Archivo de la etiqueta: Brasil

“STATUS AMÉRICA LATINA” EN 20 AÑOS: LA DESASIMILACIÓN POLÍTICA DE LA GUERRA.

Ehsan Sherbi*

Imagen de tprzem en Pixabay

Latinoamérica no presenta enfrentamientos militares interestatales desde hace 25 años (último Perú – Ecuador), los beneficios de la paz regional trajeron consigo numerosos efectos adyacentes para el diseño y puesta en marcha de nuevos planes de Defensa Nacional. El pronunciado atraso tecnológico, la ambigüedad en la política exterior de los gobiernos para forjar alianzas internacionales estables y la militarización de la seguridad pública son elementos que han restado carácter a las Fuerzas Armadas en sus misiones fundamentales. Como contrapartida, se observa una situación internacional donde las variables militares están cada día más presentes para garantizar el resguardo de las sociedades, la preservación e integridad de los Estados y los recursos estratégicos. Como elemento agregado, pueden verse —con mayor intensidad— la actuación y proliferación de actores ´no estatales´ que se incorporan a los teatros críticos de la seguridad internacional. 

Dinámica internacional y morbidez del Sector Defensa en América Latina

El inicio del siglo XXI se estructuró como un arpegio bélico que fue variando de graves a agudos en dos vertiginosas décadas. Uno de los elementos que dieron la constancia armónica a la inestabilidad internacional fue la multiplicación y diversificación de la guerra. Los gobiernos alrededor del planeta tuvieron que habituarse a numerosos sucesos dantescos brotados de la transformación del fenómeno de la Seguridad Internacional.

La vulnerabilidad estatal aceleró el proceso mutacional de adaptaciones a los nuevos contextos de violencia internacional. El espectro de la conflictividad traspasó nuevas fronteras que mezclaron esferas disímiles de los aspectos culturales, políticos y económicos. La ´guerra no convencional´ vino a imponerse como médium para la definición de planes gubernamentales que encubren su autoría, pero que manifiestan explícitamente sus intereses urgentes: el acceso a los recursos estratégicos y el debilitamiento de los adversarios.

El nuevo siglo es una plataforma que eleva a las grandes potencias en su estrategia global, pero concede también espacios a potencias medias y actores no estatales altamente corporativizados (tanto lícitos como los marginados de la ley). Nunca antes los bordes de la guerra fueron tan plásticos, los conflictos armados actuales embuten la confrontación de Fuerzas Armadas, milicias, empresas militares privadas, crimen organizado trasnacional, mafias y al terrorismo internacional, mostrando fácticamente el marasmo y letargo de los niveles supranacionales, que estimulan con inacción la reproducción de los fenómenos residuales de las guerras.

Con todo, muchas alianzas se fueron tejiendo alrededor del planeta durante estas dos décadas mayoritariamente bilaterales intercalando los niveles de la política, la economía y la Defensa a través de copiosos contratos de la industria militar. En este caso, la variable tecnológica tuvo su rol determinante en la construcción de alianzas y profundización de confianza mutua. Los actores predominantes de la industria militar incidieron en los procesos decisorios basándose en la necesidad de comercializar sus productos y ganar mercados en el ´Top 20´ de potencias militares. Dándole notoriedad a aquellos segmentos vinculados a productos aeroespaciales y navales (algunos en el marco del ‘Joint Development’). Aquí valen recalcar tres virtudes conjugadas: la apertura del mercado de Industrias de Defensa altamente competitivo;  la visión y el compromiso estratégico-militar de los gobiernos aliados; y el acceso financiero para las adquisiciones bélicas. 

¿Qué sucede en América Latina?

Cuando nos enfocamos en América Latina podemos interpretar que en dos décadas los avances en materia de Defensa han sido ´asimétricos y reducidos´, a pesar del anuncio de numerosos planes y el incremento de los presupuestos. No hay que olvidar que las erogaciones centran su gasto en el personal, donde el promedio regional se sitúa en un rango entre el 75% – 80% de los recursos, el remanente es utilizado para las operaciones, el mantenimiento y las inversiones. Mostrando de esta manera, la difícil ecuación para el desarrollo de capacidades militares.

Por otro lado, la alquimia entre la construcción de poder y la creatividad en el management ministerial no ha develado transformaciones tangibles en el robustecimiento de las Fuerzas Armadas. La construcción de cooperación hemisférica e internacional, las inversiones presupuestarias para la adquisición de material moderno, la expansión industrial, la transferencia tecnológica y la I+D de Defensa han escaseado y los programas sectoriales han sido difusos, salvo en Brasil y México, dos excepciones que confirman la regla con sus diferentes envergaduras, los cuales han planteado e implementado nuevas estrategias para el desarrollo industrial.

Por otro lado, y visto desde todos los ángulos ideológicos, la defunción de UNASUR exhibe la manifiesta debilidad para sostener instituciones propias ´no tutoradas´ por potencias militares de primer orden. Debido a que las alternancias de los gobiernos suelen traer el abandono de lo creado por sus predecesores, más aún cuando son tendencias partidarias incompatibles. El ALBA-TCP actualmente es una alianza devaluada y sin incidencia desde la profundización del aislamiento y empobrecimiento venezolano. 

Por añadidura, en el caso de la disolución de UNASUR, es útil recordar que se ponderaron aspectos internos por sobre las instituciones y los acuerdos creados sin plantear reajustes positivos. En este sentido, los gobiernos en Latinoamérica suelen condicionar con las prácticas y el discurso de la política doméstica la estrategia internacional de las naciones en sus ciclos de pocos años de mandato. Incrementando la incertidumbre por la desconfiguración de la política exterior y sus especificidades relacionadas a la diplomacia de la Seguridad y Defensa. En cuanto a Brasil, la desaparición de UNASUR no alteró sus planes de Defensa Nacional.

Tampoco puede dejarse de lado que la agenda estadounidense enfocada en OTAN, Rusia, Oriente Próximo y Lejano Oriente, desatendió y restó prioridad a sus alianzas en Latinoamérica; salvo en casos relacionados al crimen organizado, la inmigración ilegal y la crisis venezolana; teniendo más éxito con el bloqueo que en el intento de desmaterializar el régimen autoritario de Maduro imponiendo un ´poder paralelo´ con Guaidó.

Como contrapartida, América Latina nutrió su política exterior con Rusia, miembros de la Unión Europea, China y otros actores puntuales. Hay un parangón entre la situación de América Latina y África en el repliegue estadounidense, que habilitó el avance de Rusia y China oportunamente. Aunque deben destacarse en ambos casos la progresiva reactivación del SouthCom y AfriCom en este último tramo temporal.

¿Qué avances hubo  en Brasil y México?

De los países de la región pueden destacarse Brasil y México en su expansión tecnológica y vinculación estratégica internacional. Siempre en la referencial comparación de índole regional, ya que a escala mundial, solamente Brasil manifiesta un desarrollo de alianzas claves bajo un patrón firme de inserción internacional y desarrollo industrial equilibrado con peso específico. No obstante, la apuesta tecnológica en ambos países se basó en orientar el desarrollo industrial a modelos más modernos de clusters, coproducción, comercialización, servicios duales e incentivo a la I+D, dos ejemplos de notoriedad son los sectores: aeroespacial y naval adaptados a los diseños de Fuerzas Armadas y vinculados a la estructura económica en cada país.

