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TIERRA DEL FUEGO. CUANDO LA SOBERANÍA POLÍTICA SE SUBORDINA AL AJUSTE ECONÓMICO

César Augusto Lerena*

El Gobierno Nacional redujo los aranceles de importación de electrodomésticos. Una decisión que afecta a toda esta industria en el país y, especialmente, deja sin sentido las exenciones impositivas y aduaneras establecidas por la Ley 19.640 que promueve la industria electrónica instalada en Tierra del Fuego. Una determinación que atenta contra la soberanía nacional, que podría llevar a despoblar nuestro territorio austral y que, por el contrario, debería desarrollarse en la Isla Grande un modelo sobresaliente a mostrar a los habitantes británicos de Malvinas. La medida del gobierno no se toma en forma aislada, sino que paralelamente se promueve el emplazamiento junto a Estados Unidos de una Base Naval en Ushuaia; se lleva una política de desinterés respecto a las acciones británicas en Malvinas y la región y, el Reino Unido promueve una creciente relación con nuestros vecinos Brasil, Chile y Uruguay y lleva una política blanda ―tolerada por el gobierno― con la que pretende influir culturalmente en los argentinos.

Para no entrar en discusiones ideológicas recurrimos a la visión general de la IA: «la soberanía política es el poder supremo que un Estado ejerce sobre su propio territorio y población, sin la interferencia de otros estados o entidades externas, implica independencia, autonomía para tomar las decisiones políticas, y la capacidad de ejercer autoridad máxima». Lo importante es que el Estado planifique y ejecute las medidas necesarias para ejercer soberanía.

La Ley sancionada el 2 de junio de 1972, tenía en cuenta ―entre otras razones― «la peculiar situación geográfica extremadamente austral de los territorios involucrados y sus consecuencias directas relativas al aislamiento, condiciones de vida y grado de actividad económica y su desarrollo en gran parte mantienen actualidad» y, por tal razón en el artículo 1º de esa ley «eximía del pago de todo impuesto nacional que pudiere corresponder por hechos, actividades u operaciones que se realizaren en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o por bienes existentes en dicho Territorio».

La situación actual en relación a la existente a 1972 se ha agravado. No tanto en su aislamiento donde no se ha innovado, sino en la tensión existente entre las grandes potencias en el Atlántico Sur; la invasión creciente en la parte meridional de este océano por parte del Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB); ya que mientras en 1972 los británicos ocupaban unos 20.000 km2 de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y tres millas alrededor de estas islas y, desde 1982 y en especial desde los Acuerdos de Madrid (1989-1990) avanzaron invadiendo y disputándole a la Argentina 5.497.178 Km2, de los cuales nos invaden 1.639.900 Km2 de territorio marítimo e insular y nos disputan 1.430.367 Km2 de plataforma continental extendida y 2.426.911 Km2 del continente antártico.

Mientras ello ocurre, el RUGB profundiza sus relaciones con Chile respecto a la Antártida y con Uruguay, cuyo puerto de Montevideo presta apoyo logístico a las capturas ilegales en el Atlántico Sur.

A ello, hay que agregarle que en las aguas de Malvinas los británicos extraen ilegalmente recursos pesqueros argentinos en el orden de las 250.000 toneladas anuales ―según reportes de los propios isleños― y en materia de exploraciones petroleras las empresas Rockhopper y Navitas estiman extraer 728 millones de barriles de petróleo. Todo esto militarizado ―aeronaval y misilísticamente― por las fuerzas de la corona británica. En este escenario ¿se puede debilitar la economía de Tierra del Fuego?

