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LA OCUPACIÓN EXTRANJERA DEL ATLÁNTICO SUR Y LA PESCA ILEGAL, SOSTEN DE LOS BRITÁNICOS EN MALVINAS

César Augusto Lerena*

El 16 y 17 de agosto de 1989 “se reunieron a solas” en New York el embajador inglés Crispín Tickell y Lucio García del Solar para retomar las conversaciones sobre los Acuerdos de Madrid que había iniciado Caputo. Nuestro representante era un acreditado diplomático argentino que tuvo una destacada participación al momento de dictarse la Res. 2065 de las Naciones Unidas, uno de los instrumentos en los que basa su eterno reclamo a invitar a dialogar al Reino Unido la Cancillería Argentina.

El ex embajador Horacio Solari, uno de los principales gestores del trabajo sobre la reivindicación de la Plataforma Continental extendida, al respecto de estas reuniones a solas, decía: “La confidencialidad y ritualidad excesivas facilitan, frecuentemente, prácticas reñidas con el bien común o el interés general” (“Malvinas. La cuestión pendiente de los territorios marítimos y sus efectos patrimoniales”, BA, 29/01/2004).

Pero la reunión no fue “técnicamente a solas”, ya que el diálogo estaba siendo grabado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) argentina (Oscar Raúl Cardozo, Clarín, pág. 3:4, 17/08/89 y pág. 10, 29/03/92) y seguramente la británica. El ex embajador retirado de origen radical García del Solar, convocado por Menem al efecto, ese día cometió uno de los más grandes errores de la diplomacia argentina al no tener en cuenta “la pesca” en las negociaciones; luego, Cavallo llevó a las primeras negociaciones como experto (¿?) en pesca a su amigo Aldo Dadone. Este error se volvió a cometer al ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1995, aunque se trató de salvar con el artículo 2º inc. c de la Ley 24.543, que como sabemos tiene un valor relativo. Este error se reitera sin solución de continuidad desde hace 40 años y, en nuestros días, el Secretario de Malvinas Guillermo Carmona y el Subsecretario de Pesca Carlos Liberman, persisten en él.

El embajador inglés le dijo en aquel día de 1989 al argentino: «le pedimos que la Argentina reconozca que, en el presente, existe en la práctica una FICZ (NdA: una zona de conservación o exclusión para los argentinos de pescar dentro de las 150 millas marinas alrededor de Malvinas). No le pedimos al gobierno argentino diga nada en público. Simplemente le pedimos que deje que sigan las cosas». A lo que García del Solar respondió: «El levantamiento de la zona de protección militar es esencial. La Argentina no está pidiendo el levantamiento de la FICZ; la zona de protección militar es anacrónica».

El Canciller Domingo Cavallo vendió en Buenos Aires la reunión como extremadamente positiva y, al respecto, diría: «Nadie puede venir otro día y decir que esta reunión representó alguna clase de concesión», pero la desgravación de la SIDE puso de manifiesto, que si la hubo.

El planteo de mínima del habilidoso Tickell fue ganador y se terminó llevando todo. Era absolutamente improbable que la Argentina aceptara la ocupación de un amplio territorio marítimo de “Conservación y Administración de Pesquerías” (FICZ), que era la posición de “máxima”; pero García del Solar, ansioso, que creía que «la reanudación de las relaciones diplomáticas no debería demorarse mucho más allá del primer encuentro» le sirvió en bandeja la de “máxima” cuando manifestó que la Argentina no solicitaría el levantamiento de la FICZ, pero que tampoco “se aceptaría la existencia de esa zona”: el que calla otorga, el Reino Unido siguió pescando e impidiendo la pesca argentina en el área. Leído el informe de la SIDE, García del Solar “tomó nota” y, jugó como si en el “truco” tuviese un par de cuatros y de pie (eran las pocas cartas que tenía) y, no disimuló lo suficiente y, el británico Tickell rápidamente se dio cuenta de ello.

