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LAS CUESTIONES RELATIVAS AL ATLÁNTICO SUR, MALVINAS Y PESCA DEBIERAN JERARQUIZARSE

César Augusto Lerena*

Imagen de squatdwarf2 en Pixabay 

Por el Artículo 6° se creó la Secretaría de Pesca pero ésta fue vetada por el Decreto 9/68 del Poder Ejecutivo Nacional, por lo cual en la Argentina la Autoridad de Aplicación es la Secretaría de Agricultura y Ganadería que delega las funciones en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Ello tuvo origen en una decisión del entonces Secretario del área Felipe Solá, seguramente porque escaparía de su control la cuestión pesquera.

Nosotros entendemos que, por la complejidad y particular actividad de la pesca y la acuicultura, estas son absolutamente ajenas a la Agricultura y la Ganadería; la particularidad de las cuestiones relativas a la explotación de los recursos que se realizan en un ámbito marino, industrial y exportador; la amplitud del territorio marítimo que debe ser controlado tanto desde punto de vista de la explotación pesquera como de la seguridad y la defensa; la relación de la actividad con las cuestiones fluviales, portuarias, industriales navales, de investigación, de desarrollo tecnológico y relaciones ambientales e internacionales, debería crearse una estructura de mayor jerarquía que oficie de Autoridad de Aplicación.

La pesca es una actividad productiva diametralmente distinta a la problemática agropecuaria, por el carácter de explotación fundamentalmente industrial, que combina en un mismo empresario las tareas de extracción de un recurso biológico —mediante sofisticadas artes y equipos— junto a la industrialización de la materia prima y la exportación de los Productos obtenidos, muchas veces en forma directa.

El uso intensivo de mano de obra, combustibles, energía, insumos e inclusive, por su temática específica, donde se requiere personal obrero, técnico y profesional formado y perfeccionado en la especialidad.

Culturalmente los argentinos, donde se ha promovido históricamente las actividades agropecuarias, se dice que vivimos de espaldas al mar. No puede esperarse que sus dirigentes y funcionarios no sean el reflejo de este estilo de vida. En este marco de dificultades de comprensión de la actividad, de desconocimiento de sus potencialidades económicas, la Industria Pesquera Argentina es de las pocas que ha tenido un crecimiento sostenido en las últimas décadas, superando incluso los volúmenes y montos de exportación de las carnes rojas, que nos han caracterizado en el siglo pasado a nivel internacional. Todo ello, pese a un marco macroeconómico desfavorable y políticas extractivistas vigentes hasta nuestros días.

La pesca se vincula fuertemente al tipo de explotación, provocando una actividad inmediata en la comunidad y la región de población e industrialización. La salida de la embarcación a la pesca ocasiona una inmediata ocupación en tierra para procesar las materias primas a desembarcar; aunque, el modelo de los últimos años de pre-procesamiento a bordo e inmediato transbordo para la exportación reduzca la ocupación de mano de obra para beneficio de los países importadores transformadores. Este es el mismo modelo que utiliza la pesca a distancia con los buques de los Estados de pabellón, que son los principales responsables de la PESCA ILEGAL y, por cierto, el modelo que promueven los importadores que le agregan en destino el valor a las materias primas.

La pesca reviste una importancia creciente para los Estados marítimos y, adquirirá mayor significación en el futuro a partir de los avances crecientes en materia de acuicultura y maricultura. Chile, por ejemplo, exportó pese a la pandemia en 2020 unas 800 mil toneladas de salmón y trucha por un valor de 4.389 millones de dólares (en 2019 lo había hecho por 5.127 millones), es decir, más del doble de las exportaciones marinas argentinas. La pesca es muy importante para los Estados provinciales, para sus economías en atención a la radicación industrial y la consecuente ocupación de mano de obra y el asentamiento poblacional que ocasiona. Y será más importante aún, ante la creciente demanda de proteínas de alto valor como la que aportan los productos pesqueros; con la incorporación de tecnologías modernas para resaltar las condiciones propias de la materia prima y presentarla adecuadamente, necesariamente relacionada a la promoción y competencia mundial, que le permite vender a la Argentina productos pesqueros de alta calidad a más de 50 países e ingresar a los mercados sofisticados de Estados Unidos, la Unión Europea y los países asiáticos.

