LA MIGRACIÓN COMO ESTRATEGIA DE PRESIÓN EN EL TABLERO GEOPOLÍTICO: CASOS DE ESTUDIO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

15 febrero, 2026 SAEEG Deja un comentario

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Juan León Giujusa*

Imagen: RosZie en Pizabay, https://pixabay.com/es/illustrations/gente-valla-refugiados-globo-mundo-8389312/.

La instrumentalización de los flujos migratorios mixtos no es un fenómeno nuevo en la política internacional. Sin embargo, ha adquirido una intensidad sin precedentes y dimensiones globales en la era de los movimientos transfronterizos. Este concepto ha sido gradualmente incorporado al acervo discursivo de numerosos actores. Desde el ámbito académico se ha acuñado el término de weaponization of migration[1], mientras en el plano político numerosos Estados europeos, así como la UE en su conjunto, han considerado a la instrumentalización de la migración como una amenaza híbrida. Así lo ha hecho también la OTAN, en el Concepto Estratégico (2022). La instrumentalización, además, adquiere diferentes formas, pero todas refieren a acciones emprendidas por los Estados para utilizar a los migrantes con fines políticos y económicos, en algunos casos para obtener más recursos y en otros forzándolos a cruzar las fronteras hacia otros países de manera incontrolada para ejercer presión[2]. Se trata de una herramienta coercitiva de política exterior para obtener concesiones e inducir cambios.

Sin embargo, no es un fenómeno que afecte solamente a las democracias europeas, si bien es cierto que la estrategia que por excelencia ha adoptado el bloque, la externalización de las fronteras, lo ha colocado en una posición de relativa vulnerabilidad, una situación que algunos de sus socios extra-europeos han sabido explotar. La estrategia de externalización implica el desplazamiento de tareas referidas al control migratorio hacia terceros países, fuera del bloque comunitario, para crear una zona tapón alrededor de éste[3]. A la postre, ello ha significado una creciente dependencia de la UE hacia los gobiernos de terceros países con los que ha llevado a cabo acuerdos migratorios. En este marco, el riesgo de chantaje político se incrementa exponencialmente. Esta última situación se corrobora al analizar el caso marroquí y el turco, dos países con los que el bloque mantiene un conjunto de acuerdos formales e informales en la materia, que incluye no solamente el control migratorio, sino también la readmisión de los expulsados por la Unión. Por un lado, el acuerdo UE-Turquía de 2015 había implicado el ofrecimiento europeo de beneficios económicos, la reapertura de las negociaciones de adhesión al bloque y acelerar la eliminación del visado Schengen para los nacionales turcos. A cambio, Ankara se comprometía a ejercer un riguroso control migratorio y a readmitir a los expulsados por el bloque. Sin embargo, en 2020, Turquía anunció la apertura de la frontera permitiendo el paso de migrantes y refugiados a Grecia. Ello obedecía a la escalada del conflicto en el norte de Siria, donde Turquía estaba llevando adelante una serie de operaciones militares[4]. Así, la estrategia turca perseguía múltiples objetivos. Por un lado, presionar a Europa, mostrando las vulnerabilidades del bloque si Ankara no estaba dispuesta a cooperar en materia migratoria. Por ello, en 2020 logró con éxito presionar para obtener mayores fondos y una colaboración más aceitada en el devenir del conflicto sirio. De aquí se deduce el segundo objetivo de política exterior perseguido por Ankara: moldear la situación en Siria, provocando la caída de al-Assad. Turquía anhelaba fortalecer su rol de potencia regional y participar en la reconstrucción de Siria, a la cual mantendría bajo su esfera de influencia, como indica la política neo-otomana de Erdogan. Para ello, la diáspora siria jugaría un rol crucial. Pero a ello cabe agregar un nuevo objetivo al que también responde la instrumentalización de los migrantes y desplazados: debilitar a los kurdos. Para ello, Ankara favoreció la repoblación de las zonas de los kurdos con desplazados sirios, para evitar la formación de un enclave kurdo autónomo[5]. Reasentando a los refugiados, se generaría un cambio demográfico que diluiría la influencia kurda.

