LA GUERRA ENTRE EEUU, ISRAEL E IRÁN EN 9 CLAVES PROSPECTIVAS

Roberto Mansilla Blanco*

Más de cien días desde el comienzo de la guerra entre EEUU e Israel contra Irán, su impacto define un nuevo equilibrio geopolítico y militar en Oriente Medio con sus inevitables consecuencias y riesgos a nivel global.

En este análisis destacamos algunas claves y escenarios geopolíticos, económicos y militares que podrían definir un conflicto que se desliza entre las incertidumbres de las negociaciones aleatorias y los ataques de ida y vuelta.

1.

Hablemos de un ganador: la Guardia Revolucionaria Islámica. Más allá de las sanciones exteriores y del inevitable daño causado por el conflicto resulta evidente el fortalecimiento del poder del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Irán, factor que abre la posibilidad de configuración de un sistema de pretorianismo militar con mayor cohesión social, debilitando así cualquier pretensión de EEUU e Israel por propiciar un cambio de régimen en Teherán.

Contando con el apoyo tácito de aliados de peso como Rusia y China, Irán profundizará sus capacidades militares tanto defensivas como ofensivas a través de una nueva doctrina de seguridad con influencia en sus decisiones de política exterior. La guerra ha evidenciado la capacidad de respuesta iraní contra objetivos estadounidenses e israelíes. Así mismo, Teherán ha demostrado su efectividad para utilizar el Estrecho de Ormuz como arma geoeconómica.

La capacidad de resistencia de Irán ha fortalecido su iniciativa geopolítica en clave disuasiva, especialmente a la hora de imponer, o al menos propiciar, que EEUU atienda sus intereses. Así, Teherán ha demostrado su capacidad para trazar sus propias «líneas rojas» en medio del diseño de nuevos equilibrios de poder regionales.

En Washington han tomado nota de este reforzamiento del poder en Irán propiciando un cambio de enfoque más proclive a la negociación. Un escenario que Israel observa con extrema preocupación, en particular ante la posibilidad de pérdida de influencia en la Casa Blanca.  

2.

EEUU e Israel: ¿crisis, divorcio o reseteo? Tras su fracaso contra Irán, Israel y EEUU podrían observar crisis políticas internas así como en sus relaciones estratégicas ante el aumento del malestar social y las dudas que podrían generar la efectividad de su capacidad militar para lograr objetivos políticos.

Este aspecto es especialmente notorio en el caso israelí por la presión iraní vía proxy wars (Líbano, Yemen) Por ello, Israel buscará aumentar su control en escenarios conflictivos (Líbano, Siria, Gaza, Cisjordania) como medida de disuasión y de seguridad ante Irán y sus aliados regionales (Hizbulá, hutíes de Yemen, Hamás).

Mientras busca una negociación con Irán que le otorgue una tregua ante la caída de índices de popularidad en un año electoral, Trump se ve atrapado en una guerra en la que Netanyahu quiere concretar a toda costa su proyecto mesiánico y supremacista del «Gran Israel», incluso sin apoyo estadounidense.

Las críticas, llegando incluso a descalificativos, por parte de Trump hacia Netanyahu tras la ofensiva israelí en el Líbano suponen un síntoma clave de la crisis en las relaciones entre EEUU e Israel. El estupor internacional y el creciente nivel de descrédito e incluso aislamiento exterior de Israel por su intervención en Gaza y la tragedia del pueblo palestino son factores que también afectan a Netanyahu a nivel interno, al comenzar a observar divisiones políticas y cierto malestar ciudadano por los niveles de inseguridad causados por las guerras en Gaza, Irán y ahora el Líbano.

El movimiento de los colonos israelíes sigue siendo un factor de apoyo para Netanyahu en un momento en que aumentan los casos de violencia contra palestinos en Cisjordania. Pero una parte de la sociedad israelí comienza a desconfiar de Netanyahu por su intransigencia y ante la posibilidad de perder influencia en su principal aliado, EEUU. Dentro de Israel comienzan a aparecer voces críticas y discordantes con el modelo de expansionismo militar abogando por el «despertar» de nuevas expresiones.

Una negociación entre EEUU e Irán para poner fin al conflicto, al menos momentáneamente, alteraría esa histórica prioridad que ha mantenido Israel dentro de la política exterior estadounidense. La «línea dura» en Tel Aviv muestra su preocupación ante este eventual escenario de entendimiento entre Washington y Teherán, amenazando así acrecentar unilateralmente el expansionismo regional israelí y una escalada militar sin precedentes en Oriente Medio.

