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GUAYANA ESEQUIBA: COMPARECER ANTE LA CORTE, NO HAY VUELTA ATRÁS (AUNQUE SEA BAJO PROTESTA)

Abraham Gómez R.*

A través de los tantos foros-chats que hemos venido haciendo. así, además, en conferencias dictadas en las universidades e instituciones culturales; en nuestras entrevistas para los medios y en las distintas plataformas tecnológicas; como también, en las redes sociales. En todos esos intercambios de opiniones y consultas —que son bastantes— nos hacen las mismas preguntas:

¿Entonces, ya Venezuela le confirió competencia a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que proceda a conocer el fondo del pleito histórico que hemos confrontado con los ingleses y con Guyana?

¿Estamos obligados a discernir con la contraparte por ante esa instancia?

Las respuestas que estamos ofreciendo resultan invariables y que nos satisface explicarlas una vez más.

Prestemos atención. Nuestro país, que se había manifestado reacio a reconocer jurisdicción y competencia al mencionado Alto Tribunal, procedió recientemente —07 de junio de este año— a dar muestras significativas e inequívocas de querer hacerse parte del Proceso. ¿Por qué? Por cuanto introdujo el acto procesal denominado Excepción Preliminar, en cuyo contenido pide a la Sala Juzgadora que no admita la demanda que nos hizo Guyana, e inmediatamente informa y consigna los nombres de quienes han sido designados agente y coagentes; es decir, los representantes por Venezuela en tal juicio.

Ambas manifestaciones lucen y resultan interesantísimas (Excepción Preliminar y la formalización de nuestros delegados); dado que las mismas configuran un Acto Concluyente de nuestra parte; admitido doctrinalmente, como:

la expresión latina facta concludentia (Actos Concluyentes), constituyen los hechos voluntarios que, sin tener por finalidad directa manifestar una voluntad de consentimiento, permiten presumir justificadamente que, a través de aquéllos, se ha pretendido dejar establecido un compromiso. Se trata de la manifestación tácita de la voluntad de intervenir interesadamente que, en todo caso, ha de adoptar una forma distinta a la palabra o el escrito. Se trata de actos o comportamientos en general que no declaran por sí mismos una voluntad de participar, pero de los cuales se infiere que existe tal voluntad”.

Sin lugar a dudas que exteriorizamos —para este juicio—  un Acto Concluyente (por escrito); lo cual no tiene nada de malo o pecaminoso. Al parecer, con tal Acto Concluyente damos consentimiento y nos obligamos.

A partir de sus respectivas juramentaciones, nuestro agente, el historiador Samuel Moncada y los coagentes, el internacionalista Félix Plasencia y la abogada especialista en Derecho Penal Elsy Rosario tienen la inmensa responsabilidad de concitar a las mejores inteligencias del país, a los  estudiosos de esta controversia centenaria, explorar y consultar a las instituciones pertinentes, a  las universidades, a las Academias con la finalidad de conformar una comisión multidisciplinaria, cuyo objetivo esencial será el diseño estratégico y la redacción del Memorial de Contestación de la Demanda, que se consignaría ante la Corte,  el 08 de marzo del próximo año (si así lo decide el Jefe de Estado; porque es su atribución constitucional).

Nuestra honorable representación debe estar documentada históricamente, apertrechada jurídica y cartográficamente y preparada discursivamente para argumentar en la narrativa de los hechos y en los  Actos de Probanza frente a la contraparte guyanesa; que sabemos está integrada por su ministro de relaciones exteriores Hugh Hilton Todd y sus coagentes el iraní Payam Akhavam y el ex canciller guyanés Shridath Ramphal, quienes han declarado de manera abierta que —habiendo llegado la contención a la CIJ— ellos se van a mantener en ese escenario, con la aviesa intención de procurar una sentencia rápida y sin más dilaciones, que les favorezca. Andan anudando una “ayudita” de algunos países y otros entes, caso de la Commonwealth y Caricom.