Por su parte, en 2020 Marruecos dio vía libre a los migrantes que se dirigían hacia las islas Canarias y en 2021 y 2022 abrió la frontera con Ceuta y Melilla (enclaves españoles con soberanía contestada). El motivo fue un conflicto diplomático con España, país en el que había sido hospitalizado Brahim Gali, líder del Frente Polisario en el Sahara Occidental (o presidente de la República Saharaui). En este caso, el gobierno marroquí, fortalecido por la decisión de 2020 del presidente estadounidense Trump, quien reconocía la soberanía de Rabat sobre el Sahara Occidental, intensificó las presiones para modificar la posición española y de otros países europeos en la cuestión. Una vez más, se pone de manifiesto la utilización de las migraciones como arma de presión para torcer la política exterior española. La maniobra ha tenido éxito, en tanto el presidente español, mediante una carta dirigida al rey Mohamed VI, en 2022, varió la posición histórica sobre esta cuestión en favor de Marruecos. Se trata de un acto de notoria relevancia: la otrora metrópoli ha pasado a apoyar la idea de que el territorio saharaui se integre en Marruecos bajo su soberanía[6]. Esta carta ha inaugurado un nuevo período en las relaciones diplomáticas, caracterizado por la cooperación migratoria entre ambos países que implica la concesión de beneficios económicos de Europa hacia Marruecos. Así, podemos concluir que el objetivo marroquí era doble: ejercer represalias por la hospitalización de Gali y, en un plano más general, obtener el apoyo español respecto de la postura marroquí sobre el Sahara Occidental.

Por otro lado, se ofrecería una imagen parcial si no se incluyeran aquellos países con los que no existe o se han interrumpido los acuerdos formales o informales y que también han instrumentalizado a los migrantes y solicitantes de asilo. Aquí destaca el accionar del gobierno de Bielorrusia. La crisis migratoria artificial, generada por Lukashenko, comenzó en 2021, pero actualmente aún se observan algunas tensiones y movimientos en la frontera. Luego de las elecciones bielorrusas de 2020, consideradas fraudulentas por parte de la comunidad internacional, la UE respondió con un paquete de sanciones[7]. Lukashenko anunció el fin del acuerdo de readmisión y comenzó a organizar traslados y a facilitar el tránsito de migrantes y refugiados procedentes de Irak, Afganistán, Yemen y Siria, hacia la Unión. Al orquestar estos movimientos, Lukashenko pretendía presionar al bloque para que levantara las sanciones políticas y económicas, pero también esperaba legitimarse como presidente, sentándose a la mesa de negociación junto a los países europeos.

Cabe hacer una aclaración adicional: las democracias europeas, a su manera y con ciertos matices, también han sido partícipes de esta tendencia hacia la instrumentalización de los flujos migratorios mixtos al convertirlos en moneda de cambio o en un objeto de trueque en las transacciones con sus socios extra-europeos. Así, han condicionado la cooperación, la asistencia económico-financiera y diferentes concesiones para inducir a los terceros países a actuar como los gendarmes de Europa. Ésta es la contracara del mismo fenómeno.

Finalmente, como se sostuvo inicialmente, este tratamiento a los migrantes ha adquirido dimensiones que exceden a la UE. En este marco más general, cobran relevancia las estrategias de dos países respecto de los refugiados afganos: la República Islámica de Irán y Pakistán. Ambos países se caracterizaron por su histórica política de puertas abiertas. Pero sus intereses colisionan en el escenario afgano y han impulsado un cambio abrupto en sus estrategias, devenidas ahora en políticas de expulsión conforme se modificaba la dinámica política regional. En términos generales, Pakistán desea fortalecer su papel en Asia Central y Afganistán constituye la plataforma para alcanzar tal objetivo, mientras que Irán busca afianzar su rol como potencia regional en Medio Oriente y sortear los efectos de la batería de sanciones que pesan sobre el país. Para ello, su vecino de Asia Central desempeña un rol de relevancia[8].

