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LA PESCA. UNA ADMINISTRACIÓN SIN REGLAS Y SOSPECHADA DE CORRUPCIÓN

18 agosto, 2026 SAEEG Deja un comentario

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César Augusto Lerena*

La pesca es la captura de la merluza, el calamar y el langostino, no la extracción de unas 50 especies del Atlántico Suroccidental, ya que en esas tres especies se basa la actividad pesquera de las empresas, que anualmente exportan unas 425.000 toneladas, es decir, el 78% de la totalidad de toneladas exportadas nacionales y el 83% del total de dólares exportados (U$S 2.000 M) que en estas especies alcanza a unos U$S 1.669.595.

Con esas tres especies se sostiene la industria pesquera, el trabajo, los controles y administradores del gobierno, unos operadores desorbitados y la política (se aduce que en la Subsecretaría de Pesca se hace caja). Todo gira alrededor de la distribución de las Cuotas y Autorizaciones de Pesca, dando lugar a “mentideros” portuarios y denuncias periodísticas que indican, que serían muy importantes las exigencias económicas a los empresarios a cambio del otorgamiento de estas cuotas o autorizaciones. ¿Cómo probar estos dichos ―que podrían ser maledicentes (aunque cuando el río suena agua trae)― ya que en estas prácticas insanas no se otorgan recibos ni se realizarían en los despachos públicos? Salvo que aparezcan arrepentidos o alguno de los participantes hayan utilizado sofisticados elementos para grabar las conversaciones, entendiendo, que habrían sido extorsionados.

Ambas cosas ya pasaron en la Argentina reciente y referencias a la venta de permisos de pesca se ventilaban antes de que se instituyeran las cuotas en 2009. Lo que habría aumentado sideralmente en las últimas adjudicaciones sería el elevado monto de las tarifas y el desparpajo. De esto se habla.

Sobre estas cuestiones nos referiremos; aunque primero avanzaremos mostrando el escenario.

¿Alguien piensa que en la Argentina la producción pesquera pasa solamente por sacrificados pescadores que han desarrollado sus capacidades, crecido y vendido sus producciones al mundo?

No, es bastante más complejo y sofisticado. Por un lado, el recurso pesquero es de dominio del Estado; motivo por el cual, para su explotación, el gobierno otorga concesiones a las empresas pesqueras a través de la asignación de cuotas o autorizaciones de captura. Ahora bien, estas concesiones se otorgan bajo determinadas condiciones económicas y reglas de juego que luego los gobiernos concedentes no mantienen ni cumplen, violando la ley vigente y, además, se deberían cumplir exigencias que no están escritas.

Las condiciones no se respetan ―pese a las inversiones, ocupación de personal y otras exigencias a las empresas― por ejemplo, cuando el gobierno provoca un aumento sistemático de los costos internos ocasionando una rentabilidad negativa de las exportaciones pesqueras frente a un dólar subvaluado, de acuerdo con el valor internacional de los productos; circunstancia que empobrece a las industrias, a los trabajadores y proveedores. Una paridad cambiaria que llevará inexorablemente a la quiebra de las empresas y nos remite a las políticas de Martínez de Hoz durante el Proceso Militar o las de Cavallo.

La Argentina tiene todo, menos previsibilidad y estabilidad en las políticas económicas y no hay medidas de promoción a la industria nacional; pero además, en la pesca -tratándose de una concesión que se otorga bajo determinadas condiciones- no existe una “cláusula de estabilización” ni ningún mecanismo de ajuste automático por las subas abruptas del gasoil, por ejemplo, como ocurre en el RIGI, lo cual es una verdadera inequidad, respecto a otras actividades de inversores mayoritariamente extranjeros.

Citaremos solo unos casos puntuales para no apartarnos de la cuestión de fondo: el aumento del gasoil (pese a que se extrae en Argentina), es el principal insumo de la Pesca y según los empresarios: «se incrementó entre marzo-junio del 2026 un 41,94 % mientras el petróleo Brent internacional se redujo un 35 %». Entre enero de 2024 y el 1° de julio de 2026 el gasoil aumentó en el orden del 250-280 %, mientras la mayoría de los países del primer mundo (España, Francia, Italia, China, por ejemplo) otorgan subsidios directos o indirectos a sus flotas pesqueras y a la construcción de la flota. Con el agravante de que China, Taiwán, Corea, España y el Reino Unido pescan nuestros recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva en alta mar y estos cuatro últimos países, además, en Malvinas.

A ello se agrega el incremento de los costos básicos de la actividad como la energía; el agua; los fletes y todos los productos derivados del petróleo (envases, polietilenos, etc.) y por supuesto, los impuestos y tasas.

Por otro lado, la Autoridad de Aplicación no tiene ponderado ni discutido con los actores del sector un Presupuesto de la actividad que contemple los gastos administrativos; de investigación y control de la actividad e incrementa en forma exorbitante entre un 300% y un 500% según la especie “El Derecho Único de Extracción (DUE), mientrascontinua, cobrando Derechos de Exportación (DEX)”, quitándole no solo competitividad a los productos argentinos, sino que aplica una doble imposición a una misma materia prima y, más grave aún, si fuese un producto final. Por cierto, hay que agregar también otros impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales y hasta servicios privados y de mantenimiento que no se pueden prescindir. Los compradores del mundo no nos compran impuestos, sino productos y la pesca compite en los mercados más exigentes del mundo ―incluso donde no llegan las carnes rojas― pero la demanda es una y las ofertas -incluso las que proveen pesca subsidiada como dijimos- son múltiples.

Pero, si todo ya es gravoso, ya no saben que inventar en el país donde Milei dijo que bajarían los impuestos apareció uno nuevo: la “Asignación Inicial de Cuotas de Captura de Merluza”, que no está prevista en la Ley 24.922 (Art. 7° y 43°) dañando, en especial, a las empresas que desembarcan las especies y las procesan en plantas transformadoras, ya que su rentabilidad es negativa. Estas son las que generan mayor valor y ocupan más mano de obra. Una nueva política de privilegiar a los buques congeladores que «representan el 46 % del total de la flota pesquera, mientras que en España alcanza al 20 %, Noruega 8 %, Estados Unidos 4 % e Islandia 2 %, por citar unos ejemplos. Por cierto, en la Argentina cuando se transfieren cuotas de captura desde buques fresqueros a congeladores se viola el artículo 27° inc. 5 de la Ley 24.922 y, a nuestro juicio también, cuando se alquilan buques a terceros donde se podría llevar a la empresa arrendataria a superar las cuotas máximas por empresa o grupo empresario promoviendo la concentración del recurso en pocas manos.

La flota pesquera que opera con materias primas frescas y refrigeradas en la Argentina «tiene un quebranto operativo del 21 %; mientras que la rentabilidad en España (Galicia) es del 10/20 %; Holanda del 15/20 % e Islandia del 10/25 %», Esto no es casual, complace a los importadores extranjeros que se apropian de la mano de obra argentina y el valor agregado. Se “extranjeriza la tierra” y el “mar” también, cuando el 75 % de la flota nacional es de capital extranjero. Tienen el mercado y se quedan con los recursos. Y ahora los buques de origen chino podrían estar blanqueados con autorizaciones la pesca ilegal.

Este modelo llevó de 20.000 afiliados en el Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP) en 1989 a menos de 1.500 en la actualidad y ello no se debe a la sustitución de la mano de obra por tecnificación, sino a las serias dificultades que tienen las empresas fresqueras para competir con rentabilidad en el mundo.

No avanzaremos más y vamos a la cuestión de fondo, se necesita un FISCAL FEDERAL, ya que podrían existir actos de corrupción entre los administradores ―en forma directa o indirecta― y los administrados a la hora del otorgamiento de cuotas y autorizaciones de captura.