3.

¿Una OTAN para el Golfo Pérsico? Ante el fortalecimiento militar iraní, las monarquías del Golfo Pérsico, principalmente Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin, se verán en la necesidad de procrear nuevos esquemas de seguridad con capacidad disuasiva. Un escenario que confirmaría el aumento del gasto armamentista regional.

Con población de mayoría chiíta, Bahréin e Irak podrían convertirse en escenarios de proxy war para Irán. Esto afectaría a Arabia Saudita, con pretensiones de convertirse en una potencia regional con capacidad militar autónoma.

El fortalecimiento del régimen iraní alterará los equilibrios geopolíticos y militares regionales, con particular incidencia para sus rivales EEUU, Arabia Saudita, Israel y Emiratos Árabes Unidos. En un momento de crisis en sus relaciones con Israel, Washington buscará ampliar sus esferas de influencia en el Golfo Pérsico para seguir manteniendo peso geopolítico en la región, en este caso vía cooperación militar.

4.

Trump y el «Gran Oriente Medio» 3.0. La errática guerra contra Irán ha condicionado algunas de las decisiones de la administración Trump sobre la nueva geopolítica en Oriente Medio.

Washington ha intentado resucitar los Acuerdos de Abraham (2020) como eje disuasivo para ampliar el reconocimiento regional del Estado de Israel y recuperar la iniciativa en Oriente Medio. Pero la actual crisis entre Trump y Netanyahu ha obligado a recapitular algunos postulados geopolíticos en Washington sin necesariamente desarticular la alianza estratégica con Israel. Mantener a Israel como prioridad sigue siendo una política inalterable para Washington pero la realpolitik causada por la ineficaz guerra contra Irán obliga a Trump a ampliar el abanico de opciones.

La reciente visita de Trump a Beijing muy probablemente reestructuró las prioridades de Washington en Oriente Medio. Mientras advertía sobre el «declive estadounidense», el presidente chino Xi Jinping marcaba sus «líneas rojas» en torno a la unilateral política de Trump por reconstruir Oriente Medio bajo los imperativos geopolíticos estadounidenses.

Transcurridos más de dos décadas del plan de George W. Bush del «Gran Oriente Medio» desde Marruecos hasta Pakistán (2004), Trump parece apostar ahora por una versión más reducida que busque equilibrar sus tentaciones unilaterales con un inevitable pragmatismo determinado por la realpolitik.

5.

Depender del petróleo sigue siendo un riesgo. Las secuelas geoeconómicas por el encarecimiento de los precios del petróleo y los desajustes para el comercio mundial derivados del cierre del estrecho de Ormuz obligarán a los países consumidores (EEUU, Europa, China) a reforzar nuevos socios energéticos (Venezuela, Azerbaiyán, Argelia) y acelerar los mecanismos de energía renovables para reducir su dependencia de países productores díscolos con sus intereses (Irán, Rusia).

La guerra de Irán ha reforzado la importancia estratégica de no depender de combustibles fósiles. Más allá de las cuestiones ambientales, los países apostarán por energías renovables para mantener su autonomía respecto a los países productores. Así mismo, el control del Estrecho de Ormuz, ruta por la que transita aproximadamente el 15% del comercio energético mundial, condicionará las relaciones entre EEUU e Irán debido a su importancia geoeconómica.

6.

Un nuevo modelo de guerra. Con ciertas similitudes con el conflicto de Ucrania, la guerra contra Irán ha consolidado una nueva estrategia bélica: la intervención de drones y otros sistemas de armas teledirigidos o autónomos, lo cual obliga a los países a rediseñar sus ejércitos, armas y planes operativos.

La guerra ya no es sólo cuestión de ejércitos, territorios, gobiernos, población y maquinaria militar-industrial. Comienzan a definirse las estrategias de guerra híbrida, proxy wars y ciberseguridad, cada vez con un mayor peso en las nuevas doctrinas de seguridad.

7.

Turquía y Egipto: ¿nuevos frentes de guerra? La escalada de conflictos en Oriente Medio obliga a actores como Turquía y Egipto a impulsar políticas de equilibrio y disuasión principalmente dirigidas a contrarrestar el expansionismo israelí.

No obstante, Tel Aviv no descarta aumentar las tensiones, incluso militares, con estos dos países que buscan emerger como nuevos centros de poder geopolítico.

