Dr. Gabriel Barceló, Instituto de Energía Scalabrini Ortiz
El 23 de julio la India comunicó al mundo la primera fisión nuclear sostenida de su nueva central KAPP 3 en Kakrapar, estado de Gujarat. Es su primera unidad derivada del modelo CANDÚ con 700 MW de potencia, y el premier Narendra Modi anunció que vienen otras 3 iguales, a comisionarse en 2021, 2022 y 2023.
Estas 4 máquinas indias se parecen enormemente a una que deberíamos haber empezado a construir en 2015, Atucha III, que se canceló en 2018, y que en un cronograma normal de obra, estaría entrando en línea a principios de 2021. Y todas ellas, las centrales indias y la que no hemos construido en Lima, provincia de Buenos Aires, son similares a nuestra central de Embalse, en Córdoba, que entró en operaciones en 1983. Son todas máquinas de uranio natural y agua pesada con tubos de presión, un diseño canadiense llamado genéricamente CANDÚ.
Hemos escrito y hablado mucho sobre ese grave error en el que algunos argentinos se obstinan: querer abandonar esta línea tecnológica de centrales, la única que dominamos. Nos negamos a abandonarla no sólo porque la dominamos bien. Tampoco únicamente porque Embalse ha sido por lejos (y sigue siendo) nuestra mejor central nuclear de potencia. Ni siquiera porque en un ránking mundial de disponibilidad y seguridad, está entre las mejores del mundo.
Defendemos esta ingeniería porque garantizaría miles de puestos de trabajo argentino de calidad, dinamizaría a una parte importante de la actividad industrial (en particular, la de muchas PyMES), y minimizaría la erogación en divisas. El uranio natural es sustitución de importaciones en el campo de la tecnología nuclear.
Especialmente alzamos nuestra voz después de mayo de 2018, cuando el gobierno macrista canceló la construcción de Atucha III CANDÚ, que sería casi idéntica a Embalse, sólo que más potente y moderna.
Al dar de baja este proyecto, que ya tenía resuelto el diseño básico, el suministro nacional de componentes e incluso atada la financiación, el macrismo tiró por la borda más de 50 años de grandes esfuerzos e inversiones mil millonarias en dólares. Es significativo que esto ocurrió al mismo tiempo que la firma del acuerdo con el FMI.
El problema del agua pesada
Planta Industrial de Agua Pesada, Arroyito, Neuquén, la mayor del mundo en su tipo
Una de las acciones más deletéreas en este contexto fue la destrucción del plantel especializado de la PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada) en Arroyito, Neuquén. Con jubilaciones anticipadas y otros sistemas de despido encubiertos, se echó a más de 350 trabajadores y profesionales expertos de la misma.
La PIAP es hoy la mayor unidad del mundo en su tipo, también la más moderna, y no es un lujo. La necesitamos para reponer el agua pesada de nuestras centrales: las 3 que tenemos operativas precisan este insumo para reponer el que se pierde. Pero también necesitamos agua pesada para proveer a los reactores de investigación que exporta INVAP.
Sin embargo, en estos últimos tiempos “pasaron cosas” y siguen pasando. Necesitamos alertar a la sociedad de que están por perderse activos conseguidos con el esfuerzo de tres generaciones de argentinos.
Hemos escuchado con frecuencia aseveraciones de que la tecnología del tipo CANDU de agua pesada y uranio natural, como la de Embalse, es “anticuada, obsoleta y en desaparición, algo que nadie va a usar en el futuro”. Veamos si la realidad soporta este responso.
Existen hoy en el mundo 44 Reactores de este tipo en funcionamiento en las redes eléctricas de —por orden alfabético— la Argentina, Canadá, Corea, China, India y Rumania, integrantes del CANDU Owners Group, o COG.
El diseño CANDU prevé una vida útil de treinta años e incluye la posibilidad de una extensión de vida de por lo menos otros treinta años. En esta reconstrucción, llamada también “retubado”, lo esencial es el cambio de los tubos del reactor. En este tipo de ingeniería los tubos de presión sustituyen (con igual seguridad y menor costo) el enorme recipiente de presión típico de las centrales nucleares de uranio enriquecido.
Complejo nuclear de Kakrapar, donde la India acaba de inaugurar su primera CANDU de ingeniería propia con 700 MW de potencia
Retubar una CANDU es una operación más compleja que construirla desde cero, pero permite incorporar mejoras y modernizaciones de eficiencia, seguridad y disponibilidad. El procedimiento cuesta entre un tercio y una cuarta parte de lo que sale una obra nueva recién terminada, se hace en 2 o 3 años, y la central resultante dura otros 30 años.
Fogoneadas por esta economía, varias CANDU que ya cumplieron su ciclo de vida inicial de 30 años de funcionamiento hicieron extensión de vida útil por retubado. Entre ellas, estuvo nuestra central de Embalse, que completó esta reconstrucción en 2018 y hoy equivale a una central nueva, con 30 años operativos por delante, pero con más seguridad operativa y un 6% extra de potencia.
Desde el año 2000 a la fecha 13 CANDU totalmente nuevas entraron en servicio y hoy están operativas: China instaló 2, Rumania 1, India 10. Entre tanto, hubo 7 extensiones de vida: Canadá hizo 6, Argentina 1. Esto da un total de 20 centrales con vida operativa asegurada hasta el 2030 y el 2050.
Estos muy respetables países nucleares han invertido y siguen invirtiendo sumas considerables en construcción o retubado de centrales CANDU, y planean utilizarlas por lo menos hasta la mitad de este siglo.
10 centrales tipo CANDU indias de 700 MW en obra y planes, además de KAPP 3 y 4
Pero además de estas 20 plantas, dichos países tienen construcción nueva en obra: hay 3 centrales CANDU en progreso en la India, más 12 en fase de planeamiento: China con 2 e India con 10 más. Los cronogramas indican que éstas estarán en funcionamiento hasta fines del siglo XXI.
Por lo expuesto, que la tecnología CANDU sea anticuada, obsoleta y esté en desaparición es una triple mentira. Se cae con sólo leer el diario.
Otro motivo de vida para las CANDU
Las 2 unidades CANDU en Qinshan, China. Las 2 próximas quemarán combustibles tipo MOX
China tiene en operación dos centrales CANDU y quiere añadir más a medida que crezca su flota de reactores de uranio enriquecido de tipo PWR y BWR. ¿Por qué? La CANDU es un excelente “postquemador” del uranio enriquecido usado previamente —pero no agotado— en esas centrales. Este proceso ya está validado y redunda en una excelente economía integrada del ciclo de combustible.
En este nuevo enfoque una flota de 4 o 5 centrales de uranio enriquecido utilizarán una CANDU en común para esta suerte de “ciclo combinado”: el 1% de uranio enriquecido que la flota no logró quemar en su primera fisión se combina con los actínidos que se generaron en un tipo de combustible llamado MOX, o de óxidos mixtos.
Quemando MOX, en lugar de uranio natural “virgen”, los CANDU se vuelven entonces, además de una fuente de energía, un modo inteligente de disminuir tanto en volumen y en radioactividad como en vida media los residuos nucleares.
La impresionante flota china de reactores de uranio enriquecido suma ya 46 unidades y sigue creciendo. Esto explica el porqué del reciente acuerdo de China con Canadá para agregar dos nuevas unidades CANDU a las dos en funcionamiento.
En cuanto a Canadá, sus razones para extender la vida útil de sus propias unidades CANDU son obvias. Son autores y dueños de esa tecnología, y tienen la mayor flota CANDU del mundo: 19 plantas en funcionamiento. Duplicar la vida útil de cada una es una inversión mucho menor que la de construir nuevas unidades, y un excelente negocio.
¿Por qué razón los países agrupados en el COG siguen interesados en continuar con esta tecnología, pese a que reciben todo tipo de presiones y/o tentaciones para abandonarla? Aparte de todo lo dicho, porque atribuyen valor estratégico a la mayor virtud del uranio natural: da soberanía y autodeterminación energética, y genera mucho desarrollo industrial en los países que no dominan el enriquecimiento de uranio.
Nada mejor que este ejemplo reciente de la vida real para demostrarlo: la primera criticidad de KAPP-3 en la India, ese otro gigante asiático, con sus 1.350 millones de habitantes. Esta central es una adaptación local del diseño CANDÚ y la primera que la India logra llevar a los 700 MW, por ahora el límite de diseño de potencia para las unidades individuales que queman uranio natural. La India hizo esto sola, únicamente con sus científicos, sus tecnólogos y su industria.
La India inició ese camino en 1964 cuando contrató con los Estados Unidos dos centrales del tipo BWR (Boiling Water Reactor). Estas son máquinas de uranio enriquecido y agua liviana. Su diferencia con los PWR (Pressurized Water Reactor), bastante más comunes, es que en los BWR el vapor para la turbina se genera directamente en el recipiente de presión del reactor.
Aquella compra de 2 BWR de150 MW incluía en contratos la provisión de combustible durante la vida de las centrales. Ambos reactores se pusieron en funcionamiento en 1969 y —típico de compras llave en mano— con bajo contenido industrial local.
Decidida la India a probar también la tecnología alternativa de uranio natural y agua pesada, en 1965 contrató con Canadá la provisión de dos centrales de tipo CANDU de 220 MW. Para dominar totalmente esta tecnología, instaló también sus primeras plantas de producción de agua pesada. La primera unidad CANDU india entró en servicio en 1972 y fue construida con alto grado de contenido local. En 1974 la India realizó pruebas subterráneas de explosivos nucleares, lo cual le ganó sanciones inmediatas de los países proveedores nucleares. Los Estados Unidos cancelaron unilateralmente el contrato de provisión de combustible de uranio enriquecido para las dos centrales que se encontraban en funcionamiento y prohibieron toda exportación de materiales sensibles a la India.
Canadá, por su parte, retiró toda colaboración para el segundo reactor CANDU que se encontraba en construcción, así como toda otra exportación de tecnología nuclear a India. Pero India ya comenzaba a dominar la ingeniería CANDU y la fabricación de sus componentes y, más importante aún, ya fabricaba agua pesada en forma local. La planta de fabricación de agua pesada es a la central de uranio natural lo que la de enriquecimiento de uranio es a la central de uranio enriquecido. Dicho de otro modo: sin agua pesada, una central de uranio natural no lograría siquiera entrar en criticidad.
Por lo tanto, en 1974 la India decidió no preocuparse por el combustible de las 2 BWR compradas a Estados Unidos. Más adelante obtuvo uranio enriquecido de Francia, Rusia y China para estas dos pequeñas unidades, que hoy ya no funcionan. En cambio, se concentró en el desarrollo propio y soberano de sus propias centrales de uranio natural y agua pesada, adaptaciones locales del diseño básico CANDU.
Es así como la India terminó su segunda CANDU sin ayuda canadiense y a seis años de iniciado el bloqueo. Desde entonces no paró jamás de construir centrales de este tipo con recursos propios. Hoy, 44 años más tarde, suman 17 unidades funcionando, lo que habla de un esfuerzo sostenido en el tiempo con gran determinación.
En estas cuatro décadas pasaron muchas cosas entre las naciones y los bloques de naciones. Hoy la India, a pesar de que siguió desarrollando armas atómicas, tiene tratados de cooperación nuclear con quienes la bloquearon en 1974 y con muchas otras naciones. Entre ellas, está la Argentina.
Efectivamente, en 2012 suscribimos un Acuerdo de Cooperación para los pacíficos de la energía nuclear con ellos, asunto que nuestra cancillería hizo dentro de un marco internacional. En 2009, la India había firmado un acuerdo para la aplicación de salvaguardias e inspecciones con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Este sujeta a inspección por esta agencia de las Naciones Unidas todas las instalaciones nucleares civiles de la India.
En el año 2002 la India, siempre haciendo pie firme en su base de centrales de uranio natural, volvió a comprar 2 máquinas de uranio enriquecido: contrató con Rusia la provisión de dos centrales de 1000MW de tipo PWR. En este tipo de plantas, el vapor de turbina se genera fuera del recipiente de presión. Ambas entraron en criticidad en 2013 y 2016 respectivamente. En 2017 la India contrató con Rusia dos PWRs más, que hoy están en construcción.
La incorporación de 4 centrales de uranio enriquecido, sin embargo, no modificó la decisión de la India, tomada hace casi medio siglo, de que la columna vertebral de su sistema nucleoeléctrico la formaran plantas de uranio natural. Los números del país son claros:
Centrales operativas: 17 CANDU y 2 PWR 2
Centrales en construcción: 3 CANDU y 2 PWR
Centrales planeadas: 10 CANDU y 2 PWR
Conclusión: mal momento para no producir agua pesada
El hielo de agua pesada… es pesado: no flota en agua común. Y el agua pesada líquida cuesta U$ 700.000 por tonelada. Suele ser una exportación argentina.
Nuestra Planta Industrial de Agua Pesada se compró para un programa CANDU de varias centrales, que nunca se pudo cumplir. Además de suministrar la carga inicial de una CANDU totalmente argentina, podría luego proveer de agua pesada a algunos de los 13 nuevos reactores CANDU de la India, además de reponer fluido para los 17 operativos hoy.
Para ello tenemos el marco legal creado por el Acuerdo de Cooperación firmado por ambos países en 2012. Y es seguro que este insumo, traccionado por la demanda, va a faltar en el mercado mundial.