La política y desarrollo del sector Defensa Nacional (como un todo) en los demás países ha sido ubicada en un ´espacio residual´, ejecutándose de manera inercial de acuerdo a los presupuestos y burocracias existentes. Perdiendo en su mayoría capacidades operativas y agenda internacional con el paso de los años. Esa ubicación secundaria de la Defensa expone a los países de la región a mediano y largo plazo  a converger en coyunturas apremiantes y subordinaciones indeseadas (específicamente con Estados Unidos y China por su confrontación actual). La relegación y desatención de los asuntos estratégicos en las agendas nacionales no elimina las amenazas y riesgos, por el contrario, los potencia e introduce más actores que pujan por el poder.

Debería asimilarse que la expansión regional de China (inicialmente basada en el intercambio) aumenta las tensiones con Estados Unidos debido a que, la penetración de Beijing, comienza a intensificarse en los aspectos políticos y militares, que si bien no se ha materializado con la instalación de bases, muchos países concuerdan ideológicamente en su rivalidad política con los Estados Unidos.  Rusia por su parte expandió y profundizó en estas dos décadas su política exterior en América Latina con las grandes potencias regionales sin dejar de lado a Venezuela y Cuba.

Los contextos advertidos luego de 20 años

El ataque a las Torres Gemelas inauguró el siglo XXI, que prosiguió con los conflictos de Afganistán, Irak, Israel versus Hezbollah, Siria, Libia, Yemen, Myanmar, Donbás (Ucrania) transitando hasta la actualidad donde perduran otros activos como los del Sahel y de Oriente Próximo (resabios de las primaveras árabes) en una lista extenuante, difícil de enumerar en éste artículo. Incorporando sorpresivamente, la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Claro está, que muchas de las contiendas bélicas dejaron su huella en occidente con ataques del terrorismo yihadista, en esos contextos, vale decir que: ´la propagación metastásica de la guerra no avistó sistemas de Seguridad Nacional característicamente proactivos´.

No caben dudas que la diplomacia ha sido la herramienta más valiosa que ha dado la civilización para proliferar la paz y generar desarrollo. El fortalecimiento del multilateralismo siempre otorgó puntos de partida y cimientos positivos para las sociedades. Empero, la degradación de los organismos internacionales y el anacronismo de sus procedimientos burocráticos se asocia a la calidad humana e intelectual de sus actores, más que a las instituciones propiamente dichas.

La plataforma de ´alta política´ que significa el teatro internacional y que llevó consigo a individuos destacados hoy se ha teñido de una burocracia global deslucida con lógicas endogámicas carente de capacidad y visiblemente irresoluta; es por ello, que muchas de las decisiones claves viraron hacia otros núcleos del poder político y económico.

“El aspecto genésico de la palabra y los acuerdos deberían ser acompañados de voluntades y capacidades; ´expresar no significa crear´. Principalmente, cuando alguna de las partes puede incumplir o percibir al otro como impotente en los planos más ásperos de la política, es decir: en el aspecto militar. Por ende, aquellos Estados y élites políticas en una posición débil, difícilmente pueden generar la paz, hacia dentro y fuera de sus fronteras”.

Núcleos duros actuales de la conflictividad global a tener en cuenta para Latinoamérica

Inclinándonos a los escenarios de la Post Pandemia de COVID-19, los diferentes efectos de la contracción económica planetaria y la debilidad de muchos Estados están estimulando la escalada en algunos teatros que ya se mostraban conflictivos en 2019.

A grandes rasgos podemos crear dos categorías que se superponen en un sistema multipolar y de alianzas con agendas diversas: la primera sería la de ´Liderazgo Global´ integrada por Estados Unidos (confrontada especialmente con China), Rusia (imponiéndose defensivamente hacia la OTAN y con una incipiente intervención en los conflictos armados focalizados) y China (siguiendo una gran trayectoria económica mundial que tiende a tornarse estratégica y militar en su compleja zona de influencia directa).

La segunda categoría, rodea agendas múltiples de ´expansión, consolidación y acceso a recursos´, donde intervienen todas las demás grandes potencias y las potencias medias: India, Japón, Corea del Sur, Francia, Reino Unido, Pakistán, Indonesia, Alemania, Italia, España, Turquía, Irán, Arabia Saudita, Israel, Egipto y Australia.

Y a su vez, se entrelazan mediante diferentes alianzas con aquellos países que detentan la superioridad global en agendas múltiples no lineales. Es destacable el rol que están llevando adelante los países europeos para ganar contratos de la industria militar y a su vez expandirse en el entramado de negocios en la zona del Mediterráneo; participando de la explotación de los recursos energéticos.

China posee numerosos frentes conflictivos en plena escalada, el primero con Estados Unidos (revalidado discursivamente por el presidente electo Biden), el segundo con India y el tercero con Taiwán, si bien existen otros asuntos tensos de menor porte en la región. Empero, en noviembre de 2020 se firmó el acuerdo RCEP de libre comercio entre 15 países que componen el 30% del PIB mundial. En el plano económico China se expande por toda la geografía mundial a pasos agigantados incluyendo América Latina.

En otro orden de la cuestión, algunas potencias occidentales apuestan a fortalecer las capacidades de Defensa en India, corrigiendo rápidamente las variables militares relacionadas a la dotación de tecnologías en cantidad y calidad (no olvidemos las tensiones y reyertas en la disputada frontera en 2020).  Es decir que en toda el área de Asia-Pacífico los actores estatales imprimen un nuevo espacio de participación que superpone conflictos y acuerdos comerciales al mismo tiempo. Por su parte, Rusia aprovecha las coyunturas para posicionarse rápidamente en el globo, un ejemplo es la nueva base naval en Sudán, que es la primera instalación militar en territorio africano luego de la disolución de la Unión Soviética. 

Tres focos de orden regional que introdujeron ´variables no convencionales´ en la pugna por el control de los recursos estratégicos

El desarrollo de numerosos conflictos internacionales debe tenerse en vista por los gobiernos latinoamericanos debido a que los recursos estratégicos y la infraestructura se colocan en un primer orden  de disputa por parte de las élites políticas contemporáneas. El petróleo, el gas, el suelo fértil, los minerales, el agua, las vías navegables, etc.; son objetivos prioritarios en las pendencias contemporáneas.

Es necesario tener presente que existe un rápido abandono a utilizar la guerra como último recurso, hay élites que definen su razón de ser en el conflicto armado permanente por fuera de sus fronteras y de los márgenes defensivos; casos como el de Irán o Turquía son un ejemplo.

Expansión iraní y balance de poder en Oriente Próximo

Podemos afirmar que el régimen iraní ha logrado expandirse como nunca (colindando militarmente con Israel por su influencia en Líbano y Siria). Innegablemente, con el aporte de sus capacidades militares se extendió ininterrumpidamente en una década. 