En resumidas cuentas, Guyana nunca ha querido (y ahora menos) una negociación directa para alcanzar una solución práctica y satisfactoria al litigio, por mandato expreso del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

Nosotros manejábamos el criterio de que la controversia por la Guayana Esequiba, podía seguirse dirimiendo mediante la figura del Buen Oficiante, que es en sentido estricto un recurso legítimo y admitido, para esta contención, conforme al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

De cualquier forma, a nada de sus vilezas o maniobras les tememos.

Tenemos bastantes pruebas intrínsecas y extrínsecas para demostrar que la decisión, Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899 constituyó en sí misma una perversa añagaza y una vulgar componenda para perpetrarle a Venezuela el despojo de una séptima parte de su geografía nacional.

Hemos dicho a la contraparte guyanesa que cualquier ardid que pretendan intentar nuevamente contra nuestro país, conseguirá a toda la población venezolana unida, sólidamente compacta, para denunciarlos en la comunidad internacional.

Así las cosas, primero —exponemos nosotros— debe Guyana dar respuesta con observaciones y conclusiones a la Excepción Preliminar de inadmisibilidad a la acción que interpusieron contra nosotros; para lo cual tienen plazo, fijado por la Corte, hasta el 07 de octubre de este año.

 Según lo que la contraparte observe y concluya de la Excepción preliminar; y lo que la Corte determine al respecto, nosotros iremos fijando nuestras propias estrategias

Siguen vigentes nuestras expresas recomendaciones, en el sentido de que debemos apersonarnos ante la CIJ, el día para el cual fuimos citados. Vamos a comparecer con todas nuestras pruebas, que desmontarán la patraña urdida por ingleses, norteamericanos el juez ruso DeMartens, un vulgar prevaricador.

Estamos conscientes que nuestro país, como Estado-Parte, no ha dado su consentimiento directo (a pesar del Acto Concluyente explicitado, arriba) para que se lleve adelante tal Proceso jurídico; mucho menos haber suscrito —con antelación— cláusulas compromisorias.

En mi modesta apreciación, nos encontramos —nada más y nada menos— que imbuidos y montados en el juicio; por lo cual, señaladamente clarifico que esta acción de juzgamiento no se paralizará por ausencia de alguna de los concernidos directos. Y que incluso, de acuerdo con el artículo (53) del Estatuto de la CIJ, puede llegar a haber resolución sentencial, así alguna delegación no se haga presente.

Vamos a la Corte, aunque sea bajo protesta.

Por supuesto, para resolver en ausencia de alguna representación estatal —porque invoque no comparecencia— antes debe la Corte examinar —muy bien— los contenidos de los artículos 36 y 37 de su propio Estatuto, para asegurarse “de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho”.

Precisamente, la justificación de nuestra Excepción Preliminar estriba en que consideramos que tal demanda no calza los elementos de un Debido Proceso. Por eso pedimos que no sea admitida. Estamos haciendo valer nuestros derechos procesales.

El  Alto tribunal de la Haya —como ya se sabe— el 18 de diciembre del año 2020, admitió su jurisdicción y competencia ( en una resolución rara, pero inevadible) para proceder a conocer forma y fondo en este pleito, conforme a la demanda, contra nuestro país; cuya pretensión procesal (contenida en su petitorio) resultará fácilmente desmontable para la delegación venezolana, si  se determina nuestra  comparecencia y hacernos parte del juicio; por cuanto, hasta el día de hoy, la excolonia británica  no posee el menor asidero histórico, cartográfico, ni jurídico de lo que en el escrito solicitan a la Sala Juzgadora de la Organización de las Naciones Unidas.

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

 

GUAYANA ESEQUIBA: ACTO CONTRARIO A DERECHO, NUNCA GENERA DERECHO

Abraham Gómez R.*

Venezuela ha tenido al Laudo y todo cuanto allí se hizo, el 3 de octubre de 1899 —cuando se perpetró la conocida abominación y arrebato contra nuestro país— como un acto de nulidad absoluta.