La tragedia de Gaza afecta directamente a Egipto toda vez la posibilidad de expansionismo israelí hacia Líbano e incluso Siria generaría inestabilidad en Turquía. Ankara ya ha advertido a Tel Aviv ante esta posibilidad, lo cual ha llevado al peor nivel de relaciones entre ambos países. No se debe olvidar que en 1949, Turquía se convirtió en el primer país musulmán en establecer relaciones diplomáticas con Israel. Por su parte, Egipto siguió el ejemplo turco al reconocer a Israel en 1979 tras los Acuerdos de Camp David.

En Turquía observan igualmente con atención cualquier posibilidad de reinicio del irredentismo kurdo en Siria e Irak, tomando en cuenta que, en el caso del Kurdistán iraquí, esta entidad autónoma de facto mantiene niveles de cooperación con Israel y EEUU. El «Gran Israel» de Netanyahu contempla el debilitamiento de Turquía y Egipto, incluso argumentando la colonización de esos territorios.

De escenificarse una guerra entre Israel y Turquía debe recordarse que Ankara es miembro de la OTAN, lo cual comprometería a la Alianza Atlántica a la hora de invocar el artículo 5 de defensa colectiva ante el ataque contra uno de sus países miembro. Un escenario prospectivo clave para la seguridad global si tomamos en cuenta la actual crisis de relaciones transatlánticas, así como la anteriormente mencionada entre Trump y Netanyahu.

8.

Taiwán y Ucrania: ¿víctimas colaterales? China y Rusia tomarán nota de las dificultades militares de EEUU contra Irán principalmente a la hora de ampliar sus respectivas prioridades estratégicas en torno a Taiwán y Ucrania, ambas dependientes de la ayuda militar y política de Washington.

Así, Moscú y Beijing fortalecerán sus alianzas con Teherán, pieza estratégica clave para sus intereses en la región. Por otro lado, Rusia ha retomado la iniciativa en Siria vía acuerdos militares como el reabastecimiento de la base aérea rusa de Jmeimim. La visita a Beijing del presidente ruso Vladimir Putin reforzó la solidez de la alianza estratégica sino-rusa.

El Kremlin toma nota igualmente del distanciamiento entre Trump, la OTAN y Europa aunque las recientes elecciones parlamentarias en Armenia y los acuerdos militares entre Francia, Gran Bretaña y Alemania para seguir ayudando a Ucrania incluso con ataques directos en territorio ruso persuaden a Rusia a prepararse para una eventual guerra contra Europa.

En el caso de Taiwán, Beijing viene acelerando ejercicios navales y aéreos como evidente estrategia disuasiva hacia Taipei y EEUU. Tanto China como Taiwán calculan los efectos del atasco militar estadounidense en Irán y cómo este escenario puede repercutir en la capacidad estadounidense para defender a su aliado taiwanés ante una eventual intervención china en el estrecho.

9.

Europa en fuera de juego. La guerra de Irán ha confirmado la irrelevancia de la Unión Europea, condicionada ante la crisis transatlántica con EEUU, por su dependencia energética (Rusia) e incapacidad diplomática para la resolución de conflictos en Oriente Medio.

De ampliarse el escenario conflictivo regional (Irán-Israel; Líbano; Siria; Palestina; Ucrania), Europa podría verse nuevamente afectada por una crisis humanitaria de refugiados como la acontecida en 2015, pero ahora contextualizada por el auge político y electoral de populismos euroescépticos y antiinmigración dentro de la UE.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG. 

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EL MAR ARGENTINO NO ES UN BIEN GLOBAL COMÚN

Daniel Alberto Symcha*

La caquistocracia es, en el análisis y la crítica política, un concepto que se utiliza para designar sistemas políticos donde el poder es controlado por las personas menos cualificadas, menos aptas, corruptas o más inescrupulosas. La firma entre la Armada Argentina y el Comando Sur de los Estados Unidos para cooperación militar en el programa «Protección de los Bienes Comunes Globales» es un claro ejemplo del momento político de Argentina.

 

La República Argentina atraviesa una profunda crisis estructural, es decir, un conjunto de tensiones acumuladas entre modelos sociales, económicos, un sistema político debilitado y sin liderazgos en una estructura identitaria cultural sistemáticamente fragmentada lo que produce que sectores sociales vivan dentro de marcos simbólicos muy distintos consumiendo y construyendo relatos completamente opuestos sobre la realidad.

