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EL PROBLEMA MUNDIAL DEL PLÁSTICO

Giancarlo Elia Valori*

La contaminación plástica mundial es cada vez más grave. Según un informe de la revista semanal alemana Focus, recientemente se han encontrado partículas de plástico en muestras recogidas en todo el mundo: desde el Ártico hasta ríos e incluso aguas profundas.

Incluso en el monte Everest, la cima del mundo, se han encontrado partículas de plástico. Los Estados Unidos han acusado durante mucho tiempo a los países en desarrollo de ser los principales responsables de la contaminación plástica. El enfoque de los residuos ha eclipsado la “importante contribución” de los Estados Unidos a la crisis de la contaminación plástica. Si también consideramos la exportación de residuos plásticos y las últimas estadísticas sobre vertidos ilegales y basura, los Estados Unidos son una de las fuentes más graves de contaminación plástica en el medio ambiente costero y marino mundial, ocupando el tercer lugar en el mundo.

El informe de investigación publicado por Science Advances afirma claramente que Estados Unidos culpa a los países asiáticos del problema de contaminación por desechos plásticos, aunque es el mayor productor mundial de residuos plásticos. El informe fue escrito en colaboración con académicos de la Asociación Americana para la Educación Marina, la Universidad de Georgia y la Asociación Nacional Geográfica.

El Estudio de Evaluación Exhaustiva sobre cuestiones mundiales de desechos plásticos, publicado en 2015, declaró que los cinco principales países que producen la mayoría de los residuos plásticos son China, Indonesia, Filipinas, Vietnam y Tailandia.

El último informe, sin embargo, concluye que el estudio de 2015 ignoró cualquier mala gestión de los residuos después de haber sido exportados a otro país para su reciclaje.

El informe de investigación también revisó la afirmación de 2015 de que China es el mayor emisor mundial de residuos plásticos marinos.

El último informe de investigación publicado por Science Advances calculó la cantidad total de residuos plásticos generados por países de todo el mundo en 2016, basándose en datos de generación de residuos y características de 217 países y regiones reportados por el Banco Mundial.

La producción mundial de plástico en 2016 fue de 422 millones de toneladas, con un aumento del 26% con respecto a 2010. La proporción de plásticos en residuos sólidos aumentó del 10% al 12% en 2010. En 2016, la generación mundial de residuos plásticos alcanzó los 242 millones de toneladas.

El informe indica claramente que en 2016 los Estados Unidos fueron el país que produjo la mayor cantidad de residuos plásticos (42 millones de toneladas). También ocupó el primer lugar en términos de producción anual per cápita de residuos plásticos (130 kilogramos).

Los 28 Estados miembros de la UE que ocupan el segundo lugar producen 54,56 kilogramos de residuos plásticos per cápita al año, que es sólo la mitad de los residuos plásticos de los Estados Unidos, mientras que la India ocupa el tercer lugar. En 2016, China ocupó el cuarto lugar en términos de producción de residuos plásticos (21,6 millones de toneladas), equivalente a la mitad de la cantidad estadounidense, pero su producción anual de residuos plásticos per cápita fue de sólo 15,67 kilogramos, equivalente a sólo el 12% de la cantidad producida por los Estados Unidos.

Nick Mallos, director senior del Programa de Océanos Libres de Basura de la Organización para la Conservación Marina, declaró: “Los desechos plásticos generados en los Estados Unidos son la mayor cantidad de cualquier país, pero hemos estado ignorando el problema, externalizándolo a los países en desarrollo. Y estamos haciendo una fuerte contribución a la crisis del plástico en los océanos”.

En términos de basura, vertido ilegal, basura y otros productos de desecho mal gestionados en la costa, los Estados Unidos ocupan el tercer lugar entre los países costeros y son la principal causa de contaminación en las zonas costeras del mundo.

El estudio también dijo que Estados Unidos recogió 3,91 millones de toneladas de plásticos en 2016, más de la mitad de las cuales fueron enviadas al extranjero, y exportaron 1,99 millones de toneladas de residuos plásticos a 89 socios comerciales. “Más del 88% de los residuos plásticos se exportan a países que no pueden gestionarlos y deshacerse adecuadamente debido a la insuficiencia de recursos”. Gran parte de estos residuos plásticos exportados no pueden ser reutilizados, lo que eventualmente contaminará el medio ambiente local.

Uno de los autores del informe de investigación, la profesora de oceanografía Cara Lavender Law, declaró: “Durante varios años, muchos de los productos plásticos que tiramos en la basura se pueden exportar a países donde ya es difícil gestionar sus propios residuos para su reciclaje. Por no hablar de la gran cantidad de plásticos enviados desde los Estados Unidos. Teniendo en cuenta la gran cantidad de nuestros residuos plásticos que en realidad no es reciclable porque es de bajo valor, contaminado o difícil de eliminar, no es sorprendente que muchos plásticos terminen contaminando el medio ambiente”.

Los datos pertinentes muestran que el 5% de los residuos plásticos generados en los Estados Unidos se desechan o son vertidos ilegalmente debido a una “manipulación y gestión inadecuadas” o no se pueden eliminar adecuadamente después de ser transportados a otros países.

El informe subraya que parece que sólo el 5% está “mal gestionado” pero, teniendo en cuenta la cantidad total de residuos plásticos, esta cifra no puede ser ignorada.

También debe indicarse que ocho millones de toneladas de plásticos entran en los océanos cada año, lo que equivale a una carga de plástico que se derrama en el mar cada minuto.

Estos productos plásticos han emprendido un largo y destructivo viaje desde el momento en que han llegado al mar. Winnie Liu, una alta funcionaria del Proyecto de Prevención de Plásticos Marinos de The Pew Charitable Trust, dijo: “Los plásticos que llegan a los mares serán llevados lejos por las corrientes oceánicas. Se encuentran en todo el mundo, incluso en el borde de la Antártida y el lugar más profundo de la Tierra. Los plásticos se pueden encontrar en la Fosa de las Marianas. A medida que se desvían con corrientes, penetrarán en el ecosistema y causarán daños inconmensurables a la vida marina”.

