“Z”, LA CIUDAD PERDIDA

Revista Tiempo GNA*

Para ciertas personas, la radiante belleza de la jungla tiene un atrapante magnetismo y es una suerte de invitación a descubrir sus secretos, de los que no es fácil volver. Se sabe que muchos aventureros han salido a buscar la ciudad de los Césares, incluso en tiempos modernos, y jamás se ha sabido de ellos. La leyenda de El Dorado, u “Hombre de Oro”, se basaba en una historia presumible auténtica de un gran rey indígena que de día se cubría en polvo de oro para brillar como un dios. Para algunos historiadores era un ritual que podría haber ocurrido en alguna parte de la selva amazónica presumiblemente en Manaos o cerca de ahí y que finalizó con la llegada del hombre europeo. Dichas investigaciones se basan en relatos de exploradores ingleses y españoles que recorrían el Orinoco unos 100 años después del descubrimiento de América. Cuando veían aborígenes con piezas de oro y les preguntaban dónde las habían encontrado respondían “Manoa”.

Las tribus aunque estuvieran a cientos de kilómetros entre ellas disponían de una eficiente comunicación y al conocerse la crueldad de los invasores europeos para despojarlos de ese metal, la ceremonia del “Hombre de Oro” fue abandonada en el siglo XV, pero los conquistadores la alcanzaron a conocer y fácil es imaginar el esfuerzo que hicieron para descubrir ese lugar.

El Coronel Fawcett

En la selva de Sudamérica han desaparecido numerosas personas hasta expediciones completas. La más comentada fue la del Coronel británico Percy H. Fawcett que llegó a trabajar para el servicio secreto de Su Majestad. Este militar desde 1906 se encontraba en Brasil confeccionando cartografía en zonas limítrofes.

Desapareció cuando exploraba el Amazonas y hasta la fecha no se tiene noticias de él ni de su grupo.

Según escritos de la época, estaba en la selva brasileña con dos hombres más tratando de localizar una ciudad legendaria nunca descubierta por el hombre blanco. Fawcett conjeturó que ese asentamiento existió en la región de Mato Grosso de Brasil y podría tener una antigüedad aproximada a los 11.000 años. La tradición oral mencionaba que había calles fijadas con lingotes de plata y hasta las paredes de ciertas casas serían oro. No era difícil de creer esto, pues para esos años el oro en determinados lugares se obtenía con la mano casi a ras de suelo, y la plata para los nativos no era un metal valioso. Ese fabuloso lugar, los españoles la buscaron en vano durante siglos sin encontrarlo. Fawcett, explorando la selva, un día descubrió un túnel cuya entrada estaba oculta y en su interior había viejos moldes dentro de los que se vertía el oro fundido. Más tarde alguien le acercó una estatuilla esculpida en basalto negro y dedujo que pertenecía a la ciudad perdida en Brasil. A pesar de todo su esfuerzo, la única población que Fawcett encontró fue cierto asentamiento aborigen al que le dio el nombre “Ciudad perdida Z” y estaría al sureste del Perú y norte de Bolivia. También supo que cuando los conquistadores españoles avanzaban en los Andes, los incas tapiaron las principales minas de oro y plata al este de la cordillera ocultando las huellas. Hasta el día de hoy se desconoce dónde estarían.

No todo es fantasía

En ciertos archivos históricos, actualmente se encuentran registrados los nombres incluso la producción que tenían estas minas hasta 1780, pero no han vuelto a ser descubiertas. Cuenta la tradición de la existencia de pequeños túneles en la ladera de alguna montaña con vasijas conteniendo oro y plata que habían ocultado los incas para que no cayeran en manos del conquistador. Se tiene la certeza que escasos aborígenes conocen la ubicación de algunas minas y tesoros ocultos, pero por respeto a sus antiguos dioses nunca dirán nada; por otra parte su vida correría peligro. El explorador inglés sabía todo esto y estaba absolutamente convencido de sus investigaciones, por lo que luego de distintas expediciones el 29 de mayo de 1925 partió en la que sería su última salida. Desde su desaparición fue intensamente buscado sin éxito por años; incluso hasta 2002 distintos investigadores trataron de encontrar alguna prueba de su desaparición en ese infierno verde.

