EL GOBIERNO NACIONAL DEBERÁ REINTEGRAR A BUENOS AIRES DOS MIL MILONES DE DÓLARES POR LA PESCA

6 febrero, 2026 SAEEG Deja un comentario

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César Augusto Lerena*

Artículo publicado en Perfil, 6 de febrero de 2026

El territorio continental de la Provincia de Buenos Aires tiene 307.571 Km², pero, el territorio marítimo de esta Provincia, incluido el Mar Territorial, la Zona Económica Exclusiva ZEE (269.020 Km²) y la Plataforma continental extendida (69.828 Km2) es superior al espacio terrestre, alcanzando otros 338.848 Km²; motivo por el cual, la superficie total de la Provincia alcanza a los 646.419 Km². La pregunta que habría que formularse es ¿por qué el gobierno nacional se ha apropiado de estos espacios provinciales? y, ¿cuántos millones de dólares le debe la Nación a la Provincia de Buenos Aires por explotar en forma continuada sus recursos naturales, especialmente los pesqueros? (quedará un análisis posterior la explotación de minerales e hidrocarburos offshore).

Nosotros entendemos que la Provincia de Buenos Aires debería dictar una ley (cuyo texto tenemos elaborado) asumiendo el pleno control (salvo navegación, comercio interjurisdiccional; seguridad y, defensa) y explotación de la ZEE y la plataforma continental extendida y, estimamos, que a la fecha la Provincia de Buenos Aires debería reclamarle al gobierno nacional la devolución de una suma estimada de al menos 1.638 millones de dólares, más actualizaciones e intereses; ya que el Derecho a las exportaciones (DEX, retenciones) y los Derechos a la extracción (DUE) son una apropiación indebida del gobierno nacional de los recursos de la Provincia que afectan el desarrollo industrial, de los pueblos portuarios y el bienestar de su gente.

Además, que cobrar el DUE en función del valor de la exportación de las especies, es una barbaridad, las especies no se capturan procesadas en el mar (ampliaremos sobre ello en un próximo artículo).

Desde la década del 60 y a partir de 1976 sin solución de continuidad, buques extranjeros se apropian de los recursos pesqueros originarios de la ZEE en alta mar, sin ninguna acción del gobierno nacional para erradicar la pesca ilegal, causando un grave perjuicio a Buenos Aires, pese a la legislación vigente, en una elocuente demostración de desinterés del gobierno nacional, pese a los graves daños que esta práctica ocasiona (Art. 5º de la Ley 23.968; Art. 2º de la Ley 24.543; Art. 4º, 5, 21 a 23 de la Ley 24.922).

Por falta de acción de los gobiernos nacionales durante los últimos cincuenta años, la Argentina perdió 12 millones de toneladas de recursos pesqueros por unos 36 mil millones de dólares ya que, según el INIDEP, la FAO y la AGP se descartan 30% de las capturas; sin contar los descartes en alta mar, lo que demuestra la incapacidad del gobierno nacional para administrar el recurso (art. 21º g y m de la Ley 24.922) del que se ha apropiado. Al respecto nos dice Eduardo Pigretti (“Derecho de los recursos naturales”, La Ley, pág. 41, 1971) «El uso de un recurso debe permitir su más conveniente utilización, desde el interés público».

Por razones de espacio reseñaremos (para conocer el informe completo recurrir a la página www.cesarlerena.com.ar) algunas de las cuestiones por la que sostenemos que la Nación se apropia de los territorios marítimos y los recursos pesqueros de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos los originarios, los migratorios y asociados que intervienen en la economía trófica del ecosistema pesquero; del desembarco de estos en la Provincia; del ejercicio de policía en esta materia, afectando el patrimonio cultural de sus pueblos de pescadores, dificultando el desarrollo industrial bonaerense y el bienestar de sus comunidades.

Cuando el gobierno nacional, a través de una legislación amañada y observable, se apropia y administra para sí los recursos pesqueros del mar de la Provincia de Buenos Aires y, lo hace en forma ineficiente y sin interés, como se demostró, por ejemplo, en el proyecto de ley (Proyecto de Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, 27/12/2023) de entregar a buques extranjeros la explotación de los recursos pesqueros en la ZEE, no solo se queda con recursos de la Provincia de Buenos Aires, sino que impide con ello, el desarrollo de los pueblos y ciudades de la provincia, la economía y la salud de su gente; además de no llevar adelante, una política adecuada para erradicar la pesca ilegal extranjera y nacional.

Está en juego el respeto a un verdadero régimen federal que asegure la libre disponibilidad de sus espacios y bienes a la Provincia.

Para ello, en primer lugar, hay que recordar el Preámbulo de la Constitución: «Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional…» (Constitución Nacional de 1853 y 1994), que deja en claro el rol cumplido por las provincias y los derechos no delegados de éstas. De modo tal, que las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al Gobierno federal, y en el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación (Artículo 121º de la Constitución Nacional).

Respecto a los pactos preexistentes que refiere el artículo 121º se añadieron en la reforma de 1860 y dichos “pactos especiales son, precisamente, el de San José de Flores (11/11/1859) y el de Unión de 1860” (José Raúl Heredia, 2024), en los que se precisa en el Artículo V «…salvándose la integridad del territorio de la Provincia de Buenos Aires, que no podrá ser dividido sin el consentimiento de su legislatura».