En los últimos años, Pakistán ha esgrimido argumentos vinculados a las condiciones económicas y de seguridad para explicar las deportaciones masivas en que se ha embarcado. También ha sostenido que ya no impera en el país vecino una situación de guerra que justifique la acogida de refugiados afganos, pese a los múltiples reportes de organizaciones no gubernamentales que dan cuenta de la opresión y la violación a los derechos humanos. Sin embargo, Bibi[9] explica que las expulsiones en masa encuentran su razón de ser en el deterioro de los lazos afgano-pakistaníes desde el regreso Talibán al poder en 2021. El gobierno pakistaní confiaba que los talibanes apoyaran al gobierno de Islamabad y contribuyeran a mantener bajo control al TTP, conocido como los Talibanes pakistaníes. Pese a tal pronóstico, el régimen de Kabul ha fortalecido al TTP, mostrando más lealtad a éste que al Estado pakistaní. El TTP, envalentonado por la nueva geopolítica regional, decidió poner fin al alto el fuego con el gobierno pakistaní en noviembre de 2022. La respuesta de Islamabad, al ver sus intereses amenazados, ha versado sobre nuevas y masivas órdenes de deportación a migrantes y refugiados afganos desde 2023, en flagrante violación al derecho internacional. La autora también resalta que Islamabad tenía intenciones de celebrar acuerdos con el gobierno afgano en términos que coadyuvaran a restaurar la influencia pakistaní en la región y, al no lograr esta actitud cooperativa, ha comenzado a presionar a los talibanes mediante expulsiones masivas que sin dudas añade tensiones y coacciona a los talibanes, en medio de la ya difícil situación nacional, inmersa en una profunda crisis político-social, económica, alimenticia y humanitaria en general.

Por su parte, Irán también siguió una política de puertas abiertas durante décadas respecto de los solicitantes de asilo afganos. En este caso, la instrumentalización adquiere dos vías. Por un lado, se ha favorecido el reclutamiento forzoso de migrantes y refugiados afganos por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), específicamente a través de su brazo de operaciones exteriores, la Fuerza Quds, formando la Brigada Fatemiyoun, un grupo paramilitar proxy. El reclutamiento ha sido efectuado bajo coerción o a raíz de promesas, en su mayoría incumplidas[10]. La Brigada ha sido desplegada en defensa de causas iraníes y como forma de acrecentar el liderazgo regional. En cuanto al segundo canal, Teherán busca afianzar su influencia sobre los asuntos de Kabul y es precisamente aquí donde rivalizan los intereses iraníes y pakistaníes.

Siguiendo este último aspecto, una política más restrictiva respecto de los flujos comenzó a implementarse en marzo de 2022. Irán declaró no haber encontrado fundamentos que den cuenta de un riesgo sistemático de daños y violaciones graves a los derechos humanos en Afganistán. De esta manera, la tasa de deportación se incrementó[11]. Este endurecimiento de las políticas de deportación, pese a las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Afganistán, permite a Teherán gestionar a la población refugiada en clave de instrumento de presión geopolítica. El país ha logrado demostrar que, con los millones de refugiados que se encuentran en su territorio, puede afectar seriamente la estabilidad de su vecino mediante deportaciones en masa, lo que lo convierte en un actor a ser tenido en cuenta en el proceso de reconstrucción afgano. Melamed Visbal y Peláez Barceló[12] sostienen que el gobierno iraní ya está en condiciones de manipular la agenda del régimen talibán mediante el recurso a la amenaza de emplear programas de deportaciones masivas, lo que generaría insoportables presiones sociales, políticas, económicas y humanitarias.

La confluencia de las políticas de expulsión de Irán y Afganistán representan una carga en términos de acogida, provisión de servicios e integración de los deportados afganos imposible de abordar por parte del régimen de talibán. Pesa sobre Kabul el cúmulo de las presiones procedentes de Irán y de Pakistán, inherentemente irreconciliables, en tanto ambos compiten por acrecentar su influencia sobre Afganistán y manipular sus asuntos internos.

