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LA VENTANITA: BRASIL

Iris Speroni*

Realidad que hace 20 años que no existe. Los funcionarios viven, verdaderamente, en otro mundo.

 

En “Una ventana al mundo” (http://restaurarg.blogspot.com/2022/10/una-ventana-al-mundo.html) afirmé:

Entender el comercio argentino internacional es lo que nos va a dar la pauta para pensar el país futuro. También para desenmascarar mentiras de nuestros gobernantes. Lloran impotencia, “no se puede”, “el mundo nos juega en contra”, “faltan dólares”, para justificar su inoperancia o corrupción.

Argentina es un país rico. Argentina es un país poderoso. Argentina es un país lleno de posibilidades, próspero y fecundo. No hay razones objetivas para estar endeudados ni que haya pobres.

Según datos del INDEC, el superávit comercial de la Argentina desde el 2000 al 2021 fue de US$ 183.482.000.000.

Fuente: INDEC. Elaboración propia.

Tener superávit comercial es la norma y no la excepción. Las exportaciones no pararon de crecer, en parte por la pérdida de poder adquisitivo de la población, en mayor medida porque ha cambiado el entorno mundial. La lógica de posguerra que tanto nos perjudicó hace 20 años que no existe más.

Sin embargo funcionarios, políticos y economistas continúan aún hoy su lloriqueo de “restricción externa”, “la falta de dólares no nos deja crecer”, etc. Realidad que hace 20 años que no existe. Los funcionarios viven, verdaderamente, en otro mundo.

En lo que va del gobierno de Alberto Fernández, el superávit comercial superó los US$ 31.684 millones. ¿De qué restricción externa hablan los funcionarios? ¿Por qué lloran “falta de dólares”? Argentina no hace más que exportar, no hace más que producir divisas, no hace otra cosa que traer divisas al país, las cuales mágicamente desaparecen luego de ser entregadas a las autoridades nacionales.

En lo que va del gobierno de Alberto Fernández, el superávit comercial superó los US$ 31.684 millones. ¿De qué restricción externa hablan los funcionarios?

¿Qué pasó con esos US$ 31.684 millones? La respuesta es fácil: las autoridades federales las malvenden a mitad de precio. ¿A cualquiera? Nooooo. Sólo a los amigos. Si uno vende un bien a mitad de precio, liquida las existencias. Por eso no hay reservas en el BCRA, porque —a los amigos— las venden a precio vil. Esos US$ 31.684 millones es dinero robado por el gobierno federal a las provincias, origen del 99,6% de las exportaciones. La más perjudicada de ellas es la provincia de Buenos Aires, responsable del 35% del total.

Mientras, los senadores, responsables constitucionales de velar por el tipo de cambio, la prosperidad de las provincias y supervisar la actuación del BCRA, miran para otro lado. 

Brasil: la ventanita

En la nota anterior “UNA VENTANA AL MUNDO”, sostuve y lo sostengo ahora, que Argentina vive un momento propicio único. No por nuestra habilidad, porque los gobernantes argentinos patean en contra, sino porque cambiaron las circunstancias internacionales, las cuales desde hace 20 años nos favorecen.

Cuando Argentina ingresó al Mercosur, durante las presidencias de Alfonsín y Sarney, la propaganda política fue que nos abriríamos al mundo vía Brasil, usándolo de locomotora y como piloto del TC, iríamos chupados, para aumentar nuestro comercio internacional.

Nada de lo prometido sucedió. El Mercosur no abrió ni un solo mercado, todo lo que exportamos bien o mal, es por las nuestras. Por el contrario, Brasil es el principal exportador de carne bovina, con la marca “carne sudamericana”. Brasil recibió la industria que se desarraigó de la Argentina para instalarse allá. Para que eso sucediera, nuestro “socio” dio exenciones impositivas, leyes laborables más laxas y créditos blandos. A su vez instaló toda suerte de barreras paraarancelarias contra nuestros productos. Al no haber aranceles desde Brasil a la Argentina, gran parte de las empresas multinacionales se instalaron allá y desde ahí atienden el mercado argentino. Hoy, 35 años después, el mercado interno nuestro es pequeño.

No era esa la situación durante los gobiernos de Alfonsín y Menem. El sueldo argentino era 3 veces superior al brasileño. Éramos menos habitantes pero con mayor poder adquisitivo, con lo cual fue nuestro mercado doméstico el que financió la instalación de las industrias multinacionales en Brasil. Eso hasta que mejoró la calidad de vida de sus trabajadores. Financiado —en parte— por nosotros.