A pesar de la gravedad de este problema, la producción mundial de plástico continúa y está planteando crecientes amenazas para los mares. ¿Qué hace que los océanos sean tan vulnerables a la contaminación plástica? ¿Cómo podemos controlar los plásticos que entran en el océano? ¿Qué tienen de malo los plásticos?

En nuestra vida diaria difícilmente podemos evitar los plásticos. Desde envases de alimentos hasta artículos de aseo, ropa, muebles, computadoras y coches, los plásticos están por todas partes. La durabilidad de los plásticos dificulta su biodegradación. En cierto modo, se puede comparar con una larga decadencia nuclear.

Dependiendo de su tipo, algunos plásticos pueden tardar décadas o incluso millones de años en descomponerse en vertederos. Por lo tanto, a menos que los plásticos sean incinerados (un proceso que, a su vez, causa contaminación), prácticamente todos los plásticos que hemos producido hasta ahora todavía existen en el mundo y, una vez introducidos en el océano, su impacto durará cientos de años.

¿De dónde vienen los residuos? El mundo produce más de 300 millones de toneladas de residuos plásticos cada año, y esta cantidad sigue creciendo. Sólo el 9% de estos residuos plásticos se reciclan. El resto se incinera o se desecha. La mayoría de los residuos plásticos desechados están en vertederos. La razón de esto es que la mitad de los plásticos que producimos son plásticos desechables, es decir, productos plásticos como sorbetes, bolsas de plástico y botellas de agua que se tiran después de haber sido utilizados.

Es precisamente porque los plásticos desechables son fáciles de producir y desechar y conducen a un aumento continuo de la cantidad de residuos vertidos, que inevitablemente aumentan la cantidad de residuos plásticos que contaminan el medio ambiente.

¿Por qué es tan grave el impacto de los plásticos en los océanos? Los vastos y profundos océanos son como un tanque de retención de contaminantes, que recoge material tóxico de todo el mundo. Además de la carga caída de los barcos, las redes de pesca de plástico y los palangres (conocidos como “artes de pesca fantasma”) también son una fuente importante de residuos plásticos en los océanos, que representan alrededor del 10%. Además, la expansión del poliestireno utilizado en la acuicultura para hacer jaulas también es una fuente de contaminación plástica marina.

La gran mayoría de los desechos marinos, sin embargo, provienen de la tierra. Las condiciones climáticas extremas y los fuertes vientos barren los desechos a lo largo de la costa, que es rápidamente recogido por la marea. Los océanos son también el destino final de miles de ríos, transportando grandes cantidades de residuos de vertederos y eventualmente hundiéndolo en el mar.

Una vez que los residuos plásticos entran en el océano, se descomponen en partículas con un diámetro inferior a 5 mm, llamados microplásticos. Esto sucede debido a las duras condiciones y los interminables movimientos oceánicos.

Esta forma de plásticos se extenderá cada vez más profundamente en el océano. Invadirá más hábitats biológicos y en realidad no se puede reciclar en absoluto. ¿Qué pasará con nosotros si también miles de animales marinos quedan atrapados en desechos plásticos cada año, especialmente en “artes de pesca fantasma”? Además, el daño a la vida marina por la ingestión de plásticos es menos evidente: las aves marinas, las tortugas marinas, los peces y las ballenas a menudo confunden los desechos plásticos con los alimentos porque su color y forma son similares a sus presas. Terminamos comiéndolos. Una vez que ingerimos estas partículas tóxicas, nuestros órganos serán dañados, lo que nos hará más propensos a enfermedades. Nuestra fertilidad también cambiará, con grandes riesgos de mutaciones genéticas.

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. El Señor Valori ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.

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VENEZUELA 2021: LA SEGUNDA MUERTE DE CHÁVEZ

Roberto Mansilla Blanco*

Venezuela sigue instalada en una espiral interminable de crisis política e institucional, con complejos escenarios para este 2021 que permitan vislumbrar algún tipo de solución de consensos, al menos a corto plazo.

El pulso político iniciado en enero de 2019 por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó contra el régimen de Nicolás Maduro no ha logrado alcanzar sus puntos más importantes, establecidos en el slogan: “fin de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres”. Muy por el contrario, el diagnóstico actual deja entrever fisuras en la plataforma opositora venezolana sobre las estrategias a seguir para salir de Maduro.

Con todo, Guaidó ha logrado un amplio reconocimiento internacional de cerca de 60 países, entre ellos EE.UU. y la Unión Europea, una baza política considerable pero con cada vez menos incidencia en el plano interno venezolano.

Por otro lado, Maduro y su régimen han logrado no sólo mantenerse en el poder sino dar cuenta de una notable resiliencia ante la presión internacional, en particular amparados por el apoyo de potencias globales como Rusia y China con decisión de veto en la ONU, actores emergentes como Turquía e Irán y la alianza estratégica con Cuba, cuyo peso en la política venezolana es decisivo.

Mientras la vacuna contra la COVID 19 ocupará la mayor parte de la atención mundial, al menos durante este 2021, los escenarios que se presentan para Venezuela en este nuevo año han dado un giro significativo. Esto supone un factor que colateralmente favorece los intereses de Maduro, ya que la solución de la pandemia tangencialmente desvía la atención internacional hacia Venezuela y le permite a su régimen mantener el control sobre la población, a través de las medidas sanitarias.

Paralelamente, una perspectiva parece ir cobrando forma en el horizonte: se aprecia una especie de “final de época” del “chavismo”, toda vez en Venezuela comienza a imponer su ritmo una nueva estructura de poder, con Maduro como epicentro.

¿Cambio de ciclo? Del chavismo al madurismo

Más allá de la controversia causada por la legitimidad de las elecciones legislativas realizadas en diciembre de 2020, de la elevada abstención (69%) y del mayoritario desconocimiento internacional a esos resultados, este 5 de enero el “madurismo” recuperó los espacios del poder legislativo para el próximo período 2021-2026.