Este «magma de significaciones imaginarias sociales», tal como lo definía el sociólogo greco francés Cornelius Castoriadis, es el conjunto profundo de sentidos, valores, símbolos, ideas y representaciones que una sociedad crea y que le permiten darle significado al mundo, organizarse y entenderse a sí misma y elaborar estrategias para la supervivencia.

Ninguna sociedad funciona sólo por la economía, las finanzas, las leyes o instituciones racionales, es necesario un universo de significados compartidos que responda —explícita o implícitamente— preguntas como: ¿qué es lo valioso?, ¿qué es lo justo?, ¿qué es el progreso?, ¿qué merece respeto?, ¿qué es la familia?, ¿qué es la Nación?, ¿qué futuro deseamos?

Por ende, desde el punto de vista del dominio, el centro de gravedad de la sociedad, su núcleo de poder, equilibrio y voluntad va a residir en la cohesión, en ese magma de significaciones imaginarias sociales. En la teoría militar, el centro de gravedad representa el punto focal desde donde un actor direcciona su libertad de acción, fuerza física o moral por lo tanto el objetivo para un enemigo será operar sobre el centro de gravedad para destruirlo y hacer colapsar la resistencia, generar confusión y lograr los objetivos que se propone sobre nuestro territorio. De ahí la importancia de la Diplomacia Pública, las operaciones psicológicas y la guerra cognitiva.

Fuimos y necesitamos ser

Habiendo alcanzado un alto grado de organización social y habiéndose logrado un índice elevado en el concepto del «Estado de bienestar», durante los años 70 la impericia, la ambición y la traición de las clases dirigentes condujo a la República Argentina a una serie de crisis cada vez más profundas que desembocan, 50 años después, en una vulnerabilidad como Nación, nunca vista a lo largo de la historia.

La dirigencia política desde 1983 a la fecha se ha caracterizado por una profunda ceguera respecto de la posición de nuestro país en el tablero geopolítico y, por ende, una nula planificación estratégica que permita el desarrollo de las capacidades nacionales plenas y la defensa del interés superior de la Nación: la cohesión social que permite generar pertenencia a  una comunidad histórica y política común, en un territorio determinado y que creará las condiciones para el desarrollo de cada uno de sus miembros y por ende la grandeza de esa Nación.

La segmentación en la organización política, las operaciones de influencia en la formación de las clases dirigentes de nuestro país facilitaron la vulnerabilidad del nuestro centro de gravedad

Las hipótesis de conflicto

Por definición si existen 195 países reconocidos en el mundo, incluida la República Argentina, nuestro país automáticamente tiene 194 hipótesis de conflicto, es decir, potenciales escenarios de conflicto, confrontación, disputa. El poder político determinará, de acuerdo con los intereses de la Nación, si la hipótesis de conflicto es remota (Muy baja probabilidad), posible (Sin señales a la vista) o probable (Con señales a la vista). Por la potencial intensidad se clasificarán en: baja intensidad, mediana intensidad o alta intensidad y según los actores será de carácter estatal,  interestatal, transnacional o híbrida. Según el ámbito de desarrollo de la hipótesis se tendrá en cuenta si es territorial, económica, ideológica o política, tecnológica o cultural-cognitiva.

La construcción retórica y política del gobierno argentino y de los responsables de cada ámbito institucional no abreva en el pensamiento de Basil Liddell Hart, André Beaufre, Raymond Aron, Hans Morgenthau, Jorge Atencio o Juan Enrique Guglialmelli sino que adoptan un discurso y un hacer político que fragmenta la atención, emocionaliza el debate, transforma la política en espectáculo permanente y dificulta y/o evita los análisis complejos sobre la soberanía económica, la deuda externa, la política energética, los alineamientos geopolíticos, la situación de la industria nacional, la infraestructura, los recursos naturales o el sistema científico-tecnológico.

Sin cohesión no hay interpretación del pecado

La fragmentación del discurso es una herramienta común en la comunicación política que sirve para para modificar cómo una sociedad percibe la realidad, organiza su atención y construye sentido político de acuerdo con sus intereses. Significa romper una visión integrada de la realidad, la atención colectiva deja de concentrarse en procesos estructurales largos y pasa a reaccionar constantemente a una sucesión de impactos inmediatos. De esta manera si la agenda cambia todo el tiempo, la sociedad vive en presente permanente lo cual impide conectar los elementos que constituyen la sociedad, aparece como hechos separados, no como parte de un mismo proceso histórico o político.