Todos los casos citados permiten efectuar una serie de inferencias: las respuestas de acogida, sea a los migrantes o a los solicitantes de asilo, se alejan de las explicaciones más superficiales (como la ayuda humanitaria pura) y se responden a partir de dinámicas de poder e intereses geopolíticos que desnudan las diferentes tácticas de poder duro que instrumentalizan y explotan las vulnerabilidades de los migrantes y desplazados. Una serie de intereses orbitan entorno a estas respuestas, a saber, económicos (utilización de la “crisis” para obtener fondos internacionales), políticos (ganar influencia en ciertos países y regiones, proyectar una imagen de liderazgo, presionar a otros Estados al incrementar su posición negociadora), o de seguridad (utilizar los flujos para justificar intervenciones, contención de amenazas regionales y la utilización de refugiados para influir en conflictos vecinos). Esta imbricación de intereses de diversa índole sigue un mismo patrón de conducta: primero, la adopción de políticas migratorias receptivas, que optimicen la población en función de los intereses del poder, creando ciertas composiciones poblacionales; luego, se abre paso a la instrumentalización de los flujos mediante diferentes tácticas. Con ello, la demografía en general, y la migración en particular, sea voluntaria o forzada, se han convertido en armas de la geopolítica global. Así, la movilidad humana ha devenido, con lastimosa frecuencia, en una herramienta de poder duro, en una forma de confrontación, donde las personas son despojadas de su humanidad para convertirse en un recurso de poder capaz de allanarle, al Estado que las instrumentaliza, el camino hacia la consecución de sus intereses geopolíticos o de acrecentar su poder en la arena regional y global. En este campo de la geoestrategia, los migrantes y desplazados se ven reducidos a meros recursos de que disponen ciertos Estados para la consecución de sus objetivos de política exterior.

* Licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad de Palermo, Argentina. Estudiante de la Maestría en Estudios Internacionales, Universidad Torcuato Di Tella.

Miembro del Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales (CEERI).

Columnista en política internacional, Diario Distrito Interior, General Villegas, provincia de Buenos Aires.

Referencias

[1] Greenhill, Kelly M. «Weapons of Mass Migration: Forced Displacement as an Instrument of Coercion». Strategic Insights, v. 9, issue 1, Spring-Summer 2010, p. 115-159, http://hdl.handle.net/10945/11515.

[2] Díez Peralta, E. «La instrumentalización de las migraciones en la frontera exterior oriental de la UE: el derecho de asilo en la encrucijada». Revista de Derecho Comunitario europeo, n° 81, p. 171-212, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10326883.

[3] Gabrielli, Lorenzo. «La externalización europea del control migratorio: ¿La acción española como modelo?». CIDOB, https://www.cidob.org/publicaciones/externalizacion-europea-del-control-migratorio-accion-espanola-como-modelo.

[4] Díez Peralta, E. Op. cit.

[5] Nachawati Rego, L. «La caída de la dinastía Asad en Siria: factores locales, regionales y globales». Anaquel de Estudios Árabes, vol. 36, n° 1, 2025, p. 1-12. https://doi.org/10.5209/anqe.100223 .

[6] Del Valle Gálvez, A. «Weaponising migration: Ceuta y Melilla en las relaciones España-Marruecos, su reforzamiento estratégico como ciudades de la UE en la orilla sur del Mediterráneo». En I. González García y A. del Valle Gálvez, Ceuta y Melilla: la Unión Europea en la orilla sur del Mediterráneo. Ceuta: Centro de estudios internacionales y europeos del área del Estrecho, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2023, p. 51-76, http://hdl.handle.net/10498/33792.

[7] Díez Peralta, E. Op. cit.

[8] Beidollahkhani, Arash. «Strategic tensions and geopolitical necessity: prospects for securitization of Iran-Pakistan relations in the globalization context». Journal of Globalization Studies, vol. 14, n° 1, p. 94-109, https://www.sociostudies.org/authors/beidollahkhani_arash/.

[9] Bibi, Sumaira. «Repatriating Afghan refugees from Pakistan: background, implications, and consequences for bilateral relations and regional dynamics». Quarterly on Refugee Problems, vol. 63, n° 2, p. 141-155, https://doi.org/10.57947/qrp.v63i2.152.

[10] Farivar, Masoos. «What happened to Iranian proxies in Syria?» VOA, 13/12/2024, https://www.voanews.com/a/what-happened-to-iranian-proxies-in-syria-/7901149.html

[11] European Union Agency for asylum (EUAA). «Iran: situation of Afghan refugees». EUAA, 2022, https://euaa.europa.eu/publications/iran-situation-afghan-refugees

[12] Melamed Visbal, J. y Peláez Barceló, D. «La estrategia de expansionismo hegemónico iraní en Siria y Afganistán». Revista Científica General José María Córdova, vol. 18, n° 32, p. 749-767, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8693064.