A ello habría que agregarle el Pacto Federal del 4 de enero de 1831 (Gianello, Leoncio Historia de Santa Fe, p. 394) que en su art. 1º indica: «Los gobiernos de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos ratifican y declaran en su vigor y fuerza los tratados anteriores celebrados entre los mismos gobiernos en la parte que estipulan paz firme, amistad y unión estrecha y permanente; reconociendo recíprocamente su libertad, independencia, representación y derechos» y en su artículo 3º «Las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos se ligan y constituyen en alianza ofensiva y defensiva contra toda agresión de parte de cualquiera de las demás provincias de la República, que amenace la integridad e independencia de sus respectivos territorios». Luego también lo firmaría Corrientes.

La Provincia de Buenos Aires ya tenía derechos sobre el Atlántico Sur y sus recursos cuando «el 5/8/1819 el Gdor. de Buenos Aires Martín Rodríguez habilitó a Jorge Pacheco y a Luis Vernet a cazar lobos marinos y faenar vacunos de Malvinas y, si bien esta operación falló, luego el gobernador de Buenos Aires Manuel Dorrego el 5/1/1828 autorizó a Luis Vernet a que sus colonos tuvieran el usufructo exclusivo de la pesca en Tierra del Fuego, islas Malvinas y demás costas e islas de la República. Por su parte, el 10/6/1829 el citado Gdor. estableció que las islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos serían regidas por un comandante Político y Militar, designando a Luis Vernet, quien se instaló en las Islas y ejerció públicamente su autoridad y jurisdicción, organizando su colonia, prestando especial atención desde las construcciones hasta la faena de lobos, pesca (…) El alegato de Vernet, como comandante del 1/8/1832 fue publicado en el Diario de Sesiones de la Junta de Representantes de la Provincia (Nº 279)» (108. Fondo Luis Vernet; argentina.gob.ar). Finalmente, el día 10 de junio fue instituido como «Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas…» (Ley 20.561 sancionada el 14/11/1973).

La denominación que reciben los espacios marítimos argentinos también son demostrativos de una pertenencia territorial marítima de la Provincia de Buenos Aires. Así vemos que tanto investigadores de la Universidad de la Plata y de Mar del Plata; del CONICET; del INIDEP y hasta del Servicio de Hidrología Naval reconocen cuatro sectores en el espacio litoral: el estuario rioplatense, y el marítimo bonaerense, patagónico y de la Antártida y las islas del Atlántico Sur o fueguino.

A su vez, la Constitución Nacional (Art. 124°) es clara: «Corresponde a las provincias, el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio».

Por Decreto 14.708 del 11/10/1946 se considera que «la plataforma submarina guarda con el continente una estrecha unidad morfológica y geológica (…) considerando como territorio nacional toda la extensión del mar epicontinental y el zócalo continental adyacente…»; es decir, una prolongación natural de los territorios provinciales y, por ende, de su jurisdicción, dominio e integridad territorial.

Además, el proyecto de Constitución Provincial del 19/12/1833 (M. Vidal; D. Alcorta y J. García Valdez, Buenos Aires) rezaba en su art. 1º: «La Provincia de Buenos Aires tiene el exclusivo derecho de gobernarse a sí misma en lo perteneciente al régimen interior, como un estado libre e independiente, y ejercitará por sí todo el poder, jurisdicción y derecho que no sea delegado expresamente por ella al congreso nacional».

La Provincia de Buenos Aires ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la ZEE (Art. 28º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires) y, el art. 1° de la Ley de Pesca Provincial 11.477 indica: «La Provincia de Buenos Aires ejercerá jurisdicción y dominio en sus aguas interiores y en el mar territorial adyacente a sus costas y hasta la máxima distancia que la legislación nacional atribuya como soberanía argentina, sin perjuicio de la competencia atribuida a la Nación para las materias específicamente delegadas e insertadas en la Constitución Nacional» y, precisa en su art, 2°: «Extenderá dicho dominio más allá de la distancia que la legislación nacional atribuye como soberanía argentina sobre los recursos biológicos de carácter migratorio o aquellos que intervienen en la cadena trófica de las especies sujetas a su dominio».

Es necesario también, tener en cuenta, que la Provincia de Buenos Aires al adherir a la Ley 24.922 hizo reserva expresa de que la misma no supone menoscabo alguno sobre el dominio y jurisdicción de la Provincia que, reivindica para sí, del mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos pesqueros de la ZEE en base a lo previsto en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley 11.477 (Fundamentos y Art. 4 Ley 12.558).

La Ley de Espacios Marítimos y Líneas de Base (26.386) tiene por objeto fijar las líneas de base de Argentina; no, apropiarse de los territorios y recursos de las provincias, ya que, si fuese así, deberíamos interpretar que también se estaría apropiando del territorio y los recursos dentro del mar territorial (12 millas) en el art. 3º de la Ley.