La historia del bloqueo sufrido por la India y cómo pudo neutralizarlo ejemplifica claramente que la línea de uranio natural es la mejor defensa ante boicots de uranio enriquecido. Nuestra propia historia también: cuando en 1981 la CNEA logró su primera exportación de un reactor nuclear a Perú, Estados Unidos nos aplicó un bloqueo de uranio enriquecido que pudo haber parado no sólo nuestras exportaciones, sino los reactores que funcionaban en Argentina, entre ellos el RA-3 de Ezeiza, única fuente de radiofármacos para miles de pacientes cardíacos y con cáncer en Sudamérica.
Si Atucha I hubiera sido una central de uranio enriquecido, en 1981 Buenos Aires podría haber entrado en un apagón interminable.
Dominar el uranio natural de ninguna manera quiere decir que, tal como lo ha hecho la India, una vez consolidada esta cadena de valor y como país autónomo y soberano, la Argentina no pueda encarar sin apuro el dominio de la tecnología de uranio enriquecido. Eso se estableció en el Plan Nuclear 2014 formulado por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Pero que nos lancemos, como se está proponiendo hoy, a la tecnología de uranio enriquecido en forma exclusiva, y que al mismo tiempo hagamos desaparecer, por abandono de la PIAP y de todo plan CANDU, nuestras capacidades nacionales autónomas en uranio natural, es extremadamente peligroso.
Si en el futuro los países que dominan el enriquecimiento de uranio nos armaran un boicot de combustible, nos encontraríamos en una situación extremadamente complicada. Todas nuestras máquinas PWR quedarían paralizadas por dictamen externo, y estaríamos impedidos de la única vía para continuar con nuestro desarrollo nucleoeléctrico por decisión propia.
Por otro lado, la política internacional en cuestiones de enriquecimiento de uranio la dirige el Nuclear Suppliers Group, o NSG. Esta controlado por los países con capacidad de enriquecimiento, y su política siempre fue desalentar a los países que traten de alcanzar esa capacidad.
Todo desarrollo en ese sentido —ver el caso de Brasil— se ve sistemáticamente obstaculizado, tanto desde el bloqueo de la adquisición de equipos especializados, como por medio de otras formas abiertas o encubiertas de presiones internacionales.
Mal momento para no leer los diarios
La cavidad de confinamiento magnético del ITER, donde el deuterio y el tritio deben fusionarse por compresión magnética
Para saber que el agua pesada no es un asunto del pasado, alcanza también con leer en los diarios que en estos días entró en fase de ensamblaje el proyecto ITER. La palabra “iter/itineris” significa “el camino” en latín. Y el nombre se adecua bien al más ambicioso proyecto de producción de energía en el mundo de hoy.
En el sur de Francia, 35 naciones colaboran para construir la máquina de fusión termonuclear más grande del mundo. El aparato funcionará por confinamiento magnético, y trata de demostrar la factibilidad de la fusión a gran escala como una fuente de energía libre de emisiones de carbono.
La física subyacente es parecida a la que suministra la energía del sol o de otras estrellas: fusionar por compresión núcleos de isótopos del hidrógeno (deuterio y tritio). Se abre la posibilidad de producir enormes cantidades de electricidad y o calor termonuclear sin el problema de la gestión definitiva de los residuos radioactivos, el mayor problema de licenciamiento social de las centrales actuales de fisión.
De modo que mientras 35 países se disponen a construir el aparato que generará la mayor demanda de deuterio, nosotros estamos dejando decaer en chatarra la mayor planta de concentración de deuterio del mundo. Que es la PIAP de Arroyito, Neuquén.
Y justo cuando está por iniciarse una demanda mundial de tritio, queremos terminar con las únicas centrales nucleares del mundo que lo producen: las de uranio natural. No sabemos quién está tomando ambas decisiones. A la luz de lo expuesto, no parecen ser las más apropiadas.
La campaña experimental que se llevará a cabo en ITER es crucial para avanzar la ciencia de la fusión y preparar el camino para las futuras plantas de fusión de mañana. Se perfilan como fuentes inagotables de energía limpia que resolverían para siempre el problema energético de la humanidad.
Puede ser que el resultado práctico sea un poco menos glorioso, pero apunta a un cambio de paradigma energético para el cual decenas de países han estado trabajando, ya por su cuenta o asociados, durante 70 años. En algún momento llegará el éxito técnico, y bien podría ser éste, porque además de 7 décadas de experiencia acumulada hoy hay 35 socios.
Miles de ingenieros y científicos han contribuido al diseño de ITER desde que surgió la idea de un experimento internacional en 1985. Los miembros más importantes de ITER son China, la Unión Europea, India, Japón, Corea, Rusia y Estados Unidos. Hace 35 años que están comprometidos en una colaboración para llegar al diseño de un reactor nuclear de demostración. Y la construcción empieza ahora.
Nuestra Argentina podría ser proveedora o quizás socia de este proyecto. Puede aportar tres cosas que ya tiene: deuterio, tritio y materia gris.De hecho por lo menos una empresa argentina, CONUAR, está proveyendo tecnología para ITER.
Mientras el mundo avanza con proyectos que tienen en su centro al agua pesada nosotros nos estamos “dando el lujo” de dejar morir nuestra PIAP.
* Ing. José Luis Antúnez – Ex. Presidente NA-SA
Dr. Gabriel N. Barceló – Instituto de Energía Scalabrini Ortiz,
Dr. Andrés J. Kreiner – Secretario General APCNEAN
La región de mayor dinamismo económico a nivel planetario es, desde hace varios años, la parte oriental u este de Asia, bañada por el océano Pacífico, el espacio marítimo mayor del planeta y del cual también es ribereño un país tan importante como Estados Unidos de América (EE.UU), la principal potencia imperialista a nivel global, así como varios de los países de los continentes americanos; igualmente, aun, cuando no tienen costas en dicho océano, algunas potencias europeas (Francia y el Reino Unido) aún conservan territorios, posesiones o colonias en el sinnúmero de islas y atolones que conforman la Oceanía (y además en el Océano Indico).
Por su consistente crecimiento económico en las últimas décadas y su incrementada actividad a nivel regional y global, la República Popular China (RPCH) se ha convertido en el motor impulsor del crecimiento económico regional, constituyendo además el principal “partenaire” comercial de los países del área, incluyendo naciones tan importantes como Japón (tercera economía a nivel mundial), la República de Corea (11no), Australia (13ro) y las naciones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
Igualmente la RPCH es un importante socio comercial de EE.UU.; de acuerdo con los datos de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative), el comercio de bienes y servicios de EE.UU. con China totalizó un estimado de $ 737.1 mil millones en 2018. Las exportaciones estadounidenses fueron de $ 179.3 mil millones; las importaciones fueron de $ 557.9 mil millones. El déficit comercial de bienes y servicios de EE.UU. con China fue de $ 378.6 mil millones en 2018. La RPCH es el principal exportador hacia EE.UU. y el tercer importador de bienes y servicios provenientes de EE.UU. Todo esto a pesar de la llamada guerra comercial realizada por la actual administración asentada en la Casa Blanca.
No obstante, este desarrollo e interrelación económica no ha conllevado a que la situación actual en la región de Asia y Oceanía, o del Indo-Pacífico[1], como la han rebautizado los norteamericanos, será todo lo “pacífica” que debiera ser, según el nombre del gigantesco océano que baña las costas de la mayoría de los países ubicados en esa región.
Ante todo, EE.UU. mantiene un interés especial en dicha región, con amplios antecedentes históricos. El estudio de recientes documentos confirma la atención principal que asigna Washington a la región Indo-Pacífico, empezando por un artículo denominado “America´s Pacific Century”, que apareció en la revista Foreign Policy de noviembre de 2011, escrito por la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton, en la que hablaba del llamado Pivot hacia la región de la política estadounidense. Posteriormente este enfoque recibió la denominación de Rebalance y estuvo enmarcado en dos documentos estratégicos de la administración Obama: la Strategic Guidance (Lineamientos Estratégicos) del Departamento de Defensa (DOD) del año 2012, y la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2015. En ambos documentos se puntualizaba la intención de concentrar los esfuerzos políticos, económicos y militares de EE.UU. hacia la región del Pacífico, incluyendo cambiar la proporción de fuerzas militares norteamericanas destacadas en esa región, pasando del 50% que se tenía hasta entonces en la correlación Atlántico-Pacífico, a una proporción del 60% de los principales medios de combate, especialmente aeronavales.
Subsiguientemente, la actual administración norteamericana, aun cuando ha evitado utilizar la denominación de Rebalance, ha continuado concentrando su accionar en la región, a la que ha rebautizado como INDO-PACIFICO (lo cual incluyó el cambio de denominación del Comando Unificado que responde por esa área, que cambió su nombre de U.S. PACIFIC COMMAND por U.S. INDO-PACIFIC COMMAND); esto se confirmó tanto en su actividad política (por ejemplo, en febrero de 2017 el entonces Secretario del DOD, James N. Mattis, en su primera visita al exterior se dirigió a Japón y Corea del Sur, no a los países de la OTAN), como en sus principales documentos estratégicos: la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de 2017, la Estrategia de Defensa Nacional de 2018; los diferentes reportes del Director Nacional de Inteligencia, de los Comités del Congreso, etc; la participación en importantes eventos en la región, como el Foro Regional de la ASEAN y el Diálogo Shangri-lá, y confirmado con la emisión de documentos más recientes del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado:
el Reporte de la Estrategia Indo-Pacifico (INDO-PACIFIC STRATEGY REPORT), emitida en 2019;
y un documento denominado Un Indo Pacífico libre y Abierto, avanzando una visión compartida (A Free and Open Indo Pacific, Advancing a Shared Vision) presentado por el Secretario de Estado Mr. Michael Pompeo en Noviembre de 2019.
En estos documentos se ratifica, a nuestro criterio, que independientemente de que EE.UU. como principal potencia imperialista a nivel global tiene intereses en todo el planeta e incluso más allá, como es el espacio exterior, es en la actualidad en la región que ellos denominan Indo-Pacífico donde concentran y continuarán concentrando sus intereses estratégicos y sus principales contingentes militares, pues allí se encuentra el país que consideran su principal rival a nivel global, la RPCH, la cual además tiene importantes lazos con otro adversario principal, la Federación de Rusia.
En la Estrategia Indo Pacífico se exponen cuatro principios que según la parte norteamericana son los que este país persigue en esa región:
Respeto por la soberanía e independencia de todas las naciones;
Resolución pacífica de controversias;
Comercio libre, justo y recíproco basado en inversión abierta, acuerdos transparentes y conectividad; y,
Adherencia a las reglas y normas internacionales, incluidas las de libertad de navegación y sobrevuelo.
El lenguaje empleado por los autores de los diferentes documentos no parece a nuestro juicio concordar con la real conducta de EE.UU. en esa región, teniendo en cuenta la histórica tendencia a la intervención y al empleo de la fuerza militar por ese país, la actual política proteccionista en el plano económico del gobierno de Mr. Trump, su rechazo a los tratados internacionales, etc.
Reiteradamente hacen intentos de comparar las supuestas políticas “abiertas” de EE.UU. con acciones de otros países, aludiendo claramente a la República Popular China (RPCH), a la que dedican especial atención, calificándola de poder revisionista; aunque destacan el avance económico de esa nación, critican que este país, de acuerdo con sus criterios, tiene una conducta internacional más “asertiva” o creadora de fricciones “en la búsqueda de un conjunto más amplio de intereses políticos, económicos y de seguridad”.
En varios documentos se acusa a la RPCH de socavar el sistema internacional desde dentro explotando sus beneficios mientras que simultáneamente erosiona los valores y principios del orden basado en reglas (reglas a las que el propio presidente norteamericano renuncia cuando afecta lo que considera sus intereses); de aplicar políticas represivas en la región de Xingiang contra la minoría musulmana; también plantean que la violación de las normas internacionales por parte de China se extiende además al exterior, incluyendo actividades de espionaje (algo que al parecer la CIA y otras agencias estadounidenses no hacen; pueden preguntarle a la Canciller alemana), robos cibernéticos dirigidos a la propiedad intelectual y la información comercial y tecnológica confidencial de proveedores de servicios.
Hacen referencia a la militarización de objetivos en el mar Meridional de China y realización de acciones violentas en las disputas marítimas en ese mar; igualmente acusan a la RPCH de realizar patrullajes y maniobras militares en las cercanías de Taiwán; hacen una importante referencia al desarrollo militar de la RPCH, señalando que “busca la hegemonía regional del Indo-Pacífico en el corto plazo y, en última instancia, la preeminencia mundial en el largo plazo”. Se refieren a las inversiones chinas en una amplia gama de programas militares, diseñados para mejorar la proyección de poderío: fuerzas nucleares; operaciones complejas en el ciberespacio, el espacio y las operaciones de guerra electrónica; capacidades de limitación de acceso/denegación de área (A2/AD), incluidos los dominios aéreo y marítimo.
