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VENEZUELA: ELECCIONES CON OLOR A TRANSICIÓN

Roberto Mansilla Blanco*

Los comicios presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela abren la posibilidad de una transición política tras 25 años de «chavismo» en el poder. Por otro lado estas elecciones no escapan al pulso geopolítico hemisférico entre fuerzas de izquierdas y derechas con la mira igualmente puesta en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre próximo.

 

Se respira un clima de eventual transición política en Venezuela. Independientemente del resultado electoral, las elecciones presidenciales a celebrarse este 28 de julio (28J) estarían abriendo el compás de un «antes y después» tanto para el «chavismo-madurismo» como para la oposición. Tanto los actores políticos venezolanos como la comunidad internacional parecen coincidir, esta vez, en una necesidad imperante: la normalización política e institucional venezolana tras más de dos décadas de incesante polarización y crisis socioeconómica.

Por otro lado, las elecciones no escapan al contexto hemisférico determinado por la renovación del pulso geopolítico que viene registrándose entre derecha e izquierda en los últimos procesos electorales, tal y como vimos recientemente con la continuidad de la izquierda progresista en México y el vuelco hacia la derecha en Panamá.

El contexto venezolano es estratégico tomando en cuenta su posición geopolítica y sus riquezas naturales, en especial petróleo y gas natural, así como ante la posibilidad de observar un cambio político por la vía electoral tras 25 años de «chavismo» en el poder.

Venezuela ha tenido cierto grado de incidencia en la política hemisférica en estas últimas dos décadas. Una vía lo fue por el activismo político del ex presidente Hugo Chávez (1999-2013) vía expansión de alianzas exteriores para expandir su modelo de «socialismo bolivariano» así como la procreación de esquemas propios de integración regional (ALBA, PETROCARIBE).

La otra vertiente de incidencia venezolana es radicalmente contraria y tiene que ver con las secuelas causadas en los países vecinos por la crisis económica y la represión política que desde 2014 derivó en una masiva emigración de más de siete millones de venezolanos. Esta crisis coincidió con la llegada al poder de Nicolás Maduro, el sucesor designado por Chávez, lo cual dio paso a un régimen de sanciones internacionales contra su gobierno desde EEUU y la Unión Europea (UE).

Ambos factores, la geopolítica «chavista» (actualmente con menor influencia) y la crisis humanitaria (un problema cada vez más hemisférico) siguen teniendo eco en las agendas públicas de los gobiernos latinoamericanos. Por tanto, Venezuela es una pieza estratégica a la hora de analizar los posibles cambios en los péndulos políticos derivados de los procesos electorales a nivel hemisférico.

Las candidaturas de una campaña no exenta de tensiones

Las principales candidaturas de las elecciones venezolanas son, en primer lugar, la del actual presidente Nicolás Maduro como líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y abanderado de la plataforma oficialista Gran Polo Patriótico «Simón Bolívar» (GPPSB)

Su contrincante es una remodelada coalición opositora (Plataforma Unitaria Democrática, PUD) encabezada electoralmente por el ex diplomático Edmundo González Urrutia pero apuntalada por el liderazgo y la popularidad de María Corina Machado, inhabilitada por las autoridades venezolanas para presentar su candidatura a pesar de haber sido la ganadora de las elecciones primarias de la oposición realizadas en octubre pasado. Algunas encuestas le otorgan a Maduro una baja intención de voto.

Otras candidaturas con menores posibilidades electorales, de acuerdo con las encuestas, son las de Antonio Ecarri Angola (Lápiz); Luis Eduardo Martínez (Acción Democrática, AD); José Brito (Primero Venezuela, PV); Daniel Ceballos (AREPA); Enrique Márquez (Centrados en la Gente); Javier Bertucci (El Cambio); Benjamín Rausseo (CONDE); y Claudio Fermín (Soluciones para Venezuela)

No obstante, la campaña electoral no ha estado exenta de tensiones y confrontaciones dialécticas. Fiel al estilo «chavista», Maduro adopta la táctica del «palo y la zanahoria». En un acto militar con motivo de la conmemoración del 213 aniversario de la Firma de la Declaración de la Independencia (5 de julio de 1811) y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Maduro aseguró a los altos mandos militares que «no entregará el bastón presidencial a ningún oligarca o títere», en clara referencia al candidato opositor González Urrutia. La FANB es la encargada de poner en marcha el Plan República para garantizar la normalidad del proceso electoral del 28J.