Por otra parte, las normas nacionales sobre conservación de los recursos se aplican más allá de las 200 millas sobre las especies de carácter migratorio o sobre aquellas que intervienen en la cadena trófica de las especies de la ZEE (Art. 5º Ley 23.968); de tal modo, que la Nación no podría desconocer los derechos de Buenos Aires sobre sus recursos migratorios originarios y los asociados que intervienen en la ecología trófica de esos recursos, porque sería desconocer su propia sobre los recursos migratorios que migran a alta mar y sus asociados (Art. 5º Ley 23.968; art. 2º inc. c Ley 24.543 de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y los art. 4º, 5d, 21e, 22 y 23b de la Ley 24.922).

A su vez, el art. 7.1.2 del Código de Conducta de la FAO refiere: «En las zonas bajo su jurisdicción nacional, los Estados deberían tratar de determinar quiénes son, dentro del propio país, las partes pertinentes que tienen un interés legítimo en la utilización y ordenación de los recursos pesqueros…». La Nación no explota recursos son las empresas radicadas en las provincias quien lo hacen. Por el contrario, el gobierno nacional lo ha hecho de facto en perjuicio de la Provincia de Buenos Aires a través de las leyes 23.968 y 24.922 en detrimento de sus derechos no delegados y, porque al hacerlo, lo hace con la más absoluta arbitrariedad, mediante una interpretación antojadiza de los artículos 3º, 4º, 33º y 55º de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR); porque en la ley 23.968 (antedatada a la CONVEMAR) se transformó la soberanía argentina de 200 millas en una ZEE, con todas las connotaciones soberanas, etc. que no necesariamente debía significar reducir el dominio y jurisdicción de las provincias a 12 millas como indica el artículo 3º de la Ley 24.922. Por su parte, el Código en su art. 11.1.5. indica: «Al formular las políticas nacionales para el desarrollo y la utilización sostenible de los recursos pesqueros, los Estados deberían prestar la debida consideración a la función económica y social del sector pesquero empleado en las actividades posteriores a la captura», cuestión que el gobierno nacional no realiza ni ha tenido en cuenta, apropiándose de recursos de la Provincia.

Asimismo, la Provincia de Buenos Aires no ha cedido tampoco la jurisdicción de sus buques que tienen asiento en sus puertos provinciales y, conserva intactas sus facultades de policía, en el mar, los puertos (mediante un Convenio firmado con la Prefectura Naval Argentina) y el continente. Tampoco el régimen laboral y facultades sancionatorias dentro de la jurisdicción prevista en la Constitución Nacional, Provincial y en la Ley 14.477 (art. 15º y 166º inc. 5 de la Constitución Provincial; art. 12º inc.2, 4, 5 y 6 y 13º inc. 3 del CPCA; Dec. 3.237/95; Ley PBA 11.449; Ley PBA 12.008 y, Ley PBA 15.057).

A su vez, el gobierno actual pretendió extranjerizar el mar argentino en el proyecto de reforma de la ley de pesca, parte integrante de “la Ley de Bases”. Una iniciativa destinada a desatenderse definitivamente de la explotación, la conservación y soberanía del mar argentino en perjuicio de la industria instalada en tierra, sus trabajadores y el desarrollo de las provincias de litoral marítimo, entre ellas la Provincia de Buenos Aires (Artículos 242º a 253º del proyecto de Ley, 27/12/2023). Si se hubiese aprobado habría quebrado la actividad pesquera de capitales nacionales y extranjeros radicada en la Argentina.

No queremos apartarnos de la Provincia de Buenos Aires; pero, no podemos dejar de decir que: limitar la jurisdicción de Tierra del Fuego al mar territorial a las 12 millas haría inviable económicamente a Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, en el caso de recuperarse la soberanía plena prevista en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

Con esta decisión que debe llevar adelante la Provincia de Buenos Aires, podría estar promoviendo entre los gobiernos del litoral marítimo la aplicación de un verdadero régimen federal que garantice los derechos sobre los recursos naturales no delegados a la nación, recuperando la libre disponibilidad de los espacios y bienes de estas Provincias, el desarrollo de los pueblos y ciudades, su economía, cultura y salud de la gente; el trabajo y sustentabilidad empresaria.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar.

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Cultura, PENSAMIENTO CRÍTICO

PENSAMIENTO CRÍTICO Y ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA

3 febrero, 2026 Marcelo Javier de los Reyes Deja un comentario

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Marcelo Javier de los Reyes*

«La gente exige la libertad de expresión como compensación por la libertad de pensamiento que rara vez utiliza».

Sören Kierkegaard (1813 – 1845)

El 4 de diciembre de 2025, por iniciativa del entonces diputado nacional Julio Pereyra (mandato cumplido), llevamos a cabo una presentación en el Consejo del Partido Justicialista de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires.

La presentación fue dirigida a jóvenes menores de 35 años y para ello conté con la colaboración de otros miembros de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), me refiero a Daniel Alberto Symcha y a Nicolás Dallavalle.

En el comienzo de la exposición me referí al «silencio», algo a lo que actualmente parece que un gran número de personas le teme. Es que vivimos en un «ruido» permanente. Sin embargo, el silencio no significa que no haya comunicación. Lo gestual, la comunicación no verbal es comunicación y, por cierto, muy importante.

También hice hincapié en las imágenes, porque no es lo mismo pensar en las imágenes del siglo XIX o de épocas anteriores ―silenciosas, calladas― que ver los videos que hoy nos asedian a través de las redes sociales y toda pantalla que tengamos cerca.

