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PROGRAMA HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ: CAMBIOS Y CONTINUIDADES DEL MODELO AGROEXPORTADOR

Cristian Oszust*

La Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP) es la vía acuática de origen natural conformada por la confluencia de estos dos ríos que, a vistas de aprovechamiento económico, se los ha explotado usándolos como corredores para el transporte fluvial. Cuenta con una extensión de 3.442 km de largo comprendidos entre Puerto Cáceres (Brasil) en su extremo norte y Puerto Nueva Palmira (Uruguay) en su extremo sur.

Esta vía viene siendo utilizada en las últimas décadas para uso comercial y abaratamiento logístico, ya que la unión entre los ríos Paraguay y Paraná comunica a diferentes núcleos productivos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Estas particularidades le aportan significancia para el traslado de mercancías con destino de comercio internacional, como también para el desarrollo de diversos sectores productivos de economías regionales, debido a que en su recorrido sobre el territorio argentino, conecta a varias provincias de mayor riqueza, como el norte de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones incrementando el protagonismo agro exportador de la región, principalmente desde el área portuaria y el cordón industrial del Gran Rosario.

En 1995 se puso en marcha el Programa HPP luego de previos avances en tratados de cooperación e integración regional entre las diferentes naciones sudamericanas. Entre los objetivos que se propuso dicho programa, se buscaba favorecer el comercio, estimular el flujo de exportación e importación, proporcionar una salida hacia el mar para los países limítrofes y dinamizar la actividad portuaria mediante el cobro de peajes, contratación de servicios y estadías en el puerto.

Este artículo pretende revisar si la implementación del sistema navegable HPP instaura una nueva etapa económica y productiva en Argentina; o si es una fase complementaria a la que se venía desarrollando y que es conocida en la historiografía como el “modelo agroexportador”.

Para comenzar a abordar la dinámica tanto del polo regional productivo que se estableció en dicha área, como del programa interregional HPP, se necesitará hacer una observación desde diferentes enfoques. Será útil entonces que la temática se interprete desde algunas dimensiones que refieran a lo agroindustrial y a lo agro comercial impulsado por el Estado, pero con fuerte participación de capitales privados, y no como una simple cuestión en donde confluyeron casualmente diversos factores.

Para ello se procederá a recorrer los antecedentes históricos dentro de una extensión geográfica denominada como área metropolitana del Gran Rosario, región que se la puede delimitar dentro de un alcance de 70 km de costa sobre el Río Paraná que comprende desde la localidad de Timbúes hasta Arroyo Seco, donde actualmente convergen y se engloban un total de veintinueve (29) terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas. Como también, por otra parte, se procurará conocer en qué consiste el programa HPP y el interés que se le otorga a este proyecto para la integración económica y los regionalismos productivos.

I. El origen de un modelo económico y el ferrocarril

La etapa histórica de Argentina, conocida como “modelo agroexportador” que se desarrolló entre los años 1880 y 1914, es el período que consistió en la implementación de la ganadería, el desarrollo de cultivos y de la explotación de materias primas provenientes del agro para fines de exportación. Siendo ésta la principal actividad y fuente de ingresos que tenía el país, se instauró un importante flujo económico, de comercio exterior y financiero que tuvo al Reino Unido como principal socio.

Desde su origen, este modelo articula con la dinámica productiva que ubicaba a los países centrales como productores de bienes y a los países y territorios periféricos en su rol de proveedores de materias primas, similar al que ocupaba la América hispana durante la colonia. Es decir, en ese contexto el protagonismo de las economías de los distintos países se ajustaba a la “Teoría de las ventajas comparativas” del economista inglés David Ricardo, que consistía en que cada país debía especializarse y exportar aquello que sabe hacer mejor que el resto, por contar con esas ventajas respecto de otros países con los que comercializaba.

Para que esta lógica internacional y juegos de roles haya sido posible en Argentina, fueron necesarias dos particularidades. La primera tiene que ver con la cantidad y disponibilidad de tierras aptas para la implementación de la ganadería y la agricultura. La segunda, con la inversión extranjera en infraestructura (ferrocarriles principalmente) que posibilitara el traslado de las mercaderías desde regiones interiores del territorio hasta los puertos, y desde los puertos, al destino.

Con respecto al primer punto ―la disponibilidad de tierras―, debemos remitirnos al origen del Estado argentino y exponer las evidencias que la historiografía guarda. De esta manera, se afirma que entre 1833 y 1834, luego de terminar su primera gobernación de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, llevó a cabo la primera campaña de conquista territorial financiada por esa provincia y los estancieros bonaerenses que estaban preocupados por la amenaza indígena nativa sobre sus propiedades. Se debe reconocer que la expedición también contó con el apoyo de las provincias de Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza. A partir de allí y hasta la caída de Rosas se vivió en una relativa tranquilidad en las fronteras con “el indio”, sin embargo, la consolidación del Estado Nacional pronto comenzó a exigir la delimitación de las fronteras con los países vecinos. Así entonces, la región que hoy ocupa la Patagonia en el sur argentino fue motivo de rivalidad durante décadas con Chile. Es decir, en otras palabras, además de enfrentamiento interno con la población originaria, hubo que disputar el dominio del territorio con fuerzas externas limítrofes. Fueron esas las razones por las que, a finales de la década de 1870, Julio A. Roca bajo su rol de ministro de guerra, comandó lo que en historia se conoce como la “Conquista del desierto”, plan que consistió en expandir el territorio comprendido entre el sur de la Provincia de Buenos Aires hasta lo que hoy se conoce como la ciudad de Bariloche.

Por otro lado, en cuanto a lo vinculado con el ferrocarril hay que mencionar que este medio de transporte representó el principal avance tecnológico en el mundo durante el siglo XIX, tanto en comunicación como en el traslado de mano de obra, y que en nuestro país estuvo impulsado por capitales privados mayormente de origen inglés y francés. Las compañías inversoras no sólo estuvieron a cargo de la construcción de los ramales ferroviarios, sino que también ejercieron la explotación de los servicios. De esta forma, una extensa red ferroviaria fue desarrollándose por el territorio argentino a partir de concesiones individuales de tierras fiscales a las firmas británicas y francesas,  que implantaron diversos trazados e instalaciones en función de sus propios criterios económicos, pero autorizados y avalados por los intereses políticos gobernantes de la época.

Habiendo hecho una descripción de ambas particularidades (disponibilidad de tierra y ferrocarril como inversión extranjera), que estuvieron estrechamente interrelacionadas y fueron esenciales para la implementación y éxito del “Granero del mundo”, podríamos pasar a describir y analizar cómo se desarrolló esa dinámica a nivel regional sur santafesino.

La conexión ferroviaria entre el puerto de Rosario y Puerto Belgrano

El desarrollo de la zona portuaria de Rosario, está marcada por varios hitos. “En 1902 un consorcio francés integrado por la metalúrgica Schneider et Cie., la constructora Hersent y los bancos Bénard et Jarislowsky y Crédit Mobilier como financistas, conformaron la Compagnie du Port de Rosario, que ganó la concesión para mejorar y explotar el puerto de Rosario, sobre el río Paraná”[1]. Poco a poco Rosario se fue desenvolviendo económicamente como un núcleo de actividades portuarias con una notable participación de exportación de cereales, dada su ubicación estratégica en la pampa húmeda. Sin embargo, debido a la poca profundidad del río en esa época, sumado a la competitividad que había con los tendidos ferroviarios ingleses, la firma que administraba y explotaba el puerto decidió extender el negocio hasta el sur bonaerense, uniendo Rosario a otra área más rentable con mayores volúmenes de exportación por contar con una salida directa al mar. Fue así entonces que la actividad portuaria rosarina quedó conectada con Puerto Belgrano[2], situado sobre el océano Atlántico aproximadamente a 30 kilómetros antes del puerto de Bahía Blanca. Dicha conexión fue implementada mediante una línea ferroviaria de capitales franceses conocida como Rosario & Puerto Belgrano Railway[3].

Se debe resaltar también que la construcción de las grandes infraestructuras ferro portuarias, se enmarca dentro de un contexto de expansión económica y desarrollo capitalista acelerado a grandes escalas de finales del siglo XVIII y principios del siglo siguiente. En otras palabras, en ese período Reino Unido. ya no solo se había propuesto ser el “taller del mundo”, sino que también pasó a ser el principal acreedor financiero mundial colocando sus excedentes en inversiones de transporte en las naciones recientemente independizadas.