Nos preguntamos ¿qué hubiera pasado, si los Generales San Martín, Belgrano, Güemes, Artigas, Arenales, O’Higgins y tantos otros, se hubieran limitado a “tomar nota” frente al avance de los realistas? Nosotros ya en esos años nos opusimos a ese ruinoso acuerdo y tuvimos fuertes enfrentamientos con Cavallo, que jugaba de campeón en la clase política argentina (Véase Carta Abierta publicada en el Diario La Capital de Mar del Plata, 20/02/1991 y César Lerena: “Malvinas. Biografía de la Entrega. Pesca la moneda de cambio”, pág. 278:279, 2009).

Para confirmar el grave error de Lucio García del Solar, continuado, agravado y ampliado en la actualidad por los citados Carmona y Liberman y, por supuesto, por la Cancillería —que incluso tiene un delegado en el Consejo Federal Pesquero— bastaría tener en cuenta la afirmación del propio británico responsable del área pesquera de los isleños en Malvinas: «Sin la pesca no hubiéramos sobrevivido en Malvinas(John Barton, Penguin News, 2012).

Pero hoy es posible mostrar un escenario peor. Recordemos.

En 1982 teníamos ocupados 11.410 km2 y tres millas marinas alrededor de Malvinas, hoy tenemos explotados, ocupados o en disputa con el Reino Unido 5.497.178 Km2; a saber: 1.639.900 km2 del territorio marítimo e insular argentino; 1.430.367 km2 de plataforma continental extendida y 2.426.911 km2 de la Antártida y su mar.

En el Atlántico Sur potencias extranjeras se llevan o descartan 1.405.000 toneladas anuales, de las cuales 325.000 toneladas se extraen del área de Malvinas con buques españoles o de esta nacionalidad asociados con británicos y buques coreanos, taiwaneses y de otras nacionalidades. Ello significa en un cálculo optimista (al valor FOB) que la Argentina ha perdido en estos 40 años la suma de 151.200 millones de dólares, de los cuales 35.000 millones de dólares se han extraído de Malvinas. Esto último sólo significó la pérdida laboral para la Argentina de 10 mil empleos y que 3 millones de niños y adolescentes no recibieran una ración diaria de proteína de la mejor calidad todos los días durante todo el año todos los años hasta hoy. Mientras el PB de los isleños ronda en los 97.893 US$/per cápita/año, el de Argentina 8.579 US$ (2020) y el de La Quiaca, que está a la misma distancia de Buenos Aires que las Malvinas, no supera los 2.500 US$ (2020).

500 buques extranjeros chinos, españoles, coreanos, taiwaneses, etc. invaden el Atlántico Sur y se apropian de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina, ante la más absoluta pasividad diplomática y de la autoridad de aplicación argentina. No es solo una cuestión biológica que depreda el ecosistema que debe ser tratado en forma integral y en conjunto (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar), sino de soberanía política, económica, alimentaria, ambiental y social que se está violando, ante la pasividad de los funcionarios.

España “la llamada madre patria” que reconoce los derechos soberanos en Malvinas, es el principal socio de los británicos en Malvinas; el que canaliza el comercio en la Unión Europea para que los productos de este origen no paguen aranceles de importación, mientras que a las empresas argentinas se les aplica barreras paraarancelarias de los productos con valor agregado.

Mientras esto ocurre, nos anoticiamos del otorgamiento de licencias otorgadas para la pesca de merluza negra (24.000 US$/tonelada, FOB, 2028) por el Reino Unido en el área meridional del Atlántico Sur argentino y en el área Antártida, para contraponerse a una supuesta pesca rusa, en una actitud reiterada de los británicos de violar los espacios marítimos argentinos y los espacios sujetos a la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CRVMA) y las normas de la Comisión para la Conservación de esos recursos (CCAMLR), que genera una gran tensión internacional en la región y la propia intervención de Estados Unidos en el tema (Perfil, 23/06/2002).