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Cultura, Perú

UNA VIDA RECORDADA Y CONTADA

12 febrero, 2026 SAEEG Deja un comentario

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Francisco Carranza Romero*

Amadeo Bernardo Aguilar Aguilar, autor del libro «Un molino de Caraz» (2025, Ornitorrinco Editores, Lima) narra con emotiva sencillez la realidad multiétnica y multicultural del Perú y los acontecimientos que dejaron huellas en su vida: su nacimiento en un hogar donde se habla castellano y quechua, la unidad familiar, las creencias, las fiestas populares, los vecinos y amigos, los centros educativos y otras peripecias de su vida. Las fotos familiares demuestran con objetividad sus relatos.

El ser humano inicia su vida en un lugar y fecha sin haberla programado. Nuestro nacimiento es nuestro destino. Todos, sin excepción, somos indígenas según el verdadero significado de la palabra; además, somos seres con historia de hace siglos y milenios. Y, mientras crecemos vamos sintiendo muchas simpatías y antipatías sociales, culturales, por el color de la piel y por el lugar de nacimiento. En esta situación de prejuicios hay pocos como Amadeo que asumen con orgullo sus orígenes; mientras otros viven mintiendo y arreglando sus historias.

Sobre su nacimiento e infancia junto al molino de Raupo, en Caraz, (Áncash, Perú en 1948), dice «… un universo de ruidos y silencios, de aguas y juegos, de miedos y alegrías. Allí descubrí que la vida, como la harina, se forma en la molienda constante del tiempo» (p. 19). Este libro de Amachu (hipocorístico de Amadeo) es para leerlo con calma y reflexión porque es la historia de un peruano que no ha perdido su choledad, su peruanidad aun viviendo y realizándose profesionalmente fuera del Perú. La educación escolarizada en todos los niveles, por suerte, no lo domesticó ni colonizó ni le quitó su orgullo; le sirvió para encontrarse consigo mismo. Hay dos relatos en español y quechua ancashino del Callejón de Huaylas.

Cuando cuenta sobre sus experiencias infantiles en los campos y cerros de la Cordillera Negra aparecen espontáneas, cual hongos después de la lluvia, los hipocorísticos quechuas (variación cariñosa del nombre propio: palatalización de los sonidos y reducción de sílabas), topónimos, zoónimos, fitónimos y etnónimos; entonces se siente la presencia de la lengua quechua que sobrevive gracias a la resistencia de los propios usuarios; no tanto por la política lingüística de los ministerios de educación y cultura.

La vida, como en todo grupo humano, está basada en creencias y símbolos como los siguientes: «Cuando a mediodía quería comprar sal, me decían: No hay porque tenían la creencia de que vender sal a mediodía traía mala suerte» (p. 29). «En ese tiempo… había panaderías, una pequeña bandera blanca lo indicaba» (p. 50). La banderita blanca también indicaba la venta de la chicha blanca de maní. La banderita roja indicaba la venta de carne o chicha de jora.

Conocí a Amachu en la Escuela 339 cuando llegué a Caraz, capital de la provincia de Huaylas, para continuar los estudios de primaria porque en mi pueblo de Quitaracsa había sólo hasta el Segundo Año, gran logro de mis mayores que viajaron hasta Lima para solicitar, suplicar y aligerar los trámites. Él estaba en un grado menor que yo. Era otro pie descalzo como yo. Su descripción de los estudiantes procedentes del campo es real: «Creo que todos los de la zona rural hablaban más quechua que castellano, los entendí hablar algunas veces, aunque en clase estaba prohibido hablarlo» (53). «… algunos que venían de las aldeas agrícolas… con gran esfuerzo hablaban castellano; conversaban en quechua entre ellos, en voz baja» (p. 150). Yo también era un niño que tenía mejor comunicación en quechua que en castellano. Al hablar del quechua dice algo testimonial: «Al pasar del medio rural al medio urbano fui descubriendo la importancia de esa lengua. Era normal en el medio rural, pero en la ciudad tenía poca aceptación y muchas veces era ignorada o menos apreciada» (p. 79). La educación escolarizada peruana, entonces y hoy, sigue siendo castellanizante en las clases, textos y exámenes. En las ciudades, para hablar nuestra lengua nativa teníamos que bajar la voz para evitar las burlas y menosprecios de los que, por sus apellidos y códigos de comunicación, se sentían ser los descendientes directos de los colonizadores. Ignoraban que los nombres fueron impuestos por el bautismo; los apellidos eran de los que se repartieron las tierras con gentes, animales y plantas. Gracias al qapaq (divinidad) algunos seguimos atreviéndonos a usar la lengua de nuestros ancestros cuando conviene, y la investigamos con afecto.