Arranquemos suavemente. La Autoridad de Aplicación es la administradora del recurso del Estado. Si lo hace mal, ineficiente -al menos- administra mal un recurso de todos los argentinos, cuya gravedad aumenta ya que se trata del máximo aprovechamiento sostenible de una proteína en un país con indigentes y una pobreza del orden del 50%. Nosotros creemos que la Autoridad de Aplicación es pésima administradora. Y por ello le sugerimos al Fiscal actuante que investigue porqué se estaría descartando en el mar un 30% de las capturas, según la FAO, la Auditoria General de la Nación y el INIDEP, pese a estar expresamente prohibido por el Artículo 21° inc. m) de la Ley 24.922. Además, sería bueno que conozca qué hace la Subsecretaría de Pesca y la Prefectura Naval Argentina -la policía en el mar- para evitar esta práctica prohibida y por cierto la pesca ilegal de los recursos migratorios argentinos por parte de buques extranjeros.

Por otra parte, sería interesante que este funcionario judicial investigue si todos los buques pesqueros llevan observadores e inspectores a bordo para controlar que no haya descartes y si los Partes de Pesca coinciden con las capturas y, también sus rendimientos si hubiera procesos a bordo. Luego, que se correspondan en volumen y especies desembarcadas (y, si alguna de estas actividades, podrían dar lugar a retornos, como se comenta); su transformación en las plantas industriales y, todo ello, contrastándolo con el stock en cámaras y posterior certificación para exportación o consumo interno. También debería investigar por qué los buques extranjeros -y muy especialmente los españoles que reconocieron la independencia argentina en 1863- pescan en las aguas de Malvinas, sin que la Autoridad de Aplicación haya iniciado acciones legales, a pesar que de 1976 y, hasta la fecha, capturaron y comercializaron unas 12.500.000 toneladas por unos U$S 50.000 millones de dólares, sin evaluar los beneficios de la comercialización minorista.

Vayamos más a fondo aún, Señor FISCAL FEDERAL. En la pesca, desde la década del 70 siempre se habló que los Permisos se vendían. Habría que convocar a las Escribanías para que -además de dar fe- ventilen si eso ocurría. Ahora bien, eso cayó en desuso cuando el art. 27° de la Ley 24.922 autorizó la transferencia de los buques y con ello sus cuotas y autorizaciones (Art. 7° y 9°, Ley 24.922) dadas en concesión por el Estado. Notable, esto de transferir recursos de dominio del Estado.

Pero los hechos se habrían agravado, por ello sería necesario que la justicia tenga en cuenta:

1) La necesidad de las cuotas y autorizaciones. Del otorgamiento de éstas depende la sustentabilidad de la empresa pesquera. Su éxito o la quiebra y la desocupación del trabajador. Por ello, las adjudicaciones de cuotas y autorizaciones de pesca, podrían dar lugar a hechos de corrupción.

2) Los procesos de otorgamiento de cuotas y autorizaciones. No es público. Esto y otras prácticas podrían favorecer eventuales actos de corrupción en la etapa previa al otorgamiento de cuotas y/o autorizaciones sobre las especies merluza común; calamar y langostino, cuestiones sobre las que debería intervenir el Fiscal Federal y requerir ―entre otras cosas― las copias taquigráficas de las reuniones del Consejo Federal Pesquero y los testimonios de empresarios y periodistas especializados.

3) Respecto al otorgamiento de Cuotas y Autorizaciones de captura de merluza, calamar y langostino.

a) Merluza. Además, de seguir desaparecido el original de la Auditoría realizada por la Universidad de Buenos Aires en 2003 donde ésta observaba el otorgamiento de cuotas de Merluza realizadas en 2009 y la reconstrucción duerme el sueño de los justos en un Juzgado Nacional; no se habría cumplido con lo exigido en el artículo 27° y 27° bis de la Ley 24.922 cuando se otorgaron nuevas Cuotas de Merluza a las empresas en 2024 más las compra-venta de cuota de cada empresario y habrían resultado los mismos volúmenes de la asignación inicial de 2009; ello, a pesar de que muchas de las empresas han aumentado sus inversiones físicas, el número de buques; el personal ocupado, etc. ¿Un dibujo? Todo ello podría haber dado lugar a hechos de corrupción que en los ámbitos portuarios y periodísticos se ventilan (ver links agregados).

b) Calamar. No se habría cumplido tampoco con lo previsto en los artículos 27° y 27° bis de la Ley 24.922 cuando se otorgaron nuevas autorizaciones a las empresas en 2026 para la captura de Calamar Illex. Además, algunos miembros del Consejo Federal Pesquero -los que deben fijar la política pesquera- no habrían tenido tiempo suficiente para estudiar la frondosa documentación puesta en sus manos unas pocas horas antes de aprobarse. Tampoco se habría verificado si los buques -en su mayoría chinos- adjudicados, realizaron pesca ilegal y, no hay certeza de que pertenezcan o no al Estado Chino; tampoco si tienen suficientes antecedentes para la explotación de este recurso; ni se explicitan las razones por las que se ha discriminado a la Provincia de Buenos Aires otorgándole un solo permiso a un buque con asiento en el Puerto de Mar del Plata de las 18 autorizaciones dadas; sin tener en cuenta, que es el puerto con mayores desembarques (48% en 2025) de esta especie en el país. Además, en este caso, hubiera correspondido llamar a Concurso o Licitación Pública Nacional porque estas autorizaciones son nuevas habilitaciones y no se quitan a ninguna empresa. Porqué motivo tampoco se exigió a las empresas que los buques sean construidos en el país. Habrá que verificar también si no existieron retornos a la hora de la adjudicación (ver links agregados).

c) Langostino. El Subsecretario de Pesca López Cazorla avanza ahora hacia la inconsulta cuotificación de esta especie generando una gran discusión sectorial y, lo hace, junto a varios de los miembros del Consejo y algún operador con una rara velocidad y sin un debate administrativo, biológico, económico ni social profundo sobre una cuestión que podría generar una nueva concentración empresarial y perjudicar a la flota fresquera y el trabajo en las plantas industriales en tierra, de la mano de los buques que congelan a bordo. La adjudicación de las cuotas de langostino recorrería el mismo camino que la merluza común y el calamar, con improvisación y falta de transparencia, la que algunos llaman sin eufemismos: corrupción (ver links).

Al respecto y por ahorro administrativo le sugerimos al FISCAL FEDERAL que lea los siguientes links que de hecho denuncian corrupción en el otorgamiento de cuotas y autorizaciones de pesca y, tenga en cuenta las palabras claves de estos artículos: “«pago de coimas por valor de U$S 15 millones…pretenderían recaudar U$S 3 millones por permiso. Esto es capturar un total de U$S 54 millones …personas fuera del CFP se están reuniendo con distintos armadores para decirles cuánta cuota le tocaría de langostino le tocaría a cada uno…sobrados motivos…le ponen precio a la trampa…otro proceso en vías de monetización…no fue blanqueado…a favor del negociado…banda de forajidos voraces…seguir haciendo negocios turbios», etc. https://puntonoticias.com/nuevos-permisos-de-calamar-ganadores-marginados-y-un-puerto-excluido/ https://plazademayo.com/2026/07/fuertes-sospechas-de-corrupcion-en-una-licitacion-para-ampliar-la-pesca-de-calamar-en-el-mar-argentino/ https://www.lapoliticaonline.com/politica/avanza-en-la-justicia-una-causa-por-la-investigacion-de-lpo-sobre-las-coimas-con-las-cuotas-pesqueras/ https://puntonoticias.com/nacho-torres-canjea-cuota-de-merluza-de-chubut-por-suenos-de-reeleccion/ https://puntonoticias.com/sobran-interesados-para-los-nuevos-permisos-de-calamar/

Sintetizando, todo parecería una matriz operativa única en el otorgamiento o transferencia de cuotas y autorizaciones de captura de merluza, calamar y langostino: a “todo trapo” en la firma de las resoluciones; falta de publicidad del acto público; carencia de discusión técnica amplia; intervención de operadores ajenos al Consejo Federal Pesquero y procesos poco cristalinos en las adjudicaciones. El FISCAL FEDERAL debería investigar la veracidad de lo que es vox pópuli en los ambientes portuarios y pesqueros.

