Roberto Mansilla Blanco*
El conflicto entre Israel, Hizbulá e Irán es un escenario que puede definir algunas claves a la hora de observar el futuro político del cada vez más cuestionado y aislado mandatario venezolano
El asesinato en Beirut del líder de Hizbulá Hassan Nasralá este 27 de septiembre en el marco de la ofensiva israelí contra la milicia islamista al sur del Líbano, la consecuente invasión militar terrestre israelí a este país árabe y la posterior respuesta iraní atacando territorio israelí son aspectos que apuntan a otro actor geográficamente lejano de la zona de conflicto en Oriente Próximo pero geopolíticamente mucho más cercano: el cuestionado presidente venezolano Nicolás Maduro, considerado el principal aliado de Nasralá y del Hizbulá en el hemisferio occidental.
La virulenta reacción de Maduro tras la muerte de Nasralá acusando a Israel del asesinato demuestra el calibre de las relaciones geopolíticas fraguadas entre el «chavismo» y el Hizbulá, igualmente extensivas a otros actores del mundo árabe e islámico como Siria e Irán. Sin Nasralá al mando y con un Hizbulá que se prepara para una nueva guerra frontal con Israel, Maduro debe ahora medir con mayor asertividad este nuevo contexto tomando en cuenta los apoyos que ha venido tejiendo con Hizbulá, sus frecuentes críticas contra Israel y la presión internacional sobre el presunto fraude electoral en Venezuela en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio.
La relación Maduro-Hizbulá comenzó a fraguarse con mayor nitidez a partir de 2007, siendo entonces Maduro ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Hugo Chávez. Entonces, la milicia islamista libanesa estaba librando prácticamente una guerra abierta contra Israel en el sur del Líbano, casi en paralelo a los combates israelíes contra el movimiento islamista palestino Hamás en Gaza. Una coyuntura muy similar a la que observamos actualmente.
En los orígenes del movimiento «bolivariano» dentro de la Fuerza Armada venezolana a comienzos de la década de 1980 se verificó una embrionaria relación con algunos países árabes, en especial aquellos inspirados en el socialismo y nacionalismo panarábe nasserista como han sido los casos de la Libia de Muammar al Gadafi, el Irak de Saddam Hussein y la Siria de Hafez el Assad, padre del actual gobernante Bashar al Asad.
Posteriormente, a mediados de la década de 1990, la súbita aparición en estos círculos «bolivarianos» del sociólogo revisionista argentino Norberto Ceresole como una especie de mentor geopolítico del «chavismo» determinó la apertura de conexiones con Irán y algunos grupos radicales del islamismo político árabe, en este caso Hizbulá, dentro de la perspectiva ceresoliana de fragmentación de bloques de poder contra la «posición hegemónica de EEUU e Israel».
Tres actores entraron así en escena: el movimiento islamista libanés Hizbulá, con presuntas conexiones previas en América del Sur (Triple Frontera Argentina, Brasil y Paraguay); la Guardia Revolucionaria Islámica (GRI) iraní, particularmente visible a partir de 2007 con la visita a Caracas del entonces presidente Mahmud Ahmadíneyad y la adopción de una relación estratégica con el gobierno de Chávez; y los movimientos palestinos, destacando el apoyo de Chávez y Maduro a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP) y al islamista Hamás.
La presencia de una numerosa comunidad de origen libanés, siria y palestina en Venezuela, así como la implicación política de varios de sus miembros a favor del «chavismo» a través de altos cargos como el caído en desgracia «ex zar del Petróleo» Tareck El Aissami y el actual fiscal general Tarek William Saab, entre otros, permitió vertebrar una sintonía especial con gobiernos como la Siria de Bashar al Asad, el régimen iraní, el Hizbulá e incluso Turquía.
Algunas fuentes identifican a la caribeña isla de Margarita y el Oriente venezolano como las regiones de mayor operatividad de supuestas células del Hizbulá y de grupos palestinos. Otros consideran que la GRI supuestamente provee a los organismos de seguridad venezolanos de expertos en represión e incluso mantiene vínculos de conexión con la FANB en materia de asistencia militar para la resistencia «antiimperialista».
