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¿CUÁNDO SE DESARREGLÓ LA POLÍTICA INTERNACIONAL ACTUAL?

Alberto Hutschenreuter*

Imagen: HUNGQUACH679PNG en Pixabay.

Casi promediando la tercera década del siglo XXI, el panorama de la política internacional dista de mostrar un equilibrio entre el modelo de poder y el modelo multilateral.

Desde hace ya tiempo predomina el primero, es decir, el de los «intereses nacionales ante todo», el de la acumulación de capacidades, el del fortalecimiento de la autoayuda, el de la incertidumbre de las intenciones entre Estados… Es decir, el modelo relacional o de poder.

El otro modelo, el de las instituciones intergubernamentales, el de regímenes internacionales, el de los grandes principios del derecho entre países, no sólo se halla bastante devaluado y lateralizado, sino que, en algunos casos relativos directamente con la seguridad de la misma vida en el planeta, nos referimos al segmento nuclear, la situación se encuentra en estado casi de pánico estratégico, pues solo queda en pie un tratado, el New Start, y una de las partes (Rusia) ha suspendido su participación. Por tanto, no se descarta que podría haberse «desajustado» el equilibrio del terror, es decir, se habría alterado la cultura estratégica bipolar que por décadas proporcionó relativa estabilidad al mundo.

Ahora bien, ¿por qué predomina un clima internacional tan cargado de discordia, suspicacia y armamentos?

Una primera respuesta sería que, con el fin de obtener ganancias o ventajas de poder, siempre los Estados compiten entre sí. Aun cuando pueda existir un aceptable estado de ánimo internacional, «los Estados se miran como gladiadores», para utilizar términos de Thomas Hobbes.

Pero la política internacional en clave de regularidad no es suficiente para explicar la descomposición actual de la misma. Es necesario plantearnos otras hipótesis.

Se considera que la anexión rusa de Crimea en 2014 fue el acontecimiento que empujó las relaciones internacionales a un descenso casi vertical. Desde entonces, algunos autorizados expertos advirtieron que la geopolítica estaba de regreso, lo cual era un desacierto porque la geopolítica nunca se había marchado, ni siquiera en tiempos de la esperanzadora globalización.

También se señala que la pandemia y luego la guerra ensombrecieron la política internacional. La primera porque no estimuló el surgimiento de un nuevo sistema de valores por encima de las rivalidades y los intereses nacionales; la segunda porque mostraba que tampoco la guerra se había marchado y que los Estados, como sostenía Raymond Aron hace más de medio siglo, «se reservan el derecho de hacer la guerra o no».

La crisis financiera de 2008 suele ser considerada como fuente de problemas, pero se fue saliendo de ella por medio de la cooperación internacional.

Finalmente, los casi diez años de hegemonía estadounidense tras el 11-S es otro planteamiento. En su lucha contra el terrorismo transnacional, Washington relativizó soberanías e intervino militarmente en zonas de refugio de ese actor no estatal. Pero en su lucha, Estados Unidos recibió la cooperación de Rusia y China, no por buena voluntad, claro, sino porque ambos también sufrían al mismo enemigo.

De modo que nos queda la década del noventa en nuestro intento por hallar el momento que marcó el inicio del desarreglo internacional que alcanza hoy un nivel inquietante.

Posiblemente, la concentración de poder por parte de Occidente entonces, que no sólo había logrado la victoria en la Guerra Fría, sino también la victoria en la guerra en el golfo y la primacía del modelo económico en el que se fundó la globalización, alejó toda posibilidad de una cogestión internacional basada en el consumo estratégico entre los poderes mayores.

Es cierto que la victoria proporciona «derechos» al ganador. Pero no olvidemos uno de los conceptos sobre los que pivotea la concepción de Carl von Clausewitz: la prudencia ante la tentación de sobrepasar los términos de la victoria.

En los noventa el poder estadounidense era «inigualado e inigualable». China se encontraba en etapa de ascenso (por ello John Mearsheimer dice hoy que entonces Estados Unidos pudo ralentizar su crecimiento siendo menos complaciente con ella) y Rusia se hallaba en un estado de desorden y debilidad sin precedentes, al punto que el presidente Clinton llegó a decir que las posibilidades que tenía ese país para influir en la política internacional eran las mismas que tenía el hombre para vencer la Ley de Gravedad.

Por tanto, en lugar de favorecer un sistema de relativo equilibrio en el que el poderoso país fuera el «corrector», como lo fue Inglaterra en otros órdenes pasados, o bien como sugirió el ministro de Exteriores de Alemania Hans Genscher alcanzar algún patrón de seguridad posalianzas, Occidente buscó los mayores «dividendos de la victoria», particularmente en cuanto a impedir que Rusia se restaurara en clave geopolítica habitual, es decir, en términos revisionista-expansionista, y volviera a ser un actor que, una vez más, desafiara la supremacía de Occidente.