Posteriormente, Maduro advirtió que una derrota electoral daría paso a «un baño de sangre» y una «guerra civil» en Venezuela. Esta amenazante declaración pareciera, por otro lado, ejercer una aleccionadora influencia dentro de su electorado para alentarlo y propiciar una movilización masiva a las urnas con la finalidad de garantizar un nuevo período presidencial «chavista-madurista». Por otro lado se ha observado una leve renovación de la tensión diplomática y militar de Caracas con la vecina República Cooperativa de Guyana por la soberanía en el Esequibo, lo cual indica una estrategia por parte de Maduro para atizar el nacionalismo venezolano en clave electoral y, al mismo tiempo, asegurar el apoyo del estamento militar.

Esta declaración de Maduro fue inmediatamente contestada por uno de sus teóricos aliados, el presidente brasileño Lula da Silva, quien llegó a reconocer que le había «asustado» esta declaración no sin antes reprender al propio Maduro advirtiéndole que «debe aprender a perder y reconocer una derrota electoral». Con la intención de rebajar las tensiones pero sin abandonar el tono desafiante, Maduro contestó a sus críticos que si estaban «asustados» por su declaración los invitaba «a tomar una manzanilla».

Esta posición de Lula llevó a que Brasil, al igual que Argentina, suspendieran el envío de observadores electorales a Venezuela. Por otro lado, China, uno de los principales aliados de Maduro, envió su propia misión electoral. Por otro lado, varios países latinoamericanos pidieron a Maduro y la oposición sellar un compromiso institucional en lo relativo a aceptar los resultados electorales.

De acuerdo a fuentes del gobierno de Maduro, más de 700 veedores internacionales ya han sido confirmados como observadores electorales para los comicios presidenciales del 28J provenientes de la ONU, Centro Carter, Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos, la Unión Africana y otros organismos electorales e nivel mundial.

No se debe pasar por alto la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano de acoger una misión de observadores electorales de la Unión Europea. Brasil y Colombia, este último también gobernado por un líder izquierda, Gustavo Petro, han intentado persuadir a Maduro de aceptar la misión europea de observadores electorales bajo el argumento de que así se permitiría legitimar la normalidad y transparencia del proceso electoral.

Al margen de las expectativas generadas por las encuestas, la tensión también ha sido palpable durante la campaña electoral. El equipo electoral de Machado ha denunciado detenciones de activistas y hostigamiento por parte de los organismos policiales y de inteligencia del gobierno venezolano con la presunta intención de intimidar a la candidatura opositora.

¿Hacia una transición pactada?

A comienzos de julio, Maduro anunció la reapertura del diálogo con EEUU tras unas conversaciones previas realizadas en Qatar. Países vecinos con influencia en la política venezolana como Brasil y Colombia han auspiciado estas negociaciones.

Este anuncio de Maduro podría interpretarse en clave electoral particularmente con el objetivo de intentar «limar asperezas» con EEUU y la UE, especialmente a la hora de reducir las tensiones diplomáticas y terminar progresivamente con el esquema de sanciones.

Vía diálogo, Maduro podría estar abriendo preventivamente un escenario de mayor apertura política ante la posibilidad de retorno a la Casa Blanca del republicano Donald Trump, uno de sus detractores más inquisitivos así como de aliados regionales de Maduro como Cuba y Nicaragua. Una posibilidad cada vez más real ante el reforzamiento del candidato republicano y la crisis interna dentro del gobernante Partido Demócrata ante el anuncio del presidente Joe Biden de retirar su candidatura, abriendo las posibilidades de su vicepresidenta Kamala Harris.

Otro factor detrás de este anuncio podría táctico: Maduro estaría intentando ganar tiempo y «lavar su imagen» a nivel internacional, en particular ante las sospechas de que presuntamente no aceptaría una eventual derrota electoral. Dicho anuncio de reapertura del diálogo ha generado igualmente expectativas ante la posibilidad de que el propio Maduro esté iniciando sigilosamente un proceso de transición pactada con las principales fuerzas opositoras.

Por otro lado existe también la percepción de que Maduro y la oposición estarían pactando una especie de transición política vía cohabitación. La estructura de poder «madurista» ha venido estableciendo sinergias con las elites económicas (tradicionalmente opositoras) y otros sectores productivos y económicos a nivel nacional que ansían un clima de normalización, alejado de la polarización sociopolítica de las últimas décadas. Esto le ha permitido a Maduro neutralizar muy levemente sus niveles de impopularidad.