Como fue mencionado, ante el dilema de la operatividad portuaria en la región de Rosario, a causa de la localización, la profundidad del río y la capacidad de carga de los buques, las exportaciones eran desplazadas a sitios con accesibilidad marítima más fluida (región Bahía Blanca). Por lo que no caben dudas que teniendo ese escenario, se haya replanteado qué hacer con la actividad portuaria en la región; es decir, una búsqueda de soluciones para transformar a Rosario en un polo agroexportador con acceso seguro para buques de mayor porte.

En efecto, la optimización portuaria y el rediseño logístico que hoy puede verse a través de récords en volúmenes de exportaciones no es exclusivamente de lo que se extrae de la pampa agroganadera; es más bien el resultado de la expansión de la frontera agrícola que se ha desplazado paulatinamente, como también de la fuerte radicación de multinacionales a lo largo del cordón metropolitano del Gran Rosario durante la década de 1990.

Sólo para aportar datos que ayuden a dimensionar la relevancia de esta región, se calcula que en la actualidad más del 80% de las exportaciones argentinas transitan por la HPP, principalmente las que provienen de la agroindustria. “Solo en el año 2020, en los puertos de la provincia de Santa Fe se embarcaron casi 71 millones de toneladas de granos, subproductos y aceites; en tanto que para el mismo año arribaron las instalaciones portuarias santafesinas casi 2.500 buques de ultramar y alrededor de 3.000 barcazas”.[4]

Con respecto a lo desarrollado hasta el momento y habiendo repasado cuestiones históricas en relación con el origen del Estado y la instauración de un modelo económico prominente, estamos en condiciones de afirmar que las formas de dominio, apropiación y disponibilidad de las tierras, sumado al aporte de las inversiones extranjeras, pasarían a ser los cimientos que garantizarían la estructura de la principal actividad económica de ingresos de divisas que tiene Argentina hasta el presente. Así mismo, para sumarle más actualidad a esta revisión debemos retomar a lo que se propuso al inicio de este artículo: revisar si la implementación del sistema navegable Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP), instaura una nueva etapa económica y productiva en Argentina; o si es una fase complementaria a lo que se venía desarrollando y que es conocido históricamente como el “modelo agroexportador”.

II. La relevancia de la Hidrovía Paraguay – Paraná para la integración regional

Habiendo hecho un reconocimiento tanto del área geográfica, como de la temporalidad de diferentes sucesos históricos, nos abocaremos a entender a qué refiere puntualmente el programa HPP.

Ya se hizo al inicio referencia respecto de su extensión de 3.442 km, desde Puerto Cáceres (Brasil) en su extremo norte y Puerto Nueva Palmira (Uruguay) en su extremo sur, y del valor que tiene esta vía acuática para varias provincias argentinas. Sin embargo, la relevancia del programa HPP trasciende el territorio al que nos venimos refiriendo (Gran Rosario) y además, comunica a diferentes núcleos productivos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Para lograr interpretar su significancia respecto de la integración regional, se puede comprender a este reservorio fluvial como una parte inserta dentro de un gran sistema hídrico denominado “Cuenca del Plata”[5], que comprende a una inmensa región estimada en tres millones de kilómetros cuadrados de superficie, cuyas aguas terminan su curso en el Río de la Plata y que constituye una de las reservas hídricas más importantes del mundo por su biodiversidad, riqueza de sus territorios y el abundante caudal de los ríos. Este valioso territorio muestra tener importancia geopolítica desde la conquista española con la explotación y extracción de minerales, hasta el presente con la desenfrenada expansión de la frontera agrícola para la siembra (de soja mayormente). Por otra parte, se debe resaltar que este patrimonio económico suramericano dio origen a cuestiones trascendentales como “territorialidad” y “soberanía”; y a disputas políticas respecto de discusiones entre establecer “proteccionismo”, o ausentismo estatal y “laissez faire”.

Consideremos ahora plantear dos cuestiones para ahondar el análisis. La primera, que tenga relación a los antecedentes que confluyeron luego de la constitución del programa HPP. La segunda, referida a lo esencial del proyecto, que son las ventajas en cuestión de transporte fluvial cuya finalidad es reducir costos de traslado de mercancías respecto a otros medios transportadores.

Antecedentes y constitución del programa HPP

Según información que reúne la Organización de los Estados Americanos (OEA), fue con la Conferencia de Cancilleres de Buenos Aires de 1967, en donde se dio el primer paso institucional creando el Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (CIC), con sede en Buenos Aires. Luego, en 1968 se aprobaron los Estatutos de dicho Comité en la reunión de Cancilleres en Santa Cruz de la Sierra.

En abril de 1969, en la I Reunión Extraordinaria de Cancilleres, celebrada en Brasil se firmó el Tratado de la Cuenca del Plata entre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuya finalidad fue promover programas, estudios y obras en áreas de interés común para los miembros y la adopción de medidas para fomentar la navegación fluvial.

Fue en 1985 cuando se crearon las Contrapartes Técnicas cuya finalidad era tratar asuntos específicos, como el de calidad de agua y alerta hidrológico, en los que se ha logrado algunos resultados importantes con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Otros temas de los que se han ocupado fueron: el estado de suelos, la cooperación fronteriza, el estudio de la navegación y transporte fluvial – terrestre.[6]

Un acontecimiento que acrecentó la unidad regional fue la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur), el 26 de marzo de 1991 mediante el Tratado de Asunción y conformado inicialmente por la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay. El objetivo primordial de este Tratado fue la integración de los Estados Parte a través de la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, el establecimiento de un Arancel Externo Común (AEC) y la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales y la armonización de legislaciones en las áreas pertinentes.

En mayo de 1993, en el marco de la Ley de Reforma del Estado N° 23.696 el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto N° 863/93, mediante el cual facultó al ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (MEOSP), a llamar a licitación pública nacional e internacional, por el régimen de Concesión de Obra Pública para la modernización, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal (VNT) a riesgo empresario.[7]

En febrero de 1995 se aprobó y se reglamentó mediante el decreto N° 253/95, la Concesión de Obra Pública por Peaje, para la Modernización, Ampliación, Operación y Mantenimiento del Sistema de Señalización y Tareas de Redragado y Mantenimiento de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 584 del Río Paraná, tramo exterior de acceso al Puerto de Santa Fe y la zona de aguas profundas naturales, en el Río de La Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 205,3 del Canal Punta Indio, utilizando la ruta por el Canal Ingeniero Emilio Mitre, al oferente Consorcio Jan de Nul N.V. – Kocourek S.A. de Construcciones C.I.F. e I. – Horacio O. Albano Ingeniería y construcciones S.A.C.I.F.I. y EMEPA S.A. Respecto al plazo original del contrato fue establecido en diez (10) años desde la firma del Acta de inicio de la concesión, cuya fecha data del 1° de mayo de 1995[8].

En octubre de 1997, el entonces MEOSP e Hidrovía S.A. suscribieron el Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión, por la cual, entre otras cuestiones, definieron las especificaciones de las obras de dragado y señalización del tramo comprendido entre los kilómetros 205,3 y 239,1 del Canal Punta Indio y acordaron extender el plazo original del Contrato de Concesión por un término de ocho (8) años.

En diciembre de 2002 el entonces Ministerio de la Producción e Hidrovía S.A. celebraron una segunda Acta Acuerdo respecto del referido Contrato de Concesión, aprobada por el Decreto N° 2687/02, en la cual manifestaron coincidir en la necesidad de adecuarlo transitoriamente a los efectos de garantizar los niveles de servicio y asegurar el mantenimiento de la ecuación económica financiera.

Posteriormente, en febrero de 2005 se suscribió una tercera Acta Acuerdo por la cual se obligó a iniciar la obra de profundización de la vía navegable troncal, a un calado de diseño a 34 pies efectivos para el tramo Puerto General San Martín – Océano y de 25 pies para el tramo Puerto General San Martín – Santa Fe; incluyendo la modernización de la señalización. Éstas son las profundidades que garantizan la competitividad y rentabilidad del polo agroindustrial actualmente.

Fue entre los años 2009 y 2010, cuando entre Estado Nacional e Hidrovía SA acordaron nuevamente extender los compromisos. Este dictamen puede leerse claramente tanto en el Acta de Acuerdo de Renegociación emitida el 20 de octubre de 2009, como en el Decreto 113/10 del 21 de enero de 2010, donde se rectificaron los términos y adecuaciones de lo pactado; donde además, se estableció la extensión del plazo del contrato hasta el año 2021[9].