A todo esto podemos sumarle las recientes declaraciones del Secretario de Estado Michael “Mike” Pompeo, el 23 de julio de 2020, en un evento realizado en Yorba Linda, California, en el Museo y Fundación Presidencial Richard Nixon, en el cual se refirió a la “China Comunista y el Futuro del Mundo Libre”, con un lenguaje extremadamente confrontacional y acusatorio respecto al país asiático, que algunos ya califican como un llamado a una nueva Guerra Fría.
Respecto a Rusia, a la que califican en algunos documentos como “actor maligno revitalizado”, consideran que su influencia en la región Indo Pacífico continúa aumentando a través de la difusión nacional y la modernización militar, tanto en sus fuerzas convencionales como en sus fuerzas estratégicas, y las ventas de armamento rusas en la región.
Destacan la colaboración de la RPCH y Rusia en los ámbitos diplomático, económico y de seguridad, y que estas naciones frecuentemente se oponen conjuntamente a medidas patrocinadas por EE.UU. en el Consejo de Seguridad de la ONU. Destacan que: “En general, comparten una preferencia por un orden mundial multipolar en el que Estados Unidos es más débil y menos influyente”.
En varios documentos catalogan como desafíos o amenazas transnacionales, que afectan la región de Indo-Pacífico, los siguientes: el terrorismo; comercio de armas ilícitas; tráfico de drogas, humanos y vida silvestre; la piratería; patógenos peligrosos, la proliferación de armas y los desastres naturales. Respecto a fenómenos naturales, señalan que amén de ser una región propensa a los terremotos y volcanes como parte del Anillo de Fuego del Pacífico, la región del Indo-Pacífico sufre regularmente desastres naturales como monzones, huracanes e inundaciones, terremotos y actividad volcánica, así como las consecuencias negativas del cambio climático (es llamativo que señalen esto, siendo el gobierno de los EE.UU. y su actual presidente un constante denegador del Cambio Climático).
En estos documentos se plantea que su Estrategia para el Indo-Pacífico está en conexión con sus intereses expresados en la ESN de 2017, y que la región tiene tanto valor global como regional, especialmente por su importancia estratégica y económica.
A partir de las misiones previstas para las Fuerzas Armadas de EE.UU. en diferentes documentos, valoran como fundamental su poder militar para mantener la posición de “liderazgo” (término que generalmente utilizan) o hegemonía a nivel global, y en los diferentes teatros de operaciones, como es el caso del Indo-Pacífico.
EE.UU. establece categorías en sus asociaciones regionales, de acuerdo con el grado de comprometimiento de cada país con sus objetivos y políticas; estas son:
Alianzas: Japón, Corea del Sur, Australia, Filipinas y Tailandia.
Asociaciones: Singapur, Taiwán, Nueva Zelanda y Mongolia.
Asociación Principal de Defensa: India.
Asociaciones Emergentes: Sri Lanka, las Maldivas, Bangladesh y Nepal.
Relaciones de Seguridad con socios del Sudeste Asiático: Vietnam, Indonesia y Malasia.
Compromisos de seguridad: Brunei, Laos y Camboya.
También se refieren a compromisos con las Islas del Pacífico.
Además hacen referencia al papel de aliados extrarregionales que operan eventualmente en la región, como el Reino Unido, Francia y Canadá.
Destacan también la importancia de organizaciones subregionales, como la ASEAN y la participación de EE.UU. en el Foro Regional de esa organización (generalmente debate problemas de seguridad): así como sobre la participación de EE.UU. en la Cumbre de Asia Oriental (EAS), presidida por el jefe rotatorio de la ASEAN.
Respecto a las fuerzas militares de su país desplegadas en el Indo-Pacífico (ellos denomina esto Posture, postura); basan esta acción en una de las dos concepciones estratégicas militares norteamericanas principales, que es la llamada Presencia Avanzada (Forward Presence)[2]. De acuerdo con el Reporte de la Estrategia Indo Pacífico, el USINDOPACOM cuenta actualmente con más de 2.000 aviones, 200 buques y submarinos y más de 370.000 soldados, marineros, infantes de marina, aviadores, civiles del Departamento de Defensa y contratistas asignados dentro de su área de responsabilidad. La mayor concentración de fuerzas estadounidenses en la región se encuentra en Japón y la República de Corea (RC).
Además de todas estas cuestiones, es importante significar que EE.UU. está involucrado directamente en dos de los más importantes conflictos que afectan a la región asiática: Afganistán y la península Coreana.
AFGANISTÁN. Tras los ataques del 11 de setiembre de 2001, el gobierno de EE.UU. culpó al gobierno de Afganistán de apoyar y dar refugio a Osama Bin Laden y su organización Al Qaeda (es curioso que a muchos les cuesta recordar que precisamente en Afganistán los norteamericanos apoyaron a los llamados “luchadores por la libertad” o muyahidines contra las fuerzas soviéticas; aquellos polvos trajeron estos lodos). En octubre de ese mismo año 2001 las fuerzas militares norteamericanas y sus aliados invadieron y ocuparon esa nación de Asia. Comenzaba así la guerra más larga que ha librado EE.UU., pues ya se acerca a los 19 años de duración. Miles de millones de dólares han sido invertidos, pero no se ha logrado ni la reconstrucción del país, ni el cese de la guerra, ni mejoras palpables en la vida de la población: hay millones de refugiados afganos en países vecinos; de acuerdo con el más reciente reporte de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA por sus siglas en inglés), entre enero y junio de 2020, 1282 civiles afganos murieron y 2176 resultaron heridos como consecuencia del conflicto.
Solo en algo hubo una transformación importante como consecuencia de la ocupación norteamericana: Afganistán se ha convertido en el mayor productor y exportador de heroína del mundo, y las tropas norteamericanas y de sus aliados no han podido evitarlo (¿o se benefician de ello?).
En meses recientes se hizo público que el gobierno de los EE.UU. había llegado a un acuerdo con el movimiento Talibán para poner fin al conflicto en ese país y retirar las tropas norteamericanas y de la OTAN desplegadas en la nación centroasiática desde 2001. Aun cuando se conocía que existían conversaciones, el anuncio se consideró un tanto sorpresivo y no han faltado los que acusan que este acuerdo tiene un objetivo electoral por parte de Mr. Donald John Trump (como casi todo lo que hace ese señor).
En tanto, la situación en el país centroasiático sigue siendo complicada; continúan los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los talibanes, como, por ejemplo, la ocurrida el 3 de marzo de 2020, en el cual fallecieron 19 militares afganos; esto motivó un golpe aéreo de respuesta por la parte norteamericana. En tanto, la parte talibana expresó que su compromiso era de reducir las acciones, no de un cese al fuego, que, entre paréntesis, es lo exigido por el gobierno de Kabul. Para quien escribe estas líneas no parece que existan por parte de ese movimiento una intención real de deponer las armas, sino de buscar una posición de fuerza que le dé ventajas en las futuras conversaciones.
Los críticos al gobierno norteamericano, que incluyen algunos académicos destacados, señalan que no puede considerarse al movimiento Talibán como un interlocutor fiable, que tal acuerdo puede interpretarse como la aceptación de la derrota por parte de Washington, amén de un esfuerzo del presidente Trump para demostrar que está cumpliendo sus promesas electorales de 2016, envuelto como está en la campaña para las elecciones del 3 de noviembre de 2020.
La situación actual en Afganistán no parece clara tras la firma de los acuerdos del 29 de febrero de 2020 y será necesario esperar para ver si realmente las partes cumplen sus compromisos y se logran resultados positivos. Esto es deseable para una nación que lleva decenios de guerras y conflictos, y precisa de una paz estable y duradera para labrar un futuro mejor para sus ciudadanos.
PENÍNSULA DE COREA. El conflicto en la península coreana ha sido uno de los más largos en la historia contemporánea; tras la declaración del Armisticio del 27 de julio de 1953 (del cual han transcurrido 67 años), los intentos por lograr un Tratado de Paz han sido rechazados por la parte estadounidense de forma reiterada y con diferentes argumentaciones.
Tras una etapa en la que aparentemente hubo relativa distensión, tras varios encuentros entre el líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong-Un, y el Presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald J. Trump; y también entre los dirigentes de la RPDC y la República de Corea, en los que se dieron algunos pasos de reducción de tensiones las partes, la situación ha vuelto al parecer a encarrilarse a una nueva etapa confrontativa.
El gobierno de la RPDC basa su política en el concepto de que la defensa nacional es lo fundamental y, por lo tanto, su accionar tanto interno como externo, tiene este precepto como pilar para toda acción. La RPDC se convirtió en un Estado nuclear a partir de 2006 . No obstante, las grandes potencias, principalmente EE.UU. y sus aliados, no quieren reconocer ese status[3]. Lo cierto es que dispone de un número no precisado de dichas armas nucleares: el más reciente reporte del SIPRI (2020), plantea un estimado de entre 20 y 30 armas nucleares en poder de la RPDC[4].
Ante todo, pese a que algunos ejercicios militares entre EE.UU. y la RC no se hayan realizado, la presencia militar de EE.UU. en la región se ha mantenido, e, independientemente de alguno que otro discurso de Trump amenazando con reducir las tropas de EE.UU. en la península, eso no se corresponde con los principales documentos doctrinales norteamericanos, en los cuales se plantea con claridad que la región planetaria más importante para EE.UU. en estos momentos es lo que ellos denominan Indo-Pacífico, que consideran que deben reforzar su presencia en la misma, y que dentro de sus aliados la República de Corea tiene un puesto importante.
Además obvian el hecho de que las sanciones aplicadas a la RPDC no se han reducido y que el país continúa enfrentando una situación económica muy compleja y que, lógicamente, ante la constante presión ha continuado reforzando en la medida de sus posibilidades las capacidades defensivas.
Si el gobierno norteamericano tuviera reales intenciones de estabilizar la situación en la península coreana, debiera iniciar un proceso encaminado a lograr un tratado de paz justo, equilibrado y que realmente permita eliminar el peligro de guerra.
Otro aspecto que debe considerar es la experiencia histórica de que los gobiernos norteamericanos utilizan un procedimiento para las conversaciones: generalmente emplean la táctica de ofrecer ventajas, condicionando las mismas a determinadas concesiones de la otra parte; una vez que la parte contraria satisface las solicitudes norteamericanas, entonces la parte estadounidense plantea que tales concesiones son insuficientes, y hacen nuevas exigencias antes de cumplir ellos con lo supuestamente acordado. Un ejemplo claro fueron las negociaciones entre la extinta URSS y los EE.UU., en la época en que Gorbachov era primer secretario del PCUS; el mismo hizo constantes concesiones sin que Reagan o Bush padre reciprocaran; el resultado es conocido.
Lo cierto es que en la actualidad, la situación en la Península coreana no parece encaminarse a una solución a corto plazo, e incluso los dirigentes de la RPDC han rechazado nuevas conversaciones; la voladura de la oficina de enlace intercoreana en Kaesong el 16 de Junio de 2020 es una señal bastante clara.
MAR MERIDIONAL DE CHINA. Además de estos dos conflictos, que al parecer no se resolverán en un futuro próximo, el gobierno norteamericano, mediante el reciente envío de agrupaciones navales, incluyendo dos portaaviones de propulsión nuclear en cada caso, y expresado en recientes declaraciones del Secretario de Estado, Mr. Pompeo, ha vuelto a traer a la palestra la situación en el Mar Meridional (o Sur) de China. Se trata de un corredor fundamental del trasiego comercial para todos los países de la región (que abarca, sobre todo, el Medio Oriente, el Índico y Asia-Pacífico). Más de 60 mil buques circulan por el Estrecho de Malaca hacia el Este de Asia y el Océano Pacífico (o en sentido contrario, hacia la rica Europa) atravesando el Mar Meridional de China (el doble de los que pasan por el canal de Suez y el triple de los cruzan por Panamá); aproximadamente el 30% del comercio mundial y el 50% de productos del petróleo (cerca de 15-17 millones de barriles), viajan desde el golfo Pérsico, pasan por el Estrecho y llegan a Japón, Corea del Sur, China, etc, para asegurar una parte importante de sus suministros energéticos. Esta es, por cierto, la vía marítima más corta que conduce a Asia Oriental, y está privilegiada también por abundantes reservas de petróleo, peces y otros valiosos productos del mar.
Es conocido que sucesivos gobiernos de Estados Unidos han esbozado en diferentes documentos, fundamentalmente en las llamadas “Estrategias de Seguridad Nacional”, determinadas concepciones respecto a ciertas áreas o dominios, incluidos los denominados Bienes Globales Comunes, donde incluyen como tales las rutas aéreas y marítimas internacionales. Lo interesante es que el gobierno norteamericano, se atribuye la responsabilidad de velar por estos espacios o dominios, y amenazan con actuar, junto a aliados y socios, ó independientemente, contra aquellos que, según sus criterios, afecten sus intereses en tales dominios.
Siendo conocido que el gobierno norteamericano representa, ante todo, los intereses de las grandes empresas transnacionales (incluso, y casi siempre, por encima de los del propio pueblo de esa nación), resulta extremadamente sospechosa tal actitud; poco se beneficiará el 99% de la población del planeta de ese interés del gobierno norteamericano, que, como es conocido, desconoce las potestades de las instituciones internacionales cuando lo cree necesario (recordar cuando el presidente George W. Bush ordenó invadir Irak en 2003, desoyendo los informes de instituciones de la ONU que afirmaban la no existencia de armas de destrucción masiva en el país medio-oriental; después, cuando las susodichas armas no aparecieron, ni siquiera se disculpó el “imperator” residente en Washington). Si a esto sumamos que actualmente ocupa ese puesto en la Casa Blanca alguien con una “enorme experiencia” internacional como Mr. Donald J. Trump, la situación es mucho peor.