Amachu y yo compartimos la vida escolar de la secundaria en el seminario diocesano San Francisco de Sales, en Huaraz. Yo me salí del seminario junto a otros rebeldes seminaristas faltando un año para concluir la secundaria. Los monjes benedictinos estadounidenses ―los superiores― y nosotros ―estudiantes andinos― no nos comprendimos por tener el modus cogitandi diferente.

Después de seis décadas nos hemos vuelto a ver en Lima y nos hemos contado tantas aventuras vividas dentro y fuera del Perú. Es que él, después de graduarse en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, continuó sus estudios de postgrado en Economía Rural en Bélgica. Tanto en Perú como en Bélgica laboró como pudo mientras estudiaba. Sus logros son productos de sus esfuerzos.

Nos comparte una experiencia amarga del 25 de julio de 1986 que afectó a su esposa belga y a su hijito cuando fue a recoger su nuevo pasaporte porque fue capturado y encerrado en el calabozo del Palacio de Justicia porque Bernardo Aguilar Aguilar estaba en la lista de los buscados por la policía; su argumento y protesta de que él era Amadeo Bernardo Aguilar Aguilar no cambió la situación. El 31 de julio, gracias a la intervención de un abogado, se aclaró: la persona buscada por la justicia había nacido en Huata en 1904; el detenido había nacido en Caraz en 1948. «Después de una semana salí en la tarde del viernes primero de agosto. Me quedaba un pensamiento o una pregunta: cuántas personas se encuentran injustamente en las cárceles del país y aún peor, ¿tendrán a alguien que se ocupe de ellas? (131). Es la triste realidad: La justicia se hace sorda y ciega cuando el acusado es pobre y sin influencias».

Y gracias a este libro deduzco que el cura Vicente Aguilar fue quien subió el cerro piramidal Shuytujjirca (shuytu hirka: colina piramidal) que está sobre Quitaracsa, y que demostrando su alegría por haberlo logrado gritó eufórico desde la colina un ¡aaji! que se escuchó hasta en el poblado. Desde entonces la colina es más conocida como Kuura Qaparinan (donde el cura grita el aaji de alegría). Y ese atrevido cura había sido tío de Amadeo Aguilar. Una grata sorpresa, Amachu.

* Investigador del Instituto de Estudios de Asia y América, Dankook University, Corea del Sur.

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ANÁLISIS NACIONAL, ARGENTINA

OBSOLESCENCIA SOCIAL PROGRAMADA Y PENSAMIENTO MÁGICO

11 febrero, 2026 SAEEG Deja un comentario

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Daniel Alberto Symcha*

Las empresas productoras de bienes de uso doméstico han elaborado una estrategia de negocios que implica diseñar productos con una vida útil intencionalmente limitada, programando que dejen de funcionar o se vuelvan obsoletos en un tiempo programado utilizando para ello materiales frágiles, baterías integradas imposibles de cambiar, falta de actualizaciones de software, incompatibilidad tecnológica, perjuicio económico para el usuario por incremento de consumos y costos de reparación, campañas de marketing que generan la sensación de antigüedad o falta de efectividad del producto.

Esta planificación tiene como objetivo obligar a los consumidores a reemplazar los productos fomentando el consumo excesivo, generando un grave impacto ambiental pero manteniendo la capacidad de producción y ventas a las grandes empresas o corporaciones. Es decir, se establece el final de la vida útil de un producto desde antes del momento de su fabricación.

