PENSAMIENTO CRÍTICO Y ALFABETIZACION MEDIÁTICA

Marcelo Javier de los Reyes*

«La gente exige la libertad de expresión como compensación por la libertad de pensamiento que rara vez utiliza».

Sören Kierkegaard (1813 – 1845)

 

El 4 de diciembre de 2025, por iniciativa del entonces diputado nacional Julio Pereyra (mandato cumplido), llevamos a cabo una presentación en el Consejo del Partido Justicialista de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires.

La presentación fue dirigida a jóvenes menores de 35 años y para ello conté con la colaboración de otros miembros de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), me refiero a Daniel Alberto Symcha y a Nicolás Dallavalle.

En el comienzo de la exposición me referí al «silencio», algo a lo que actualmente parece que un gran número de personas le teme. Es que vivimos en un «ruido» permanente. Sin embargo, el silencio no significa que no haya comunicación. Lo gestual, la comunicación no verbal es comunicación y, por cierto, muy importante.

También hice hincapié en las imágenes, porque no es lo mismo pensar en las imágenes del siglo XIX o de épocas anteriores ―silenciosas, calladas― que ver los videos que hoy nos asedian a través de las redes sociales y toda pantalla que tengamos cerca.

Todo este ruido nos impide tener nuestras necesarias «pausas reflexivas», nuestro encuentro con nosotros mismos, esas pausas que nos alejan de la alienación. Y ¿qué tiene que ver con el pensamiento crítico? Mucho.

Ya hace tiempo que vivimos en lo que se ha denominado «la era de la información» pero en verdad vivimos en un ruido permanente, inmersos en una «infraestructura mediática» que no nos permite distinguir la información de la desinformación y/o de la manipulación.

Hemos pasado en pocos años de las tecnologías de la revolución industrial a las tecnologías de la cibernética, las que favorecieron la comunicación, pero también la incomunicación de las personas porque por un lado nos podemos comunicar con facilidad y en tiempo real pero, por otro, nos aislamos.

Ya en los años 90 del siglo pasado, algunos pensadores nos advirtieron de los problemas que nos traerían los avances tecnológicos. Uno de ellos fue el francés Paul Virilio (1932 – 2018), autor de El cibermundo, la política de lo peor, quien nos alertaba de los peligros de la revolución cibernética, de la «aceleración», y advertía sobre el «accidente general». Ya no se trataba de un accidente puntual como el del Titanic o del descarrilamiento de un tren sino de un accidente más abarcativo que afectaría a la totalidad del mundo.

Bien, recordemos el gran corte de energía que ocurrió en nuestro país en la mañana del domingo 16 de junio de 2019 que afectó también a Uruguay y el gran corte de electricidad que afectó a España y Portugal el 28 de abril de 2025, causando apagones masivos que paralizaron el transporte y la actividad comercial en la Península Ibérica y en el sur de Francia: muchas personas se encontraban con que no podían regresar a sus casas o viajar al trabajo porque se paralizaron los transportes o porque todo dependía del dinero electrónico. Si dependen de una billetera electrónica es probable que no puedan ni comprar una botella de agua en el kiosco. Interesante para los defensores del dinero electrónico.

Volvamos al ruido y a la forma agresiva en que una información se monta sobre otra no nos da tiempo o no nos permite distinguir entre la verdad y la «media verdad» o la noticia falsa.

A esto sumemos las redes sociales, un constante bombardeo de palabras expresadas en pocas líneas, imágenes y videos que constantemente están captando nuestra atención … en realidad, provocando intencionalmente nuestra distracción.

En este entorno de ruido, ¿quién verdaderamente está pensando? O, dicho de otro modo, ¿quién está pensando libremente?

A mi criterio, hoy no hay palabra más bastardeada que la de «libertad» y no hay mayor confusión que la de creer que la libertad proviene del exterior. Muy por el contrario, la libertad está en nuestro interior, porque más importante que la libertad de expresión es la libertad de pensamiento y para pensar debemos apaciguar los ánimos, debemos alejarnos del entorno ruidoso porque todo ese ruido nos agobia y esas circunstancias que provienen del exterior nos limitan.