Agregándole contenido ideológico a los intereses tangibles, arrogan una noción política enmarcada en los determinismos de acciones prefijadas que llevan a un futuro estrictamente más apocalíptico. La élite iraní también ambiciona apropiarse de Arabia Saudita y lo ha demostrado con su participación en Yemen (apoyando a los rebeldes Hutíes), cuestión que enciende la alarma de los analistas y decisores; ya que se presume como ´acto consumado´ la mantención de distintos frentes de hostilidades a lo largo del tiempo. La proliferación nuclear de Irán con fines militares determinará el escenario futuro para toda la órbita de Próximo y Medio Oriente.

Energía y disputas en el Mediterráneo Oriental

“El descubrimiento de los yacimientos de gas en el mar Mediterráneo cambió el mapa energético regional. Los Estados buscan consolidar la explotación del recurso mejorando sus capacidades militares para garantizar que Turquía no acceda ilegítimamente a ellos. El gobierno turco reclama en diferentes frentes el derecho a acceder al gas y promueve la escalada del conflicto, incluso en el plano militar”.

Turquía, hoy bajo el gobierno de Recep Erdogán, también incorporó elementos a su fórmula política que se encapsulan en el neo-otomanismo y al hado gentil de las grandes conquistas pasadas, llevándose por delante la moderación que marcó su prolífico Islam moderado y la concordia multicultural en la región. Las actitudes y acciones del gobierno turco perturban a los miembros de la OTAN progresivamente.

El intento de acceso a los recursos energéticos del Mediterráneo (basados en fundamentos de orden limítrofe) y su injerencia en los conflictos de Siria y Libia son acompañados siempre de actos y discursos relacionados al campo religioso orientado al regodeo populista, recordemos que la antigua Basílica de Santa Sofía fue transformada actualmente en mezquita, lo que trajo más rechazo entre los Ulemas del Islam debido a que no existe ley coránica o tradición de la sunna del profeta Muhammad que habilite la apropiación de templos religiosos que en las instituciones cristianas de la región o por la queja de los gobiernos occidentales frente a esa actitud hacia un templo que era considerado patrimonio de la humanidad y estaba exenta de las disputas religiosas.

Turquía desafía y altera la relación volumétrica de la política regional en el mediterráneo oriental: Grecia, Egipto, Chipre, e Israel reacomodan sus lineamientos estratégicos en función de estos nuevos roles que otorga la explotación del gas en el mar y el petróleo libio. Un detalle destacado, es la capacidad de la élite turca de conjugar las capacidades de sus Fuerzas Armadas, la tecnología aeroespacial y las milicias yihadistas para cambiar el curso de las guerras; lo hizo en Libia (repeliendo el asedio a Trípoli llevado a cabo por el LNA) y en el conflicto de Nagorno Karabaj en su explicito apoyo al gobierno Azerí de Ilham Aliyev.

Nilo Azul y GERD

El tercer conflicto a tener en cuenta se circunscribe sobre el cauce del Nilo Azul en Etiopia debido a la construcción de la Gran Presa del Renacimiento (GERD por sus siglas en inglés), sobre este asunto se pueden vislumbrar los diferentes recursos que se ponen en juego: la mega-infraestructura hidroeléctrica, el recurso hídrico, la planificación agrícola y ganadera de la región; esta compleja problemática reúne a la Republica de Sudan y Egipto como actores más perjudicados en términos de accesibilidad al agua e incrementa los niveles de tensión en el continente africano, ya que  desde la Unión Africana no se han logrado consensos firmes.

Hay que recordar que las negociaciones tripartitas datan de 2011 y han convocado incluso a las potencias mundiales en un intento fallido de resolución. En dicha crisis la ´variable militar´ entre los actores involucrados se encuentra altamente presente y establece varias hipótesis de conflicto factibles, incluidas las no convencionales, ya que Etiopía posee numerosos enfrentamientos internos entre el gobierno federal y la milicia del FLPT en la región de Tigray. Debe notarse como elemento yuxtapuesto la cuantiosa presencia de bases militares extranjeras en los países del Cuerno de África que ejercen presión en el contexto de riesgo citado.

Deconstruyendo actitudes de políticas públicas de Defensa en América Latina

Como corolario de estos 20 años, América Latina presentó algunos frentes de inestabilidad política tangible en la etapa 2019-2020: 1- el proceso boliviano donde se materializó un Golpe de Estado Cívico-Militar (ya neutralizado con la elección de un nuevo gobierno constitucional y democrático); 2- Chile, con el estallido social que convulsionó la seguridad interna (crisis desactivada con la decisión de llevar adelante el referendo nacional que cambiará la vetusta Constitución Política de 1980); 3- Perú, con la crisis de representatividad (en proceso); 4- El permanente problema fronterizo en Colombia y Venezuela. Sumado a la decrepitud del régimen autoritario de Venezuela  que podría desencadenar una mayor inestabilidad en la seguridad regional y utilizarse como pivote para la confrontación de las potencias de primer orden. 

En este marco situacional de debilidades institucionales, y por las experiencias descriptas ut supra, vale insistir en que el rol de las Fuerzas Armadas del hemisferio occidental deben estar enmarcadas en la democracia, el Estado de Derecho y bajo la conducción y control de los poderes del Estado. De hecho, los avances en el rol de las Fuerzas Armadas en materia del control y conducción política de la Defensa en la mayoría de los países se han consolidado (aunque en los niveles de autonomía organizacional difieren de acuerdo a cada país). Ahora bien, dicho panorama filtra otras variables que tienen vinculación con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en su faceta de ´capacidades operativas´. Cuestión que sigue siendo una deuda pendiente en la mayoría de países de parte de las gestiones gubernamentales federales.

Retomando nociones substanciales, puede enfatizarse que todos los Estados democráticos poseen una actitud defensiva, ese concepto que le asigna derecho a activar su sistema de Defensa de agresiones externas de otros Estados (sumando las estratagemas subrepticias no convencionales) tiene que ser materializado —conditio sine qua non—  con capacidades operativas reales y efectivas.

El contexto internacional está demostrando los cortos márgenes entre la paz y la guerra; es por ello, que los gobiernos deberían desarrollar sus Fuerzas Armadas creando primero estrategias sostenibles y alianzas estables respetando los márgenes de la soberanía nacional. Cabe afirmar, que en las dos décadas pasadas sin conflictos armados entre Estados no se aprovechó la oportunidad de repotenciarlas en la mayoría de los casos de la región.

Presupuestos de Defensa Nacional y creatividad política

En cuanto al análisis de los alcances de las políticas públicas de Defensa en América Latina puede advertirse en su generalidad la escasa incidencia real que han tenido en el desarrollo de las Fuerzas Armadas las gestiones gubernamentales en Defensa. A pesar que en la mayoría de los casos, los presupuestos crecieron. Esto se debe a una falta de percepción de la política exterior, la escasa priorización de la Defensa como tema de agenda nacional y la falta de innovación hacia dentro de los ministerios para crear planes y programas acordes a los contextos de ciencia y tecnología contemporáneos.