Todo este ruido nos impide tener nuestras necesarias «pausas reflexivas», nuestro encuentro con nosotros mismos, esas pausas que nos alejan de la alienación. Y ¿qué tiene que ver con el pensamiento crítico? Mucho.

Ya hace tiempo que vivimos en lo que se ha denominado «la era de la información» pero en verdad vivimos en un ruido permanente, inmersos en una «infraestructura mediática» que no nos permite distinguir la información de la desinformación y/o de la manipulación.

Hemos pasado en pocos años de las tecnologías de la revolución industrial a las tecnologías de la cibernética, las que favorecieron la comunicación, pero también la incomunicación de las personas porque por un lado nos podemos comunicar con facilidad y en tiempo real pero, por otro, nos aislamos.

Ya en los años 90 del siglo pasado, algunos pensadores nos advirtieron de los problemas que nos traerían los avances tecnológicos. Uno de ellos fue el francés Paul Virilio (1932 – 2018), autor de El cibermundo, la política de lo peor, quien nos alertaba de los peligros de la revolución cibernética, de la «aceleración», y advertía sobre el «accidente general». Ya no se trataba de un accidente puntual como el del Titanic o del descarrilamiento de un tren sino de un accidente más abarcativo que afectaría a la totalidad del mundo.

Bien, recordemos el gran corte de energía que ocurrió en nuestro país en la mañana del domingo 16 de junio de 2019 que afectó también a Uruguay y el gran corte de electricidad que afectó a España y Portugal el 28 de abril de 2025, causando apagones masivos que paralizaron el transporte y la actividad comercial en la Península Ibérica y en el sur de Francia: muchas personas se encontraban con que no podían regresar a sus casas o viajar al trabajo porque se paralizaron los transportes o porque todo dependía del dinero electrónico. Si dependen de una billetera electrónica es probable que no puedan ni comprar una botella de agua en el kiosco. Interesante para los defensores del dinero electrónico.

Volvamos al ruido y a la forma agresiva en que una información se monta sobre otra no nos da tiempo o no nos permite distinguir entre la verdad y la «media verdad» o la noticia falsa.

A esto sumemos las redes sociales, un constante bombardeo de palabras expresadas en pocas líneas, imágenes y videos que constantemente están captando nuestra atención … en realidad, provocando intencionalmente nuestra distracción.

En este entorno de ruido, ¿quién verdaderamente está pensando? O, dicho de otro modo, ¿quién está pensando libremente?

A mi criterio, hoy no hay palabra más bastardeada que la de «libertad» y no hay mayor confusión que la de creer que la libertad proviene del exterior. Muy por el contrario, la libertad está en nuestro interior, porque más importante que la libertad de expresión es la libertad de pensamiento y para pensar debemos apaciguar los ánimos, debemos alejarnos del entorno ruidoso porque todo ese ruido nos agobia y esas circunstancias que provienen del exterior nos limitan.

Entonces, no se trata de modificar la realidad, lo que es una vía hacia el fracaso, sino de la adopción de una postura diferente frente a esa «infraestructura mediática», una postura que nos lleve hacia una libertad interior, hacia una gobernanza de uno mismo, de nuestras emociones y recuperar o asumir la valentía de poder pensar de manera diferente a como piensa la «manada».

Dicho de otro modo, que dejemos de pensar a partir de lo que escriben o dicen otros y que pasemos a desarrollar un «pensamiento crítico».

Debemos distinguir entre las «imágenes mediáticas» y la «realidad» que percibimos a partir de desarrollar nuestro pensamiento crítico, el cual nos permite determinar cómo los medios de comunicación y las redes sociales nos deforman esa realidad.

El sociólogo y activista político Todd Gitlin (1943 – 2022) decía que «la noticia es una trama cognitiva», «un producto industrial que promueve ideas e ideologías» que puede inducir a un cambio social. La información que recibimos tiene un objetivo claro y no es el de «informarnos» sino el de manipularnos y tiene su origen en unas pocas grandes agencias de noticias ―las que denomino como las «mayoristas de la información»― y utilizan como vehículos intermediarios a los medios y a los que aún hoy siguen llamando «periodistas», verdaderos «operadores políticos», mercenarios, empleados de medios que responden a diversos intereses, a medios que son parte de corporaciones económicas que influyen en la sociedad y en la cultura de esa sociedad para favorecer sus intereses económicos y políticos. Al menos así funciona en el mundo occidental, en el «mundo libre».

La humanidad convive en un entorno de medios de comunicación y de redes sociales que son un producto industrial diseñado por estudios psicológicos y desarrollo tecnológico. Si asumimos esta manipulación podremos comenzar a darnos cuenta de que el árbol no nos debe tapar el bosque.

Se dice que la información es poder, pero habría que hacer algunas salvedades sobre esa remanida expresión. Por un lado, saber distinguir si determinada información es fidedigna. En tal sentido, también es preciso conocer la fuente. Si es un medio, saber si es confiable, si es un periodista o un investigador, conocer su ideología o su pertenencia a una determinada institución, quién financia a esa institución, etc.