Esta transformación fue ampliamente facilitada por los funcionarios argentinos, los grandes gestores de la desindustrialización de nuestro país. ¿Qué explicación razonable existe para que Unilever mueva shampoo, pasta dentífrica y jabón de tocador 3.000 km por camión? Las medidas que tomaron los funcionarios argentinos —complementarias a las brasileñas— fueron:

    • altos impuestos locales,
    • altos sobrecostos laborales (los costos por encima de los salarios percibidos),
    • inestabilidad macroeconómica en la forma de inflación, tasa de interés alta,
    • pero la medida crucial fue un tipo de cambio artificialmente bajo.

Nuestros gobernantes ni siquiera tuvieron la entereza de dejar algunas actividades a resguardo. Acceder a que Brasil nos superara en agricultura, ganadería e industria mientras se conservaban algunos cotos. Ejemplo: maquinaria agrícola y lácteos. Nosotros le compraríamos cualquier cosa a Brasil a costa de nuestras industrias, como automotrices y artículos de tocador pero los brasileños desarrollarían su campo con maquinaria agrícola argentina (nuestro industria es más que centenaria y contemporánea de la norteamericana).

Nada de eso sucedió.

Se llevaron nuestros ingenieros e hicieron sus propias máquinas. Pasado tanto tiempo creo que la creación del Mercosur tuvo como objetivo consolidar a Brasil como líder/controlador del subcontinente y darle un golpe mortal al movimiento obrero argentino, verdadero objetivo de todo esto. 

La importancia del tipo de cambio

Cuando no hay aranceles, el tipo de cambio es la única barrera. Si el tipo de cambio está artificiosamente bajo, como sucede ininterrumpidamente en los últimos 11 años, se compran dólares (o reales o euros) a mitad de precio y eso permite adquirir productos importados también a mitad de precio. Si, además, no tengo aranceles, como sucede con Brasil, todo lo brasileño cuesta la mitad de su precio (¡gracias a las políticas nacionales de BCRA!). Lo que faculta a colocarlo en el mercado local a precio internacional calculado a dólar libre y duplicar así las ganancias. 

La ventana que es una trampera

Veamos los números del INDEC.

El saldo comercial Argentina-Brasil de enero de 2000 a octubre de 2022 fue deficitario en US$ 54.438.634.143.230 (pérdida de cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho millones seiscientos treinta y cuatro mil doscientos treinta dólares).

Excepto durante los gobiernos de De la Rúa y Duhalde y por el último año de gobierno de Macri (2019) —por la caída del poder adquisitivo—, todos los santos años le pasamos dinero a Brasil.

Nosotros nos esforzábamos a vender al mundo (al punto de tener superávit comercial) para financiar a Brasil. De hecho, al resto del mundo sin contar Brasil le vendimos US$ 235.075 millones (2000-2021) para poder darle el 23% de lo obtenido a nuestros socios brasileños.

Hoy Brasil no nos necesita más. Tienen reservas, una macroeconomía estable, exportan al punto de poder prescindir de nuestro mercado, sus obreros ganan más que los nuestros.

Distinto era el cantar cuando Kirchner le compraba aviones a Embraer, fabricados por ingenieros formados en Córdoba y con aluminio de Aluar. Cuando Kirchner prohibía la exportación de carne argentina para que Brasil se quedara con nuestros mercados. Cuando los gobernantes argentinos firmaban protocolos especiales para la industria automotriz para que los argentinos compraran 600.000 automóviles al año, la mayoría de ellos brasileños.

El amor del kirchnerismo a Lula nos costó US$ 36.396 millones de déficit comercial (doce años: 2004-2015) [1].

Cuando vean los cordones industriales de Rosario o el Gran Buenos Aires, llenos de fábricas abandonadas y de gente que vive de changas: acá tienen la explicación. 

Solución

Subir el tipo de cambio. El arancel es irrelevante cuando uno tiene naciones sin arancel o cuando no se controla el contrabando. El tipo de cambio alto es el mejor incentivo a la industria porque protege de las multinacionales instaladas en Brasil y del contrabando por igual.

Hubo cierre de actividades ex profeso, sin esperar que las medidas macroeconómicas tomadas corrieran su curso, como fue desmantelar FFMM y los astilleros, cerrar el laboratorio de investigaciones de YPF y tantas otras. Hay que revertirlo.