No obstante, nos preguntarnos: ¿Qué han hecho los gobiernos nacionales y provinciales para monitorear y dar sustento estratégico, económico y de defensa, a la par de terminar con el aislamiento y promover nuevos proyectos productivos e industriales, que no estén necesariamente atados a los beneficios impositivos y aduaneros? Y a la par asegurar que las inversiones estén orientadas en el mediano plazo a proveer una economía sustentable no subsidiada. Lo hecho ha sido insuficiente y aquellas actividades que promueven empleo, deben también producir un desarrollo regional compatible con los intereses estratégicos de fortalecer Tierra del Fuego. Las autoridades debieron cumplir con lo que precisaba la Ley: «La posibilidad de establecer una promoción económica por medio de las disposiciones que regulan el tráfico de mercaderías otorgando beneficios especiales, forzosamente condicionada por la existencia de una actividad económica estable y de la posibilidad de hecho de ejercer los controles correspondientes». Aun así, la soberanía política no puede subordinarse al ajuste económico. Si para lograr un déficit cero el gobierno nacional debe desatender los aspectos soberanos de la Nación estaría violando la Constitución Nacional en materia de defensa y seguridad nacional y en especial su Disposición Transitoria Primera que reza: «La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía…  constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».

Seguramente, a la par de Tierra del Fuego, el Estado Argentino debería llevar adelante una política que armonice más las economías entre las provincias, teniendo en cuenta aquellas que, por razones vinculadas a su condición de fronterizas, la disponibilidad de los recursos, sus características climáticas y/o las distancias de los grandes centros urbanos, etc., se encuentren más desfavorecidas o expuestas.

Nadie debería asombrarse. Ya se sabía desde la sanción del régimen de excepción que se partía de una discriminación de trato con el resto de las provincias y que todas hacían un importante esfuerzo por acompañar el imprescindible desarrollo de Tierra del Fuego; pero, el que sus gobernantes nacionales y provinciales no hayan cumplido con las expectativas puestas en la iniciativa, no implica que hayan desaparecido las razones que dieron lugar al dictado de la ley. Por el contrario, como hemos visto se han agravado, por lo que no puede ser desactivada por vía indirecta. En todo caso, debieran ser sancionados quienes no estuvieron a la altura de las circunstancias y quienes ―públicos y privados― no entendieron la motivación de fomentar a Tierra del Fuego por razones estratégicas, económicas y sociales.

A la Unión Europea ni a los Estados Unidos se los cuestiona por subsidiar ―entre otras― a su producción agropecuaria. Ni que la Unión Europea subvencionara el desarrollo de España, Italia o Portugal al momento de ingresar a la Comunidad Europea y que al hacerlo ésta acordara el plan de desarrollo y fiscalizara las inversiones. La fortaleza y la integración de Europa estaban atadas a la necesidad de equilibrar las economías y sus capacidades.

Todos los países que pescan a distancia ―pese a las buenas intenciones de la OMC― son subsidiados.

No se construye soberanía con un «Mapa Bicontinental» y no habrá soberanía en la Nación Argentina sino se construye soberanía en Tierra del Fuego, una provincia bisagra de nuestras reivindicaciones sobre los archipiélagos, los mares meridionales del Atlántico Suroccidental, nuestros vínculos con el océano Pacífico y el acceso a la Antártida Argentina.

Como dijimos, se podría cuestionar cómo han utilizado las ventajas impositivas los gobiernos de Tierra del Fuego para el cumplimiento de esos objetivos y a su vez cómo reconvertir su economía; pero el gobierno nacional tampoco ha aportado plan alguno al respecto y, por el contrario, lo agravado con sus erráticas políticas respecto a revertir la situación de ocupación británica de los territorios nacionales.

La Provincia, por ejemplo, no ha efectuado una política pesquera adecuada. No ha industrializado ni agregado valor a esta actividad y no ha iniciado las acciones legales contra las embarcaciones ilegales que pescan en su territorio de Malvinas y Georgias del Sur.

A nuestro juicio, el gobierno nacional debe llevar adelante la reconstrucción y modernización de los puertos de Río Grande y Ushuaia para integrar la Isla Grande de Tierra Grande al continente, facilitando el comercio nacional e internacional, la explotación pesquera, el transporte, la actividad turística y científica con relación a la Antártida. Además de ello, construir una base naval autónoma sin injerencia de terceros países y dotar a Tierra del Fuego de la tecnología más moderna en materia de defensa y científica, direccionando, además, los vuelos de Malvinas a Ushuaia, capital de la Provincia, como principio de administración del territorio usurpado.