El «torrente mediático» afecta nuestra capacidad de memorizar, nos provoca un déficit de atención, nos hace menos sociables, afecta nuestra memoria, promueve el individualismo, incrementa nuestros sesgos cognitivos. En síntesis, el bombardeo de información afecta nuestro modo de pensar y nuestra conducta.

Es claro, vivimos en una «omnipresencia mediática».

Como ya he expresado, hoy el lector, el oyente y el televidente recibe la información «masticada» por «opinólogos», empleados por estos multimedios con la intención de «orientar» al ciudadano de a pie en lo que debe pensar.

Los medios no sólo invaden nuestros hogares sino también todo lo que nos rodea. Entramos a un bar o a una confitería, a un local cualquiera, y por lo general hay algún televisor encendido, aunque quizás sin volumen, pero la imagen nos interpela. Ahí estamos en esa transición de homo sapiens ―producto de la palabra escrita― al homo videns de Giovanni Sartori. Sartori nos dice que para el homo videns «la palabra está destronada por la imagen». En un artículo que publiqué en 2023, titulado «El arte de pensar», ya me referí a Sartori y a cómo las imágenes y las pantallas atentan contra nuestro pensamiento abstracto. Tras tres décadas desde que Sartori nos alertara sobre ello, el pensamiento abstracto y el pensamiento crítico están en peligro de extinción.

Quizás, dado que he hablado del ruido y del silencio, sea apropiado aquí citar a Deepak Chopra:

Sin silencio no puede existir una apreciación real en la vida, la cual es tan delicada como un capullo de rosa cerrado.

El silencio nos ayuda a incrementar nuestra percepción.

Claro, la desinformación tiene objetivos y en muchos casos se ha logrado imponer mentiras como parte de la historia de la humanidad. ¿Cómo nos desinforman? Con las denominadas fake news, falsas noticias, con un «exceso» de información sobre un determinado tema, lo que procura desinformar o tapar algún otro tema que se evita que llegue a conocimiento del público.

Como parte de la desinformación, paradójicamente, también existen agencias de noticias y ONGs que dicen combatir la desinformación pero que lo hacen desde sus propios puntos de vista, sus sesgos y sus intereses … o responden a quienes financian su existencia. No se olviden de mirar en sus páginas webs, si tienen, quienes les proporcionan sus recursos.

No hay que olvidarse de la «propaganda», utilizada por todos los gobiernos desde hace mucho tiempo. En 1917, el presidente Woodrow Wilson creó el Comité de Información Pública, un aparato de propaganda para convencer a sus ciudadanos de involucrar a los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, comité mediante el cual se divulgaban noticias y publicidad que sería el origen de la moderna propaganda de Estado.

Cabe mencionar que, en 1928, Edward Bernays ―sobrino de Sigmund Freud― publicó su libro Propaganda destinado a que «personas invisibles» produzcan un cambio social en las masas, moldeando el pensamiento, los valores y la respuesta de los ciudadanos. Introdujo el concepto de «Ingeniería del consentimiento». El gobierno invisible es el verdadero gobierno.

Por todo lo expuesto, debemos desarrollar los anticuerpos para identificar las noticias falsas y desarrollar, asimismo, lo que Edward De Bono (1933 – 2021) definió como «pensamiento lateral»:

Igual que el pensamiento vertical, el pensamiento lateral es un modo de usar la mente. Constituye un hábito y una actitud mental.

Primero, es relevante comprender que poseer mucha información no implica un adecuado manejo de ésta. Como ha expresado Carl Sagan (1934 – 1996):

Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es sólo información, sino también juicio para manejarla.

Por tanto, cantidad no es calidad pero el análisis de la información es esencial.

Segundo, es importante ir abandonando el «pensamiento lineal» para desarrollar el «pensamiento lateral». Sin este pensamiento se nos hará difícil comprender la realidad en estos tiempos vertiginosos y de incertidumbre.

Tercero, hay que empezar por dudar de todo. René Descartes (1596 – 1650) la tenía clara. Cuando recibamos una noticia o un video, por ejemplo por Whatsapp, o cuando lo vemos en una red social, y nos genera mucha indignación o rabia de manera inmediata, hay que frenar y pensar. Es muy probable que estén usando nuestras emociones para manipularnos, por lo que antes de reenviarlo es mejor pensar y analizar de qué se trata y cuál es el objetivo.

Tip clave: si una noticia te genera mucha indignación o rabia inmediatamente, ¡FRENA! Es muy probable que te estén usando tus emociones para manipularte.

He aquí algunas pistas:

- No limitarse a leer los títulos de las noticias. Leer la noticia entera. Confirmar si el contenido es coherente con el título.
- Confrontar la noticia con otras fuentes. Triangular la información.
- Escribir el título de la noticia en un buscador.
- Averiguar la fuente de la información: periodista, autor, medio, fundación, financiamiento del medio o de la ONG, la pauta publicitaria, etc.
- Verificar los datos, cifras y demás información proporcionados por la noticia o el artículo.
- Verificar la fecha de publicación. Muchas veces se distribuyen noticias que son viejas.
- Verificar el contexto de la publicación.
- Si se trata de una parte de la noticia, de un video o de un audio, corroborar que no haya sido sacada de contexto.
- Si la recibimos de un contacto, preguntarle de quién la recibió y si verificó la información.
- Desconfiar de los audios. Muchas veces están «armados» con la intención de confundir o desinformar. Este es un fenómeno que abunda en WhatsApp en determinados contextos políticos.
- Si se trata de una imagen, buscarla en un buscador para verificar si es real o está sacada de otro contexto o si ha sido adulterada.