La falta de atención de la Cancillería Argentina a la “Zona de Paz y Cooperación” acordada por todos los países de África occidental y América oriental del Atlántico Sur, es tal, que Togo y Gabón, ambas ex colonias francesas acaban de ingresar al Commonwealth (SAEEG, 25/06/20229).

Se agrega a ello nuestra relación en el MERCOSUR. Los periódicos aterrizajes en Brasil haciendo escala en vuelo desde y hacia Malvinas de aviones de la fuerza área británica; al igual que en Chile y Uruguay y el sostenido apoyo que le da el puerto de Montevideo a los buques procedentes de alta mar y Malvinas donde realizan PESCA ILEGAL, facilitando su armado, logística, transbordos, cambios de tripulación, comercio de mercaderías, etc. ante la pasividad de los funcionarios que se limitan a reclamar. ¿Se tratará de que la empresa concesionada MONTECON es de capitales chilenos y canadienses? o de que la Secretaría de Malvinas no ha buscado los acuerdos necesarios con la República hermana de Uruguay para terminar con el incumplimiento de los “apoyos teóricos” que éste y otros países de Suramérica declaran.

Desde 1998 cuando se dictó la Ley Federal de Pesca Nº 24.922 y a partir de la actualización de las sanciones a la PESCA ILEGAL de la Ley 26.386 (2008) y la Ley 27.564 (a pocos días de cumplirse dos años) NUNCA SE APLICÓ UNA SANCIÓN A LOS BUQUES PESQUEROS EXTRANJEROS QUE PESCAN EN MALVINAS SIN HABILITACIÓN ARGENTINA.

Y por supuesto que se podría hacerse mucho más que pasarse dando la Secretaría de Malvinas “Conferencias, Reclamos, Agradecimientos y Declamaciones” (CRAD), y la desatención de la Subsecretaría de Pesca en estos temas.

Por ejemplo, derogar los Acuerdos de Madrid, el Pacto de Foradori-Duncan y llevar varias acciones adelante referidas a la emergencia pesquera y a la protección de los recursos naturales en Malvinas. La Argentina no puede convalidar estos Acuerdos, que estarían demostrando un aparente diálogo entre las partes.

Elaborar una estrategia que se supone debería estar en manos del Consejo Nacional de Malvinas que coordina Carmona, que no ha hecho otra cosa, que proponer vuelos humanitarios (rechazados por el Reino Unido); propiciar al autoconvocado Marcelo Kohen a la Corte Internacional de Justicia, precisamente a quién propuso en 2018 un referéndum a los británicos para determinar su nacionalidad (etc.) y poner recientemente en ridículo al Presidente Fernández, ante la pretensión de condicionar al primer ministro inglés, en una situación de extrema debilidad y sin una demostración cierta de la posición dice sostener, mientras mantiene vigente la Ley 24.184 de “Protección y Promoción de la inversiones británicas en Argentina”. Para llegar a esto, la Secretaría de Malvinas, debió hacer muchos deberes previos.

Combatir la PESCA ILEGAL en Malvinas (que le asegura la sustentabilidad económica) y, para ello, entre otras medidas, cumplir con el Artículo 47º de la Ley 24.922 que establece: «La carga de productos pesqueros que se halle a bordo de un buque pesquero de pabellón extranjero que se encuentre en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina o en aguas en las que la República Argentina tenga derechos de soberanía sobre los recursos vivos marinos, sin contar con permiso o autorización expresa expedido por la Autoridad de Aplicación, se presume que han sido capturadas en dichos espacios», que los podría dejar incurso a ambos funcionarios en incumplimiento de sus deberes, al igual que al no sancionar a los buques que pescan en Malvinas.

Iniciar las políticas diplomáticas a nivel de Latinoamérica respecto a la protección de los recursos pesqueros migratorios originarios de la ZEE de los Estados ribereños, que son motivo de depredación del ecosistema y competencia desleal en el mercado internacional a la par de permitirle al Reino Unido consolidarse en Malvinas.

También, unificar una política en el Atlántico Sur mercante, portuaria, naval, de investigación y desarrollo y propiciar e incentivar la pesca en alta mar por parte de buques nacionales e impedir el acceso de calamar a Malvinas y, por supuesto, coordinar con el Ministerio de Defensa la dotación de una fuerza disuasiva y de control en el área austral argentina.

Y otra decena de importantes acciones que por razones de espacio omito, pero sobre las que me he referido en decena de artículos anteriores.

Reitero: cuando se trata de cuestiones que afectan la soberanía nacional y el bienestar del conjunto de los argentinos, no interesan las cuestiones partidarias o sectoriales: “a los amigos se los acompaña hasta el cementerio, no se entierra uno con ellos”. En frente, están las grandes potencias que vienen por nuestras proteínas y nuestros espacios marinos e insulares desatendidos.

 

* Presidente de la Fundación Agustina Lerena (fundada 21/10/2002). Presidente Centro de Estudios para la Pesca de Latinoamérica, CESPEL (fundado el 02/04/1989). Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Ex asesor en el Senado de la Nación y en el Honorable Cámara de Diputados. Autor de: “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega. Pesca la moneda de cambio (2021)”.

 

MUCHA DISCUSIÓN Y TODAVÍA POCA ACCIÓN

Jorge Montezinho (“Expresso das Ilhas”, Cabo Verde)

Las instituciones internacionales se pusieron manos a la obra, pero hasta ahora, los miles de millones disponibles para restaurar la economía global no se están distribuyendo de la manera más equitativa. El FMI, por ejemplo, adelantó 650 mil millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG), pero de esa cantidad, África solo tenía derecho a 33 mil millones de dólares, porque estas asignaciones se hacen en proporción al tamaño de los ahorros. Los países del G7 (los más industrializados del mundo) tienen un paquete de 200 mil millones de dólares a su disposición, y los del G20 (las economías más grandes del mundo) tienen acceso a 400 mil millones de dólares.

Los datos también muestran que los países ricos han utilizado menos del 2% de los DEG a los que tienen derecho, mientras que los países africanos ya han utilizado más del 50%. Entonces, lo que se ha debatido en los últimos meses es ¿qué pueden hacer los países que tienen DES que no usan? En octubre, después de otra reunión, los países del G20 acordaron devolver a los países vulnerables $ 100 mil millones de la suma total de Derechos Especiales de Giro emitidos por el FMI para abordar la crisis de salud, una idea que ya había sido propuesta. En mayo, por los franceses presidente Emmanuel Macron, durante la cumbre Francia-África. Pero todavía no ha pasado nada.

“La idea de transferir DEG de países más ricos a países africanos no tuvo ningún efecto práctico, al menos en términos multilaterales, como se suponía”, dice el economista angoleño Jonuel Gonçalves a Expresso das Ilhas. “Siempre he estado a favor de una moratoria seria —un mínimo de tres años— en lugar de la nueva deuda implícita en los DES. La moratoria significa recurrir al dinero que ya existe en nuestros países, creando nuevos términos para que ese dinero se convierta en una inversión y no en una hemorragia de divisas.

Me temo que se ha perdido la gran oportunidad, porque las reglas y el humor en los centros financieros cambian según la presión de la coyuntura. Los países endeudados o con un déficit de capital tienen más probabilidades de recurrir a cualquier mecanismo para recaudar nuevos fondos, empujando la deuda cada vez más hacia adelante, y es posible que algunos países ricos hagan gestos simbólicos.

Como explica a Expresso das Ilhas el exgobernador del BCV, Carlos Burgo, esta excepcional emisión de Derechos Especiales de Giro (DES) constituye un aumento significativo de la liquidez y de las reservas internacionales, en un contexto en el que la comunidad internacional enfrenta grandes desafíos.

Los países miembros deben reconstruir sus economías luego del COVID mientras aceleran la transición energética y mitigan los efectos del cambio climático. Particularmente en los países menos desarrollados, la erradicación de la pobreza requiere transformaciones estructurales con miras a garantizar de manera sostenible un crecimiento robusto. Esta liquidez adicional creada debe ponerse al servicio de la implementación de esta agenda global.

“Sin embargo”, subraya Carlos Burgo, “la liquidez generada por la emisión de DEG se distribuye en función de las respectivas participaciones de los miembros en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que, a grandes rasgos, reflejan la dimensión de las diferentes economías. Este hecho agrava la asimetría del orden financiero internacional, ya que la liquidez internacional ya se crea principalmente a través de la emisión de la moneda de los grandes países, especialmente el dólar estadounidense. Así, por un lado, solo una pequeña parte de la suma mencionada pertenecía a los países menos desarrollados (21 mil millones). Por otro lado, la mayor parte se distribuyó a países más avanzados y de grandes economías con sólidas posiciones externas y que, además, pueden financiarse emitiendo su propia moneda. Por tanto, surge la cuestión de redirigir recursos adicionales a los países que más los necesitan. Afortunadamente, existe consenso al respecto tanto a nivel del FMI como del G7 y el G20 y ya se están dando pasos en esa dirección. Desde un inicio se están fortaleciendo los recursos del Poverty Reduction and Growth Trust, PRGT (Fideicomiso para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza), del FMI, que otorga préstamos en condiciones muy favorables a los países más pobres, con compromisos ya asumidos, aunque aún lejos de los montos previstos. También se describe la creación de un nuevo instrumento, el Resilience and Sustainability Trust, RST (Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad), con un sobre de $ 100,000 millones, que tiene como objetivo apoyar a los países más necesitados, incluidos los pequeños estados vulnerables, en la recuperación económica y en la implementación de los cambios estructurales necesarios. También existe la posibilidad de fortalecer los recursos del Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo”.

La distribución actual

La distribución de Derechos Especiales de Giro en 190 países comenzó a fines de agosto. Cabo Verde cayó en 23 millones de unidades de Derechos Especiales de Giro (DEG), alrededor de 27,8 millones de euros, más de tres mil millones de escudos, según el reparto proporcional a su participación en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Brasil, la mayor economía de habla portuguesa, representa 12.700 millones de euros, seguido de Portugal, que prevé un aumento de las reservas de divisas en 2.373 millones de euros. Angola es el país africano de habla portuguesa con mayor disponibilidad, 855 millones de euros, seguido de Mozambique, con 261 millones de euros, Guinea Ecuatorial, 181,6 millones de euros, Guinea-Bissau, con 32,6 millones, y Santo Tomé y Príncipe, que recibe casi 17 millones de euros en reservas de divisas.

“Desde una perspectiva realista”, dice Carlos Burgo, “no creo que esto sea posible, dado que, en general, los DEG son parte de las reservas internacionales de los países acreedores, lo que requiere un nivel de liquidez y de riesgo crediticio que las operaciones a las que se refiere no ofrecerían. Sin embargo, Cabo Verde puede beneficiarse, de manera multilateral, de la contribución de estos países a los instrumentos antes mencionados, principalmente a través del RST y de la financiación del Banco Mundial y del BAfD ”.

“Cabo Verde se encuentra en una mala posición para negociar dado su porcentaje de deuda y una perspectiva de un difícil aumento de ingresos que le permita afrontarlo”, dice Jonuel Gonçalves. “Da la impresión de que el país juega con su buena imagen, en comparación con la mayor parte de África, pero esta imagen ya no tiene el mismo impacto por la modestia del término de comparación. Obtener una moratoria sobre las deudas pendientes sería intentar antes de tomar nuevos préstamos, al igual que DES. O, dada la situación urgente (usando una expresión amable), negocie en ambos sentidos simultáneamente. No sé si Portugal y Luxemburgo tampoco son los más indicados, ya que son dos de las economías más pequeñas de la Unión Europea, preocupados por la posibilidad de un aumento en los tipos de interés del Banco Central Europeo, medida que alteraría significativamente su situación financiera. A menos que se piense en pequeñas cantidades ”.

Un continente que necesita ayuda

La pandemia de COVID-19 se produjo en un momento en que las perspectivas para muchos países africanos eran prometedoras. A principios de 2020, el continente estaba en camino de continuar su expansión económica, con un crecimiento proyectado de 2.9% en 2019 a 3.2% en 2020, y 3,5% en 2021. Hubo importantes avances en los indicadores de reducción de la pobreza. La tecnología y la innovación se fueron asimilando cada vez más, siendo los jóvenes los primeros usuarios de nuevas plataformas como los servicios financieros móviles.

Por otro lado, África también enfrentó grandes desafíos. No estuvo cerca de lograr los objetivos de la Agenda 2030 y la Agenda 2063. La gobernanza débil, la corrupción, la degradación ambiental, las violaciones de los derechos humanos, la falta de diversidad económica y las situaciones humanitarias y de conflicto, entre otras, socavaron aún más el progreso. En este contexto, surgió la pandemia, que agravó las desigualdades y aumentó las vulnerabilidades. La pérdida de ingresos afecta de manera desproporcionada a los jóvenes, las mujeres, los trabajadores menos calificados y los del sector informal.

En mayo, la ONU señaló que para ayudar a lidiar con las consecuencias económicas y sociales de la crisis, necesitaba un paquete integral de respuestas globales por un valor de un porcentaje de dos dígitos del Producto Interno Bruto global. Para África, esto significó más de 200 mil millones de dólares. También se necesitaba una congelación generalizada de la deuda de los países africanos, así como opciones integrales para la sostenibilidad de la deuda y soluciones a los problemas estructurales de la arquitectura internacional de la deuda.

En el mismo mes, estudios del FMI estimaron que los países de bajos ingresos necesitaban alrededor de 200.000 millones de dólares para 2025 para intensificar la respuesta a la pandemia y 250.000 millones de dólares adicionales para recuperar terreno con respecto a las economías avanzadas.

“No se trataría de pedir favores, sino de acceder a financiamiento para la implementación de la agenda global de la humanidad”, dice Carlos Burgo. “La recuperación de la crisis actual y desarrollar la resiliencia ante las crisis pandémicas, la reducción de la desigualdad y erradicación de la pobreza, atenuar el cambio climático y promover el desarrollo son bienes públicos internacionales. África y Cabo Verde tienen toda la legitimidad para obtener financiación de la comunidad internacional siempre que presenten planes creíbles de transformación y reformas estructurales y promover el uso eficiente y transparente de los recursos.

No debemos tener el deseo de pensar que simplemente habrá una transferencia de riqueza a favor de nuestros países. Incluso cuando los DEG se asignan a un país miembro, se traducen en una responsabilidad externa a largo plazo. En un caso específico, el RST puede resultar en una fuente adicional de acceso al financiamiento concesional, a pesar de su condición de país con ingresos medios. Sin embargo, esto probablemente dependerá de la adopción de un programa con el FMI. Es fundamental que encontremos un nuevo modelo de crecimiento y que hagamos una gestión prudente de las nuestras finanzas públicas. Tenemos que modernizar el sistema de gestión de las finanzas públicas con miras a incrementar la eficiencia del gasto público y garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos”, dice el ex gobernador del Banco Central.

Jonuel Gonçalves, por su parte, considera que “en este momento, no hay forma de evitar ser visto en la condición de quien pide un favor. Si hubiera sido en 2020, se habría visto como parte de la solución. Casi todos nuestros gobernadores o altos ejecutivos están mal informados sobre los detalles cruciales del cuadro mundial y pierden una oportunidad tras otra. O no tienen formación para procesar la información ”, dice el economista.