Deberían renegociarse las condiciones de mantenimiento del régimen de excepción estableciendo por parte del gobierno de Tierra del Fuego un plan de aplicación de las utilidades al objetivo estratégico explicitado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y un plan de mediano plazo de reconversión de desarrollo productivo e industrial de la Provincia. Por cierto, también llevar adelante un Plan respecto a la Antártida que debilite la relación RUGB-Chile y acordar con éste una política de cooperación en el territorio antártico y en materia científica y turística.

Nada es confusión. Nada es obra de la casualidad o de la ineptitud. Es un plan que bajo pretexto de arcaicas prácticas de libre mercado desmalviniza y desculturaliza la Argentina y despuebla los territorios vinculados con los archipiélagos del Atlántico Suroccidental y la Antártida. Mientras el Reino Unido de Gran Bretaña avanza, avanza.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar

ENEMIGOS SOLAPADOS: COMUNISTAS Y MASONES

Ya nos lo decía el siempre vigente Jordán Bruno Genta:

Dos corrientes ideológicas que tienen el mismo diabólico origen y son igualmente anticatólicas, antinacionales y antimilitares, la Masonería y el Comunismo, están socavando los fundamentos espirituales de la sociedad argentina.

Es por todos sabido que, la Masonería no actúa casi nunca con su nombre propio, sino camuflados, la vemos ahora mismo vestida de «Democracia y Libertad».

Tengamos en cuenta que desde hace más de un siglo tenemos como máxima figura de la enseñanza, del sacrificio y de la bonomía a Sarmiento, (inmortal, según nos hacen cantar en su himno), es decir, el Gran Maestre de la Masonería Argentina en 1882 (época en que se sancionó la Ley 1.420 de educación laica). Por tanto, que podemos pretender de la enseñanza viciada que reciben nuestros hijos. Para colmo de males, la masonería actual, de la mano del N.O.M. ha implantado el «lenguaje inclusivo», la «Enseñanza Sexual Integral» y la «Identidad de Género».

Durante el largo período en que ejerce una influencia cada, vez más decisiva en la política nacional, la idea fija de Sarmiento, su obsesión, es hacer del Ilustre Hermano D. Benjamín Franklin, el arquetipo moral de sus futuras generaciones argentinas.

Y no vacila en sostener que: «Franklin avanza en moral sobre Sócrates, y sobre la moral misma de Jesús que, según lo ha observado Renán, es ineficaz para los fines civiles en la parte económica». («Robinson es una Nación», lectura hecha el 1 de Enero del 1886. — Obras completas, tomo 22).

Debemos recordar que la masonería es el Anticristo, el anticatolicismo radical, extremo, absoluto. El catolicismo es incompatible tanto con la masonería como con el comunismo.

Por todo ésto, debemos repudiar a los masones infiltrados en todas las instituciones de la Nación, debemos cambiar los valores de esta sociedad. Debemos dejar de mirar a los seguidores de Sarmiento y apoyar incondicionalmente a los que enarbolan el estandarte de los valores sanmartinianos.

Las palabras y los hechos de San Martín evidencian que no adhirió a los principios liberales, ni a la democracia mayoritaria y populista; su juicio sereno y honrado en la madurez de la vida y después de su experiencia americana del gobierno político, lo llevó a condenar resueltamente los regímenes de la libertad jacobina.

Tampoco fue un enemigo de la Iglesia Católica y, por el contrario, cuidó la vida religiosa y persiguió la blasfemia en sus soldados, con un celo de inquisidor tan extremo que no existe ejemplo igual en un general americano. Y lo que es más decisivo todavía, puso al Ejército de los Andes bajo la protección de la Virgen del Carmen.

Un hermano masón, puro y perfecto, no podría incurrir en tan inexcusables claudicaciones de los ideales ultraliberales y anticatólicos de la Orden.

Muchos, con ingenuidad y quizás llevados por la desesperación de tener que elegir entre Milei y Massa, votamos al primero, eligiendo el mal menor. Apostamos a un gobierno de derechas que dejara atrás décadas de zurdaje progre; pues bien, ya probamos las hieles de este liberalismo masón y «no cristiano», (quién sepa leer entre líneas… lea), y espero no volvamos a caer en el error, aprendamos de nuestros errores.