Nulo de pleno derecho. Insubsanable.

La nulidad absoluta —ipso jure— acarrea las consecuencias más graves que puede sufrir un acto procesal.

La sentencia engañosa que nos ha causado daños y perjuicios, por más de cien años, nunca ha tenido validez ni fuerza oponible a nada. Se encuentra en completa inexistencia —en su materialización dispositiva—, por estar inmersa en inaceptables vicios jurisdiccionales, insaneables.

La nulidad absoluta de la decisión arbitral nace desde el mismo momento cuando se omitieron requisitos y presupuestos procesales necesarios para lograr su objetivo.

También ocurrió cuando se nos colocó, siendo parte interesada y concernida, en una situación de indefensión; inclusive a partir del Tratado de Washington de 1897.

Hemos reafirmado históricamente que la calificación de nulidad del Laudo Arbitral de París se la atribuimos y existe desde el propio instante de la celebración de ese espurio «acto decisional»; así entonces, nos permitimos aclarar que la nulidad del citado adefesio jurídico comporta, en sí mismo un resultado sin arreglos posibles y no un proceso en procura de algunos objetivos más o menos considerables.

Hemos dicho, muchas veces  en todas nuestras conferencias en las universidades, que si la Corte se dispone a examinar los hechos en estricto derecho; y que si la citada resolución tramposa es el objeto de fondo de la segunda etapa del Proceso ante la Corte, se le presenta la mejor ocasión a nuestra delegación para denunciar la perversión jurídica de la cual fuimos víctima; y desenmascarar a la Parte guyanesa, que no ha hecho otra cosa que pretender torcer tamaña e inocultable realidad histórica para sus propios intereses en comparsa con insaciables empresas transnacionales.

Guyana aspira ganar sin las mejores cartas, ni tener con qué; y nosotros solicitamos e invocamos que la Corte haga justicia al hacernos justicia.

El pasado 7 de junio, introdujimos una Excepción Preliminar pidiendo que la Corte Internacional de Justicia no admita la demanda que nos interpuso Guyana, por cuanto, consideramos que tal iniciativa procesal de la excolonia británica no calza los elementos exigibles para un Debido Proceso de esta naturaleza.

Esperaremos los resultados de las observaciones y conclusiones que, respecto a tal Excepción Preliminar, la Sala Juzgadora solicitó a Guyana.

La expresión que hemos venido divulgando “no hay nada de qué temer”, no constituye un exagerado optimismo o una salida con efecto placebo.

Lo que decimos, lo divulgamos con sobrada justificación, porque poseemos los Justos Títulos que respaldan lo que pronto mostraremos y demostraremos —aportación de Parte— ante el Alto Tribunal de La Haya.

Qué expondremos. Nada más y nada menos que la más grande tropelía que se haya perpetrado contra un país pobre e indefenso para la época, frente a la arrogancia y soberbia del Imperio Inglés.

Hoy se hace preciso destacar el significativo aporte para el mundo del reconocido jurista sueco Gillis Weter, quien, en un enjundioso estudio de cinco tomos denominado «Los Procedimientos Internacionales de Arbitraje» (Edición-1979); precisamente en su 3er. tomo, dedicado al arbitraje entre Venezuela y la Gran Bretaña, concluye que:

«…Ese laudo Arbitral constituye el obstáculo fundamental para que se consolide la fe de los pueblos en el arbitraje y en la solución de controversias por vías pacíficas. Tal sentencia adolece de serios vicios procesales y sustantivos, y fue objeto de una componenda de tipo político».

Cada vez que profundizamos, una y otra vez, en examinaciones al Laudo Arbitral, conseguimos muchas causales para desecharlo y preguntarnos —en purísima realidad— sobre qué elementos objetivos se atreverá a preparar la Motivación y Fundamentación la Corte para una posible sentencia.