Al respecto, el día 13 de julio de 2020, el Secretario de Estado de los EE.UU., Mr. Michael Pompeo declaró: Hoy estamos fortaleciendo la política estadounidense en una parte vital y contenciosa de esa región: el Mar Meridional de China. Estamos dejando en claro: las afirmaciones de Beijing sobre los recursos en alta mar en la mayor parte del Mar Meridional de China son completamente ilegales, como lo es su campaña de intimidación para controlarlos.
La importancia de la zona y las consideraciones sobre el alcance territorial de su seguridad nacional explican el interés conflictivo y excluyente de China por el mar Meridional, que considera parte de su soberanía e integridad territorial, y cubre áreas de mar, cielo y una serie de islas actualmente en litigio. Ello colisiona con los avances concretos y reclamos territoriales en el área por otros países vecinos, que contraponen lo que también consideran sus intereses nacionales. Es de considerar que la realización de acciones militares en el mar Meridional de China no solo afectaría a los países ribereños, sino que sería perjudicial para Japón, Corea del Sur y la propia R.P.China, ya que provocaría que el tráfico marítimo hacia y desde esos países tuviera que desviarse, aumentando el número de singladuras en las travesías de los buques mercantes y por consecuencia, elevando el coste de los fletes a las cargas comerciales. Esto pudiera significar gastos adicionales por miles de millones de dólares, que también afectaría a los países del resto del mundo que comercian por esa vía.
EE.UU. a pesar de no ser parte de la CONVEMAR, saludó el resultado del fallo de la Corte Permanente de Arbitraje del Tribunal Internacional de la Haya el 12 de julio de 2016, favorable a Filipinas en su reclamación contra la R.P.CH.
EE.UU. además, mantiene desplegados en Singapur varios buques de guerra, los llamados Buques de Combate de Litoral, bajo el pretexto de combatir la piratería en la zona, y apoyar a esa ciudad-estado en su seguridad marítima.
La Marina de Guerra de EE.UU. ha estado realizando sistemáticamente las llamadas Operaciones de Libertad de Navegación (Freedom of Navegation Operation, FONOP)[5] en el mar Meridional de China, en las cuales participan agrupaciones aeronavales, declarando que lo hacen con el fin de garantizar la seguridad de la navegación; recientemente Japón también ha enviado buques de guerra a participar en dichas operaciones. En varias ocasiones, buques de guerra norteamericanos, participando en tales operaciones, se han aproximado a menos de las 12 millas náuticas de algunas de esas islas en disputa, dentro de lo que se establece como mar territorial por la CONVEMAR, y han sido interceptados por buques chinos. La parte norteamericana se ha escudado en la concepción del llamado “paso inocente”, que según la aludida convención permite a cualquier buque navegar en aguas bajo la jurisdicción de otro estado en tránsito a otro lugar; lo que sucede es que si el susodicho buque está realizando una “Operación (FONOP)”, no puede considerarse como “paso inocente”, si tenemos en cuenta lo que se plantea en el Diccionario de Términos Militares y Asociados del DOD respecto a lo que es una “operación”[6] y lo que establece la CONVEMAR como requisito para el “paso inocente”[7].
EE.UU. se ha pronunciado asimismo contra la construcción de islas artificiales en los archipiélagos en disputa, en particular por el carácter militar de la mayor parte de las instalaciones. Hay también reportes acerca de afectaciones a los bancos de coral en muchas de las islas, lo que perjudica la ecología de la zona.
Pero no creemos que sea precisamente EE.UU. el más indicado para mediar en este conflicto, y que la mejor solución sea enviar constantemente buques de guerra a merodear la zona, ya que hasta ahora, las diferentes disputas y ocupación de islas no han interferido en la navegación en la región, y las naciones ribereñas se encuentran negociando para establecer un Código de Conducta en el mar Meridional de China.
La región de Asia Pacífico también es escenario de otros conflictos de importancia, entre los que queremos destacar:
El diferendo por las islas Kuriles entre el Estado de Japón y la Federación de Rusia.
Existe un diferendo entre el estado de Japón, la República Popular China, y Taiwán, respecto a la soberanía de un pequeño archipiélago ubicado en el mar del Este de China, denominado en japonés Sensaku-shoto; por los chinos Diaoyu, y por parte taiwanesa Diaoyutai, (en inglés se conocen como Pinnacle), un total de 8 islas, islotes y peñascos cuya extensión total es de 7 km2. Las aguas circundantes tienen excelentes reservas de pesca y se ha confirmado la presencia de depósitos de hidrocarburos.
Existe un importante diferendo entre Japón y la República de Corea (RC) por la soberanía de las islas llamadas Dokdo (son conocidas en Japón como Takeshima y que también son conocidas como rocas de Liancourt ó rocas de Hornet), que constituyen el escollo más importante en las relaciones de japoneses y surcoreanos.
Diferendo por la isla Tshushima, bajo soberanía japonesa, es reclamada por la RC, que la llama Daemado; en 1949, durante las negociaciones conocidas como SCAP, no fue aceptada la reclamación coreana, quedando esta isla como parte del Japón; no obstante, la parte coreana sigue reclamando esta isla.
Existen controversias fronterizas entre China y la India en dos sectores diferentes, uno cercano a la región de Cachemira (en la zona conocida como el Valle de Galwan, en el Estado de Ladakh, escenario de recientes choques entre fuerzas militares), área también conocida como Aksai Chin, donde existe una llamada Línea de Control Actual (LAC), la cual no está debidamente delimitada y ha sido fuente de enfrentamientos; y en la región este, en la provincia india de Arunachal Pradesh conocida como Distrito Noroeste, en una zona entre Bután y el Tíbet.
En la propia región de Cachemira, existe una disputa de larga data entre India y Pakistán. El origen del conflicto está íntimamente relacionado con el pasado colonial, y es consecuencia de las políticas de las potencias imperialistas, especialmente el Reino Unido.
Desde 1948 se han sucedido una importante cantidad de conflictos, incluyendo cuatro guerras entre las dos naciones del Sur de Asia. Recientes decisiones de la India de establecer una nueva estructura de gobierno en la región de Cachemira y Ladakh han reanimado las tensiones.
Existe un importante conflicto en Myanmar, que también afecta a la vecina Bangla Desh, motivado por la represión a una minoría de fe musulmana, denominada Rohingya, dentro de un país mayoritariamente budista.
TAIWÁN. Para la República Popular China, el principal problema que afecta su seguridad nacional es el diferendo con Taiwán. En repetidas ocasiones, el gobierno chino ha reiterado su posición respecto a que considera a esta isla como una provincia de China y una parte inalienable de su territorio, que su actividad respecto a la misma está encaminada a la reunificación, preferiblemente pacífica, pero que está dispuesta a dar cualquier paso si esta isla se declara como un país independiente.
Por su parte, los sucesivos gobiernos en esa isla han mantenido una política encaminada a mantener su independencia, sin llegar a un conflicto directo con la RPCH, y continuando su estrecha relación con EE.UU., que le suministra armamento y tiene una denominada Ley de Relaciones con Taiwán, que establece su apoyo a los gobiernos de la misma.
De acuerdo con diferentes fuentes, en la RPCH hay organizaciones separatistas en dos regiones, en el Tibet y en la Región Autónoma de los Uigur de Xinjiang.
El Tibet tiene status de Región Autónoma, con una extensión de 1,220 millón km2; está situada en las estribaciones de los Himalayas, y es una de las regiones más despobladas de China. Antes de la revolución existía un estado teocrático-feudal, históricamente vasallo del gobierno chino, gobernado por el llamado Dalai Lama, que es, según las creencias del llamado budismo tibetano una reencarnación de Buda. En 1950 el Ejército Popular de Liberación estableció el control sobre el Tibet, designándose esta como una Región Especial. El Dalai Lama mantuvo sus funciones religiosas, pero el poder político se ejerció por el gobierno central.
Tras una revuelta en 1959, en marzo de ese año el Dalai Lama, sus adjuntos y familia emigraron a la región de Assam en la India, y declararon que no reconocerían la soberanía china sobre este territorio. El mismo ha sido apoyado por las potencias occidentales, pero carece de poder real, aunque funciona un llamado “Gobierno del Tibet en el Exilio”.
En la región de Xinjiang, con una extensión de 1,600 millón kms2, cuenta con 16,5 millones de habitantes, la mitad de los cuales son minorías (uigures 42%, kazajos 6,2% y kirguís 1%); la etnia uigur, de origen turkestano, profesa la religión musulmana; las otras etnias practican diferentes religiones, incluido el budismo. Esta es una región con grandes extensiones semidesérticas, y una de las regiones más atrasadas de la RPCH. De acuerdo a documentos oficiales chinos, en los últimos años se ha hecho importantes inversiones en la región.
En el mismo existe un fuerte movimiento separatista, que incluye organizaciones que han sido catalogadas de terroristas por la RPCH e incluso por los EE.UU. Una de estas organizaciones es el denominado Partido Islámico de Alá del Turquestán Oriental, conocido también como Partido Islámico del Turquestán Oriental o Movimiento Islámico del Turquestán Oriental.
En Hong Kong, y con menos peso en Macao (dos regiones de la RPCH reincorporadas después de haber sido colonias inglesa y portuguesa respectivamente, y donde se aplica la política de “un país, dos sistemas”) ha habido algunos signos de intranquilidad, que han sido controlados por las autoridades chinas, pero no dejan de ser problemas de cierta importancia, acentuado por las recientes protestas en Hong Kong.
Conclusiones
Valorando los hechos más recientes y la postura de confrontación asumida por EE.UU. respecto a la RPCH y su decisión de incrementar su presencia en la región que ellos denominan Indo-Pacífico, además de los diferendos entre las principales naciones del área y los problemas internos de la mayoría de esas naciones, consideramos que el escenario en la región bañada por el océano Pacífico está lejos de hacer honor al nombre asignado a dicha extensión marítima por Vasco Núñez de Balboa en 1513.
*Centro de Investigaciones de Política Internacional, Cuba. Especialista en Problemas de Seguridad. Miembro del Equipo de Asia y Oceanía del Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba. Master en Historia Contemporánea. Profesor Auxiliar.
Referencias
[1] Como deben conocer nuestros lectores, EE.UU. tiene dividido el planeta, el espacio exterior y el ciberespacio en Áreas de Responsabilidad de los llamados Comandos Unificados (y es el único país que lo hace público).
[2] El otro concepto es el llamado Power Proyection, Proyección de Poderío, que es la capacidad de sus FF.AA. de mover rápidamente hacia un Teatro de Operaciones de las fuerzas necesarias para obtener la victoria en una guerra.
[3] Al igual que a otras naciones, como India y Pakistán, que adquirieron dichas armas después de firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968.
[5]Freedom of navigation operations: Operations conducted to protect United States navigation, overflight, and related interests on, under, and over the seas. (JP 3-0). Operaciones de libertad de navegación: operaciones realizadas para proteger la navegación de Estados Unidos, el sobrevuelo y los intereses relacionados en, bajo y sobre los mares. (JP 3-0).
[6]Operation. 1. A sequence of tactical actions with a common purpose or unifying theme.(JP 1) 2. A military action or the carrying out of a strategic, operational, tactical, service, training, or administrative military mission. (JP 3-0).
Operación. 1. Una secuencia de acciones tácticas con un propósito común o un tema unificador. (JP 1) 2. Una acción militar o la realización de una misión militar estratégica, operativa, táctica, de servicio, entrenamiento o administrativa. (JP 3-0).
[7] Ver Artículo 19 Significado de paso inocente, de la CONVEMAR. (https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf).
Bibliografia
Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban and the United States of America, Doha, Qatar, 29 February 2020. <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf>. [Consulta: Julio, 2020].
Allen John R. , Riedel Bruce , O’Hanlon Michael E. , Felbab-Brown Vanda , and Afzal Madiha. Around the halls: Brookings experts discuss the implications of the US-Taliban agreement The Brookings Institution, Washington DC Thursday, March 5, 2020. <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/03/05/ around-the-halls-brookings-experts-discuss-the-implications-of-the-us-taliban-agreement/>. [Consulta: Mayo, 2020].
Blanc, Jarret. Afghanistan’s Election Disputes Reflect Its Constitution’s Flaws Carnegie Endowment For International Peace, Washington DC, March 12, 2020. <https://carnegieendowment.org/2020/03/12/afghanistan-s-election-disputes-reflect-its-constitution-s-flaws-pub-81274>. [Consulta: Julio, 2020].
Chung Min Lee, Kathryn Botto. Korea Net Assessment 2020: Politicized Security and Unchanging Strategic Realities. Carnegie Endowment for International Peace. Washington DC, March 18, 2020. <https://carnegieendowment.org/2020/03/18/korea-net-assessment-2020-politicized-security-and-unchanging-strategic-realities-pub-81230>. [Consulta: Julio, 2020].