Entonces, no se trata de modificar la realidad, lo que es una vía hacia el fracaso, sino de la adopción de una postura diferente frente a esa «infraestructura mediática», una postura que nos lleve hacia una libertad interior, hacia una gobernanza de uno mismo, de nuestras emociones y recuperar o asumir la valentía de poder pensar de manera diferente a como piensa la «manada».

Dicho de otro modo, que dejemos de pensar a partir de lo que escriben o dicen otros y que pasemos a desarrollar un «pensamiento crítico».

Debemos distinguir entre las «imágenes mediáticas» y la «realidad» que percibimos a partir de desarrollar nuestro pensamiento crítico, el cual nos permite determinar cómo los medios de comunicación y las redes sociales nos deforman esa realidad.

El sociólogo y activista político Todd Gitlin (1943 – 2022) decía que «la noticia es una trama cognitiva», «un producto industrial que promueve ideas e ideologías» que puede inducir a un cambio social. La información que recibimos tiene un objetivo claro y no es el de «informarnos» sino el de manipularnos y tiene su origen en unas pocas grandes agencias de noticias ―las que denomino como las «mayoristas de la información»― y utilizan como vehículos intermediarios a los medios y a los que aún hoy siguen llamando «periodistas», verdaderos «operadores políticos», mercenarios, empleados de medios que responden a diversos intereses, a medios que son parte de corporaciones económicas que influyen en la sociedad y en la cultura de esa sociedad para favorecer sus intereses económicos y políticos. Al menos así funciona en el mundo occidental, en el «mundo libre».

La humanidad convive en un entorno de medios de comunicación y de redes sociales que son un producto industrial diseñado por estudios psicológicos y desarrollo tecnológico. Si asumimos esta manipulación podremos comenzar a darnos cuenta de que el árbol no nos debe tapar el bosque.

Se dice que la información es poder, pero habría que hacer algunas salvedades sobre esa remanida expresión. Por un lado, saber distinguir si determinada información es fidedigna. En tal sentido, también es preciso conocer la fuente. Si es un medio, saber si es confiable, si es un periodista o un investigador, conocer su ideología o su pertenencia a una determinada institución, quién financia a esa institución, etc.

El «torrente mediático» afecta nuestra capacidad de memorizar, nos provoca un déficit de atención, nos hace menos sociables, afecta nuestra memoria, promueve el individualismo, incrementa nuestros sesgos cognitivos. En síntesis, el bombardeo de información afecta nuestro modo de pensar y nuestra conducta.

Es claro, vivimos en una «omnipresencia mediática».

Como ya he expresado, hoy el lector, el oyente y el televidente recibe la información «masticada» por «opinólogos», empleados por estos multimedios con la intención de «orientar» al ciudadano de a pie en lo que debe pensar.

Los medios no sólo invaden nuestros hogares sino también todo lo que nos rodea. Entramos a un bar o a una confitería, a un local cualquiera, y por lo general hay algún televisor encendido, aunque quizás sin volumen, pero la imagen nos interpela. Ahí estamos en esa transición de homo sapiens ―producto de la palabra escritaal homo videns de Giovanni Sartori. Sartori nos dice que para el homo videns «la palabra está destronada por la imagen». En un artículo que publiqué en 2023, titulado «El arte de pensar», ya me referí a Sartori y a cómo las imágenes y las pantallas atentan contra nuestro pensamiento abstracto. Tras tres décadas desde que Sartori nos alertara sobre ello, el pensamiento abstracto y el pensamiento crítico están en peligro de extinción.

Quizás, dado que he hablado del ruido y del silencio, sea apropiado aquí citar a Deepak Chopra:

Sin silencio no puede existir una apreciación real en la vida, la cual es tan delicada como un capullo de rosa cerrado.

El silencio nos ayuda a incrementar nuestra percepción.

Claro, la desinformación tiene objetivos y en muchos casos se ha logrado imponer mentiras como parte de la historia de la humanidad. ¿Cómo nos desinforman? Con las denominadas fake news, falsas noticias, con un «exceso» de información sobre un determinado tema, lo que procura desinformar o tapar algún otro tema que se evita que llegue a conocimiento del público.

Como parte de la desinformación, paradójicamente, también existen agencias de noticias y ONGs que dicen combatir la desinformación pero que lo hacen desde sus propios puntos de vista, sus sesgos y sus intereses … o responden a quienes financian su existencia. No se olviden de mirar en sus páginas webs, si tienen, quienes les proporcionan sus recursos.

No hay que olvidarse de la «propaganda», utilizada por todos los gobiernos desde hace mucho tiempo. En 1917, el presidente Woodrow Wilson creó el Comité de Información Pública, un aparato de propaganda para convencer a sus ciudadanos de involucrar a los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, comité mediante el cual se divulgaban noticias y publicidad que sería el origen de la moderna propaganda de Estado.

Cabe mencionar que, en 1928, Edward Bernays ―sobrino de Sigmund Freud― publicó su libro Propaganda destinado a que «personas invisibles» produzcan un cambio social en las masas, moldeando el pensamiento, los valores y la respuesta de los ciudadanos. Introdujo el concepto de «Ingeniería del consentimiento». El gobierno invisible es el verdadero gobierno.

Por todo lo expuesto, debemos desarrollar los anticuerpos para identificar las noticias falsas y desarrollar, asimismo, lo que Edward De Bono (1933 – 2021) definió como «pensamiento lateral»:

Igual que el pensamiento vertical, el pensamiento lateral es un modo de usar la mente. Constituye un hábito y una actitud mental.

Primero, es relevante comprender que poseer mucha información no implica un adecuado manejo de ésta. Como ha expresado Carl Sagan (1934 – 1996):

Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es sólo información, sino también juicio para manejarla.

Por tanto, cantidad no es calidad pero el análisis de la información es esencial.

Segundo, es importante ir abandonando el «pensamiento lineal» para desarrollar el «pensamiento lateral». Sin este pensamiento se nos hará difícil comprender la realidad en estos tiempos vertiginosos y de incertidumbre.

Tercero, hay que empezar por dudar de todo. René Descartes (1596 – 1650) la tenía clara. Cuando recibamos una noticia o un video, por ejemplo por Whatsapp, o cuando lo vemos en una red social, y nos genera mucha indignación o rabia de manera inmediata, hay que frenar y pensar. Es muy probable que estén usando nuestras emociones para manipularnos, por lo que antes de reenviarlo es mejor pensar y analizar de qué se trata y cuál es el objetivo.

Tip clave: si una noticia te genera mucha indignación o rabia inmediatamente, ¡FRENA! Es muy probable que te estén usando tus emociones para manipularte.

He aquí algunas pistas:

    • No limitarse a leer los títulos de las noticias. Leer la noticia entera. Confirmar si el contenido es coherente con el título.
    • Confrontar la noticia con otras fuentes. Triangular la información.
    • Escribir el título de la noticia en un buscador.
    • Averiguar la fuente de la información: periodista, autor, medio, fundación, financiamiento del medio o de la ONG, la pauta publicitaria, etc.
    • Verificar los datos, cifras y demás información proporcionados por la noticia o el artículo.
    • Verificar la fecha de publicación. Muchas veces se distribuyen noticias que son viejas.
    • Verificar el contexto de la publicación.
    • Si se trata de una parte de la noticia, de un video o de un audio, corroborar que no haya sido sacada de contexto.
    • Si la recibimos de un contacto, preguntarle de quién la recibió y si verificó la información.
    • Desconfiar de los audios. Muchas veces están «armados» con la intención de confundir o desinformar. Este es un fenómeno que abunda en WhatsApp en determinados contextos políticos.
    • Si se trata de una imagen, buscarla en un buscador para verificar si es real o está sacada de otro contexto o si ha sido adulterada.

No hay que olvidarse lo que oportunamente nos recomendó Abraham Lincoln:

¿Qué nos queda?

Como docente siempre me propuse algo al entrar a un aula: provocar el debate para llevar a la reflexión y motivar los hábitos de lectura, incluso los que están más allá de nuestras necesidades profesionales. La lectura de textos filosóficos, históricos, teológicos y de ficción, por citar algunas temáticas, contribuyen a la generación de un pensamiento creativo y la lectura de libros de textos de cierta complejidad nos ayudarán a desarrollar un pensamiento crítico que, como podrá observarse, tiende a desaparecer por efecto de los medios masivos de comunicación y del uso de las redes sociales que, por otro lado, ocasionan un empobrecimiento de nuestro vocabulario.