La recuperación está en marcha, pero, dice el FMI, las consecuencias económicas de la pandemia mundial nos acompañarán durante muchos años. Como resumió Kristalina Georgieva, Directora General del FMI: “El mundo necesita aprovechar la oportunidad para construir un futuro mejor. Necesitamos adoptar no solo políticas que refuercen la recuperación a corto plazo, sino también políticas transformadoras que sienten las bases para una economía mundial más verde, más digital y más inclusiva para el mañana”.

 

Publicado originalmente en Expresso das Ilhas (Cabo Verde), 15/12/2021, número 1046. Traducido por el Equipo de la SAEEG.

ENCRUCIJADA BRASILEÑA 3: ECONOMÍA BAJO ESTRANGULAMIENTOS INTERNOS E INCERTIDUMBRE EXTERNA

Jonuel Gonçalves*

La tasa de desempleo en Brasil cayó al 12,1% en el trimestre julio-octubre, una disminución anualizada del 2,5%, según datos del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística. Pese a ello, permanecieron desempleados (https://www.publico.pt/2021/03/06/mundo/noticia/20-milhoes-brasileiros-emergirem-crisis-pandemica-emprego-vao-reagir-1953373) más de 12 millones de personas y, al mismo tiempo, el ingreso promedio del trabajo en el mismo trimestre correspondió a 2.459 reales —equivalente al tipo de cambio actual en torno a los 390 euros —, un 11% menos en doce meses.

La combinación de estos dos datos apunta a uno de los mayores cuellos de botella en la economía brasilera: un mercado demográficamente grande, pero con bajo poder adquisitivo. Incluso en períodos de desempleo del 5%, el volumen de salarios bajos alcanzó niveles incompatibles con el desarrollo a un ritmo considerable, ya que estableció límites bajos al consumo más allá de la simple supervivencia. El consumo de las familias en Brasil, en 2019, representó el 63,7% del PIB (https://www.publico.pt/2021/02/02/economia/noticia/pib-afunda-76-2020-penalizado-consumption-turismo -1948909).

Desde 2011, este problema se ha considerado decisivo, pero las políticas económicas adoptadas han demostrado ser impotentes al respecto. En 2012, el fracaso de las facilidades fiscales para estimular los sectores de la producción y el consumo industrial provocó un aumento del desempleo y abrió las puertas a la recesión que duraría de 2014 a 2016. En 2013 fue la verdadera causa de las protestas callejeras.

La situación del mercado de trabajo —puestos de trabajo creados y salarios— es el principal indicador del estado de cualquier economía. En la actual situación brasilera, el aumento de la inflación (10,2%) y la reactivación de las actividades informales tras la flexibilización de las restricciones pandémicas también pesan sobre el empleo y los ingresos. El número de trabajadores informales ahora sería de 38,2 millones de personas en un total de 94 millones de puestos de trabajo.

No es de extrañar, por tanto, que el Banco Central informe el aumento del endeudamiento de las familias y que los niveles de ahorro bruto hayan perdido alrededor de 70 MM de reales entre 2018 y 2019, dejando de lado 2020, el mayor daño causado a la economía en todo el mundo el mundo de covid-19.

El año pasado, el PIB de Brasil fluctuó entre el décimo y el duodécimo lugar en el mundo, según la fuente y el método de cálculo. Su valor nominal en dólares estadounidenses rondaba los 1,5 billones, es decir, siete mil dólares per cápita. La recesión de 2020 fue del 4,1% después de tres años de crecimiento modesto, algo por encima del uno por ciento, con el agravamiento de dichas tasas tras la recesión de 2014-2016. El IBGE reporta pérdidas acumuladas, en 2015 y 2016, del 6,7%.