De manera táctica, el «madurismo» ha intentado distanciarse de la clásica retórica «anticapitalista» del ex presidente Chávez con la finalidad de generar un clima de mayor confianza para los inversores internacionales. Al mismo tiempo se estaría consolidando una nueva «oligarquía» económica y financiera que, a diferencia de antaño, se muestre aparentemente apolítica pero con capacidad para generar espacios de entendimiento entre gobierno y oposición.

Desde la oposición también se ha ensayado una estrategia de dilatación de las tensiones. El liderazgo de Machado, tradicionalmente una radical «antichavista» que ha ganado popularidad en diversos sectores sociales, se compatibiliza con el perfil más modesto y la imagen más sosegada del candidato González Urrutia, quien reitera en su programa electoral iniciativas como la «reconciliación», la «transición pacífica y democrática», el «gobierno para todos sin exclusiones» y la recuperación de la institucionalidad alejada de intereses personalistas e ideológicos.

Venezuela y el péndulo político hemisférico

El reciente ciclo electoral y la dinámica política a nivel continental muestran una cierta paridad en cuanto a gobiernos de izquierdas y de derechas, con el péndulo más decantado hacia una izquierda que gobierna en doce países: México, Guatemala, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Honduras, Venezuela, Bolivia, Colombia, Brasil, Chile y Bolivia.

Por su parte, la derecha, sea de cariz liberal, centrista o conservadora, está en el poder en ocho países: El Salvador, Argentina, Perú (tras la destitución parlamentaria del izquierdista Pablo Castillo), Uruguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Paraguay. De este modo, el desenlace electoral venezolano alteraría ese equilibro hemisférico entre izquierdas y derechas.

En este sentido, la victoria de la izquierdista Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales de México; las elecciones presidenciales de noviembre próximo en EEUU; y el avance regional de nuevas tendencias derechistas como las de Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina son factores que gravitan, con diversos grados de intensidad, en torno a las elecciones presidenciales venezolanas.

Con Sheinbaum se observa una revitalización de las izquierdas progresistas de cariz más moderado a nivel latinoamericano, lo cual implica igualmente un «freno de mano» ante el ascenso de tendencias más derechistas, ultraliberales, e incluso de ultraderecha, radicalmente opuestas a esas agendas progresistas e imbuidos en una perspectiva de «batalla cultural» contra las izquierdas.

Esta radiografía está retomando el nivel de polarización ideológica y política regional encauzada por niveles de malestar ciudadano con la oferta política tradicional. Esta percepción es más palpable ante la aparición de nuevos modelos «derechistas» (los mencionados Milei y Bukele; el «pinochetista» José Antonio Kast en Chile; el «bolsonarismo» en Brasil) y las expectativas de las izquierdas hemisféricas por no perder terreno.

Esa tendencia derechista implica observar una sintonía política entre Milei y Bukele que podría tener incidencia en otros países latinoamericanos como Venezuela, especialmente en temas sensibles como la crisis económica y la seguridad ciudadana. Tanto Milei como VOX en España (con una agenda iberoamericana específica) han elogiado la figura de Machado como alternativa al «chavismo».

El presidente argentino ha tenido recientes tensiones diplomáticas con Maduro, lo que ha alentado igualmente a críticas contra el mandatario venezolano por parte de una especie de «eje conservador», entre los que podríamos incluir a los gobiernos de Patricia Boluarte en Perú y Luis Lacalle Pou en Uruguay, así como los del recientemente electo José Mulino en Panamá y de Daniel Noboa en Ecuador. Estos gobiernos estarán igualmente atentos a lo que ocurra en las elecciones venezolanas tomando en cuenta que estos países albergan una numerosa inmigración y de exiliados políticos venezolanos.

Por su parte, el talante multilateral que se prevé por parte del gobierno de Sheinbaum podría determinar esfuerzos en aras de propiciar la normalización de la vida política venezolana por la vía del diálogo y la apertura. En este apartado, la nueva presidenta mexicana podría entablar sintonía con mandatarios afines como Lula, Petro y el chileno Gabriel Boric, países que como México igualmente cuentan con una numerosa presencia de emigrantes y exiliados políticos venezolanos.

Pero tampoco se deben descartar los intereses de aliados estratégicos regionales de Maduro como son los casos de Cuba, Nicaragua y Bolivia, que viene de experimentar una tentativa golpista de insurrección militar contra el presidente Luis Arce.