En este punto, sirve sumar a los ´pretextos presupuestarios´ el diseño organizacional de los ministerios, las inercias burocráticas y la ´excesiva politización en temas de fomento industrial y científico-tecnológicos sectoriales´ sin tener ejecutividad en la toma de decisiones del máximo nivel político.  El ímpetu de las gestiones de defensa en justificar objetivos y metas connaturalmente irrealizables de desarrollo industrial como elemento de consumo político-electoral ha desvirtuado el sentido material de los requerimientos reales de las Fuerzas Armadas en la región. La brecha entre ´lo requerido y lo adquirido´ es enorme, y el estado de atraso se profundizó más en aquellos países que tienen embargos de armas.

Paralelamente, los gobiernos han tratado de mantener activos sistemas que se han repotenciado que bajo un criterio lógico hubieran sido dados de baja hace tiempoaumentando los riesgos en el adiestramiento y las operaciones que se llevan adelante. Incluso en la esfera de los ejercicios conjuntos  y combinados internacionales ´de relevancia´ las Fuerzas Armadas de América Latina tienen una escasa participación por el añejo material con el que cuentan, lo que les resta paralelamente incidencia y protagonismo en la política internacional. La clase política regional no asume el valor simbólico y real de la variable militar en las Relaciones Internacionales.

Asimismo, la endogamia ministerial muestra una actitud de gestión inercial en la mayoría de los países. Acentuado las prioridades de las agendas de corto plazo de los ministerios, posponiendo temas estratégicos y de inversiones que son de largo plazo. Esto tiene vinculación al nivel de preponderancia que se otorgan a las agendas diplomáticas y al sistema de alianzas que establezcan los mandatarios. La agenda de las Relaciones Exteriores está íntimamente ligada a las de Defensa.

En otro orden de la cuestión, los ´liderazgos demodé´ han propulsado y deprimido los asuntos estratégicos nacionales contaminando la política exterior con actitudes de la política doméstica, incluso la desarticulación interministerial se muestra como rescoldo de las internas políticas de los gobiernos. Muchos Presidentes, Parlamentarios,  Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores se han expresado y tomado decisiones con escaso conocimiento de la cuestión de la Seguridad Internacional. Que a nivel externo, degradó la confianza entre Estados intra y extra regionales. Estos elementos impactaron directamente en la capacidad de desarrollo, ya que las industrias de Defensa en la actualidad se estructuran y articulan a nivel  mundial. Las cadenas de valor global y las de suministros son un indicio claro que el desarrollo viene de la mano de la cooperación internacional con base en alianzas permanentes y fiables. Un camino que, en sus primeros pasos, comenzaron a transitarlo Brasil y México. 

 

* Especialista en Seguridad Internacional, Geopolítica y Estrategia. Licenciado en Ciencia Política, con especialización en Administración Pública, por la Universidad Nacional de Rosario, Obtuvo el título de posgrado de Magister en Defensa Nacional de la Escuela de Defensa Nacional Argentina (UNDEF). Ha cursado la Maestría en Gestión de la Ciencia, La tecnología y la Innovación en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Conforma el Comité Nacional de la Cámara Argentina de Profesionales en Seguridad integrada (CAPSI), siendo el coordinador de cooperación Internacional.

 

Prohibida su reproducción.

©2021-saeeg®

 

BREXIT, MALVINAS, PESCA Y ESTADOS DE BANDERA

César Augusto Lerena*

Imagen de MasterTux en Pixabay

Ya me referí en varios escritos anteriores (César Lerena “El Malvexit frente al Brexit Británico, 04/10/2018 y, “Brexit, Pesca y Malvinas, ¡Camarón que se duerme se lo lleva la corriente!” 03/07/2020 https://saeeg.org/index.php/2020/07/04/brexit-pesca-malvinas-camaron-se-duerme-se-lo-lleva-la-corriente/ ) a la oportunidad que se abría para la Argentina frente a la salida del Reino Unido de Gran Bretaña (en adelante R.U.) de la Unión Europea (en adelante U.E.) el próximo 1º de enero de 2021 y, desde entonces, he venido promoviendo la necesidad de que el gobierno argentino, entre otras cosas, actuase ante Bruselas para que, cualquiera fuese el Acuerdo al que se arribe, quedasen fuera de éste los llamados “territorios británicos de ultramar” Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) que el R.U. tiene usurpados o sobre los que pretende su titularidad como en el caso de la Antártida.

Efectivamente, los territorios de ultramar han quedado afuera de las negociaciones del Acuerdo y varios medios han venido refiriéndose a ello, diciendo en general que “de acuerdo a fuentes oficiales y diplomáticas, el gobierno insistió en que las Islas Malvinas no sean contempladas como un territorio británico de ultramar en el futuro acuerdo que el viejo continente podría negociar con el Reino Unido para regular sus relaciones comerciales, basándose en la resolución de las Naciones Unidas que admite la existencia de una disputa de soberanía y las constantes recomendaciones del Comité de Descolonización de la ONU constantemente desoído por Londres. De respetarse la posición argentina, los malvinenses perderían las cuotas de acceso y la rebaja arancelaria por la que venían beneficiándose desde hace años, además de la asistencia financiera para desarrollar una economía que es extremadamente dependiente de la pesca, que equivale al 60% del PBI local” (Chabay, Ezequiel, El Cronista, 24/12/2020) y ello es sólo parcialmente cierto y hay mucho por trabajar si lo que se pretende es conseguir aislar comercialmente a Malvinas, comenzando porque la U.E. le aplique aranceles a los productos —en especial pesqueros— que se destinan en un 95% a Vigo (España) y desde ahí a toda Europa.

Recordemos que en el año 2009, cuando se ratificó el Tratado de Lisboa, al votarse la aprobación de la Constitución de la U.E., se incluyó como Territorios Británicos de Ultramar a las Malvinas y a la Antártida. ¿Qué hizo la Cancillería Argentina en esa oportunidad para evitarlo? lo ignoramos, pero lo cierto, que españoles e italianos (dentro de los que se encontraban millones de argentinos con doble nacionalidad de esos países) votaron a favor de ello o simplemente ignoraron que tenían que hacerlo y votar en contra. Desde entonces, nada hizo la Argentina ante la U.E. para modificar esta irregular situación y, por el contrario, mantuvo activos todos los acuerdos firmados con el R.U. (Acuerdos de Madrid, etc.) y, grotescamente, también mantiene vivos el “Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Gran Bretaña y el gobierno de Buenos Aires” que se firmó el 02/02/ 1825 (pese al cual el 03/01/1833 los británicos invadieron Malvinas) y, el “Convenio para la Promoción y la Protección de inversiones británicas en la Argentina” suscripto en Londres el 11/12/1990 y aprobado por la Ley 24.184 el 04/11/1992.

