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GUAYANA ESEQUIBA: ESTADO PIAR, SEGÚN LA ACERTADA PROPUESTA DE ESPINAL

Abraham Gómez R.*

La vocación natural de cualquier región del mundo que viva bajo la condición de colonia viene signada para alcanzar su emancipación. Algunas veces se logra rápido y de manera determinante quitarse tales yugos. En otros casos, las circunstancias para gloriar la grandeza de la libertad se vuelven enrevesadas, escabrosas y cuesto mucho dolor patrio.

Todos conocemos que para alcanzar la independencia de Venezuela hubo que librar cruentos combates; sufrir vilezas y traiciones; padecer rigores, penurias y necesidades hasta que se produjo la Batalla de Carabobo (1821) y el combate Naval del Lago de Maracaibo (1823); sin embargo, en verdad, no fue sino hasta el 30 de enero de 1845 cuando el reino de España —mediante tratado— confiere el reconocimiento a Venezuela como Estado independiente; no obstante, reafirmamos como tantas veces ha invocado, el insigne jurista carupanero,  Dr. Cesáreo Espinal Vásquez, que nuestra independencia la logramos en las campañas militares  con durísimas enfrentamientos y no mediante arreglos, convenios o tratados de descolonización. Peleamos por nuestra libertad.

Me ha honrado el Dr. Espinal, al encomendarme la misión de abrir el pórtico y dar entrada a su nuevo libro. Me cabe la satisfacción y honor de haberme dado la oportunidad de inspirarme para redactar un merecido prólogo.

La valiosa entrega escritural para en esta ocasión, denominada “Esequibo: estado Carlos Manuel Piar” (ediciones Espinal. Caracas 2020), comporta un enjundioso estudio, exigentemente documentado y muy digno de su ya proverbial inteligencia.

Recibe el público lector un aporte reciente, generado de su fértil dedicación —digamos, un trabajo indagatorio— como ha sido la distinguida característica de sus entregas académicas: abnegadas, serias y admirables; en cuyo contenido apreciamos, luego de un denso y provechoso recorrido socio histórico hecho por el autor en estricto sentido didáctico, un ferviente entusiasmo con su  objetiva propuesta para la  creación del estado Manuel Carlos Piar, en la extensión territorial de nuestra Guayana Esequiba.

Completamente asimilable, en perspectiva, el Esequibo como el estado Manuel Calos Piar. Una idea elogiable para reivindicar, por una parte, al insigne prócer de la Batalla de San Félix y, por la otra, sabiéndonos poseedores del Justo Título que atesoramos, por ser causahabientes de España.

El Dr. Espinal Vásquez, en su condición de jurista reconocido e incansable investigador social de nuestra geografía humana, nos ha enseñado permanentemente, que los fenómenos fronterizos son realidades jurídicas; porque, la condición limítrofe así lo impone, ciertamente; no obstante, deja en claro la severa advertencia: “debe ser obligante considerar y añadir la dimensión de la gente, las realidades socio-económicas, culturales, éticas, estéticas; generado, todo ello,  a partir de la interactividad que mantienen los habitantes de los citados  espacios  que siempre han sido venezolanos”.

El admirado Dr. Cesáreo Espinal Vásquez, con su otra tesis inmarcesible y ya famosa del “Bien Común”, ha marcado, la ruta —eo ipso— de lo que más conviene a nuestros espacios societales. Muestra de lo dicho, con idéntica motivación, nos la presenta en un texto anterior, en el cual, apenas con un extracto, nos hace la referencia a partir de la siguiente aseveración:

“la justocracia no es la búsqueda de una tercera vía, sino por el contrario es la única vía para vivir en una sociedad justa. La justocracia aboga como fundamentos de sus fines, la conciliación, que es la mediación entre personas, organizaciones, sistemas políticos y ente la nación para la solución pacífica de conflictos…”. (Justocracia, poder de lo justo. Ediciones Espinal. Caracas 2011)

El Dr. Espinal Vásquez nos pide que insistamos —en nuestras conferencias por las universidades del país— en dar a conocer la diferencia conceptual estructural entre lo que es límite y frontera. Precisamente, ha sido nuestra prédica. Exponer que el límite debe entenderse como una entidad jurídica abstracta y de origen político, convenido y visualizado en forma lineal; mientras que la frontera se comprende y asimila al espacio de anchura variable donde convergen seres humanos con potencial de integración, que crea un modo de vida común con sentido dinámico y vital.