Otro elemento comparativo central, relacionado en gran medida con los niveles de ingresos y empleo, es el Índice de Desarrollo Humano. La duodécima o duodécima economía mundial en términos de PIB lleva años ocupando el puesto 70 en el IDH.

Durante la pandemia, las ayudas públicas de emergencia (https://www.publico.pt/2020/08/14/mundo/noticia/bolsonaro-melhor-avaliacao-desde-inicio-mandato-vulneraveis-contribuem-resultado-1928088) actuaron como un paliativo importante, garantizando la supervivencia biológica de millones de personas e incluso incrementaron el rendimiento comercial. En el mes pasado, el gobierno lanzó un nuevo programa masivo de asistencia a los bajos ingresos, el Auxilio Brasil, inspirado (política y financieramente) en el anterior Bolsa Familia, con montos más altos y propicios para romper los topes de gasto público, como es el caso en todo el mundo. El riesgo en Brasil, sin embargo, reside en la visión de los políticos para quienes el asistenciacialismo masivo substituye a las políticas expansivas del mercado laboral y la remuneración motivadora.

Las previsiones de crecimiento del Banco Central se sitúan ahora en 4,51% para este año y 0,42% para 2022. El crecimiento previsto para 2021 es, por tanto, un dato positivo que solo se equilibra con lo negativo del año pasado y, de confirmarse la previsión para 2022, en la práctica, Brasil tendrá una suma de tres años de estancamiento. Dado que es probable que las tasas de inflación actuales se extiendan, al menos durante la mayor parte del próximo año, tendremos un estancamiento en el horizonte.

Frente a la inflación, que tiene factores nacionales e internacionales, el Banco Central eleva la Selic (tasa de interés base), ahora en 9.25%, y, dado el escenario en su conjunto, el diario O Estado de São Paulo señalaba que “el incremento en la Selic y el riesgo de default hacen subir las tasas de interés al consumidor”.

Es obvio que los bajos ingresos, además de inhibir el consumo, no promueven una alta productividad cuyos niveles, en Brasil, aún sufren los efectos de la insuficiente innovación tecnológica y el mal mantenimiento del capital fijo. Este detalle, dicho sea de paso, acentúa los riesgos a largo plazo y recorta oportunidades laborales en el plazo inmediato.

El comercio exterior de Brasil, a pesar de todo, ha tenido un buen desempeño en un marco internacional desfavorable. Este ha sido otro elemento central durante mucho tiempo. El crecimiento de la primera década de este siglo se basó en un entorno externo de altos precios de los productos primarios, masiva Inversión Extranjera Directa —Brasil se convirtió en el segundo destino de IED— y mucho movimiento de capitales de corto plazo. El fin de este “momento” produjo el agotamiento del modelo entonces vigente en Brasil, poniendo fin a otro ciclo de crecimiento nacional.

El agronegocio resistió mejor que otros sectores productivos, sin embargo, la consultora británica Capital Economics apunta a la nueva dependencia externa del país, esta vez del consumo chino.

En estos términos, Brasil continúa en una grave crisis económica que ya ha producido ciclones políticos y, la forma en que se maneje, determinará el estallido (o no) de algunos más. Concretamente, tiene un mercado interno autolimitado y un mercado mundial donde reina la incertidumbre.

Mejorar el funcionamiento interno general es una prioridad en cualquier caso. A escala internacional, está al alcance de Brasil estimular un nuevo marco económico en América del Sur, quizás incluso en todo el Atlántico Sur.

 

* Investigador asociado del NEA/UFF (Rio de Janeiro) e Investigador del ISCTE/IUL. Reside en Niterói (Rio de Janeiro). 

Artículo publicado el 31/12/2021 en Público PT (Portugal), https://www.publico.pt/2021/12/31/mundo/analise/encruzilhadas-brasileiras-3-economia-gargalos-internos-incerteza-externas-1990380. Traducido con autorización del autor por el Equipo de la SAEEG.