Craig Whitlock, Leslie Shapiro, Armand Emamdjomeh. The Afghanistan Papers. A secret history of the war. The Washington Post, December 9, 2019. <https://www.washingtonpost.com/graphics /2019/investigations/afghanistan-papers/ documents-database/>. [Consulta: Enero, 2020].
Department of Defense. INDO-PACIFIC STRATEGY REPORT. Washington June 1, 2019. <https://media.defense.gov/2019/May/31/2002139210/-1/-1/1/DOD_INDO_PACIFIC_ STRATEGY_ REPORT_JUNE_2019.PDF>. [Consulta: Julio, 2020].
Department of Defense Summary of the 2018 National Defense Strategy Washington, January 2018. <https://www.defense.gov/ Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf>. [Consulta: Febrero, 2020].
Ford, William. The SIGAR Called Congress to Action, But How Will It Respond? The Lawfare Institute, Washington DC, January 21, 2020 <https://www.lawfareblog.com/sigar-called-congress-action-how-will-it-respond>. [Consulta: Julio, 2020].
Global Commons. Division of Law Enforcement and Conventions, United Nations Environment Programme. <http://www.unep.org/delc/Default.aspx>. [Consulta: Julio, 2020]
Joint Chief of Staff. DOD Dictionary of Military and Associated Terms, Washington DC, June 2020 (https://www.jcs.mil/ Portals/ 36/ Documents /Doctrine/pubs/dictionary.pdf>. [Consulta: Junio, 2020].
Organización Marítima Internacional. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Montego Bay, 10 Diciembre de 1982. <www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf>. [Consulta: Julio, 2020].
Office of the United States Trade Representative. Washington, 2020. <https://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/peoples-republic-china>. [Consulta: Julio, 2020].
Pompeo, Michael R. U.S. Position on Maritime Claims in the South China Sea Press Statement. Washington, July 13. 2020. <https://www.state.gov/u-s-position-on-maritime-claims-in-the-south-china-sea/>. [Consulta: Julio, 2020].
______________ Communist China and the Free World’s Future THE RICHARD NIXON PRESIDENTIAL LIBRARY AND MUSEUM, Yorba Linda, California, July 23, 2020 <https://ge.Usembassy .gov/communist- china -and-the-free-worlds-future-july-23/>. [Consulta: Julio, 2020].
Seldin, Jeff. Top US Commander Doubts Afghan Taliban Commitment to Peace, Alexandria, Virginia, March 12, 2020. <https://www.voanews.com/south-central-asia/top-us-commander-doubts-afghan-taliban-commitment-peace>. [Consulta: Julio, 2020].
The White House. The National Security Strategy of the United States of America.Washington, December 2017. <https://www. whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>. [Consulta: Julio, 2020].
The White House.The National Security Strategy of the United States of America 2015 .Washington. February, 2015 <http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf>. [consulta: Julio, 2020].
The White House. Sustaining U.S. Global Leadership : Priorities to 21st Century Defense. Defense Strategic Guidance 2012. Washington, January 2. 2012. <www.defense.gov/news/Defense_ Strategic_ Guidance.pdf>. [consulta: Julio, 2020].
UNAMA. Afghanistan Protection Of Civilians In Armed Conflict Midyear Report: 1 January — 30 June 2020. UNO, July 21, 2020. <https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_report_2020_-_27_july-.pdf>. [consulta: Julio, 2020]
“Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”
En la Argentina no hay ni hubo una POLÍTICA DE ESTADO INTEGRAL Y SOSTENIDA EN EL ATLÁNTICO SUR que contemple las cuestiones relativas a su soberanía marítima; la defensa nacional del mar y sus recursos; el desarrollo poblacional, industrial y portuario del litoral marítimo; la ocupación de sus territorios insulares; la explotación de sus recursos; el desarrollo del transporte y la industria naval; el cuidado del medio marino y biológico; la educación técnica y nutricional, etc. aunque, se han llevado adelante una serie de importantes hechos aislados, muchos de los cuales, no han tenido continuidad, porque se han desvirtuado las políticas originales de interés nacional que dieron lugar al nacimiento y la ejecución de proyectos y normas de singular valor. Entre ellos podemos destacar el trabajo fundacional del Vicealmirante Segundo Storni, autor en 1916 de la obra “Intereses argentinos en el mar”; quien reivindicó los derechos sobre la plataforma continental; impulsó el transporte marítimo y la industria pesquera y, fue uno de los fundadores del Instituto Oceanográfico Argentino en Mar del Plata, entre otros de sus numerosos trabajos en la materia.
Una obra central para la pesca fue el inicio a fines del siglo XIX del Puerto de Mar del Plata, inaugurado en 1924, que consolidó la actividad extractiva e industrial en la ciudad y dio inicio al posterior desarrollo en todo el litoral patagónico. En 1946 por el Decreto 14.708 se estableció la soberanía nacional en el Mar Epicontinental y el Zócalo continental.
En 1953 se crea por Decreto 10.627 el Astillero y Fábricas Navales del Estado (AFNE) al cual se le transfiere el Astillero Río Santiago. Ese mismo año, se inician las obras del buque de Escuela de la Armada Argentina. Las fragatas Piedrabuena y Azopardo son botadas en 1953 y 1954 y, en 1962, se construye la Fragata Libertad. Entre 1970 y 1975 se construyen casi tres buques por año, hasta que llega la década del 90, a partir de la cual, pese a algunas construcciones, los distintos gobiernos lo desfinancian.
El transporte marítimo nacional se fortaleció con la creación de la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), como producto de la fusión en 1960 de la Flota Mercante del Estado (1941) y la Flota Argentina de Navegación de Ultramar (1909) adquirida por el Estado Nacional en 1949, que dispuso de una flota de 60 barcos (unas 700.000 toneladas DWT), siendo disuelta en 1990.
La investigación biológica y pesquera se organiza en 1960 con la fundación del Instituto Interuniversitario de Biología Marina en Mar del Plata (IBM) de la UBA, UNLP, UNS y la CIC, que funcionó hasta su desaparición en 1977, teniendo entre sus proyectos más destacados, el Proyecto de Desarrollo Pesquero de la FAO/UNDP (1966-1973), eje del desarrollo pesquero nacional.
Con la sanción del Decreto-Ley 17.094 en 1966 se extendió la soberanía nacional a un Mar Territorial de 200 millas y al lecho del mar y el subsuelo hasta donde la profundidad permitiese la explotación de los recursos naturales. Por Decreto 75 de 1973 se jerarquizó la actividad pesquera con la creación de la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Ambiente Humano (con el mismo nivel que la Secretaría de Agricultura y Ganadería, hoy Ministerio), a cuyo cargo estaba la pesca y su industrialización, la acuicultura, la utilización de los recursos hídricos, las investigaciones científicas y tecnológicas, la certificación de calidad y el poder de policía, la política ambiental, la administración de reservas y parques, la minería, el poder de policía. Secretaría que en 1976 se transformaría en la Secretaría de Intereses Marítimos y, luego, los sucesivos gobiernos la degradaron a Dirección y Subsecretaría.
Con la firma del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo en 1973/4, se acordaron los límites entre ambos países y se estableció una Zona Común de Pesca con Uruguay. Un Tratado de integración rioplatense en el que está todo por hacerse. En 1977 se creó el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).
En 1997 se iniciaron los estudios y la presentación en 2009 de los nuevos límites de la Plataforma Continental, cuyas recomendaciones parciales obtuvo la Argentina por parte de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) en 2016 y 2017.
Por la Ley 22.260 sancionada en 1980 se creó el Mercado Nacional de Concentración Pesquera de Mar del Plata con el intento de transparentar las capturas y el comercio pesquero, lo que no se alcanzó, ya que nunca se pasó por este la merluza, la principal especie de la época, con lo cual se desvirtuó el objetivo.
La sanción de la Ley de Pesca 24.922 en 1997/8, elaborada con el pretexto de una aparente federalización de la pesca, no produjo una distribución cierta del recurso y la industria, sino, una mera distribución del 50% del Fondo Nacional de Pesca, consolidándose la privatización del recurso, la extranjerización de la explotación y la concentración de la actividad -en lo Institucional y en lo económico- donde perdieron participación las provincias, las industrias nacionales y los trabajadores.
Todos estos esfuerzos aislados desincronizados, no nos aseguran soberanía nacional territorial, económica, social y alimentaria.
Ello se agrava por la ocupación territorial marítima e insular del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El RU tiene ocupado el archipiélago desde 1833, año en que desalojó al gobierno argentino de Malvinas y, desde 1982 fue invadiendo los territorios marítimos argentinos y desde el 2011 tiene ocupado al menos 1.639.900 Km2, sin contar sus pretensiones sobre la Plataforma Continental y la Antártida Argentina. Al menos desde 1976 y hasta la fecha, el Reino Unido ha otorgado en el área de Malvinas de la ZEE Argentina, licencias pesqueras a buques propios y de terceros países. Estos buques pesqueros extrajeron un promedio anual de 246.220 toneladas de recursos pesqueros argentinos, es decir, que desde 1976 (44 años) extrajeron unas 10,8 millones de toneladas de diversas especies de pescados y moluscos argentinos por un valor estimado en los 28,2 mil millones de dólares, más los intereses y la pérdida de chance, ya que, agregado valor a esas materias primadas y, colocados los productos finales en el mercado minorista, podrían haber significado un valor aproximado del orden de los 197 mil millones de dólares. Accesoriamente, pero no menos importante, estas capturas han producido un desequilibrio en el ecosistema argentino pesquero, cuyas consecuencias sobre la sostenibilidad de las especies en el mar argentino resultan invaluables e impredecibles. Por un lado, el Rendimiento Máximo Sostenible determinado anualmente por el INIDEP no contempla el volumen capturado a través de estas licencias ilegales británicas y por el otro la internacionalización del mar por parte del RU atrajo al Atlántico Sur una flota extranjera que depreda los recursos migratorios argentinos en la Alta Mar.
Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), parte de ella por el Tratado del Río de la Plata y su frente Marítimo, Zona Común de Pesca con Uruguay, con bajo control de las fuerzas armadas y de seguridad argentinos que, junto con los espacios invadidos por el Reino Unido de Gran Bretaña alcanzan a los 3.146.345 de km2. Zona periódicamente invadida por buques extranjeros ilegales;
ZEEA ocupada por la fuerza por el Reino Unido de Gran Bretaña, de unos 438.000 Km2, denominada por los británicos FICZ (Falklands Interim Conservation and Management);
Zona llamada del “gallinero” o “medialuna” acordada con fines de conservación por el Reino Unido y la Cancillería Argentina (Cavallo), denominada por los británicos FOCZ (Falklands Outer Conservation Zona), de unos 400 mil km2;
Espacio establecido y denominada GAP en forma unilateral por los británicos dentro de la ZEEA, rica en calamar de unos 1.900 Km2;
Área Marítima Protegida determinada en forma ilegal por el Reino Unido en territorio marítimo argentino, de 1.070.000 Km2 alrededor de las Islas Georgias del sur y Sándwich del sur;
Área pretendida por el Reino Unido de Gran Bretaña sobre la Plataforma Continental Argentina y la Antártida Argentina, que se superpone con los derechos argentinos de esos espacios;
Área Marítima Protegida (AMP) “Namuncurá” establecida por Argentina de unos 32.336 Km2que facilita el desarrollo de las especies que migran hacia el área de Malvinas;
Área de 100.000 Km2de explotación offshore petrolera otorgada a varias empresas inglesas o con vínculos con Malvinas;
Área de 150 millas más allá de la ZEE Argentina, un espacio marítimo estimado en unos 600.000 Km2 pretendido por el Acuerdo de conservación y explotación entre OPRAS y las Cámaras españolas y argentinas (CAPECA-CAPA). Todo ello agravado porque el Acuerdo de Investigación Conjunta de Pesca entre Argentina y el Reino Unido, a través de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS), se extiende en un área marítima que excede la zona de exclusión ilegal británica en Malvinas (hoy suspendido). 16/6/2020.
Si no se consolida un PROYECTO DE DESARROLLO NACIONAL que hay que sostener en el tiempo, NO HABRÁ SOBERANÍA NACIONAL; por ello, me permito efectuar un PLAN, del que describo sus títulos, la mayoría de los cuales, he desarrollado en profundidad y, describo, sin un orden de prevalencia:
LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DEL ATLÁNTICO SUR.
No puede esperarse que una Subsecretaría Pesca pueda manejar un área estratégica de la Nación; menos aún en una estructura que no tiene nada que ver con el mar, los territorios insulares australes ni la pesca como es el Ministerio de Agricultura y, teniendo en cuenta, que este sector exporta por unos 2.000 mil millones de dólares/año; debe llevar adelante las políticas de consumo interno y de radicación industrial estratégica e intervenir en la recuperación del Atlántico Sur y Malvinas. Con mucho menos responsabilidades, Francia acaba de crear el Ministerio del Mar. Francia continental tiene una ZEE de 335.000 km2 contra los 3.146.345 km2 de Argentina y toda la problemática que tenemos en área austral del Atlántico Sur. Francia produce unas 750 mil toneladas de productos pesqueros y tiene un déficit pesquero entre su producción e importación del orden de los 1.700 millones de euros anuales. La Argentina es vendedor de productos pesqueros a Francia (unos 50 millones dólares) y, mientras Francia tiene un consumo de 33,7kg per cápita (2019) la Argentina 6Kg. lo que nos da una idea de la potencialidad de esta actividad, sumada a la explotación de hidrocarburos y la necesidad de compatibilizarlas.