Justamente la esencia de su texto; vale decir, su reconocida propuesta del estado Manuel Carlos Piar: la reconfiguración política-administrativa, para la incorporación de la naciente entidad en el concierto de los demás estados federalizados de Venezuela. Dicho ad litteram: “para que el estado Manuel Carlos Piar sea y asuma pronto esa séptima parte de nuestra extensión territorial, de la que nos despojaron y que hemos estado reclamando, hace más de cien años, con suficiente fortaleza y asidero jurídico”.

Ante algunos escenarios académicos, me he permitido argumentar, a propósito del centenario litigio, en que no basta lo declarativo atinente al marco geográfico que con certeza recuperaremos en la Corte Internacional de Justicia; también debemos darle consistencia a la vinculación solidaria venezolanista para trenzarnos en familiaridad con los Esequibanos.

En esta contención por la Guayana Esequiba, estamos munidos de razones y justos títulos para exhibir en el ámbito internacional. Además, resultan valederos todos los enjundiosos aportes que ha hecho —como su particular legado al país— el Dr. Espinal Vásquez, fuentes documentativas que en sí mismas constituyen elementos probatorios.

Es posible que nos declaremos voceros legítimos ante el mundo que pronto veremos nacer el estado Manuel Carlos Piar; no solo en lo que corresponde al espacio territorial y su proyección atlántica, como ha sido recogida jurídicamente expletiva en su propuesta; sino también por su demografía, en/por su riquísimo mestizaje.

Venezuela se sentirá supremamente orgullosa cuando alcancemos la materialización de la idea recogida en este texto; que hace su aparición para quien desee disfrutar de una lectura pedagógica.

Ha expuesto el Dr. Espinal Vásquez, como autocrítica, que siempre nos ha parecido que caen en una seria contradicción quienes se dicen defensores de la Guayana Esequiba, pero nunca hablan de la considerable población que ocupa ese territorio.

En mi caso —por propia experiencia— particularmente puedo testimoniar que en la Guayana Esequiba existen ciudades, pueblos, comunidades y otros asentamientos humanos, donde se aprecian interesantísimos cruces étnicos y de clases sociales, cuyo registro censal más reciente arroja una cifra que sobrepasa las 200.000 personas, que incluye a los Waiwai, Makushi, Arawakos, Akawayos, Saraos, Patamonas, Caribes, Wapashi. Una población considerable de afro e indodescendientes, amerindios, asiáticos, portugueses, etc. Una importante etnicidad amalgamada.

La mencionada geografía humana, que convive en ese territorio, debe llamar la atención y la preocupación de quienes ejecutan políticas públicas, por parte del Estado Venezolano, con la finalidad de corresponderles debidamente y como se merecen, en todas las áreas pertinentes para su subsistencia: cedulación, salud, educación, servicios públicos, turismo, deportes, cultura, apoyo a la producción; en fin, todo cuanto sea necesario para vincularlos con nuestra venezolanidad, que igualitariamente  les corresponde a ellos.

A propósito de la situación actual de la controversia internacional que sostenemos con la excolonia británica, la posición enfática del autor de este texto no se hace esperar:

«si bien la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción lo contencioso de la reclamación de Venezuela, no tiene competencia para conocer de mediaciones sino es por consenso previo de las partes y es así, igualmente, que nuestro país, no tiene que ir a “litis” contra la República Cooperativa de Guyana, en aplicación del principio jurídico internacional “iuris et de iure” de plena prueba y no de presunciones en virtud de que el derecho nace del mismo derecho, no admite prueba en contrario, es decir, no tengo que probar lo que es de Venezuela, sino Guyana probar que es suyo ese territorio, del que no tiene asidero histórico ni jurídico”.

Con fundamentación en todo lo expuesto, el citado autor de esta obra —para la cual con satisfacción he escrito el prólogo— nos señala que: “le corresponderá a Venezuela, más temprano que tarde, crear el estado General en Jefe Carlos Manuel Piar; decretar otra estrella de la República, otorgar nacionalidad a los habitantes en ese territorio, impedir y solicitar el cese de las concesiones, todo ello, dentro del ámbito de derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”.

Digamos, entonces, que tenemos  una tarea prioritaria —para ir echando las bases idóneas al venidero estado Manuel Carlos Piar— el hecho  de comenzar a  enlazarnos emocionalmente como compatriotas con esos grupos humanos, tan venezolanos como cualquiera de nosotros.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.

GUAYANA ESEQUIBA: CONTESTACIÓN (DEFENSA) Y RECONVENCIÓN (ATAQUE)

Abraham Gómez R.*

Había tardado demasiado el gobierno guyanés en iniciar una descomunal campaña en los medios, cuyo contenido apunta a manipular la posible decisión que tomaría Venezuela en cuanto a invocar la no comparecencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para el 08 de marzo del próximo año, o definitivamente hacernos parte del juicio en la demanda que de modo unilateral interpuso la excolonia británica en contra nuestra.

En casi todos los medios audiovisuales de Guyana ha aflorado, en los últimos meses, una sibilina y machacona campaña de (des)información, cuyo contenido apunta a hacerle creer a la población que habita en la Zona en Reclamación que Venezuela no posee los recursos argumentativos probatorios de nuestra contención y que, por tales motivos, le estamos rehuyendo al arreglo judicial, como expedita alternativa que ellos presentaron en la Corte.

El torcido bloque informativo —divulgado  mañana, tarde y noche— que difunden los coagentes guyaneses deja entrever, con malévola sospecha, que los venezolanos no contamos con los recursos históricos o jurídicos densos para desmontar el írrito y nulo Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899; y que ellos, por el contrario, consideran a tal adefesio jurídico “suficientemente válido y oponible”, en el juicio que se lleva a cabo en La Haya; tanto que le atribuyen condición de cosa juzgada (res Judicata) con validez plena. Exactamente están practicando la añeja estrategia goebbeliana.

En ese mismo orden, sentido y propósito, estamos observando y analizando el despliegue inusitado en los canales internacionales; también en los diarios de mayor circulación —los de mucha credibilidad y prestigio y los más leídos en el mundo— la ilimitada propaganda que el gobierno guyanés “ha cancelado”, con la finalidad de darse un barniz favorable en torno al histórico caso del Esequibo. Tratan de diseñarse una matriz opinática acomodaticia.

No quedan dudas que toda la detestable parafernalia mediática, que estamos denunciando, recibe cuantioso financiamiento de las casi cincuenta compañías, de distintas procedencias; con lo cual pretenden resguardar sus intereses en la exploración, explotación y comercialización de los inmensos recursos de la Zona en controversia.

Debemos ser enfáticos en pronunciar con insistencia ante el mundo: no le estamos quitando las dos terceras partes del territorio de Guyana, como ellos “arguyen” en sus vocinglerías por los medios de comunicación a nivel internacional.

Nuestra nación ha sido la víctima, hace más de un siglo, del vil despojo perpetrado con mala fe y añagaza jurídica.

Nosotros tenemos enjundiosa documentación para demostrar que fue el Imperio Británico que nos usurpó y despojó, mediante las trampas y demás tratativas políticas-diplomáticas urdidas a finales del siglo XIX, de una séptima parte de la geografía venezolana; incluso tenían la aviesa intención de arrebatarnos hasta el Delta del Orinoco y una considerable parte del estado Bolívar.

El gobierno guyanés al enterarse de que todavía no se ha producido la determinación si vamos o no al juicio a la Corte han desatado un propagandismo con “descomunal ferocidad”, en dos vertientes: en Georgetown, con la utilización de la televisión a diestra y siniestra contra Venezuela; haciéndonos pasar como avaros en la reclamación, o imbéciles e ignorantes del Derecho Internacional Público. La otra burda estrategia ya la conocemos: vienen organizando sistemáticas visitas a la Guayana Esequiba del presidente Irfaan Ali, de ministros, miembros de las Fuerzas Armadas, empresarios, representantes de todas las organizaciones políticas e iglesias.

En el litigio que sostenemos, desde hace más de un siglo, contra el imperio inglés, primero, y luego con su causahabiente en este asunto la República Cooperativa de Guyana, las posibles alternativas de soluciones han derivado hacia aristas escabrosas.

Lo que hemos descrito, de manera somera, es lo que vergonzosamente ha emprendido Guyana.

Considerando lo antes planteado y frente a tales desmanes: ¿Qué debemos hacer nosotros para defendernos y atacar, para proyectar nuestras verdades sobre este asunto litigioso?

Primeramente, a riesgo de parecer tedioso, considero que —sin perder tiempo— debemos declararnos y dedicarnos  a trabajar tiempo completo, mediante la conformación de una comisión multidisciplinaria para la discusión, análisis,  investigaciones documentales, formular la narrativa de los hechos fundamentales; compendiar las alegaciones de derecho; hacer las precisas consultas públicas y privadas; en fin, todo cuanto haya que diligenciar para elaborar el Memorial de Contestación de la demanda, que deberíamos  consignar en la Corte, —si así lo autoriza el Jefe de Estado— repito,  para el día 08 de marzo del 2023 ¡…diríamos en buen venezolano, eso es mañana mismo…!

En tal Memorial de contestación ratificaremos el contenido parcial (artículo primero) del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, que ellos aceptaron (sin intimidación): el Laudo es nulo de e írrito; por tanto, sobre ese abominable documento no hay nada que discutir, no es oponible a nada; porque ha resultado insubsanable, históricamente.

La nulidad absoluta —ipso jure— en la citada sentencia arbitral se generó desde el mismo momento cuando se omitieron los requisitos necesarios para lograr su objetivo y se burlaron los procedimientos. También ocurrió cuando se nos colocó, en tanto parte interesada y concernida en una situación de indefensión, inclusive a partir del Tratado de Washington de 1897.

Como nuestra segunda estrategia —para poner las cosas en claro—, en simultáneo con la consignación de la Contestación, nos encontraríamos en la precisa (y mejor) ocasión para estructurar una contrademanda o Interponer acciones de Reconvención, por todo el daño que Guyana ha venido perpetrando a Venezuela.

La delegación venezolana que comparecería ante la Corte, en la fecha arriba señalada, tiene todo el derecho, en nombre de nuestro Estado para incoar una demanda o instaurar un juicio en paralelo contra quien nos ha demandado. Todo, relacionadamente, en el mismo proceso.

Siendo de esta manera, entonces, el Jurado sentenciador —conforme en pleno y justo derecho— debe admitir la solicitud reconvencional; porque existirá absoluta conexidad entre nuestras pretensiones en nueva litis reconvencional y las que ya han sido identificadas objeto de la demanda principal, introducida y ratificada por la contraparte.

El jurado sentenciador de la Corte Internacional de Justicia, que tramita en juicio el fondo de la controversia, pasará a conocer también —por economía procesal— nuestra causa petendi en reconvención (con solicitudes recientes, de signo diferente, ampliadas e irrebatibles) cuya finalidad procura concluir mediante una Resolución coherente, donde se haga justicia a nuestro país

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.

GUAYANA ESEQUIBA: SE REQUIERE UNA POLÍTICA DE ESTADO QUE CONCITE AL PAÍS

Abraham Gómez R.*

Nos ha agradado el inmenso interés que la mencionada controversia ha despertado y aglutinado densas opiniones en bastantes sectores de la población venezolana.

Como nunca —debo decirlo con honestidad— la gente desea explicaciones sobre lo acaecido el 03 de octubre de 1899, recogido en el documento sentencial, denominado Laudo Arbitral de París.

En cada conferencia hacemos, con suma objetividad, un análisis crítico del vil despojo del cual fuimos víctima, hace más de un siglo, mediante la citada tratativa perversa de talante político-diplomática.

A lo largo de varios años, he atendido expresas invitaciones de universidades, escuelas, liceos, instituciones culturales, organismos públicos, logias masónicas, entes particulares, personas privadas de libertad, partidos políticos, iglesias evangélicas y católicas, medios de comunicación social; he venido escribiendo semanalmente artículos para varias páginas en la Red.

Me he reunido, en condición de docente, con estudiantes de educación superior, provenientes de (12) universidades, que visitaron Tucupita, y aproximamos, luego de productivas discusiones, las posibles alternativas de solución a la contención que mantenemos con la excolonia británica.

Reconocemos que han aflorado en todas las regiones aportes significativos para alcanzar pronto, si cabe, aún, tal posibilidad, un arreglo “práctico y satisfactorio”, en este pleito.

También menciono que nos conseguimos con algunas propuestas un poco desentonadas o desencajadas pero merecen ser respetadas también por la forma, el fondo y la intención como son expuestas en todos los mencionados eventos.

En nuestro recorrido por el país, hemos escuchado críticas, algunas veces fundamentadas, dirigidas a las autoridades de la cancillería, por la opacidad informativa en la defensa de los intereses del Estado venezolano.

En las conjeturas se señalan los aparentes “silencios cómplices”, las declaraciones destempladas o extemporáneas. Hay coincidencia entre el público que asiste a los foros, en que no es conveniente por parte de nuestras delegaciones exponer, como ha sucedido, elogiosas frases a la contraparte en escenarios internacionales.

Nos conseguimos con estudiosos del litigio, que piden la palabra en las conferencias, para preguntar: por qué tantas permisividades, de parte de Venezuela para con las empresas transnacionales, que están esquilmando nuestros recursos (de todo tipo) incalculables, en el territorio que nos arrebataron, y en su respectiva proyección marítima.

Son bastantes aristas de este asunto litigioso. De cualquier modo, hoy nos encontramos frente una disyuntiva inescurrible, que no podemos dejar a un costado en nuestras cotidianas reflexiones o hacernos los desentendidos.

Una inmensa proporción de compatriotas, en muchas regiones y ciudades de Venezuela, se atreven a hacer la siguiente comparación: La defensa de nuestra Guayana Esequiba guarda punto de semejanza a la gesta independentista librada por nuestros libertadores. Estamos en presencia, en esta ocasión, de una lucha jurídica-diplomática por la defensa del suelo patrio.

La controversia que hemos sosteniendo desde hace más de un siglo nos coloca en el desafío histórico de trenzarnos en plenas solidaridades; porque la contención que llevamos adelante requiere del esfuerzo profesional e intelectual de nuestros mejores hombres y mujeres; y porque, además, la contraparte, en su condición de demandante, va con todo en la “interposición de acciones” y su reciente ratificación ante el Alto Tribunal de la Haya.

Vista y analizada la presente situación en que nos encontramos y las respectivas circunstancias, preguntamos, ¿Por qué el Ejecutivo Nacional y sus órganos competentes no terminan de diseñar y desarrollar una sistemática Política de Estado, cuya esencia estribe en el desafío que tenemos por delante, en la Corte Internacional de Justicia, para el 08 de marzo del próximo año?

Se requiere con prontitud —por la premura de la fecha— que desde la Presidencia de la República se abra un ciclo de consultas para escuchar a los expertos, a los estudiosos del caso en nuestras universidades, en la Academias, en cada una de las instituciones interesadas.

Con todo el respeto que me merecen los honorables miembros de la Comisión de la Asamblea Nacional por la Defensa del Esequibo, que preside el Dr. Hermánn Escarrá; porque además reconozco el extraordinario trabajo que han venido desplegando; les propuse la realización de un Congreso Nacional sobre la Guayana Esequiba, con amplio temario para que el país participe.

Desde hace dos años, igualmente, estoy sugiriendo —en mis escritos— al Jefe de Estado que analice la posibilidad de convocar un referendo consultivo, conforme al artículo 73 de nuestra Constitución Nacional, por la trascendencia de la materia que se está tratando. Mediante el citado mecanismo nos permitiremos auscultar la opinión generalizada de la población venezolana, si está de acuerdo con la comparecencia o no de nuestra delegación ante la Corte; con la finalidad de hacernos parte del juicio (actos concluyentes), con lo cual le conferiríamos competencia a esa Sala sentenciadora para que conozca forma y fondo de la centenaria controversia.

Siendo una Política de Estado, entonces  desde los Ministerios de educación y de Educación Universitaria se deben  habilitar charlas alusivas al tema, recurrentes en escuelas, liceos y universidades; al propio tiempo que, a través de los distintos medios de comunicación social y  en las redes, transmitir —de manera reiterada—programas de radio y televisión y la publicación de artículos para concientizar y sensibilizar sobre los hechos perpetrados contra nuestra nación y el  iter socio histórico que hemos hecho para la reclamación.

Importante, en estos momentos, es aprobar y poner en servicio una radioemisora en el área colindante con la Zona en Reclamación (San Martín de Turumbán –estado Bolívar), con una programación que reafirme nuestros símbolos patrios e identidad nacional.

Todo el país en un esfuerzo conjunto, sistematizado, en distintos ámbitos.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.