Con ello, se completa el proceso de concentración de todos los poderes públicos en manos de Nicolás Maduro, afianzando un poder absoluto, desprovisto de equilibrios institucionales que fiscalicen su gestión. A diferencia de la oposición, y a pesar de su elevada impopularidad, el “madurismo” y sus factores aliados en el poder, en especial el estamento militar, no han observado fisuras significativas que pongan en peligro su hegemonía política.

El contexto es significativo. La nueva ecuación de poder da a entender que el “madurismo” refuerza su poder incluso dentro del propio espacio político de representación “chavista”. La presidencia de esta nueva y controvertida Asamblea Nacional en manos de Jorge Rodríguez y el notorio desplazamiento del poder de Diosdado Cabello, hasta ahora presidente de la igualmente polémica y ya inexistente Asamblea Nacional Constituyente (ANC), definen este rumbo político.

Así, el “madurismo”, salvo cuando la propaganda en clave legitimación así lo requiera, ya no se exhibe necesariamente como el heredero del “chavismo” sino que, más bien, ha “pasado página», cooptando e incluso degradando a miembros del “chavismo originario”, especialmente del sector militar “febrerista” (rebelión de Chávez del 4F de 1992), como es el caso del propio Diosdado pero también de cualquier vestigio de poder de la familia Chávez.

En 2013, poco tiempo antes de la muerte de Chávez, el ideólogo del socialismo del siglo XXI, el sociólogo Heinz Dieterich, vaticinó que Diosdado era “el Stalin de la Revolución Bolivariana” y que Maduro representaba la genuina continuidad del chavismo. Pero el contexto 2021 parece dirimir otra expectativa: el “Stalin” de la revolución más bien parece ser el propio Maduro, quien en sus inicios en la presidencia se presentaba como el “hijo de Chávez”.

La etapa inicial “post-Chávez” definió una especie de reacomodo de poder entre Maduro y Diosdado determinado en gran medida por la necesidad imperiosa de unidad ante la presión internacional. Pero en el contexto actual, esta ecuación parece ir perfilándose calculadamente a favor del primero.

El pasado 4 de febrero, durante los actos por el 29º aniversario del intento de golpe de Chávez de 1992, Diosdado recuperó las esencias propias del “chavismo originario” militar, portando en un acto conmemorativo el uniforme del regimiento de paracaidistas al que pertenecía Chávez. La imagen puede ser alegórica de un posible reacomodo de fichas en el “chavismo-madurismo”, donde Diosdado parece negarse a perder protagonismo.

Por su parte, Maduro ha fortalecido una “oligarquía” financiera y económica, una nueva nomenklatura de poder que dista mucho de los ideales chavistas. La incesante crisis económica venezolana, que sigue provocando la peor crisis humanitaria a nivel hemisférico, con oleadas de venezolanos huyendo a países vecinos, parece estar definiendo al mismo tiempo las bases de una especie de “capitalismo salvaje” vía dolarización, que beneficia claramente a esa denominada “boliburguesía” que inició su andadura con Chávez en el poder pero que definitivamente se ha acomodado con Maduro. El control de la industria petrolera y principalmente la rapaz explotación en el Arco Minero al sur del país, con graves acusaciones de desastre ecológico, son otros de los factores que enriquecen a la “casta madurista”.

En este sentido, Maduro pareciera haber tomado nota en la concreción de una especie de “oligocracia” en el poder, un sistema parecido al de la Rusia de Putin. La crisis de legitimidad de su régimen no parece ser un impedimento tan estratégico como se cree. Los resortes del poder del “madurismo” llevan a concretar síntomas de lo que se ha venido considerando como “autoritarismo competitivo”, pero cada vez más fortalecido por el apoyo militar, la represión de la disidencia (aún existen unos 200 presos políticos en Venezuela, muchos de ellos estudiantes universitarios) y un sistema “hecho a su medida”, especialmente en materia electoral.

Por otro lado, abundan las denuncias de que, dentro de esta estructura de poder, conviven incluso mafias y redes criminales, así como núcleos de apoyo de la guerrilla colombiana y de movimientos islamistas como el Hizbuláh, y que han pasado a controlar incluso porciones territoriales del país como auténticos “feudos”, especialmente en el Arco Minero.

Del mismo modo, la inclusión como parlamentario de Nicolás Maduro Guerra, hijo del actual mandatario, simboliza esa preeminencia “familiar” dentro del nuevo establishment del poder en Caracas. A este núcleo “madurista” debe unirse igualmente el poder de Tarek el Aissami, actual ministro de Petróleo y principal vínculo del “madurismo” con Irán, actual surtidor de gasolina a la maltrecha economía venezolana.

Con una economía “dolarizada” de facto, Maduro parece persuadido a propiciar una incipiente apertura económica, menos agresiva con el sector privado pero que permita el ingreso de inversiones extranjeras, especialmente de sus aliados Rusia, Irán, Turquía y China, entre otros, y que son vitales para mantener la actual nomenklatura de poder “madurista”.

No obstante, ya confirmado su poder prácticamente absoluto, Maduro no desdeñará continuar con el programa “socialista”, con menor interés ideológico pero sí como herramienta de poder. Surgen así expectativas de posibles confiscaciones, principalmente de bienes y propiedades de venezolanos emigrados y de dirigentes políticos en el exilio.

El objetivo de la eventual apertura económica es sortear las sanciones internacionales de EE.UU. y Unión Europea, a la espera de observar cuál será la óptica hacia Venezuela que tendrá el próximo presidente estadounidense Joseph Biden, y si con ello se entierra definitivamente con la “Doctrina Trump” que ha favorecido la transición vía Guaidó.

De este modo, Maduro observa con beneplácito la posición de Biden y de su vicepresidenta Kamala Harris de recuperar la “Doctrina Obama” de apertura gradual con Cuba, lo cual implicaría directamente a Venezuela, tomando en cuenta la asociación estratégica total entre ambos países.

También está el contexto regional. Como sucediera con la vuelta al poder del MAS en Bolivia en octubre pasado y anteriormente del “post-kirchnerismo” en la Argentina de Alberto Fernández, el “madurismo” observaba con interés la posibilidad de un vuelco político en las elecciones presidenciales ecuatorianas de febrero próximo, así como en las presidenciales peruanas de abril, que le permitan recuperar alianzas regionales.

Así, en Ecuador, la atención está fijada en fuerzas de izquierda “post-correistas” como Andrés Arauz, vencedor en la primera vuelta presidencial del pasado 7 de febrero, e indigenistas como Yaku Pérez. En noviembre, Nicaragua irá a elecciones presidenciales, donde se da por descontado otro nuevo período para Daniel Ortega, aliado de Maduro y en el poder desde 2006.

El ex presidente Chávez rememoraba constantemente en sus discursos una fecha: 2021. Es el año que celebra el Bicentenario de la Batalla de Carabobo (1821) que selló la independencia venezolana. Pero en este 2021 de la pandemia, el “madurismo” parece identificar el simbolismo de esa fecha histórica hacia otra vertiente: el de su consolidación en el poder, incluso por encima del propio “chavismo”. En perspectiva, un final de ciclo que ni el mismo Chávez imaginaba.

Los dilemas de Guaidó y la oposición

La eventual consolidación del “madurismo” lleva a otro nombre: Juan Guaidó. Dos años después de su inesperada aparición pública, el aún principal líder de la oposición venezolana se encuentra en un difícil laberinto que acrecienta la precariedad de su posición política.

Mientras Maduro lanzaba sus controvertidas elecciones legislativas en diciembre, Guaidó apostó sus cada vez menos efectivas cartas a una consulta popular “anti-Maduro” de resultados inciertos desde el punto de vista político. Debe igualmente observarse que, a pesar de la posición oficial, existen fisuras internas y críticas dentro de la oposición hacia el liderazgo de Guaidó, al que califican de “ineficaz”.

Ya entrado el 2021, la Asamblea Nacional surgida de las elecciones de 2015 (las últimas reconocidas como legítimas por la mayor parte de la comunidad internacional) renovó a Guaidó en la presidencia por un año más. Pero la situación de Guaidó es sumamente compleja tomando en cuenta que el poder político de facto lo tiene el “madurismo” y que el régimen, a pesar de sus elevados índices de impopularidad, ha tenido éxito en desgastar e incluso desacreditar la imagen de Guaidó.

Guaidó sigue teniendo el apoyo y el reconocimiento de 60 países, pero la realpolitik venezolana y los posibles cambios en el contexto internacional (nuevo gobierno en EE.UU., atención mundial a las vacunas del coronavirus) pueden alterar esta situación.

De hecho, su figura como “presidente interino” pierde gradualmente fuerza en el contexto exterior, así como su “mantra” de hoja de ruta lanzado en 2019 de “fin de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres”. De hecho, la Unión Europea lo sigue reconociendo, pero ahora como “interlocutor privilegiado”, un enfoque que denota obviamente un nivel de degradación en cuanto a la posición política e, incluso, del propio liderazgo de Guaidó.

Su “mentor” político, Leopoldo López, logró escapar a España, donde se concentra gran parte del exilio opositor venezolano, con figuras como el ex alcalde metropolitano Antonio Ledezma. Tampoco está Trump en la Casa Blanca, y si bien Biden parece convencido de mantener el apoyo bipartito entre republicanos y demócratas en EE.UU. hacia la causa democrática que impulsa Guaidó, nada parece completamente seguro.

Con la Asamblea “madurista” en funcionamiento, persisten las incógnitas sobre qué sucederá con Guaidó. Muchos sectores “maduristas” buscan revancha y lo quieren ver preso, pero la posibilidad de un audaz exilio es otra alternativa.

Con ello, podríamos observar cómo la oposición venezolana se vería eventualmente persuadida a ensayar una especie de gobierno en el exilio, algo similar al ejemplo de la oposición política al régimen de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial, que mantiene un precario gobierno en el exilio precisamente en España, desde 2003 en manos de Severo Moto. El ejemplo del exilio cubano, particularmente en EE.UU., también es una posibilidad que refleje lo que puede suceder con Guaidó y la oposición venezolana.

Con o sin exilio a la vista, otra expectativa puede anunciarse en este incierto 2021: la posibilidad de un nuevo cambio de dirección dentro de la oposición venezolana, con nuevas figuras que podrían traducir una etapa “post-Guaidó” y “post-Leopoldo López”.

En la órbita de este posible cambio de dirección en las filas opositoras surgen dos líderes ya conocidos: María Corina Machado y el ex candidato Henrique Capriles Radonski. En los últimos meses, ambos han sido fuertes detractores de la estrategia de Guaidó y nunca ocultaron sus intenciones para eventualmente sucederlo. Pero está por ver si sus estrategias serán de aggiornamiento pragmático con el “madurismo” o de apostar por acciones más radicales.

Machado defiende la radicalización en la calle sin negociación con un régimen que califica “usurpador y criminal». Por su parte, Capriles Radonski ya abrió con anterioridad algunas líneas de diálogo con el “madurismo” y parece ser el líder opositor elegido por figuras internacionales, como el Alto Comisionado de Política exterior, Josep Borrell, y del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, a la hora de iniciar una negociación pactada con Maduro.

Toda vez, la dirigencia opositora venezolana se ve igualmente fragmentada al tener a varios de sus representantes en la cárcel como presos políticos del régimen.

A comienzos de 2021, Maduro lanzó una especie de oferta política y electoral en clave de negociación internacional: celebrar unas elecciones regionales “libres y transparentes” para final de año, bajo el formato que exige la comunidad internacional, con tal de obtener el reconocimiento a su mandato hasta 2025. En las filas opositoras, fue precisamente Capriles Radonski el que se lanzó al ruedo prácticamente avalando esta táctica “madurista”.

Toda vez, la posibilidad de ensayo de un gobierno en el exilio, con López y eventualmente Guaidó como principales operadores, repercutirá en el seno interno de la oposición dentro de Venezuela. Está por ver si la unidad opositora seguirá inquebrantable o, más bien, se produciría una posible ruptura entre sectores opositores, tanto en el exilio como en Venezuela, sobre las estrategias a adoptar para salir de Maduro.