No hay que olvidarse lo que oportunamente nos recomendó Abraham Lincoln:

¿Qué nos queda?

Como docente siempre me propuse algo al entrar a un aula: provocar el debate para llevar a la reflexión y motivar los hábitos de lectura, incluso los que están más allá de nuestras necesidades profesionales. La lectura de textos filosóficos, históricos, teológicos y de ficción, por citar algunas temáticas, contribuyen a la generación de un pensamiento creativo y la lectura de libros de textos de cierta complejidad nos ayudarán a desarrollar un pensamiento crítico que, como podrá observarse, tiende a desaparecer por efecto de los medios masivos de comunicación y del uso de las redes sociales que, por otro lado, ocasionan un empobrecimiento de nuestro vocabulario.

Ya nos lo advirtió el escritor español nacido en 1951 en Cartagena, autor de más de dos docenas de novelas ―entre ellas Territorio Comanche, El capitán Alatriste, El Club Dumas, El pintor de batallas, Falcó, El italiano) y ex corresponsal de guerra en el Líbano, África, Chipre, El Salvador, los Balcanes…, el español Arturo Pérez Reverte:

Las redes son formidables, pero están llenas de analfabetos, gente con ideología pero sin biblioteca, y pocos jerarquizan. Es el lector el que debe discernir e interpretar. Dan igual valor a una feminista de barricada que a un premio Nobel.

También pronosticó que «El mundo que viene es audiovisual. La letra impresa está condenada a desaparecer. Tardará más o menos. Pero no hay que dramatizar». Una coincidencia de opinión con Sartori.

En la actualidad la información nos atropella y nos invade en todos los ámbitos y sólo podremos discernir lo que nos llega o se nos quiera imponer si estamos armados intelectualmente para filtrarla o para silenciarla si es necesario.

Como lo expresé en un artículo publicado en 2025, asistimos a una «contrarrevolución cultural». Sólo podremos lograr esto si desarrollamos un pensamiento crítico. La realidad es que se está llevando a cabo ―al menos en el mal denominado «mundo occidental»― una «contrarrevolución» frente a la «revolución» que se inició con la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el año 1440, la revolución que introdujo paulatinamente al ser humano en la lectura.

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro «Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones», Buenos Aires: Editorial Almaluz, 1ª edición 2019, 2da edición 2024.

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ARGENTINA

CONFLICTO DE INTERESES, SOBREPRECIOS Y CORRUPCIÓN EN LA PESCA (NOTA 4/4)

30 enero, 2026 SAEEG Deja un comentario

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César Augusto Lerena*

Artículo publicado originalmente en FIS & SeafoodMediaGroup, 30 de enero de 2026.

Nos hemos venido refiriendo en anteriores escritos a la adquisición y construcción en el extranjero de nuevos buques al INIDEP y debemos observar que el objetivo de optimizar la actividad que sostenía el director Otto Christian Wöhler de mejorar la calidad y cantidad de investigación no se ha cumplido.

Los días promedio anuales ideales para un Buque de Investigación Pesquera en la Zona Económica Exclusiva y más allá de las 200 millas según estándares internacionales (FAO, CCAMLR, ICES) y la propia planificación histórica del INIDEP y de países comparables (Uruguay, Chile, Noruega, Nueva Zelanda) para un buque de investigación moderno debería navegar entre 220 y 280 días al año para considerarse óptimo y rentable. Este rango es el que utilizan los organismos científicos y los financiadores (BID, PNUD, GEF) al evaluar proyectos. Pero el promedio real del total de la flota del INIDEP (2018-2025) es de 170-190 días/año, es decir los buques operan un 65/75% de los estándares científicos y de gestión pesquera sostenible. No se puede poner al frente de uno de los Institutos de Investigación más importantes del mundo en manos de incapaces.

Además, el objetivo que llevó incluso a violar la legislación vigente respecto a la construcción naval nacional, no se cumplió.

Al respecto es interesante transcribir parte de la nota enviada por el Presidente de CAPEAR ALFA Mariano Retrivi al director Otto Wöhler: «He leído con detenimiento sus declaraciones recientes en la Revista Puerto y no puedo sino expresar mi más profundo asombro y desaprobación (…) Es inadmisible que, a pesar de contar con buques nuevos, el INIDEP siga mostrando una alarmante incapacidad para mantener su operatividad. La realidad es que los problemas de mantenimiento y gestión reflejan una ineficiencia manifiesta y, usted mismo reconoce que esta situación se debe a una constante necesidad de 7 millones de U$S anuales en recursos financieros.