Los que se apropian de fondos ajenos ―sean del Estado o de las empresas― dañan a la industria, a sus trabajadores y a la Nación y, por lo tanto, merecen la más dura sanción.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). cesarlerena.com.ar

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ARGENTINA, EXTRANJERIZACIÓN DE LA TIERRA, ISLAS MALVINAS

MALVINAS Y LA EXTRANJERIZACIÓN DE LA TIERRA

9 agosto, 2026 SAEEG 1 comentario

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César Augusto Lerena*

Especial para Agenda Malvinas, agosto 9 de 2026

El actual gobierno argentino sigue al pie de la letra las nuevas tendencias de las grandes potencias imperialistas de apropiarse de la tierra y de los recursos de los países emergentes y endeudados; pero, equiparándose a cualquier país bananero, el gobierno nacional, utiliza el procedimiento de cederle tierras y recursos graciosamente.

Resulta increíble que luego de la sanción de las Resoluciones de las Naciones Unidas 1514, 2065 y 37/9 (04/11/1982) el hecho más relevante que visibilizó los derechos argentinos sobre Malvinas fue la exhibición el 15/07/2026 ante miles de millones de personas en el mundo y unos 30 millones de argentinos de un trapo blanco con el texto “Las Malvinas son argentinas” de los jugadores nacionales que derrotaron en la semifinal del Mundial de Futbol al seleccionado inglés. Ya no fue necesario ganar ese mundial; al contrario, hubiese actuado como cortina de humo para enmascarar el hecho popular sobresaliente de recuperar la dignidad nacional de defender nuestros derechos territoriales y recordarle al gobierno que “La Patria no se vende” como ocurriría días después. También desnudó la lamentable política —con excepciones— llevada por la Cancillería en estos años.

Ya no será necesario dar alguna explicación de porqué los argentinos, necesitados de alegrías, corramos a juntarnos alrededor del Obelisco, dándole sentido a muchas interpretaciones simbólicas y culturales que consideran a éste un elemento fálico. Inglaterra perdió en el juego y también en sus falsos argumentos esgrimidos para justificar su invasión y la apropiación de territorios y recursos.

También perdió el gobierno argentino que viene desplegando una política de sumisión que será recordada como la que mayor daño ha hecho a la integridad territorial de Malvinas, del continente argentino y de debilitamiento del aparato productivo nacional.

El rol de Pinedo y de los propios y ajenos que apoyan las políticas al gobierno

El 02/01/1833, cuando los ingleses invadieron las Malvinas, el Tte. Cnel. de la Armada argentina José María Pinedo, gobernador y comandante en Malvinas, evaluó la inferioridad de las fuerzas propias respecto a las inglesas y no ofreció resistencia alguna, arrió la bandera y dos días después, “se tomó el buque”. ¿Quién recuerda el lamentable rol de Pinedo? Un siglo y medio después, el 23/03/1976, el entonces secretario general de la CGT Casildo Herreras, cuando se le preguntó, en su huida a Montevideo, qué pasaba en Buenos Aires contestó: “Ah, no sé. Yo me borré”. Está claro, traidores siempre los hubo y hoy, los hay a montones.

Si nuestros generales, coroneles y soldados, por la inferioridad numérica hubiesen seguido el camino de Pinedo, San Martín perdedor en la Batalla de Cancha Rayada en marzo de 1818 no habría ganado días después la de “Maipú” en abril de 1818, dando paso a la independencia de Chile y la posterior libertad de Perú. Artigas no hubiera peleado contra los españoles en “Las Piedras” contra los portugueses-brasileños y contra las fuerzas porteñas y centralistas del Directorio unitario de Buenos Aires. Belgrano no lo hubiese hecho contra las fuerzas realistas con el Ejército del Norte y tampoco el Gral. Martín Miguel de Güemes hubiese frenado con sus gauchos “infernales” a los ejércitos realistas. Del mismo modo, el Almirante Guillermo Brown no hubiese combatido en inferioridad de condiciones contra los españoles en Martín García, el Combate del Buceo y contra el imperio de Brasil en el Combate de Los Pozos; el de Quilmes y, de Juncal, donde destruyó la escuadra brasileña en el Río Uruguay.

Por cierto, no se hubiesen equiparado nuestros combatientes y caídos en Malvinas, a nuestros héroes nacionales de la Independencia, si no hubiesen peleado con el coraje y entrega que lo hicieron para defender en Malvinas nuestra bandera y la integridad territorial nacional.

Es probable que si no hubiese existido un fuerte rechazo a los personajes apátridas que niegan y no defienden los derechos argentinos sobre Malvinas (por ejemplo, la embajadora en Londres Mariana Plaza, una diplomática que “propone abandonar el reclamo de Malvinas” (Augusto Taglioni, La Políticaonline, 23/04/2025) esta Nación ya hubiese quedado reducida a una colonia. Aunque estamos muy cerca de serlo. Entre ellos, hay quienes favorecen con sus políticas y declaraciones (ya fueron citados muchas veces, entre ellos el propio presidente), la dominación política y económica de nuestros territorios y recursos.

El gobierno que ha emparentado sus políticas con las de Malvinas, ya no con la extranjerización de los archipiélagos y el mar argentino, sino con la extranjerización del continente todo.

Las nuevas formas de apropiación territorial y de sus recursos

Si bien, todavía se siguen utilizando métodos bélicos para hacerse de territorios y recursos, hoy las potencias, con gran capacidad económica, tecnológica y comunicacional, bajo pretexto del liberalismo y promoviendo el libre mercado se apropian de tierras y de la riqueza natural de terceros países que se encuentran endeudados y con sus defensas bajas, produciendo en estos una paulatina y sostenida pérdida de soberanía. Aplican la metáfora de la rana hervida.

Grandes cambios territoriales ocurrieron en las guerras griegas/helenísticas; las romanas; las derivadas de la Primera Guerra Mundial con la creación de nuevos Estados; al igual que las pérdidas de territorio luego de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, hay que recordar las Guerras napoleónicas, las de guerras de la independencia americana y el fin (¿?) de los imperios coloniales británicos, españoles, portugueses, franceses, etc., en América. También la independencia de nuevas repúblicas luego de la disolución de la URSS. Y, por cierto, los actuales conflictos de Irán, Israel-Palestina, Ucrania-Rusia, etc.

Sacando los millones de muertos que estás guerras dejaron y dejan, lo cierto es que las nuevas formas de dominación incruentas (¿?) se están apropiando de los bienes elementales de las naciones, provocando desocupación, pobreza, hambre, sumisión e indignidad en los pueblos, bajo pretexto de una hipótesis de bienestar general que nunca llegará. El gobierno actual argentino —a este efecto— actúa de Virrey; después podremos imaginar si el presidente está o no en su juicio, pero los objetivos extranjeros los cumple.