Nunca se encontró algún indicio y la mayor sospecha se centra en que fueron asesinados por salvajes, algo que también suele ocurrir ocasionalmente hoy día. En abril de 2004, en el estado amazónico de Rondonia (Brasil), los indios masacraron a 41 “garimpeiros” (buscadores de oro y diamantes).

Es decir, el coronel británico aunque estaba equivocado sobre la existencia de “Z” la ciudad perdida, no lo estaba sobre la existencia de minerales preciosos.

Otra historia real

En El Maitén (Chubut) en 1973, el Jefe de la Sección de la GNA emplazada en esa localidad conoció a un aborigen llamado Catriful, que se ganaba la vida cortando leña. Los fines de semana, concurría a un destartalado boliche de campo donde pasaba horas bebiendo vino y para sorpresa de la paisanada el aborigen ocasionalmente pagaba sus gastos con algunas pepitas de oro y por más que en distintas ocasiones intentaron emborracharlo para que contara dónde las encontraba, jamás pudieron obtener indicio alguno. Para todos era una gran incógnita y por eso lo respetaban. Cuando el oficial de Gendarmería se enteró de ese murmullo le fue imposible de comprobarlo, pero enseguida lo asoció con un sacerdote que lo visitaba. El cura sin demostrarlo le dijo que también las obtenía. Lamentablemente falleció en la montaña al desbarrancarse el tractor que conducía en un accidente muy insólito y como es de imaginar, murió sin revelar el secreto. Que en las entrañas de Sudamérica se oculten enormes riquezas no es de extrañar. Desde la conquista española en los Andes muchos pagaron con su vida buscando el oro de los incas, incluso la selva sepulta en su bullicioso silencio el secreto del destino de otros osados visionarios. La duda que salta a vista es que, si con la actual tecnología no se ha descubierto lo que Fawcett estaba buscando es muy difícil que pueda existir y que todo haya sido un embuste de los nativos.

Pero… nunca se sabe.

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Artículo publicado por la Revista Tiempo GNA 79.

EL ERROR DE PROHIBIR

Revista Tiempo GNA*

Desde el último medio siglo distintos políticos argentinos promulgaron leyes prohibiendo portación y hasta la tenencia de armas con el objetivo reducir la violencia y los homicidios. Sin embargo, esta política siempre consiguió un efecto contrario.

El gobierno se equivoca cuando promulga leyes de prohibición y de control de armas, porque el menos beneficiado es el ciudadano honesto que, en vez de defenderse inmediatamente ante la presencia de un asaltante, debería recurrir a un teléfono sin que el asaltante lo vea, marcar el 911 y esperar que lo atiendan: tiempo estimado 10 minutos. Finalmente, cuando la policía llega, tal vez él y algunos miembros de su familia ya hayan sido asesinados. Tiempo estimado de respuesta de un arma 2 segundos.

Obviamente es mejor que un policía en el teléfono.

Más del 90% de las intervenciones de la policía se dan cuando el crimen ya se ha cometido y llegan al lugar sólo para ver lo sucedido. Estar armados producirá algo que se busca hace largo tiempo: el cambio en el comportamiento de los criminales.