Con el gobierno de Alberto Fernández, Argentina pidió ingresar a los BRICS, lo que es una medida acertada. Eso permitirá tener una relación adulta y más equilibrada con nuestro vecino.

Nada servirá mientras el dólar siga artificialmente bajo. El tipo de cambio bajo y la caída del PBI per cápita van de la mano.

Nada servirá mientras continúen los mismos funcionarios a cargo de la administración del Estado.

 

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

 

Nota

[1] Déficit año a año con Brasil durante los 12 años de gobierno kirchnerista.

 

Notas relacionadas

Una ventana al mundo. http://restaurarg.blogspot.com/2022/10/una-ventana-al-mundo.html

Más de lo mismo. http://restaurarg.blogspot.com/2020/08/mas-de-lo-mismo.html

 

Artículo publicado el 26/11/2022 por Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2022/11/la-ventanita-brasil.html

GUAYANA ESEQUIBA: ESCENARIOS PROBABLES DE RESOLUCIÓN DE LA CORTE

Abraham Gómez R.*

Con racional optimismo me permito celebrar el inmenso entusiasmo avivado en la población venezolana, la cual se ha mostrado (en todas partes) de acuerdo con las gestiones desarrolladas para reclamar y defender jurídicamente —por ante la Sala Juzgadora de la ONU— la extensión territorial que nos desgajaron por el costado este de nuestra geografía.

Así, además, percibimos, directamente en nuestros encuentros presenciales en las universidades, plena solidaridad con las decisiones que viene tomando el Ejecutivo Nacional, con las cuales queda involucrado todo el país, porque se ha asumido como Política de Estado, sin distinciones de ninguna naturaleza.

Los pleitos internos y ajustes de cuentas, por otros motivos y circunstancias, corresponden a conceptos diferentes a esta importante y trascendental determinación patriótica.

El presente asunto litigioso —el más importante de las relaciones exteriores de Venezuela— debe concitar una absoluta unidad nacional, sin imprudentes exclusiones, sin dejar a nadie a un costado porque tenga una ideología divergente, o piense y milite en organización política contraria al gobierno.

Lo vengo diciendo en todas mis conferencias, en los siguientes términos: está errado y muy equivocado quien crea que puede aprovechar esta controversia para sacarle dividendo político-partidista.

En la controversia internacional en que nos encontramos imbuidos es obligante constituir un tejido hermoso de todos los sectores de la vida activa del país.

Hay que marcar un precedente de integridad y solidaridad nacional, en tanto desafío, en este tramo epocal de nuestra historia, para reivindicar la memoria de nuestros próceres, quienes también lucharon por la restitución de lo que se nos arrebató vilmente.

Cometería un delito de lesa patria quien se preste a hacerle comparsa a la parte que nos adversa en este pleito.

La semana pasada, la delegación diplomática guyanesa dio manifestaciones que viene con todo, a jugársela completa; nosotros también estamos dispuestos a la confrontación jurídica, sin dilaciones innecesaria e injustificadas; con nuestros Justos Títulos traslaticios que nos acreditan como los verdaderos y legítimos propietarios de tales 159.500 km2 y su correspondiente proyección atlántica.

Por mucha oposición que se sienta (u odios mal curados) por el actual gobierno, sería sumamente grave que algún compatriota entre a coquetear, a aupar y a conectarse —en escritos hechos públicos o en conversaciones privadas— con la fórmula jurídica que ha estructurado la ex colonia británica contra nosotros.

Si alguien, con bastantes y comprobados conocimientos en Derecho Internacional Público, cree que la delegación diplomática que nos representó en la Corte Internacional de Justicia ha incurrido en desaciertos estratégicos en las Audiencias recién realizadas en La Haya, entonces, lo más aconsejable es que con la mayor discreción y privacidad se lo haga saber.

En la Academia hemos aprendido que las correcciones que mayor efecto surten son precisamente las que se hacen en privado; con mucha más razón aun, cuando hay un adversario inescrupuloso, dispuesto a sacarle provecho a cualquier desliz, por mínimo que sea; peor todavía, cuando le mostramos el “supuesto error nuestro” desde nuestra propia cancha.

Hay un viejo refrán que cobra fuerza, en este momento: “los trapitos sucios se lavan en casa”.

Requerimos de las mejores inteligencias de Venezuela, por cuanto, no es poca cosa la que estamos encarando en el pleito por fronteras interestatales en América, más prolongado.