La pesca es aprovechamiento intensivo y racional de un recurso natural renovable, a través de su extracción, industrialización y comercio. Se constituye en una herramienta fundamental para la defensa nacional mediante la ocupación de los espacios marítimos argentinos y el desarrollo regional de la Patagonia. No parece tener mayores puntos de contactos con la Agricultura y Ganadería, que el de encontrarse en la misma área de gobierno, que no entiende el tema, la industria, los negocios ni su rol estratégico en la ocupación del litoral patagónico, el territorio marítimo e insular argentino.

Por ello, promovemos la reforma del Artículo 6º vetado, de la siguiente forma: Artículo 6º. «Autoridad de Aplicación. El Ministerio del Mar, Antártida e Islas del Atlántico Sur dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, será la Autoridad de Aplicación de esta ley. Corresponderá al Poder Ejecutivo Nacional adecuar las normas que regulen el funcionamiento de los organismos con competencia en materia de extracción de los recursos marítimos pesqueros; su industrialización; la explotación de acuiculturas y mariculturas; el comercio; la investigación y el desarrollo tecnológico en la materia; las cuestiones pesqueras vinculadas a las operaciones en puertos y a la industria naval pesquera; los acuerdos internacionales de explotación pesquera o investigación pesquera y todas aquellas cuestiones vinculadas directa o indirectamente a pesca o la acuicultura» (César Lerena, “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional”, 2014). Puede parecer muy pretenciosa la jerarquía en un Estado que debe tiene serias dificultades económicas; pero, agruparía las políticas relativas al Atlántico Sur, sus Archipiélagos y la Antártida y, las cuestiones pesqueras; mercantes; fluviales; portuarias; navales; de investigación; tecnología; desarrollo y consumo. Sin olvidar que la Argentina tiene ocupado por el Reino Unido su territorio marítimo e insular en un porcentual equivalente al 52% de su ZEE. Hay países que tienen un Ministerio y sus ZEE son de una dimensional muy inferior al de Argentina como es el caso de Perú (0,9 M de Km2); Francia continental (0,4 Km2); Portugal (1,7 Km2); Corea (0,5 Km2).

Por supuesto, que ello implicaría dinamizar a tres áreas, como las actuales Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería; la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Transporte, cuyos funcionarios han sido incapaces de generar un nuevo modelo estratégico y ejecutar las pertinentes acciones para desarrollar, generar riqueza y empleo y, avanzar hacia la soberanía nacional en un importantísimo territorio marino e insular del orden de los 6.247.842 Km2. Una miopía donde no se ha entendido que somos un ESTADO MARÍTIMO y que tanto las cuestiones productivas y sociales y respecto a la soberanía plena en Malvinas, no se habrán de alcanzar sino se recupera la administración eficiente del Atlántico Sur.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena1. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL)2. Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021).

(1) Fundada el 21/10/2002; (2) Fundado el 2/4/1989
16 de septiembre de 2022

 

RECHAZO AL PROYECTO BRITÁNICO PARA LA SECESIÓN FUEGUINA, EN FAVOR DE LOS KELPERS, QUE IMPULSA UN MIMADO DE LA CANCILLERÍA ARGENTINA

El pasado martes 5 de Julio, el escritor y fundador de la Unión Malvinizadora Argentina (UMA), Luciano R. Moreno Calderón, presentó un proyecto en la Legislatura fueguina con dos objetivos: (1) alertar sobre un especialista, Dr. Marcelo Kohen, enquistado en el poder nacional que propone dividir la provincia para convocar un referéndum kelper en Malvinas —usando el art 2 de la Ley 23.775 que Moreno propone derogar desde el 2016 para evitar estas interpretaciones— y (2) que el parlamento manifieste el repudio y rechazo de la propuesta, de la persona que lo propone y su expulsión de todo lugar de toma de decisión oficial, relacionado con la Cuestión y la Causa Malvinas. Una iniciativa que aún duerme en el seno legislativo.