Error de concepto Una buena parte de los políticos cree que promulgando nuevas prohibiciones y limitaciones logrará resolver los problemas que aquejan a la población. Deberían saber que los asaltantes y criminales no compran armas, sólo las roban, incluso a la misma policía. Es un error creer que subirán las muertes por el hecho de que uno tenga un arma y se defienda en el caso de que lo ataquen. Bajo la prohibición de armas, el que quiere matar o entrar a robar a una casa, sabrá que tiene la ventaja que Ud. está desarmado, lo mismo al intentar robarte en la calle, motivo por el cual el delincuente jamás se verá amenazado y tendrá más incentivos para continuar asaltando o asesinando. Lo único que consiguen prohibiendo es que los traficantes de armas incrementen un negocio que por ahora es mínimo.

En 1920 en los Estados Unidos se promulgó la llamada “ley seca” que pretendía que la gente dejara de beber alcohol. Pero el consumo continuó de forma clandestina y bajo el control de feroces mafias. En vez de resolver problemas, la ley seca había llevado el crimen organizado a sus niveles más elevados de actividad como nunca antes había ocurrido en Estados Unidos. Finalmente, después de 13 años, el gobierno dedujo que había sido peor el remedio que la enfermedad y dio un giro. Pasaron casi 100 años de ese experimento y algunos no aprendieron.

Gobiernos totalitarios como los de Hitler, Stalin o el del mismo Fidel Castro, decretaron la prohibición de la tenencia de armas y el desarme de la población. En cambio, otros líderes mundiales, incluso de Sudamérica fueron fieles promotores de la portación de armas. 

El derecho a defenderse

Los políticos deben dejar de ver las armas como término negativo sinónimo de muerte, crímenes o heridos. Es momento de verlas como un derecho fundamental de la persona, a la autodefensa y a la propiedad. Es momento de convertirlas en sinónimo de defensa, seguridad y protección. Es necesario comprender que el problema no se encuentra en las armas sino en las personas peligrosas. Hoy, los gobiernos de algunas naciones no pueden defender a gran parte de los ciudadanos, y para peor dictan leyes para desarmar a aquellos que lo necesitan.

El derecho a la propia defensa es la costumbre más antigua que se conozca. No existe otra necesidad tan remota y vital que la defensa propia.

Artículo publicado por la Revista Tiempo GNA 79.

GUAYANA ESEQUIBA: VAMOS CON TODO SIN COMETER ERRORES

Abraham Gómez R.*

Luego de un largo trajinar por este reclamo de la extensión territorial que nos arrebataron y actualmente con el carácter de asunto litigioso que asumió el caso ante la Corte, hemos venido acumulando alguna modesta e interesante experiencia; misma que nos señala que la normativa internacional se manifiesta muy concreta (y a veces implacable) ante un evento que requiera   atender una contención interestatal, hasta alcanzar las soluciones.

La Sala Jurisdicente citada aplica el derecho —ni más ni menos— que tiene contemplado, esencialmente, en su Estatuto y Reglamento respectivos.

En el derecho Internacional las equivocaciones se pagan caro. Y como cuesta después recomponer en justeza las situaciones.

Hay algunas opiniones y criterios coincidentes en que nuestra primera y muy grave inexactitud diplomática fue haber aceptado las diligencias y acuerdos preliminares —suscritos el 2 de febrero de 1897— en el denominado Tratado de Washington, donde se contemplaba un ulterior compromiso arbitral.

Me sumo entre quienes aseveramos que allí comenzaron nuestros desaciertos.

¿Ingenuidad o impericia de quienes manejaron nuestra diplomacia en esa época? Tal vez.

Primero, aceptar que se discutiera un caso de tanta trascendencia para vida de nuestro país sin nuestra presencia.

Participaron únicamente para tales arreglos los representantes de los gobiernos del Reino Unido y el de los Estados Unidos; además, se birló, descaradamente, el principio del Utis Possidetis Iuris, nuestra carta esencial de soberanía y justo título sobre los 159.500 km2.

A partir de la estafa referida en el párrafo anterior devino el írrito y nulo Laudo Arbitral de París, el 3 de octubre de 1899 (donde tampoco estuvimos presentes); adefesio jurídico forcluído y de nulidad absoluta; que jamás legitimaremos  como causa de pedir de la contraparte, en el juicio que se dirime por ante la Corte Internacional de Justicia, a donde  acudiremos en abril del próximo año a consignar el memorial de contestación de la demanda, apertrechados —por supuesto— con nuestros irrebatibles recursos probatorios.

Sigamos analizando otras impropiedades, arrastradas en este centenario caso.

Se le atribuye una enorme responsabilidad al gobierno del Benemérito Gómez por haber cedido a la presión del Imperio inglés, para proceder a la demarcación (en el terreno), de lo que ya se había “aprobado” de modo fraudulento en el ardid arbitral referido.

Precisamente, con los documentos que entramparon el arreglo; luego del mencionado trabajo por ambas comisiones, en la época gomecista (1905) —que se denomina Tratado Bilateral ejecutoriado— es con lo que en este momento está alegando la Parte guyanesa, en la Corte Internacional de Justicia; además, solicitan en su pretensión procesal que se le confiera la autoridad de cosa juzgada a ese “laudo”; porque ya el gobierno venezolano de esa época lo había dado por “bueno y legítimo”.

Recurrentemente, los gobiernos de López Conteras y Medina Angarita no hicieron gestiones o actividades de relevancia para insistir con nuestra contención sobre la Guayana Esequiba; quizás por la influencia de los comentarios —para entonces— de que esa controversia, ya había sido resuelta en la tratativa que hemos venido aludiendo.

Otro hecho protuberante. En el régimen de Pérez Jiménez —a pesar de toda la impronta nacionalista que se le atribuye— cometió el disparate diplomático al habilitar un consulado (legación activa) en las proximidades de Mabaruma (área en controversia); con lo cual, prácticamente, estaba “reconociendo” que esa zona, conflictuada en un histórico pleito internacional, le pertenecía a la Guayana Británica. Ese despropósito se corrigió en su oportunidad; aunque constituyó un desatino, severamente cuestionado.

Desde 1958, en adelante, casi no hubo motivación para la contención a pesar de que ya se conocía el contenido de las memorias de Mallet- Prevost, donde expone —descarnadamente— la vileza cómo se nos arrebató esa extensión territorial; que, según su criterio: “el Reino Unido no tenía la menor posibilidad jurídica de poseer, ni siquiera un milímetro de lo que se le concedió”.

No fue sino hasta 1962 cuando —bajo el gobierno de Rómulo Betancourt— nuestro insigne canciller, Marcos Falcón Briceño, solicita un derecho de palabra en la plenaria de la Asamblea General de ONU, para denunciar el despojo que se perpetró contra Venezuela.

Se obliga a Gran Bretaña y accede a revisar la tropelía cometida y se adelantan gestiones para firmar, el 17 de febrero de 1966, el Acuerdo de Ginebra, donde por primera vez, admiten que la sentencia arbitral de París es írrita y nula, por lo que no surte ningún efecto jurídico ni puede ser documento oponible a nada, y menos en un juicio de la categoría y naturaleza que nos ocupa, hoy, en tan importante Sala Juzgadora de la ONU.

Sin embargo, nuestra reclamación sufrió luego otro gravísimo error; cuando el gobierno de Rafael Caldera congeló, con el inefable Protocolo de Puerto España, por doce años, desde 1970 hasta 1982, todo el contenido del Acuerdo de Ginebra, donde basábamos nuestro reclamo.

Acertadamente los gobiernos sucesivos denunciaron y desaplicaron el señalado protocolo, que nos hizo mucho daño en la contención. Se reposicionó el Acuerdo de Ginebra, con pleno vigor jurídico para el arreglo “pacífico, práctico y satisfactorio” de esta controversia.

En resumidas cuentas, hubo demasiada tranquilidad e improvisaciones, en este asunto que debió tener siempre el carácter de Política de Estado y no reacciones intemperantes de gobiernos y de funcionarios desconocedores de la materia.

