Juan León Giujusa*

Imagen: RosZie en Pizabay, https://pixabay.com/es/illustrations/gente-valla-refugiados-globo-mundo-8389312/.

La instrumentalización de los flujos migratorios mixtos no es un fenómeno nuevo en la política internacional. Sin embargo, ha adquirido una intensidad sin precedentes y dimensiones globales en la era de los movimientos transfronterizos. Este concepto ha sido gradualmente incorporado al acervo discursivo de numerosos actores. Desde el ámbito académico se ha acuñado el término de weaponization of migration[1], mientras en el plano político numerosos Estados europeos, así como la UE en su conjunto, han considerado a la instrumentalización de la migración como una amenaza híbrida. Así lo ha hecho también la OTAN, en el Concepto Estratégico (2022). La instrumentalización, además, adquiere diferentes formas, pero todas refieren a acciones emprendidas por los Estados para utilizar a los migrantes con fines políticos y económicos, en algunos casos para obtener más recursos y en otros forzándolos a cruzar las fronteras hacia otros países de manera incontrolada para ejercer presión[2]. Se trata de una herramienta coercitiva de política exterior para obtener concesiones e inducir cambios.

Sin embargo, no es un fenómeno que afecte solamente a las democracias europeas, si bien es cierto que la estrategia que por excelencia ha adoptado el bloque, la externalización de las fronteras, lo ha colocado en una posición de relativa vulnerabilidad, una situación que algunos de sus socios extra-europeos han sabido explotar. La estrategia de externalización implica el desplazamiento de tareas referidas al control migratorio hacia terceros países, fuera del bloque comunitario, para crear una zona tapón alrededor de éste[3]. A la postre, ello ha significado una creciente dependencia de la UE hacia los gobiernos de terceros países con los que ha llevado a cabo acuerdos migratorios. En este marco, el riesgo de chantaje político se incrementa exponencialmente. Esta última situación se corrobora al analizar el caso marroquí y el turco, dos países con los que el bloque mantiene un conjunto de acuerdos formales e informales en la materia, que incluye no solamente el control migratorio, sino también la readmisión de los expulsados por la Unión. Por un lado, el acuerdo UE-Turquía de 2015 había implicado el ofrecimiento europeo de beneficios económicos, la reapertura de las negociaciones de adhesión al bloque y acelerar la eliminación del visado Schengen para los nacionales turcos. A cambio, Ankara se comprometía a ejercer un riguroso control migratorio y a readmitir a los expulsados por el bloque. Sin embargo, en 2020, Turquía anunció la apertura de la frontera permitiendo el paso de migrantes y refugiados a Grecia. Ello obedecía a la escalada del conflicto en el norte de Siria, donde Turquía estaba llevando adelante una serie de operaciones militares[4]. Así, la estrategia turca perseguía múltiples objetivos. Por un lado, presionar a Europa, mostrando las vulnerabilidades del bloque si Ankara no estaba dispuesta a cooperar en materia migratoria. Por ello, en 2020 logró con éxito presionar para obtener mayores fondos y una colaboración más aceitada en el devenir del conflicto sirio. De aquí se deduce el segundo objetivo de política exterior perseguido por Ankara: moldear la situación en Siria, provocando la caída de al-Assad. Turquía anhelaba fortalecer su rol de potencia regional y participar en la reconstrucción de Siria, a la cual mantendría bajo su esfera de influencia, como indica la política neo-otomana de Erdogan. Para ello, la diáspora siria jugaría un rol crucial. Pero a ello cabe agregar un nuevo objetivo al que también responde la instrumentalización de los migrantes y desplazados: debilitar a los kurdos. Para ello, Ankara favoreció la repoblación de las zonas de los kurdos con desplazados sirios, para evitar la formación de un enclave kurdo autónomo[5]. Reasentando a los refugiados, se generaría un cambio demográfico que diluiría la influencia kurda.