La extensión de la OTAN a los países de Europa central inquietó a Moscú, pero el hecho que acabó por convencer a Rusia sobre las intenciones estratégicas ofensivas para con ella fue la intervención de la OTAN en Kosovo en 1999 sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, al punto que, al enterarse de ello, el primer ministro Yevgeny Primakov (considerado entonces un posible sucesor del presidente Yeltsin), casi por aterrizar en Estados Unidos, dio la orden de regresar a Rusia.

A partir de entonces, salvo en el segmento de lucha contra el terrorismo, las relaciones entre Rusia y Occidente se volvieron cada vez más ásperas.

En 2008 ocurrieron dos hechos que afianzaron las suspicacias rusas: en la reunión de la OTAN en Rumania se aprobó una iniciativa relativa con el futuro ingreso de Georgia y Ucrania a la Alianza. Poco tiempo después, cuando ocurrieron movimientos en el Cáucaso y existía rumor de una nueva ampliación de la OTAN, Rusia invadió Georgia.

En los últimos años, la historiadora estadounidense de posguerra fría Mary Sarotte ha analizado la situación entre Estados Unidos y Rusia en los años noventa, concluyendo que Estados Unidos incrementó las cargas sobre la frágil Rusia de entonces cuando amplió la OTAN: «Lo que no fue prudente fue expandir la OTAN de una manera que tuviera poco en cuenta la realidad geopolítica».

¿Tenía Rusia posibilidades de presionar? Posiblemente, pues Moscú conservaba la carta nuclear, es decir, un arsenal colosal, y este tema preocupaba sobremanera a Occidente. Hasta entonces, se mantenía la «cultura estratégica» entre Estados Unidos y Rusia, lo que explica la cooperación en ese segmento.

Sin embargo, Occidente no quiso ningún tipo de negociación ni limitaciones. La victoria en la Guerra Fría había sido contundente; por tanto, no solo consideraba Occidente que podía, sino que debía fijar y ejecutar sus propósitos.

Por tanto, volviendo a la experta, se realizaron dos preguntas: «¿Debería la ampliación de la membresía plena evitar ir más allá de lo que Moscú consideraba una línea sensible, a saber, la antigua frontera de la Unión Soviética? ¿Y deberían los nuevos miembros tener restricciones vinculantes sobre lo que podría suceder en sus territorios, haciéndose eco de las adaptaciones escandinavas y la prohibición nuclear en Alemania Oriental? A las dos preguntas, la respuesta del equipo del presidente Clinton fue un no rotundo».

En breve, es posible que el inquietante desorden internacional actual tenga su origen en una situación de «inmoderación» geopolítica y estratégica ocurrida hace más de un cuarto de siglo.

 

* Miembro de la SAEEG. Su último libro, recientemente publicado, se titula El descenso de la política mundial en el siglo XXI. Cápsulas estratégicas y geopolíticas para sobrellevar la incertidumbre, Almaluz, CABA, 2023.

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LA CONFERENCIA DE LA ONU NO RESUELVE LA PESCA ILEGAL Y ABRE EL MAR AL REINO UNIDO

César Augusto Lerena*

La Argentina firmó en la ONU un Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en alta mar y, como si no hubiera leído la Convención de las Naciones sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) ni el título de la Conferencia, la Canciller Diana Mondino posteo en “X”: “dimos un paso gigantesco en la protección de nuestras aguas con la pesca ilegal e indiscriminada…este gobierno es y será inflexible en la defensa de nuestro territorio”. Avanzaremos en el análisis de esta Conferencia; pero, no podemos dejar de referirnos a las expresiones de la Canciller respecto a “proteger nuestras aguas” y “ser inflexible en la defensa de nuestro territorio”. Sería bueno que nos diga esta funcionaria, cómo se compadecen sus dichos con la falta de sanción a los buques extranjeros que capturan 250.000 toneladas anuales de recursos pesqueros argentinos con licencias ilegales británicas en Malvinas; qué hace la Canciller en los fueros internacionales para terminar con la pesca ilegal en alta mar de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina y asociados por parte de buques chinos, españoles-británicos, coreanos y taiwaneses, por un volumen similar al total de los desembarques argentinos o cómo se va proteger los recursos en la ZEE Argentina y el mar territorial cuando su gobierno pretende licitar la explotación de esos recursos por parte de buques extranjeros que ni siquiera debían desembarcar en los puertos argentinos. Estas son nuestras aguas y no como califica a las aguas de alta mar que son internacionales por la CONVEMAR.