Mientras aparecen informaciones sobre presuntas tramas de corrupción en el entorno de Guaidó, la incertidumbre sobre esta nueva etapa gravita en el entorno opositor venezolano. Con un Guaidó visiblemente debilitado, la oposición se expone en este incierto 2021 a perpetuar sus dilemas en cuanto a la posibilidad de un nuevo cambio de liderazgo y de estrategias.

El contexto exterior: esperando a Biden

Finalmente, está la negociación internacional para una salida electoral, pacífica y de consenso en Venezuela. Es el escenario deseado por la mayor parte de la comunidad internacional, en particular la Unión Europea, el Grupo de Lima y muy posiblemente por la próxima administración Biden.

Pero sus posibilidades son escasas, incluso inciertas, toda vez los canales de diálogo entre el “madurismo” y la oposición son prácticamente nulos o, como mucho, testimoniales y se prevé una mayor radicalización del poder absoluto de Maduro.

De hecho, en diciembre pasado, antes de la reciente oferta de elecciones regionales libres a cambio de permanecer en el poder hasta 2025, Maduro reafirmó un reto electoral y político a la oposición: la posibilidad de impulsar un referéndum revocatorio en su contra para 2022, tal y como lo establece la Constitución Bolivariana, cuando se cumpla la mitad de su mandato, iniciado en enero de 2019 pero no reconocido por la mayor parte de la comunidad internacional.

Maduro no parece, por tanto, persuadido a seguir cualquier recomendación de solución electoral alternativa a la crisis política e institucional venezolana que venga desde el exterior. El apoyo de Rusia, Irán y especialmente de Cuba le ha servido a Maduro para sortear el aislamiento internacional sin perder capital político ni realizar concesiones democráticas audaces.

Del mismo modo, la comunidad internacional que reconoce a Guaidó se verá igualmente amortizada tomando en cuenta que el escaso peso político interno de la dirigencia opositora, y el poder de facto en manos del “madurismo”. La presión internacional puede ser intensa, tomando en cuenta la posibilidad de una ampliación de la represión política contra dirigentes opositores y medios de comunicación afines por parte del régimen “madurista”. Pero mucho dependerá también de la debida atención que la administración Biden tenga hacia el dossier venezolano, y cuál será finalmente su estrategia más elaborada.

Pero mucho también dependerá de qué tan relevante seguirá siendo la crisis venezolana para la atención de las principales potencias mundiales, especialmente en un 2021 signado por las vacunas de la pandemia y las consecuencias socioeconómicas de la misma.

Sea como sea, la crisis venezolana dista mucho de albergar alguna solución satisfactoria y de consensos en el plano interno. Dependerá, en gran medida, de la presión internacional ante un régimen “madurista” desacreditado en el exterior pero afianzado de facto en el plano interno.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE.UU. y América Latina.

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LA ERRADICACIÓN DE LA PESCA ILEGAL EN ALTA MAR PARA CONTROLAR EL ATLÁNTICO SUR Y MALVINAS

César Augusto Lerena*

Cientos de buques, en su mayoría de China, Corea, Taiwán y España, depredan el Atlántico Sudoccidental. Foto: NASA.

¿A quién responde el administrador Favio Cambareri?

Hay entre 350 y 500 buques pescando los recursos migratorios argentinos en forma ilegal dentro o fuera de la Zona Económica Argentina (en adelante ZEE), y ésta debe entenderse como ilegal, ya que pescar sin control de ningún tipo más allá de las 200 millas y depredar los recursos que migran desde la ZEE debe tipificarse de ilegal, ya que se atenta contra la sostenibilidad del ecosistema y contra los Estados ribereños que, como el litoral patagónico, tienen en el recurso pesquero un ingreso fundamental.

Contrario a lo que algunos juristas opinan y muchos funcionarios repiten, de que la pesca en alta mar es libre, absoluta y arbitraria por aplicación de la Parte VII art. 87º y 89º de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR) los buques extranjeros que pescan los recursos migratorios originarios de los Estados ribereños más allá de las 200 millas realizan pesca ilegal, conforme argumentos biológicos de sostenibilidad e interrelación de las especies y la interpretación ampliada de la Convención (análisis hermenéutico jurídico y biológico), en especial, teniendo en cuenta el art. 2º inc. c) de la Ley 24.543; el Preámbulo de la Convención y sus art. 55º; 56º, 58º inc. 3, 61º, 62º; 63º inc. 2; 64º; 69º; 70º; 94º; 100º; 101º inc. ii, 117º, 118º y 119º; su relación con los artículos 4º, 5º inc. d, 22º y 23 de la Ley 24.922 y las opiniones de la FAO (FIDI) respecto a que «las poblaciones transzonales son fundamentalmente “residentes” de las ZEE que desbordan unas millas hacia alta mar» (…) La tendencia de acordar con los Estados ribereños se interpreta como el reconocimiento de facto de un derecho privilegiado de éstos» (Munro, 1993; Lerena César A. El desacuerdo pesquero de Nueva York. El control del Estado Ribereño de la Pesca en Alta Mar, 14/01/2019) y, los Códigos de Buenas Prácticas de Pesca Responsable y Sostenible de la FAO, adoptados por la mayoría de los países.

Para ponderar lo que la pesca ilegal significa para la Argentina, aparte de las pérdidas económicas, podríamos sintetizar los daños sociales: esta pesca impide que 6 millones de niños y adolescentes argentinos reciban una ración diaria de proteína los 365 días del año que pondría fin al hambre y la desnutrición. Y de esto, se tendrán que hacerse cargo al fin, los gobernantes algún día. Nos estamos empezando aburrir de que el administrador de este consorcio (el país) no optimice la utilización de nuestros escasos recursos y nos empuje a la pobreza, a la indignidad y a la vergüenza internacional.

