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MADURO EN EL ESPEJO DE BASHAR

Roberto Mansilla Blanco*

Tras la súbita e inesperada caída del régimen de Bashar al Asad en Siria y su inmediato asilo en Rusia, una sugerente interrogante recorre las redes sociales, especialmente dentro de la diáspora venezolana: ¿sucederá lo mismo con Nicolás Maduro?

La interrogante aumenta ante la evidencia de que aliados comunes de Maduro y de Bashar al Asad como Rusia e Irán, con bases y presencia de efectivos militares en Siria y una mayor capacidad logística, finalmente dejaron caer, prácticamente sin rechistar, al dictador sirio. Tampoco olvidemos a China, con importantes inversiones de cooperación económica tanto en Siria como en Venezuela.

Destaca en este aspecto la posición rusa, que cuenta desde 1971 (prácticamente desde el inicio del poder del clan al Asad) con una estratégica base militar en la localidad mediterránea siria de Tartus. Desde 2015, Moscú ha venido asistiendo militarmente, en especial con fuerza aérea, al mantenimiento del régimen de al Asad dentro de la guerra interna en el país árabe. En un contexto de tensiones con Occidente, para Moscú resulta esencial mantener esa presencia en la Siria post-Asad.

A diferencia de lo sucedido en otros escenarios geopolíticos de interés (Ucrania, Moldavia, Rumanía, Georgia), el Kremlin ha optado por la discreción sin apenas mostrar, al menos oficialmente, una reacción virulenta ante la caída de su ahora ex aliado sirio. China también ha mostrado una actitud similar evitando pronunciarse expresamente e instando a una transición política en Siria que “evite el caos regional”.

Este discreto y prudente silencio de Moscú, Teherán y Beijing ante lo sucedido en Siria dejarían aparentemente a Maduro ante serios dilemas y una posición, al menos a priori, más delicada. Estos dilemas parecen concentrarse en una interrogante: ¿hasta qué punto Rusia, China e Irán están dispuestos a arriesgar capital político e incluso militar para mantener a Maduro en el poder?

En la laberíntica crisis política que vive Venezuela, dos fechas se imponen en el calendario como decisivas: el próximo 10 de enero de 2025 debe asumir un nuevo gobierno en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, donde grosso modo la mayor parte de la comunidad internacional no se ha pronunciado definitivamente a la hora de reconocer un ganador argumentando falta de transparencia electoral.

Como ocurriera en 2019 con el caso de Juan Guaidó, el pulso político venezolano se ha trasladado al reconocimiento o no del ganador en las elecciones y a una disputa de legitimidades presidenciales. Siete países, entre ellos EEUU así como el Parlamento Europeo y el de España (no así su gobierno) reconocen oficialmente la victoria electoral del candidato opositor Edmundo González Urrutia (actualmente exiliado en Madrid) y por lo tanto su legitimidad presidencial. Por el contrario, unos 40 países, entre ellos Rusia, China, Irán, la Siria de al Asad, Cuba y Corea del Norte, han reconocido oficialmente a Maduro como presidente electo.

La segunda fecha en importancia viene diez días después. El 20 de enero asumirá Donald Trump un nuevo mandato presidencial hasta 2029. Su radical oposición a Maduro y sus aliados se verá complementada en la figura de su presumible Secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio. En este sentido se prevé un clima de tensión in crescendo por parte de la nueva administración en la Casa Blanca hacia países díscolos e incómodos como Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como ante la penetración e influencia en esos países por parte de sus aliados ruso, chino e iraní.

En este maremágnum de suposiciones y escenarios hipotéticos sobre qué influencia puede tener en Venezuela lo sucedido en Siria está el modus operandi de la caída de al Asad, cuya retirada a tiempo (muy probablemente tutelada desde Moscú y Teherán) le evitó tener un final similar al del líder libio Muammar al Gadafi en 2011, traicionado por supuestos aliados vendidos al mejor postor que lo terminaron linchando en directo ante al mundo entero. Dos finales, el de Gadafi y ahora el de Bashar, que Maduro muy seguramente está tomando en cuenta.