Tenemos una gran tarea por delante, los católicos debemos reclamar públicamente y con todas nuestras fuerzas, para lograr la reconstrucción de la Patria, la integridad de la familia y el retorno de Cristo a las escuelas y universidades. Porque se llenan la boca hablando de laicismo y «libertad», de que respetan todos los derechos pero, no se puede hablar de Cristo en las escuelas pero, se enseña el «holocausto» en las aulas, y no se habla de la persecución de alemanes, o polacos, ni de israelíes; se habla de judíos, que es una religión… ¿entonces?, ¿se puede hablar o no se puede hablar de religión en las aulas?

Se están concretando viejos temores que se difundían allende los setentas en grupos nacionalistas que hablaban del latrocinio de tierras perpetrado por un grupo bien identificado. No dejemos de mirar la Patagonia Argentina, no permitamos que nos la arrebaten.

Enseñemos a nuestros hijos a querer a la Patria, a defenderla de nuestros enemigos.

¡Argentina Despierta!

DyPoM

Por der Landsmann para SAEEG

©2025-saeeg®

LA POLÍTICA NACIONAL DESTRUYE LA INDUSTRIA PESQUERA

César Augusto Lerena*

El ordinario tecnicismo del economista y Presidente Javier Milei referido al comercio: «se van a meter los productos en el orto» (Neura Media, 15/04/2025). Una acepción que en la Argentina no se refiere precisamente a la salida del sol y que ya se advirtió cuando la industria pesquera nacional se resistió a la Reforma de Pesca que establecía la «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» que, más que dar libertad a los argentinos otorgaba libertad total a los buques extranjeros para pescar en la Zona Económica Exclusiva Argentina, no descargar sus capturas en los puertos argentinos, utilizar buques de cualquier antigüedad y tripulantes extranjeros. Una política que siguiendo con los argentinismos podríamos denominar de «boluda total» y que solo unos pocos países bananeros en el mundo aplican: Costa Rica, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, la República Dominicana y algunos países africanos, que no tienen desarrollada su flota, su industria ni sus mercados pesqueros; no es el caso de Argentina que posee un gran desarrollo en la temática.

Las declaraciones del ministro reorganizador Federico Sturzenegger calificando al sector de «ladrón» y afirmando que «se llevan el pescado de todos los argentinos» (Radio Mitre, 17/10/24) cierran estas ideas descalificadoras e imprecisas ya que la pesca no tributa solo el 0,2% como este ministro manifestó, sino que previo al aumento de los derechos a la extracción el sector «ya aportaba el 35% de las ventas» (Karina Fernández, Revista Puerto, 30/01/2024).

Como en su oportunidad dijimos, el rechazo de este proyecto de extranjerización irrestricto del mar, no será gratis para la industria pesquera (César Lerena «Enajenar los bienes del Estado…”, 08/02/2024). La revancha será terrible y la forma que el gobierno la materializa es mediante una política económica e impositiva que destruye la producción pesquera argentina. Un dólar anclado, con o sin banda de flotación, un sinnúmero de impuestos; retenciones a las exportaciones (DEX) del 3 al 9%; derechos de captura (DUE) de 80,53 a 509,38% según la especie; tasas de inspección, servicios portuarios, etc.; servicios de energía (+268% en 2024); gas (entre 150 y 460% en 2024); agua (+317,22% en 2024); gasoil (+275% en 2024); fletes (+85%), etc. y, el continuo aumento de costos internos de insumos, los salarios, etc. hacen inviables las concesiones de explotación pesquera. El sector pesquero industrial compite con los mercados más exigentes del mundo quienes fijan los precios, pese a la errática e inconsistente política económica argentina y un dato no menor: la pesca no es ilimitada y debe ser sostenible para asegurar los recursos a las generaciones futuras; pero, la situación actual parece inviable.

En aquella ocasión señalamos que «hubo intencionalidad, perversidad, audacia y desprecio para la industria nacional» y presagiamos: «señores empresarios no se distraigan, el gobierno insistirá, nada volverá a fojas cero»; aunque, nunca imaginamos que sería mediante tan semejante “mala praxis” con olor a vendetta. El Consejo Federal Pesquero ―el responsable según la Ley 24.922 de fijar las políticas pesqueras― y el Subsecretario de Pesca su presidente, han demostrado su incapacidad para administrar la actividad, conforme las variables internas y las relativas al mercado internacional y han puesto al sector ―según las principales Cámaras Empresarias― en la crisis más profunda de su historia.