¿Cómo es posible ―continúa Retrevi― que, teniendo buques nuevos, se necesiten tantos fondos adicionales? Lo que resulta aún más indignante es que espere resolver estos problemas mediante incrementos en los derechos de extracción (…) Es inaceptable que la financiación de campañas dependa en gran medida de los aportes del sector privado. Esta situación demuestra una clara deficiencia en la gestión pública y una falta de responsabilidad del Instituto. Es seguir pidiéndole plata al privado para gastarla en el Estado de manera ineficiente. Nos obliga a preguntarle: ¿Qué hace con el presupuesto, sí, para hacer campañas, necesita de fondos de los privados? (…) Sus declaraciones no sólo reflejan una grave irresponsabilidad, sino también una falta de respeto hacia los armadores privados, quienes han demostrado ser eficientes gracias a su arduo trabajo y no simplemente por tener “plata disponible” (…) Su comentario despectivo hacia los empresarios demuestra una falta de comprensión y de respeto hacia quienes realmente sostienen la producción pesquera argentina. Señor Wöhler, es imperativo que se enfoque en soluciones reales y eficientes que verdaderamente fortalezcan el INIDEP sin recurrir constantemente a mayores presupuestos ni depender de los privados. Nuestro sector pesquero merece una gestión competente y comprometida con la mejora continua y la sostenibilidad, no excusas y promesas vacías».

Por su parte, un observador del proceso licitatorio manifestó a quien lo quisiera escuchar: «en la actual situación que vive nuestro país se plantee una licitación de esta envergadura a poco tiempo de finalizar el gobierno; teniendo en cuenta que las actuales autoridades del INIDEP han demostrado su total incapacidad para administrar su actual flota; pese a los dos nuevos buques, estuvieron mucho tiempo parados, con desperfectos técnicos y/o certificados caídos, obligando a suspender diversas campañas de investigación».

En lugar ―sigue― de importar nuevos buques que aumentan el endeudamiento externo y afectan la industria local, tal vez lo más conveniente sería “importar” funcionarios eficientes que sepan administrar los buques existentes y tengan más patriotismo. No se trata de importar buques “de última generación” ―que podría haberlos construido la Argentina― sino de una Dirección del INIDEP y Dirección de Investigación poco competente».

Entendemos que al importar los buques no se ponderó el importante valor agregado que genera la construcción naval en la Argentina y la dependencia tecnológica, lo que significó, además de una importantísima pérdida, el debilitamiento de la autonomía y soberanía nacional. Ha sido una importantísima fuga de divisas al exterior y procedimientos que la justicia debería investigar con mayor profundidad, además de analizar los patrimonios de todos los funcionarios intervinientes en el país y en exterior que puedan tener alguna vinculación con la construcción de estos buques de investigación.

Ahora, la cuestión no se limitó ―gravísima― a construir los buques en el exterior, sino que el entonces Director del INIDEP avanzó: “Un armador privado le va a dar eficiencia al manejo de los barcos” (Pescare, 17/05/2017). Las declaraciones de Wöhler son realmente increíbles viniendo de un agente público que, su sueldo, capacitación y perfeccionamiento se lo paga el Estado desde 1980. Parece una declaración del ministro Desregulador Federico Sturzenegger; pero no, es un funcionario público que ha vivido del Estado treinta y años (hoy cuarenta y seis).

El entonces director del INIDEP Wöhler confiaba «en el proyecto “que maneja” para torcer una historia marcada por los problemas técnicos, el conflicto y la inactividad en los últimos años»; proyecto, que a la luz de los resultados ha resultado un fracaso, a la par de violar toda la legislación vigente. El proyecto “que maneja” parecía ser tercerizar el manejo de las embarcaciones, afectando a los tripulantes del INIDEP y llevando adelante una privatización encubierta de la actividad que la legislación vigente reserva al estado nacional, cuyos resultados -como hemos dicho- está por debajo del estándar científico y, si bien este Director refiere en esa oportunidad (Ob. cit. 17/05/2017) que ya se contrata personal a través de ArgenINTA, se trata claramente de una intermediación -que habría que investigar- que precariza el trabajo del empleado público y el vínculo y su pertenencia con la Institución y, manifestar que la falta de eficiencia en la provisión y el armado de los buques de investigación «se resuelve con un armador privado, con capacidad para tomar decisiones rápidas y darle eficiencia al manejo de los barcos» dejando en evidencia la incapacidad de este Director para administrar la cosa pública, ya que con este criterio, el siguiente paso sería privatizar la investigación y el INIDEP.

Los conflictos gremiales que refiere no son unilaterales sino son una prueba de la inhabilidad para administrar la investigación que incluye -necesariamente- las campañas de estudios in situ a través de los buques afectados a esta tarea y para ello, se requiere -entre otras cosas- llevar adelante una equiparación de salarios y la instrumentación legal necesaria para tener en tiempo y forma los medios, insumos y reparaciones que fueran necesarias para que operen los buques. Si se aplicase esta política del director, habría que privatizar Aerolíneas Argentinas, los Hospitales y cuanta Institución requiere de un Presupuesto y una programación adecuada que, habiendo transcurrido décadas de actividad, permiten tener una previsión.