No obstante, más allá de la realpolitik se impone la necesidad de observar hasta qué punto el ejemplo sirio puede reproducirse en Venezuela. Como Bashar al Asad antes de la inesperada reaparición de unos rebeldes sirios que nadie conocía, Maduro no parece confrontar una rebelión interna de gran calibre más allá de la presión, principalmente desde el exterior, que manifiesta una oposición política cuyos principales figuras (a excepción de la incansable María Corina Machado) están en el exilio. Si bien el país sigue a vivir una aguda crisis económica y de incertidumbre política, salvo casos esporádicos, la tensa calma parece ser la tónica en las calles venezolanas, sin grandes movilizaciones opositoras como sucediera años atrás.

Por otro lado, no parecen existir fisuras significativas dentro del estamento militar y la estructura burocrática y empresarial del «chavismo-madurismo». A diferencia de Siria, en Venezuela no existen grupos armados internos con capacidad para desafiar el poder de Maduro o que controlen porciones del territorio nacional donde puedan imponer su ley. Más bien, todo lo contrario: fuentes opositoras informan constantemente de la existencia de actores paramilitares (Hizbulá; guerrillas colombianas) y de entidades de otros países (Turquía, China, Rusia, Irán, India), todos ellos aliados de Maduro, controlando territorios en estados venezolanos ricos en minerales (Arco Minero), petróleo y gas (Plataforma Deltana).

Pero en algo sí coinciden ambos casos: la guerra en Siria desde 2011 y la crisis económica venezolana desde 2014 han provocado el mayor drama humanitario de refugiados desde la II Guerra Mundial, sólo recientemente superado por la guerra de Ucrania desde 2022.

Con este panorama vuelve la pregunta clave: ¿caerá Maduro como lo hizo Bashar al Asad? Es una incógnita tan apremiante como sorprendente fue la caída del régimen sirio tras cinco décadas en el poder. La presión internacional parece ser la clave mientras aumentan las sanciones de EEUU y de la Unión Europea contra altos cargos del «madurismo» mientras la Corte Penal Internacional avanza en las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por parte de las fuerzas policiales y de seguridad durante las protestas de 2017.

Mientras en la Siria post-Asad comienzan a salir a la luz pública los centros de detención clandestinos, sectores opositores y ONGs de derechos humanos en Venezuela que han venido denunciando la represión, tortura y desaparición de presos políticos esperan observar una situación similar en caso de eventual caída del régimen «madurista».

En la pasada cumbre de los BRICS celebrada en octubre en Kazán (Rusia), un tradicional aliado del «chavismo-madurismo» como Brasil vetó el ingreso venezolano en ese organismo que busca reducir la hegemonía occidental «atlantista». La razón del veto brasileño fue la posición del gobierno de Lula da Silva de no reconocer los resultados oficiales mostrados por el Consejo Nacional Electoral venezolano sobre la presunta victoria de Maduro, argumentando falta de transparencia atendiendo así las evidencias crecientes de un fraude electoral.

En Kazán fue reveladora la imagen del anfitrión Vladimir Putin quien, mientras se dirigía apresurado a la cumbre oficial de los BRICS, mostró con sutileza a Maduro el camino de salida para los invitados tras un breve apretón de manos. Las redes sociales, especialmente de opositores venezolanos, ardieron en todo tipo de interpretaciones sobre el mensaje aparentemente subliminal de esta imagen. Otros aclararon lo sucedido restando cualquier tipo de sentido político al asunto. En todo caso, Maduro no logró su objetivo en Kazán: Venezuela no entró en los BRICS.

La imagen de Kazán entre Putin y Maduro fue complementada este 8 de diciembre con el mensaje de Trump asegurando que la caída de Bashar al Asad fue posible porque «a Rusia dejó de interesarle» seguir manteniendo al hoy defenestrado presidente sirio. Por cierto, Trump ya anunció aranceles del 100% hacia los países miembros del BRICS, lo cual augura una guerra económica a gran escala.