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada o de extranjerización de la tierra y el mar

Ya nos referimos en 2024 al proyecto del gobierno incluido en la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que, otorgaba libertad total a los buques extranjeros para pescar en la Zona Económica Exclusiva Argentina (César Lerena “El modelo de enajenar los bienes del Estado…”, 08/02/2024), un proyecto que de no haber recibido un masivo rechazo habría llevado a la quiebra a la industria pesquera nacional.

El proyecto de extranjerizar la tierra de Milei-Sturzenegger es idéntico a la existencia de extranjeros en Malvinas, ya que aumenta las áreas estratégicas de la República que pueden extranjerizarse; todo lo contrario, a los británicos, que impiden la radicación e inversión de argentinos en Malvinas. Ese lamentable proyecto, independientemente de aumentar el porcentual posible a extranjerizar, libera las zonas fronterizas y, además de ello, a todas aquellas áreas que tengan recursos acuíferos; petroleros, gasíferos; mineros; pesqueros, etc. Suena, literalmente, al cuento de “la gallina de los huevos de oro”. Una entrega total.

Las empresas extranjeras —que las hay con muy buenas y con valiosas intenciones— no vienen a la Argentina a administrarla, cuidar su soberanía y proveer de bienestar a sus ciudadanos; vienen a llevarse —legalmente, porque los gobiernos los autorizan— los recursos o a mejorar los resultados de sus sociedades. Suelen generar empleo y las obras necesarias para extraer y movilizar los recursos. En muchos de los casos, provocan pasivos ambientales e inexorablemente se irán cuando esos recursos se hayan agotado, como lo harían también las empresas argentinas, solo que a ningún gobierno se le ocurriría darle facilidades de todo tipo a las inversiones extranjeras mientras se desatiende a las empresas nacionales, con una carga altísima impositiva, liberación de todas las importaciones y altos costos internos de los servicios básicos.

Este gobierno trató de modificar la Ley 26.737 de Tierras que establecía un tope porcentual en manos extranjeras llevándola del 15% al 25% y ello alcanzaba incluso a los topes máximos por provincia o departamentos; eliminando el máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero y la prohibición de compra a extranjeros de tierras que tuviesen lagos, ríos, etc. Esta posibilidad podría incluir también la explotación extranjera de la Zona Económica Exclusiva y de hecho el gobierno ya ha autorizado la explotación de recursos petroleros hasta nuestros días, incluso violando la Ley Solanas (Ley 26.659). El agua es argentina.

La modificación de la Ley de Tierras podría dar lugar a que el Reino Unido se compre incluso por unas libras las Malvinas y las aguas que le dan sustento, diciéndole adiós a los reclamos económicos argentinos o, tal vez, comprarse la Provincia de Tierra del Fuego, cumpliendo con el proyecto que iniciara en 1863 el anglicano inglés Thomas Bridges. Ah… y el intermediario podría ser el diputado libertario y vendedor de tierras Joaquín Benegas Lynch. Total, todo es una cuestión de dinero y a los que se endeudan, como diría Milei, «nadie les pone una pistola en la cabeza. Es un acuerdo entre privados…».

Cuando el diputado de Buenos Aires Pedro Medrano propuso modificar el Juramento del Acta de Independencia, de modo tal de no limitarse solo a ser “independiente del Rey Fernando VII y, sus sucesores…” sino “…de toda dominación extranjera” ello estaba implícitamente destinado a la corona británica, que había pretendido invadir Buenos Aires en 1806 y 1807, una ciudad que, con 203 Km2, solo alcanza al 1,78% de la superficie de Malvinas, sin contar los 1.639.900 Km2 que ocupan y explotan los británicos en materia pesquera y petrolera. Un territorio equivalente a todas las Provincias argentinas, salvo Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

Nadie podría dar certeza respecto a la compra o no de territorios de la Patagonia por parte de empresas israelíes, como se ventila desde hace rato o, que cualquier otro Estado (incluso chinos, rusos o norteamericanos, europeos, etc.) a través de empresarios se hagan de territorios estratégicos argentinos.

Otras medidas que atentan contra la soberanía nacional

Son muchísimas acciones las destinadas a desalentar la integración territorial de Argentina. Desde opiniones de importantes referentes políticos (diputados, senadores, miembros del PEN) que, a pesar de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución, niegan o devalúan los derechos argentinos sobre Malvinas.

Nosotros observamos que las Provincias Unidas del Rio de la Plata firmaron en 1825 con la Corona Británica el Tratado de “Perpetua” Amistad, Comercio y Navegación y, arteramente, pocos años después —en 1833— invadía el territorio nacional de Malvinas. Pese a ello, hasta la fecha, se mantienen vigentes la Ley 24.184 de Protección y Promoción de las Inversiones Británicas y los Acuerdos de Madrid que otorgan privilegios al Reino Unido y limitan nuestra capacidad defensiva.

Por otra parte, el gobierno actual en marzo de 2024 acordó con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para que éste realice “entre otras actividades no detalladas” tareas de mantenimiento de la red troncal Paraná-Paraguay y del Río de la Plata, cuyo manejo se está concesionando por 30 años a empresas extranjeras.

Es llamativa también la intervención del Puerto de Ushuaia bajo pretexto de una mala administración de un funcionario provincial, mientras el gobierno nacional discute proyectos de cooperación relativos a la defensa de la región con Estados Unidos y Gran Bretaña. Algo así, como acordar con el zorro el cuidado el gallinero.

No olvidamos tampoco, que los gobernadores de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego buscaron acordar con empresas del Estado chino o empresas españolas que pescan en Malvinas.

El RIGI, la exención de impuestos, los derechos de importación; estabilidad fiscal, aduanera y otros beneficios y, bajos salarios; destrucción del comercio, de la industria nacional y pérdida de empleo.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue aprobado por la Ley de Bases (Ley 27.742) para atraer grandes inversiones -especialmente extranjeras- en sectores estratégicos con diversos beneficios que no alcanzan a las empresas nacionales, en una evidente política inequitativa.

Llevar políticas de mercado que no aplican las grandes potencias y subsidian sus producciones (caso la Unión Europea, por ejemplo) y colocan barreras arancelarias diferenciadas como Estados Unidos. En este marco las declaraciones del Ministro de Economía Toto Caputo “para todos los tarados que hablan de la industria” el pasado 5 de agosto en la Cámara de Agentes de la Bolsa de Comercio son elocuentes.

El desmantelamiento del Estado y de la educación nacional

Para acompañar estas políticas se desmantelan o privatizan las principales empresas u organismos públicos. En especial aquellas relativas al uso del agua, la producción y distribución de energía y las comunicaciones, etc., AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), Enarsa y Transener (Centrales térmicas y Energía Argentina); las Represas hidroeléctricas del Comahue, Nucleoeléctrica Argentina (NASA, centrales nucleares), Télam, Radio y Televisión Argentina incluidas en listas de privatización o transformación, ARSAT (satélites y telecomunicaciones), Intercargo (servicios aeroportuarios), Belgrano Cargas, Corredores Viales, SOFSE (Trenes Argentinos): sujetas a privatización o concesión; el Ramal fluvial Paraná-Paraguay, donde se transporta el 80% del comercio nacional adjudicado en concesión de largo plazo. El desfinanciamiento de la Universidad Pública y otras empresas donde la presión pública impidió privatizar como YPF y Aerolíneas Argentinas, etc. Una política de debilitamiento de la soberanía nacional.

La política de Malvinas, la pretensión de extranjerizar la tierra y debilitar la industria nacional. Una política orquestada internacionalmente que el gobierno nacional ejecuta sin pudor para el poderdante.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). cesarlerena.com.ar

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ARGENTINA, Inteligencia, INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

LA INTELIGENCIA ARGENTINA SIN RUMBO Y SUMANDO FRACASOS. ALGUNAS PROPUESTAS PARA SU RECONSTRUCCIÓN.

28 abril, 2026 Marcelo Javier de los Reyes Deja un comentario

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Marcelo Javier de los Reyes*

Una ruptura más del sistema republicano

La Camara de Diputados y el Senado ha sancionado la denominada «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» ―Ley 27.742 publicada en el Boletín Oficial el 8 de julio de 2024― por la cual el Poder Legislativo le cedió al Poder Ejecutivo funciones legislativas que le corresponden. No es la primera vez que los miembros del Congreso le otorgan esta potestad excepcional al Ejecutivo, una práctica que precisamente ha dejado de ser excepcional desde la presidencia de Eduardo Duhalde. Claramente, la situación en 2002 podría ameritar esa cesión pero de ninguna manera debió haberse procedido con ese temperamento con los gobiernos que le sucedieron.

Cuando Montesquieu formuló la división de poderes en El espíritu de las leyes (1748) consideró que era apropiada la distribución de las funciones del Estado en tres poderes independientes —legislativo, ejecutivo y judicial— para evitar la concentración del poder, garantizar la libertad política y prevenir la tiranía mediante un sistema de contrapesos. A pesar de ello y aunque no se proceda a esa cesión, el sistema de contrapesos no funciona en nuestra Argentina, toda vez que los miembros del Poder Judicial suelen ser demasiado benévolos con los gobiernos de turno, «benevolencia» que le cuesta muy cara al Estado Nacional y a los argentinos.

Como se ha mencionado, la concepción de la división de poderes formulada por Montesquieu busca prevenir la tiranía y como se puede apreciar en las reformas del Sistema de Inteligencia Nacional, las modificaciones son absolutamente anticonstitucionales y muestran una peligrosa deriva autoritaria del gobierno.

Al asumir la presidencia Javier Milei no existía una situación de emergencia pública que justificara esa cesión de poderes. Las recurrentes crisis económicas que sufre nuestro país no son más que una crisis que la dirigencia política ha convertido en una problemática estructural ocasionada por la mala administración de la cosa pública pero sobre todo por la corrupción, en la cual el Poder Judicial tiene la mayor responsabilidad, aunque eso no libera de la misma al Poder Legislativo.

Desentendiéndose de la Inteligencia

Desde el primer día, el presidente ―quien se autopercibía como «especialista en temas de crecimiento económico con o sin dinero» y que afirmaba que sabía «cómo terminar con la pobreza y la indigencia»― no sólo no manejó la economía nacional sino que la puso en manos Luis «Toto» Caputo, de quien afirmaba: «Recuerdo que, por ejemplo, Caputo se fumó más de US$ 15.000 millones. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, vino Caputo y se fumó US$ 15.000 millones de reservas irresponsablemente, ineficientemente. Y nos deja este despiole de la Leliq»[1]. Si el «especialista» no se ocupaba de lo que sabía y eligió a quién poco antes consideraba un incapaz, mal podía hacerse cargo de la Inteligencia Nacional, área de la que ninguno de los que llega al gobierno tiene una mínima idea y que suelen confundir con «Seguridad».

Desconociendo y contrariando la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, cuyo Artículo 12 expresa que «El Presidente de la Nación fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional», puso de facto el Sistema de Inteligencia Nacional bajo control del entonces Jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, quien asumió el 10 de diciembre de 2023 y que renunció en mayo de 2024, en buena medida porque se lo responsabilizó de realizar tareas de espionaje interno sobre funcionarios de su propio gobierno y opositores. Durante ese breve período la Inteligencia Nacional estuvo operada por militares que, al parecer, no eran del ámbito de la inteligencia y que además debe tenerse presente que la Inteligencia Estratégica Militar difiere considerablemente de la Inteligencia Estratégica Nacional que es, vale recordar, de carácter civil.

Tras la salida de Posse, la Inteligencia Nacional está «informalmente» en manos del «monotributista» Santiago Caputo, asesor presidencial que no cumple ningún cargo de funcionario dentro del organigrama oficial. De tal manera que la irresponsabilidad de Milei en materia de Inteligencia llega a un grado que es difícil de caracterizar en términos negativos.

Reformas del Sistema de Inteligencia Nacional

Dicho esto, cabe señalar que en ningún párrafo de la llamada «Ley Bases» se menciona la necesidad de modificar, una vez más, el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). No obstante, quienes detentan el Poder Ejecutivo podrán argüir que mediante el Título II referido a la Reforma del Estado podría implementar modificaciones en el mencionado sistema.

Desde que asumió este gobierno «libertario» ―pero enemigo de la libertad― se procedió a las siguientes modificaciones en materia de Inteligencia:

- En julio de 2024, a través del Decreto n° 614/2024 se procedió a una reestructuración profunda del SIN, mediante el cual se disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y se creó nuevamente la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), conformada por cuatro agencias: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).
- Mediante el controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) n° 656/2024 se le otorgaron a la SIDE $ 100.000 millones adicionales en carácter de fondos reservados, lo cual fue rechazado por la Cámara de Diputados (Resolución n° 76/2024 del 21 de agosto de 2024) y por el Senado (Resolución 32/2024 del 12/09/2024), por lo cual «Santiago Caputo, el asesor presidencial que reestructuró la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), avisó que el organismo que en los papeles dirige Sergio Neiffert devolverá cada uno de los $100 mil millones»[2]. Sin embargo, algunos medios informaron por entonces que ya se había ejecutado el 80% de ese monto.
- El 1° de enero de 2026 Infobae dio a conocer el DNU-2025-941-«APN-PTE – Modificación de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520»[3], que fue publicado en el Boletín Oficial con fecha 2 de enero, firmado el 31 de diciembre de 2025 por el presidente Javier Milei y todo el gabinete, el cual reordena la estructura de toda el área, crea agencias, disuelve otras y unifica tareas supuestamente para facilitar el intercambio de datos y le otorga a la SIDE un poder que emula a la «Securitate» (oficialmente Departamentul Securității Statului, «Departamento de Seguridad del Estado»), la policía secreta rumana del régimen comunista. Al fin y al cabo, siempre se afirma que los extremos se tocan.

Lo único positivo es volver a la denominación SIDE para recordar que la Inteligencia le corresponde al Estado Nacional, aunque en los hechos los libertarios siguen manejando una Inteligencia «de gobierno», como han hecho todos los gobiernos de esta partidocracia.

¿Era necesario reformar la Inteligencia?

Mediante la sanción de la Ley 27.126, el 25 de febrero de 2015, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se propuso desmantelar la estructura de la ex Secretaría de Inteligencia, aumentar la transparencia, fortalecer la democracia, profesionalizar el servicio de inteligencia, limitar los fondos reservados y separar la inteligencia de la investigación judicial.

A ello cabe agregar la «intención» de poner fin al espionaje ilegal, la compra de jueces y la financiación ilegal de la política. Claro que no tuvo mucho tiempo para demostrar si esa transformación sería posible porque su gobierno terminó en diciembre de 2015.

Luego del gobierno de Mauricio Macri (2015 – 2019), quien hizo un uso discrecional de la Inteligencia y de sus recursos ―quizás sea suficiente con mencionar la operación de la Inteligencia sobre el Poder Judicial, la banda «Súper Mario Bros», y el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan―, el 10 diciembre de 2019, asumió la presidencia Alberto Fernández, quien en su primer discurso anunció la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y prometió terminar con los «sótanos de la democracia». En esa oportunidad declaró el «nunca más» a una justicia contaminada por servicios de inteligencia y operadores judiciales. El gatopardismo siguió mostrando su vigencia.