Adelantándose al vencimiento del plazo establecido, en agosto de 2020 se suscribió el Acuerdo Federal Hidrovía entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Transporte, junto a las Provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. Este Acuerdo pretende encontrar mecanismos de participación y trabajo en conjunto con las distintas jurisdicciones, así planificar mejoras para un desarrollo integral, el abaratamiento de los costos, la modernización del sistema portuario y la integración con las demás modalidades de transporte.

Actualmente, año 2023 luego de transcurrir casi 28 años y habiendo finalizado el plazo del acuerdo de concesión el 30 de abril del 2021, el Gobierno Nacional creó a mediados del 2021 conforme al decreto 556/2021 el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, que tendrá la misión de velar por la calidad y la adecuada prestación de los servicios, por lo que actuará como organismo descentralizado con autarquía administrativa, funcional y económico-financiera en el ámbito del Ministerio de Transporte, con personería jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado.

Optimización del transporte fluvial en la Hidrovía

En la actualidad, como se mencionó anteriormente, un alto porcentaje de las exportaciones argentinas transitan por la HPP, principalmente las que provienen de la agroindustria y salen más del 90% de los contenedores. Se afirma que los beneficios obtenidos por el uso de este circuito acuático son exclusivamente económicos y los beneficiarios principales son las terminales portuarias, agro exportadores y empresas transportistas. Solo en el año 2020, en los puertos de la provincia de Santa Fe se embarcaron casi 71 millones de toneladas de granos, subproductos y aceites; en tanto que para el mismo año arribaron las instalaciones portuarias santafesinas casi 2.500 buques de ultramar y alrededor de 3.000 barcazas[10]

Situándonos en el factor logística y a partir de un incremento en la producción agrícola, la implementación del programa HPP contribuyó considerablemente a la idea de reducción de costos del flete. De allí es que nace la importancia de que el Estado tome como prioritario el asunto de su mantenimiento y gestión; esencialmente para asegurar el desarrollo productivo, la competitividad en las exportaciones del sector agrícola e industriales, pero fundamentalmente para el control de los movimientos reales del comercio exterior.

Si pensamos en una integración regional y ampliación de las fronteras productivas, donde sea posible el traslado de mercancías por vías navegables desde puertos más pequeños hacia otros de mayor tamaño como los de Rosario, claramente estamos frente a una estructura de costos más favorable comparadas con otros medios de transporte terrestre, sea por camión o tren.

En dicha integración que abarca una diversidad de polos productivos dentro del área de la Cuenca del Plata, se puede señalar según un informe de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Ganadería (bajo dependencia del Ministerio de Economía desde el 2023), que el tráfico de bajada es mucho mayor que el de subida, a razón de cuatro veces más. Alrededor de 500 embarcaciones de transporte comercial transitan al mes, sobre todo, de nacionalidad argentina, paraguaya y brasileña. La mayoría de las mercancías son commodities, como ser granos, cereales, maderas, por mencionar algunos ejemplos. En tanto que, el tráfico de mayor importancia de subida es el de combustibles (80% del total). “Según la misma fuente citada las principales mercaderías que se transportan son: Granos 31,5%, Cereales 18,2 %, Madera 17,7 %, Cargas pesadas 12,3 %, Fertilizantes 9,4 %, Combustibles líquidos 6,7 %, Combustibles gaseosos 4,2 %. En cuanto a carga pesada, está constituida por minerales de hierro y manganeso que van desde Corumbá a Barranqueras, San Nicolás, Villa Constitución y Nueva Palmira. Los combustibles líquidos que se transportan son petróleo crudo y derivados destinados a Argentina, Paraguay y Bolivia”[11].

Además, es necesario distinguir que Argentina posee un extenso curso de aguas navegables de longitud apreciable que la colocan en una situación privilegiada con respecto a otros países de Latinoamérica e inclusive del Mercosur. Pero que, “pese a estas ventajas, existen ciertos inconvenientes de carácter natural y estructural, por ejemplo, el Río de la Plata es de difícil navegación ya que los canales de ingreso deben dragarse constantemente debido al limo que arrastra el río Paraná a su cauce, como también la variación del ancho del río a lo largo de la vía navegable”[12].

No obstante, y a razón de las obras de infraestructura fluvial (principalmente del dragado y mantenimiento) e inversiones en el complejo agroindustrial del Gran Rosario a partir del año 1995, se observa un incremento del tránsito de buques en su mayoría graneleros en el tramo que va de Santa Fe al océano; como también de buques tanqueros que transportan líquidos, aceites y biodiesel. Según estudios de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), se calculó que en “1996 ingresaron 1.025 buques graneleros por esta ruta fluvial, mientras que 20 años después esa cifra se había elevado a 1.973 buques y que lo mismo sucedió con los buques tanques, ya que en 1996 entraron 733 y en 2015 dicha cifra ascendía a 958 embarcaciones”[13].

Actualmente en Argentina, los sistemas de transporte más convenientes para las exportaciones de granos al mercado internacional son los que están compuestos de barcazas y remolcadores que se caracterizan por tener gran capacidad de carga masiva y varían entre 12.000 y 18.000 toneladas en un solo convoy. Dicho de otra manera, el desarrollo de hidrovías es importante para el crecimiento económico regional debido a que el transporte fluvial presenta mayores ventajas que el transporte ferroviario y/o vial:

    • menor costo de inversión y mantenimiento
    • menor consumo de energía
    • mejor capacidad de carga
    • menores costos de transporte para distancias considerables.

En distancias de hasta 300 km conviene utilizar el camión; de 300 km a 800 km, el ferrocarril y a más de 800 km conviene utilizar el transporte fluvial por barcazas; ya que un tren de barcazas que se compone de 36 barcazas con una capacidad de 1.500 toneladas de granos cada una, transporta en total 54.000 toneladas. Por lo que representa una equivalencia a 1.080 vagones ferroviarios (de 50 t) y a 1.928 camiones (de 28 t)[14].

Es importante recordar que, a partir de 2006, gracias a la renegociación de acuerdos entre las Partes, los buques pueden navegar por la vía navegable troncal desde Puerto General San Martín hasta el océano con 34 pies de calado, más dos pies de seguridad bajo la quilla, dependiendo de la altura en la que se encuentre el río Paraná.

En lo que refiere a la profundidad, previo al Acuerdo de Concesión en 1995, dicho tramo estaba entre los 26 y 28 pies, o menor todavía en algunas partes. “Dadas esas circunstancias, los buques salían incompletos con cargas de entre 25.000 y 30.000 toneladas. Sólo para tener una idea de referencia, un buque Panamax puede cargar entre 60.000 y 70.000 toneladas actualmente”[15].

En síntesis, el dragado y las tareas de mantenimiento de profundización del corredor fluvial, le permitió a Argentina convertirse, dentro del Mercosur pero también en comparación con otros polos agroindustriales, en el país de mayor crecimiento en la industria oleaginosa que en las primeras dos décadas del 2000; mostrando claramente importantes cifras de producción y exportación, posicionando al país como líder en el sector a nivel internacional.

Habiendo expuesto lo anterior y frente a una demanda creciente y constante, es necesario tomar previsiones para asegurar una logística planificada y eficiente. Como señalan algunos expertos en la materia, no sólo habrá que hacer frente al aumento en los volúmenes transportados sino, también, al cambio en el tamaño de los buques que transiten a lo largo de esta vía fluvial.

Debido a que los desafíos a enfrentar y las oportunidades que se presentan para el futuro de nuestro país, son muchos y demandan atención e importancia, se debería pensar a la hidrovía como un recurso estratégico. No solamente desde el punto de vista económico, sino también desde la cuestión soberana y de integración regional, que es un asunto importante de agenda tanto del área pública como de los organismos e instituciones dedicadas al tratamiento de esta.

Reflexión

En el inicio de este artículo se había propuesto revisar si la implementación del sistema navegable Hidrovía Paraguay-Paraná, instauraba una nueva etapa económica y productiva en Argentina; o si constituyó una fase complementaria a lo que se venía desarrollando como el “modelo agroexportador”. Se puede concluir diciendo que se ha llegado a una reflexión ambivalente.