Con todo, y tras lo sucedido con un Bashar al Asad hoy exiliado en Rusia, ¿podrá experimentar Maduro un destino similar con un sutil distanciamiento por parte de Putin que le termine costando el poder?

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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GUAYANA ESEQUIBA: OPONIBILIDAD Y PERSECUCIÓN DE LO NUESTRO

Abraham Gómez R.*

La ligazón oportunista y juego de intereses dinerarios con las empresas transnacionales obnubiló la perspectiva histórica a la dirigencia guyanesa y les provocó «amnesia selectiva» que les impidió (antes de accionar contra Venezuela, por ante la Corte Internacional de Justicia) asumir a conciencia que fuimos nosotros los primeros en reconocerlos como nuevo Estado naciente en la comunidad internacional, exactamente el mismo día que alcanzaron su independencia del Reino Unido, el 26 de mayo de 1966.

Desmemoria inoculada a petición y complacencia de las aprovechadoras compañías de turno, esquilmadoras de nuestros recursos. Ya habrá ocasión de arreglar cuentas sobre el particular.

Frente a la acción de Guyana interpuesta contra nosotros, el 29 de marzo del 2018, una vez que el Secretario General de la ONU remitió el asunto controversial al Alto Tribunal de La Haya, ¿qué nos quedaba hacer?

Defendernos con las disímiles estrategias que nos sean factibles y lícitas desarrollar hasta lograr la restitución de lo que nos desgajaron.

Veamos. Producto de los resultados obtenidos del referendo consultivo, celebrado en diciembre pasado, concretamos la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, dentro de lo contemplado en el Acuerdo de Ginebra, del 17 de febrero de 1966, único documento con pleno vigor jurídico para encarar este pleito.

Con el precitado instrumento normativo se procedió, bajo la promulgación del jefe de Estado, a la creación de una nueva entidad federal de la República:

«Se crea el estado Guayana Esequiba dentro de la organización político territorial de la República Bolivariana de Venezuela. El estado Guayana Esequiba es una entidad autónoma en lo político, con personalidad jurídica plena y patrimonio propio e independiente» (Artículo 9).

Así, además, con la representación de importantes organismos se conformó un cuerpo institucional extraordinario para que a través de su rectoría se implementen las políticas de consolidación integral del naciente Estado.

El artículo (27) de la señalada normativa reviste capital importancia al conferirle al presidente de República la expresa prohibición (capacidad de veto) para la celebración de contratos o acuerdos con personas jurídicas que se encuentren operando o colaboren con actividades conexas en el territorio de la Guayana Esequiba o en su proyección atlántica (aguas pendientes por delimitar).

Sabemos de las licencias, concesiones y autorizaciones que ha recibido un enjambre de (59) empresas transnacionales, procedentes de diferentes países.

Considero que el jefe de Estado, por intermedio de la Alta Comisión, debe comenzar a fijar las responsabilidades, en el sentido restrictivo que le faculta esta ley, para con las compañías norteamericanas, chinas, rusas, noruegas, brasileñas, mexicanas, entre muchas otras que se encuentran instaladas, operando en Venezuela y simultáneamente prestan allá también cuantiosos servicios extractivos de nuestros recursos en favor de los gobiernos guyaneses.

Apliquemos la ley, justamente, como ella mandata. ¿Cómo la daremos vigor a esta ley? Prestemos atención.

Estamos invocando ―en lo inmediato― dos principios jurídicos para resguardar lo que siempre ha sido nuestro desde el punto de vista jurídico, histórico y cartográfico; no precisamente por una malcriadez diplomática o deseo sobrevenido sino porque poseemos los Justos Títulos Traslaticios que nos han asistido ―permanentemente― en la presente controversia que ha sido revestida con carácter de juicio al cual estamos en disposición de encarar y comparecer el próximo 11 de agosto de 2025, cuando se inicia la fase de pruebas, en el subsiguiente trayecto del  Proceso.

Mientras tanto nada nos limita o impide a invocar y proceder con el denominado Principio y Derecho de Persecución, que consiste en:

«El atributo que permite a su titular perseguir la cosa objeto de su derecho, sin importar quién la tenga en su posesión, quien lo retenga, u ocupe, en manos de quien lo detente o en qué lugar se encuentre.