La Conferencia, realizada en Nueva York del 20 de febrero al 3 de marzo de 2023 en el marco de la CONVEMAR relativo a la conservación y al uso sostenible de la diversidad biológica fuera de la jurisdicción nacional, contrario a lo que era de esperar, no promueve la regulación de los recursos pesqueros en alta mar y mucho menos respecto a los migratorios de la ZEE en alta mar o de ésta a la ZEE y, por lo tanto, esta Conferencia no aporta nada o muy poco contra la pesca ilegal.

La Conferencia regula sobre los “recursos genéticos marinos”; pero, como producto de profundas diferencias entre los Estados participantes no aplica (Art. 8º) a la utilización de peces y otros recursos biológicos como productos básicos y a las actividades pesqueras reguladas por el derecho internacional.

La pesca ilegal en alta mar en el Atlántico Suroccidental no se resuelve con este tipo de Conferencias declamatorias, al menos mientras el Reino Unido de Gran Bretaña (Reino Unido) ocupe 1.639.900 Km2 del mar argentino y Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea consideren que la pesca ilegal atenta a la seguridad y cuestionen, seguramente por ello, la presencia de China en la región.

Los funcionarios argentinos parecen no entender que la pesca en las condiciones que se está realizando en alta mar es ilegal y confunden el reconocimiento de esta ilegalidad con las dificultades para accionar y terminar con ella y ello los lleva a no hacer nada al respecto, en detrimento de los recursos de las Provincias y de la Argentina, ya que se pierde en alta mar un volumen superior a todos los desembarcos argentinos. Y es ilegal porque la Argentina no podría considerar legal la captura en alta mar de sus recursos migratorios originarios del mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva y las especies asociadas que intervienen en la cadena trófica; en principio, porque sería desconocer los derechos que reivindica como propios en toda su legislación vigente: el Art. 5º de la ley 23.968 de espacios marítimos y líneas de base; el Art. 2º inc. c de la Ley 24.543 de ratificación de la CONVEMAR y, los Art. 4º, 5d, 21e, 22 y 23b de la Ley 24.922 de Pesca. Además, la Argentina requiere a su flota nacional “permiso de pesca de gran altura” para pescar en alta mar (Art. 23º b) lo cual es incongruente e inequitativo aceptar como legal la pesca por parte de buques extranjeros en alta mar.

Además de ello, si bien hay más de cuarenta razones para considerar esta captura en alta mar como “Pesca Ilegal”; tres hechos son suficientes para tipificarla así: primero, cuando los buques no tienen control de sus Estados de pabellón o los países de origen (Art. 87º; 92º; 94º y 117º de la CONVEMAR); segundo, cuando no se realizan estudios de investigación para determinar la “Captura Máxima Sostenible” (Art. 119º de la CONVEMAR) y, tercero, cuando se capturan especies migratorias originarias de la ZEE en alta mar sin acuerdo con el Estado ribereño afectando sus intereses (Art. 27º inc. 1 a y b; 63º inc. 2; 64º inc. 1; 116º inc. a y b; 117º; 118º; 119º inc. 1 a y b, inc. 3  de la CONVEMAR). Por supuesto, a esto se agrega cuando se pesca con redes de arrastre de fondo sin habilitación argentina sobre la plataforma continental extendida argentina más allá de las 200 millas sin habilitación nacional y lo previsto en “el Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación de los buques pesqueros que pescan en alta mar” (Ley 24.608 sancionada el 7/12/1995) que en el Art. III 1 (a) dice: «cada una de las Partes tomará las medidas necesarias para asegurar que los buques pesqueros autorizados a enarbolar un pabellón no se dediquen a actividad alguna que debilite la eficacia de las medidas internacionales de conservación y ordenación» (César Lerena “Plan Nacional de Pesca. Cien Acciones, efectos y Ley de Pesca, 2023).

Volviendo puntualmente a la Conferencia, ésta ―como el llamado Acuerdo de Nueva York que no ha ratificado la Argentina― promueve la constitución de organizaciones regionales de integración económica, constituidas por Estados soberanos de una región determinada a la que “sus Estados miembros hayan cedido su competencia” y, no obstante el Artículo 4 bis y el 19 bis de la Conferencia, a nuestro entender, la Argentina no debe aceptar estas “organizaciones” mientras el Reino Unido ocupe los archipiélagos y territorios marinos argentinos en el Atlántico Suroccidental, porque implicaría una mayor penetración británica en la región y reconocer la condición de Estado ribereño a este país invasor; la violación de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional; de la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas y la Ley 24.922.

La Conferencia refiere (Art. 9º) a que «el acceso a los recursos genéticos marinos de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional se llevará a cabo teniendo debidamente en cuenta los derechos e intereses legítimos de los Estados ribereños en las zonas bajo su jurisdicción nacional y teniendo también debidamente en cuenta los intereses de otros Estados en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, de conformidad con la Convención», lo cual, abre su participación a todos los Estados (incluso el Reino Unido) y por analogía, tendría que tenerse muy presente respecto a la explotación de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar y viceversa e, indica (Art. 10º) que «las Partes adoptarán las medidas legislativas, administrativas o de política, necesarias para velar porque la recolección in situ de recursos genéticos marinos de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional…» y ello, en la actualidad, en materia de explotación pesquera en alta mar es altamente ineficiente porque tres cuestiones básicas (previstas en la CONVEMAR) para considerar a la pesca ilegal se cumplen: no se establece la “captura máxima sostenible” en alta mar; no hay control presencial del Estado de pabellón y no hay acuerdo con el Estado ribereño y de ella derivan más de 40 causales para tipificar la pesca ilegal (INDNR); que no se resuelven mediante terceras organizaciones, sino a través de una mayor exigencia internacional para la pesca de los Estados de pabellón en alta mar y acuerdos bilaterales con los Estados ribereños en el Atlántico Suroccidental.

Al referirse (Art. 11º) a “la participación justa y equitativa de los beneficios” refiere al reparto pero también a “la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional”, cuestión que en materia pesquera está ausente en la Conferencia y establece tres opciones cuando la actividad proyectada en zonas situadas dentro de la jurisdicción nacional tenga impactos en zonas fuera de ésta; pero no refiere en ningún caso al impacto que en alta mar afecta la ZEE, como es el caso de la pesca donde las especies migratorias originarias de la ZEE y asociadas que intervienen en la cadena alimentaria y son capturadas sin control en alta mar, provocan un alto impacto ambiental en la ZEE, por lo que, como hemos dicho, no es de esperar que adherir a esta Conferencia resuelva la pesca ilegal, como manifiesta la Canciller, más bien compromete seriamente nuestra posición respecto a la ocupación ilegal británica en Malvinas.

Por otra parte, la Conferencia establece la obligación (aunque la exime en algunos casos) de evaluar el impacto ambiental (Art. 21º bis) antes de realizar las actividades y, aquí vemos, que se avanza más allá de las exigencias incumplidas para la pesca en alta mar; por ejemplo, respecto a la determinación de la “Captura Máxima Sostenible” de los recursos pesqueros, por lo que además de evaluarse el impacto ambiental se debería controlar la depredación, la pesca incidental y los descartes, cuestión que en la actualidad no ocurre y no es de esperar que los principales países que capturan subsidiados a distancia, responsables de la captura ilegal en alta mar, vayan a hacerse cargo de los costos (Art. 39º) de los controles independientes presenciales, cuestión que no se ha resuelto hasta a hoy, a pesar de la plena vigencia de la CONVEMAR y es poco probable que un autocontrol resuelva la pesca ilegal, como no lo ha resuelto hasta la fecha.

El 85% de la pesca a distancia en alta mar la realizan 5 países: China, España, Taiwán, Japón y Corea, los que del total mundial de 37 millones de horas de pesca ocupan 25 millones, motivo por el cual puede apreciarse que el mayor daño no lo ocasionan los 216 Estados restantes, sino que lo generan solo cinco, que son los mismos que operan en el Atlántico Suroccidental, salvo Japón en los últimos años y, por lo tanto, los esfuerzos por mejorar la administración y cuidado de los recursos en la Zona Económica Exclusiva tendrán pobres resultados sino se trabaja sobre esos cinco países que son responsables de las capturas en alta mar e, igualmente, responsables del desequilibrio de los ecosistemas, ya que juntos capturan unos 26 millones de toneladas del total 84 millones/año (2019), es decir, el 31% de las capturas sobre «221 Estados y territorios que notificaron algún tipo de actividad en el comercio pesquero» (FAO, “Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura”, p: 18, 2020).  

Unos 10 mil barcos chinos superan su jurisdicción y se dedican a la pesca a distancia subsidiada en alta mar junto a otros 60 mil buques de unos 24 países, entre ellos, Japón, Corea, Taiwán, el Reino Unido asociado a España en Malvinas. Este último, se apresta a reducir las capturas en aguas comunitarias y a acrecentar la pesca fuera de su jurisdicción, por exigencia europea. Lo que hace suponer que la situación podría empeorar.