Existe una relación simbiótica entre productores, grandes corporaciones internacionales y banca financiera ambas identificadas al decir del Dr. Marcelo Gullo como Unidades Políticas Sin Asiento Territorial (UPSAT), basada en el financiamiento y la dependencia donde las UPSAT, tienen una relación jerárquica con los productores ejerciendo poder sobre la producción, competitividad, estructura de mercado, control de tecnología, cambios normativos y de desregulación, creación de opinión pública y nuevos mercados.

El huevo de la serpiente

El concepto de obsolescencia programada se originó como una propuesta para salir de la gran depresión de 1930 en EEUU y la autoría corresponde a Bernard London, la propuesta que quedó plasmada en una publicación: «Poner fin a la Depresión mediante la obsolescencia programada» (Ending the Depression Through Planned Obsolescence).

London fue un corredor inmobiliario ruso-estadounidense que afirmaba que el gobierno debía definirle a las empresas establecer la obsolescencia de los bienes de consumo al momento de producirlos. Esto iba a forzar a los ciudadanos a reemplazar productos funcionales pero «viejos» por nuevos lo que implicaba mantener las fábricas en funcionamiento y sostener el empleo de trabajadoras y trabajadores, aún a costa del descarte deliberado de productos funcionales.

La propuesta de London no tuvo éxito en lo que a políticas públicas del Estado estadounidense se refiere porque era una injerencia directa y control sobre las iniciativas privadas, pero sí anticipó y legitimó una lógica económica: la producción sistemática de obsolescencia como motor del consumo que se adoptó como práctica empresarial a partir del año 1940 y las empresas comenzaron a reducir deliberadamente la durabilidad de los productos principalmente mediante cambios de diseño constantes y campañas de márketing.

En el concepto de London: «Los muebles, la ropa y otros bienes deben tener una vida útil, al igual que los seres humanos. Una vez utilizados durante su vida útil, deben retirarse y reemplazarse por mercancías nuevas» y al igual que su plan respecto de la producción y el consumo, las UPSAT siguieron al pie de la letra el concepto del neoyorkino pero aplicado a las sociedades proveedoras de materias primas de los países hegemónicos desde la periferia del poder.

Argentina como un riesgo regional

La República Argentina en 1974 tenía un índice de crecimiento del 7% anual, la industria manufacturera crecía al 6,5%; la industria metálica básica crecía al 8,4% siendo la producción de acero otro de los pilares con un crecimiento al mismo porcentaje. Existía una industria automotriz que crecía al 3,5%. La industria de la construcción con su alto impacto en mano de obra crecía al 12,5%. La demanda de servicios crecía a un 7,4% y transporte, almacenamiento y comunicaciones crecía al 6,4%. La producción de electricidad, gas y agua crecía al 7% anual.

La pobreza en los hogares era del 4,6%, la tasa de desempleo era del 2,7%, el nivel de la deuda externa pública en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) estaba en 10%, la inversión bruta tuvo su mayor índice 24% del PBI.

Argentina tenía una sólida estructura estatal, producía buques mercantes y de guerra, aviones, equipamiento militar para las tres Fuerzas Armadas y para las Fuerzas de Seguridad, tenía una sólida estructura educativa y sanitaria, un desarrollo industrial de primer nivel, una fuerte participación gremial, desarrollo científico tecnológico propio y un pilar fundamental para el desarrollo nacional, energía nuclear. Argentina pasó a ser un riesgo para la hegemonía angloestadounidense en Latinoamérica.

La decadencia de estas capacidades comenzó con el golpe de Estado cívico militar de 1976, se profundizó posteriormente con los dos primeros gobiernos democráticos y el desguace de las capacidades del Estado llegando a un estallido social en el tercer gobierno democrático que derrocó al presidente De la Rúa quien le había solicitado a las FFAA que intervinieran para controlar el estallido pero las mismas se negaron por no formar parte de sus misiones y funciones.

La organización política argentina permitió sortear la crisis y mantener la continuidad democrática alcanzando en el año 2015, de acuerdo con las palabras del presidente de la Unión Industrial de la República Argentina, Héctor Méndez, recuperar el nivel de producción per cápita industrial de 1974.