Estos tres países, junto con Venezuela miembros del denominado «eje del ALBA», observan con atención las elecciones venezolanas ante la posibilidad de derrota electoral de una pieza clave como es el «chavismo-madurismo», socio energético de importancia. Una derrota de Maduro y la posibilidad de cambio político por la vía electoral dejarían a este eje geopolítico sin su principal fundador, Venezuela.

Otros actores externos también tienen sus intereses

Obviamente con menor importancia estratégica, las elecciones venezolanas también deben examinarse en cuanto a los intereses de actores exteriores aliados de Maduro (China, Rusia, Irán, Turquía, India) y otros detractores (EEUU, UE, Israel) con peso geopolítico en el contexto latinoamericano.

Maduro ha sido una pieza estratégica para apuntalar los intereses económicos, militares, geopolíticos y energéticos de Beijing, Moscú y Teherán en un permanente contexto de tensión con EEUU. Con ello, estos actores han decidido, vía «eje del ALBA», apostar  por jugar sus cartas en la tradicional esfera de influencia hemisférica de Washington y contrarrestar así las presiones y sanciones estadounidenses y europeas. El mantenimiento de Maduro en el poder es la garantía de continuidad de estos intereses geopolíticos principalmente chinos, rusos e iraníes.

Por su parte, la posición de Chávez y Maduro a favor del reconocimiento estatal de Palestina, de apoyos al régimen sirio de Bashar al Asad y al derecho iraní a desarrollar su programa nuclear, entre otros aspectos, ha generado fuertes enfrentamientos con Israel hasta el punto de ruptura de facto de las relaciones diplomáticas. Los movimientos islamistas palestino Hamás y libanés Hizbulá han tenido en Caracas un aliado igualmente estratégico.

Dentro del contexto hemisférico, Israel ha ganado en Milei a un aliado estratégico de elevada importancia, aspecto que pulsará una vertiente de mayores apoyos para los intereses israelíes a nivel iberoamericano vía aliados como VOX, Bolsonaro y muy seguramente Trump en caso de ganar las elecciones estadounidenses. La oposición venezolana también es una expresión de esta tendencia manifestando una posición más claramente pro-israelí, tal y como se ha observado con la reciente guerra de Gaza.

Por todo ello, las elecciones venezolanas son claramente estratégicas para decantar hacia dónde se dirige el péndulo político hemisférico y sus respectivas alianzas exteriores.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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GUAYANA ESEQUIBA: OPORTUNIDAD PARA ANUDAR LAZOS Y NO PARA DESATAR LUCHAS

Abraham Gómez R.*

Mediante una resolución datada el 14 de junio de este año, la Corte Internacional de Justicia acaba de dar a conocer las correspondientes fechas para que las partes en controversia presenten sus respectivas réplica y dúplica, según sea su propia atribución.

Recibida y admitida la determinación que pronunció la Sala, conforme a su Estatuto y Reglamento, la delegación de la República Cooperativa de Guyana hará uso de la plenaria el día 9 de diciembre de 2024 para argumentar contra el memorial de contestación de la demanda que consignó la representación de nuestro país, en abril pasado.

Así también, el citado Ente Jurisdicente fijo el 11 de agosto de 2025 para que la delegación venezolana comparezca a realizar su dúplica, con la finalidad de desmontar, con nuestro incontrovertible acervo de probanza, el contenido falaz del malicioso petitorio guyanés que no tiene el menor asidero histórico ni jurídico.

Nos encontramos ―por el mencionado hecho― en una interesante disyuntiva. Veamos.

Si obviamos la convocatoria, y no nos presentamos en la señalada fase de pruebas cometemos el gravísimo error de dejarle el campo solo al contendiente para que exponga todo cuanto le parezca a su favor, por muy extravagante que luzca la forma y fondo de su discurso.

Asimismo, debemos estar apercibidos que el juicio que cursa en el Alto Tribunal de La Haya no se paralizará por nuestra ausencia; inclusive, puede darse el caso que se dicte sentencie (tal vez para finales del próximo año) sin que hayamos tenido la oportunidad de explayar todo cuanto nos respalda, en nuestra defensa.

Recordemos, lo que contempla el artículo 53 del Estatuto de la Corte en ese particular:

Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor.

Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los Artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho”.