El fueguino fundador de la Unión Malvinizadora Argentina (UMA), Luciano Rodrigo Moreno Calderón, presentó un proyecto en la legislatura fueguina para solicitar el repudio a la propuesta de Marcelo Kohen que busca dividir la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y darle un referéndum a los kelpers para que, si así lo quieren, puedan quedarse con esos territorios.

En efecto, el especialista en Derecho Internacional, integrante del Consejo Nacional de Malvinas y nominado por la actual Cancillería para integrar la Corte internacional de Justicia, planteó en las Islas Malvinas desmembrar el territorio como «solución a la disputa de soberanía por las Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos correspondientes».

La iniciativa presentada en Malvinas, fue ratificada por Marcelo Kohen en una disertación —filmada— llevada adelante en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), en marzo de 2018, en la cual explicita que «las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, deberían constituir una provincia especial, separada», que obtendría todos los recursos, incluso con mayores derechos que las actuales provincias sobre la plataforma continental argentina —más allá de las 12 millas—; luego brindar la suficiente ‘autonomía’ a la nueva provincia, que le permita participar de organizaciones de ordenamientos pesqueros OROP´s, dándole derechos sobre los recursos como si fuera un estado ribereño o una transición a convertirse en uno; establecer un sistema inmigratorio propio que prohíba a los argentinos establecerse y terminar realizando un referéndum entre los isleños luego de 30 años».

Según resalta Moreno, el especialista respondió la Declaración del pueblo fueguino en esa misma charla de marzo de 2018 en CABA, quien no hacía muchos meses explícitamente había repudiado todo intento de dividir la provincia, mediante una Resolución (la Res. Nº250/2017 del 24 de agosto de 2017) surgida por iniciativa de Moreno, e impulsada y perfeccionada por todos los bloques de aquel entonces (FPV-PJ*, UCR-Cambiemos* y MOPOF*).

Según explica con contundencia probatoria el malvinero fueguino, la resolución de agosto de 2017, que explicitó el «rechazo categórico a todo proyecto por promueva que las islas Malvinas se constituyan en una nueva provincia, por resultar contrario a la integridad del territorio provincial» y «reafirmando los derechos de jurisdicción fueguina sobre los territorios argentinos usurpados por el Reino Unido», fue respondida en marzo de 2018 por Marcelo Kohen con total desprecio al pueblo fueguino, de la siguiente manera (según puede escucharse en el video que moreno adjunta): «En primer lugar, las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, deberían constituir una provincia especial, separada. Este es un punto que tiene que quedar muy en claro. Y si hay amigos fueguinos en esta sala, yo quisiera recordarles que la Ley de Provincialización de Tierra del Fuego en su art 2 dice que podrá hacerse y que no requiere el consentimiento de la provincia. Esto es un punto muy importante para aclarar, porque si hay una solución a la cuestión Malvinas, la solución no va a ser que Malvinas formen parte de la provincia de Tierra del Fuego. Lo digo con total respeto y cariño».

En este sentido, Moreno Calderón propuso a la Legislatura fueguina declarar mediante resolución el repudio a este a esa propuesta en todos y cada uno de sus puntos «por atentar de manera directa e insultante contra los intereses nacionales y la integridad territorial de la provincia».

Asimismo, solicitó dos pedidos de informes. Uno al gobierno provincial, junto con su público posicionamiento sobre el proyecto en cuestión y la presencia del especialista en el Consejo Nacional de Malvinas; y otro a la Cancillería para solicitar explicite su posicionamientos en relación con la propuesta en cuestión, «que contraría la Constitución nacional, y que aun así coloca a su impulsor en el Consejo Nacional de Malvinas y a la Corte Internacional de Justicia, a donde el mismo especialista quiere también llevar el conflicto», para, como dijo explícitamente en el CARI: «dividir la provincia, entregar sus recursos a los kelpers, prohibir ingreso de argentinos y generar un referéndum luego de 30 años de entrega».