Nos aprestamos a esperar la decisión sentencial que pueda tomar ese Cuerpo Juzgador, en base a la Excepción Preliminar que introdujimos, el pasado 07 de junio, considerada cuestión incidental, donde pedimos la inadmisibilidad de la Acción interpuesta por Guyana contra Nosotros. Excepción Preliminar que como parte demandada planteamos conforme al artículo 79 del Reglamento:

“1. Cualquier excepción a la competencia de la Corte o a la admisibilidad de la solicitud, o cualquier otra excepción sobre la cual el demandado pide que la Corte se pronuncie antes de continuar el procedimiento sobre el fondo…”

“9. La Corte, oídas las partes, decidirá por medio de un fallo, en el que aceptará o rechazará la excepción o declarará que la excepción no tiene, en las circunstancias del caso, un carácter exclusivamente preliminar. Si la Corte rechazara la excepción o declarara que no tiene un carácter exclusivamente preliminar, fijará los plazos para la continuación del procedimiento…”

Nos preguntan, con insistencia, qué resultará; cómo resolverá la Corte, después de haber escuchado —la semana pasada en Audiencias Públicas— a las Partes conflictuadas.

La gente desea conocer —hipotéticamente— con qué nos podríamos conseguir, en esta decisión preliminar, pronunciada con anticipación, que no va —obviamente— al fondo del asunto; es decir, la validez o invalidez del Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899; sino decidir si se admite o no la demanda que presentó la República Cooperativa de Guyana, el 29 de marzo del año 2018, contra la República Bolivariana de Venezuela.

Supongamos que la Corte desestima la demanda, e inmediatamente reenvía el caso al Secretario General de la ONU, para que explore y alcance otra alternativa de solución “práctica y satisfactoria” para ambas partes, conforme al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Dígase, la negociación directa, la mediación, la conciliación y hasta un nuevo arbitraje; pero esta vez, excluyendo el arreglo judicial porque quedó desechado por la Sala.

La Corte también podría desestimar la Demanda y ordenar a las Partes a que reestablezcan una negociación directa, sin la participación del citado funcionario de las Naciones Unidas; dentro de lo contemplado en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

Atendamos también a la siguiente probabilidad. El Alto Tribunal puede sentenciar como admitida la demanda, y emite órdenes para continuar con el Proceso en las fases subsiguientes; impelida, entonces, a conocer el fondo de la litis.

De darse el escenario anteriormente señalado, a Venezuela le correspondería, entre otras disposiciones: declarar significativa e inequívocamente la competencia de la Corte y manifestar plena voluntad de hacerse parte del juicio (Forum Prorogatum).

También nuestra delegación, en esa condicionante, puede declarar la incompetencia de la Corte para avanzar con este juicio y deja sentada su incomparecencia.

Podría nuestro país, además, como contundente estrategia: manifestar su comparecencia bajo protesta, y en el mismo acto recusar a la jueza australiana Hilary Christiane Mary Charlesworth, porque tiene severos impedimentos jurisdiccionales; dado que ella fue la juez ad-hoc de Guyana, hace apenas dos años; con lo cual tiene seriamente comprometida su imparcialidad en el juicio.

Venezuela, al darse por concernida en el probable juicio, podría solicitar la incorporación del Reino Unido, como parte interesada, por ser el causante del despojo y provocador de la controversia; no obstante, el Principio de Consentimiento previo (“Caso oro amonedado de Roma-Albania 1943”).

Venezuela podría formalizar, ante la Corte, la incorporación de un Amicus Curiae para reforzar la documentación de probanza y la vocería nuestra en ese Cuerpo Sentenciador.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Comisión de Defensa del Esequibo y la Soberanía Territorial. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.

MINISTRA DE TIERRA DEL FUEGO FACILITARÍA LA PESCA ILEGAL EN EL ATLÁNTICO SUROCCIDENTAL

César Augusto Lerena*

La construcción de un puerto en Río Grande que podría servir para el desarrollo de Tierra del Fuego le abriría las puertas a los buques extranjeros que pescan ilegalmente en el Atlántico Suroccidental.