Si bien debería ser entendible que países como el nuestro —empobrecidos y con alto nivel de desocupación— estén a la búsqueda de inversiones extranjeras que generen desarrollo y empleo, es inaceptable que, la prestación de servicios que está en condiciones de realizar en forma directa el Estado los concesione a empresas extranjeras que operan sin control y que no solo se apropian de los escasos recursos con que cuenta la nación, sino que carecen de un plan rector nacional y regional, quedando la renta en manos de unas pocas empresas (en su mayoría extranjeras); tal es el caso, de la administración del Río Paraná, del Río de la Plata y del Atlántico Sur. Sus canales, puertos, transportes de mercaderías y explotación de los recursos. Todo está concesionado (privatizado) y, para llegar a ello, se burocratizó al Estado; se lo colocó en el peor grado de ineficiencia; se le quitaron los recursos; la corrupción y las negociaciones incompatibles con la función pública avanzaron y no se privilegia el mérito ni la carrera pública. Pertenecer al Estado es —en muchos países— un orgullo para cualquier persona calificada; lo era también en la Argentina pero desde hace muchísimos años es un refugio para la militancia política sin formación técnica alguna ni preparación en campo de la política y la administración pública.

La concesión de las potencialidades del país, son especialmente ineficientes, salvo para los concesionarios. Surgen de pliegos de licitación amañados que no suelen contemplar ventajas comparativas a las empresas nacionales que se presenten; tienen aportes del Estado, incluso, hasta cuando la prestación de los servicios no son probadamente deficitarios; no contemplan un plan de desarrollo en el sector o región con metas verificables; no se auditan en forma cristalina los procesos, los resultados, ni los pasivos ambientales, etc. Estas licitaciones se presentan con alcance “internacional” como si ello fuera un sinónimo de idoneidad y responsabilidad en la prestación de los servicios y, en realidad, esconden la intención de sacar de juego a los ofertantes nacionales a los que suele descalificar.

Observemos a las empresas que más facturan en la Argentina y veremos que gran parte de ellas viven de los negocios que les provee el Estado, al que califican de bobo, corrupto y deficitario y no debiéramos perder de vista: no hay Estado ni funcionarios corruptos sin la contraparte privada.

Pero vayamos al grano.

Dos ejemplos de llamados a licitación para la concesión de obras y servicios, sin proteger los intereses prioritarios y de desarrollo de la nación y de las provincias son el Decreto 949/2020 de concesión de la administración del Río Paraná (la hidrovía) y la canalización para el acceso a los puertos y el Atlántico Sur y la pretensión de adjudicar a empresas armadoras chinas un Astillero en Comodoro Rivadavia para que preste servicios de reparación a buques que pescan ilegalmente nuestros recursos dentro o fuera de la ZEE que, además, habrá inexorablemente de prestar otras tareas logísticas a su favor y al de otras empresas chinas igualmente ilegales. Ambos casos son un modelo colonizador que nos retrotrae a los siglos XVIII y XIX y deja en evidencia, por un lado, la falta de planificación estratégica nacional y, por el otro, la incapacidad de los funcionarios para administrar el Estado y potenciar la fuerza empresaria y laboral nacional.

¿Puede un subsecretario de Puertos y Vías Navegables o un Ministro de Transportes (Mario Meoni) establecer la política de producción y comercio de las Provincias del litoral y más aún, de la exportación argentina? por el solo hecho de tener una herramienta con la que se comercializan productos por unos 70 mil millones de dólares anuales transportados en unos 4.400 barcos de gran porte en su mayoría extranjeros, que contienen unos cien millones de toneladas de granos y productos del comercio internacional y nacional; se trasladan unos 25 millones de toneladas de cargas de cabotaje; 2 millones de contenedores y centenares de miles de vehículos y personas. Evidentemente NO.

¿Puede un simple Administrador de un Puerto de Comodoro Rivadavia (Favio Rafael Cambareri) establecer la política de administración de los recursos migratorios argentinos en el Atlántico Sur?, un área donde se extraen con buques subsidiados y trabajo esclavo unos cuatro mil millones dólares anuales de pesca ilegal (el doble del total de las exportaciones pesqueras argentinas) que se comercializan en el mismo mercado mundial de los productos argentinos, generando un evidente perjuicio a las empresas pesqueras radicadas en el país; a la sustentabilidad de las economías regionales del litoral marítimo; a la sostenibilidad biológica del ecosistema y que provocan una internacionalización del Atlántico Sur que favorece la presencia del Reino Unido en Malvinas Absolutamente NO.

Avanzaré entonces en lo referido a este incoherente proyecto de adjudicar a empresas chinas el Astillero citado y sobre cómo reducir la pesca ilegal; pesca, que esta insensata adjudicación promovería a niveles insospechados, provocando un daño económico, social y biológico que afectará a la independencia de Argentina y a su soberanía nacional, con una mínima utilidad para la Provincia de Chubut, muy por debajo que las pérdidas directas que ocasionará y absolutamente insignificantes frente al daño económico, social y biológico que he mencionado.

Además de ello, este tema y otros relativos a cuestiones marítimas, fluviales, navales y pesqueros no pueden estar en manos de un mero administrador de un puerto. Éstas se enmarcan en una compleja trama que debería tratarse en forma integrada, escalonada y con un mecanismo de relojería, ya que la Argentina tiene el 52% de su ZEE y los archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) ocupados. Al respecto, la Secretaría de Malvinas (Daniel Filmus) y algunos miembros del Consejo Nacional de Malvinas (Marcelo Kohen y otros) hablan de que el Reino Unido debe descolonizar Malvinas y negociar la soberanía; pero, al margen de que es erróneo creer que “descolonizar” llevaría necesariamente a la Argentina a recuperar el ejercicio pleno de la soberanía insular y marítima (como prescribe la Constitución), por el contrario, las islas descolonizadas podrían quedar integrando parte del Commonwealth y es altamente improbable que si el gobierno no toma una serie de medidas previas de descolonización de la Argentina territorial y marítima (obviamente inversas a darle logística a los buques chinos ilegales) se pueda recuperar el ejercicio pleno de la soberanía en los archipiélagos, las aguas correspondientes y la plataforma continental argentina, que nos disputa y ocupa el Reino Unido.