Por su parte, en 2020 Marruecos dio vía libre a los migrantes que se dirigían hacia las islas Canarias y en 2021 y 2022 abrió la frontera con Ceuta y Melilla (enclaves españoles con soberanía contestada). El motivo fue un conflicto diplomático con España, país en el que había sido hospitalizado Brahim Gali, líder del Frente Polisario en el Sahara Occidental (o presidente de la República Saharaui). En este caso, el gobierno marroquí, fortalecido por la decisión de 2020 del presidente estadounidense Trump, quien reconocía la soberanía de Rabat sobre el Sahara Occidental, intensificó las presiones para modificar la posición española y de otros países europeos en la cuestión. Una vez más, se pone de manifiesto la utilización de las migraciones como arma de presión para torcer la política exterior española. La maniobra ha tenido éxito, en tanto el presidente español, mediante una carta dirigida al rey Mohamed VI, en 2022, varió la posición histórica sobre esta cuestión en favor de Marruecos. Se trata de un acto de notoria relevancia: la otrora metrópoli ha pasado a apoyar la idea de que el territorio saharaui se integre en Marruecos bajo su soberanía[6]. Esta carta ha inaugurado un nuevo período en las relaciones diplomáticas, caracterizado por la cooperación migratoria entre ambos países que implica la concesión de beneficios económicos de Europa hacia Marruecos. Así, podemos concluir que el objetivo marroquí era doble: ejercer represalias por la hospitalización de Gali y, en un plano más general, obtener el apoyo español respecto de la postura marroquí sobre el Sahara Occidental.

Por otro lado, se ofrecería una imagen parcial si no se incluyeran aquellos países con los que no existe o se han interrumpido los acuerdos formales o informales y que también han instrumentalizado a los migrantes y solicitantes de asilo. Aquí destaca el accionar del gobierno de Bielorrusia. La crisis migratoria artificial, generada por Lukashenko, comenzó en 2021, pero actualmente aún se observan algunas tensiones y movimientos en la frontera. Luego de las elecciones bielorrusas de 2020, consideradas fraudulentas por parte de la comunidad internacional, la UE respondió con un paquete de sanciones[7]. Lukashenko anunció el fin del acuerdo de readmisión y comenzó a organizar traslados y a facilitar el tránsito de migrantes y refugiados procedentes de Irak, Afganistán, Yemen y Siria, hacia la Unión. Al orquestar estos movimientos, Lukashenko pretendía presionar al bloque para que levantara las sanciones políticas y económicas, pero también esperaba legitimarse como presidente, sentándose a la mesa de negociación junto a los países europeos.

Cabe hacer una aclaración adicional: las democracias europeas, a su manera y con ciertos matices, también han sido partícipes de esta tendencia hacia la instrumentalización de los flujos migratorios mixtos al convertirlos en moneda de cambio o en un objeto de trueque en las transacciones con sus socios extra-europeos. Así, han condicionado la cooperación, la asistencia económico-financiera y diferentes concesiones para inducir a los terceros países a actuar como los gendarmes de Europa. Ésta es la contracara del mismo fenómeno.

Finalmente, como se sostuvo inicialmente, este tratamiento a los migrantes ha adquirido dimensiones que exceden a la UE. En este marco más general, cobran relevancia las estrategias de dos países respecto de los refugiados afganos: la República Islámica de Irán y Pakistán. Ambos países se caracterizaron por su histórica política de puertas abiertas. Pero sus intereses colisionan en el escenario afgano y han impulsado un cambio abrupto en sus estrategias, devenidas ahora en políticas de expulsión conforme se modificaba la dinámica política regional. En términos generales, Pakistán desea fortalecer su papel en Asia Central y Afganistán constituye la plataforma para alcanzar tal objetivo, mientras que Irán busca afianzar su rol como potencia regional en Medio Oriente y sortear los efectos de la batería de sanciones que pesan sobre el país. Para ello, su vecino de Asia Central desempeña un rol de relevancia[8].