La excelente entrevista (24/11/2022) de la periodista de la Revista Puerto Karina Fernández a la Ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego Sonia Elizabeth Castiglioni es suficientemente elocuente y habla por sí misma de las incapacidades que tienen algunos funcionarios cuando, tanto a nivel nacional como en las provincias argentinas, ocupan posiciones relevantes sin disponer de la aptitud suficiente para diseñar una estrategia integral y, mucho más, cuando sus decisiones domésticas podrían afectar la soberanía nacional y la sostenibilidad del ecosistema marino, perjudicando la sustentabilidad de la producción nacional y la perpetuidad de las especies pesqueras de tercera generación.

Tal es el caso de la citada Castiglioni, que no registra un solo antecedente privado en la producción de bienes ni título habilitante alguno en materia de desarrollo ambiental y sostenibilidad, sino que ha limitado su actividad a realizar algunas tareas privadas relativas a sistemas informáticos y administrativos y vive del Estado municipal de Río Grande y de la provincia fueguina desde abril de 1994 a la fecha; siendo desde este mes, además de ministra, directora titular de YPF S.A. (¿?). Alguna virtud ha de tener esta señora para acceder a semejantes cargos sin tener antecedentes relevantes y de sus respuestas dadas a la sagaz periodista, tampoco parece exhibir claridad política y estratégica ni conocimiento de la legislación vigente, frente a la responsabilidad que le compete, teniendo en cuenta de que se trata de una secretaria del gobernador en materia de producción y cuidado del ambiente de la provincia más austral, que tiene bajo su jurisdicción nada menos que las Malvinas, el resto de los territorios insulares, la Antártida y las aguas correspondientes; motivo por el cual, sus acciones y declaraciones, pueden atentar contra el interés nacional o dificultar la trabajosas relaciones diplomáticas argentinas con el Reino Unido, además de perjudicar gravemente a la producción y el trabajo nacional que explota los recursos pesqueros de Argentina.

La posición que exhibe la ministra en sus contestaciones va en contra de las opiniones de todos los foros de los organismos multilaterales y de los expertos internacionales y nacionales respecto a los efectos devastadores de la Pesca Ilegal y de la captura de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), por parte de buques extranjeros que, forma subsidiada, pescan en el Atlántico Suroccidental argentino. Y en la Pesca Ilegal no solo hay perjuicios económicos, biológicos, ambientales y sociales, sino que estas prácticas provocan violaciones en materia de trabajo esclavo y narcotráfico, además de menoscabar la soberanía de los Estados ribereños. Por lo tanto, esta funcionaria, no puede poner en la balanza todo ello y contrastarlo con la intención infundada de generar algunos recursos económicos para la provincia provistos por pesqueros depredadores que, además, no tendrán envergadura alguna en relación al 1.080.000 toneladas de especies migratorias originarias de la ZEE Argentina que anualmente extraen chinos, españoles, británicos, coreanos, taiwaneses, etc. por un valor FOB de US$ 4.320 millones y de US$ 24.000 millones en el mercado final (Mercado Central de Valencia, 11/22), a lo que se agregan 325.000 toneladas de recursos pesqueros que se extraen anualmente en el área de Malvinas con licencias ilegales británicas, por un valor de US$ 1,5 mil millones FOB que, en el comercio final, se transforman en unos 9 mil millones por año. Una irresponsabilidad política y económica.

Dice Karina Fernández: «Sonia Castiglione, habló con este medio sobre la construcción del puerto multipropósito en Río Grande y, la intención de abastecer a la flota que opera en el Atlántico Sur y su interés de que aumente el número de barcos poteros en el mar argentino» y, refiere la periodista, que sería «una inversión de 210 millones de dólares de la firma argentina Mirgor SACIFIA, cuyo principal accionista es el empresario Nicolás Caputo…». Preguntada la ministra si existía «intervención del gobierno chino en la construcción del puerto de Río Grande» la ministra manifestó que no había capitales chinos; pero, reconoció que una de las empresas inversoras es de Hong Kong (¿?), además del ANSES (¿?) y la citada Mirgor cuenta con algunos socios estratégicos internacionales.

Del mismo modo, si en conocimiento de «la buena relación del gobernador con el gobierno chino… ¿Esto podría sustentar la idea de que uno de los destinos del puerto sería abastecer a la flota (china) que opera en la milla 201?» la sonsacada responde sin sonrojarse que el «puerto multipropósito, está planteado así porque la cantidad de servicios que pueda dar un puerto en estas latitudes a todo el Atlántico Sur es importante y posicionará a la Argentina. Respecto de la milla 201 yo lo veo como una oportunidad de trabajo en los territorios: hoy Malvinas, Punta Arenas y Uruguay ofrecen servicios y nosotros la vemos pasar. Que uno pretenda ofrecer servicios a chinos o a quien sea que esté en la milla 201 tiene que ver con la generación de empleo y economía dentro de los territorios, pero eso no es a cualquier costo, se establecerán las condiciones necesarias y si hay alguna limitación por equis razón para algún tipo de flota o de bandera, se establecerán las limitaciones que correspondan llegado el momento. Lo digo en forma conceptual, me parece que es una oportunidad que estamos perdiendo…». Léase, si se portan bien en el puerto, lo que hagan en el mar es cosa de ellos.

Si la opinante se tratara de un desinformado poblador del impenetrable chaqueño podríamos aceptar semejante insulto a la inteligencia; pero no, se trata de una ministra de Ambiente que parece ignorar el daño ecológico que ocasiona la explotación ilegal en Malvinas y en el Atlántico Suroccidental y el apoyo logístico que se le presta a la flota española-británica, coreana y taiwanesa tanto en las islas, como en Uruguay y Chile (más la china que pesca en la región) y, no tiene mejor idea que multiplicar el daño dándole también apoyo logístico en Rio Grande. Accesoriamente, creemos que los pobladores de esta ciudad deberían estar muy preocupados por los efectos colaterales negativos, que la presencia de estos depredadores habrá de ocasionar.

Dice la susodicha que «ve pasar los servicios» a buques que operan ilegalmente. Bueno, en lugar de verlos pasar, debería actuar, porque Malvinas, las aguas correspondientes y sus recursos forman parte de la Provincia de Tierra del Fuego. Además que su iniciativa violaría la Disposición Transitoria de la Constitución Nacional, habría que preguntarse, si la ministra no estaría incumpliendo con sus deberes de funcionario público cuando no sanciona ni denuncia ante el Poder Ejecutivo Nacional y el Consejo Federal Pesquero -donde tiene un representante provincial- la falta de sanciones a las embarcaciones que pescan en el área marina del territorio fueguino y argentino de Malvinas por aplicación de las Leyes 24.922, 26.386 y 27.564 y los artículos 2º; 25º; 31º inc. 4; 49º; 53 inc. 5; 54º; 58º inc. 7 y 11; 63º; 68º y 79º de la Constitución de Tierra del Fuego y muy especialmente el Artículo 81° (Recursos naturales) que indica: «Son del dominio exclusivo, inalienable e imprescriptible de la Provincia el espacio aéreo, los recursos naturales, superficiales y subyacentes, renovables y no renovables y los contenidos en el mar adyacente y su lecho, extendiendo su jurisdicción en materia de explotación económica hasta donde la República ejerce su jurisdicción, inclusive los que hasta la fecha fueren administrados y regulados por el Estado Nacional…» y el artículo 87º (Pesca) «Dentro de las áreas marítimas de jurisdicción provincial y de los cursos o espejos de agua, el Estado Provincial preserva, regula y promueve sus recursos hidrobiológicos (…) Los cardúmenes de especies marinas migratorias son de propiedad de la Provincia, y estarán sujetos a un régimen de protección especial» y, también, por aplicación de la Ley 244 Provincial de Pesca (17/8/1995) que en su artículo 1º indica: «Las prescripciones de la presente Ley tendrán vigencia sobre los recursos hidrobiológicos existentes en las aguas interiores y marítimas considerados de dominio y jurisdicción provincial tal como lo define el artículo 124 de la Constitución Nacional y el artículo 81º de la Constitución de la Provincia (…) con las previsiones del artículo 87º de la misma, en relación con los recursos de carácter migratorio» y las previsiones de los artículo 6º, 12º a 18º y 41º a 50º de la referida ley. Del mismo no se denuncia el contrabando por falta de pago de derechos aduaneros (Ley 22.415) a las extracciones y posteriores importaciones, mayoritariamente en España, de las capturas en el área de Malvinas.

Por cierto, una iniciativa de esta naturaleza requeriría un Acuerdo previo ratificado por el Congreso de la Nación por imperio de los artículos 4º; 5d; 21ºe, 22º y 37º de la Ley 24.922 y la prohibición derivada del Artículo 27º bis de esta ley.

Los recursos naturales de la Provincia y los de la Nación están siendo expoliadas por embarcaciones extranjeras y, la señora ministra, desea darles facilidades logísticas a esos buques, al tiempo que manifiesta: «Hay cosas que desde Buenos Aires no ven» y ello —aunque un tanto demagógico— es muy probable, pero, en este caso, la ceguera está en el ámbito de sus responsabilidades.