Jamás podemos imaginarnos; resulta impensable en estricto derecho, que ese Laudo —como pide la contraparte guyanesa— puede producir Cosa Juzgada (res Judicata), cuya fuerza sea oponible a Venezuela; en el supuesto de que nuestro país se haga Parte del Juicio, y conceda competencia a la Corte Internacional de Justicia, para el 8 de marzo del próximo año, cuando hemos sido citados a consignar el Memorial de Contestación de la demanda.

Cabe aquí desempolvar una antiquísima máxima del Derecho Romano, que cobra validez y vigencia en el Derecho Internacional Público: «Lo que ha resultado nulo desde su inicio, no puede ser convalidado por el transcurso del tiempo».

Encontrándonos en las proximidades de otra posible sentencia, nos vemos obligados a diseñar como equipo representativo del Estado venezolano, las más eficientes estrategias para hacer todas las alegaciones que sean necesarias, oportunas y pertinentes —damos por sentado que Venezuela se hará parte del juicio y manifestará el consentimiento de obligarse— para demostrar y probar , con suficiente contundencia, que la decisión arbitral —de ingrata recordación— de 1899, constituyó una aberración, perpetradora del vil despojo de 159.500 km2, de nuestra geografía nacional, una séptima parte de la extensión territorial que heredamos históricamente desde 1777.

He dicho de varias maneras y en muchas partes que no debemos rehuir el «combate jurídico» en ciernes.

Entro a explicar el porqué de mi sugerencia: primero, tengamos presente que el juicio no se paralizará así nosotros continuemos invocando la No Comparecencia.

La Corte asomó en su fase previa (admisibilidad de jurisdicción) que está dispuesta inclusive a sentenciar en ausencia de alguna de las partes , basada en el artículo (53) de su propio Estatuto.

De tal manera que nuestra diligencia debe regirse, en lo inmediato, a conformar el mejor de los equipos con carácter multidisciplinario para atender el litigio, en esta delicada etapa, tanto en el sitio de los acontecimientos (La Haya), como dentro del país.

Debemos provocar y convocar asambleas de compatriotas; actividades en conjunto con visitas a los medios de comunicación para informar y deliberar sobre este pleito histórico.

Otra diligencia que debe practicarse, con prontitud, es la designación del juez ad-hoc —por nuestra parte— que se incorporará al corpus del Jurado Sentenciador, conforme lo contempla el Estatuto de la CIJ.

Pedimos al Dr. Samuel Moncada —agente designado por el Ejecutivo Nacional— y a los coagentes Dr. Félix Plasencia y profesora Elsys Rosario que desplieguen mayor participación informativa, a través de los medios y en la red, para que el país se mantenga enterado de todo cuanto ustedes están haciendo, en este asunto litigioso, que concita la unión y la solidaridad de toda Venezuela.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.

GUAYANA ESEQUIBA: NO DEPENDE DE NOSOTROS ACELERAR O RETRASAR EL JUICIO

Abraham Gómez R.*

La Guayana Esequiba constituye un territorio con incalculables riquezas mineras, hídricas, forestales, energéticas, edafológicas, petroleras etc. Territorio muchísimo más grande que algunos países europeos, asiáticos y centroamericanos. Con extraordinario potencial de desarrollo sostenible.

En el concierto de las relaciones internacionales, lamentablemente los países no tienen amigos sino intereses; y esta zona está siendo considerada de un extraordinario potencial por las reservas probadas y calidad de los recursos petrolíferos, la ubicación geoestratégica y su proyección e interconexión con los países de Suramérica.

Debemos reconocer que no sólo EE.UU. tiene las manos metidas allí, a través de la EXXON y la CGX; sino también está operando la CNOOC de la China, la SHELL de Holanda, la ANADARKO de Canadá. Son muchísimas que saben, por exploraciones científicas, lo que allí está en juego.