En primer lugar, diremos que si observamos los más de 200 años que tenemos de historia como país independiente, podremos ver que desde el origen del Estado se ha ido desarrollando un modelo económico basado en el uso de la tierra y recursos naturales. Que dicho modelo, conforme avanzaba el tiempo, se fue instaurando fuertemente y fortaleciendo, otorgándole un rol dominante como generador de divisas. También podremos observar, que los ciclos de la economía argentina no han desarticulado dicha matriz, como si lo sufrió reiteradas veces el sector industrial. Es decir, a mayor o menor magnitud, el sector agroexportador concebido desde las conquistas tanto de Rosas como de Roca fue ganando terreno hasta la actualidad, incluyendo la expansión de la frontera agrícola y los desmontes. Estas particularidades (de expansión y consolidación), a mi entender han hecho que este modelo económico pueda ser considerado estructuralmente como un sistema productivo que evoluciona desarrollándose por etapas y que constantemente se extiende, se afianza y se materializa conforme avancen los años en Argentina.

Por otra parte, la información aportada a lo largo de estas reseñas nos permite observar que con la implementación del programa Hidrovía Paraguay – Paraná, se radica dentro del modelo agroexportador, una nueva etapa económica y productiva en Argentina. ¿Por qué se afirma esto?, las razones son varias. Comenzando porque el programa HPP es un proyecto que fue diseñado para intercomunicar a varias naciones mediante un mismo medio – canal; y a la vez, entrelazar diversas áreas productivas provinciales. Además, porque aparecieron otros actores en juego que se introdujeron en la dinámica de la economía argentina: los Estados miembros de la HPP y las inversiones de capitales extranjeros. También, otro factor destacado que caracterizó al período iniciado en el ’95, fue el ingreso de buques de mayor porte a puertos en el interior del territorio argentino; es decir, el traslado que antes hacían los trenes llevando las cargas hasta puertos de la costa atlántica, fue reemplazado con el ingreso de buques gracias a la profundidad obtenida por el dragado de la Hidrovía. En este sentido, recordemos lo mencionado previamente: que antes de la Concesión de 1995 la profundidad rondaba entre los 26 y 28 pies en donde los buques tipo Panamax (70.000 Tn) salían incompletos y que hoy en día la profundidad para el tramo Puerto General San Martín – océano se estima en 34 pies efectivos.

En síntesis, para retomar la afirmación de reflexión ambivalente, considero válidas ambas apreciaciones y a su vez interdependientes una de otra. No se debe pensar al programa Hidrovía Paraguay-Paraná como un proyecto independiente con el cual se inaugura una nueva etapa productiva agroindustrial, sino que debería ser entendido dentro y como parte del “modelo agroexportador”. En tanto que tampoco debería ser considerado como una simple fase complementaria, ya que excede al “granero del mundo”, involucrando a otros regionalismos (suramericanos) e incorporando más capitales externos diversificados en la dinámica económica argentina.

* Licenciado en Comercio Internacional, Universidad Abierta Interamericana, UAI, Sede Regional Rosario.  cristianoszust@gmail.com.

Referencias

[1] CHARLIER, G. (20 y 21 de agosto de 2015). “À la recherche du port perdu: el Ferrocarril Rosario Puerto Belgrano y la búsqueda de una salida al mar en la bahía Blanca”. Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur.  Rosario. Obtenido de: https://repositoriodigital.uns.edu.ar/bitstream/handle/123456789/4098/Chalier.%20Alarechercheduportperdu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[2] Según Chalier (2015) en 1896, el Estado nacional había decidido instalar el llamado Puerto Militar (constituido en Base Naval de Puerto Belgrano desde 1922). Posteriormente, en 1912 empezó a construirse en Puerto Belgrano el denominado Puerto de Arroyo Pareja (hoy Rosales).

[3] Hacer click en Ver Mapa Ferroviario para observar parte del gran tejido ferroviario de principios del Siglo XX. En amarillo el recorrido de Rosario & Puerto Belgrano Railway.

[4] JURADO,  A. (03 marzo de 2021). “La hidrovía Paraná – Paraguay”. Café de las ciudades, #195.  Buenos Aires. Obtenido de: https://cafedelasciudades.com.ar/articulos/la-hidrovia-parana-paraguay/

[5] Hacer click en Ver Mapa Cuencas e Hidrovías para observar la composición de la Cuenca del Plata, las subcuencas y las hidrovías en dicho territorio.

[6] CIC Cuenca del Plata, (2016). Tratado de la Cuenca del Plata y Sistema de la Cuenca del Plata. Buenos Aires. Obtenido de: https://cicplata.org/es/el-tratado-de-la-cuenca-del-plata/

[7] Poder Ejecutivo Nacional, (05 de mayo de 1993). Decreto 863 / 1993. Buenos Aires. Obtenido de: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-863-1993-13073

[8] Poder Ejecutivo Nacional, (21 febrero de 1995). Decreto 253 / 1995. Buenos Aires. Obtenido de: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/10000-14999/14662/norma.htm

[9] Poder Ejecutivo Nacional, (20 octubre de 2009). Acta Acuerdo de Renegociación. Buenos Aires. Obtenido de: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_acuerdo_2009_-_parte_i_1.pdf

[10] JURADO,  A. Op. cit.

[11] SAGyP, (23 de julio, 2020). “Hidrovía Paraná – Paraguay”. Ministerio de Economía – Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Buenos Aires. Recuperado de :https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/infraestructura/_archivos/000071_Hidrov%C3%ADa%20Paraguay-Paran%C3%A1%20%28HPP%29.pdf

[12] LLAIRÓ, M. M. (2009). “Los grandes proyectos de infraestructura del Mercosur. La Hidrovía Paraguay-Paraná: realidades y controversias”. Revista Proyección – CIFOT. Mendoza. Obtenido de: https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/3458/llairoproyeccion6.pdf

[13] BERGERO, P. & CALZADA, J. (8 de septiembre, 2017).  “Por complejo oleaginoso, en 20 años creció un 90% el ingreso de buques”. Informativo semanal. Rosario. Bolsa de Comercio de Rosario: https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/por-complejo

[14] SAGyP Op. Cit.

[15] CALZADA, J. & SESÉ, A. (15 de mayo, 2015). “La notable infraestructura portuaria del gran Rosario, uno de los pilares uno de los pilares del desarrollo económico argentino”. Informativo semanal. Rosario. Bolsa de Comercio de Rosario: https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/la-notable-0

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François Soulard*

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Las batallas político-económicas en el hemisferio sudamericano, particularmente intensas desde el comienzo del milenio con el despertar de la ola «progresista», han abrazado decididamente el terreno informacional. Al igual que en otras partes del mundo, la información está percibida ahora como una fuerza capaz de alterar las relaciones geoeconómicas, políticas e incluso culturales, en formas que no son totalmente nuevas desde una perspectiva histórica, pero cuyo alcance, articulación y profundidad sí han configurado una nueva realidad conflictiva. Las potencias tutelares, encabezadas por los Estados Unidos, Europa y China, pero también Irán, Rusia e incluso Israel, están en la primera línea de este conflicto. Sin embargo, otros actores, menos fuertes en apariencia pero igual de potentes, también han aprendido a posicionar sus cartas en este partido. El ensayo[1] Una nueva era de confrontación informacional en América Latina, recientemente publicado en español por Ciccus (Argentina), ofrece una visión general de la cuestión y plantea la hipótesis de una renovación estratégica.

Dicha renovación radica en una serie de observaciones.

El fracaso de una revolución de colores en Venezuela

A partir de 1999 y a lo largo de aproximadamente veinte años, Venezuela ha logrado desbaratar las fases sucesivas de una revolución de color, orquestada desde los Estados Unidos en connivencia con los opositores al chavismo. Mestizo y militar formado en la escuela bolivariana y castro-comunista, Hugo Chávez fracasó inicialmente en su intento de golpe de Estado con el Movimiento Revolucionario Bolivariano en 1992. Tras convertirse en líder de un nuevo movimiento político (MVR) mediante el cual llega a la jefatura del Estado en 1999, es víctima de una tentativa de golpe de Estado en su contra diez años después (2002). Tiene que luchar contra una ofensiva de múltiples niveles y dimensiones apuntada a derrocarlo, fragmentar a sus bases y someter al país a la voluntad de Washington. Con la generosa ayuda de las agencias norteamericanas, el arco opositor construye una modalidad híbrida de combate: demonización del chavismo mediante un periodismo militante, provocaciones violentas en ámbito urbano (guarimbas), soporte a candidatos y «plataformización» de la oposición, acompañadas por diversas presiones internacionales y sanciones económicas.