Referencias:
Lerena, Cesar A. “¿Reducir Ministerios o mejorar la calidad de funcionarios?” ‹15/9/2018›.
Lerena, César A. “El PBI del Atlántico Sur Argentino” ‹7/2/2019›.
Lerena, César A. “Argentina un Estado Marítimo con un Atlántico Sur abandonado” ‹27/5/2020›.
ACCIONES A NIVEL INTERNACIONAL
2.1. El Brexit, Malvinas y Pesca.
Toda la Cancillería y sus diplomáticos especializados deberían trabajar en Europa para que los denominados Territorios de Ultramar británicos no formen parte de un acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea y, en el caso que ello no se logre, las capturas que se realicen en el Área de Malvinas de la Zona Económica Exclusiva Argentina sean tipificadas originarias del Atlántico Sur, es decir extracomunitarias y, sujetas a los mismos aranceles que sufren los productos argentinos. Los vuelos a San Pablo deben cancelarse porque le abren las puertas al mundo a las materias primas argentinas capturas con licencias ilegales británicas.
Referencias:
Lerena, César A. “El Malvexit frente al Brexit británico” ‹2/10/2018›.
Lerena, César A. “Las capturas pesqueras de Malvinas ante el Brexit” ‹23/11/2018›.
Lerena, César A. “El Absurdo vuelo a Córdoba y San Pablo” ‹25/11/2018›.
Lerena, César A. “El Acuerdo Eurosur y el Brexit, la Industria Pesquera y la Soberanía Nacional” ‹19/7/2019›.
Lerena, César A. “Brexit, Pesca y Malvinas, ¡Camarón que se duerme se lo lleva la corriente!” ‹3/7/2020›.
2.2. Las Declaraciones de Madrid (Los Acuerdos de…) y el Pacto de Foradori-Duncan.
Se Declare finalizada la “Declaración de Madrid” y la “hoja de ruta” Foradori-Duncan. La Cancillería ya lo hizo parcialmente en estos días al suspender las investigaciones conjuntas de pesca con el Reino Unido y, debería, del mismo modo, cancelar la autorización de los vuelos de Malvinas a San Pablo. A partir de ello, deben iniciarse nuevas negociaciones con aprobación del Congreso Nacional que permita a nuestro país avanzar hacia un acuerdo que ponga vencimiento a la fórmula del paraguas.
Referencias:
Abruza, Armando “El Comunicado Conjunto argentino-británico del 13 de septiembre de 2016. Su naturaleza jurídica respecto de la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur”. Anuario Argentino de Derecho Internacional XXV, Córdoba, Ediciones Lerner S.R.L. 89:116; 2016).
Lerena, César A. “La negociación Anglo-Argentina sobre Malvinas” ‹28/3/2018›.
Lerena, César A. “Soberanía y Recursos Naturales en el Atlántico Sur y Malvinas” ‹13/4/2018›.
Lerena, César A. “El Atlántico Sur Argentino Enajenado” ‹14/7/2018›;
Lerena, César A. “El G20 y la extranjerización total del Atlántico Sur” ‹4/12/2018›.
Lerena, César A. “Canciller Jorge Faurie explíquenos cómo debatirá la Soberanía de Malvinas” ‹24/12/2018›.
Lerena, César A. “El simpático Embajador Kent” ‹7/1/2019›.
Lerena, César A. “El ejercicio de la soberanía pacífica en el Atlántico Sur y la Antártida Argentina” ‹24/1/2019›.
Lerena, César A. “La investigación conjunta con el Reino Unido y la valiosa entrega del calamar argentino” ‹1/2/2019›.
Lerena, César A. “De la investigación pesquera independiente a la colaboración de un Almirante Argentino con el invasor de Malvinas” ‹18/2/2019›.
Lerena, César A. “El oscuro Tratado de Madrid” ‹2/4/2019›.
Lerena, César A. “El INIDEP ¿Instituto de investigación o delivery británico?” ‹11/7/2019›.
Lerena, César A. “La investigación argentina ¿al servicio de la Nación o del Reino Unido?” ‹19/8/2019›.
Lerena, César A. “La causa Malvinas. Una causa imprescriptible” ‹22/2/2020›.
Lerena, César A. “El Atlántico Sur Argentino ocupado por Britania, España y China” ‹8/5/2020›.
Lerena, César A. «El gobierno debe “Declarar Finalizadas” las Declaraciones Conjuntas de Madrid» ‹25/6/2020›);
2.3. Reclamo de lucro cesante al Reino Unido.
Reclamar al Reino Unido el lucro cesante y, subsidiariamente a todas las empresas que pescaron en el área de Malvinas de la Zona Económica Exclusiva Argentina por un valor estimado a los 28 mil millones de dólares, más los intereses y la pérdida de chance estimado en el valor agregado y la colocación de los productos minoristas que podrían alcanzar a los 197 mil millones de dólares.
Referencias:
Lerena, César A. “El resarcimiento económico del Reino Unido a la Argentina” ‹20/6/2020›.
2.4. Acción respecto al dominio de los Recursos Migratorios y la pesca ilegal (INDNR) ante la O.N.U. De acuerdo con la Res. del Consejo Federal Pesquero Nº 1/2008 del 27 de febrero de 2008; el Reglamento (CE) Nº 1005/2008 del Consejo de la Unión Europea del 29 de septiembre de 2008; los artículos 4º, 5º, 22º y 23º de la Ley 24.922; el artículo 2º de la Ley 24.543; la CONVEMAR, su Preámbulo y los art. 55º, 56º, 58º, 61º a 64º, 69º, 70º, 87º, 89º, 94º, 100º, 101º, 117º a 119º, Cancillería debe actuar ante la O.N.U. para obtener el reconocimiento de la preferencia en la administración de los Estados Ribereños sobre sus Recursos Migratorios originarios de las Z.E.E. a efectos de erradicar la pesca ilegal donde entre 350 y 500 buques extranjeros depredan el Atlántico Sur.
Referencias:
Lerena, César A. “El desacuerdo pesquero de N.Y. y el control del estado ribereño de la pesca en Alta Mar” ‹15/1/2019›.
Lerena, César A. “La pesca ilegal afecta a la seguridad y debe tipificarse como un Delito Penal” ‹12/7/2020›.
Lerena, César A. “Los Derechos Provinciales sobre los Recursos Originarios Pesqueros» ‹10/5/2019›.
Lerena, César A. “La captura de los Recursos Migratorios en la alta mar y la reducción de la pesca ilegal” ‹22/7/2020›.
Lerena, César A. “El Pez por la boca muere y el Pez grande se come al chico” ‹29/7/2020›.
Manzi, Ariel “Comentarios en torno a la génesis y la aplicación del concepto de ‘Pesca No Reglamentada’ en alta mar”.
2.5. Llamados a Concurso y Acuerdos para la pesca en la Alta Mar.
El Estado argentino debe constituirse como Administrador de hecho, llamando a Concurso para la explotación de los recursos migratorios originados en la ZEE en Alta Mar y al mismo tiempo promover acuerdos estratégicos con China, España y Brasil, desalentando la pesca ilegal en la ZEE Argentina, la captura de los recursos migratorios en la Alta Mar y, muy especialmente, la que se realiza con licencias ilegales británicas en el Área de Malvinas de la ZEE Argentina. Revisar las bajas de los buques chinos que operan en Argentina del Registro Nacional de Beijing de las matrículas.
Referencias:
Lerena, César A. “Cientos de Pesqueros Extranjeros sin control en el Mar Argentino” ‹10/10/2018›.
Lerena, César A. “Las inversiones pesqueras gallegas en la Argentina” ‹20/9/2019›.
Lerena, César A. “ESPAÑA ¿LA MADRE PATRIA? 200 años llevándose los recursos” ‹22/5/2020›.
Lerena, César A. “¿Quién ejerce el poder en el Atlántico Sur 1ra Parte?” ‹3/6/2020›.
Lerena, César A. “¿Quién ejerce el poder en el Atlántico Sur, 2da. Parte? Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño” ‹5/6/2020›.
Lerena, César A. “¿Quién ejerce el poder en el Atlántico Sur 3ra Parte? Cuando la Política Pesquera no se maneja en la Argentina” ‹10/6/2020›.
Lerena, César A. “¿Quién ejerce el poder en el Atlántico Sur 4ta. Parte? La extranjerización de la política pesquera y la internacionalización del mar argentino” ‹12/6/2020›.
Lerena, César A. “¿Quién ejerce el poder en el Atlántico Sur 5ta. Parte? La Cuarta Invasión Británica a la Argentina” ‹16/6/2020›.
Lerena, César A. “Cómo acordar la captura de los Recursos Migratorios en la alta mar y reducir la pesca ilegal” ‹22/7/2020›.
Manzi, Ariel “Comentarios en torno a la génesis y la aplicación del concepto de “Pesca No Reglamentada” en alta mar”.
2.6. Rechazar la ratificación del Acuerdo de Nueva York
Promover ante el Congreso el rechazo a la ratificación del Acuerdo de Nueva York que habilitaría a las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP) con efectos contrarios a la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional. Ratificación que supondría delegar en los Estados Extranjeros nuestra administración del Atlántico Sur y la profundización de la ocupación británica de éste.
Referencias:
Lerena, César A. “Malvinas y el Atlántico Sur no valen un Atún” ‹4/8/2018›.
Lerena, César A. “El desacuerdo pesquero de Nueva York y el control del estado ribereño en la Alta Mar” ‹15/1/2019›.
Lerena, César A. “Cómo ayudar al Reino Unido a administrar el Atlántico Sur” ‹10/4/2020›.
Manzi, Ariel “Comentarios en torno a la génesis y la aplicación del concepto de ‘Pesca No Reglamentada’ en alta mar”.
2.7. El boicot biológico. No se desarrolla este proyecto por razones de reserva.
2.8. Firmar un Protocolo Adicional Mercado Común Pesquero del Sur (MERCOPES).
Latinoamericanizar el Atlántico Sur y Pacífico sudeste (Argentina, Brasil, Uruguay y Chile) para contraponerse a las políticas de internacionalizar el Atlántico Sur del Reino Unido (Gran Bretaña/España/China).
Referencias:
Lerena, César A. ”Protocolo Adicional «Mercado Común Pesquero del sur” (MERCOPES) del tratado del mercado común del sur (MERCOSUR) En el atlántico sudoccidental y pacífico sudeste” ‹12/2019›.
2.9. Revitalizar y ampliar el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. La política portuaria.
Tanto en lo referente a la política portuaria, de navegación y pesquera, pero también para integrarnos social y económicamente, donde la Argentina, podría compensar al Uruguay las pérdidas que habrían de ocasionarle la efectiva prohibición del uso de puertos a los buques extranjeros que pescan en Malvinas o clandestinamente dentro de la ZEE Argentina o sus recursos migratorios en la Alta Mar. La Argentina debe reformular la política portuaria nacional y su emplazamiento estratégico. Sus puertos deben estar aptos para realizar las operaciones de buques mercantes y portacontenedores, de modo de asegurar el traslado marítimo y fluvial de mercaderías en todo el litoral patagónico y bonaerense; la hidrovía y, al mismo tiempo, convenir la construcción de un amplio puerto binacional concentrador de aguas profundas, cercano al límite exterior del Río de la Plata, que facilite las operaciones de los grandes buques, el comercio, optimice el control aduanero, reduzca costos, resguarde el acceso a la Cuenca del Plata y el ingreso norte al Atlántico Sudoccidental.
Referencias:
Lerena, César A. “El destrato del Río de la Plata y su Frente Marítimo” ‹7/1/2019›.
Lerena, César A. “El Puerto de Montevideo y el Atlántico Sur Chino” ‹17/3/2019›.
2.10. Acuerdo con Chile.
Debería profundizarse las relaciones culturales, comerciales y turísticas con Chile de modo de fortalecer los vínculos con este país. En este sentido, es necesario mejorar la vinculación de la Argentina con Chile y viceversa, a través de corredores bioceánicos; acuerdos de libre comercio y disponibilidad de energía e intercambios universitarios. Promover el dictado de una legislación pesquera única que facilite el control de la pesca ilegal (INDNR) en ambos océanos y acuerdos relativos a la investigación y conservación pesquera para optimizar los recursos de la ciencia y la tecnología; coordinar un plan turístico binacional de modo de promover la explotación de ambos mares y sus archipiélagos australes. La integración debería comenzar con el interés común en el canal de Beagle, la Antártida, los proyectos que permitan el intercambio de bienes y servicios y, la navegación y control del Estrecho de Magallanes.
Referencias:
Lerena, César A. “Protocolo Adicional Mercado Común Pesquero del sur (MERCOPES) del tratado del mercado común del sur (MERCOSUR) En el atlántico sudoccidental y pacífico sudeste” ‹12/2019›.
2.11. Pre-Acuerdo con la Unión Europea.
Promover la revisión de este Pre-Acuerdo, con el objeto de establecer: a) que los productos originados en el Atlántico Sudoccidental (Área FAO 41 y 48) o migratorios o asociados a ésta deben encontrarse certificados por la Argentina o la República de Uruguay, en su caso, para su ingreso a la Unión Europea y, b) autorizar el ingreso sin aranceles en forma inmediata a la Unión Europea de los productos pesqueros con alto valor agregado.