En un pasado artículo (César Lerena¿quién ejerce el poder en el atlántico sur?” 03/06/2020, https://saeeg.org/index.php/2020/06/03/quien-ejerce-el-poder-en-el-atlantico-sur/ ) puse de manifiesto que el 22/01/2020, funcionarios y empresarios del sector pesquero español se reunieron en Madrid, manifestando el interés —acompañado por la European Fisheries Alliance (EUFA)— de mantener el acuerdo de libre comercio, el mutuo acceso a las aguas, el reparto de las cuotas de pesca y la gestión compartida con el R.U.; todas cuestiones que han sido reiteradas en cuanto fuero hubiese y, en las que están muy interesados los españoles que pescan tanto en el Atlántico Nordeste como en el Atlántico Sur con licencias ilegales del R.U. en Malvinas, incluso, como otros europeos, con bandera británica, en ambos Atlánticos.

España, en los prolegómenos del Acuerdo entre Londres y Bruselas acompañó la preocupación de los empresarios españoles que pescan en las aguas británicas y en Malvinas, acompañados, con una menor preocupación por sus pares de Alemania, los Países Bajos, Francia, Bélgica e Italia; pero el R.U. privilegió los intereses escoceses y de otros del Reino y no atendió las fuertes presiones de los europeos e incluso los reclamos de los propios habitantes de Malvinas, quienes en este nuevo estado que se inicia, poco o nada pueden aportarle al déficit comercial del R.U. Con este Acuerdo se modificará la situación actual de que los barcos comunitarios puedan pescar hasta las 6 millas de la costa británica y, a partir del cual, ya no podrán hacerlo libremente dentro de las 200 millas británicas y se reducirán progresivamente las cuotas.

La pesca es un 0,1% dentro de la economía británica, carece de toda relevancia y no ha sido un dato menor a la hora de las negociaciones, ya que el R.U. se ha centrado en asegurarse la soberanía plena en sus decisiones y en satisfacer su política interna, en especial con Escocia; pese a lo cual, su primera ministra Nicola Sturgeon no está conforme con que haya una transición de 5,5 años, en lugar de los tres que esperaban y ya está argumentando que Escocia tiene derecho a elegir su propio futuro como un país independiente, vinculado a la U.E.

En este primer escenario, los españoles perderían cuotas en las aguas británicas del Atlántico Nordeste y los productos extraídos por españoles o sociedades británicas-españolas en Malvinas, como dije, mayoritariamente destinados a Europa, pagarían aranceles. Pero esto no es tan así. Para que se apliquen aranceles a los productos pesqueros originados en capturas realizadas en el área de Malvinas, la Argentina deberá hacer otros deberes, porque de otro modo, ingresarán a la U.E. con bandera española o al R.U. con bandera británica. Por cierto, nada es gratis en el mundo de los negocios.

España, cualquiera sea el resultado, magnifica la situación. Sabe, que cuánto más dramática la muestre, más subsidios obtendrá de la U.E. Son expertos en Acting y, en especial, su vocero Javier Garat, el gran perdedor en este Acuerdo que esperaba una transición de 14 años (¿?) en las aguas británicas y solo consiguieron 5,5 años; un tiempo que nadie cree que transcurra.

En principio, habría que tener en cuenta que el Acuerdo prevé el libre comercio y acuerdos transitorios pesqueros con la U.E. (Capitulo 185), con algunas cláusulas relativas a cumplir ciertos parámetros, que no parece que el R.U. no vaya a cumplirlas (salvo las pesqueras) y, además, es lógico pensar que el R.U. profundizará sus negocios con el Commonwealth; Estados Unidos; a través del TMEC (México y Canadá); China y otros países, incluso con Argentina, para compensar sus eventuales pérdidas en la U.E. y mejorar su balanza comercial que, durante 2019, fue negativa en casi 200 mil millones de euros. ¡El imperio se apresta a cabalgar sobre las olas! Al menos es lo que ellos creen y sí no hay que preguntarle a Cantieri.

Por otra parte, no es cierto que “la U.E. haya descartado a Malvinas en las negociaciones por la disputa que mantiene Argentina con el R.U. sobre estos territorios en las Naciones Unidas”. Todos los llamados Archipiélagos Británicos de Ultramar, a excepción de Gibraltar, quedaron afuera del borrador de Acuerdo. El Capítulo 183º de éste aplica solo al R.U. y no a los Territorios de Ultramar, dado que la U.E. no tiene competencia para negociar con ellos” y, en el Capítulo 184º, establece que el R.U., Gibraltar y España seguirán negociando acuerdos para buscar el mejor resultado posible para el pueblo de Gibraltar y la región circundante y, la Comisión confirmó que un acuerdo sobre Gibraltar es posible y que están dispuestos a examinar cualquier solicitud de España y el Reino Unido para llevar esto adelante”.

¿Qué efectos vinculados con la Argentina podría finalmente provocar el Brexit?

Probablemente se debilitará en la U.E. la posición británica respecto a Malvinas y mejorará la postura argentina en los reclamos de soberanía e incluso en las negociaciones comerciales o relativas al equipamiento militar.

Además de ello, la Argentina debe cancelar (no suspender) los vuelos desde Malvinas a Chile y a Brasil y prohibir el uso del espacio aéreo y marítimo argentino para trasladar productos, personas, insumos, etc. relacionadas con la exploración o explotación pesquera, agropecuaria, hidrocarburífera o comercial en Malvinas, entendiendo que estas actividades no son pacíficas porque derivan de la explotación y ocupación ilegal de un territorio argentino.

Los isleños buscarán negocios fuera de Europa y necesitan más vuelos a terceros países, para lo cual, la Argentina —derivado del Pacto Foradori-Duncan— les otorgó un vuelo semanal a San Paulo que les abre las puertas al mundo (¡!) y a las relaciones con Brasil; incrementan la relación con Uruguay (stands en feria y otros) que les provee puertos para asegurar las operaciones de los buques extranjeros que pescan en el Atlántico Sur con o sin licencia británica y, que es sede, junto con Puerto Arenas, de la naviera inglesa SAAS cuyo buque portacontenedores hace tráfico comercial cada 14 días a las Islas; promueven el turismo; construyen puertos en Malvinas y Georgias del Sur para facilitar sus operaciones y profundizan las relaciones con empresas españolas a través de la constitución de joint venture.

En este estado de cosas, ¿qué otra cosa debería hacer la Argentina para mejorar su situación respecto al control en el Atlántico Sur y en especial, cambiar el estatus de Malvinas y, favorecer las exportaciones pesqueras nacionales a la Unión Europea? primero, promover Acuerdos (no negocios espurios) con todas las flotas españolas y asiáticas que operan en el Atlántico Sur y, segundo, en su caso, multar y considerar un delito penal la pesca ilegal, para desalentar la pesca en el área de Malvinas (ver César Lerena “la pesca ilegal es un delito penal” https://saeeg.org/index.php/2020/07/13/la-pesca-ilegal-afecta-la-seguridad-debe-tipificarse-como-delito-penal/ ). En cualquier caso, los Acuerdos no pueden dejarse en manos de la Cancillería, de las empresas ni de los funcionarios de pesca. Debe constituirse una comisión de expertos de probada idoneidad técnica, honestidad y capacidad negociadora en favor de los intereses nacionales; Acuerdos, que deberían ser finalmente aprobados por el Congreso de la Nación y, como parte de éstos, la Argentina debería otorgar reembolsos a las exportaciones de productos pesqueros a la U.E., para equilibrar el cobro de aranceles a la importación de los productos argentinos en la U.E. y desalentar la pesca ilegal española en el Atlántico Sur.