Por otro lado también se señala que la presencia del Hizbulá e Irán en Venezuela tiene vínculos económicos y empresariales, algunas de ellas incluso con actividades ilícitas de lavado de dinero y mecanismos alternativos para desviar las sanciones occidentales contra Caracas a través de una compleja red financiera de clanes familiares y políticos. Con apoyo iraní, Hizbulá ha logrado tejer una red financiera que ha alcanzado la Venezuela de Chávez y Maduro, un país con una boyante comunidad árabe y especialmente siria y libanesa con incidencia social, cultural y económica pero también política, en este último caso más perfilada a favor del «chavismo».
Con Chávez pero especialmente con Maduro en el poder, Caracas le ha otorgado al Hizbulá un factor preponderante a la hora de mantener una sintonía de intereses geopolíticos contrarios a la alianza EEUU-Israel, siguiendo así los parámetros geopolíticos ceresolianos. Pero esos intereses también han alcanzado el aspecto económico y financiero, muy importante tomando en cuenta las sanciones que EEUU y la Unión Europea han realizado contra el régimen de Maduro sin menoscabar que Washington y Bruselas catalogan a la milicia libanesa de «organización terrorista».
Esta coyuntura de guerra abierta entre Israel y Hizbulá, que recrea para Tel Aviv una especie de segundo frente ampliado al que mantiene en Gaza contra Hamás, tiene en mente igualmente otro escenario: las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo 5 de noviembre.
Tras bombardear posiciones del Hizbulá, descabezar su liderazgo con el asesinato de Nasralá y otros altos cargos y preparar la eventual invasión terrestre, el Alto Mando israelí no ha dudado en advertir que esta operación de invasión al Líbano «durará el tiempo que tenga que durar, diez años si es posible». Este 1° de octubre las fuerzas israelíes iniciaron una invasión táctica del territorio libanés. El mensaje estaba claramente dirigido hacia las dos candidaturas que pujan por llegar a la Casa Blanca, la del republicano Donald Trump (un aliado irrestricto del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu) y la abanderada del Partido Demócrata, Kamala Harris, más propensa al multilateralismo y a criticar, como ya lo hizo, la desproporcionada respuesta militar israelí contra Hamás en Gaza, denunciando el drama humanitario causado.
Consciente de la impunidad que le otorga tener el apoyo de la aún perceptible hegemonía estadounidense, con la ofensiva al sur del Líbano contra Hizbulá, Netanyahu busca claramente fijar sus posiciones hacia quién será finalmente el ganador de las presidenciales estadounidenses. Pero las dos guerras, la de Gaza y el Líbano, define igualmente otra perspectiva muy presente en el ala dura de la política y las fuerzas militares israelíes: el de asegurar definitivamente las «fronteras históricas del Gran Israel», un proyecto que viene acelerándose desde hace más de una década. Como émulo de lo que significa el Donbás para Rusia, Israel parece estar diseñando un muro de contención geopolítico defensivo entre el sur del Líbano y Gaza.
Pero existen otros factores que podrían explicar por qué Israel reactiva ahora una especie de proxy war contra Hizbulá y que desde Caracas, Maduro debe igualmente calcular. Antes del ataque israelí al sur del Líbano, el nuevo presidente iraní Masud Pezeshkian lanzó un mensaje a Washington tendiente a reactivar las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán. La posibilidad de apertura de una etapa de distensión entre Irán y Occidente le resultaría inaceptable a la «línea dura» que hoy gobierna con Netanyahu; de allí su premura por atacar posiciones contra Hizbulá, el principal aliado iraní en Oriente Próximo junto al presidente sirio Bashar al Asad, así como en posiciones de los aliados hutíes en Yemen.
Con el descabezamiento del Hizbulá, Netanyahu busca involucrar más directamente a Irán en este conflicto. Y en este sentido ha alcanzado su propósito: horas después de la invasión israelí del Líbano, Irán lanzó ataques con casi 200 misiles balísticos hacia territorio israelí, causando decenas de muertos. Anteriormente se presentó un atentado en una estación ferroviaria de Tel Aviv. Más allá de su tradicional retórica retaliativa, Teherán ha pasado de apostar por la prudencia estratégica a tomar cartas en el asunto como hiciera en abril pasado atacando territorio israelí. Con ello manifiesta su intención de no dejar caer una pieza estratégica para sus intereses como Hizbulá, toda vez que responde a los ataques israelíes a posiciones hutíes en Yemen, una esfera de influencia que aproxima esa proxy war entre Israel e Irán.