Referencias:
Lerena, César A. “Claroscuros del Acuerdo del MERCOSUR con la Unión Europea en materia pesquera e industrial naval” ‹30/6/2019›.
2.12. Las Georgias del sur y las Sándwich del sur. La Argentina debería prestar más atención a estas islas, porque pueden constituirse en los fundamentos más fuertes de la pretensión británica de la Antártida.
2.13. La Antártida “Reserva Ambiental, Científica, Acuífera y Alimentaria de Latinoamérica”.
La Argentina debería promover la Adhesión del Tratado Antártico por parte de los países de Suramérica.
En atención al Tratado Antártico y, sin menoscabo a los derechos de soberanía territorial, que se dejan en claro en el artículo IV inciso 1 y 2 del referido Tratado y, teniendo en cuenta las superposiciones territoriales en los reclamos, el gobierno argentino debería invitar a todos los países de América del Sur a adherir al Tratado, de acuerdo con lo previsto en el artículo XIII inciso 1 para acordar con ellos la transformación del Continente Antártico, -como nos indicara el Gral. Jorge Leal- en la “Reserva Ambiental, Científica, Acuífera y Alimentaria de Latinoamérica” y convenir con estos países, en el marco de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CRVMA) la explotación de los peces, crustáceos y moluscos al sur de la latitud 60ºS.
Referencias:
Lerena, César A. “El ejercicio de la soberanía pacífica en el Atlántico Sur y la Antártida Argentina” ‹24/1/2019›.
ACCIONES A NIVEL NACIONAL
3.1. Considerar un delito penal la pesca ilegal.
El gobierno ha enviado al Congreso una modificación de la ley de pesca (24.922) para agravar las multas, pero es insuficiente. Para desalentar la pesca ilegal hay que decomisar los buques, las mercaderías y penalizar con prisión a quienes realizan pesca ilegal y, por cierto, controlar el mar, ya que sin aprehensión no hay multas.
Referencias:
Lerena, César A. “Escrito y proyecto de reforma del artículo 186º del Código Penal del autor:La pesca ilegal afecta a la seguridad y debe tipificarse como un Delito Penal” ‹12/7/2020›.
Lerena, César A. “Cómo acordar la captura de los Recursos Migratorios en la alta mar y reducir la pesca ilegal” ‹22/7/2020›.
3.2. Declarar zona de emergencia pesquera y ambiental en el área de Malvinas de la ZEE Argentina. Entendiendo que la explotación pesquera dentro de las 200 millas alrededor del área de Malvinas de la Zona Económica Exclusiva Argentina afecta al ecosistema total del Atlántico Sur, por cuanto el Rendimiento Máximo Sostenible (la captura biológicamente sostenible), no puede ser determinada por la Autoridad de Aplicación Argentina y, por lo tanto, la captura en esa área produce un desequilibrio en el ecosistema, declarar Zona de Emergencia Pesquera y Ambiental el área de Malvinas de la ZEE Argentina mientras este territorio insular y marítimo se encuentre ilegalmente ocupado por el Reino Unido de Gran Bretaña y, por tal motivo, la Argentina, a través del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) no pueda determinar el stock pesquero y la Captura Máxima Sostenible de las especies en esa área, ni la Autoridad de Aplicación Argentina y de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico puedan ejercer la administración de los recursos naturales previstos en esta Ley, asegurando la sostenibilidad de los recursos pesqueros.
Referencias:
Lerena, César «Artículo 22º del Proyecto de Ley del autor: “Modificación del Régimen Federal de Pesca Ley 24.922. La pesca en la Zona Económica Exclusiva o de las especies migratorias nacionales más allá de las 200 millas marinas por parte de buques nacionales y extranjeros” ‹1/3/2020›.
Lerena, César “La pesca ilegal afecta a la seguridad y debe tipificarse como un Delito Penal” ‹12/7/2020›.
3.3. Poner a pescar a la flota congeladora y potera argentina fuera de las 200 millas y los recursos que migran a Malvinas.
Eliminando todos los impuestos a esta flota (incluso al gasoil), para competir con la flota extranjera y desalentar la instalación de estas en el Atlántico Sur. El plan pesquero debe priorizar la captura de la población sud-patagónica de calamar que migra a Malvinas y al área adyacente a la ZEE Argentina.
Referencias:
Lerena, César “La Actividad Pesquera Argentina no tiene futuro sin las ayudas de la competencia internacional” ‹7/7/2020›.
3.4. Declarar de función social el mar y el recurso pesquero argentino.
El Mar y la Unidad Económica pesquera como función social no solo favorecerá la protección y preservación del medio marino, una mayor y mejor distribución del recurso y, la investigación científica marina, sino que también dejará en claro ante la comunidad internacional, que estos recursos son elementos esenciales para las pesquerías del litoral marítimo argentino, ajustándose a las prioridades que determina la CONVEMAR. La explotación de estos recursos por parte de los particulares se realiza con sujeción a las reglas que fija el Estado, quien, como titular del recurso, es quien habilita a los buques a acceder a los caladeros y es el concedente de las Cuotas y las Autorizaciones. Cada una de las especies que viven en el mar conforman el recurso pesquero, dependen del agua y del medio marino y, se encuentran en un ecosistema interdependiente en el que se retroalimentan y, cuya armonía debe mantenerse para asegurar su sostenibilidad intergeneracional. Este sistema biológico complejo debe, de igual manera, ser sustentable, permitiendo el acceso a cada pescador o empresa, en un equitativo acceso al recurso, que permita su explotación por parte de las grandes empresas, pero también una “Unidad Económica Pesquera”, para que los pequeños y medianos empresarios puedan vivir y desarrollarse a partir de la actividad. Puede haber empresarios más o menos exitosos, pero no pequeños empresarios donde la Unidad Económica de Explotación Pesquera sea deficitaria y deban terminar transfiriendo sus cuotas y autorizaciones. El Estado debe trabajar en una sostenibilidad biológica, pero también ambiental, económica y social.
Referencias:
Lerena, César “Atlántico Sur, Malvinas y Reforma Federal Pesquera” ‹135:139, 2019›.
Lerena, César “La Reforma Federal y Social Pesquera. El reparto de los Recursos Pesqueros del Estado” ‹25/6/2019›.
Lerena, César “El Mar y la Unidad Económica pesquera como función social” ‹4/7/2019›.
Lerena, César “Mas divisas, valor agregado, empleo y sustentabilidad. El próximo Modelo Nacional, al que deberá aportar la pesca” ‹14/12/2019›.
3.5. La Administración de los Recursos Provinciales Pesqueros.
A la hora de reformar la Ley 24.922 deberá analizarse una legislación pesquera nacional, a cuyo amparo, los funcionarios federales actuantes de turno regularon la actividad provocando un grave perjuicio económico, industrial y social a las Provincias del litoral marítimo. Con el pretexto de una participación de los fondos del FONAPE, facultades y derechos quedaron conculcados cuando en 1998 se sancionó la mal llamada Ley Federal de Pesca, a través de la cual la Nación se apoderó de los recursos naturales originarios de las provincias del litoral marítimo y produjo la más grande concentración pesquera de todos los tiempos.
Referencias:
Lerena, César “Atlántico Sur, Malvinas y Reforma Federal Pesquera” ‹147:152, 2019›.
Lerena, César “Los Derechos Provinciales sobre los Recursos Originarios Pesqueros” ‹10/5/2019›.
Lerena, César “El Gobierno Federal debe dejar de depredar los recursos originarios de las provincias” ‹24/05/2019›.
3.6. La exportación sin impuestos internos.
Eliminar los impuestos a los productos pesqueros exportables (entre ellas al gasoil) y otorgar reembolsos para equilibrar los subsidios que recibe la actividad en la UE y China y los aranceles que cobran a las importaciones, de modo tal de favorecer la competencia argentina y reducir la pesca ilegal.
Referencias:
Lerena, César “La Actividad Pesquera Argentina no tiene futuro sin las ayudas de la competencia internacional” ‹7/7/2020›.
3.7. Dotar a la Armada Argentina y a la Prefectura Naval de los elementos de persuasión necesarios.
La asignación del Fondo Nacional Pesquero lo dice todo: asignación anual para la administración $30.451.957 y para patrullaje y control $7.400.000. Recordemos que la ZEE Argentina tiene 3.146.345 km2. Se necesita disponer de al menos de cinco buques clase Gowind similares al Bouchard con cañones de 40mm (hay otros países que tienen patrullas con piezas de 76mm) y dos ametralladoras manuales de 12,7mm, de modo que puedan actuar en forma efectiva si el buque ilegal intentara escapar y, efectuar el relevo correspondiente sin desatender la zona de conflicto. Las naves equipadas con helicópteros bimotor polivalentes artillados del tipo AS 555 Fennec 2. A ello, hay que agregar unos cuatro aviones de vigilancia naval P-3 Orion o S-2 Tracker. Por supuesto que esto supone además dotar del presupuesto necesario para las operaciones. Y hay que disponer también de equipamiento para controlar el Estrecho de Magallanes.
Referencias:
Lerena, César “¿Quién instruye a la Prefectura en un Mar sin control?” ‹30/1/2019›.
Lerena, César “La Defensa Nacional del Atlántico Sur” ‹11/5/2020›.
3.8. Reformar la ley de pesca.
Para asegurar que este recurso del Estado Nacional y de los Estados Provinciales, garantice valor agregado, empleo y radicación industrial es necesario reformar la Ley. Las cuotas de captura se vencen en 2024, razón por la cual hay que elaborar un modelo que asegure la radicación industrial, poblacional, el agregado de valor y la mano de obra argentina y evite la concentración empresarial, de modo de que el recurso se distribuya entre todos los empresarios, cualquiera fuese su tamaño e importancia. Muchas de las cuestiones que se plantean en este modelo dependen de esta reforma.
Referencias:
Lerena, César “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Pesquera” ‹2014›.
Lerena, César “Atlántico Sur, Malvinas y Reforma Federal Pesquera” ‹2019›.
Lerena, César “Proyecto de modificación de la ley 24.992” ‹2019›.
Lerena, César “La pesca en la Zona Económica Exclusiva o de las especies migratorias nacionales más allá de las 200 millas marinas por parte de buques nacionales y extranjeros” ‹1/3/2020›.
Lerena, César “Soberanía Nacional. Atlántico Sur y Pesca” ‹26/2/2018›.
Lerena, César “El ejercicio de la Soberanía Pacífica en el Atlántico Sur y la Antártida Argentina” ‹24/1/2019›.
Lerena, César “El gobierno busca adelantar la renovación de cuotas de pesca para entorpecer la Política Pesquera de Alberto Fernández” ‹26/8/2019›.
Lerena, César “El Consenso para la Reforma Pesquera. El Desarrollo y la Ocupación del Atlántico Sur” ‹4/11/2019›.
Lerena, César “La transición y el proyecto pesquero nacional” ‹21/11/2019›.
Lerena, César “Mas divisas, valor agregado, empleo y sustentabilidad. el próximo Modelo Nacional, al que deberá aportar la pesca” ‹14/12/2019›.
Lerena, César “Toda la atención del mundo pesquero en el atlántico sur ¿Y quién establece la política pesquera nacional (Artículo 9º de la Ley 24.922)?” ‹28/6/2020›.
3.9. Eliminar el descarte pesquero.
Eliminar el descarte de la pesca incidental o de otro tipo, ajustándose a las exigencias de descarte cero que la Unión Europea aplica desde 2014 y en el art. 21º incisos g, h, l, m y o) de la Ley 24.922 desde 1998; de modo de darle un aprovechamiento industrial a unas 300 mil toneladas anuales que se descartan, que podrían suministrar proteína de la mejor calidad biológica a tres millones diarios de niños y adolescentes.
Referencias:
Lerena, César “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Pesquera” ‹2014›.
Lerena, César “Sin Depredación y Descarte pesquero no habría niños con hambre en la argentina” ‹3/2019›.
Lerena, César “La provisión diaria de alimentos proteicos a tres millones de niños desde la pesca” ‹24/10/2019›.
3.10. Apoyar a la flota Mercante y fluvial y la Industria Naval Pesquera y promover la renovación de la flota pesquera.
Ejecutar la Ley de Marina Mercante y Fluvial y elaborar una Ley de reforma que incorpore los artículos vetados por el presidente Macri para asegurar que todo el flete en el mar y los ríos se realice mediante buques argentinos y, sancionar el proyecto de Ley de Promoción de la Industria Naval Pesquera (S-2131/18, 27/6/18) para garantizar la construcción nacional. Derogando al mismo tiempo el DNU-2019-145-APN-PTE que promueve la construcción naval extranjera y prorroga la renovación de la flota pesquera obsoleta.
Promover una Ley Nacional para que todas embarcaciones, barcazas y/o plataformas de cualquier naturaleza que se deban construir para el Estado o Sociedades Mixtas deben construirse en los Astilleros del Estado Nacional o Provincial.
Referencias:
Lerena, César; Lugarini, Fabian “Ley 27.419 de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la Integración Fluvial Regional” ‹29/11/2017›.