Esto no es algo nuevo. Acerca de la estructura discursiva política han escrito entre otros Noam Chomsky, Pierre Bourdieu, Byung-Chul Han, Edward Bernays, Umberto Eco, Arturo Jauretche desde sus análisis sobre colonización cultural y sentido común y Guy Debord en su obra «La sociedad del espectáculo». Ya nuestro Rodolfo Walsh, al escribir sobre el Cordobazo afirmó: «Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas»[1].

Estamos hablando de la disputa por la memoria histórica, el control del relato y la importancia de transmitir experiencias colectivas, algo que presenta una característica única: un proceso sedimentario donde los sentidos, valores, narrativas y percepciones no aparecen de golpe: se van acumulando, estabilizando y naturalizando con el tiempo, las ideas terminan pareciendo naturales aunque sean construcciones históricas sobre formas de ver el mundo previamente instaladas mediante la acumulación histórica de discursos, símbolos y experiencias difundidas.

Palantir y cómo leer al Pato Donald

La degradación de las capacidades productivas del país como así también las de sanidad, educación, defensa, seguridad, comercio interior y exterior y diplomacia, son de dominio público y tienen varios marcos legales que las propiciaron generados mediante leyes votadas en el Congreso de la Nación.

Uno de los falsos relatos instalados en la sociedad argentina fue que era necesario un fuerte proceso de desregulación y generar el escenario para las potenciales inversiones en inteligencia artificial y centros de datos que iban a desembarcar en nuestro país durante el primer semestre de 2026 y que, finalmente, nunca llegaron.

A cambio toda esa ingeniería legislativa sirvió para ceder soberanía. Los acuerdos con las corporaciones tecnológicas donde se difumina el límite entre lo comercial, la seguridad y la defensa, generan una fuerte vulnerabilidad ya que generan dependencia sobre infraestructura, datos, comunicaciones o capacidades estratégicas que quedan bajo control, total o parcial, de corporaciones extranjeras. Los datos hoy son un recurso estratégico y al estar en manos privadas el Estado puede perder capacidad autónoma de decisión.

La trampa en la elaboración del discurso es que las Big Tech están profundamente vinculadas a sus Estados de origen entonces la tecnología deja de ser sólo «comercial» y pasa a ser: geopolítica, estratégica y vinculada a seguridad nacional.

Pero además las Big Tech no sólo administran tecnología, tienen una fuerte capacidad de influencia cultural y cognitiva ya que pueden moldear la información, la capacidad de visibilidad de la misma, utilizar tecnologías persuasivas para concentrar la atención, direccionar el debate público, la circulación de noticias y sobre todo operar sobre algoritmos de recomendación.

Soberanía versus Global Commons

Las capacidades limitadas de quienes dirigen las instituciones en nuestro país, en el campo diplomático o de la defensa nacional se hacen más evidentes.

Según el derecho internacional, particularmente en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se establece que Argentina tiene soberanía sobre el mar territorial, derechos soberanos sobre la ZEE (Zona Económica Exclusiva), y derechos sobre plataforma continental reconocida. Lo que conocemos como Mar Argentino, jurídicamente es argentino, aunque suene redundante, no es un Bien Común Global.

La Armada Argentina y el Comando Sur de Estados Unidos firmaron el programa «Protección de Bienes Comunes Globales» (Protecting Global Commons Program) con una duración de cinco años y se busca reforzar la vigilancia, el patrullaje y el control marítimo lo cual forma parte de la estrategia hemisférica de seguridad marítima impulsada por Estados Unidos para el Atlántico Sur y la proyección hacia el área antártica.

Los Global Commons, denominación inglesa de bienes globales comunes, en lo vinculado al mar son las aguas internacionales donde existe libertad de navegación, de pesca, circulación internacional fuera de jurisdicciones nacionales y rige un régimen internacional marítimo, ningún Estado posee soberanía exclusiva sobre esos espacios.

Argentina se sube al carrusel de ruptura del orden internacional que está llevando adelante Estados Unidos sabiendo que no tiene las capacidades técnicas pero facilitando legalmente la posibilidad de que la US Navy tome como base de operaciones puertos argentinos para terminar de cerrar lo prometido a la Generala Laura Ritchardson y al entonces jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), Almirante Alvin Holsey.