Ya nos lo advirtió el escritor español nacido en 1951 en Cartagena, autor de más de dos docenas de novelas ―entre ellas Territorio Comanche, El capitán Alatriste, El Club Dumas, El pintor de batallas, Falcó, El italiano) y ex corresponsal de guerra en el Líbano, África, Chipre, El Salvador, los Balcanes…, el español Arturo Pérez Reverte:

Las redes son formidables, pero están llenas de analfabetos, gente con ideología pero sin biblioteca, y pocos jerarquizan. Es el lector el que debe discernir e interpretar. Dan igual valor a una feminista de barricada que a un premio Nobel.

También pronosticó que «El mundo que viene es audiovisual. La letra impresa está condenada a desaparecer. Tardará más o menos. Pero no hay que dramatizar». Una coincidencia de opinión con Sartori.

En la actualidad la información nos atropella y nos invade en todos los ámbitos y sólo podremos discernir lo que nos llega o se nos quiera imponer si estamos armados intelectualmente para filtrarla o para silenciarla si es necesario.

Como lo expresé en un artículo publicado en 2025, asistimos a una «contrarrevolución cultural». Sólo podremos lograr esto si desarrollamos un pensamiento crítico. La realidad es que se está llevando a cabo ―al menos en el mal denominado «mundo occidental»― una «contrarrevolución» frente a la «revolución» que se inició con la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el año 1440, la revolución que introdujo paulatinamente al ser humano en la lectura.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro «Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones», Buenos Aires: Editorial Almaluz, 1ª edición 2019, 2da edición 2024.

 

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CONFLICTO DE INTERESES, SOBREPRECIOS Y CORRUPCIÓN EN LA PESCA (NOTA 4/4)

César Augusto Lerena*

Artículo publicado originalmente en FIS & SeafoodMediaGroup, 30 de enero de 2026.

 

Nos hemos venido refiriendo en anteriores escritos a la adquisición y construcción en el extranjero de nuevos buques al INIDEP y debemos observar que el objetivo de optimizar la actividad que sostenía el director Otto Christian Wöhler de mejorar la calidad y cantidad de investigación no se ha cumplido.

Los días promedio anuales ideales para un Buque de Investigación Pesquera en la Zona Económica Exclusiva y más allá de las 200 millas según estándares internacionales (FAO, CCAMLR, ICES) y la propia planificación histórica del INIDEP y de países comparables (Uruguay, Chile, Noruega, Nueva Zelanda) para un buque de investigación moderno debería navegar entre 220 y 280 días al año para considerarse óptimo y rentable. Este rango es el que utilizan los organismos científicos y los financiadores (BID, PNUD, GEF) al evaluar proyectos. Pero el promedio real del total de la flota del INIDEP (2018-2025) es de 170-190 días/año, es decir los buques operan un 65/75% de los estándares científicos y de gestión pesquera sostenible. No se puede poner al frente de uno de los Institutos de Investigación más importantes del mundo en manos de incapaces.

Además, el objetivo que llevó incluso a violar la legislación vigente respecto a la construcción naval nacional, no se cumplió.  

Al respecto es interesante transcribir parte de la nota enviada por el Presidente de CAPEAR ALFA Mariano Retrivi al director Otto Wöhler: «He leído con detenimiento sus declaraciones recientes en la Revista Puerto y no puedo sino expresar mi más profundo asombro y desaprobación (…) Es inadmisible que, a pesar de contar con buques nuevos, el INIDEP siga mostrando una alarmante incapacidad para mantener su operatividad. La realidad es que los problemas de mantenimiento y gestión reflejan una ineficiencia manifiesta y, usted mismo reconoce que esta situación se debe a una constante necesidad de 7 millones de U$S anuales en recursos financieros.