En esta línea, el fundador de la UMA exigió la «retractación del Dr. Marcelo Kohen por sus dichos y propuestas, y consultar a los fueguinos en el Consejo Nacional de Malvinas si es dable analizar la posibilidad de pedir la expulsión de dicho cuerpo asesor, si este especialista formal y realmente es parte de él».

Por último, solicitó emitir una Resolución «expresando el interés del pueblo fueguino porque el congreso nacional, que es quien tiene la potestad modificar las leyes nacionales, cuanto antes, comience el proceso constitucional que requiere avanzar en la derogación del art 2 de la ley 23.775», por ser este artículo el que cita el Consejero Nacional, y otros, como aval jurídico para realizar la secesión del territorio provincial y el futuro referendum kelper.

Para fundamentar el proyecto, Moreno Calderón adjuntó un documento de unas 100 páginas en donde los legisladores podrán consultar en profundidad todas las argumentaciones e incluso, mediante un código QR, escuchar la disertación de Kohen ante al CARI en donde propone dividir la Provincia.

«No puede seguir esta legislatura, y tampoco el Ejecutivo Provincial, en aquiescente silencio. Se debe poner un límite y solicitar al especialista que ratifique o rectifique públicamente lo que dijo en Malvinas y en el CARI, para luego, inmediatamente, pedir su expulsión del Consejo Nacional de Malvinas, y si a pesar de lo que dice la página oficial de la Cancillería, no fue aún designado, debe dejarse claro que la provincia rechaza el ingreso como consejero de toda persona que públicamente haya puesto en duda la recuperación de ejercicio pleno de soberanía y/o planteado la necesidad de separar el territorio usurpado -argentino y fueguino- para luego darles un referéndum a la colonia», apuntó.

«Tampoco puede seguir la Universidad Nacional Tierra del Fuego AeiAS, ya avisada al respecto, sin protestar, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) le dé una Cátedra llamada  Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, para dirigirla junto con sus pupilos entregadores, como ser el Dr Facundo Rodriguez para enseñarle a las nuevas generaciones que la solución es dividir la provincia para darle Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y la Antártida a la los británicos, algo que la UNTDF sabe y aparentemente avala sin problema alguno».

Por último, el malvinero fueguino, expresó que empezó elaborar, junto con especialistas, entre los cuales se encuentra, Cesar Lerena y Eduardo Barcesat un proyecto para derogar el Art 2 de la Ley de provincialización fueguina que se está trabajando con el Senador Nacional Pablo Daniel Blanco (integrante de Consejo nacional del Malvinas); una labor a que se sumaron técnicos del Senador Nacional Matías Rodríguez.

«Espero esta legislatura, una vez más, de manera transversal, se ponga firme en la reivindicación de nuestros derechos e intereses nacionales y provinciales, y ayude a despejar toda confusión o mal intención que pretenda dividirnos para el Reino Unido y su colonia en nuestro Atlántico Sur, y ponga límite claro a un colonialismo que hace décadas no esconde que su próximo paso, desde Malvinas, es a la Antártida Argentina, que también es fueguina», finalizó Moreno.

 

1- MALVINAS, ARGENTINAS Y FUEGUINAS (pedido 1º parte) (20 paginas)

https://drive.google.com/file/d/12OV787OsmHBOAf8mqsARF0RZDaH8Ue-L/view  

 

2_ ANEXO (100 páginas)

https://drive.google.com/file/d/1YAgHX51_6GdeRDox7ZNtnllQU1D9bHZ3/view?usp=sharing

 

VIDEO DEL MIMADO DE LA CANCILLERÍA ARGENTINA (Marcelo Kohen)

PROPONIENDO:

1- Dividir Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

2- Crear una provincia kelper con Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur

3- Darle todos los recursos de la provincia y la mitad de la nación

4- Sist Inmigratorio propio para que argentinos no puedan ir o establecerse en la nueva provincia sin autorización de la asamblea kelper

5- Luego de 30 años de esto, avalar un referendum para que si quieran los kelpers puedan obtener la soberanía plena sobre los territorio de la nueva provincia que son 1.500.000 de Km2, argentinos y fueguinos.