Por otro lado, la ofensiva israelí en el Líbano puede suponer una maniobra de distracción con la finalidad de degradar la atención internacional ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, que cada vez más se define en una confrontación directa entre Moscú y la OTAN. Aparecen algunas señales de posibilidad de una negociación en el frente ucraniano vía alto al fuego, sin perder igualmente de vista las elecciones estadounidenses, Netanyahu busca retrotraer la atención hacia sus intereses en Oriente Próximo amparando una escalada bélica en dos frentes.
Para ello, y cuando estamos a escasas semanas del primer aniversario de la cruenta guerra de Gaza, Israel parece abrir otro frente contra Hizbulá en el sur del Líbano con la finalidad de fijar una especie de cordón sanitario de seguridad que, al mismo tiempo, recree las expectativas de Netanyahu y la línea dura en Tel Aviv de concretar las «fronteras históricas definitivas del Gran Israel».
Esta visión supremacista israelí, que no calza con ninguna perspectiva de lucha por su supervivencia y vitalidad en un ambiente hostil como es Oriente Próximo, también supone un mensaje indirecto enviado hacia más lejanos de Hizbulá, Hamás, Irán, Siria y Rusia como es obviamente la Venezuela de Maduro. Para muestra un botón: en medio de esta coyuntura, el presidente argentino Javier Milei, probablemente el principal aliado israelí en América Latina, lanzó una orden judicial para arrestar a Maduro y otros altos dirigentes de su gobierno por «crímenes de lesa humanidad» justo cuando la Corte Penal Internacional está por presentar un nuevo informe decisivo sobre las investigaciones que lleva a cabo contra Maduro y otros altos cargos venezolanos.
Sin perder la atención en la crisis de Oriente Próximo vale la pena destacar qué es lo que está sucediendo en Venezuela tras las elecciones del 28J. El asilo político otorgado a mediados de septiembre por el gobierno español de Pedro Sánchez al candidato opositor Edmundo González Urrutia y la aprobación de una iniciativa parlamentaria no de ley ni de carácter vinculante impulsada por el PP, VOX, PNV, CC y UPN en la que el Congreso de los Diputados reconoce la legitimidad presidencial de Urrutia e insta al gobierno a hacer lo mismo evidencian en que medida Venezuela es materia frecuente de la política española, una variable igualmente determinada por la presencia de una numerosa diáspora venezolana presente en España.
De este modo, Madrid se convierte en la capital del exilio venezolano. Además de Urrutia están otros líderes opositores como Antonio Ledezma, Leopoldo López, Julio Borges y cientos de activistas políticos. Pero no solo hablamos de la oposición sino también de ex funcionarios de los gobiernos de Chávez y Maduro.
Toda vez Madrid, en boca de su ministro de Exteriores Albares, niega cualquier acuerdo político con Caracas para sacar del país a Urrutia, tanto el Fiscal General venezolano Tarek William Saab y la vicepresidenta y ministra del Petróleo Delcy Rodríguez aseguran el contrario. Urrutia salió de la capital venezolana en un avión de la Fuerza Aérea española.
Un día después del reconocimiento del Congreso español de la legitimidad presidencial de Urrutia, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana Jorge Rodríguez (hermano de Delcy) pidió a Maduro romper relaciones diplomáticas, consulares y económicas con España. No país caribeño y venezolano existe una notable diáspora hispana calculada en aproximadamente 50.000 personas.
En ambos lados del Atlántico hay un nombre que cobra relevancia dentro de esta crisis: José Luís Rodríguez Zapatero. En 2016 fue el artífice de acuerdos de negociación entre Maduro y la oposición que llevaron a levantamientos parciales de las sanciones de la UE contra Venezuela y liberación de presos políticos.