¿Cómo es posible ―continúa Retrevi― que, teniendo buques nuevos, se necesiten tantos fondos adicionales? Lo que resulta aún más indignante es que espere resolver estos problemas mediante incrementos en los derechos de extracción (…) Es inaceptable que la financiación de campañas dependa en gran medida de los aportes del sector privado. Esta situación demuestra una clara deficiencia en la gestión pública y una falta de responsabilidad del Instituto. Es seguir pidiéndole plata al privado para gastarla en el Estado de manera ineficiente. Nos obliga a preguntarle: ¿Qué hace con el presupuesto, sí, para hacer campañas, necesita de fondos de los privados? (…) Sus declaraciones no sólo reflejan una grave irresponsabilidad, sino también una falta de respeto hacia los armadores privados, quienes han demostrado ser eficientes gracias a su arduo trabajo y no simplemente por tener “plata disponible” (…) Su comentario despectivo hacia los empresarios demuestra una falta de comprensión y de respeto hacia quienes realmente sostienen la producción pesquera argentina. Señor Wöhler, es imperativo que se enfoque en soluciones reales y eficientes que verdaderamente fortalezcan el INIDEP sin recurrir constantemente a mayores presupuestos ni depender de los privados. Nuestro sector pesquero merece una gestión competente y comprometida con la mejora continua y la sostenibilidad, no excusas y promesas vacías».

Por su parte, un observador del proceso licitatorio manifestó a quien lo quisiera escuchar: «en la actual situación que vive nuestro país se plantee una licitación de esta envergadura a poco tiempo de finalizar el gobierno; teniendo en cuenta que las actuales autoridades del INIDEP han demostrado su total incapacidad para administrar su actual flota; pese a los dos nuevos buques, estuvieron mucho tiempo parados, con desperfectos técnicos y/o certificados caídos, obligando a suspender diversas campañas de investigación».

En lugar ―sigue― de importar nuevos buques que aumentan el endeudamiento externo y afectan la industria local, tal vez lo más conveniente sería “importar” funcionarios eficientes que sepan administrar los buques existentes y tengan más patriotismo. No se trata de importar buques “de última generación” ―que podría haberlos construido la Argentina― sino de una Dirección del INIDEP y Dirección de Investigación poco competente».     

Entendemos que al importar los buques no se ponderó el importante valor agregado que genera la construcción naval en la Argentina y la dependencia tecnológica, lo que significó, además de una importantísima pérdida, el debilitamiento de la autonomía y soberanía nacional. Ha sido una importantísima fuga de divisas al exterior y procedimientos que la justicia debería investigar con mayor profundidad, además de analizar los patrimonios de todos los funcionarios intervinientes en el país y en exterior que puedan tener alguna vinculación con la construcción de estos buques de investigación.

Ahora, la cuestión no se limitó ―gravísima― a construir los buques en el exterior, sino que el entonces Director del INIDEP avanzó: “Un armador privado le va a dar eficiencia al manejo de los barcos” (Pescare, 17/05/2017). Las declaraciones de Wöhler son realmente increíbles viniendo de un agente público que, su sueldo, capacitación y perfeccionamiento se lo paga el Estado desde 1980. Parece una declaración del ministro Desregulador Federico Sturzenegger; pero no, es un funcionario público que ha vivido del Estado treinta y años (hoy cuarenta y seis).

El entonces director del INIDEP Wöhler confiaba «en el proyecto “que maneja” para torcer una historia marcada por los problemas técnicos, el conflicto y la inactividad en los últimos años»; proyecto, que a la luz de los resultados ha resultado un fracaso, a la par de violar toda la legislación vigente. El proyecto “que maneja” parecía ser tercerizar el manejo de las embarcaciones, afectando a los tripulantes del INIDEP y llevando adelante una privatización encubierta de la actividad que la legislación vigente reserva al estado nacional, cuyos resultados -como hemos dicho- está por debajo del estándar científico y, si bien este Director refiere en esa oportunidad (Ob. cit. 17/05/2017) que ya se contrata personal a través de ArgenINTA, se trata claramente de una intermediación -que habría que investigar- que precariza el trabajo del empleado público y el vínculo y su pertenencia con la Institución y, manifestar que la falta de eficiencia en la provisión y el armado de los buques de investigación «se resuelve con un armador privado, con capacidad para tomar decisiones rápidas y darle eficiencia al manejo de los barcos» dejando en evidencia la incapacidad de este Director para administrar la cosa pública, ya que con este criterio, el siguiente paso sería privatizar la investigación y el INIDEP.