Artículo publicado originalmente en PAL’SUR, https://palsur.com.ar/nota/1089/—–zwj——–rechazo-al-proyecto-britanico-para-la-secesion-fueguina–en-favor-de-los-kelpers–que-impulsa-un-mimado-de-la-cancilleria-argentina/

UNA FUNDACIÓN EXTRANJERA PROPIETARIA DE ISLAS EN MALVINAS ES LA GESTORA DEL PROYECTO DE LEY AGUJERO AZUL

César Augusto Lerena*

¿Tiene la norteamericana Wildlife Conservation Society (WCS) algún interés para proteger algunas islas del Archipiélago de Malvinas? Veremos, pero, siempre hay que tener mucho cuidado, porque a veces, atrás de aparentes cuidados medioambientales se esconden estrategias geopolíticas ajenas al interés nacional, que se mimetizan en los ámbitos de poder para definir las políticas marítimas, pesqueras y soberanas del país.

Nadie sabía —hasta hoy— porqué una Diputada, originaria del interior profundo, del salitre, el algodonal, devenida en ambientalista, presentaba un proyecto destinado a proteger algo en el piso de alta mar que, ni los investigadores alcanzaban a definir con precisión, rechazando —la Diputada— con cierta iracundia, todos los argumentos científicos, medio ambientales, económicos, territoriales y estratégicos de los expertos que se opusieron a su infundado proyecto y llamaba más aún la atención que la Cancillería y, más específicamente, la Secretaría de Malvinas, acompañara un proyecto enclavado en un sector aledaño al área marina ocupada y disputada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

¿Puede un Diputado de la Nación hacer suyo un proyecto gestado y promovido por una Fundación extranjera y el secretario de Malvinas, desconocer de quién se trata la Wildlife Conservation Society?

¿Los legisladores, funcionarios y sus asesores trabajan a ciegas, ignoran o participan de un entramado externo que bajo la apariencia de cuidar el ambiente debilita la soberanía argentina?

La Fundación WCS, cuenta con el apoyo de OCEANS 5; organización que, sus «primeras subvenciones apoyaron el trabajo en los territorios de ultramar del Reino Unido, la Antártida, el Ártico y varias grandes Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), entre ellas, la de Estados Unidos» (sic) incluyendo entre sus socios y miembros a trece fundaciones de los Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos, y esto, que podría pasarse por alto, adquiere suma importancia, ya que la citada “Área Marina Protegida” completaría el “blue belt” (cinturón azul) que, ya en 2017, los ingleses anunciaron que rodearían a Malvinas -entre otros territorios de ultramar- asegurándose el control y la explotación de los recursos pesqueros.
¿Por qué razón se admitió que este proyecto enmarcado en un medio marino internacionalizado y vinculado a un área ocupada y disputada por el Reino Unido se tratase en el recinto de la Cámara de Diputados, sin la debida evaluación de todos los antecedentes necesarios y la aprobación previa de las Comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores, Recursos Naturales, Intereses Marítimos y Presupuesto?

¿Es una mera casualidad que quién tendría que administrar esta Área Marina Protegida Agujero Azul no fuese otro que el reciente renunciado Administrador de Parques Nacionales Lautaro Erratchu que el 3 de agosto pasado dictó la Decisión 484 declarando «sitio sagrado Mapuche» al Volcán Lanín de Neuquén?

Para cuestiones meramente pesqueras la Cancillería tiene un embajador de carrera en el Consejo Federal Pesquero, por entender -seguramente- que, el ámbito de estas actividades, pese a tratarse de una explotación de recursos, de dominio y jurisdicción del Estado ribereño, está influido por regulaciones internacionales derivadas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ratificada por la Argentina en 1995 (Ley 24.543) y, además, porque 5.497.178 Km2 del territorio marítimo e insular (1.639.900 Km2); antártico (2.426.911 Km2) y de la plataforma continental argentina (1.430.367 Km2) se encuentran ocupados o disputados por el Reino Unido.