Además, comporta una característica que cobra especial importancia en el Derecho Internacional; por cuanto, es un poder jurídico del Estado propietario, con dominio demostrable sobre un bien, que lo puede ejercer directamente sobre su objeto».

Acaso no hemos expresado y explicado de muchísimas maneras y a través de bastantes vías y medios que poseemos un enjundioso acervo de probanza que demuestran la vileza cómo se le perpetró a Venezuela el arrebato de la controvertida extensión territorial, que constituye una séptima parte de nuestra geografía nacional, por el costado este.

Todo lo referido en el párrafo anterior tiene fuerza y fundamentación en la Real Cédula de Carlos III, fechada el 8 de septiembre de 1777, cuando procede, dentro de las Reformas Borbónicas, a crear la Capitanía General de Venezuela, soportada en las Capitulaciones de Santa Fe de 1492.

«(…) He tenido a bien resolver la absoluta separación de las mencionadas Provincias de Cumaná, Guayana y Maracaibo, é islas de Trinidad y Margarita, del Vireynato y la Capitanía General del Nuevo Reyno de Granada, y agregarlas en lo gubernativo y militar a la Capitanía General de Venezuela, del mismo modo que lo están, por lo respectivo al manejo de mi Real Hacienda, a la nueva Intendencia erigida en dicha Provincia, y ciudad de Caracas, su capital… que obedezcan, como a su Capitán General, al que hoy es y en adelante lo fuere de la Provincia de Venezuela, y cumplan las órdenes que en asuntos de mi Real Servicio les comunicare en todo lo gubernativo y militar… que así es mi voluntad.

Dada en San Ildefonso a ocho de septiembre de mil setecientos setenta y siete.

Yo El Rey”

Con igual propósito hemos hecho saber ante el mundo que soportamos nuestro pedido de restitución ante la honorable Sala Jurisdicente en el «Tratado de Paz y Amistad entre España y Venezuela», suscrito el 30 de marzo de 1845, en el preciso momento y evento de reconocimiento de nuestra independencia, por parte de Su Majestad Católica:

«Artículo 1°. S.M.C., usando de la facultad que le compete por decreto de las Cortes generales del Reino de 4 de diciembre de 1836, renuncia por sí, sus herederos y sucesores, la soberanía, derechos y acciones que le corresponde sobre el territorio americano, conocido bajo el antiguo nombre de Capitanía General de Venezuela, hoy República de Venezuela.

Artículo 2°. A consecuencia de esta renuncia y cesión S.M.C. reconoce como Nación libre, soberana e independiente la República de Venezuela compuesta de las provincias y territorios expresados en su Constitución: y demás leyes posteriores a saber: Margarita, Guayana, Cumaná, Barcelona, Caracas, Carabobo, Barquisimeto, Barinas, Apure, Mérida, Trujillo, Coro y Maracaibo y otros cualesquiera territorios e islas que puedan corresponderle.

Artículo 3°. Habrá total olvido de lo pasado y una amnistía general y completa para todos los ciudadanos de la República de Venezuela, y los españoles, sin excepción alguna, cualesquiera que haya sido el partido que hubiesen seguido durante las guerras y disensiones felizmente terminadas por el presente Tratado…» (Omissis).

Ambos documentos los hacemos valer con pleno carácter jurídico en nuestro derecho de oponibilidad interpartes y frente a todos aquellas personas y entes que, aunque no estén directamente concernidas, deben mantenerse en conocimiento de lo que estamos reivindicando desde hace más de cien años.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba- Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV).

MADURO, HIZBULÁ, IRÁN E ISRAEL

Roberto Mansilla Blanco*

El conflicto entre Israel, Hizbulá e Irán es un escenario que puede definir algunas claves a la hora de observar el futuro político del cada vez más cuestionado y aislado mandatario venezolano

 

El asesinato en Beirut del líder de Hizbulá Hassan Nasralá este 27 de septiembre en el marco de la ofensiva israelí contra la milicia islamista al sur del Líbano, la consecuente invasión militar terrestre israelí a este país árabe y la posterior respuesta iraní atacando territorio israelí son aspectos que apuntan a otro actor geográficamente lejano de la zona de conflicto en Oriente Próximo pero geopolíticamente mucho más cercano: el cuestionado presidente venezolano Nicolás Maduro, considerado el principal aliado de Nasralá y del Hizbulá en el hemisferio occidental.