¡Camarón que se duerme se lo lleva la corriente!

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

Copyright ©2020

 

 

LA ARGENTINA COLONIZADA. SIN PESCA NO HABRÁ SOBERANÍA EN EL ATLÁNTICO SUR NI EN MALVINAS.

César Augusto Lerena*

En el año 1820 se iza el pabellón nacional en Malvinas y, las Provincias Unidas en Sud América, todavía estaban en posesión de los archipiélagos. En el 1833 los británicos ocupan Malvinas, un territorio de 11.410 km2 y, las aguas circundantes, hasta una distancia de tiro de cañón. Desde 1982 y con el correr de los años, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante Reino Unido) tiene ocupado 1.639.900 km2 del mar argentino, es decir el 52% de la Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE) Argentina, a lo que hay que agregarle, la disputa que enfrentamos con el Reino Unido por 1.430.367 km2 de la Plataforma Continental, que la Comisión de Límites de la ONU no recomendó a favor de nuestro país sobre el total de 1.782.000 km2 que el gobierno argentino en 2009 solicitó se le reconozca por fuera de las 200 millas, de acuerdo con lo previsto en el art. 76º de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR), sumándose finalmente a ello la pretensión del Reino Unido sobre la Antártida Argentina, un espacio del orden de las 965.597 km2, más las aguas correspondientes.

La ocupación del 52% del territorio marítimo en la ZEE Argentina equivale a la ocupación de la Patagonia, La Pampa, San Luis, Mendoza, Jujuy y Formosa. No parece que Brown, Güemes, Artigas, San Martín, Belgrano y otros tantos próceres hubiesen permanecido indiferentes ante la ocupación de tanto territorio.

A todo ello, hay que agregarle la licitación de 100.000 km2 en áreas petroleras de la Cuenca de Malvinas Oeste entre Malvinas y el territorio continental argentino, donde, en 2019 se adjudicaron espacios (sin evaluar el impacto ambiental ni los efectos sobre la pesca) para la explotación offshore a las empresas Shell, BP Exploration Operating Company Limited, Tullow Oil, Equinor y otras, que fueron concesionadas en abierta violación a la ley Solanas (Nº 26.659) que, junto a los archipiélagos ocupados se constituye en un block bajo control del Reino Unido en la parte meridional del Atlántico Sur. Una zona estratégica por su relación con el área en disputa y la Antártida, pero también, porque al haberse incrementado el tránsito de grandes buques portacontenedores y otros hacia el pacífico utilizan el Estrecho de Magallanes, ya que por su tamaño no pueden utilizar el Canal de Panamá.

Este escenario se agrava, porque se ha formado una sociedad británica-española en Malvinas con la constitución de compañías mixtas para explotar los recursos naturales renovables que está produciendo un importante desarrollo en las islas, que podrían, en un futuro, establecerse como un epicentro operativo y logístico de explotación pesquera en el área patagónica del mar argentino; teniendo en cuenta la alta concentración de recursos pesqueros en la zona. En una evidente estrategia de consolidación en la región, el gobierno ilegal británico ya ha construido un puerto en Georgias del Sur y está iniciando la construcción de un Puerto en Malvinas destinado a operar buques pesqueros, turísticos, de investigación y defensa. Al margen de esto, está realizando obras destinadas a almacenamiento y de generación de energía, entre otras.

Deberíamos prestar mucha atención a estas sociedades, porque el 95% de las extracciones pesqueras de Malvinas del orden de las 250.000 toneladas/año, por un valor estimado en unos 600 millones de dólares/año, terminan en el Puerto de Vigo (España) y desde allí se distribuyen a toda Europa; es decir, que en el caso de que el Brexit finalice sin acuerdo —Brexit duro— y se termine el libre comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido, las materias primas de las islas podrían seguir ingresando y comercializándose sin aranceles en Europa al utilizar la bandera española. Aparte de ello, hasta el momento, los británicos se han limitado a la entrega de licencias (el escalón más bajo de la actividad, como vender ganado en pie), porque a los españoles y también a los coreanos y a los taiwaneses, no les interesa industrializar y agregarle valor en las islas, pero de hacerle, podrían avanzar en forma importante en su consolidación en las islas.

El perjuicio económico y social que le causan a la Argentina las extracciones de nuestros recursos vivos es gravísimo. Tomemos como ejemplo, el daño que le causa a la Provincia de Tierra del Fuego la captura en Malvinas de 68.072 toneladas/promedio/año del calamar loligo (Doryteuthis gahi) que desde el año 1982 al 2020 alcanzó un valor de 16.787,9 millones de dólares (441.788 millones de US$ por año); más los daños por pérdida de chance; y los valores relativos al otorgamiento de licencias ilegales por valor US$ 224.720.874 (7.022.527 US$/año), con los cuales podemos imaginarnos el desarrollo que podría haber alcanzado Tierra del Fuego de disponer de esos fondos. Montos anuales que representan once veces el presupuesto de Río Grande. Además, habría que agregar las acciones negativas sobre la ecología de las especies depredadoras y presas que también son capturadas en Malvinas o fuera de ella.

Por supuesto que hay que evaluar también los daños derivados de la explotación de hidrocarburos y minerales.

Por otra parte, debido al horrible pacto de Foradori-Duncan, la Argentina autorizó a la compañía aérea LATAM un vuelo semanal a San Pablo, una ciudad que, con el Gran San Pablo, representa la economía más importante de Suramérica después de Brasil. Con 46 millones de habitantes, 30 de los cuáles son ABC1, es un Estado que podría absorber toda la producción de Malvinas o bien constituirse en un distribuidor hacia y desde todos los países desarrollados del mundo.

A las capturas que se realizan en Malvinas debemos agregarle unas 750 mil toneladas anuales que se capturan en forma ilegal en el Atlántico Sur por parte de buques españoles, chinos, coreanos, taiwaneses y otros sin acuerdo con los Estados ribereños (Argentina y Uruguay), lo que junto a las extracciones de Malvinas totalizan el millón de toneladas anuales por un valor del orden de los US$ 2.600 millones que se extraen ilegalmente del Atlántico Sur. Es decir, por encima de las exportaciones argentinas que alcanzan entre US$ 1.800 y 2.000 millones por año.

Esta pérdida de recursos implica un daño económico, laboral y alimenticio muy importante; pero si evaluamos solo los descartes de 300 mil toneladas por año en la ZEE con su aprovechamiento le permitiría a la Argentina alimentar con la mejor proteína a tres millones de niños y adolescentes por día durante todo el año. La pérdida de soberanía alimentaria adquiere una especial significación en una Argentina con 40,8% de pobres y 8,9% de indigentes.