En los últimos años, Pakistán ha esgrimido argumentos vinculados a las condiciones económicas y de seguridad para explicar las deportaciones masivas en que se ha embarcado. También ha sostenido que ya no impera en el país vecino una situación de guerra que justifique la acogida de refugiados afganos, pese a los múltiples reportes de organizaciones no gubernamentales que dan cuenta de la opresión y la violación a los derechos humanos. Sin embargo, Bibi[9] explica que las expulsiones en masa encuentran su razón de ser en el deterioro de los lazos afgano-pakistaníes desde el regreso Talibán al poder en 2021. El gobierno pakistaní confiaba que los talibanes apoyaran al gobierno de Islamabad y contribuyeran a mantener bajo control al TTP, conocido como los Talibanes pakistaníes. Pese a tal pronóstico, el régimen de Kabul ha fortalecido al TTP, mostrando más lealtad a éste que al Estado pakistaní. El TTP, envalentonado por la nueva geopolítica regional, decidió poner fin al alto el fuego con el gobierno pakistaní en noviembre de 2022. La respuesta de Islamabad, al ver sus intereses amenazados, ha versado sobre nuevas y masivas órdenes de deportación a migrantes y refugiados afganos desde 2023, en flagrante violación al derecho internacional. La autora también resalta que Islamabad tenía intenciones de celebrar acuerdos con el gobierno afgano en términos que coadyuvaran a restaurar la influencia pakistaní en la región y, al no lograr esta actitud cooperativa, ha comenzado a presionar a los talibanes mediante expulsiones masivas que sin dudas añade tensiones y coacciona a los talibanes, en medio de la ya difícil situación nacional, inmersa en una profunda crisis político-social, económica, alimenticia y humanitaria en general.

Por su parte, Irán también siguió una política de puertas abiertas durante décadas respecto de los solicitantes de asilo afganos. En este caso, la instrumentalización adquiere dos vías. Por un lado, se ha favorecido el reclutamiento forzoso de migrantes y refugiados afganos por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), específicamente a través de su brazo de operaciones exteriores, la Fuerza Quds, formando la Brigada Fatemiyoun, un grupo paramilitar proxy. El reclutamiento ha sido efectuado bajo coerción o a raíz de promesas, en su mayoría incumplidas[10]. La Brigada ha sido desplegada en defensa de causas iraníes y como forma de acrecentar el liderazgo regional. En cuanto al segundo canal, Teherán busca afianzar su influencia sobre los asuntos de Kabul y es precisamente aquí donde rivalizan los intereses iraníes y pakistaníes.

Siguiendo este último aspecto, una política más restrictiva respecto de los flujos comenzó a implementarse en marzo de 2022. Irán declaró no haber encontrado fundamentos que den cuenta de un riesgo sistemático de daños y violaciones graves a los derechos humanos en Afganistán. De esta manera, la tasa de deportación se incrementó[11]. Este endurecimiento de las políticas de deportación, pese a las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Afganistán, permite a Teherán gestionar a la población refugiada en clave de instrumento de presión geopolítica. El país ha logrado demostrar que, con los millones de refugiados que se encuentran en su territorio, puede afectar seriamente la estabilidad de su vecino mediante deportaciones en masa, lo que lo convierte en un actor a ser tenido en cuenta en el proceso de reconstrucción afgano. Melamed Visbal y Peláez Barceló[12] sostienen que el gobierno iraní ya está en condiciones de manipular la agenda del régimen talibán mediante el recurso a la amenaza de emplear programas de deportaciones masivas, lo que generaría insoportables presiones sociales, políticas, económicas y humanitarias.

La confluencia de las políticas de expulsión de Irán y Afganistán representan una carga en términos de acogida, provisión de servicios e integración de los deportados afganos imposible de abordar por parte del régimen de talibán. Pesa sobre Kabul el cúmulo de las presiones procedentes de Irán y de Pakistán, inherentemente irreconciliables, en tanto ambos compiten por acrecentar su influencia sobre Afganistán y manipular sus asuntos internos.