«Una oportunidad de trabajo» indica; pero lo que va a ocasionar esta absurda propuesta de dar apoyo logístico a la flota que pesca a distancia en “la milla 201” será un aumento del número de buques extranjeros en el Atlántico Suroccidental y el esfuerzo pesquero, provocando un daño gravísimo en el ecosistema, la caída de las capturas de las empresas que se encuentran radicadas en la Argentina y la consecuente pérdida del trabajo nacional y, en el caso, de facilitar las operaciones de los buques que pescan en Malvinas (la ministra refiere a los servicios que se prestan en Malvinas y Chile), habrá de dar mayor sustentabilidad a estas empresas, consolidando la presencia británica en las islas.

Es muy probable que la ministra no sepa cómo generar trabajo en el ámbito marítimo, portuario y pesquero. Los desembarcos pesqueros en Tierra del Fuego cayeron en un 50% desde el 2005 (90.472 toneladas) y 2021 (49.645 toneladas); además, que la Provincia carece de industrias de procesamiento en tierra y agregado de valor lo que reduce notablemente la ocupación de mano de obra. La ministra ha sido incapaz de generar empleo en esta materia durante el tiempo de su gestión en Río Grande y la Provincia.

Es notable el desconocimiento que tiene Sonia Elizabeth sobre los aspectos productivos de la actividad y, muy especialmente, sobre la legislación provincial que refiere a los recursos migratorios, recursos que son los que pesca gran parte de la flota pesquera extranjera en alta mar y, refiere a que «en la milla 201 se pesca lo que nosotros no pescamos», lo cual es absolutamente inexacto, porque las especies son las mismas, migratorias y/o asociadas y, olvida decir que la flota de los Estados de pabellón que pesca a distancia opera subsidiada; sin el pago de derechos y/o aranceles de captura y/o importación y/o exportación con total desprecio a las leyes laborales y de seguridad que gravan el empleo argentino.

Indica también que «Si es pesca legal o ilegal serán parámetros que claramente deberemos establecer» y, debemos recordarle que no hay nada que establecer; toda la flota extranjera que opera en el Atlántico Suroccidental lo hace en forma ilegal debido al incumplimiento de dos parámetros básicos: no tiene control del Estado de pabellón y no ha firmado acuerdo con el Estado ribereño y, 40 razones más que derivan de ello y que omito para no aburrir. En el caso de Malvinas se agrega la violación de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas.

Finalmente, sus argumentaciones respecto al puerto de elección por parte de la flota extranjera son de tal ingenuidad e incompetencia en la materia y de las incapacidades argentinas en materia de control, e ignora también, lo que podría significar la presencia de china en la región, facilitándole el tránsito al Pacífico y la pesca ilegal en ambos océanos y, las operaciones en el ámbito de la Antártida.

Y en el imaginario que estas grandes superpotencias depredadoras pesqueras con sus 500 o más buques anuales se decidieran a llevar sus capturas a Río Grande u otro puerto cercano, quién se supone que va a controlar las capturas y el tránsito de la flota desde alta mar al puerto y quién habría de controlar el origen, los descartes, las materias primas en cámaras, las condiciones laborales del personal embarcado, etc. Semejante iniciativa requiere un esfuerzo mucho mayor que conseguir una inversión para construir un puerto que con este modelo consolidará definitivamente la extranjerización del Atlántico Suroccidental.

«¿Charteo de poteros?» Para hablar de ello Sonia Elizabeth debería saber previamente algo de la historia pesquera; después, conocer la composición accionaria de la flota actual habilitada para pescar en la jurisdicción nacional y, en tercer lugar, trabajar en conjunto con la CAPA que está cuestionando las acciones que propicia.

Debido a las inconsistencias políticas y a la falta de idoneidad de los funcionarios, la Argentina sufre la peor colonización continental y marítima de toda su historia, sería bueno que la Sra. ministra tenga en cuenta los artículos 139º y 188º de la Constitución Provincial antes de llevar adelante semejante proyecto que habrá de atentar contra la soberanía política, económica, ambiental, alimentaria y social de la Nación y de Tierra del Fuego.

La incapacidad se pone de manifiesto poniendo a las personas en la máxima posibilidad de sus capacidades y, en muchas ocasiones, este umbral es muy bajo.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022)