Ambas condicionantes ya han sido superadas. Y específicamente, en relación con la jurisdicción ya ese Cuerpo Juzgador se pronunció (con autoconferimiento el 20 de diciembre de 2020) asumiendo la plena disposición jurisdiccional de la controversia, como lo contempla el numeral 6 del artículo 36 de su Estatuto: “En caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá”. Y la Corte decidió.

Por cierto, que lo de la jurisdicción y competencia ha sido un tema que hemos escuchado bastante por vocería de algunas personas que muy poco conocen los intersticios del pleito.

Por lógica, viene a continuación la pregunta ¿Qué nos queda, entonces? Encarar como ya lo hemos venido haciendo, con la indiscutida condición de Asunto de Estado a esta controversia; con lo cual aunamos a todo el país, en una sola voluntad solidaria.

Asunto de Estado que nos concita como Nación por encima de diferencias político-partidistas, ideológicas, de interés electoral, religiosas, económicas, sociales, étnicas o de cualquier otro modo de exclusión. Nos necesitamos todos.

Tengo la seguridad de que una inmensa mayoría de compatriotas venezolanos coincide conmigo cuando expreso que lo peor que podemos hacer es desatar una innecesaria e inconveniente confrontación política-partidista interna en nuestro país, relacionada a la Guyana Esequiba, en este momento apremiante.

Precisamente, ahora, cuando nos encontramos concernidos en un serio pleito jurídico, por ante el Alto Tribunal de La Haya, por la séptima parte de la geografía venezolana que nos arrebataron de manera alevosa y vil.

Hoy, más que nunca, se hace imprescindible preservar la absoluta y compacta unidad de todos los sectores de nuestra sociedad, sin excepciones.

La confrontación electoral en que se debate, actualmente, el país es otra cosa.

Este asunto litigioso requiere que dejemos a un costado cualquier mezquindad o retaliación.

Ya quedó dicho. Hay que darle un tratamiento al caso de Política de Estado; con lo cual quedan trascendidas las diferenciaciones por nimiedades; aunque estamos conscientes que siempre conseguiremos algunas voces disidentes o inconformes.

Nuestra restitución de la Guayana Esequiba constituye el objetivo de mayor interés en las relaciones exteriores de la Nación venezolana, y la reclamación más antigua entre Estados, en este continente.

Insisto en señalar que debemos seguir reforzando la estructura del equipo de defensa, sin recelos ni odiosas exclusiones. La amplia participación de todos. Digamos, la eficiente conformación de un bloque patriótico y nacionalista compacto y pétreo, para contrarrestar las acechanzas de la Parte que nos rivaliza, como consecuencia de la acción interpuesta en contra nuestra, por la excolonia británica, en la Corte Internacional de Justicia.

He venido haciendo una clara advertencia, por todo el país, en estos términos: sería desastroso si nos peleamos internamente. Si cada quien cree que puede maniobrar o sacar provecho para su parcela política-partidista. Lo digo, otra vez, para que no haya equivocaciones: la contienda electoral que atravesamos es de otro talante y naturaleza.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión de la Asamblea Nacional por el Esequibo y la Soberanía Territorial. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.

GUAYANA ESEQUIBA: LA SALA NO RESOLVERÁ CON BASE EN UCRONÍAS

Abraham Gómez R.

La excolonia británica no posee títulos de nada sobre la extensión territorial usurpada ni por descubrimiento, ni por conquista, ni por asentamiento o tratado; ni por prescripción o por abandono del anterior descubridor.

En lo más actual e inmediato, diremos,  como es suficientemente conocido, que  habiendo llevado Guyana el caso, unilateralmente, a la Corte Internacional de Justicia para arreglo judicial, nosotros estamos dispuestos a encarar la controversia para honrar la memoria de quienes nos antecedieron en esta lucha, por el presente de Venezuela y por las generaciones futuras; para lo cual se consignó el memorial de contestación de la demanda, el pasado 8 de abril; así además nos encontramos en la discusión, análisis y preparación de otras probables estrategias procesales para las fases sucesivas.

Nuestra petición de justicia tiene suficiente fuerza jurídica, cartográfica e histórica como también el rigor moral de saber que no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.

Venezuela enarbola, orgullosamente, el acaudalamiento de dos Justos Títulos para comparecer y probar (en la debida ocasión), con plena seguridad, por ante el señalado Alto Tribunal que la Guayana Esequiba desde siempre ha sido nuestra; por lo que consideramos írrito y de nulidad absoluta el Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899, cuyo contenido ―sin validez, eficacia ni fuerza jurídica― pretende borrar la gesta histórica de nuestros libertadores, de la cual nos sentimos honrados los venezolanos.