La Argentina exportó en 2024 unas 540.000 toneladas por valor de US$ 2 mil millones, es decir, un promedio de US$ 3.704 la tonelada que se mantiene en los últimos diez años; mientras los costos internos de la captura y la industria pesquera argentina crecen en forma continua, junto a un dólar devaluado, con el agravante que el consumo interno con 4,9 Kg per cápita por año es el más bajo de Latinoamérica y ello también tiene relación con las pésimas políticas nacionales.

La Argentina destina un 95% de la producción nacional pesquera a la exportación y, la Unión Europea, Estados Unidos y los países asiáticos que importan pescados, crustáceos (langostino) y moluscos (calamar) colocan aranceles a los productos pesqueros terminados; siendo España, China y Estados Unidos los principales compradores de pescados argentinos.

El producto que más dólares aporta a la Argentina es el langostino, comprado principalmente por España, Italia y China. El calamar, por su parte, lo adquieren mayoritariamente China, Corea del Sur y Singapur. Estados Unidos a su vez, es comprador de Merluza común (hubbsi), Merluza Negra, Merluza de cola y, Corvina. Y, siendo, el tercer comprador de productos argentinos acaba de agregarle un nuevo arancel del 10% a las importaciones desde Argentina, que provocará un mayor quebranto a la empresa pesquera del país (de capital nacional o extranjero).

Los pescados, crustáceos y moluscos están entre los diez productos argentinos exportados a Estados Unidos que más dólares aportan al país y, están en tercer lugar en las exportaciones totales, luego de España y China; a pesar de ello el gobierno argentino le coloca el 6% de retenciones, lo cual demuestra la falta de políticas para compensar los gravámenes proteccionistas extraordinarios que le colocan importadores, como Estados Unidos; pero, que debería tenerse en cuenta no solo en este caso sino en todos las oportunidades que los países importadores coloquen aranceles para evitar el ingreso a precios competitivos de nuestro país. Es de esperar que la crisis se agrave porque el aumento general de los alimentos podría producir una disminución de la demanda en aquel país.

Con un mecanismo absolutamente empírico el 4 de abril de 2024 el gobierno llevó las Unidades de Pesca (UP) de $ 376 a $935, lo que representa un aumento del 148%; de forma que todos los valores referidos a esta UP aumentarán en la misma proporción. Se trata de un valor relacionado al costo del litro del gasoil grado 2; de tal manera, que además de aumentar en forma creciente el valor del combustible y sus impuestos -un insumo esencial de la actividad- se encarecerán exponencialmente todos los costos de las operaciones de pesca.

El medio especializado Pescare (04(04/2024) precisa que, a la pesca, contrario a lo que ocurre en la extracción de petróleo, gas y otros minerales, se le cobra un «Derecho Único de Extracción» (DUE), a pesar de que esos recursos no son renovables como en la pesca. Una observación interesante, sobre la que habría que ampliar.

Como hemos dicho el Consejo Federal Pesquero no ha evaluado sus costos ni los de la Subsecretaría de Pesquera en materia de administración, investigación y control, a la hora de determinar el valor del derecho a la extracción (DUE) de los recursos pesqueros. Es decir, se le impone a la captura una tasa en forma empírica encareciendo los costos de producción que, dicho sea de paso, no pagan los buques extranjeros que pescan subsidiados los recursos migratorios argentinos ilegalmente (alta mar y Malvinas) luego compiten en los mismos mercados internacionales.

Hay que tener en cuenta, que el Estado otorga en concesión la explotación de la pesca, de modo tal de aprovechar la disponibilidad de los recursos pesqueros en el mar argentino, generando riqueza, empleo y desarrollo poblacional e industrial en las regiones del litoral marítimo. Es obvio entonces, que esa explotación debe generar una rentabilidad al concesionario y no pérdidas, porque se desalentaría la actividad y las inversiones en la región. Motivo por lo cual, todos los impuestos, derechos y tasas deben estar destinados a solventar los gastos básicos de administración general, investigación y control y no a generar utilidades al Tesoro Nacional con todo este tipo de tributos colocados en forma arbitraria. Todo ello es además una extracción a las provincias donde las empresas están radicadas impidiendo nuevas inversiones.