Durante su gobierno, la entonces interventora de la AFI, la abogada Cristina Caamaño estuvo trabajando en una nueva ley de Inteligencia. Ya me referí a ese tema en un artículo titulado «Más “innovaciones” en materia de Inteligencia» (publicado el 26 de enero de 2021), en el cual expuse que «no parece serio cambiar nuevamente la Ley de Inteligencia, cuya última ley, la 27.126 fue llevada a cabo por la actual vicepresidente, en ese momento en ejercicio de la Presidencia de la Nación».

Escándalos en la SIDE libertaria

Como no podía ser de otro modo, la corrupción libertaria también alcanzó a la SIDE y una vez más se hizo una propaganda a la «profesionalización» del organismo. El resultado: más de lo mismo. Sin embargo, estos han empleado hasta la IA para hacer diseños de patéticos logos que parecen más propios de las agencias de inteligencia estadounidenses y de sociedades secretas.

Nuevamente se recurre a purgas, las que se vienen llevando a cabo desde hace décadas impidiendo una transferencia de conocimientos y la práctica desaparición de personal de carrera dentro del organismo. Eso sí, ingresa personal sin experiencia y algunos por amiguismo y continúa la clásica lucha de poder por los puestos de la SIDE, como oportunamente se denunció la puja entre Santiago Caputo y el Secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila ―un radical, funcionario «transversal» a los diferentes gobiernos ya que forma parte del establishment por su relación con Enrique «Coti» Nosiglia―, para quedarse con una parte de la estructura de la agencia[4].

No podía faltar el seguimiento a ciertas figuras de la política que parecen haber sido «caminados» ―para emplear la jerga de inteligencia― por agentes de la SIDE, lo que implicaría una ilegalidad y, aún peor, al servicio del lobby político y empresarial bajo la órbita de Caputo. Nada de cuestiones de seguridad de Estado.

Desde que llegó este gobierno la gestión no estuvo exenta de escándalos y desde fines del año 2025 se produjeron renuncias y cambios que dejaron de lado toda la discreción que requiere un organismo de Inteligencia. Luego de algunos casos sonoros que llegaron a los medios, el entonces titular Sergio Neiffert renunció al cargo, evidentemente forzado para que lo hiciera luego de denuncias por mal uso de fondos reservados, por el caso de dos funcionarios que viajaron a ver la carrera de Fórmula 1 en Bakú, Azerbaiyán, según denunciaron los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein. Los funcionarios de la SIDE habrían utilizado cerca de $ 20 millones de pesos de fondos públicos reservados para viajar a ver al piloto Franco Colapinto[5].

Para reemplazar a Neiffert nombraron a Cristian Auguadra que, al igual que su antecesor y tantos otros que llegaron a ese destino, no cuentan con una experiencia mínima para ocupar el cargo. En el caso de Auguadra, la información periodística no le es favorable.

Uno de los hechos recientes tuvo como objetivo la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino. A mediados de abril de este año, estalló una denuncia sobre una presunta operación de inteligencia para intervenir o desestabilizar a la AFA con la denominada «Operación Pendrive»[6]. También se detectaron cámaras de seguridad orientadas hacia la ex sede de la AFA desde un edificio lindero, propiedad del jefe de la SIDE, Cristian Auguadra[7].

La falta de control dentro y fuera de la SIDE es absoluta, pues la Comisión Bicameral de Inteligencia parece que, como pasa habitualmente, no llega a nada. Recordemos el famoso caso de la «Banelco» y tantos otros escándalos que pasaron sin más. ¿De dónde salen los fondos para «convencer» que algunos legisladores voten las leyes que pide este gobierno para avanzar en la entrega de la Nación?

Todo sigue como entonces…

Palantir y los periodistas fuera de la Casa Rosada

El video que unos periodistas realizaron de los conocidos pasillos de la Casa Rosada y de las puertas de algunos despachos le sirvió al gobierno para prohibir el ingreso a la Casa Rosada a todos los periodistas acreditados, decisión tomada por la Casa Militar con el único fin de garantizar la seguridad nacional. Según la presentación realizada por la Casa Militar, el material grabado habría «vulnerado la seguridad de las instalaciones y expuesto información considerada estratégica para el funcionamiento del Poder Ejecutivo».

Sin embargo, no hubo tanto celo por la seguridad, ni siquiera de la del presidente ―quien al momento de la difusión de esa filmación se encontraba de festejos en Israel, en una zona en guerra―, en oportunidad de que lo visitaran en la Casa Rosada Hayden Davis, el criptoempresario que lanzó $LIBRA, o «Julian Peh», quien no se llamaba así ni existían registros de su ingreso al país. No volveré sobre este tema, el cual lo abordé profusamente en otro artículo titulado «La relevancia de conocer la política internacional y de emplear la Inteligencia de Estado. El caso $Libra», publicado el 17/08/2025.

A buena parte de la prensa, como sería lógico, no se le escapó el hecho de que la prohibición a los periodistas coincidió con la visita de Peter Thiel, cofundador de la corporación Palantir Technologies Inc. ―empresa estadounidense que cotiza en bolsa y desarrolla plataformas de integración y análisis de datos― a la Casa Rosada. Evidentemente, se procedió a un blindaje de la Casa de Gobierno a los medios.

Palantir fue fundada en 2003 con apoyo de la CIA. Palantir desarrolla software especializados en el análisis de grandes volúmenes de datos (big data) e inteligencia artificial y desarrolla plataformas que integran, gestionan y aseguran datos complejos para gobiernos, agencias de inteligencia y grandes empresas, permitiendo tomar decisiones basadas en información en tiempo real[8].

La corporación ha desarrollado «Palantir Gotham» (utilizado principalmente por agencias de defensa e inteligencia como la CIA y el FBI para identificar patrones ocultos en conjuntos de datos masivos, útil para seguridad nacional y antiterrorismo), «Palantir Foundry» (enfocado en el sector privado para integrar datos corporativos y optimizar operaciones, decisiones y detección de fraudes), «Palantir Apollo» (herramienta que permite el despliegue automático de software en cualquier entorno, ya sea en la nube o en sistemas clasificados) y «Palantir AIP (Artificial Intelligence Platform) (plataforma más reciente, diseñada para aplicar modelos de lenguaje y IA avanzada a datos complejos de forma segura).

«Creamos productos para el análisis humano de datos del mundo real», según informa la propia empresa en su sitio web[9]. Agrega también: «Diseñamos tecnología para ayudar a las instituciones a proteger la libertad. La tecnología analítica, especialmente en manos de instituciones poderosas que manejan grandes volúmenes de datos, puede suponer graves riesgos para la privacidad y las libertades civiles». Sin embargo, parece que no es precisamente la «libertad» a la que defienden sino más bien que la vulneran y lo que muestra como una «virtud» resulta contradictoria porque esta corporación «poderosa» se apodera de una impresionante cantidad de datos de los ciudadanos poniendo precisamente en riesgo la privacidad y las libertades civiles. Recordemos la manipulación llevada a cabo por Cambridge Analytica.

Palantir obtuvo contratos gubernamentales multimillonarios y «ha contribuido a prevenir atentados terroristas, planificar misiones ultrasecretas de la CIA y gestionar la distribución de vacunas. Sin embargo, ha recibido críticas por ayudar a funcionarios de inmigración a identificar y localizar a inmigrantes indocumentados»[10]. Vemos aquí algunos puntos a considerar como el término «terrorista», el cual no se puede aplicar a quien defiende a su país de un invasor extranjero, la planificación de «misiones ultrasecretas», la identificación y localización de inmigrantes indocumentados nada menos que por parte del ICE, una fuerza que recurre a métodos ilegales y violatorios de los derechos humanos. En síntesis, Palantir es un «Estado» dentro del Estado que le paga contratos multimillonarios y que se hace dueño de ese Estado que le brinda el acceso a todas sus bases de datos.

¿Qué podemos decir de otro de los socios y fundador de Palantir, Alex Karp? Karp es licenciado en Derecho y doctor en teoría social neoclásica y se ha manifestado sobre la superioridad de Occidente y su desdén por las protestas antiisraelíes. Karp calificó las protestas antiisraelíes en la Universidad de Columbia de «paganas» y afirmó haber soñado con atacar a sus enemigos con drones. «En una conversación entre Karp y Jacob Helberg, asesor principal de políticas del director ejecutivo de Palantir, sobre el impacto de la IA en la guerra en Ucrania e Israel, Helberg dijo que se estaban coreando “consignas a favor de Hamás” en “universidades muy prestigiosas”»[11]. Todo un alegato en favor del racismo y en detrimento de la libertad de expresión y de la democracia.

Palantir también ha recibido fuertes cuestionamientos por su participación en el genocidio en Gaza por la firma de una «alianza estratégica» con el Ministerio de Defensa israelí. Desde octubre de 2023, el ejército israelí ha incorporado las herramientas y el software de Palantir para su ofensiva en la Franja de Gaza[12].

James Bamford en un artículo publicado en The Nation afirma que Palantir ha proporcionado al ejército y a las agencias de inteligencia israelíes «capacidades de localización avanzadas y potentes» utilizadas en el marco de su guerra en Gaza[13].

La corporación abrió sus oficinas en Tel Aviv en 2015 y fue en Israel donde la junta directiva de Palantir se reunió por primera vez en 2024, solo unos meses después del inicio de la guerra, en un gesto de solidaridad y debido a que Alex Karp es un importante partidario del gobierno de Netanyahu[14].

Nada más en sintonía con el «pensamiento» o ideología de Milei. Aquí cabe destacar que Peter Thiel compró una gran mansión en Barrio Parque, uno de los barrios más caros de Buenos Aires ―si no el más caro―, frente a la casa de Susana Giménez, por la que pagó US$ 12 millones. Es evidente que Thiel no ha venido de vacaciones porque tendría pensado permanecer en la Argentina al menos dos meses. ¿Algún millonario contrato con el gobierno de Milei? ¿Tendrá la Argentina el mismo destino que Palestina con el presidente «más sionista del mundo»?

Todo está sobre la mesa y la presencia de Thiel y de su empresa, con una motosierra presidiendo el encuentro con Milei en la Casa Rosada nos son buenos augurios para los argentinos.

El 25 de abril, en un posteo en X, el ingeniero en Electrónica y en Telecomunicaciones Ariel Garbarz escribió:

«Peter Thiel le ofreció a Milei una arquitectura de poder para gobernar con los datos de la SIDE y otros organismos públicos, perfilando y luego controlando y manipulando a los votantes, tal como hizo en Estados Unidos, Reino Unido e Israel».

A propósito de la vigilancia tecnológica, será fundamental rever todo el sistema de vigilancia por cámaras en el territorio nacional y, particularmente, en la Capital Federal, teniendo en cuenta las empresas proveedoras de los equipos, las que las instalaron y las que las monitorean, aún de aquellas que son monitoreadas por las provincias, los municipios y el Estado Nacional. En general deberá recurrirse a la ingeniería inversa y en adelante deberían establecerse algunas cláusulas para su instalación.

Algunas reflexiones finales

Milei no sólo destruye lo que he denominado «el sistema inmunológico de la Nación», siguiendo el rumbo de sus predecesores, sino que agrava la posibilidad de que nuestra Argentina ―siguiendo la metáfora de la medicina― padezca una sepsis irreversible.

Esto es evidente cuando Milei se saca una foto con un criminal de guerra, con el «carnicero de Medio Oriente», provoca un industricidio del que difícilmente nuestro país pueda recuperarse, deja a la Argentina sin una política exterior propia alineándose con Estados Unidos e Israel ―aislándola de los países que respaldan los derechos soberanos sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur así como de sus principales socios comerciales, miembros estos de los BRICS―, ingreso de militares y de aeronaves extranjeros a la Argentina sin autorización del Congreso de la Nación, declara irresponsablemente que nuestro país está «en guerra con Irán» ―toda declaración de guerra precisa que sea aprobada por el Congreso Nacional―, continúa con la política de desarticular el territorio nacional cerrando definitivamente ramales ferroviarios y abandonando el mantenimiento de las rutas nacionales, abriendo la puerta a que empresas como Palantir u otras de Israel ―recuerden el discurso que pronunció en su reciente visita al ente sionista― accedan a la información privada de los argentinos y a la información estratégica del Estado Nacional, acuerda con el empresario británico Joe Lewis de manera secreta para que el también amigo de Mauricio Macri pueda sortear los litigios a los que está siendo sometido por sus operaciones en una zona de «seguridad nacional», y un sinfín de medidas que revelan que «el topo que vino a destruir el Estado desde adentro» verdaderamente está en guerra con la Argentina. En un país serio ya habría sido destituido y sometido a juicio.

La presencia de Thiel pondría la certeza de que la deriva autoritaria de este gobierno que aglutina lo peor de la casta política y de las corporaciones económicas del país y del mundo (no nos olvidemos del JP Morgan), estaría operando para convertir esta cleptocracia en una tecnocracia que ejerza una vigilancia minuciosa sobre cada uno de los argentinos con el objetivo de neutralizar toda expresión o manifestación en contra de los abusos de su gobierno. Cada día que transcurre, el peligro es mayor y el Poder Judicial y el Poder Legislativo ―excepción hecha de algunos de sus miembros― no están a la altura de las circunstancias, por decirlo eufemísticamente.

Todos esos temas en los que el gobierno avanza sin frenos serían prioritarios para la Inteligencia Estratégica del Estado Nacional, la que no casualmente ha terminado de destruir Milei.

La primera pregunta clave es, ¿se puede reconstruir la Inteligencia Nacional en un futuro gobierno nacional? Si la respuesta es afirmativa, habría una segunda pregunta, ¿cómo?

A la primera pregunta respondo afirmativamente, aunque será un proceso largo por las capacidades destruidas, la falta de personal profesional apropiado para esas tareas y la necesidad de reconstruir la confianza con otros organismos de inteligencia de otros países. Como he expresado más de una vez, «la confianza es como la virginidad, se pierde una sola vez» y en materia de inteligencia requiere una ardua labor, sustentada en buena parte en vínculos personales. De ahí la necesidad de mostrar una verdadera recuperación de esas capacidades recurriendo a personal retirado, pero no a aquellos que han sido parte de su destrucción. Esto sería un claro mensaje hacia las agencias extranjeras.

¿Cómo? Obviamente, y es claro que así sea, el jefe de la Inteligencia Nacional ―el «Señor 5»― debe ser una persona de extrema confianza del presidente de la Nación, a quien se debe de manera casi incondicional. ¿Por qué «casi»? Porque no deberá decirle «sí» a todo, sino que deberá advertirle acerca de determinadas cuestiones y a veces decirle que «no» cuando los Intereses Nacionales o su seguridad o su imagen estén en riesgo ante determinadas decisiones que desee tomar. Sin embargo, el «Señor 8» debería ser un agente de carrera con experiencia, conocedor de los resortes del sistema de Inteligencia.