El régimen venezolano consigue derrotar a este embate, desarrollando una estrategia creativa que combina acción subversiva, organización social y territorial, ingeniería sociopolítica, guerra informacional y control militar y económico (recurriendo inclusive a la violencia y a la arbitrariedad), estrategia que será continuada por su sucesor Nicolás Maduro. El adversario es el imperium norteamericano, designado como potencia neocolonial e intervencionista. Cuba, China y Rusia son sus aliados. Gracias a su cultura combativa y a la renta petrolera, Venezuela ha sido el artífice de una verdadera contrainfluencia norteamericana en el continente y el pivote de consolidación del movimiento neomarxista. El altísimo precio de esta confrontación (estado fallido, emigraciones, retroceso económico) es similar a la de un enfrentamiento armado.

Guerra del gas y autogolpe de Estado en Bolivia

En Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS) es una fuerza contestataria, también de cepa revolucionaria, que inicia su conquista del poder en 2003 a partir de un foco de conflicto cristalizado en torno a la «guerra del gas». La venta de gas boliviano, transitando por Chile (adversario histórico) con destino a los Estados Unidos, es utilizada como un pretexto moral para enardecer la fibra nacionalista, movilizar a los sectores sociales combativos y alimentar una serie de enfrentamientos territoriales que acabaron provocando la caída de dos gobiernos (el de Gonzalo Sánchez de Lozada y luego el de Carlos Mesa). El movimiento es apoyado en la sombra por Venezuela y por el ala globalista de los demócratas estadounidenses, en particular la estructura de George Soros. Una vez electo en la cima del ejecutivo (2005), el MAS emprende un ambicioso proceso de reconfiguración sociopolítica: asamblea constituyente, despliegue socialista como contrapunto a un sistema liberal debilitado, promoción del indigenismo y del anti-occidentalismo, unificación de los tres poderes republicanos, aprovechamiento de las fallas del sistema liberal-democrático y creciente connivencia con el narcotráfico.

En octubre de 2019, tras quince años en el poder, el presidente Evo Morales teatraliza hábilmente un autogolpe de Estado con el objetivo de eludir la responsabilidad del fraude electoral que acaba de cometer y volcar la ilegitimidad del poder sobre sus opositores. La maniobra pivotea en torno a muchos movimientos comunicacionales (demonización de los adversarios, exposición de sus contradicciones, trampa y provocación, negación de la realidad, red de influencia regional, etc.). Al final, el MAS vuelve al poder en octubre de 2020 pese a importantes fracturas internas y al deterioro del Estado de derecho. Logró mantener su ventaja, cueste lo que cueste, sobre una oposición política y unas potencias regionales menos preparadas estratégicamente.

La cruzada anticorrupción en el «Reino del Medio» sudamericano

En 2012 Brasil sufre una grave crisis económica, con una caída de 4% del PIB, un aumento del desempleo y una devaluación monetaria del 40%. El Partido de los Trabajadores (PT), al frente de la coalición gobernante desde 2002 y eje del movimiento progresista latinoamericano, esquiva las reformas económicas mientras mantiene el control de una extensa red de depredación de los recursos nacionales (desviando entre un 10% y 20% del PIB). Un grupo de jóvenes abogados brasileños elabora entonces un plan de investigación judicial conocido como el «Lava Jato», comparable al «Mani pulite» italiano de los años 1990. Formados y apoyados de forma remota por los Estados Unidos, estos juristas están decididos a enderezar la moral de las élites brasileñas y luchar contra la corrupción endémica («fisiologismo») que asola el país. Desde el punto de vista geopolítico, el año 2014 aparece como un momento oportuno para desestabilizar a los gobiernos de izquierda más articulados regionalmente y recalcitrantes a Washington.

La operación «Lava Jato» va durar siete años, de marzo de 2014 a febrero de 2021. Se convierte inmediatamente en una cruzada política e informacional que desencadena una verdadera sangría en toda la esfera económica y política, incluida extramuros en la medida en que el capitalismo de connivencia se extiende a nivel regional y mundial. En complicidad con los grandes medios de comunicación, se filtran regularmente informaciones confidenciales del sistema judicial para generar escándalos en los ámbitos políticos y mediáticos. Este vínculo íntimo entre las dos esferas permite que el centro de gravedad de la emoción y la opinión pública sea directamente afectado, el impacto informacional superando ampliamente el de la acción judicial.

A mediados de 2016, la presidenta Dilma Rousseff es destituida legalmente por el Congreso, con el respaldo simbólico de los medios. Luiz Lula da Silva, líder indiscutible del PT, es declarado inelegible por la justicia en abril de 2018 y luego detenido. El outsider liberal Jair Bolsonaro, anecdótico al principio en el ecosistema de la prensa brasileña, logra agujerar el espacio informacional con muy pocos recursos y gana las elecciones a finales del mismo año. Su cooperación temporaria con el juez principal del Lava Jato, Sergio Moro, lo va a asociar de entrada a un plan conspirativo contra el PT y se vuelve rápidamente el blanco de varias campañas a nivel global que exacerbarán su gestualidad brutal y ácida (homofóbico, anti-indígena, ultra-derecha, etc.).

En junio de 2019 todo cambia cuando un pirata informático (Walter Delgatti Neto) filtra las comunicaciones de uno de los principales fiscales del «Lava Jato». El portal online de periodismo militante The Intercept ―cofundado por Glenn Greenwald y apoyado por los agentes financieros de los demócratas norteamericanos― transforma este contenido en una auténtica contraofensiva, rigurosamente secuenciada en el tiempo, que llevará al punto de fisurar la credibilidad de la investigación judicial. A primera vista aislado, el hacker será posteriormente defendido ante los tribunales por un abogado simpatizante del PT. En agosto de 2023 declara que Jair Bolsonaro le pidió manipular el sistema de voto electrónico para las elecciones de octubre de 2022. Este giro inesperado libera el camino para la victoria electoral de Luiz Lula da Silva en octubre 2022, en el telón de fondo del apoyo de los medios de comunicación occidentales y de la diplomacia norteamericana al candidato petista.

En paralelo a los escándalos políticos, los grupos energéticos y agroalimentarios norteamericanos (General Electric, Halliburton, Cargill) aprovechan el reflujo brasileño para adquirir partes de las empresas nacionales, mientras se usan selectivamente las pruebas de corrupción para alejar a los competidores europeos (Techint, Skanska, Siemens, etc.). Por otra parte, Washington posiciona sus cartas en la Amazonia bajo el pretexto de avanzar en los objetivos de seguridad y de protección ambiental.

Insurrección fomentada en Chile y guerra por el ámbito social en Argentina

Además de estos tres casos (recorrido en detalle en el libro mencionado en la introducción), prácticamente todos los demás países latinoamericanos transitan por secuencias similares.

En Chile, el masivo levantamiento estudiantil de principios de octubre de 2019 pone en el banquillo de los acusados ciertos puntos ciegos del modelo chileno. La protesta va girando hacia un movimiento urbano insurreccional gracias, entre otros factores, al empuje de un contingente de unos 2.500 agentes irregulares, despachados por las formaciones neomarxistas de países vecinos, en pos de disparar las acciones de desestabilización y la violencia. El objetivo es intensificar la confrontación, empujar a las autoridades políticas a un punto de ruptura y obligarlas a negociar. La comunicación guerrillera practicada por los insurgentes expone a las fuerzas militares y policiales en pleno acto de represión, mientras las imágenes se difunden en todas las pantallas del mundo. En noviembre del mismo año, se logra pactar la organización de un referéndum constitucional. En diciembre, el candidato del movimiento estudiantil, Gabriel Boric, vence en las elecciones generales.

Por último, Argentina ilustra una dinámica de conflicto en la intersección entre modelaje cognitivo, guerra económica e ingeniería político-informacional. Más atrás en el tiempo, el enfrentamiento militar del Atlántico Sur (1982) dio al Reino Unido la ventaja para orientar el proceso de pacificación posterior a la guerra civil[2] y la dictadura militar (1976-1983). Las élites argentinas aceptan la premisa de confiar al derecho penal y al poder judicial el papel de inquisidor del brazo armado de la nación, mientras las facciones de la lucha armada contornan a la justicia y se reconstituirán gradualmente en los partidos políticos tradicionales. En el frente económico, el país abraza la promesa de prosperidad económica propuesta en la creación del Mercosur en 1991. El nuevo bloque económico regional, cuyo proyecto viene discretamente inspirado por los centros de influencia anglosajona (Comisión trilateral[3]), encubre en realidad la transferencia de sectores enteros de la industria argentina a Brasil y la erosión del tejido sindical argentino. Mientras tanto, Argentina delega contratos con actores privados al ámbito del Banco Mundial (CIADI).

Por un lado, Londres y Washington, junto con la socialdemocracia europea, se aseguran a largo plazo del control del Atlántico Sur, mientras que por otro lado trabajan para crear un entorno propicio a la desintegración del Estado argentino: jerarquización del conocimiento en materia de derechos humanos, defensa, polemología, economía y ciencias de la gestión; desindustrialización y agenda de las instituciones financieras y de las Naciones Unidas para la aplicación de una agenda que favorece la permeabilidad del Estado y su dependencia exterior («globalismo»), subversión cultural a través de la influencia de corrientes revisionistas e indigenistas, apoyo de fundaciones europeas al cuestionamiento de las políticas industriales en el Cono Sur en nombre del humanismo y del ambientalismo, apoyo indirecto de agencias británicas y norteamericanas a grupos neomarxistas locales que trabajan para marginar el brazo armado de la nación y el poder judicial.

En 2003 este movimiento aprovecha las turbulencias provocadas por la crisis política y económica de 2001 para conquistar el poder. Desde entonces, el proyecto llevado a cabo se basa estrechamente en una doble lógica, operando en el doble terreno del espacio informativo y de la ingeniería social. Por un lado, se dibuja un horizonte progresista y pseudo-patriótico, favorable a la justicia social y hostil a las voracidades del neoliberalismo experimentado durante el periodo político anterior. Por otro, una facción política minoritaria organiza la concentración discrecional del poder, la fragmentación selectiva de la sociedad y la captura de alrededor de una quinta parte de la riqueza nacional (más o menos como en el caso de Brasil, pero paralizando las dinámicas de crecimiento). La construcción de una «realidad paralela» mediante un fuerte activismo informacional facilitó el ocultamiento de todas las maniobras en los demás sectores estructurales.

Consideraciones estratégicas

Este breve recorrido general abre sobre una serie de consideraciones estratégicas. El énfasis puesto en el ángulo informacional enriquece la reflexión de una dimensión teleológica, es decir de una lectura de los objetivos perseguidos en las maniobras realizadas en el terreno comunicacional, susceptible de completar el análisis geopolítico y polemológico tradicional.

Reflujo de la hegemonía norteamericana

En primer lugar, estos itinerarios confirman que la hegemonía del orden liberal, tal como lo propagó los Estados Unidos desde el triunfalismo posterior a la Guerra Fría, ya no tiene suficiente influencia para homogeneizar su hemisferio sur e imponerse frente a proyectos contestatarios o alternativos. La debilidad ideológica de la democracia liberal norteamericana, su duplicidad (en la medida en que la mayoría de las sociedades latinoamericanas ha sufrido sus ofensivas encubiertas) y su monolitismo ―es decir su incapacidad para responder a la dialéctica unidad-diversidad de las sociedades― son patentes. Los recursos informacionales para mantener esta hegemonía ―los conglomerados mediáticos, los repetidores intelectuales, las universidades y los partidos tradicionales― se enfrentan ahora con sistemas competidores.

De hecho, China es el principal rival geopolítico que aprovecha este reflujo de influencia con una estrategia de desborde basada en factores económicos y en parte en factores informacionales. Su objetivo consiste también en establecer dependencias estructurales. Por necesidad, por afinidad ideológica, pero también por inadvertencia estratégica, estas dependencias están siendo buscadas por gobiernos reacios al predominio estadounidense (aumento generalizado de los acuerdos estratégicos con Pekín que se ha convertido en el principal inversor en el continente desde 2015).

Dependencia y equilibrio estacionario

El otro indicador de este reflujo es el hecho de que Washington esté jugando la carta de una connivencia paradójica con los regímenes contestatarios, en particular los que están conducidos por las formaciones que han reciclado el marxismo-leninismo apoyado anteriormente por la URSS y combatido durante la Guerra Fría. Excepto para algunos aliados clave, el objetivo ya no es alinear ideológicamente a los regímenes políticos locales con el modelo de democracia liberal. Esta connivencia objetiva resalta que la prioridad se ha inclinado hacia su vertiente realista, es decir hacia la búsqueda para reducir la potencia e instalar dependencias estratégicas, cualquiera sea la naturaleza del sistema político con el que haya que tratar y siempre que este vacío de potencia no sea ocupado por el rival chino o europeo.

Es cierto que el proselitismo democrático sigue siendo un escaparate universal para Washington. En la práctica, aparece cada vez más como una estratagema minimalista para encubrir una realpolitik de mantenimiento de regímenes porosos y dependientes. El escenario a evitar es el de la constitución de Estados latinoamericanos fuertes, asentados en niveles consistentes de soberanía, de recursos y nacionalismo. Es precisamente aquí donde China va alterando el equilibrio estratégico y obliga a su rival occidental a innovar en sus modos de influencia. Por el momento, los Estados Unidos necesitan mantener a los principales estados industriales (Argentina, Brasil, México y Venezuela) geoeconómicamente dependientes y en un estado lo suficientemente estacionario como para evitar que caigan en otras esferas de influencia o en la situación más aleatoria de zona gris.

Ampliación de la naturaleza de los enfrentamientos

En segundo lugar, el escenario latinoamericano demuestra que algunas minorías determinadas y organizadas han sido capaces de instrumentalizar las grietas (o las crisis cíclicas) de la arquitectura de la democracia liberal y subvertirla cultural, política y económicamente. El arma informacional ha sido una palanca decisiva. Como lo hemos visto, ha permitido traspasar umbrales de intensidad conflictiva, volver interoperables los distintos terrenos de confrontación, revertir la correlación de fuerzas, exponer a plena luz las contradicciones de un adversario, multiplicar el impacto en la opinión pública, o ocultar toda una serie de maniobras, inclusive partes enteras de la realidad detrás de una fachada moral virtuosa.

En este sentido, todo ocurre como si la geografía de la política tendiera a ampliarse y solaparse con la de la guerra multiforme de la información. Esta evolución hace eco a la perspectiva clausewitziana de la guerra en la medida en que el uso ofensivo de la información se inscribe como continuidad de la política. Sin embargo, en el terreno político, así como también en lo económico, mediático o judicial, no recubre los mismos objetivos de aplastar, aniquilar o subyugar al adversario, que serían las metas más específicas a una confrontación convencional. El combate informacional remite a un registro diferente de la dialéctica entre fines y medios. En otras palabras, se trata menos de una cuestión de ganador y perdedor en términos absolutos que de dinámica de modificación de correlación de fuerza, de movimientos de cercamiento y neutralización, etc. La propia naturaleza de la confrontación y el entorno estratégico se han ampliado.

Un nuevo arte ofensivo en continuidad con el pasado

De hecho, los contextos latinoamericanos antes resumidos distan mucho de reducirse al funcionamiento pacífico de la mediación política y a los métodos clásicos de propaganda o persuasión de masas de los aparatos tradicionales. La arena política se ha enriquecido con una gramática ofensiva, nueva en su intensidad y grados de combinación. La practican tanto los actores débiles como los fuertes, con el objetivo de influir en la fisiología, la potencia, la legitimidad o la estructura cognitiva de un sistema político adverso, desde dentro o desde fuera, según las oportunidades y las circunstancias. No es una casualidad que este arte de combate haya sido practicado por excelencia por los herederos de las antiguas formaciones revolucionarias, por los gobiernos contestatarios y por las potencias anglosajonas.

En la misma línea, podemos ver que el terreno geoeconómico se ha enriquecido de un arte del combate basado en la combinación de la acción informacional y la depredación económica. Históricamente, las sociedades latinoamericanas han sufrido con frecuencia los artilugios comunicacionales utilizados para cubrir el flanco de la violencia económica. Esta violencia parece estar adquiriendo ahora nuevos artificios con metas similares de ocultación de su proyecto depredador. El ecologismo (agenda climática y transición energética), la lucha contra la corrupción, la ayuda humanitaria, la cooperación humanista, la apertura económica o la comunidad mundial de destino (China) figuran entre los principales frentes de una guerra económica practicada en simbiosis en ambos terrenos. El establecimiento de dependencias duraderas (tecnologías, conocimientos, normas) amplía este abanico ofensivo. Su impacto real o potencial en términos de destrucción del tejido social e industrial es indiscutible. Valdría la pena compararlo con el de los conflictos armados.

Una batalla cognitiva con frente inverso

El hecho de que ciertos tipos de ofensiva hayan sido totalmente interiorizados por las propias élites de los países blancos apunta a otra realidad profunda de este ensayo polemológico. ¿Sigue siendo pertinente la idea de guerra cuando ya no existen fronteras claramente establecidas entre enemigo y aliado, entre tiempo de paz y confrontación, o entre terrenos de batalla? Conviene recordar de paso que, cualesquiera sean las hostilidades expresadas, la situación de las sociedades latinoamericanas no puede separarse de una falta de profundidad estratégica y de una dificultad para adaptarse al equilibrio de poder recurriendo a su propio sustrato cultural. Tal vez el «extremo occidente» sudamericano se haya quedado demasiado ligado a la órbita occidental para poder salir de su corsé estratégico.

Esta observación lleva a otra conclusión evidente. Los casos analizados muestran cómo una modalidad aún más indolora y sigilosa ha ampliado el alcance de la guerra informacional. Sin ninguna declaración de guerra, ni distinción clara entre interior y exterior, ella consistió en moldear la estructura cognitiva de un rival con el fin de hacerlo actuar según la voluntad del beligerante, sin resistencia ni reflejo defensivo. Esta maniobra tomó la forma de una batalla a frente inverso entre competidores. El conocimiento y la percepción han sido sus blancos principales. Si bien se ha abordado una noción similar en los trabajos epistemológicos sobre el occidentalismo (a través por ejemplo de la idea de la «colonialidad del saber»), aún queda por establecer un pleno vínculo con la polemología.

* Autor de «Una nueva era de la confrontación informacional en América Latina» (edición Ciccus, septiembre de 2023). Miembro de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales, SAEEG.

 

Referencias

[1] Redactado por François Soulard con la contribución de Véronique Avril, Vincent Cassard, Jean-Rémy Dubois, Lucile Federeci y Mathieu Meyer (estudiantes de la Escuela de guerra económica (EGE) en Francia).

[2] Algunos analistas prefieren hablar de guerra «molecular» en el sentido propuesto por Hans-Magnus Enzensberger.

[3] Henry Kissinger decía en el 1985: «O la Argentina acepta su papel de exportador de materias primas, o procederemos a su libanización». Citado en Marcelo Javier de los Reyes, «La apremiante necesidad de recuperar la industria de la defensa». Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales, SAEEG, 12/12/2020, https://saeeg.org/index.php/2020/12/12/argentina-la-apremiante-necesidad-de-recuperar-la-industria-de-la-defensa/.

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UNA GUERRA DE VEINTE AÑOS POR EL ÁMBITO SOCIAL

François Soulard*

La democracia es el único régimen que cree estar obligado por sus principios a no defenderse de sus enemigos.

Raymond Aron (Introducción a la filosofía política).

 

Un conflicto estructural no nombrado

Es difícil, por no decir imposible, entender las problemáticas profundas de Argentina sin abordar sus dinámicas conflictivas y abordarlas desde una mirada renovada. El país no enfrenta meramente el cuadro general de cualquier integrante del Sur global, teniendo que sortear las distorsiones centro-periferia como lo recordaba Raúl Prebisch, la puja de sus facciones antagonistas internas o las fragilidades heredadas de las democracias parlamentarias tal como lo describiría un observador liberal como Martin Wolf[1]. Si bien todos estos criterios pueden ser válidos, es central focalizarse sobre la conflictividad estructural, susceptible de contener conflictos derivados, pero jerarquizando a toda la sociedad con la particularidad de ser paradojalmente menos detectable desde los marcos generales de percepción y además menos regulable desde las funciones heredadas del sistema político democrático-liberal.

En definitiva, es precisamente por una falta de percepción y de determinación para enfrentar a esta conflictividad que el país transita una situación de multiplicación de conflictos latentes y ramificados, desembocando en lo que varios comentaristas suelen retratar de «decadencia», de «zona gris» o de «Estado fallido».

Una guerra social encubierta, no convencional y no armada

En efecto, la Argentina se encuentra subsumida en un estado de guerra social de larga duración, ni declarada y ni armada, pero animada de fines estratégicos y políticos como lo es cualquier guerra contemporánea. Aplicando las reflexiones polemológicas de Aron y Clausewitz, cabría entonces designar cuáles son las entidades expresando una voluntad de enfrentamiento y cuáles son los medios violentos explícitamente movilizados en el marco del conflicto. Ahí aparece un primer problema con la segunda pregunta porque si bien podemos presenciar episodios puntuales de violencia física, es evidente que no estamos ante una confrontación violenta o una guerra civil armada de alta intensidad, semejante a otras fases bélicas de la historia nacional. No se trata de una guerra convencional, sino de una guerra combinada de otro tipo, de menor intensidad, disimulada en cuanto a sus fines, ejecutada en el ámbito social y político mediante otro tipo de fisionomía y medios.

Principales actores estratégicos

La primera pregunta enunciada en el párrafo anterior es más solventable. La dialéctica de voluntades ofensivas que estructura a Argentina pone en presencia a tres actores principales: las formaciones neomarxistas, con niveles de coordinación a nivel regional, procedentes de la tradición castro-revolucionaria y reconfiguradas después de cuatro fases previas de evolución como lo recalca Pablo Anzaldi[2]; el nacionalismo estadounidense, con su imperium continental (doctrina Monroe) y global, expresado en dos vertientes (capitalismo globalista pos-crecimiento y nacional-capitalismo liberal conservador); el nacionalismo inglés, aliado al anterior y fuente del conflicto militar en la Guerra del Atlántico Sur y de la disputa de las islas Malvinas.

Otros actores, como Venezuela, Israel, Irán o China, completan este panorama. Del mismo modo, convendría mencionar a otros actores locales, como por ejemplo las familias partidarias tradicionales de Argentina (justicialismo, republicanismo liberal, socialismo, etc.) o los sectores productivos estructurados. Sin dejar de tenerlos en cuenta, los consideraremos en este análisis en un plano más segundario.

Etapa previa: lucha armada, guerra del Atlántico Sur y political warfare posterior

La lucha armada, iniciada a partir del año 1959 con el respaldo del bloque soviético, abrió el camino para la represión militar en toda la región, avalada por Washington. En 1983, agotada la violencia tanto en los grupos civiles armados como en el régimen militar, el gobierno de Ricardo Alfonsín sentó las bases de una dependencia judicial y cognitiva decisiva para trasladar el conflicto anterior a otro escenario. Asumió la propuesta, diseñada desde la inteligencia británica y traída localmente por el jurista argentino Carlos Nino, de judicializar, en el marco del derecho civil, la pacificación posterior al enfrentamiento armado. Este proceso creó un frente de disputa interna y dio viabilidad a una ofensiva judicial y cognitiva apuntando el debilitamiento de dos núcleos del Estado nacional: la justicia y las fuerzas armadas.

Londres y Washington, doble artífices de una guerra insidiosa

Londres fue el primer artífice de esta modalidad de guerra (conceptualizada en 1948 por el norteamericano George Kennan), pero cuyos fundamentos están presentes en varias culturas estratégicas. Supo entender que la fase posterior a la victoria militar en el Atlántico Sur trasladaba nuevos antagonismos al tablero sociopolítico, con el riesgo potencial de que se reconstruya un nacionalismo argentino. Incentivó el prototipo de una guerra por el ámbito social (political warfare en inglés), basada en un conjunto de acciones combinadas e implementadas esta vez en tiempo de paz: difusión de conocimiento en universidades, presencia en los medios de comunicación, «entrismo cultural», activismo judicial, sostén de formaciones políticas colusivas (campo marxista-leninista), apoyos financieros a organizaciones locales (el Centro de Estudios Legales y Sociales en particular). Sus metas fueron debilitar la unidad estratégica del Estado nacional y modelar el entorno cultural y perceptivo de la sociedad, siempre de manera furtiva a fin de no despertar respuestas defensivas.

En paralelo, otro modelaje ofensivo se fue reforzando desde los Estados Unidos en los años 1990, a través de la generación de dependencia económica y de la jerarquización del conocimiento en materia de economía, ciencias de gestión, geopolítica y polemología. En 1993 el secretario de Estado Christopher Warren sellaba una política de seguridad económica elevada como prioridad de política exterior que Carla Hills, delegada al comercio (me parece mejor “representante comercial”) de 1989 a 1993, resumía con la siguiente fórmula: «abriremos los mercados extranjeros con una barra de acero cuando sea necesario, pero con un apretón de manos siempre cuando sea posible». El alcance de este modelaje, aplicado al interior de la OTAN y en otras latitudes, es de no divulgar las herramientas conceptuales para librar estas modalidades furtivas de guerra y de focalizar la atención en otras.

Conquista del poder e ingeniería social dual

En Argentina, el año 2003 marca el punto de retorno y llegada al poder de las formaciones afiliadas a la base neomarxista latinoamericana. Los coletazos político-económicos de fines de los años 1990 fueron aprovechados para facilitar su ascensión, de modo democrático o pseudo-arbitrario. Luiz Lula da Silva y Hugo Chávez llegan por las urnas en Brasil (2002) y Venezuela (1998), el segundo habiendo ensayado un golpe de Estado (1992). Evo Morales en Bolivia y Eduardo Duhalde en Argentina llegan luego de procesos de enfrentamiento territorial que terminan desbordando a los gobiernos establecidos (renuncia de Fernando De la Rúa en Argentina, renuncia de Carlos Sánchez de Lozada y Carlos Mesa en Bolivia como consecuencia de la Guerra del gas).

De entrada, el gobierno de Néstor Kirchner pone en marcha una ingeniería social dual (negativa y positiva), apuntando a conquistar la confianza de una parte de la sociedad a costa de la activación de conflictos triangulados y la designación de enemigos internos. Los movimientos sociales, los sectores sindicales, los partidos de izquierda y de centro-izquierda, junto con las masas informales son aliados y se ven movilizados en un proceso de rearticulación transversal. Una vez estabilizado, el poder ejecutivo anula rápidamente la Ley de obediencia debida y reabre el juicio a las cúpulas militares en continuidad con la etapa previa mencionada. Los derechos humanos son elevados al rango de secretaria de Estado y sirven de escudo informacional para atacar a poderes constituidos (medios de comunicación, justicia, fuerzas armadas, inteligencia, empresariado industrial). En el plano económico, la demanda global en commodities abrió un ciclo de prosperidad fiscal hasta el año 2010.

En el campo psicosocial, cada línea de tensión o cada adversario designado viene acoplado con un grado de desautorización que apunta a instalar un margen de rechazo en la sociedad («los militares son genocidas», «Clarín miente», «la derecha es reaccionaria»). Los medios de comunicación opositores o el campo liberal-republicano abonan a la misma lógica inversa, activando así una suerte de triángulo de Karpman (círculo vicioso de persecución, victimización, salvación), participando de una mayor polarización e histerización de la sociedad. En 2008 la Resolución 125, que cuestiona a la renta agraria, constituye uno de los conflictos más agudos obligando al sector agroindustrial a definir su límite mediante un conjunto de medidas de fuerza.

Subversión y guerra informacional

En el telón de fondo, el cuestionamiento epocal de la visión positiva del desarrollo heredada de las revoluciones industriales y de la falsa pacificación asociada a la globalización, abona al diseño de una política de relativismo y de revisionismo. Bajo el paraguas del progresismo, varios puntos débiles del liberalismo son atacados (desigualdades, crecimiento por derrame, concentración de riqueza, etc.) para legitimar un «Estado presente» a la par de los derechos sociales. En la realidad profunda, este manejo de las percepciones no impide la práctica de un capitalismo tradicional y su subversión con el propósito de captar poder y recursos. Es un hecho que la mayoría de las experiencias progresistas a nivel regional demuestran un nivel inusual de predación de recursos y de maniobras concentradoras de poder.

Los derechos humanos, al igual que el indigenismo o el ecologismo, están instrumentalizados como un factor cultural e identitario de segmentación y de complejización de la sociedad, coincidiendo ahí con la vertiente globalista del nacionalismo norteamericano. Ya practicadas en otros contextos (África del Sur, Europa del Este, Medio Oriente), estas estrategias buscan cultivar un mayor grado de entropía social favorable a la desarticulación del tejido nacional. En este punto precisamente se cristaliza una colusión de objetivos entre los sistemas de influencia anglosajona y el proyecto neomarxista latinoamericano.

En el terreno del conocimiento, la veintena de universidades creadas en el conurbano bonaerense (por citar un ejemplo) extienden la búsqueda de acomodar una matriz de conocimiento compatible con la cosmovisión de estos proyectos. Es acompañado por un entrismo en las estructuras académicas existentes. A partir de 2009 se buscó desconcentrar a los grandes medios de comunicación (Ley de servicios de comunicación audiovisual) encarnados por el grupo Clarín. Fue resistida en la justicia por medidas cautelares (demandadas por el mismo grupo Clarín) y finalmente modificada en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri.

De forma general, la arquitectura de guerra informacional desplegada abona a mantener un cerco cognitivo en la sociedad y al interior de los grupos sociopolíticos afines. Es necesario limitar los elementos de unidad nacional o distanciarse del mito liberal fundacional frustrado de haber sido una «gran nación argentina». La realidad es sistemáticamente abordada con percepciones alteradas o desviadas y, según los casos, envueltos en ofensivas informacionales de fuerte intensidad (expropiación de REPSOL-YPF, caso Alberto Nisman, causa Correo, endeudamiento con el FMI, Santiago Maldonado, ARA San Juan). El triple registro de la victimización, combinado con el de coaccionar y de rescate (formalizado por Stephen Karpman), han potenciado los alcances de la ingeniería social.

Escasez de voluntad y de ideología

Frente a esta iniciativa de demolición endógena de la sociedad argentina, ha sido notable la escasez de ideologías, de voluntad y de métodos de parte de sus contrincantes. No es propio a Argentina, sino a cualquier régimen político dejando de ser inquieto y atento a descifrar la gramática ofensiva del siglo XXI. En este sentido, el campo neomarxista ha tenido un mayor espesor estratégico en el campo subversivo e informacional. No es una casualidad que la acción judicial sobre los hechos de corrupción haya constituido el movimiento más contraofensivo para frenar estos proyectos. En Brasil, la mega-investigación judicial Lava Jato logró rebatir varias cartas políticas con el apoyo remoto del ala del nacionalismo estadounidense quien, de paso, no dudó en hacerse de las grietas vacantes para posicionar sus peones en la economía brasileña.

Hoy, una multitud de países incentivan este tipo de guerra subterránea en el tejido interno de sus adversarios, entre ellos los Estados Unidos, Reino Unido, Irán, Israel, Rusia, Alemania y China. Si el año 2023 aparece como un año de despertar en Argentina, esta matriz conflictiva seguirá su curso. Es imperativo radiografiarla con mayor precisión, armarse mentalmente y dotar la democracia de nuevas herramientas compatibles con su vocación liberal y abierta.

* Nacido en Francia, es ensayista y coordinador de la plataforma internacional de comunicación Dunia. Titular de una maestría en Ciencias de la Tierra en Francia. Se dedicó a la planificación territorial en el norte de Francia hasta el año 2003, para luego ser observador-partícipe de las dinámicas sociopolíticas en varios continentes. En 2012 fundó la plataforma Dunia en pos de brindar servicios de comunicación digital e investigar el rol estratégico de la información. Ha sido partícipe de distintos movimientos sociales en la región, en Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Es autor de «Una nueva era de guerra informacional en América Latina»; coautor del «Diccionario del poder mundial» (2015) y «Democracia digital» (2020). Tradujo al español y al inglés algunas obras del geoestratega Gérard Chaliand («Por qué Occidente pierde la guerra, Terrorismo y política, Atlas estratégico»). Desde 2020 colabora con la Escuela de Guerra Económica en Francia.

Miembro de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales, SAEEG.

 

Referencias

[1] The Crisis of Democratic Capitalism (2023). Penguin Random House.

[2] Diez tesis sobre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Disponible en ieeba.org.

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