Por su parte, ayudando a las operaciones de los buques que realizan capturas ilegales en Malvinas y en el Atlántico Sur, el puerto de Montevideo le presta apoyo para el recambio de combustible; reemplazo de tripulaciones; transbordo de las capturas; armado y reposición de alimentos; incorporación de insumos y, reparación de los buques, etc. Las autoridades de Montevideo discuten si los buques que se atienden sus puertos son ilegales, pero a mí no cabe la menor duda de ello.

Tampoco las autoridades argentinas y uruguayas entienden la gravedad que de su ZEE y de las adyacentes —sobre sus recursos migratorios y asociados—, se extraigan un millón de toneladas por año, sino algo deberían haber hecho todos estos años.

Son ilegales las extracciones en Malvinas y las que se realizan en la Alta Mar. En el caso de los buques que operan en el área de Malvinas, basta decir que el Reino Unido ha incumplido con las Resoluciones de la ONU 1514/60 (“1. La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las N.U. y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales (…) 6. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las N.U.”) y 31/49 (“4. Insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones 2065 (XX) y 3160 (XXVIII)”) y cuando operan dentro o fuera (en la Alta Mar) de la ZEE Argentina —aplica también a los que lo hacen en Malvinas— ya que son ilegales (INDNR) porque transgreden varias normas, entre otras la de no ajustarse a lo previsto en la CONVEMAR respecto a la pesca de especies migratorias desde la ZEE y las asociadas a éstas, respecto a su depredación y quiebre del equilibrio integral; pero, también, por no tener observadores ni inspectores a bordo; no realizar procesos garantizados de trazabilidad para conocer con certeza el origen de las capturas; desconocerse qué tipo de elementos se utilizan para la captura y, si las mallas de las redes, son adecuadas para el escape de juveniles o evitar la pesca incidental o que, en función del tipo de buque, maniobras de pesca o especie, no garanticen la pesca sostenible y causen depredación; se capturen ejemplares de especies de talla inferior que impida su desarrollo y reproducción o en volúmenes de captura que provoquen un desequilibrio de la biomasa; no esté garantizado que no se descartan en el mar peces capturados o desechos contaminantes o sin el tratamiento adecuado, en contra de las prácticas de pesca responsable y el mantenimiento saludable del medio marino; no se capturen especies migratorias originadas en la ZEE, pudiendo en consecuencia, interferir en su normal desarrollo y reproducción; no se asegure si se realiza pesca sin causar estragos, sobrepesca o depredación de los recursos vivos o se realicen prácticas sin control que puedan atentar contra la sostenibilidad del recurso pesquero y contra la pesca responsable.

Entre ellos los españoles, que hay que imaginar un aumento creciente de sus buques congeladores arrastreros de larga distancia en el Atlántico Sur, ya que, a partir del Brexit, el Reino Unido, que tiene una balanza pesquera equilibrada con la Unión Europea y quiere reservar sus aguas para sí y en especial para Escocia; vender las cuotas que puedan sobrarle y no dar libre acceso a la pesca, va a provocar un éxodo de la flota española y otras; además, que la Unión Europea prevé reducir las cuotas de captura entre un 13% y un 15% en aguas comunitarias.

A los buques españoles que desembarcan en Montevideo se le agregan los chinos, que con una flota subsidiada en el mundo de 16.000 buques pesqueros, están realizando pesca ilegal (INDNR) y presagian una pesca depredatoria en el Atlántico Sur cuando pretenden construir un puerto franco en Uruguay, donde, además de atender la logística y reparación de un número impredecible de buques pesqueros de esa nacionalidad, podrían —de acuerdo con las conversaciones mantenidas con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou— constituir una suerte de Centro Regional (HUB), cuyo alcance y efectos negativos sobre la industria nacional, es impredecible. La presencia de empresas portuarias y pesqueras chinas y un puerto franco en Uruguay podría producir efectos muy negativos en la Zona Común de Pesca y en la administración de la biomasa total del Atlántico Sur.

La ocupación territorial del Reino Unido, la sociedad británica-española en Malvinas, la pesca ilegal de chinos, coreanos, taiwaneses y españoles. el apoyo de los puertos de Uruguay y una eventual construcción de un puerto chino en ese país coloca a la Argentina (y también a Uruguay), en una situación de gravísima pérdida de soberanía en el Atlántico Sur, pero no es todo.

En los Acuerdos de Madrid se limitó el movimiento de la Armada y de la Aviación Argentina y no impidió que el Reino Unido instalara en Malvinas una base misilística de la Real Fuerza Aérea, con dos pistas de aterrizaje en “Monte Agradable” a lo que se le agrega, una fuerza naval e instalaciones portuarias de aguas profundas en “Puerto Yegua”; un sistema de radares; misiles tierra-aire Rapier; un patrullero oceánico; un buque tanque logístico y un buque oceanográfico; cuadro aviones caza Eurofighters Typhoon, dos helicópteros de carga pesada, una unidad de reabastecimiento de combustible en vuelo, un avión de transporte aéreo táctico y 1.200 militares para operar todo el sistema defensivo y una potencial invasión al continente argentino. Todo ello, contrasta totalmente, con el estado de nuestras fuerzas navales, aéreas y de seguridad en el país, las que se encuentran incapacitadas para controlar los 3.146.345 Km2 de ZEE, las aguas de la Antártida; los pasos al Pacífico y, en especial, el Estrecho de Magallanes.

Hasta principios de este año el Reino Unido utilizó el conocimiento y los recursos humanos y técnicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero para hacerse de información biológica y sensible de los recursos pesqueros de la región y poder seguir sosteniendo el otorgamiento de licencias que le permitir sustentar la economía de las islas.

Una obra central para la pesca y para el comercio de otras actividades productivas fue el inicio, a fines del siglo XIX, del Puerto de Mar del Plata inaugurado en 1924, que consolidó la actividad extractiva e industrial en la ciudad y dio inicio al posterior desarrollo en todo el litoral patagónico. Hoy a la Argentina le faltan puertos de aguas profundas; muchos están saturados y no tienen capacidad suficiente; varios, no tienen una adecuada profundidad y requieren un dragado permanente o tienen una tecnología obsoleta; la mayoría están carecen de servicios para realizar las operaciones en forma eficiente.

En 1799 se inauguró a instancias de Manuel Belgrano la Escuela Náutica. En 1953 se creó por Decreto 10.627 el Astillero y Fábricas Navales del Estado (AFNE) al cual se le transfirió el Astillero Río Santiago. Ese mismo año, se iniciaron las obras del buque Escuela de la Armada Argentina. Las fragatas ARA Piedrabuena y ARA Azopardo se botaron en 1953 y 1954 y, en 1962, se construyó la Fragata Libertad. Entre 1970 y 1975 se construyeron casi tres buques por año, hasta que llega la década del 90, pese a algunas construcciones, los distintos gobiernos desfinanciaron la actividad.