La Argentina es un país marítimo (su ZEE es más amplia que el territorio continental) pero, la cuestión marítima está sospechosamente ausente entre los argentinos; mientras tanto, distintos intereses, en su mayoría extranjeros, se apropian de estos espacios y recursos, ante la pasividad o la cuestionable acción de muchos de los funcionarios de las áreas pertinentes. El Mar argentino hay que ocuparlo y para ello hay que tomar una serie de medidas que alcanzan a éste, pero también al Río Paraná, el Río de la Plata; a las relaciones con la República del Uruguay y de Chile; a la presencia argentina en la Antártida; el estrecho de Magallanes y a las exploraciones en la plataforma continental en la ZEE o más allá de ésta.

Para ello debe encontrarse la organización del Estado que sintetice la multiplicidad de organismos que duplican sus obligaciones (la Secretaría de Malvinas; la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables; la Subsecretaría de Pesca, la Comisión Administradora del Rio de la Plata, la Comisión Técnica del Frente Marítimo, la Comisión de la Cuenca del Plata, la Empresa Hidrovía Sociedad del Estado y las decenas de administraciones portuarias, etc.) en la que, a modo de accionistas, intervengan las provincias y sea dirigida por hombres probos, que cuiden y desarrollen los intereses nacionales y regionales. Un Ministerio del Mar y de los Recursos Hídricos, que entre otras tareas promueva la explotación de los recursos, la industria y el transporte naval nacional y la administración portuaria. Que lleve adelante en forma directa la canalización y dragados; que encontrarían mayor sentido si se promueve la utilización de la bandera argentina en la flota mercante y fluvial, para lo cual deberían reducirse las asimetrías impositivas, fiscales y laborales respecto a los armadores de otras naciones usuarias de las redes troncales fluviales, que se ponga al servicio de las producciones regionales los puertos y facilite sus exportaciones y el transporte de cabotaje, la construcción naval nacional, se efectué el control de las operaciones de embarque para evitar la exportación de productos nacionales a través de banderas de terceros países que facilitan el contrabando e impiden sincerar el volumen y la facturación de la producción y exportación nacional, etc. La reducción de los costos de los fletes debería ser un motor dinamizador de las producciones y exportaciones del país y, para ello, es fundamental disponer de puertos eficientes y transportes navales nacionales adecuados.

Se debe mejorar también la capacidad y eficiencia portuaria, tanto en el ámbito fluvial como marítimo, ya que es poco probable optimizar los costos y generar nuevos negocios si no se cuenta con los apoyos logísticos adecuados para las operaciones de armado, captura, desembarco, transbordo, transporte, almacenamiento y comercio.

Nada de esto parece preocuparle al Administrador del Puerto de Comodoro Rivadavia Favio Cambareri, quien a la hora de promover la licitación del Astillero manifestó «no importa el origen de los fondos, lo más importante es el plan de inversión que tenga cada oferta» (Revista Puerto, 02/04/2021). ¡Con este criterio Sr. Cambareri, convoquemos también a los narcos a invertir! Me queda claro que para este imbécil (según la definición de la RAE), el fin justifica los medios y para reactivar un astillero, es capaz de convocar a quienes se llevaron ilegalmente desde 1982 a la fecha la friolera de 152 mil millones de dólares en productos pesqueros originarios de la ZEE, con los que se podrían haber ampliado, renovado y modernizado todos los puertos del país.

En la misma declaración Cambareri también nos explica «que dentro de nuestro ordenamiento legal puede ingresar un buque pesquero extranjero, en la medida que no pesque en infracción dentro del Mar Argentino. Normalmente un buque que viene en navegación no está pescando, sobre todo cuando se trata de calamar, porque es un modo de captura que se realiza únicamente con la embarcación detenida (…) que en el Derecho de la Navegación existe lo que se llama paso inocente…». Bueno, Cambareri, hemos criticado reiteradamente que no se debería dar apoyo logístico en puertos uruguayos a cientos de buques que hacen tráfico con Malvinas o capturan en forma ilegal nuestros recursos migratorios del Atlántico Sur. No podemos admitir ahora que eso ocurra en Comodoro Rivadavia. La navegación en el Atlántico Sur, trasladando recursos originarios de la ZEE, sean éstos extraídos en alta mar o en el área de Malvinas debe considerarse “no pacífica”, porque se trata de transportar una pesca ilegal (INDNR), además de un acto de piratería (captura de semovientes originarios de la ZEE) que, en el caso de Malvinas se agrava en perjuicio de Argentina, por incumplimiento del Reino Unido y los buques extranjeros de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas. Favio Rafael, lo que Ud. refiere sería como creer que a un ladrón sólo lo deberíamos considerar como tal si lo agarramos con las manos en la masa. Su planteo simplista y mercantilista, lesiona los derechos e intereses nacionales. La Argentina y el mundo quieren que se vayan. Aún sin ayudarlos tal vez no se vayan más. Si usted los ayuda, jamás podremos eliminar la pesca ilegal.

¿Tiene en claro Cambareri, sus limitadas atribuciones y las obligaciones inherentes al cargo de administrador de un puerto? A las que, usted además le agrega (aunque no les haga ningún favor) el de vicepresidente del Consejo Portuario Argentino. ¿Tiene idea de la magnitud del daño que podría provocar a la ecología del recurso y a la actividad pesquera (en especial la potera) la insensata apertura del puerto a los buques chinos que pescan ilegalmente los recursos migratorios argentinos? Sería bastante más adecuado que trabaje para hacer más eficiente y efectivo el puerto a su cargo, ayudando a modificar la matriz del transporte patagónico, que se realiza mayoritariamente por vía terrestre con evidente encarecimiento de los fletes, el deterioro de rutas y del medio ambiente. Que tal, si desde su posición le da competitividad al puerto que en la actualidad (2020) ocupa el último puesto de desembarcos pesqueros nacionales de merluza (4,8%), langostino (2,54%) y calamar (0,002%) y se pone a colaborar con la industria para que su puerto se posicione como exportador de productos de alto valor agregado. Y por cierto, por qué no se asegura de aplicar los procedimientos de prevención sanitaria necesarios para evitar que usuarios y trabajadores no contraigan el COVID-19.