Danzando en las ruinas

En la actualidad todos esos índices nuevamente cayeron de forma abrupta en tan sólo diez años, sumiendo a la población en la pobreza alcanzando en 2023 al 40,1% en los centros urbanos, es decir más de 11.756.000 personas. En 2026 los índices oficiales no demuestran confiabilidad ya que la asistencia social económica se elevó 30 veces a la brindada por el Estado en el año 2015, a diciembre de 2025: la Asignación Universal por Hijo alcanzó en enero de 2026 a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4.500.000 millones de niños.

A mediados de 2025 de acuerdo con el informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), de los 18.000.000 millones de argentinos en zonas urbanas en edad de trabajar (hombres entre 15 y 64 años, y mujeres entre 15 y 59), 5 millones no tienen empleo ni lo están buscando activamente. Esto representa el 27% de la población en edad activa de las zonas urbanas.

De un total de 21.000.000 de personas en edad productiva, la cantidad de desocupados en el segundo trimestre de 2025 fue de 2,3 millones. El número de puestos de trabajo informales comúnmente denominado «trabajo en negro», abarcó al 43,2% del total de puestos de trabajo en tanto que el número de trabajadores subocupados (personas que tienen empleo pero trabajan menos de 35 horas semanales por razones involuntarias) fue del 11,6%.

Obsolescencia social programada

Al igual que con los electrodomésticos, existe un criterio de obsolescencia social programada sobre nuestra población resultado de las políticas públicas direccionadas desde organismos internacionales que tiene un impacto directo y sedimentario sobre nuestras capacidades como Nación.

Degradar la calidad y las condiciones de vida mediante un conjunto de acciones económicas programadas, da por resultado inexorable la destrucción del ecosistema productivo, la inestabilidad e incertidumbre laboral de la población, la destrucción del tejido social, la baja de las capacidades de progreso y la denigración de las condiciones de vida de nuestra gente que se refugia en una economía de sustento diario mediante la venta de productos en sus hogares, ferias americanas, producción de panificados, parrillas al paso.

Esta denigración en la calidad de vida implica una limitación en las condiciones de supervivencia y crecimiento mediante la superación en la población joven lo que va a implicar un fuerte deterioro cognitivo por falta de nutrientes, una ausencia del sentido de orden y autoridad por la destrucción del núcleo familiar lo que deriva en procesos de violencia, de tensión y desintegración social.

La vigencia de Umberto Eco

«La relación entre nuestro entusiasmo por las conveniencias tecnológicas y nuestra inclinación por el pensamiento mágico es muy cercana, y está ligada profundamente a la esperanza religiosa que ponemos en la acción relámpago de los milagros», afirmaba Umberto Eco en una de sus columnas en L’Expresso en el año 2015.

La ingeniería multimedial mediante el uso de las tecnologías persuasivas, que estudian como los dispositivos, apps y plataformas pueden diseñarse para influir en nuestros comportamientos y la red de sectas religiosas esparcidas por los grandes centros urbanos favorecen la aparición en la población de un criterio de pensamiento mágico en dónde la realidad es simplemente un obstáculo del espacio tiempo sin importancia. En ambos casos, lo multimedial y las sectas, a partir del pensamiento mágico tienen una función anestésica, es decir bloquear temporalmente la sensibilidad y la conciencia para permitir la realización de acciones invasivas con seguridad y comodidad.

El bombardeo de estímulos, la necesidad de pertenencia a algo y la creencia en que existirá una solución a los problemas a su debido tiempo, actúa sobre el sistema nervioso, reduciendo la conectividad cerebral o adormeciendo zonas específicas, nos distrae del dolor, de la formación de recuerdos o la respuesta motora que podría impedir la continuidad de las acciones que degradan nuestra calidad de vida.

La obsolescencia social programada es la cosecha de una siembra realizada mediante el desconcierto económico continuo, sistemático y sostenido, el desarrollo multimedial a partir de las tecnologías persuasivas y el trabajo territorial de miles de sectas con un discurso de salvación adaptable a cada angustia para generar sentido de pertenencia y empatía que impide el quiebre de un ciclo de opresión.

* Periodista. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, Universidad Nacional de La Plata. Investigador de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

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