Los conflictos gremiales que refiere no son unilaterales sino son una prueba de la inhabilidad para administrar la investigación que incluye -necesariamente- las campañas de estudios in situ a través de los buques afectados a esta tarea y para ello, se requiere -entre otras cosas- llevar adelante una equiparación de salarios y la instrumentación legal necesaria para tener en tiempo y forma los medios, insumos y reparaciones que fueran necesarias para que operen los buques. Si se aplicase esta política del director, habría que privatizar Aerolíneas Argentinas, los Hospitales y cuanta Institución requiere de un Presupuesto y una programación adecuada que, habiendo transcurrido décadas de actividad, permiten tener una previsión.        

Este método de tercerizar las operaciones de los buques del INIDEP y haciendo referencia a que «países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, y España lo utilizan» (Karina Fernández, Revista Puerto, 15/05/2027) es obvio que encarecerán los costos de la investigación por cuanto las empresas concesionadas además de prever la totalidad de costos de la operación ―entre los cuales se encuentran los salarios de Convenio a la tripulación― deberán, obvio, tener su utilidad. En síntesis, lo que se propone es encarecer la investigación para suplir la incapacidad de la Dirección del INIDEP y, además, que todo el personal de una empresa privada pueda disponer de la investigación antes de las propias autoridades del Instituto, violando la ley de 24.922 (Art. 13°).

Pero, la política privatizadora de Wöhler no tiene límite y no le alcanza con construir los buques de investigación en el extranjero, sino que no le alcanzaría que lo opere un armador argentino y según él debería estar asociado a una empresa extranjera (Ob. cit. 15/05/2017): «La idea es que lo maneje una empresa privada, que según el pliego de licitación debe ser argentina asociada con una empresa internacional con experiencia en buques de investigación (…) creemos que la experiencia de las empresas que ya manejan buques de investigación es importante para este caso, pensamos que un armador local no era suficiente, quizás nos equivocamos, o no, pero lo armamos de esa manera. Creemos que la conjunción de un armador local que conozca el medio es muy útil pero que necesitará el auxilio de una empresa internacional, sobre todo en lo que es mantenimiento de equipos científicos porque no hay ningún armador local que esté acostumbrado a ese tipo de trabajos (…) el pliego se bajó cuando evaluamos los costos totales para este año. Debimos desestimarla porque efectivamente superaba el presupuesto que hoy tenemos disponible». ¿con qué formación cuenta un biólogo para evaluar la capacidad de operación de un armador argentino? Sinceramente una evaluación inconsistente que prejuzga -nuevamente- sobre las capacidades de los constructores, armadores y capitanes argentinos y, que, en todo caso, recién podrían ser evaluados una vez publicadas las exigencias y abiertos los sobres de los oferentes.

La contradicción de Wöhler respecto a privatizar la operatoria de los buques de investigación del INIDEP es insólita; ya que, mientras sostiene que los buques de investigación argentinos deben ser operados por armadores extranjeros, en la reunión informativa que realizó en 2015 junto a la Comisión Técnica (Mar y Pesca. Noticias Patagónica, 28/12/2015) indicó que los barcos que se tomaron como referencia eran el RV Ramón Margalef (España, 2011); el RV Ángeles Magariño (España, 2011); el RV Solea (Alemania, 2004) y el RV Celtic Explorer (Irlanda, 2002). Todos buques que son operados por el Estado. El Margalef y Magariño por el Instituto Español de Oceanografía (OIE) para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); el Solea por la Oficina Federal de Agricultura y Alimentación (BLE) para el monitoreo científico del Instituto de Pesca Marítima y, el Celtic Explorer por el Instituto Marino de Irlanda.                  

No se entiende esta política contradictoria del entonces director del INIDEP. Por un lado, promueve la construcción de buques de investigación en el exterior y, por otro, promueve que estos buques los operen empresas. En muchas oportunidades el INIDEP ha utilizado buques comerciales para efectuar las investigaciones. En este afán privatizador ¿porque no licita directamente la investigación donde el operador provea el buque para hacerlo? Nosotros entendemos que la investigación -incluso la que se realiza mediante buques- la debe llevar el Estado; pero, es un verdadero absurdo que el Estado deba compre -con dinero que no tiene- los buques y los opere un tercero. Si no fuera que nos estamos acostumbrando a los absurdos podríamos estar detectando un tufillo a curro.