Es sabido que entre 350 y 500 buques pesqueros y de apoyo logístico (petroleros y mercantes), subsidiados y con trabajo esclavo, se apropian de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar y en el área de Malvinas, extrayendo un volumen que asciende al millón de toneladas anuales con un valor estimado del orden los cuatro mil millones de dólares, con la consiguiente ruptura del ecosistema biológico argentino; la competencia desleal en el mercado internacional; la apropiación del trabajo regional y desarrollo de los pueblos del litoral marítimo patagónico.

Ya me referí a varios proyectos de base para reducir la pesca ilegal; entre otros promover un Protocolo Adicional Mercado Común Pesquero (MERCOPES); un Acuerdo de Complementación del Tratado de Paz con Chile respecto a la cooperación en el Canal del Beagle y el control del corredor bioceánico Atlántico-Pacífico; perfeccionar el pre-Acuerdo con la Unión Europea (U.E.), en al menos tres líneas: a) acordar la certificación argentina de origen de las materias primas extraídas de las áreas FAO 41 y 48 (El Atlántico sur-sur); b) acelerar el ingreso de productos finales (con valor agregado) libres de aranceles a la U.E. y, c) mientras ello no ocurra, darle el mismo tratamiento arancelario que a Argentina a todas las materias primas capturadas en el Atlántico Sudoccidental dentro o fuera de la Z.E.E. Argentina; establecer Áreas Marítimas Protegidas (AMP) en las 1.639.900 Km2 que ocupa en forma prepotente el Reino Unido en el Atlántico Sudoccidental y en el área adyacente a Malvinas donde migran especies originarias de la ZEE que luego son capturadas por buques extranjeros, fundado, en que la falta de control de Argentina en esos espacios marítimos impide controlar las extracciones, descartes y otras prácticas ilegales, que depredándose los recursos, comprometen todo ecosistema del Atlántico Sur; Declaración de delito penal a la pesca ilegal (Todos mis proyectos en poder la Cancillería Argentina).

Con el apoyo de las medidas precedentes hay que convocar a la flota nacional y extranjera a la pesca en alta mar, para contraponerse a la pesca ilegal. Por ello y con fundamento en las previsiones de la CONVEMAR, de que los Estados de Bandera y los Ribereños deben acordar la captura en la Alta Mar; constituyéndose estos últimos en administradores; además, de no crear las OROP (Organización Regional de Ordenamiento Pesquero), que dejarían a la Argentina y a Uruguay en inferioridad de condiciones para administrar el ecosistema pesquero del Atlántico Sur; estimo necesario, llamar a Concurso para adjudicar las capturas en la Alta Mar y al respecto promuevo:

  1. El Concurso. El Estado Argentino en base a lo previsto en la CONVEMAR y la Ley 24.922 debe constituirse en Estado Ribereño Administrador de los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina y asociados en la alta mar y, hacer un llamado público a empresas nacionales y extranjeras interesadas en su explotación en la alta mar, en base a un pliego de condiciones.
  2. Las limitaciones. Entendiendo que en la actualidad los buques extranjeros pescan sin control alguno en la alta mar y, de igual modo, lo hacen con licencias ilegales otorgadas por el Reino Unido, se tratará de acordar en la mejor forma posible para asegurar la aceptación de las condiciones, salvo que no podrán participar —conforme la ley 26.386— del 19/06/2008 los buques de aquellas nacionalidades que al momento del llamado pesquen con licencia británica en el área de Malvinas de la ZEE Argentina.
  3. Sanciones. Los buques que adhieran al régimen se ajustarán a la legislación argentina y ello supone, entre otras exigencias, la de llevar a bordo observadores, no efectuar trasbordos en la Alta Mar y hacerlo en puertos argentinos, ajustándose a las prohibiciones, infracciones, sanciones y otras de la Ley 24.922.
  4. El rendimiento Máximo Sostenible. Las empresas interesadas aceptarán las épocas de pesca y cuotas de captura otorgadas por la Autoridad de Aplicación en función del RMS del ecosistema global establecido por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero.
  5. Derechos e impuestos. Tanto las embarcaciones nacionales como extranjeras habilitadas dispondrán del Permiso correspondiente y no pagarán derecho alguno de captura, impuestos internos ni de exportación desde la Argentina sobre las extracciones efectuadas en la alta mar. Accesoriamente y para equiparar su actividad a la de los buques extranjeros, los buques nacionales que extraigan los recursos en la alta mar no pagarán impuesto alguno al gasoil. Es un absurdo la vigencia del art. 23º de la Ley 24.922 que exige el otorgamiento de permisos de pesca de gran altura a buques nacionales para pescar en la alta mar, debiendo pagar derechos a la captura. El gobierno debe eximir ya el pago de todo impuesto o pago derecho a esta pesca.
  6. Seguridad, Depredación y Contaminación. La flota naval y aérea de la Armada Argentina en colaboración con la Prefectura Naval asegurará el cumplimiento de la legislación argentina por parte de los buques y, en especial, que los extranjeros no pesquen dentro de la ZZE Argentina, no efectúen transbordos en la alta mar, se ajusten a las cuotas otorgadas y no depreden ni contaminen el mar.
  7. La Zona Común de Pesca. La Argentina acordará con Uruguay las capturas en la alta mar lindera a la Zona Común de Pesca con Uruguay.
  8. Otras bases del pliego de condiciones. Se omiten algunas cuestiones por razones de reserva y en la revisión de las presentes cláusulas o el agregado de otras debiera participar el sector empresario y gremial, para asegurar que las operaciones derivadas de la captura y transporte en alta mar no interfieran con las operaciones de los buques pesqueros que capturen en la ZEE Argentina.

Un Estado sin pesca, nada puede sobre la Mar (Manuel Belgrano).

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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