Pero el contexto actual resulta mucho más delicado: existe una especie de consenso internacional sobre un «pucherazo» cometido el 28J, en el que el organismo electoral venezolano reconoció la victoria de Maduro por un 54% de los votos. Desde entonces la incertidumbre impera en Venezuela. Más de 3.000 detenciones por protestas incrementan los indicios de represión y violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Maduro, en el poder desde 2013.
En breve, la Corte Penal Internacional (CPI) deberá dictaminar una nueva fase de investigación sobre acusaciones contra Maduro y altos cargos de su gobierno por crímenes de lesa humanidad acaecidos en el país desde 2017 con las protestas estudiantiles. El veredicto del CPI puede incrementar el clima de tensión ya existente.
Mientras en Caracas y las principales ciudades venezolanas las protestas parecen mermar, otro nombre cobra importancia: María Corina Machado, la incansable líder de la oposición. Muchos observan el asilo de Urrutia como una derrota para Machado mientras la atención nacional e internacional está puesta en cuál será su estrategia, si «calentar» la calle con protestas o abrir espacios de negociación dentro de una mediación internacional impulsada desde lo 28J por Brasil, Colombia y México y que hoy se ve claramente opacada.
Esto vuelve a llevarnos a Zapatero, elogiado por el PSOE durante la votación en el Congreso de los Diputados como un adalid de la negociación. Se ve a las claras que el gobierno de Sánchez busca imponer a Zapatero como el nuevo líder de la mediación en Venezuela por encima de Lula da Silva, con recientes encontronazos dialécticos e incluso diplomáticos con Maduro.
Tras el otorgamiento del asilo, el encuentro Urrutia-Sánchez en La Moncloa determina la intención del gobierno español de ralentizar y neutralizar la votación parlamentaria de reconocimiento oficial a Urrutia, instando a retomar la mediación ahora con Zapatero como artífice pero pidiendo a Maduro que presente las actas. La oposición tanto en Venezuela como en España rechaza esta posibilidad argumentando los presuntos negocios de Zapatero con régimen de Maduro, apuntando especialmente su sintonía personal con Delcy Rodríguez.
En perspectiva, Maduro saldría políticamente ganando alejando a la oposición del centro de poder en Caracas, buscando neutralizarla desde el exterior con la intención de llevarla a la irrelevancia política y dilatando las críticas y los tiempos políticos. Sánchez gana peso dentro de la UE ofreciendo asilo a Urrutia mientras «vende» las bondades de la mediación de Zapatero, vista por cierto con buenos ojos por parte de Maduro.
A pesar de su carácter no vinculante, el PP logra una victoria parlamentaria en un momento complejo para Sánchez (aprobación de los Presupuestos del Estado; caso Begoña; nuevo gobierno catalán) toda vez que el propio Sánchez, el día en que Urrutia falta de Caracas y durante el Congreso del PSOE, instaba al Parlamento español a ser «más constructivo» y «menos restrictivo».
Pero en Caracas el futuro de Machado, beneficiada este 30 de septiembre por el Consejo de Europa con el premio Vaclav Havel de Derechos Humanos, es ahora una incógnita. Incluso el propio Maduro ha lanzado la posibilidad de una salida del país de la líder opositora, cuyo silencio incrementa igualmente el clima de incertidumbre.
La escalada de conflictos que actualmente se observan en el escenario internacional, especialmente en Oriente Próximo, dejan a Maduro en una situación igualmente compleja, cada vez más aislado y con un margen de maniobra notoriamente estrecho. Pero este contexto no le evita ciertos canales colaterales que igualmente le pueden servir para mantenerse en el poder. La toma de posesión de la nueva presidente mexicana Claudia Sheinbaum y el conflicto diplomático previo con España por su negativa a invitar al Rey Felipe VI ante el silencio de la Corona española para pedir perdón por la colonización (un tema que provocó que el gobierno de Pedro Sánchez no enviara una delegación oficial a su investidura) le permite a Maduro ganar tiempo y aliados a la hora de tejer ciertas redes de apoyos que le permitan desviar la atención exterior sobre la crisis venezolana.
* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.
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