Nos preocupamos porque a mucha gente ignorante de este sensible caso (para la vida del país) en algunas ocasiones se les designaba para ocupar importantes cargos atinentes a este asunto.

¿Qué nos corresponde hacer? Debemos mantener el reclamo frontal (sostenido con probanzas) de lo que es nuestro histórica y jurídicamente. Debemos pronunciarnos permanentemente contra lo que aún siguen perpetrando los gobiernos guyaneses, que vulneran nuestros intereses soberanos, en la Zona en Reclamación y en su correspondiente proyección marítima.

Hay que formular las denuncias oportunas y contundentes. Nada de quedarnos callados frente a tales tropelías.

No debemos permitir que los gobiernos guyaneses sigan dando concesiones a empresas transnacionales para la exploración, explotación y comercialización de los vastos recursos que tiene la Guayana Esequiba.

Sépase que todas las omisiones, desatenciones y desintereses conspiran contra nosotros en los reclamos que desde hace más de un siglo hemos hecho de esa zona; porque, nuestra conducta displicente se puede llegar a interpretar como indiferencia con la causa contencional.

Los silencios oficializados se pagan caros.

Tales quietudes las conocemos como Aquiescencias. Las mencionadas actitudes estatales (o por lo menos, la de algunos funcionarios (in)competentes dan a entender inaceptables permisividades.

Resulta vergonzoso —algunas veces— que quienes deben reaccionar y protestar se quedan inermes (en poses pusilánimes) frente a decisiones abusivas, hechos agresivos u ofensivos del gobierno guyanés contra Venezuela.

La conocida controversia la hemos venido sosteniendo; y no nos cansaremos de explayar y defenderla con incontrovertibles alegatos en cuanto escenario se presente; contrariando a los absurdos argumentos de la delegación de la excolonia británica.

Tenemos bastantes títulos históricos, cartográficos y jurídicos plenamente vigentes que nos favorecen, siempre y cuando estemos dispuestos a probar en la Corte, lo que en justicia nos corresponde.

Comencemos por dejar sentado, suficientemente, que el Acuerdo de Ginebra viene a ser —en este preciso momento— el único instrumento jurídico, donde “está vivo” y reconocido exequiblemente este pleito centenario, y en el cual se sintetiza medularmente   nuestro reclamo.

Agreguemos, además, como un hecho interesante —a los efectos del Derecho Internacional Público— que en el propio contenido del Acuerdo de Ginebra se pone en tela de juicio y se cuestiona el Principio de intangibilidad de la Cosa Juzgada (Res Judicata).

Sin embargo, lo más delicado (y tal vez peligroso) para nosotros en esta reclamación es que actuemos con demasiadas flexibilidades para con la contraparte —adversaria en la Corte— que ha venido, y siempre ha estado dispuesta a todo.

Me permito formular la siguiente observación, con severidad, para su permanente consideración: la Aquiescencia, es decir las permisividades de nuestros gobiernos nos ha causado daño considerable. Ya lo hemos expuesto en los primeros relatos.

Aquiescencia que se ha deducido, desde hace muchos años, a partir del silencio o la abstención de nuestro Estado ante los hechos o actos de los gobiernos guyaneses.

Igualmente, asumamos que aquí –en este asunto— nos necesitamos todos; que debemos imprimirle la plena condición de Política de Estado, por encima de las diferenciaciones de cualquier índole que podamos tener. Este caso sobrepasa las particularidades político-partidistas internas.

Me parece lo más sensato y democrático, en la situación y circunstancia en que nos encontramos, luego de la reciente sentencia de la Corte, es que habilitemos todas las vías constitucionales, legales y comunicacionales para permitirle a los estudiosos del caso que opinen sobre tan sensible y delicado asunto litigioso, con la finalidad de concienciar a la población venezolana, integralmente.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la ONG Mi Mapa.

Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales

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