La virulenta reacción de Maduro tras la muerte de Nasralá acusando a Israel del asesinato demuestra el calibre de las relaciones geopolíticas fraguadas entre el «chavismo» y el Hizbulá, igualmente extensivas a otros actores del mundo árabe e islámico como Siria e Irán. Sin Nasralá al mando y con un Hizbulá que se prepara para una nueva guerra frontal con Israel, Maduro debe ahora medir con mayor asertividad este nuevo contexto tomando en cuenta los apoyos que ha venido tejiendo con Hizbulá, sus frecuentes críticas contra Israel y la presión internacional sobre el presunto fraude electoral en Venezuela en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio.

El triángulo Caracas-Beirut-Teherán

La relación Maduro-Hizbulá comenzó a fraguarse con mayor nitidez a partir de 2007, siendo entonces Maduro ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Hugo Chávez. Entonces, la milicia islamista libanesa estaba librando prácticamente una guerra abierta contra Israel en el sur del Líbano, casi en paralelo a los combates israelíes contra el movimiento islamista palestino Hamás en Gaza. Una coyuntura muy similar a la que observamos actualmente.

En los orígenes del movimiento «bolivariano» dentro de la Fuerza Armada venezolana a comienzos de la década de 1980 se verificó una embrionaria relación con algunos países árabes, en especial aquellos inspirados en el socialismo y nacionalismo panarábe nasserista como han sido los casos de la Libia de Muammar al Gadafi, el Irak de Saddam Hussein y la Siria de Hafez el Assad, padre del actual gobernante Bashar al Asad.

Posteriormente, a mediados de la década de 1990, la súbita aparición en estos círculos «bolivarianos» del sociólogo revisionista argentino Norberto Ceresole como una especie de mentor geopolítico del «chavismo» determinó la apertura de conexiones con Irán y algunos grupos radicales del islamismo político árabe, en este caso Hizbulá, dentro de la perspectiva ceresoliana de fragmentación de bloques de poder contra la «posición hegemónica de EEUU e Israel».

Tres actores entraron así en escena: el movimiento islamista libanés Hizbulá, con presuntas conexiones previas en América del Sur (Triple Frontera Argentina, Brasil y Paraguay); la Guardia Revolucionaria Islámica (GRI) iraní, particularmente visible a partir de 2007 con la visita a Caracas del entonces presidente Mahmud Ahmadíneyad y la adopción de una relación estratégica con el gobierno de Chávez; y los movimientos palestinos, destacando el apoyo de Chávez y Maduro a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP) y al islamista Hamás.

La presencia de una numerosa comunidad de origen libanés, siria y palestina en Venezuela, así como la implicación política de varios de sus miembros a favor del «chavismo» a través de altos cargos como el caído en desgracia «ex zar del Petróleo» Tareck El Aissami y el actual fiscal general Tarek William Saab, entre otros, permitió vertebrar una sintonía especial con gobiernos como la Siria de Bashar al Asad, el régimen iraní, el Hizbulá e incluso Turquía.

Algunas fuentes identifican a la caribeña isla de Margarita y el Oriente venezolano como las regiones de mayor operatividad de supuestas células del Hizbulá y de grupos palestinos. Otros consideran que la GRI supuestamente provee a los organismos de seguridad venezolanos de expertos en represión e incluso mantiene vínculos de conexión con la FANB en materia de asistencia militar para la resistencia «antiimperialista».