Los pasos a tomar para esa reconstrucción requieren:

- lograr que el Congreso derogue la Ley 27.126 y volver plenamente a la vigencia de la Ley 25.520, aunque se vuelva a la denominación de «Secretaría de Inteligencia», sin que especifique que es «de Estado»; al fin y al cabo, este gobierno sólo le ha cambiado el nombre para que todo siga igual;
- poner en vigencia, nuevamente, el decreto 1.088, mediante el cual se aprobó el Estatuto para el Personal de la Secretaría de Inteligencia y para el Personal Civil de Inteligencia de los Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas;
- derogar los decretos del gobierno de Milei, los cuales constituyen un verdadero adefesio en materia de Inteligencia;
- reconstruir la Contrainteligencia, área vital de la Secretaría de Inteligencia;
- recrear nuevamente la Central Nacional de Inteligencia, en el marco de la Secretaría de Inteligencia, para coordinar las funciones y operaciones de todos los servicios de inteligencia de la Argentina, a la cual todos los servicios de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía, deberán destinar delegados para favorecer una coordinación eficaz y eficiente entre los diferentes organismos;
- diseñar una nueva Doctrina de Inteligencia Nacional conforme a una agenda que contemple los «Intereses Nacionales» y no a una agenda impuesta desde el exterior;
- cerrar la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Casa Rosada y transferir sus funciones a la Subsecretaría de Inteligencia, es decir que las mismas recaerían sobre el «Señor 8», a quien debe llegarle la información estratégica, de tal manera que se evitaría la duplicación de funciones y se eliminarían puestos oficiales que no han demostrado mayor utilidad para el Estado Nacional;
- contar con un cuerpo de abogados altamente calificados para llevar a cabo un exhaustivo estudio para la recuperación de organismos y tierras que los diferentes gobiernos han entregado discrecionalmente a sujetos privados;
- iniciar las acciones legales correspondientes para llevar a los tribunales a todos los funcionarios que se desempeñaron en el área de Inteligencia por causas de malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público;
- poner el acento en el reclutamiento de los profesionales y en su formación, para lo cual será fundamental que la Escuela Nacional de Inteligencia recupere el prestigio que supo tener en la década del 90 del siglo pasado, recurriendo a destacados profesores en función de los programas de estudio que se establezcan. Un punto esencial será el nombramiento de un director que no provenga de la política, sino que sea algún profesional con trayectoria en las áreas de Inteligencia;
- implementar en el marco de la Escuela Nacional de Inteligencia los Cursos Básicos de Inteligencia para Funcionarios del Estado, lo cual permite impartir nociones básicas a los funcionarios estatales además de favorecer la construcción de una comunidad informal de Inteligencia;
- establecer, al menos, una base del organismo en cada provincia pero en algunas de ellas ―por ejemplo, Córdoba y en la región de la Patagonia― puede que las necesidades requieran que haya más de una;
- desarrollo de bases regionales para implementar la Inteligencia Competitiva para favorecer el desarrollo de las economías regionales;
- fortalecer la presencia de delegados en nuestras embajadas y reconsiderar los países en los cuales tendrán sede;
- reestablecer los vínculos con los servicios de Inteligencia extranjeros, con la mayor parte posible de ellos y no limitándolos a los «habituales» de los últimos gobiernos.

La plena vigencia de la Ley 25.520 no implica el ideal para la conducción y coordinación de una Inteligencia Estratégica de Estado pero podrá, por un lado, establecer un punto de partida para su reorganización y coordinación con otros organismos nacionales y extranjeros, así como cerrar un ciclo de improvisaciones que sólo han terminado por destruirla.

Estas medidas podrán, realmente, poner la conducción estratégica y la coordinación del Sistema de Inteligencia Nacional bajo el control de la Secretaría de Inteligencia y, especialmente, de la Presidencia de la Nación, a la cual pertenece.

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro «Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones», Buenos Aires: Editorial Almaluz, 1ª edición 2019, 2da edición 2024. En edición: «El arte de pensar. Su aplicación en un mundo incierto» (Editorial Almaluz).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

Referencias

[1] «¿RESISTE ARCHIVO?: Lo que decía Milei sobre Caputo, el que “se fumó 15 mil millones de dólares”». El Cronista, 28/11/2023, https://www.elcronista.ar/resiste-archivo-lo-que-decia-milei-sobre-caputo-el-que-se-fumo-15-mil-millones-de-dolares, [consulta: 13/04/2026].

[2] Pablo Lapuente. «Santiago Caputo promete devolver los $100 mil millones de la SIDE». Letra P, 13/09/2024, https://www.letrap.com.ar/politica/santiago-caputo-promete-devolver-los-100-mil-millones-la-side-n5411167, [consulta: 13/04/2026].

[3] DNU-2025-941-«APN-PTE – Modificación de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520», https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/337032/20260102.

[4] «Bronca en la SIDE con Santiago Caputo porque lleva adelante una purga de agentes, pero metió a su instructor de tiro». La Política Online, 07/11/2024, https://www.lapoliticaonline.com/politica/bronca-en-la-side-con-santiago-caputo-porque-hizo-una-purga-pero-metio-a-su-instructor-de-tiro/, [consulta: 06/12/2025].

[5] «Diputados denuncian un viaje ‘VIP’ de la SIDE a la Fórmula 1 con fondos públicos que costó $19 millones». Urgente24, 04/12/2025, https://urgente24.com/actualidad/politica/diputados-denuncian-un-viaje-vip-la-side-la-formula-1-fondos-publicos-que-costo-19-millones-n614628, [consulta: 06/12/2025].

[6] «Cómo se armó la operación “pendrive” trucho contra AFA: la trama que incluye a un ex ministro, la SIDE, empresarios y hasta el directivo de un importante medio». Data Clave, 10/04/2026, https://www.dataclave.com.ar/poder/la-salida-menos-pensada–alejandro-kim-se-fue-del-espacio-de-guillermo-moreno_a69d92b3b1d2d404fa6dfcfc5, [consulta: 17/04/2026].

[7] «¿El jefe de la SIDE puso cámaras apuntando a la AFA para espiar los movimientos de los dirigentes?». Data Clave, 10/04/2026, https://www.dataclave.com.ar/poder/-el-jefe-de-la-side-puso-camaras-apuntando-a-la-afa-para-espiar-los-movimientos-de-los-dirigentes-_a69d977011d2d404fa6e9f8be, [consulta: 17/04/2026].

[8] Sitio oficial de Palantir, https://www.palantir.com/about/.

[9] Ídem.

[10] Jeff Rumage. «Inside Palantir: The Tech Giant Powering Government Intelligence». Buit In, 22/04/2026, https://builtin.com/articles/what-is-palantir, [consulta: 24/04/2026].

[11] Madison Hall. «Palantir CEO calls Columbia anti-Israel protests ‘pagan’ and says he’s dreamed of drone striking his enemies». Bussiness Insider, 02/05/2024, https://www.businessinsider.com/palantir-ceo-alex-karp-columbia-anti-protests-pagan-north-korea-2024-5, [consulta: 14/04/2026].

[12] «¿Qué se sabe sobre el papel desempeñado por Palantir en Gaza?» Le Grand Continent, 04/10/2025, https://legrandcontinent.eu/es/2025/10/04/que-se-sabe-sobre-el-papel-desempenado-por-palantir-en-gaza/, [consulta: 14/04/2026]

[13] James Bamford. «How US Intelligence and an American Company Feed Israel’s Killing Machine in Gaza». The Nation, 12/04/2024, https://www.thenation.com/article/world/nsa-palantir-israel-gaza-ai/, [consulta: 12/12/2025].

[14] Sharon Wrobel. «US tech giant Palantir decides to hold first board meeting of new year in Tel Aviv». The Times of Israel, 02/01/2024, https://www.timesofisrael.com/us-tech-giant-palantir-decides-to-hold-first-board-meeting-of-new-year-in-tel-aviv/, [consulta: 12/12/2025].

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