Ya hemos dicho -nos preguntamos y afirmamos- en los siete anteriores artículos sobre el tema ¿por qué motivo se trasladó el AMP originalmente limitada a 12 mil Km2 (2014) en la ZEE Argentina al Agujero Azul de alta mar con 164 mil Km2? (2021); ¿No se sabía que en la zona seleccionada pescan buques chinos, coreanos, taiwaneses y españoles-británicos con licencia inglesa que no pueden ser alcanzados por esta área marina protegida (AMP) y que, al igual que ocurrió con el Acuerdo firmado por Cavallo de Conservación (FOCZ) al este de Malvinas en 1990, permitiría consolidar el otorgamiento de licencias a los isleños?; ¿Por qué motivo se trató en sesión un proyecto que no se aprobó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y no prevé los fondos para las tareas de control e investigación; que, sin tener en cuenta las necesidades de equipamiento naval y de investigación, solo en materia de control y vigilancia requerirá de unos 15 millones de dólares anuales?; ¿No sabían los autores del proyecto que por falta de medios las patrulleras oceánicas (OPV) recientemente adquiridas a Francia se encuentran amarradas en la Base Naval de Mar del Plata, sin poder controlar ni siquiera el extenso mar argentino y que, la Subsecretaría de Pesca y el INIDEP tienen 17 artículos en la Ley 24.922 -si se dispusiese de medios- para realizar todas las tareas de protección de la plataforma continental prohibiendo la pesca de arrastre de fondo, sin necesidad de dictar ninguna nueva AMP?; ¿que para resguardar a los tripulantes y los restos del Submarino ARA San Juan basta una declaración de Monumento Nacional Marino?; tampoco ¿qué al asignarle la categoría de Reserva Estricta “sobre” la plataforma se impedirá solo la pesca a los buques nacionales?; ¿qué no se cumplieron los requisitos científicos previos exigidos por la FAO (2012) para establecer un AMP?; ¿que no hay ningún incumplimiento del «compromiso del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020» porque el Reino Unido estableció en 2011 una reserva de 1,07 millones de Km2 alrededor de las Georgias y Sándwich del Sur y tiene restringida una superficie de nuestro país equivalente al 52% de la ZEE Argentina?; ¿que el proyecto no tendrá beneficio económico alguno, no impedirá la pesca ilegal y que, de ninguna manera fortalecerá la soberanía nacional ya que por el Artículo 77º de la Convención del Mar nadie podrá emprender actividades en la plataforma sin expreso consentimiento del Estado argentino?

Todo es gravísimo. Pero es absolutamente peor, porque Wildlife Conservation Society es propietaria de varias Islas en el Archipiélago de Malvinas y, claro, ahora podemos entender el interés de WCS por el Agujero Azul, que pasaría a conformar el “cinturón azul” de protección británica de Malvinas y, también, su especial preocupación, por el cuidado de los albatros de ceja negra que se encuentra en las islas de “su propiedad” y, que, según el informe de la filial local de WCS conducida por la citada Falabella, al describir los porcentuales de especies a conservar en el Agujero Azul-ZEE (Pág. 82) alcanzan a “2.72” (Pág. 83/4).

La propia WCS se encarga de ratificar lo dicho: “En el extremo occidental de las Islas Malvinas (…), que sobresalen en el Océano Atlántico Sur, las Islas Jason son un importante sitio de anidación para el albatros de ceja negra (Thalassarche melanophris). La especie es circumpolar en los océanos del sur, pero las poblaciones reproductoras más grandes se encuentran en la isla Steeple Jason. (…) Hasta hace poco, esta elegante ave se consideraba en peligro de extinción debido a una drástica reducción de su población desde 1950, pero ha comenzado a recuperarse. Se cree que la pesca con palangre y arrastre ha contribuido significativamente a esta disminución. Gracias a un generoso regalo de Michael y Judith Steinhardt, la Wildlife Conservation Society es propietaria de las islas Grand Jason y Steeple Jason desde 2001. Además de miles de parejas anidantes de albatros de ceja negra, las islas son el hogar de otras aves (…) WCS administra estas islas como reservas naturales privadas, y está trabajando con el gobierno local para proteger aún más todo el archipiélago de las Islas Jason y el área marina circundante» (Christopher J. Mckenzie, Wildview, WCS, agosto 15 de 2017).
Las Islas Sebaldes o Sebaldinas (51º04’37’’S 60º58’08’O) -de ellas se trata- están ubicadas al noroeste de la Isla Gran Malvina y a 400 Km de la Patagonia, son un grupo de islas con una superficie total de 21,7 Km2 de la Provincia de Tierra del Fuego. Su denominación se debe a que en 1559 el navegante holandés Sebald de Weert las bautizó con su nombre. Ya en poder del Reino Unido, entre 1864 y 1866. se mataron dos millones de pingüinos para la fabricación de aceite. En marzo de 1970 fueron compradas por Leonard W. Hill y, ya con la denominación inglesa Steeple Jason y Grand Jason fueron compradas por Michael Steinhardt en la década del 90, quien las donó a Wildlife Conservation Society (WCS) propietaria del Zoológico de Bronx.