Por otro lado también se señala que la presencia del Hizbulá e Irán en Venezuela tiene vínculos económicos y empresariales, algunas de ellas incluso con actividades ilícitas de lavado de dinero y mecanismos alternativos para desviar las sanciones occidentales contra Caracas a través de una compleja red financiera de clanes familiares y políticos. Con apoyo iraní, Hizbulá ha logrado tejer una red financiera que ha alcanzado la Venezuela de Chávez y Maduro, un país con una boyante comunidad árabe y especialmente siria y libanesa con incidencia social, cultural y económica pero también política, en este último caso más perfilada a favor del «chavismo».

Con Chávez pero especialmente con Maduro en el poder, Caracas le ha otorgado al Hizbulá un factor preponderante a la hora de mantener una sintonía de intereses geopolíticos contrarios a la alianza EEUU-Israel, siguiendo así los parámetros geopolíticos ceresolianos. Pero esos intereses también han alcanzado el aspecto económico y financiero, muy importante tomando en cuenta las sanciones que EEUU y la Unión Europea han realizado contra el régimen de Maduro sin menoscabar que Washington y Bruselas catalogan a la milicia libanesa de «organización terrorista».

Las razones de Israel que Maduro debe atender

Esta coyuntura de guerra abierta entre Israel y Hizbulá, que recrea para Tel Aviv una especie de segundo frente ampliado al que mantiene en Gaza contra Hamás, tiene en mente igualmente otro escenario: las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo 5 de noviembre.

Tras bombardear posiciones del Hizbulá, descabezar su liderazgo con el asesinato de Nasralá y otros altos cargos y preparar la eventual invasión terrestre, el Alto Mando israelí no ha dudado en advertir que esta operación de invasión al Líbano «durará el tiempo que tenga que durar, diez años si es posible». Este 1° de octubre las fuerzas israelíes iniciaron una invasión táctica del territorio libanés. El mensaje estaba claramente dirigido hacia las dos candidaturas que pujan por llegar a la Casa Blanca, la del republicano Donald Trump (un aliado irrestricto del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu) y la abanderada del Partido Demócrata, Kamala Harris, más propensa al multilateralismo y a criticar, como ya lo hizo, la desproporcionada respuesta militar israelí contra Hamás en Gaza, denunciando el drama humanitario causado.

Consciente de la impunidad que le otorga tener el apoyo de la aún perceptible hegemonía estadounidense, con la ofensiva al sur del Líbano contra Hizbulá, Netanyahu busca claramente fijar sus posiciones hacia quién será finalmente el ganador de las presidenciales estadounidenses. Pero las dos guerras, la de Gaza y el Líbano, define igualmente otra perspectiva muy presente en el ala dura de la política y las fuerzas militares israelíes: el de asegurar definitivamente las «fronteras históricas del Gran Israel», un proyecto que viene acelerándose desde hace más de una década. Como émulo de lo que significa el Donbás para Rusia, Israel parece estar diseñando un muro de contención geopolítico defensivo entre el sur del Líbano y Gaza.

Pero existen otros factores que podrían explicar por qué Israel reactiva ahora una especie de proxy war contra Hizbulá y que desde Caracas, Maduro debe igualmente calcular. Antes del ataque israelí al sur del Líbano, el nuevo presidente iraní Masud Pezeshkian lanzó un mensaje a Washington tendiente a reactivar las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán. La posibilidad de apertura de una etapa de distensión entre Irán y Occidente le resultaría inaceptable a la «línea dura» que hoy gobierna con Netanyahu; de allí su premura por atacar posiciones contra Hizbulá, el principal aliado iraní en Oriente Próximo junto al presidente sirio Bashar al Asad, así como en posiciones de los aliados hutíes en Yemen.

Con el descabezamiento del Hizbulá, Netanyahu busca involucrar más directamente a Irán en este conflicto. Y en este sentido ha alcanzado su propósito: horas después de la invasión israelí del Líbano, Irán lanzó ataques con casi 200 misiles balísticos hacia territorio israelí, causando decenas de muertos. Anteriormente se presentó un atentado en una estación ferroviaria de Tel Aviv. Más allá de su tradicional retórica retaliativa, Teherán ha pasado de apostar por la prudencia estratégica a tomar cartas en el asunto como hiciera en abril pasado atacando territorio israelí. Con ello manifiesta su intención de no dejar caer una pieza estratégica para sus intereses como Hizbulá, toda vez que responde a los ataques israelíes a posiciones hutíes en Yemen, una esfera de influencia que aproxima esa proxy war entre Israel e Irán.