De esta forma una parte de la 4ta Flota que posee base en la Estación Naval de Mayport, ubicada en Jacksonville, Florida, podrá operar desde territorio argentino para controlar tanto el estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake ― o mar de Hoces― como así también las operaciones en la Antártida y en el Cabo de Buena Esperanza, principal ruta comercial cuando hay problemas en el Canal de Suez, el mar Rojo, o Medio Oriente.

La importancia estratégica de nuestros puertos determina que ese pasaje interoceánico con un buque de la clase «Arleigh Burke-class destroyer» tarda entre 8 y 10 días en posicionarse para control o ataque mientras que desde Diego García en el océano Índico tardaría entre 10 y 12 y desde la actual base en Florida tardarían entre 14 y 18 días.

Eso muestra cómo el Atlántico Sur, el Índico, y el extremo sur sudamericano
forman parte de una misma lógica estratégica oceánica global que necesitan controlar los Estados Unidos a partir de la posición estratégica que el actual gobierno argentino cede por migajas.

 

* Periodista. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, Universidad Nacional de La Plata. Investigador de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

 

Cita

[1] Extraído de «Periódico de la CGT de los Argentinos». Colección Completa. Números 1 al 55, mayo de 1968 – febrero de 1970, www.cgtargentinos.org, junio de 2006.

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DESDE LA PERSPECTIVA EUROPEA, ARGENTINA ES UN PARAÍSO PARA EL LAVADO DE DINERO

Gaby Weber (desde Alemania)*

Que el dinero negro pueda legalizarse en Argentina no es nada nuevo. La expresidenta peronista Cristina Kirchner ya había autorizado en dos ocasiones la declaración de capital no declarado ante las autoridades fiscales para su reincorporación a la economía argentina: con la Ley 26.476 (en 2008) y con la Ley 26.860 (en 2013). Pero el nuevo presidente, el ultraderechista Javier Milei, tiene muchas posibilidades de establecer un récord de lavado de dinero, y las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea guardan silencio. Pero el sector bancario privado europeo es menos indulgente y ha incluido al país en su lista de sanciones, secretamente.

La primera ley por el lavado de dinero de Milei entró en vigor en julio de 2024, apenas seis meses después de asumir el cargo. La Ley N° 27.743 fue apodada por los medios argentinos como la «Ley de Blanqueo». De ese modo, el capital de origen dudoso podía transferirse a la Argentina e invertirse sin límite, costos adicionales ni impuestos hasta el 31 de diciembre de 2025. No se requería comprobante de origen. Se estima que más de US$ 20 mil millones de dólares estadounidenses ingresaron al país de esta manera.

De repente, aparecieron enormes letreros anunciando «Aptos para el blanqueo» en obras de construcción por todo Buenos Aires. Sin embargo, algunos funcionarios de la AFIP estaban interesados ​​en saber quiénes se beneficiaban de esta nueva ley y en qué medida. Milei, presumiblemente, consideró esto contraproducente y, por lo tanto, disolvió la AFIP mediante el decreto 953/2024. La nueva agencia, ARCA, estaba integrada por personas de su confianza y se encargaría de los asuntos fiscales y aduaneros a partir de entonces. Sin embargo, como alardeaba el autoproclamado anarcocapitalista, sería menos burocrática, lo que haría que todo el proceso fuera «más accesible y eficiente para el ciudadano».

Miembros del Poder Judicial e incluso de la Iglesia Católica advirtieron que los cárteles de la droga, en particular, explotarían estas nuevas regulaciones ―o mejor dicho la falta de regulaciones―, ya que las políticas sociales neoliberales radicales habían incrementado drásticamente el poder de los narcotraficantes. En los suburbios, el nuevo gobierno reprimió a los grupos comunitarios y recortó los programas sociales; los narcotraficantes llenaron este vacío.

El flujo constante de dólares de los narcotraficantes disminuyó el año pasado, por lo que Milei intentó otra ley para hacerse con el «dinero oculto», como lo denominó el Ministerio de Economía. En enero de 2026 entró en vigor la ley de «inocencia fiscal», que legalizaba los ahorros previamente no declarados. Nadie tenía que demostrar cómo había adquirido su riqueza; se presumía su inocencia y se invirtió la carga de la prueba. En lugar de que el propietario del capital tuviera que probar su origen, el sistema judicial debía aportar pruebas concretas. Incluso los bancos locales percibieron problemas con la seguridad jurídica y el cumplimiento de las obligaciones internacionales contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, desestimó las críticas, decidiendo que una simple solicitud era suficiente y que no se podía exigir ninguna prueba adicional.