«Mantener la integridad de los ecosistemas oceánicos preservando el valor inherente de la biodiversidad de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, respetando la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de todos los Estados», no se compadece con la presencia del Reino Unido en los archipiélagos argentinos y sus espacios marinos correspondientes.

Como “mecanismos de gestión por áreas”, además de definir áreas (su Anexo I), incluye las áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar y, en este sentido es conocida nuestra posición respecto a que en la ZEE se instituyan vedas y no AMP y sería altamente grave para la Argentina instalar AMP en alta mar vinculada a la ocupación territorial marina del Reino Unido en Malvinas, como es el caso del proyecto de AMP Bentónica “Agujero Azul” promovida por la fundación norteamericana WCS (Wildlife Conservation Society) que, como hemos reiteradamente explicado, no resuelve la pesca ilegal que realizan en esa área diversos buques extranjeros, sino que cierra el “Blue belt” (cinturón azul) al noreste de Malvinas facilitando la llegada de los recursos migratorios argentinos a las islas. Ya ha hecho lo mismo el Reino Unido al sur de Malvinas con la declaración unilateral de “santuario ecológico” de 1 millón de km2 alrededor de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur; al este con “el Acuerdo del Gallinero” firmado por Cavallo, de protección de Malvinas en 1990 y al noroeste con el GAP de 1.400 Km2 para proteger la llegada de Malvinas del Calamar Illex.

La consulta que prevé la Conferencia al Estado ribereño debería descartar este proyecto de uso político o sin sustento científico en esta área, como es el caso del Agujero Azul; pero, es llamativa la media sanción de la Cámara de Diputados.

Aún con algunas cuestiones positivas, teniendo en cuenta que «las decisiones y recomendaciones de la Conferencia de las Partes se adoptarán por consenso y no se podrán formular reservas ni excepciones al presente Acuerdo, entendemos altamente inconveniente su aprobación por parte de la Argentina por las razones ya indicadas respecto a la presencia del Reino Unido en el Atlántico Suroccidental. No parece que esta Conferencia pueda, ni siquiera atraer la atención del mundo respecto al tratamiento y prohibición absoluta de la Pesca Ilegal y muy especialmente de aquella que afecta los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina en alta mar y las declaraciones de la Canciller parecen responder a la desatención que en el tema lleva Argentina.

  

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).

IRÁN Y EL «CAMINO DE DAMASCO» DE NETANYAHU

Roberto Mansilla Blanco* (Artículo para SAAEG)

 

Biden calcula igualmente cómo controlar a un cada vez más díscolo Netanyahu que ha iniciado con la guerra en Gaza una huida hacia adelante de proporciones imprevisibles tanto en el terreno militar como en el político y diplomático.

 

Seis meses después de iniciar la invasión militar de Gaza, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu vive probablemente la coyuntura más decisiva para su gobierno. Los resultados militares se perciben estériles toda vez han propiciado un caos humanitario sin precedentes, lo cual ha llevado a que Tel Aviv observara síntomas de cierto aislamiento diplomático, particularmente ante el aparente distanciamiento por parte de su aliado estratégico estadounidense.

La abstención de Washington el pasado 25 de marzo en la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU que autorizó el Alto al Fuego en Gaza y el estupor internacional causado ante el ataque israelí el 1° de abril contra un convoy de la ONG World Central Kitchen (WCK), con saldo de siete cooperantes fallecidos bajo el argumento erróneo de albergar militantes de Hamás, son sucesos que parecían a priori dejar a Netanyahu en una situación de cierta precariedad política. En el plano interno volvían las protestas dentro de Israel, aspecto que ilustra igualmente el malestar ciudadano por el curso de las operaciones militares en Gaza.

1. Irán: el conveniente «enemigo común»

No obstante, para Netanyahu, atizar la espiral belicista supone una herramienta efectiva para reconducir sus intereses en un Oriente Próximo cada vez más inflamado por la llama militarista. Y aquí entra un actor clave en la ecuación, particularmente para Washington y Tel Aviv: la República Islámica de Irán.

El 1° de abril, Israel atacó el Consulado iraní en Damasco, causando la muerte de trece personas, entre ellos siete cargos militares pertenecientes a la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) destacando el del «número 2» de ese cuerpo, Mohammed Reza Zahedi. Este ataque quirúrgico israelí recuerda al realizado en Bagdad en 2020 por EEUU (entonces bajo la presidencia de Donald Trump) y que causó la muerte del alto comandante del IRGC, Qasem Soleimani.

La reacción iraní no se hizo esperar. Tras utilizar el ardid retórico clamando «venganza», este 13 de abril fuentes militares israelíes y la agencia estatal iraní IRNA confirmaron que Teherán realizó varios ataques retaliativos contra territorio israelí. Tras estos ataques, el Lider Supremo iraní Alí Jamenei afirmó que «el régimen sionista será castigado».

De este modo la retaliación iraní recondiciona y reafirma la inalterable alianza estratégica entre EEUU e Israel, toda vez Tel Aviv busca con ello recuperar la solidaridad internacional ante el reciente clima de aislamiento exterior. El objetivo es enfocar la atención en un enemigo común, Irán, cuyo peso geopolítico es clave en la región, con capacidad de influencia a la hora de atacar objetivos occidentales e israelíes desde Siria y Líbano hasta Yemen y el Mar Rojo.

Así, y tras la anunciada «venganza» por parte de Irán, Biden no dudó en reafirmar su apoyo «inquebrantable» a Israel toda vez las alianzas militares entre Washington y Tel Aviv se están afianzando. Por otro lado, previo al ataque iraní, se observó también la renovación de los combates en el sur del Líbano entre el movimiento islamista Hizbulá e Israel.

La probabilidad de un ataque iraní motivó a que, días antes, las fuerzas de seguridad israelíes aplicaran el protocolo de máxima alerta. Washington también había enviado a Israel a altos cargos como el Jefe del Mando Central del Ejército y máximo jefe estadounidense en Oriente Próximo, Michael «Erick» Kurilla, lo cual certifica el conocimiento previo de estos ataques iraníes que, por otro lado, ocurren en una coyuntura concreta, la Pascua judía.

Debe tomarse en cuenta el carácter sin precedentes de este ataque iraní contra objetivos israelíes. Con todo, el mismo puede determinar un efecto disuasivo, enfocado en recuperar posiciones ante el nuevo equilibrio militar regional. En un ataque anunciado durante semanas, lo cual define cierto sentido de teatralidad por parte iraní, Teherán utilizó 170 drones, 30 misiles crucero y 120 misiles balísticos impactando principalmente en el sur de Israel, una zona escasamente poblada.

A sabiendas de poder ser interceptados por la denominada «Cúpula de Hierro» israelí, Irán buscaba también minimizar los costos civiles, intentando así amortiguar la posibilidad de una respuesta desproporcionada por parte de Israel y evitando reproducir así una situación similar a la invasión de Gaza tras los atentados terroristas de Hamás en territorio israelí en octubre pasado.

Por tanto, el ataque israelí en Damasco y la posterior reacción retaliativa iraní certifican un «golpe de efecto» de Netanyahu con la intención de diluir las críticas externas por la invasión de Gaza y recuperar así la confianza de Washington recolocando la atención en el enemigo común iraní. La sintonía en materia de cooperación en inteligencia entre Washington y Tel Aviv volvía así a recuperarse. Horas antes de anunciar el IDF israelí el ataque iraní, el presidente Biden aseguró en una rueda de prensa que Irán «atacará más pronto que tarde» y que «estamos dedicados a la defensa de Israel. Apoyaremos a Israel. Irán no tendrá éxito».

Por otro lado y más allá de la retórica, Teherán no desestima los canales diplomáticos, en gran medida condicionado por el peligroso escenario de una eventual guerra directa no sólo contra Israel sino también con EEUU. Previo al ataque, Teherán llegó a minimizar la posibilidad de retaliación contra Israel toda vez mostró públicamente su respaldo a las negociaciones en El Cairo incluso apoyando un alto al fuego en Gaza que permita abrir un nuevo equilibrio de fuerzas entre Israel y Hamás.

2. Biden: dilemas convertidos en certezas

Ante este panorama de complejidades traducidas por la invasión de Gaza, para Netanyahu resultaba imperativo ejercer un eje de presión y reaccionar aún fuera inflamando aún más el panorama regional. Con un alto al fuego precario en Gaza, las negociaciones que se llevan actualmente a cabo en El Cairo implican un espacio de cierta ralentización de los combates tanto para Israel como para el movimiento islamista palestino Hamás. Al mismo tiempo se aprecia un clamor cada vez mayor a nivel internacional para finalizar la guerra en Gaza e incluso establecer sanciones contra Israel ante las intermitencias y dificultades de asistencia humanitaria.

Este contexto aborda interrogantes vitales para la situación de un Netanyahu y su estamento militar que parecieran afrontar en solitario una guerra que pierde gas y entusiasmo dentro de la sociedad israelí, toda vez la comunidad internacional comienza a darle la espalda y exigir el final de la tragedia gazatí. Este último factor es mucho más evidente ante la súbita tirantez, cuando menos en cuanto a las declaraciones oficiales, en las relaciones israelíes con su aliado estratégico estadounidense.

La histórica abstención de Washington en el Consejo de Seguridad ha sido interpretada con notable apresuramiento en los medios como una especie de «parteaguas», en este caso crítico, dentro de la históricamente inalterable relación estratégica entre Washington y Tel Aviv. Esta tirantez también se ha evidenciado en las declaraciones oficiales del presidente estadounidense Joseph Biden criticando abiertamente la ofensiva militar de Netanyahu y su indolencia ante el drama humanitario palestino.

Con este panorama no parecían presentarse los mejores momentos para las relaciones israelo-estadounidenses. Pero un análisis más profundo implica observar hasta qué punto es cierto este aparente distanciamiento de Biden con Netanyahu y cómo a pesar de la tirantez dialéctica, sigue siendo inalterable esa relación estratégica entre EEUU e Israel.

         2.1. Guerras calientes con elecciones a la vista

El tema parece acuciante para un Biden que se juega la reelección presidencial en noviembre próximo con dos frentes de guerra abiertos (Ucrania y Gaza) en las que los intereses de Washington se han visto contrariados. Las preocupaciones del equipo electoral de Biden se acrecientan ante el avance electoral de Donald Trump, que augura su posible retorno a la Casa Blanca, con la posibilida de imprimir un giro copernicano de los intereses exteriores de Biden, especialmente en el caso ucraniano y de los compromisos «atlantistas» vía OTAN.

La perpetuación de estas dos guerras abiertas e inconclusas, cada vez más impopulares para un electorado estadounidense visiblemente polarizado, explica la premura de un Biden que busca ralentizar sus efectos vía alto al fuego en Gaza pero sin tener certeza sobre lo que puede suceder en el frente ucraniano. Un frente donde el recién reelecto presidente ruso Vladímir Putin parece preparar una contraofensiva militar a gran escala, presumiblemente con el foco estratégico en dos objetivos: la toma de Járkov, que permitiría el control del centro de Ucrania y una pista de lanzamiento para mayores presiones y ataques hacia la capital Kiev; y Odesa, estratégico puerto cuya eventual posesión le permitiría a Rusia controlar definitivamente los puertos del mar Negro.

Con ello el Kremlin buscaría establecer un corredor estratégico clave hacia la República Pridnestroviana de Transnistria, un Estado de facto tradicionalmente prorruso que hoy recobra su importancia estratégica y es observado como foco de ampliación del conflicto ucraniano en este caso hacia Moldavia, país que no reconoce la legitimidad transnistria y que está en la órbita de influencia de la OTAN y la UE.

Incapaz o quizás poco convencido de impulsar una iniciativa diplomática eficaz más allá de la abstención sobre el alto al fuego en Gaza y el apoyo a las negociaciones en El Cairo, Washington observa también cómo China mueve sus piezas en el terreno diplomático. Si bien muestra oficialmente la consistencia de la alianza con Moscú, Beijing vuelve a tomar la iniciativa como actor capacitado para propiciar un diálogo entre Rusia y Ucrania que eventualmente implique un alto al fuego o una tregua. Al mismo tiempo, China también ha pulsado la tecla diplomática en Gaza, con la visita a Israel y Palestina de un alto emisario del gobierno de Xi Jinping.

Pero también está el terreno geopolítico. Irán ha sido un prolífico aliado de Rusia en Ucrania enviando, principalmente, drones al Ejército ruso para sus operaciones militares en el frente. Tomando en cuenta el actual contexto de creciente tensión entre Israel e Irán con posibilidades de una escalada bélica, Washington refuerza aún más su alianza con Israel con la intención de crear una tenaza regional contra Irán, obligando a Teherán a concentrar su atención en cómo será la respuesta israelí. Ello implicaría la intención de EEUU e Israel de neutralizar la cooperación militar entre Irán y Rusia.

Pero también podríamos observar otro escenario hipotético. Con un frente ucraniano estancado a la espera del «deshielo primaveral» que permita viabilizar algún tipo de ofensiva militar, Moscú podría observar con atención la posibilidad de un conflicto in crescendo entre Irán e Israel para distraer la atención mundial y propiciar una posible ofensiva en el frente ucraniano.

Ante el ataque iraní a Israel, la Cancillería rusa emitió un comunicado pidiendo «moderación» para evitar una «escalada del conflicto en Oriente Próximo» toda vez criticó la «incapacidad del Consejo de Seguridad de la ONU» para invocar el Derecho Internacional tras el ataque israelí al Consulado iraní en Damasco. En un tono similar, China expresó igualmente su «preocupación» por la crisis pidiendo «contención».