Por otro lado, la ofensiva israelí en el Líbano puede suponer una maniobra de distracción con la finalidad de degradar la atención internacional ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, que cada vez más se define en una confrontación directa entre Moscú y la OTAN. Aparecen algunas señales de posibilidad de una negociación en el frente ucraniano vía alto al fuego, sin perder igualmente de vista las elecciones estadounidenses, Netanyahu busca retrotraer la atención hacia sus intereses en Oriente Próximo amparando una escalada bélica en dos frentes.

Para ello, y cuando estamos a escasas semanas del primer aniversario de la cruenta guerra de Gaza, Israel parece abrir otro frente contra Hizbulá en el sur del Líbano con la finalidad de fijar una especie de cordón sanitario de seguridad que, al mismo tiempo, recree las expectativas de Netanyahu y la línea dura en Tel Aviv de concretar las «fronteras históricas definitivas del Gran Israel».

Esta visión supremacista israelí, que no calza con ninguna perspectiva de lucha por su supervivencia y vitalidad en un ambiente hostil como es Oriente Próximo, también supone un mensaje indirecto enviado hacia más lejanos de Hizbulá, Hamás, Irán, Siria y Rusia como es obviamente la Venezuela de Maduro. Para muestra un botón: en medio de esta coyuntura, el presidente argentino Javier Milei, probablemente el principal aliado israelí en América Latina, lanzó una orden judicial para arrestar a Maduro y otros altos dirigentes de su gobierno por «crímenes de lesa humanidad» justo cuando la Corte Penal Internacional está por presentar un nuevo informe decisivo sobre las investigaciones que lleva a cabo contra Maduro y otros altos cargos venezolanos.

Edmundo, María Corina y el exilio venezolano

Sin perder la atención en la crisis de Oriente Próximo vale la pena destacar qué es lo que está sucediendo en Venezuela tras las elecciones del 28J. El asilo político otorgado a mediados de septiembre por el gobierno español de Pedro Sánchez al candidato opositor Edmundo González Urrutia y la aprobación de una iniciativa parlamentaria no de ley ni de carácter vinculante impulsada por el PP, VOX, PNV, CC y UPN en la que el Congreso de los Diputados reconoce la legitimidad presidencial de Urrutia e insta al gobierno a hacer lo mismo evidencian en que medida Venezuela es materia frecuente de la política española, una variable igualmente determinada por la presencia de una numerosa diáspora venezolana presente en España.

De este modo, Madrid se convierte en la capital del exilio venezolano. Además de Urrutia están otros líderes opositores como Antonio Ledezma, Leopoldo López, Julio Borges y cientos de activistas políticos. Pero no solo hablamos de la oposición sino también de ex funcionarios de los gobiernos de Chávez y Maduro.

Toda vez Madrid, en boca de su ministro de Exteriores Albares, niega cualquier acuerdo político con Caracas para sacar del país a Urrutia, tanto el Fiscal General venezolano Tarek William Saab y la vicepresidenta y ministra del Petróleo Delcy Rodríguez aseguran el contrario. Urrutia salió de la capital venezolana en un avión de la Fuerza Aérea española.

Un día después del reconocimiento del Congreso español de la legitimidad presidencial de Urrutia, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana Jorge Rodríguez (hermano de Delcy) pidió a Maduro romper relaciones diplomáticas, consulares y económicas con España. No país caribeño y venezolano existe una notable diáspora hispana calculada en aproximadamente 50.000 personas.

En ambos lados del Atlántico hay un nombre que cobra relevancia dentro de esta crisis: José Luís Rodríguez Zapatero. En 2016 fue el artífice de acuerdos de negociación entre Maduro y la oposición que llevaron a levantamientos parciales de las sanciones de la UE contra Venezuela y liberación de presos políticos.

Pero el contexto actual resulta mucho más delicado: existe una especie de consenso internacional sobre un «pucherazo» cometido el 28J, en el que el organismo electoral venezolano reconoció la victoria de Maduro por un 54% de los votos. Desde entonces la incertidumbre impera en Venezuela. Más de 3.000 detenciones por protestas incrementan los indicios de represión y violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Maduro, en el poder desde 2013.

En breve, la Corte Penal Internacional (CPI) deberá dictaminar una nueva fase de investigación sobre acusaciones contra Maduro y altos cargos de su gobierno por crímenes de lesa humanidad acaecidos en el país desde 2017 con las protestas estudiantiles. El veredicto del CPI puede incrementar el clima de tensión ya existente.

Mientras en Caracas y las principales ciudades venezolanas las protestas parecen mermar, otro nombre cobra importancia: María Corina Machado, la incansable líder de la oposición. Muchos observan el asilo de Urrutia como una derrota para Machado mientras la atención nacional e internacional está puesta en cuál será su estrategia, si «calentar» la calle con protestas o abrir espacios de negociación dentro de una mediación internacional impulsada desde lo 28J por Brasil, Colombia y México y que hoy se ve claramente opacada.

Esto vuelve a llevarnos a Zapatero, elogiado por el PSOE durante la votación en el Congreso de los Diputados como un adalid de la negociación. Se ve a las claras que el gobierno de Sánchez busca imponer a Zapatero como el nuevo líder de la mediación en Venezuela por encima de Lula da Silva, con recientes encontronazos dialécticos e incluso diplomáticos con Maduro.

Tras el otorgamiento del asilo, el encuentro Urrutia-Sánchez en La Moncloa determina la intención del gobierno español de ralentizar y neutralizar la votación parlamentaria de reconocimiento oficial a Urrutia, instando a retomar la mediación ahora con Zapatero como artífice pero pidiendo a Maduro que presente las actas. La oposición tanto en Venezuela como en España rechaza esta posibilidad argumentando los presuntos negocios de Zapatero con régimen de Maduro, apuntando especialmente su sintonía personal con Delcy Rodríguez.

En perspectiva, Maduro saldría políticamente ganando alejando a la oposición del centro de poder en Caracas, buscando neutralizarla desde el exterior con la intención de llevarla a la irrelevancia política y dilatando las críticas y los tiempos políticos. Sánchez gana peso dentro de la UE ofreciendo asilo a Urrutia mientras «vende» las bondades de la mediación de Zapatero, vista por cierto con buenos ojos por parte de Maduro.

A pesar de su carácter no vinculante, el PP logra una victoria parlamentaria en un momento complejo para Sánchez (aprobación de los Presupuestos del Estado; caso Begoña; nuevo gobierno catalán) toda vez que el propio Sánchez, el día en que Urrutia falta de Caracas y durante el Congreso del PSOE, instaba al Parlamento español a ser «más constructivo» y «menos restrictivo».

Pero en Caracas el futuro de Machado, beneficiada este 30 de septiembre por el Consejo de Europa con el premio Vaclav Havel de Derechos Humanos, es ahora una incógnita. Incluso el propio Maduro ha lanzado la posibilidad de una salida del país de la líder opositora, cuyo silencio incrementa igualmente el clima de incertidumbre.

La escalada de conflictos que actualmente se observan en el escenario internacional, especialmente en Oriente Próximo, dejan a Maduro en una situación igualmente compleja, cada vez más aislado y con un margen de maniobra notoriamente estrecho. Pero este contexto no le evita ciertos canales colaterales que igualmente le pueden servir para mantenerse en el poder. La toma de posesión de la nueva presidente mexicana Claudia Sheinbaum y el conflicto diplomático previo con España por su negativa a invitar al Rey Felipe VI ante el silencio de la Corona española para pedir perdón por la colonización (un tema que provocó que el gobierno de Pedro Sánchez no enviara una delegación oficial a su investidura) le permite a Maduro ganar tiempo y aliados a la hora de tejer ciertas redes de apoyos que le permitan desviar la atención exterior sobre la crisis venezolana.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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