Ahora sí podemos entender el Twitter del 6/7/2022 de la filial local de la WCS celebrando como una ¡GRAN NOTICIA! la media sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación del Proyecto de Ley de “Creación del Área Marina Protegida Agujero Azul” (AMP) y, es muy lógico, ya que se superaron todas las expectativas que Valeria Falabella tenía en 2014 cuando fue la responsable del Informe Técnico de “Identificación de áreas de alto valor de conservación como potenciales áreas marinas protegidas” (Pág. 1) y, del “Taller Técnico sobre Implementación de Áreas Marinas Protegidas Nacionales en el Mar Argentino” (3-4/09/2018) (pág. 3).y, de su “Reporte Final Inédito” (3/2019) dando una gran satisfacción a la Casa Central de la WCS que, seguramente, efectuará nuevas contribuciones a estas ocupaciones blandas llamadas Áreas Marinas Protegidas.

Estas fundaciones extranjeras a través de sus filiales se inmiscuyen en el corazón mismo de las estructuras del gobierno, definiendo las políticas del Estado Nacional. Ello es evidente a poco leer el Reporte final del “Taller de Implementación de Áreas Marinas Protegidas Nacionales, 2018” (pág. 50, 2019) donde WCS se constituye como organizadora y dice: «El diseño de un Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP) requiere definir ¿qué queremos conservar?, y, decidir, sobre prioridades nacionales para la biodiversidad marina en todo el Mar Argentino». En los citados trabajos la Lic. Falabella representa a la norteamericana WCS, aunque no queda claro, si también lo hace como profesional de la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ya que en varios pasajes el informe refiere a «fortalecer a la autoridad de aplicación para que sea capaz de liderar la gestión de un conjunto de sitios representativos de la biodiversidad del Mar Argentino» (pág. 12); «es necesario desarrollar en general la capacidad de gobernanza y gestión del Estado» (pág. 14) y, «la gobernanza se relaciona con el poder, las políticas, las estructuras y los procesos utilizados para la toma de decisiones en un área de responsabilidad» (Pág. 38). ¿No es mucha la injerencia de un agente de la Fundación WCS norteamericana o se trata de alguien que simultáneamente realizaba tareas incompatibles en el Estado nacional?

En cualquier caso, el proyecto de la Diputada, que se abreva en los fundamentos de WCS (Falabella, V. 2014 “Identificación de Áreas de alto valor de Conservación como potenciales Áreas Marinas Protegidas” páginas 2, 79 a 85); aunque sea, una mala copia, ya que, además de errónea, omite algunas cuestiones relevantes, entre ellas, el informe que dice: «El área propuesta como a AMP se ubica sobre la ZEE Argentina, adyacente al Agujero Azul de altamar (entre los paralelos 45º S – 47º S; el meridiano 61º 30’ W al Oeste y el límite de la ZEE de Argentina al Este) y cubre una superficie aproximada de 12.000 km2 en aguas nacionales» (Pág. 16 a 19 y 80) y no, de 164.000 Km2 en alta mar; que, «según la visión de los participantes del taller, las dos áreas con mayor dificultad para la creación de un AMP son el Frente Talud y el Agujero Azul-ZEE» (Pág. 14 y Anexo IV-20) y no “alta mar” que nunca se analizó; que «el área denominada Agujero Azul-ZEE fue la más discutida y uno de los grupos de expertos rechazó su postulación» (Anexo IV-9); que «la única área que no fue seleccionada como de relevancia diferencial entre las candidatas por ningún grupo de expertos fue el Agujero Azul-ZEE» (Anexo IV-12); que en la tabla de valoración del cumplimiento de los criterios EBSA para cada una de las áreas candidatas por parte de los grupos de trabajo «el área de menor puntuación fue el Agujero Azul-ZEE» (Anexo IV-15) y que, contrario a lo que refieren los “fundamentos” del proyecto de la Diputada, el informe describe «el porcentaje de la distribución de cada especie objeto de conservación en el Agujero Azul-ZEE…» (Pág. 82) y, salvo la merluza de cola con “2.02” en el resto de las especies, aves y mamíferos el porcentual de relevancia es nula o muy baja, a no ser los albatros ceja negra de “2.72” (originarios de las islas de WCS citadas); albatros real del norte “3.63” y, el petrel negro “2.44” (Pág. 83/4). Es decir, nada justifica un AMP Bentónica en la ZEE y, mucho menos en alta mar, que no se analizó y, en todo caso, como ya nos referimos, para el caso de la merluza de cola o el calamar bastaría la prohibición del Consejo Federal Pesquero del uso de redes de arrastre en determinadas áreas y época.

Notemos que en el primer trabajo de WCS y otros se indica que, «el informe debe ser citado de la siguiente manera: Falabella, V. 2014…”, Informe Técnico final componente 1: “Fortalecimiento de la gobernanza de las áreas Marinas Protegidas” y, en el segundo, ya como Coordinadores generales se indica a Falabella y Santiago Krapovickas por WCS (pág. 8) y como facilitadora (pág. 3) el “Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia: «una red internacional de organizaciones de la sociedad civil» (pág. 7). El trabajo fue apoyado financieramente por OCEANS 5 (páginas 3, 9, 11, 13) y auspiciaron la Jefatura de Gabinete de Ministros; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Administración de Parques nacionales (APN) (pág. 3); aunque -llamativamente- sobre ésta última repartición, el Informe (2019) indica que «no tiene hoy las capacidades o el conocimiento para gestionar las AMP y no hay lineamientos para entender cómo gestionar las AMP» (Pág. 28) y le encomienda al INIDEP capacitar a la APN (Pág. 32), lo que demuestra la absurda duplicación de funciones en el Estado, ya que el INIDEP está dedicado a la investigación y conservación de especies pesqueras desde 1977 (Ley 21.673) como continuador del Instituto de Biología Marina creado en 1960 y, la Administración de Parques Nacionales no tiene ninguna experiencia en la conservación del mar y sus especies, como el propio informe indica.

Los argentinos no podemos radicarnos, adquirir propiedades y mucho menos hacer en Malvinas, lo que WCS manifestaba hace 5 años: «administrar islas del archipiélago de Malvinas, trabajar con el gobierno local para proteger aún más todo el archipiélago de las Islas Jason y el área marina circundante» (Christopher J. Mckenzie, Wildview, WCS, 15/8 2017). Un absurdo que el Estado Argentino admita la intervención de WCS en Malvinas y más allá del territorio ocupado por el Reino Unido, dando opiniones y promoviendo leyes referidas a la administración de todo el Atlántico Sudoccidental, agraviando la soberanía argentina y violando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.


Me repetiré: “Cuando la estafa es enorme toma un nombre decente” (Adelardo López de Ayala)

 

* Presidente de la Fundación Agustina Lerena (fundada 21/10/2002). Presidente Centro de Estudios para la Pesca de Latinoamérica, CESPEL (fundado el 02/04/1989). Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Ex asesor en el Senado de la Nación y en el Honorable Cámara de Diputados. Autor de: “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega. Pesca la moneda de cambio (2021)”.