Lerena, César; Lugarini, Fabian “Ley de Régimen de Promoción de la Industria Naval Pesquera Argentina” (S-2131/18, ‹27/6/18›.
Lerena, César “Una Ley de Marina Mercante para recuperar la hidrovía y el transporte marítimo de la producción regional” ‹16/11/2016›.
Lerena, César “Las inadmisibles pérdidas humanas por falta de políticas pesqueras e industriales navales” ‹11/6/2018›.
Lerena, César “Modernizar la Flota Pesquera a partir de 2040 y mantener hasta entonces los buques obsoletos pescando” ‹7/1/2019›.
Lerena, César “De la renovación de la flota pesquera a la transferencia del patrimonio nacional” ‹16/1/2019›.
Lerena, César “La necesidad y urgencia para postergar la renovación de la flota el DNU. ¿Dónde nos hundimos?” ‹19/3/2019›.
Lerena, César “En la industria pesquera y en la naval pesquera la necesidad y la urgencia no es buena consejera” ‹23/3/2019›.
Lerena, César “Hablen con Paco. A propósito de la renovación de la flota pesquera” ‹9/5/2019›.
Lerena, César “Sobre consensos y olvidos. El aval del Estado en la Renovación de la Flota Pesquera” ‹22/5/2019.
Lerena, César “El gobierno federal debe avalar los créditos para renovar la Flota Pesquera Nacional” ‹6/6/2019›.
Lerena, César “Proyecto de Ley sobre utilización de los Astilleros Nacionales en las Construcciones navales del Estado” ‹en elaboración›.
3.11. La generación de empleo y la registración del empleo.
Si bien de la ejecución de los distintos proyecto habrá de producir una importante demanda de empleo, el gobierno debiera hacer conocer al sector productivo y del trabajo, dentro de las directrices del plan, que en la explotación de los recursos pesqueros del Estado se habrá de concesionar a aquellas empresas cuyos proyectos pesqueros generen alto valor agregado; es decir, que, tratándose de una actividad fundamentalmente exportadora, genere el ingreso de divisas para el país y ocupación de mano de obra intensiva y calificada. La adjudicación de Cuotas o Autorizaciones estarán atadas a proyectos pesqueros que aseguren esta premisa básica, de modo, que la administración del recurso sea sostenible, económica, biológica y socialmente, ya que no es admisible, que el 65% de las exportaciones sean commodities y, que la Argentina esté transfiriendo el trabajo, tal es el caso, del reproceso del langostino argentino en Perú, Ecuador, Guatemala, Bolivia, etc. o la exportación de pescados sin valor agregado a la Unión Europea o China; mientras la Argentina alcanza tasas de desempleo del orden del 11%. Se combatirá el trabajo no registrado y se privilegiará el modelo industrial sobre el extractivo. La pesca y la industria naval deben transformarse en trabajo para los argentinos.
Referencias:
Lerena, César “La transferencia del trabajo nacional a terceros países” ‹5/10/2019›.
Lerena, César “Más divisas, valor agregado, empleo y sustentabilidad. el próximo Modelo Nacional, al que deberá aportar la pesca” ‹14/12/2019›.
3.12. Plan Nacional de consumo de productos pesqueros. Llevar adelante un Plan con el triple objetivo de mejorar los hábitos alimentarios y la salud de la población; generar un desarrollo industrial que incremente el valor agregado y la mano de obra, promoviendo la pequeña y mediana empresa nacional y, contribuir a mejorar la demanda interna frente a la caída de las ventas. El consumo de productos pesqueros en la Argentina es del orden de los 6kg per cápita anual, mientras que el promedio mundial alcanza los 20kg per cápita. En el caso de triplicarse el consumo, la mayoría de los pescados blancos se destinarían al consumo interno, mientras que gran parte de los moluscos (calamar) y crustáceos (langostino) destinarse a la exportación. La Acuicultura que hoy ocupa un 50% de la producción en el mundo debe ser otra herramienta para disponer de estos productos, donde la Argentina no tiene desarrollo alguno significativo. Entre otras medidas hay que propiciar una inversión pública-privada; reducir al 5% el IVA (ídem que Alemania); instalar los mercados concentradores; fomentar la gastronomía pesquera en los institutos gastronómicos y los restaurantes; promover las bondades del producto en la educación primaria y llevar adelante programas de turismo técnico en las industrias y puertos. El consumo de pescados provee proteínas de alto valor biológico (comparables con la leche materna), grasas insaturadas y sus aportes en Omega 3, vitaminas D y B1, además de micronutrientes esenciales como el yodo y el selenio. El Atlántico Sur tiene muy bajo nivel de presencia de metales pesados como mercurio, plomo y cadmio y plomo, hidrocarburos, plaguicidas, etc., por lo cual, la calidad de sus productos es superior a la de los extraídos en aguas comunitarias (U.E.). Según datos de la FAO el pescado proporciona el 29% del total de las proteínas animales que se consumen en los países asiáticos; el 19% de las que consumen los africanos y el 8% de las consumidas en América Latina. Referencias:
Lerena, César “El consumo interno de pescado para dinamizar la economía y el empleo” ‹9/9/2014›.
Ley 22.260 ‹29/7/1980›.
AESAN Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. ‹2020›.
Europa Azul. ‹16/7/2020›.
3.13. Consejo de Malvinas
El Gobierno Nacional elaboró un proyecto de Ley para constituir un Consejo de Malvinas que establezca una Política de Estado respecto a Malvinas; pero, a mi entender, no alcanzaría que solo sea un Consejo Asesor y, además, entiendo, que la representación debería ampliarse en Asuntos de Defensa, Medio Ambiente, Económicos, Energía, Pesca, etc.) para asegurar una mirada interdisciplinaria más amplia y de mayor experiencia y permanencia en el Consejo.
Referencias:
Lerena, César “Proyecto de Decreto de creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas, Georgias del sur, Sándwich del Sur y espacios marítimos del Atlántico Sur” ‹19/3/2020›.
3.14. Delimitar la Plataforma Continental y aprobar nuevo Plano bicontinental.
El Gobierno envió un proyecto al Congreso para ratificar las líneas externas de la Plataforma Continental Argentina que alcanzan unos 1.782.000 km2 más allá de las 200 millas, aunque la Comisión de Límites solo recomendó 351.633 km2 ya que el resto de km2 no fue tratada por la Comisión en función de ser un territorio en disputa. No obstante, entiendo que el Plano a elaborar para su debida difusión debería contener la totalidad de kilómetros cuadrados reivindicados.
Referencias:
Lerena, César “Proyecto de Ley de Aprobación del Informe de COPLA, la Recomendación de la Comisión de Límites de la ONU y el Mapa bicontinental y de la Plataforma Continental de la República Argentina” ‹17/3/2020›.
3.15. Modificar la toponimia en Malvinas.
Cambiar los nombres existentes por los nombres de los combatientes caídos en la guerra de 1982 para homenajearlos en forma perpetua.
Referencias:
Lerena, César “El justo reconocimiento de memoria eterna a los Combatientes Caídos en Malvinas. Proyecto de Ley” ‹30/6/2020›.
3.16. Acciones para un Plan de Desarrollo de la Patagonia.
El Estado Nacional y los Estados Provinciales de la Patagonia deben instrumentar y acordar un Plan de Desarrollo de la Patagonia para revertir la situación de baja población (6%); densidad poblacional (3hab/km2); reducido desarrollo industrial (13,9%); agropecuario (5,8%); construcción (6%); comercio (6,9%). Entre otras cuestiones se entiende como muy importante fortalecer las provincias patagónicas del litoral marítimo, en razón, de tratarse de un área estratégica; darle más centralidad a la Provincia de Tierra del Fuego para mejorar el control del Atlántico Sur; dotar a esta Provincia de apoyo económico y financiero para concretar la conexión de Tierra del Fuego con el continente; incrementar la industrialización pesquera, favoreciendo con reembolsos la generación de valor agregado y empleo en sus producciones; reducir los costos de fletes a través del incremento del flete marítimo patagónico para bajar los costos del transporte; prohibir en las provincias patagónicas la instalación de aeropuertos privados con capacidad para operar aviones de gran tamaño o militares y, desactivar los existentes; instalar un puerto y una base militar aérea y de logística en la Isla de los Estados y otorgar cuotas de pesca a las empresas que instalen industrias procesadoras en esa Isla y, modificar el régimen de representación en la Cámara de Diputados de la Nación (36) para que las Provincias patagónicas tengan una mayor representación.
3.17. Instalación de Mercados Concentradores Mayoristas y renovar la confianza internacional en los organismos nacionales de control y certificación.
Instalar esos Mercados en varias ciudades de la Unión Europea con el objeto de promover los productos argentinos en el mundo y facilitar la exportación y el comercio de las pequeñas y medianas empresas. En el país, hacerlo en las principales ciudades portuarias para mejorar la transparencia de los desembarcos y, poner al acceso de los distribuidores y todas las empresas, las materias primas pesqueras y, paralelamente asegurar la colocación de los productos pesqueros en el mundo, con certificaciones argentinas que garanticen la calidad de estos.
Referencias:
Ley 22.260 ‹29/7/1980›.
3.18. Autonomía en la investigación Pesquera.
Dar plena autonomía a la investigación pesquera y a los investigadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) para asegurar la transparencia en las investigaciones que permita garantizar la sostenibilidad de las especies.
Referencias:
Lerena, César “La desactivación del INIDEP, el default científico y la intervención de la investigación” ‹4/12/2018›.
Lerena, César “La Ciencia no se puede intervenir” ‹21/12/2018›.
Lerena, César “La investigación conjunta con el Reino Unido y la valiosa entrega biológica del calamar argentino” ‹1/2/2019›.
Lerena, César “De la investigación pesquera independiente a la colaboración de un Almirante Argentino con el invasor de Malvinas” ‹18/2/2019›.
Lerena, César “El INIDEP ¿Instituto de investigación o delivery británico?” ‹11/7/2019›.
Lerena, César “La investigación argentina ¿al servicio de la Nación o del Reino Unido?” ‹19/8/2019›.
3.19. Explotación de hidrocarburos.
El gobierno debería promover la realización de exploraciones y explotaciones de hidrocarburos en el Atlántico Sur, teniendo en cuenta, que el offshore en aguas profundas es el segundo tipo de explotación de hidrocarburos de mayor expansión detrás de la no convencional. La Argentina, debería ocupar un espacio destacado en esta materia en el Atlántico Sur, de modo de orientar el interés de las inversiones a YPF y, además de los efectos económicos y ambientales que podría generar esta actividad, tener una presencia nacional en las áreas que lindan entre Malvinas y el continente y, la restricción de concesiones a empresas británicas o que tengan interés en Malvinas, aplicando la ley Solanas Ley 26.659 sancionada en 2011.
Referencias:
Ley 26.659 del 16 de marzo de 2011.
3.20. La educación, capacitación, turismo y deportes.
Promover la educación relativa al mar argentino; los hábitos culturales, alimentarios y ambientales y, alentar la capacitación científica, profesional, técnica y de oficios vinculados con el mar, la industrialización y el consumo de los productos originados en el mar. Promover y subvencionar el turismo marítimo de todo el litoral bonaerense y patagónico, los archipiélagos, la Antártida y los territorios nacionales limítrofes con Chile, entre ellos el Canal del Beagle, el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos y, otros que fueran de interés del gobierno provincial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Los planes de turismo debieran promover y subvencionar la visita de argentinos al archipiélago de Malvinas, como forma de reafirmar la titularidad argentina de esos territorios nacionales. Promover la construcción de puertos deportivo-pesqueros en el litoral bonaerense y patagónico para incentivar la práctica deportiva náutica y la pesca artesanal.
3.21. Desarrollo de Malvinas.
El gobierno nacional debería elaborar un proyecto de desarrollo portuario, vial, industrial, agropecuario, social, turístico y ambiental de las Islas Malvinas e incorporarlo al presupuesto nacional, de modo, de poner de manifiesto ante la comunidad internacional y los habitantes de las Islas, la voluntad argentina, de que habrá de trabajar para el desarrollo sostenido de Malvinas, en el caso de extinguirse la invasión británica de este territorio argentino, asegurándoles a sus habitantes los recursos necesarios para garantizarles la felicidad y el modo de vida.
3.22. La regulación de los espacios. Se propician las reformas profundas indispensables, modificar o reglamentar algunas leyes argentinas, tales como la de Defensa Nacional (Ley 23.554 y afines); Código Aeronáutico (Ley 17.285 y mod., 23.399); Seguridad Interior (Ley 24.059 y mod.); Espacios marítimos y líneas de base (Ley 23.968); Pesca (Leyes 24.922 y 26.386); Hidrocarburos (Leyes 17.319, 26.197, 26.659, 27.007 y 27.444); Puertos (Ley 24.093 y provinciales del litoral marítimo); Navegación (Leyes 20.094, 2.637, 17.371, 21.763, 22.228, 26.354, 26.994, 27.077 y 27.419); Ley de Marina Mercante y Flota Fluvial (Ley 27.419, Art. 10º y 13º); Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo (Ley 20.645); Ambiente (Ley 25.675); Ministerios (Ley 22.520 y mod.) y, toda Ley aplicable referida al Atlántico Sur, para ajustarla al objeto.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.