Con base en ese citado «laudo» ―que constituye un adefesio jurídico― es donde la contraparte asienta su causa de pedir, por ante la Sala Jurisdicente.

Sobre el anterior particular, estamos obligados a decir en verdad y justicia que la República Cooperativa de Guyana no posee el más mínimo documento de acreditación sobre la extensión territorial que el Imperio Británico nos desgajó (a partir de 1814) y los gobiernos guyaneses han venido alentando tal delito de apoderamiento.

En el actual Proceso jurisdiccional en que nos encontramos, la delegación de la excolonia inglesa ha abusado de la honorabilidad de la Corte cuando incurre en la conocida falacia post hoc ergo propter hoc («después de haber recibido del Reino Unido esa zona, en consecuencia, nos pertenece»).

Ese correlato forzado nunca será un indicador fiable y menos admisible en un juicio con las características en el cual nos encontramos. Están obligados a demostrar y probar con justos títulos traslaticios: ¿Cómo adquirieron esos 159.500 km2?

La contraparte ha intentado ―en su escrito de demanda interpuesta el 29 de marzo de 2018― levantar falsos relatos de los hechos.

Han querido construir una ficción, a través de sucesos factuales de un modo distinto de lo que nunca fue en la realidad. Lo que el célebre filósofo y escritor francés Charles Renouvier teorizó como ucronía:

«un relato alternativo reconstruido lógicamente de unos hechos históricos que sufren una modificación que los harán discurrir por un camino diferente al que conocemos. Imaginar cómo se hubieran dado las cosas a lo que en la realidad se nos ha presentado. Una especie de desarrollo paralelo, que nunca existió. Unas escenas pensadas a nuestro antojo. Una narrativa asentada en suposiciones o especulaciones; con lo cual, se pretende imponer un caso torcido como si hubiera ocurrido de manera diferente a la realidad o hacer creer de la existencia de lo que simplemente no ocurrió en absoluto…»

Poseemos bastantes elementos de probanzas ―cada uno con su particular fuerza y densidad―; por lo pronto, diremos que bastan dos Justos Títulos traslaticios: la Real Cédula de Carlos III, cuando crea la Capitanía General de Venezuela el 8 de septiembre de 1777 y el «Tratado de Paz y Amistad entre España y Venezuela» suscrito el 30 de marzo de 1845. No son inventos ni extravagancias ucrónicas.

La Sala Juzgadora de la ONU ha decidido en una serie de sentencias, que sentaron jurisprudencias, que un Título Jurídico preexistente prevalece sobre una circunstancial administración u ocupación ilegítima de un territorio en controversia, por parte de otro Estado, en condición de usurpador.

La consignación en la Corte de justos títulos ―como los que nos respaldan― ya han sentado absoluta jurisprudencia y han sido admitidos como pruebas constituyentes directas, revestidos de intangibilidad.

No nos cansaremos de insistir en calificar tal usurpación —agazapada en decisión arbitral― como una situación avergonzante para el Derecho Internacional Público.

Nuestro país ha reafirmado permanentemente ante el mundo que la aludida sentencia fue una deleznable maniobra, devenida en un ardid tramposo, que jamás hemos legitimado y menos ejecutoriado porque la consideramos inválida, sin eficacia jurídica y sin fuerza para constituirse en elemento oponible a nada.

De las cuatro pretensiones procesales que presentó la excolonia británica en el escrito de interposición de acciones contra nosotros, la determinación de la Sala Juzgadora, el 18 de diciembre del 2020 fue circunscribir la causa de pedir de la presente controversia, únicamente a la validez o invalidez del írrito y nulo «Laudo».

Si la Corte se dispone a examinar los hechos en estricto derecho, sin ucronías, y si el «laudo» en efecto es el objeto de fondo del Proceso; siendo así entonces, tengámoslo por seguro que se le presenta la mejor ocasión a Venezuela para desmontar (procesalmente), desenmascarar y denunciar la perversión jurídica de la cual fuimos víctima.

Precisamente, por eso la conducta en estos últimos meses de la contraparte guyanesa.

Andan envalentonados para ocultar el nerviosismo por la decisión sentencial que pueda tomar el precitado Ente Juzgador de la ONU.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión de la Asamblea Nacional por el Esequibo y la Soberanía territorial. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela(IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.