupo de Lima y muy posiblemente por la próxima administración Biden.
Pero sus posibilidades son escasas, incluso inciertas, toda vez los canales de diálogo entre el “madurismo” y la oposición son prácticamente nulos o, como mucho, testimoniales y se prevé una mayor radicalización del poder absoluto de Maduro.
De hecho, en diciembre pasado, antes de la reciente oferta de elecciones regionales libres a cambio de permanecer en el poder hasta 2025, Maduro reafirmó un reto electoral y político a la oposición: la posibilidad de impulsar un referéndum revocatorio en su contra para 2022, tal y como lo establece la Constitución Bolivariana, cuando se cumpla la mitad de su mandato, iniciado en enero de 2019 pero no reconocido por la mayor parte de la comunidad internacional.
Maduro no parece, por tanto, persuadido a seguir cualquier recomendación de solución electoral alternativa a la crisis política e institucional venezolana que venga desde el exterior. El apoyo de Rusia, Irán y especialmente de Cuba le ha servido a Maduro para sortear el aislamiento internacional sin perder capital político ni realizar concesiones democráticas audaces.
Del mismo modo, la comunidad internacional que reconoce a Guaidó se verá igualmente amortizada tomando en cuenta que el escaso peso político interno de la dirigencia opositora, y el poder de facto en manos del “madurismo”. La presión internacional puede ser intensa, tomando en cuenta la posibilidad de una ampliación de la represión política contra dirigentes opositores y medios de comunicación afines por parte del régimen “madurista”. Pero mucho dependerá también de la debida atención que la administración Biden tenga hacia el dossier venezolano, y cuál será finalmente su estrategia más elaborada.
Pero mucho también dependerá de qué tan relevante seguirá siendo la crisis venezolana para la atención de las principales potencias mundiales, especialmente en un 2021 signado por las vacunas de la pandemia y las consecuencias socioeconómicas de la misma.
Sea como sea, la crisis venezolana dista mucho de albergar alguna solución satisfactoria y de consensos en el plano interno. Dependerá, en gran medida, de la presión internacional ante un régimen “madurista” desacreditado en el exterior pero afianzado de facto en el plano interno.
* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE.UU. y América Latina.
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