3. Netanyahu se encomienda a la «línea dura»

El primer ministro israelí ha anunciado que se han cumplido los objetivos militares previstos en el norte de Gaza toda vez ordena una retirada momentánea del sur de la franja y prepara una ofensiva militar hacia Rafah, muy probablemente presionado por el sector de la línea dura política y militar que apoya su gobierno. Se advierte así un punto de inflexión orientado a expulsar a la atribulada población palestina y arrinconar a Hamás, confinándolo en ese territorio muy próximo a Egipto.

Así mismo, las protestas internas contra Netanyahu, que en ningún momento muestran algún tipo de solidaridad hacia el drama palestino, implican también nuevos equilibrios de fuerzas políticas internas dentro del tradicionalmente atomizado mapa político israelí. Si bien es cierto que las protestas son dirigidas por sectores de la sociedad civil israelí opuestos a la deriva ultranacionalista y religiosa de Netanyahu, es también palpable el malestar ciudadanos no sólo porque los objetivos militares en Gaza no se han alcanzado o siguen siendo poco realistas sino también porque esta guerra implica observar un nivel de vulnerabilidad para la seguridad israelí tanto internamente como en la diáspora judía vía atentados terroristas.

Este escenario ha persuadido aún más a Netanyahu a encomendarse ciegamente al apoyo de su estamento militar y del influyente lobby de los colonos judíos, reactivado y cada vez más desafiante y agresivo, que ahora observa al norte de Gaza como su nuevo centro de operaciones, incluso en materia turística y económica.

De este modo, la «rejudeización» de Gaza (no olvidemos que fue el «halcón» ex primer ministro israelí Ariel Sharon el que ordenó la salida de los colonos judíos en 2005) implica para estos sectores ultraderechistas y sionistas la expulsión definitiva del pueblo palestino y la recreación de la vieja aspiración de Netanyahu y de sectores ultranacionalistas y sionistas de sellar la fronteras históricas del Gran Israel. El establishment de poder en Tel Aviv parece cohesionado en torno a esta idea, aparentemente sin reparar en qué tipo de reacción social y política interna y externa pueda generar.

4. Esperando a Trump

Expectante ante lo que pase en Ucrania y ahora entre Israel e Irán, Biden atiende con preocupación la vorágine de acontecimientos que amenazan con inflamar aún más el ya de por sí crítico panorama en Oriente Próximo. Entrando en la recta decisiva de la carrera electoral para la Casa Blanca, Biden calcula igualmente cómo controlar a un cada vez más díscolo Netanyahu que ha iniciado con la guerra en Gaza una huida hacia adelante de proporciones imprevisibles tanto en el terreno militar como en el político y diplomático.

Pero el primer ministro israelí también juega sus cartas en las elecciones estadounidenses, buscando prorrogar la guerra ante la posibilidad del retorno de su «amigo» Trump a la Casa Blanca, visible defensor de las tesis revisionistas nacionalistas y supremacistas israelíes. La sintonía entre Trump y Netanyahu ya se hizo patente durante el mandato presidencial del hoy candidato republicano (2017-2021) y que se confirmaron ante la apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén, la política anti iraní de Trump y su indiferencia ante la situación de los palestinos.

Sea cual sea el resultado electoral de noviembre en EEUU, Netanyahu seguirá teniendo las espaldas cubiertas incluso si su gobierno llegase igualmente a confrontar problemas internos vía protestas sociales y militares ante la indefinición de una guerra en Gaza cada vez más estéril y catastrófica, donde Hamás no parece dar síntomas de sucumbir e Irán entra cada vez más en juego. Unas protestas que ya tienen una dimensión regional por sus efectos humanitarios y socioeconómicos, tal y como se ha observado estos días con las manifestaciones en Jordania.

En la historia bíblica se reseña la conversión al cristianismo de Saulo de Tarso (posteriormente San Pablo) durante el Camino a Damasco. En el caso de Netanyahu, su particular «Camino a Damasco» nada tiene que ver con una conversión religiosa pero sí con una reconversión de alianzas y prioridades geopolíticas.

Contrariado ante el punto bajo de sus relaciones con Biden, el eficaz ataque ordenado por Netanyahu al Consulado iraní en la capital siria y la posterior respuesta iraní atacando  territorio israelí recompuso de inmediato la fluidez de esas relaciones con Washington volviendo al punto original de la necesidad de afianzar la alianza estratégica contra el enemigo común.

Más allá de la difícil coyuntura y el clima de cierta tirantez en sus relaciones con Washington, Netanyahu y el establishment político y militar israelí son conscientes de que estas alianzas estratégicas siguen teniendo un peso irreversible. Y más todavía si en el horizonte se avecina el retorno de Trump.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina.

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