Este territorio nos lo arrebataron. Fuimos vilmente despojados con el denominado Laudo Arbitral de París de 1899, que desde entonces calificamos tal documento de írrito y nulo.

Hemos estado reclamando para nuestra Nación venezolana la devolución de la Guayana Esequiba; algunas veces con ímpetus, otras con flaquezas y debilidades. Aceptemos la anterior autocrítica.

Los reclamos que hemos intentado por vías diplomáticas, políticas y jurídicas no están sustentados en caprichos chauvinistas, reacciones intemperantes, desproporcionadas o injustas.

Hemos explicado en las instancias internacionales correspondientes las razones y argumentos sociohistóricos, cartográficas y jurídicos que nos asisten

He hecho esta severa advertencia en todas mis conferencias —presenciales y on-line—, en los siguientes términos: sería desastroso si nos peleamos internamente; si cada quien cree que le puede sacar provecho para su parcela política-partidista o si cometemos el grave error de ausentamos de la Corte; porque, de todas maneras, el juicio sigue su curso.

No hay vuelta atrás. La Corte podría llegar a sentenciar sin nuestra comparecencia.

Insisto en señalar que debemos reforzar la estructuración, sin recelos ni mezquindades, de un bloque de defensa compacto, para contrarrestar las acechanzas de la Parte que nos rivaliza, a causa de las acciones unilaterales, en contra nuestra, que ellos interpusieron en la Corte.

La contención por la Guayana Esequiba rebasa los egos individualistas mal curados, los particularismos confesionales, raciales o de cualquier otra índole. Este caso nos necesita unidos como país, con criterios unánimes.

Por lo que pueda venir, en todo caso, debemos mantenernos sólidamente comprometidos con nuestra venezolanidad y en pro de la Guayana Esequiba y de los Esequibanos. Ha aflorado muy buena expectativa y conciencia en toda Venezuela

Destacamos la labor de las ONG que han sido creadas para adelantar hermosas actividades al respecto; así, además, hacemos el reconocimiento debido al Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela; lo propio cabe para el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales(COVRI), para la Fundación Venezuela Esequiba en su insistente afán de concienciación; igualmente la determinante posición de La Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Nos llena de orgullo la tarea que viene cumpliendo la Comisión Presidencial en Defensa del Esequibo, bajo la admirable conducción del Dr. Hermánn Escarrá. Todos en una sola motivación y propósito, de esfuerzos elogiadamente ponderados; lo cual constituye un ejemplo de lucha sostenida sin actitudes atrabiliarias o estrepitosas; porque, aquí se requiere talento y densidad en la formación documental y doctrinaria, para insistir en la reclamación y defender en la Corte Internacional Justicia o donde haya lugar lo que honradamente siempre ha sido nuestro, y que vilmente nos arrebataron, en una tratativa perversa mediante añagazas jurídicas.

Este caso litigioso estamos obligados a estudiarlo y manejarlo invocando la solidaridad de toda la población venezolana; concitando las mejores voluntades e inteligencias. Hablándole claro a la gente sobre lo que estamos enfrentando.

Si asistimos a la Corte a hacernos parte del juicio o invocamos nuevamente la no comparecencia (error que cometeríamos otra vez); en uno u otro caso, ni aceleraríamos ni retrasaríamos el proceso jurisdiccional.

 La solución de las controversias entre Estados tiene su propia dinámica, conforme al Estatuto y Reglamento de la Corte Internacional de Justicia.

Sin embargo, me permito hacer una sana crítica al respecto. Cuando nos decidimos por la no comparecencia ante la mencionada Sala Juzgadora, luego de la demanda que interpuso el gobierno guyanés contra Venezuela, estábamos convencidos que tal hecho constituiría una estrategia temporaria.

Invocar la no comparecencia, como lo hizo nuestra delegación, resultó, ciertamente, una postura —para ese momento— adecuada e inteligente; porque evitó que los coagentes de la excolonia británica se salieran con la suya en la celada tendida. Fue, ciertamente, una deleznable emboscada jurídica que nos hicieron en marzo del 2018.

Es verdad que la no comparecencia nos dio un respiro, pero no aportó un último desenlace en esta histórica controversia. Ni retrasó ni aceleró el proceso.

La No Comparecencia es un instrumento, legítimamente consagrado en el Derecho Internacional Público; mediante el cual un Estado no acepta la competencia de la CIJ.

En nuestro caso, no admitíamos como buena y propia esa Corte, porque no somos firmantes del Pacto de Bogotá de 1948. Tampoco, fuimos consultados, como debió hacerse, por la contraparte en este asunto litigioso para llevar esta controversia hasta allá.

Mucha atención con lo que expresaré —con toda responsabilidad— a continuación: cuando designamos un agente y dos coagentes para que asuman la función de representarnos en el juicio, e inmediatamente procedimos a introducir, en ese Cuerpo Jurisdiccional —el 7 de junio de este año— una Excepción Preliminar de inadmisibilidad de la demanda, estamos en presencia y aplica para nosotros el denominado en el Derecho Internacional, como Acto Concluyente; con lo cual —automática y directamente— pasamos a conferirle competencia a la Corte para conocer el fondo de este pleito.

La Corte concedió plazo a Guyana hasta el 7 de octubre del 2022, para que haga las observaciones y conclusiones a la Excepción Preliminar que formuló Venezuela. Esperemos tales resultados.

De tal manera que el gobierno venezolano exteriorizó su tácita voluntad de participar en el juicio que cursa por ante la Sala Juzgadora de la ONU.

¿Entonces, vamos al juicio en La Haya, el gobierno le concedió la competencia a la Corte para que juzgue en esta controversia, con esto aceleramos la sentencia?

Preguntas que nos hacen en todas partes y que acabo de responder en el párrafo anterior y que refuerzo mi apreciación con lo que tiene dicho la Doctrina al respecto: «actos concluyentes (facta concludentia) son aquellos comportamientos mediante los cuales no se declara abiertamente la disposición de hacerse parte, pero se infiere; porque, develan manifestaciones suficientemente significativas e inequívocas; que, sin prefigurar una finalidad directa, permiten presumir justificadamente que, a través de aquéllos, se ha pretendido dejar establecido un compromiso».

De tal manera —según mi modesta apreciación— que el gobierno venezolano expresó su tácita voluntad de participar en el juicio que cursa por ante la citada Entidad Sentenciadora. Nada malo (o pecaminoso) hay sobre el particular; solo que estamos obligados a prepararnos.

Nuestra Constitución Nacional consagra en su artículo 236, numeral cuarto, que dentro de las atribuciones y obligaciones del Presidente de la República está precisamente dirigir las Relaciones Exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales.

Para el 8 de marzo del año 2023, cuando el Jefe de Estado —por cuanto es su facultad constitucional o posibilidad de opción— determine la comparecencia o no de Venezuela, para hacernos parte del juicio, será densa la alforja de Títulos históricos y jurídicos (que no admiten pruebas en contrario) que presentaremos para la examinación e investigación por parte del Jurado sentenciador de la Corte Internacional de Justicia.

La experiencia (y todas las investigaciones documentales que hemos hecho de contenciones similares) nos señala que los lapsos para los arreglos de pleitos interestatales conllevan implícitos sus propios ritmos y dinámicas.

Nosotros ni aceleraremos ni retrasaremos un proceso de tal naturaleza.  Lo que si considero y estamos seguros es que no tenemos tiempo que desperdiciar. Contrariamente, hay que aprovechar al máximo todo cuanto esté a nuestro alcance para reforzar los argumentos de probanza; obviamente, con la ya mencionada condicionante: siempre y cuando el Jefe de Estado autorice a la delegación venezolana para la personación jurídica en ese Alto Tribunal.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.