Por si fuera poco, en medio de este festival de impuestos, derechos y tasas, Néstor Saldivia nos indica (Revista Puerto) que “China no está comprando langostino a la Argentina”, lo cual no es un dato menor, ya que en 2024 fue el tercer importador de langostino nacional.

En vistas a esta situación que afecta especialmente al procesamiento de las materias primas en las plantas procesadoras de las provincias el Consejo Federal Pesquero, a instancias de la Cámara Argentina de Armadores de altura (CAABPA) y la Cámara de la Industria (CAIPA) y, fundado en la caída de los mercados, salarios, aumentos de combustibles, los precios internacionales, etc. redujo por 180 días un 20% el Derecho Único de Extracción (DUE) a aquellas trasformaciones que se realizan en las plantas industrias en tierra, a excepción del abadejo, el calamar y los tiburones. Y es contradictorio exigiéndose una transformación de un porciento de las capturas de calamar se procese en las plantas en tierra se exceptué a esta especie de esta disminución del DUE, desalentando el proceso de elaboración generación de empleo.

Por cierto, si bien el gasoil es un insumo muy importante en la pesca, la actualización de los impuestos, tasas y derechos a través del costo del gasoil es incorrecto, porque el encarecimiento de este insumo incrementa aún más los costos de las operaciones. Por supuesto, que se paguen los impuestos con que se gravan los combustibles agregan costos a las exportaciones pesqueras; pero, además, colocan en una situación de desventaja a las empresas nacionales en relación a las flotas pesqueras extranjeras que pescan subsidiados a distancia los recursos pesqueros migratorios argentinos.

Por ello, al tiempo de eliminar las retenciones en forma equivalente a los aranceles de importación que en los distintos mercados sufran los productos, se debieran eliminar los impuestos aplicados al gasoil a los buques pesqueros fresqueros y, a los congeladores nacionales que pesquen en alta mar.

En necesario también tener en cuenta que los insumos que utiliza la pesca (repuestos diversos, plásticos, cartón corrugado, cajones, redes, cables, acero inoxidable, hielo, fletes, gasoil, servicios de gas, energía y agua, servicios portuarios, mantenimientos diversos, etc.) han subido, mientras el dólar se ha mantenido estable y, a su vez, los procesos realizados en las plantas industriales en tierra utilizan más personal que los realizados a bordo, de modo tal que su rentabilidad se agrava.

Es impostergable en este estado de cosas suspender ―hasta evaluar los costos de administración, investigación y control de Estado― el pago de los Derechos Únicos de Extracción (DUE) y reducirlos si los resultados de ese análisis superan esos costos. Al respecto hay que apreciar que estos derechos son aproximadamente un 300% más altos que los que aplican otros países pescadores del mundo.

Por otra parte, si bien las correcciones al dólar pueden ser importantes, no son suficientes; por lo tanto, hay que revisar la matriz de los costos del Estado y los de la explotación, teniendo en cuenta las inversiones y el empleo que se genera, asegurando empresas concesionarias sanas, cualquiera sea su importancia.

Las empresas indican que han perdido millones de dólares tanto por mantener la flota pesquera parada como por salir a pescar a pérdida, considerando la crisis «la más importante de su historia»; en ese sentido, se han pronunciado todas las Cámaras Empresarias del País: la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA); la Cámara de Armadores de Poteros de Argentina; la Cámara de la Industria Pesquera Argentina; la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura; el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA); la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca, la Cámara Argentino Patagónica de Industrias Pesqueras; la  Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos.

Los propios gremios han propuesto reducción de impuestos ya que entienden que colisionan con sus propias remuneraciones y dificultan el comercio pesquero.

En cualquier caso, es hora que estas concesiones, se diseñen como consorcios con la participación de todos los actores y de modo tal que las políticas no impidan competir en el mundo a los productos pesqueros argentinos que reúnen todas las condiciones de calidad y seguridad alimentaria que requieren los consumidores más exigentes.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar