Y AHORA IRÁN

Roberto Mansilla Blanco*

Los ataques conjuntos realizados este 28 de febrero entre EEUU e Israel contra objetivos militares y políticos dentro de la República Islámica de Irán tienen claramente el sello del primero ministro israelí, Benjamín Netanyahu y de su aliado estadounidense Donald Trump en la pretensión por propiciar un incierto cambio de régimen en Teherán, neutralizando así al principal rival geopolítico regional israelí pero también estadounidense.

Días antes de este ataque, Pakistán y Afganistán iniciaban una guerra en pleno corazón de Asia Central que bien puede servir de apéndice ante los constantes «cantos de sirena» bélicos que Trump lanzaba contra Teherán mientras representantes de su gobierno negociaban con sus homólogos iraníes la minimización del programa nuclear. En el caso de Pakistán, que rivaliza con la India por el control de esferas de influencia en Asia Central, Islamabad acusa a los Talibanes afganos de interferir en su territorio vía movimientos islamistas como TT-P y, con menor intensidad, el ISIS-Khorasán.

En esa coyuntura conflictiva entre Pakistán y Afganistán, el presidente indio Narendra Modi visitaba Israel, siendo recibido por todo lo alto por Netanyahu. De este modo quedaba marcada la puesta en escena de contactos entre actores previamente al ataque contra Teherán, tomando en cuenta que Irán y Pakistán forman parte del sistema de alianzas geopolíticas de China y Rusia, los dos principales rivales de EEUU. El territorio pakistaní, especialmente su puerto de Gawdar, es estratégico para el paso de los proyectos de la Ruta de la Seda impulsados por Beijing.

Resta por saber si este conflicto entre EEUU e Israel contra Irán implicará una escalada militar en la que aliados de Teherán, especialmente Rusia, finalmente entren en escena. Moscú tiene un acuerdo militar estratégico con Irán firmado en diciembre de 2024 pocos días después de la caída de Bashar al Asad en Siria. El Kremlin ha sido lo principal vector de cooperación en el programa nuclear iraní. Por otra parte, Teherán puede responder vía proxy wars que impliquen a aliados como el movimiento islamista libanés Hizbulá, los hutíes de Yemen y los chiíes de Irak.

Otro foco de atención será el papel de China. Tradicionalmente, Beijing manifiesta una posición de respeto al derecho internacional y a la soberanía nacional de los países, instando a la desescalada del conflicto. Pero tras las caídas de aliados geopolíticos como Bashar al Asad en Siria y Nicolás Maduro en Venezuela, Beijing se observa en una situación aún más apremiante se ese mismo escenario se repite en Irán, país estratégico para Beijing y muy próximo a sus fronteras. Esa misma diagnosis se observa en la posición china con el respeto a los choques militares entre Pakistán y Afganistán.

Trump anunció «operaciones militares masivas» en Irán instando incluso a la rebelión popular contra el régimen de los ayatolás. La declaración certifica la pretensión de Washington y Tel Aviv por un cambio de régimen, cuando menos incierto, en Teherán, toda vez las protestas iniciadas en diciembre pasado fueron progresivamente desarticuladas. Con todo, esta acción militar unilateral puede significar un efecto contraproducente: un mayor reforzamiento del régimen iraní, esta vez en manos de un sistema pretoriano militar.

En la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada a comienzos de febrero, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio clamó por un «nuevo orden mundial» en la que Washington pretende reacomodar los equilibrios geopolíticos de manera unilateral. Un plan que comenzó negociando una pax rusa en Ucrania, fomentando un inédito protectorado de Washington en Venezuela y ahora atacando a Irán para derribar un actor con mayor capacidad de resistencia y de articulación de intereses con China y Rusia, un eje geopolítico euroasiático incómodo para EEUU, el atlantismo e Israel.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

 

Artículo originalmente publicado en idioma galego en Editorial Novas do Eixo Atlántico: https://www.novasdoeixoatlantico.com/e-agora-iran-roberto-mansilla-blanco/

CIUDADANÍA DESARMADA. PROGRESISMO, ESTADO Y MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA.

Bruno Carpinetti*

Hay una escena fundante en la modernidad política: un conjunto de individuos temerosos que, para escapar de la guerra de todos contra todos, decide entregar su fuerza a una instancia superior. Ese gesto ―descrito con precisión implacable por Thomas Hobbes en Leviathan― da nacimiento al Estado moderno. El soberano concentra la violencia para que la sociedad pueda vivir sin ella. El miedo se transforma en obediencia.

El progresismo contemporáneo, en buena medida, sigue habitando esa escena hobbesiana. Confía en que la pacificación social depende de un monopolio eficaz de la fuerza, encuadrado por derechos y regulaciones. La violencia, en esta matriz, es lo que precede al Estado; lo civilizado comienza cuando el Leviatán la absorbe.

Sin embargo, Hobbes no creía que la violencia fuera una anomalía social corregible mediante inclusión o pedagogía. Al contrario: la consideraba una posibilidad permanente de la condición humana. Sin un poder común que infunda temor, decía, los hombres viven en inseguridad constante. El Leviatán no elimina la violencia; la concentra para volverla previsible.

El progresismo, en cambio, suele suponer que la violencia es sobre todo efecto de desigualdad y exclusión. Es decir, no tanto un dato antropológico como un síntoma social. Y allí surge la paradoja: se desconfía del Leviatán cuando abusa ―cuando sus fuerzas reprimen selectivamente, cuando el monopolio se vuelve arbitrario― pero se rechaza cualquier dispersión controlada de la fuerza en la sociedad civil. Se critica al monstruo, pero se reafirma su exclusividad.

Y en ese terreno emerge una paradoja difícil de eludir.

El progresismo denuncia ―con fundamentos históricos sólidos― los abusos de las fuerzas de seguridad, la selectividad punitiva, la violencia institucional. Desconfía del Estado cuando golpea. Pero, al mismo tiempo, suele rechazar de manera casi absoluta cualquier forma de tenencia civil de armas. Se desconfía del monopolio cuando se ejerce mal, pero se lo reafirma sin matices cuando se trata de excluir toda alternativa.

El resultado es una figura extraña: un Estado sospechado y, sin embargo, único depositario legítimo de la fuerza; una ciudadanía crítica, pero despojada de cualquier capacidad material de defensa.

La violencia, entonces, queda suspendida en un limbo moral: debería desaparecer.

Pero no desaparece.

La Constitución como incomodidad

La Constitución argentina introduce una fisura en ese relato. El artículo 21 establece:

«Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución…»

La frase suena arcaica, incómoda, casi fuera de época. Pero no es un accidente. Es la huella de una antropología republicana distinta: el ciudadano no es sólo protegido; es responsable. No es mero destinatario de seguridad; es parte de su garantía última.

El artículo 36, incorporado después de los golpes de Estado del siglo XX, refuerza esa idea al reconocer el derecho de resistencia frente a quienes quebranten el orden democrático.

Ambos artículos delinean una arquitectura institucional tan clara como exigente: en la normalidad, el Estado ejerce la fuerza legítima; pero la soberanía no le pertenece, sino que reside en el pueblo. Y si el orden constitucional se quiebra, la ciudadanía no queda reducida al papel de espectadora.

El monopolio de la violencia, entonces, no es un atributo metafísico ni un derecho natural del Estado: es una delegación política, fundada en la Constitución y condicionada por su vigencia.

Cuando la Patria se aprendía en el polígono

Esa concepción no fue pura retórica. Durante la primera mitad del siglo XX, la Argentina vio proliferar asociaciones civiles de tiro ―los Tiros Federales, los Tiros Suizos― donde el uso de armas se integraba a una cultura cívica.

El caso emblemático es el Tiro Federal Argentino. Su lema condensaba un espíritu de época: «Aquí se aprende a defender a la Patria».

No era una consigna insurgente. Era una pedagogía republicana. La práctica del tiro deportivo se inscribía en una idea de milicia ciudadana: la defensa nacional no debía recaer exclusivamente en ejércitos profesionales. Había una dimensión civil, una responsabilidad compartida.

Estos espacios hacían algo más que enseñar técnica. Producían identidad. Ritualizaban la relación con la fuerza. La inscribían en disciplina, reglas, pertenencia. Domesticaban la violencia potencial en nombre de la comunidad política.

Con el tiempo, la profesionalización militar y la centralización estatal desplazaron esa tradición. La defensa se volvió asunto de especialistas. El ciudadano armado dejó de ser figura republicana para convertirse en sospecha.

La ilusión del ciudadano tutelado

Hoy el debate oscila entre dos caricaturas: armamentismo irrestricto o desarme absoluto. Pero la Constitución no habita ninguno de esos extremos. Propone algo más incómodo: una ciudadanía activa en una República donde el poder coercitivo es delegado y condicionado.

La experiencia latinoamericana enseña que concentrar toda la fuerza en Estados frágiles no garantiza derechos. Pero también que dispersarla sin regulación erosiona la convivencia. No hay atajo fácil.

La pregunta decisiva no es cuántas armas debe haber. Es qué imagen del ciudadano sostiene nuestra democracia.

¿Un sujeto tutelado cuya seguridad depende por completo de la eficacia ―siempre incierta― del aparato estatal?

¿O un miembro responsable de una comunidad soberana que, en circunstancias excepcionales, puede ser llamado a defender el marco constitucional que lo protege?

La violencia no se evapora por decreto moral. Se organiza. Se delega. Se limita. Se legitima.

En esa tensión ―entre monopolio estatal, soberanía popular y responsabilidad cívica― se juega algo más profundo que una política de seguridad. Se juega una concepción del ser humano y del vínculo que lo une con la República.

Y tal vez allí, en ese punto donde el progresismo prefiere no mirar demasiado, esté la verdadera densidad política de nuestro tiempo.

 

* Guardaparque. Se diplomó y obtuvo una Maestría en Ciencias en Biología de la Conservación en la Universidad de Kent, Inglaterra. Completó el Diploma de postgrado en Antropología Social y Política en FLACSO – Buenos Aires, y se Doctoró en Antropología Social en la Universidad Nacional de Misiones. Ha ocupado distintos cargos en la administración pública, entre otros fue director de la Administración de Parques Nacionales y Subsecretario de Coordinación de Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente de la Presidencia de la Nación durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Nestor Kirchner.

 

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CONFLICTO DE INTERESES Y CONCENTRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PESQUERA (NOTA 5)

César Augusto Lerena*

Publicado en FIS & SeafoodMediaGroup, 23 de febrero de 2026.

Nos hemos venido refiriendo en anteriores escritos a la adquisición y construcción en el extranjero de nuevos buques al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y con los años hemos podido observar que el objetivo que sostenía el Director Otto Christian Wöhler de mejorar la calidad y cantidad de investigación con los buques adquiridos no se ha cumplido como ya demostramos con el bajo promedio de navegación en relación al estándar internacional. Esto es lo central desde el punto de vista operativo; ahora bien, el INIDEP, si bien puede y debe prestar servicios de asesoramiento a las empresas; sus dictámenes técnicos deben, primero, asegurar la sostenibilidad de los recursos y, segundo, trabajar para el interés general y no para algún sector en particular.

Hemos visto que el cuestionado Otto Christian Wöhler funciona como red de araña, no hay espacio que no ocupe, de modo que, por una razón u otra su consulta adquiera valor. Como ya hemos dicho sus hijos Otto y Sofía ocupan espacios en las Cámaras Empresarias vinculadas necesariamente al INIDEP y, el mismo, director de Investigación del INIDEP se desempeña también como asesor de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo; tarea, por la que esperamos, no esté cobrando honorarios o viáticos en dólares, ya que siendo un funcionario público está obligado a asesorar en forma gratuita a todas las reparticiones del Estado.

Se nos había pasado y, nos despertó Roberto Garrone (Punto Noticias, 15/02/2026), indicándonos, que también la mujer de Otto, la bióloga Gabriela Irusta, también trabaja en el INIDEP y es nada menos que la Jefa del Programa de Pesquería de Merluza y Fauna acompañante; además de desempeñarse, como jefa de programa y directora de becas en el INIDEP. ¿Se entiende ahora porque las Cámaras Pesqueras están tan interesadas en contratar a los jóvenes aprendices Otto’s en sus instituciones?

Nosotros nos habíamos referido en anteriores artículos a los “conflictos de intereses” y, como era de esperarse, el periodista Garrone nos presenta en su artículo un modelo de conflicto: “el pedido de CEPA para pescar calamar al norte del 41°S como especie objetivo” y, el periodista dice: «El otro día analizamos el peligroso precedente que generó el Consejo Federal Pesquero y el INIDEP al no excluir a Otto Wöhler del requerimiento, por generar la petición, una clarísima confrontación de intereses como advirtió la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, entre Otto Wöhler, titular de la Dirección Nacional de Investigaciones y su hijo, Otto, presidente de la cámara peticionante».

En verdad, el propio Otto Wöhler debió excusarse y, debiera hacerlo cada una de las Cámaras solicita su opinión sobre cuestiones relativas a la captura de especies en el mar argentino; procedimientos relativos al rendimiento de las especies a bordo o cuanta cuestión su opinión pudiese favorecer al requirente.

Y continúa Garrone «El obstáculo lo saltearon con la firma de Gabriel Blanco, titular de la Dirección de Pesquería de Peces, que determinó que los congeladores al norte no tendrían un impacto significativo sobre la pesquería de calamar (…) Sí afectaría la fragilidad del stock reproductivo de merluza del efectivo al norte del 41ºS y de ahí que tacharon el acceso a los buques factorías de “Tony” (NdA: Antonio Solimeno). Esa conclusión también se incluyó en la firma de Blanco. Si lo hacía la Jefa de Merluza, Gabriela Irusta, también entrábamos en otro terreno sensible. Es la mamá de Ottito. Que difícil todo (…) Porque no será el único caso en las próximas semanas. La hija de Otto, Sofía, hermana de Ottito, es asesora ambiental de CaPeCa y coordinadora del Programa de Mejora Pesquera de la Cámara Argentina de Armadores Poteros (CAPA). Cuando se abra el registro para los nuevos permisos de calamar, su padre debería opinar al respecto. ¿O será también una tarea de Blanco?».

Al respecto, no podemos dejar de tener en cuenta que el Investigador Blanco depende jerárquicamente del Director Wöhler y del mismo modo, la Bióloga Irusta depende de la Dirección de Pesquerías de Peces y ésta del Director Nacional de Investigación, su marido Wöhler. Y ello, nada tiene que ver con las capacidades de la citada investigadora –que son reconocidas- pero, si bien en la Argentina no hay una prohibición absoluta por ser cónyuges, “sí está vedada la subordinación jerárquica directa entre marido y mujer en el empleo público para evitar nepotismo, favoritismo o pérdida de imparcialidad. Si surge un vínculo matrimonial o de convivencia durante la relación laboral, suele requerirse reasignación de funciones o áreas para eliminar el conflicto (según criterios de la Oficina Anticorrupción y jurisprudencia administrativa). Esto se alinea con principios constitucionales de igualdad (art. 16 CN), no discriminación por género (Ley 26.485) y ética pública”.

Por suerte, el Calamar y el Langostino están a cargo directo de este funcionario, sino sería insufrible no llevarse bien con Otto, que parece tener la llave maestra del INIDEP.

Hay una verdadera endogamia familiar entre el sector público y el privado; que, a partir de ella, todo lo que ocurra respecto a las habilitaciones a la pesca y la investigación estará sospechado de parcialidad o de “vista gorda” y ello, en un sector donde se ha llegado a calificarlo de mafioso, sería lo único que faltaba.

Es muy cierto lo que también plantea Garrone en su nota, respecto a la idoneidad del Director del INIDEP Gonzalo Bacigalupo. Porque si bien en muchas ocasiones los nombramientos de los directores han incumplido con el artículo 4° de la Ley 20.340, en el sentido de que el profesional elegido no ha tenido un título universitario vinculado al mar; esta circunstancia adquiere especial importancia en la concentración de las decisiones investigativas de la familia Wöhler, porque Bacigalupo no reúne los suficientes antecedentes científicos para administrar las decisiones relativas a las ciencias biológicas y con ello tiene una extrema debilidad y dependencia para conducir a todos los directores y/o jefes de Programas del INIDEP; en especial, en este caso donde se producen evidentes conflictos de intereses. Porque al director Bacigalupo habría que recurrir ―y no hacia abajo― para resolver estas cuestiones; pero ello no es posible porque carece de suficiente idoneidad para hacerlo. Por eso la Ley es sabia, no puede estar en manos ni de la política (como ha ocurrido con el propio Subsecretario de López Cazorla) ni por quien carece de títulos habilitantes ni experiencia alguna.

Son conocidas las opiniones adversas que algunos empresarios tienen sobre el INIDEP y también el dificilísimo rol que deben llevar adelante los investigadores tratando de determinar las “capturas máximas sostenibles” para asegurar la sostenibilidad de los recursos pese a las presiones derivadas de las necesidades económicas empresas. Pero también conocemos que muchos de los Acuerdos Internacionales se llevaron adelante sin que el INIDEP estableciera la disponibilidad de excedentes. Es un equilibrio muy fino; que no debería admitir dudas respecto a las decisiones que se tomen y donde se debiera tener presente que “de la duda nace la desconfianza” y la investigación debe basarse muy especialmente en el rigor científico y en la confianza en los científicos sobre las cuestiones donde éstos ponen en juego la economía de las empresas y el trabajo de sus empleados.

No sabemos si no habrá nuevas notas sobre este tema, sinceramente, hemos recibido mucho material para seguir haciendo, aunque creemos que es la hora de la justicia.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. cesarlerena.com.ar.

Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales

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