Este método de tercerizar las operaciones de los buques del INIDEP y haciendo referencia a que «países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, y España lo utilizan» (Karina Fernández, Revista Puerto, 15/05/2027) es obvio que encarecerán los costos de la investigación por cuanto las empresas concesionadas además de prever la totalidad de costos de la operación ―entre los cuales se encuentran los salarios de Convenio a la tripulación― deberán, obvio, tener su utilidad. En síntesis, lo que se propone es encarecer la investigación para suplir la incapacidad de la Dirección del INIDEP y, además, que todo el personal de una empresa privada pueda disponer de la investigación antes de las propias autoridades del Instituto, violando la ley de 24.922 (Art. 13°).

Pero, la política privatizadora de Wöhler no tiene límite y no le alcanza con construir los buques de investigación en el extranjero, sino que no le alcanzaría que lo opere un armador argentino y según él debería estar asociado a una empresa extranjera (Ob. cit. 15/05/2017): «La idea es que lo maneje una empresa privada, que según el pliego de licitación debe ser argentina asociada con una empresa internacional con experiencia en buques de investigación (…) creemos que la experiencia de las empresas que ya manejan buques de investigación es importante para este caso, pensamos que un armador local no era suficiente, quizás nos equivocamos, o no, pero lo armamos de esa manera. Creemos que la conjunción de un armador local que conozca el medio es muy útil pero que necesitará el auxilio de una empresa internacional, sobre todo en lo que es mantenimiento de equipos científicos porque no hay ningún armador local que esté acostumbrado a ese tipo de trabajos (…) el pliego se bajó cuando evaluamos los costos totales para este año. Debimos desestimarla porque efectivamente superaba el presupuesto que hoy tenemos disponible». ¿con qué formación cuenta un biólogo para evaluar la capacidad de operación de un armador argentino? Sinceramente una evaluación inconsistente que prejuzga -nuevamente- sobre las capacidades de los constructores, armadores y capitanes argentinos y, que, en todo caso, recién podrían ser evaluados una vez publicadas las exigencias y abiertos los sobres de los oferentes.

La contradicción de Wöhler respecto a privatizar la operatoria de los buques de investigación del INIDEP es insólita; ya que, mientras sostiene que los buques de investigación argentinos deben ser operados por armadores extranjeros, en la reunión informativa que realizó en 2015 junto a la Comisión Técnica (Mar y Pesca. Noticias Patagónica, 28/12/2015) indicó que los barcos que se tomaron como referencia eran el RV Ramón Margalef (España, 2011); el RV Ángeles Magariño (España, 2011); el RV Solea (Alemania, 2004) y el RV Celtic Explorer (Irlanda, 2002). Todos buques que son operados por el Estado. El Margalef y Magariño por el Instituto Español de Oceanografía (OIE) para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); el Solea por la Oficina Federal de Agricultura y Alimentación (BLE) para el monitoreo científico del Instituto de Pesca Marítima y, el Celtic Explorer por el Instituto Marino de Irlanda.

No se entiende esta política contradictoria del entonces director del INIDEP. Por un lado, promueve la construcción de buques de investigación en el exterior y, por otro, promueve que estos buques los operen empresas. En muchas oportunidades el INIDEP ha utilizado buques comerciales para efectuar las investigaciones. En este afán privatizador ¿porque no licita directamente la investigación donde el operador provea el buque para hacerlo? Nosotros entendemos que la investigación -incluso la que se realiza mediante buques- la debe llevar el Estado; pero, es un verdadero absurdo que el Estado deba compre -con dinero que no tiene- los buques y los opere un tercero. Si no fuera que nos estamos acostumbrando a los absurdos podríamos estar detectando un tufillo a curro.

Por otra parte, la idea que acompaña y mantiene Otto Wöhler de crear una Agencia Nacional de Buques que expresaba en esa ocasión (Ob. cit. 15/05/2017) no es otra que sacarse la responsabilidad de una de las patas principales de la investigación autónoma. Mañana les tocará el turno a los gabinetes de investigación y a cuanto estudio científico; en su criterio, podría haber laboratorios privados más eficientes.

Tienen razón los gremios. Este señor trabajaría con sus propuestas que vacían al INIDEP. Este tipo de planes sirven para desacreditar al Estado y, dan pie a privatizar todo.

Ya nos referimos en una nota anterior sobre acordar con la prefectura las operaciones de los buques de investigaciones. En materia de bajar costos ―con ese criterio― toda la flota pesquera argentina comercial debería acordar con la Prefectura y militarizamos el país. Nos suena a épocas donde los ministros se repartían en el Ejército, la Armada y la Fuerza Área, según la afinidad temática. No han heredado una cultura marítima y pesquera los hijos y nietos de pescadores y se forman miles de tripulantes para que un día digan militaricemos que es más barato (Pescare, 03/10/2017). A propósito, la Asociación Argentina de Capitanes expresó: «Una cosa es navegar y otra pescar. El convenio con Prefectura viola deberes de ambas instituciones”, manifestó el secretario general de la entidad, Jorge Frías».

En base a los antecedentes que hemos venido desplegando, hemos observado un afán privatizador a cualquier precio del entonces director del INIDEP y hoy director de Investigación del INIDEP Otto Wöhler, una vocación pocas veces vista en un agente público; que, como hemos dicho, el Estado ha capacitado y perfeccionado.

No sabemos si no habrá nuevas notas sobre este tema, sinceramente, hemos recibido mucho material para seguir haciendo, aunque creemos que es la hora de la justicia.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana.

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