También se abolió la normativa que obligaba a notificar automáticamente a las autoridades fiscales las transacciones financieras superiores a 10 millones de pesos, y aún se permitía la compra de bienes inmuebles en efectivo, incluso en pequeños billetes. Esta práctica lleva tiempo prohibida en países vecinos como Uruguay y Chile. Además, se redujeron significativamente las sanciones por evasión fiscal. El Ministerio de Economía pretende controlar los US$ 170.000 millones que sospecha que están bajo del colchón, «ocultos». Se fortalecerán las reservas del Banco Central y se saldarán las deudas externas.

El FMI debería haber dado la voz de alarma y sancionado al país, pero recientemente le ha concedido otro préstamo de US$ 10.000 millones. Y esto es puramente por motivos políticos. Milei apoya incondicionalmente a Donald Trump y Benjamín Netanyahu y ahora quiere privatizar el suministro de agua y la Hidrovía del Paraná.

Su Armada acaba de firmar un memorando de entendimiento con la Cuarta Flota del Comando Sur de Estados Unidos sobre cooperación en materia de «amenazas». En él, las aguas argentinas se consideran un «bien común global», lo que el diario Página 12 describe como una «rendición de soberanía».

Junto con sus homólogos argentinos, los marines estadounidenses planean expulsar a los buques factoría chinos que agotan regularmente los caladeros de la costa. Japón y España hacen lo mismo, pero no se les menciona en este contexto. Milei fue fotografiado en el portaaviones USS Nimitz con su hermana Karina y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno (ex de JPMorgan). El embajador estadounidense presente celebró «una nueva era de profundo acercamiento estratégico».

Es comprensible que el FMI no quiera denunciar a la persona tan útil como lavador de dinero. Sin embargo, en Europa, el sector bancario privado tiene una opinión diferente y sus propias listas de sanciones. Cualquier persona que desee ser cliente del Deutsche Bank, por ejemplo, y que resida en Argentina, es informada de que Argentina es un país de alto riesgo y que no es bienvenida como nuevo cliente.

La Comisión Europea no suele ser mezquina a la hora de imponer sanciones, especialmente cuando las empresas hacen negocios con Rusia o cuando los periodistas supuestamente difunden «narrativas rusas».

La Comisión Europea, mediante el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, del 14 de julio de 2016, identificó terceros países que presentan un alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Su Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una lista de países sometidos a un escrutinio reforzado (la «lista gris»), que se actualiza periódicamente. Esta lista del GAFI contiene cuatro categorías de países de alto riesgo, entre los que se incluyen Rusia y Bolivia[1].

Por razones inexplicables, Argentina no figura en esta lista, a pesar de que existen muchos motivos para su presencia, entre ellos, las leyes contra el blanqueo de capitales del presidente Milei. En las elecciones provinciales del pasado octubre, su principal candidato por Buenos Aires fue José Luis Espert. Poco antes de las elecciones se supo que había sido financiado durante mucho tiempo por el narcotraficante Fred Machado, quien también le había proporcionado los aviones para la campaña. Machado fue extraditado a Estados Unidos y se declaró culpable de lavado de dinero y fraude. Sin embargo, Milei apoya a su amigo, calificándolo de «víctima de una vil campaña mediática».

El dinero negro repatriado no ha impulsado la economía nacional. Desde que Milei asumió el cargo hace dos años y medio, 24.437 empresas han quebrado; la economía no se encontraba en tan mal estado ni siquiera después del confinamiento de siete meses durante la pandemia de COVID-19. Solo las industrias minera y petrolera siguen recibiendo fondos, pero únicamente las empresas extranjeras se benefician de ello.

 

* Nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde 2002 vive en Buenos Aires. Periodista de investigación con varios libros publicados en Alemania y la Argentina, trabaja para medios de todo el mundo, especialmente en lengua alemana. Entre sus libros podemos mencionar: «Los expedientes Eichmann. Los archivos desclasificados que revelan su relación con el sionismo, la Guerra Fría, la bomba atómica y el engaño sobre su secuestro en la Argentina».

 

Cita

[1] Banking Industry 2026. Reportlinker.com, https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2026/rs_03_26_hochrisikostaaten_gw.html?nn=156690 

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