Todos los casos citados permiten efectuar una serie de inferencias: las respuestas de acogida, sea a los migrantes o a los solicitantes de asilo, se alejan de las explicaciones más superficiales (como la ayuda humanitaria pura) y se responden a partir de dinámicas de poder e intereses geopolíticos que desnudan las diferentes tácticas de poder duro que instrumentalizan y explotan las vulnerabilidades de los migrantes y desplazados. Una serie de intereses orbitan entorno a estas respuestas, a saber, económicos (utilización de la “crisis” para obtener fondos internacionales), políticos (ganar influencia en ciertos países y regiones, proyectar una imagen de liderazgo, presionar a otros Estados al incrementar su posición negociadora), o de seguridad (utilizar los flujos para justificar intervenciones, contención de amenazas regionales y la utilización de refugiados para influir en conflictos vecinos). Esta imbricación de intereses de diversa índole sigue un mismo patrón de conducta: primero, la adopción de políticas migratorias receptivas, que optimicen la población en función de los intereses del poder, creando ciertas composiciones poblacionales; luego, se abre paso a la instrumentalización de los flujos mediante diferentes tácticas. Con ello, la demografía en general, y la migración en particular, sea voluntaria o forzada, se han convertido en armas de la geopolítica global. Así, la movilidad humana ha devenido, con lastimosa frecuencia, en una herramienta de poder duro, en una forma de confrontación, donde las personas son despojadas de su humanidad para convertirse en un recurso de poder capaz de allanarle, al Estado que las instrumentaliza, el camino hacia la consecución de sus intereses geopolíticos o de acrecentar su poder en la arena regional y global. En este campo de la geoestrategia, los migrantes y desplazados se ven reducidos a meros recursos de que disponen ciertos Estados para la consecución de sus objetivos de política exterior.

* Licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad de Palermo, Argentina. Estudiante de la Maestría en Estudios Internacionales, Universidad Torcuato Di Tella.

Miembro del Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales (CEERI).

Columnista en política internacional, Diario Distrito Interior, General Villegas, provincia de Buenos Aires.

Referencias

[1] Greenhill, Kelly M. «Weapons of Mass Migration: Forced Displacement as an Instrument of Coercion». Strategic Insights, v. 9, issue 1, Spring-Summer 2010, p. 115-159, http://hdl.handle.net/10945/11515.

[2] Díez Peralta, E. «La instrumentalización de las migraciones en la frontera exterior oriental de la UE: el derecho de asilo en la encrucijada». Revista de Derecho Comunitario europeo, n° 81, p. 171-212, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10326883.

[3] Gabrielli, Lorenzo. «La externalización europea del control migratorio: ¿La acción española como modelo?». CIDOB, https://www.cidob.org/publicaciones/externalizacion-europea-del-control-migratorio-accion-espanola-como-modelo.

[4] Díez Peralta, E. Op. cit.

[5] Nachawati Rego, L. «La caída de la dinastía Asad en Siria: factores locales, regionales y globales». Anaquel de Estudios Árabes, vol. 36, n° 1, 2025, p. 1-12. https://doi.org/10.5209/anqe.100223 .

[6] Del Valle Gálvez, A. «Weaponising migration: Ceuta y Melilla en las relaciones España-Marruecos, su reforzamiento estratégico como ciudades de la UE en la orilla sur del Mediterráneo». En I. González García y A. del Valle Gálvez, Ceuta y Melilla: la Unión Europea en la orilla sur del Mediterráneo. Ceuta: Centro de estudios internacionales y europeos del área del Estrecho, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2023, p. 51-76, http://hdl.handle.net/10498/33792.

[7] Díez Peralta, E. Op. cit.

[8] Beidollahkhani, Arash. «Strategic tensions and geopolitical necessity: prospects for securitization of Iran-Pakistan relations in the globalization context». Journal of Globalization Studies, vol. 14, n° 1, p. 94-109, https://www.sociostudies.org/authors/beidollahkhani_arash/.

[9] Bibi, Sumaira. «Repatriating Afghan refugees from Pakistan: background, implications, and consequences for bilateral relations and regional dynamics». Quarterly on Refugee Problems, vol. 63, n° 2, p. 141-155, https://doi.org/10.57947/qrp.v63i2.152.

[10] Farivar, Masoos. «What happened to Iranian proxies in Syria?» VOA, 13/12/2024, https://www.voanews.com/a/what-happened-to-iranian-proxies-in-syria-/7901149.html

[11] European Union Agency for asylum (EUAA). «Iran: situation of Afghan refugees». EUAA, 2022, https://euaa.europa.eu/publications/iran-situation-afghan-refugees

[12] Melamed Visbal, J. y Peláez Barceló, D. «La estrategia de expansionismo hegemónico iraní en Siria y Afganistán». Revista Científica General José María Córdova, vol. 18, n° 32, p. 749-767, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8693064.

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