El transporte marítimo nacional se fortaleció con la creación de la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), como producto de la fusión en 1960 de la Flota Mercante del Estado (1941) y la Flota Argentina de Navegación de Ultramar (1909) adquirida por el Estado Nacional en 1949, que dispuso de una flota de 60 barcos (unas 700.000 toneladas DWT), siendo disuelta en 1990. Hoy la Argentina no tiene compañías navieras, flota mercante ni fluvial y, consecuentemente, todo el Comercio internacional de mercaderías del país está en manos de empresas extranjeras, transfiriendo los fletes a terceros países. La dependencia en esta materia es de una debilidad importante, fundada en la falta de voluntad política de mantener los Astilleros y la flota nacional.

Además de ello, la situación económica, financiera, crediticia e impositiva de la Argentina llevó a construir en los últimos años buques de España, Francia e Israel destinados a la pesca, a las Fuerzas Armadas y de seguridad, pese a la existencia en la Argentina de astilleros privados y públicos. Mientras, en un verdadero contrasentido, exporta el 65% de los productos pesqueros con bajo valor agregado y, transfiere la mano de obra a países de Suramérica que reprocesan las materias primas o, a países desarrollados, como en la época de la colonia, donde España canjeaba bebidas, armas y otros elementos a los países africanos; estos le entregaban esclavos que se trasladaban en forma infrahumana al Virreinato y, desde Montevideo y Buenos Aires le enviaban cueros, tasajos, charque y otras materias primas baratas a España, producidas con la mano de obra esclava. Un círculo virtuoso para España que la Argentina sigue aplicando con España y otros países como si 200 años no hubieran pasado. La Argentina le regala la mano de obra a los mercados más exigentes del mundo a pesar de tener una desocupación del 9,1% y de tener en la Patagonia los más bajos índices de población (el 6%) y de densidad poblacional (3 hab/km2).

En 1970 el 100% de las empresas eran nacionales, fundadas por inmigrantes italianos, españoles o belgas, hoy siete de las diez primeras empresas exportadoras son extranjeras, españolas, chinas, noruegas, americanas. El problema, no es que sean capitales extranjeros radicados en la Argentina; el problema reside en que sigamos llevando adelante un modelo extractivo, con bajo valor agregado, regalando a terceros países la mano de obra argentina y comprando buques y otros insumos fabricados fuera del país.

Otro tanto pasa en la hidrovía Paraguay-Paraná, donde es de esperar que, a partir que la administración a cargo del gobierno nacional y de las provincias del litoral, se revierta la situación de extranjerización del transporte en el río Paraná y en el Río de la Plata, incluso del dragado y la falta de integración con el Atlántico Sur y sus puertos para la promoción y el abaratamiento de los fletes de las economías regionales del litoral fluvial y marítimo patagónico y, desde éstos, al mundo.
Por su parte, las Convenciones, Acuerdos, Convenios, Pactos y Hojas de Ruta que aprobó la Argentina o sus funcionarios, condicionaron y condicionan al país. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) era un ordenamiento necesario para la pesca, pero, la negociación entre los Estados no evitó que los buques de los Estados de Bandera se sigan haciendo de los recursos migratorios de los Estados ribereños en la Alta Mar y que, consecuente, rompan el equilibrio del conjunto del ecosistema, que el propio preámbulo de la CONVEMAR trata de preservar. También el Acuerdo de Nueva York que instala las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP) y el Convenio de Puerto Rector que, por su organización, pretenden delegar en los Estados de Bandera la administración de los recursos de los Estados ribereños, incluso en la ZEE y, en el caso puntual del Atlántico Sudoccidental, le abre la puerta al Reino Unido a la administración de los recursos en el mar argentino, en total violación a lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

Ya nos hemos referido al Pacto Foradori-Duncan que profundiza los Acuerdos de Madrid, donde se pretende que los argentinos contribuyan al desarrollo de Malvinas y eliminen todos los obstáculos y deja de manifiesto qué tan presente está el “Tratado de Amistad, Comercio y Navegación” suscripto en 1825 por las Provincias Unidas del Río de la Plata y “su Majestad Británica” y el Convenio para la Promoción y la Protección de Inversiones” firmado por la Argentina y el Reino Unido en 1990 en el marco de los Acuerdos de Madrid y, aprobado por Ley 24.184 de 1992 marcando el quiebre de nuestra soberanía política y la ratificación de nuestra dependencia económica.

Todos estos Acuerdos, etc., están en total contradicción con la Resolución 41/11 del 27 de octubre de 1986 de las Naciones Unidas donde se declaró al océano Atlántico como “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (ZPCAS), por el cual, todos los países de la costa occidental de África y los de la costa oriental de Suramérica establecieron la necesidad de cooperar sur-sur y —por unanimidad— la prohibición de militarizar y usar armas nucleares en el Atlántico Sur, cuestión que el Reino Unido se niega a respetar.

Se agrega una relación inestable de Argentina con los países del MERCOSUR y una política de integración inexistente con Chile, a pesar del Tratado de Paz y Amistad de 1984, situación que debería revertirse, con el objetivo de acordar políticas respecto al área Austral y la Antártida.

El bajo consumo de pescado (6 kg per cápita por año), muy por debajo del consumo promedio mundial (19 Kg per cápita por año), no puede ser tampoco obra de la casualidad y, es una política destinada a desinteresar a los argentinos de todas las cuestiones marítimas y desatender la dominación que, potencias extranjeras —entre ellas el Reino Unido— ejercen en el Atlántico Sur. La educación y la comunicación de los argentinos es deplorable y les han hecho creer que los británicos tienen ocupadas Malvinas (11.410 km2) y nada o muy poco saben de las Georgias del Sur, Sándwich del Sur, la Plataforma Continental, la Antártida y de los 1.639.900 Km2 de la ZEE que tiene ocupados el Reino Unido.

En lo interno, nuestra situación económica, social y sanitaria no ayuda. Una deuda externa de US$ 323 mil millones; una población del 7,4% al 19,4% con NBI; trabajan informalmente 5 millones de personas; el 36% de la población recibe atención pública; un 27,8% de la población no tiene vivienda propia; el 16,1% carece de agua potable de red y. hay una tasa de mortalidad del 7,5%o.

La baja jerarquía en la estructura orgánica del gobierno nacional (Subsecretaria de Pesca) para tratar las cuestiones pesqueras y la necesaria estrategia respecto a los terceros países que pescan en el Atlántico Sur y la cuestión Malvinas con Cancillería, demuestra el poco valor que le dan a esta actividad los distintos gobiernos y el reiterado desconocimiento de éstos, del importantísimo rol de la pesca en la recuperación de la soberanía en Malvinas. El 16 y 17 de agosto de 1989, Lucio García de Solar, un acreditado embajador retirado, uno de los autores del dictado de la Resolución 2065/65 de las Naciones Unidas, acordó con el embajador británico Crispin Tickell quién le requirió: “no decir nada en público sobre la zona de protección de pesca (FICZ)”, a lo que García del Solar le respondió: “La Argentina no está pidiendo el levantamiento de la FICZ…”. Ello fue un craso error y en 2012, el entonces director ilegal de pesca en Malvinas, John Barton, declaró públicamente: “sin la pesca no hubiéramos sobrevivido”.

Del mismo modo, entiendo que, sin pesca, no habrá soberanía en el Atlántico Sur ni en Malvinas. 

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad. 

Copyright ©2020