Por otra parte, la idea que acompaña y mantiene Otto Wöhler de crear una Agencia Nacional de Buques que expresaba en esa ocasión (Ob. cit. 15/05/2017) no es otra que sacarse la responsabilidad de una de las patas principales de la investigación autónoma. Mañana les tocará el turno a los gabinetes de investigación y a cuanto estudio científico; en su criterio, podría haber laboratorios privados más eficientes.

Tienen razón los gremios. Este señor trabajaría con sus propuestas que vacían al INIDEP.  Este tipo de planes sirven para desacreditar al Estado y, dan pie a privatizar todo.

Ya nos referimos en una nota anterior sobre acordar con la prefectura las operaciones de los buques de investigaciones. En materia de bajar costos ―con ese criterio― toda la flota pesquera argentina comercial debería acordar con la Prefectura y militarizamos el país. Nos suena a épocas donde los ministros se repartían en el Ejército, la Armada y la Fuerza Área, según la afinidad temática. No han heredado una cultura marítima y pesquera los hijos y nietos de pescadores y se forman miles de tripulantes para que un día digan militaricemos que es más barato (Pescare, 03/10/2017). A propósito, la Asociación Argentina de Capitanes expresó: «Una cosa es navegar y otra pescar. El convenio con Prefectura viola deberes de ambas instituciones”, manifestó el secretario general de la entidad, Jorge Frías».

En base a los antecedentes que hemos venido desplegando, hemos observado un afán privatizador a cualquier precio del entonces director del INIDEP y hoy director de Investigación del INIDEP Otto Wöhler, una vocación pocas veces vista en un agente público; que, como hemos dicho, el Estado ha capacitado y perfeccionado.

No sabemos si no habrá nuevas notas sobre este tema, sinceramente, hemos recibido mucho material para seguir haciendo, aunque creemos que es la hora de la justicia.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana.

EL GOBIERNO NACIONAL NO PUEDE INTERVENIR EL PUERTO PROVINCIAL DE USHUAIA

César Augusto Lerena*

Artículo publicado originalmente en Perfil, 30 de enero de 2026.

 

Hemos observado en reiteradas oportunidades la Ley 24.093 que dio lugar a la privatización de numerosos puertos, la constitución de consorcios y la provincialización de otros. En particular de la aplicación de esta Ley en aquellos puertos que podrían ser considerados estratégicos, tal es el caso de Puerto de Ushuaia, cuya ubicación en relación con los océanos Atlántico y Pacífico; las Islas Malvinas; las aguas correspondientes; el acceso a la Antártida y la relación con Chile, debieran llevar a las distintas Autoridades a considerarlo dentro de una estrategia de máxima relevancia para la Nación Argentina.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación, basándose en esta legislación y otras complementarias ha intervenido el Puerto de Ushuaia; a nuestro juicio, violando la Constitución Nacional y toda la legislación vigente argentina; habiendo quienes afirman, derivados de las declaraciones del Presidente Milei (abril de 2024) y funcionarios de Estados Unidos, que podría tratarse de una maniobra destinada, más que a resolver una cuestión administrativa, a allanar el acceso de este país a una administración integrada.

A propósito de ello, el presidente Milei en abril de 2024 junto a la Gral. Laura Richardson ratifico «nuestro esfuerzo en el desarrollo de nuestra base naval integrada (…) defendiendo la soberanía con convicción política y con alianzas estratégicas con países que comparten una visión del mundo. Y en ese sentido, la presencia de Estados Unidos es clave para fortalecer nuestra posición en la región (…) seguir impulsando esta alianza estratégica». La General Richardson por su lado expresó su preocupación por la influencia china en la región, donde estaría en proceso la financiación de obras de distinto tipo cerca del Puerto de Ushuaia e interés acerca de esta estación portuaria. Por su parte el Almirante Holsey en su visita a Ushuaia en abril de 2025 a través del SOUTHCOM enfatizó sobre la colaboración futura entre Estados Unidos y Argentina y la asistencia de ésta para la “expansión de una base naval integrada para contener a submarinos y buques de ambos países” que, de concretarse, podría violar la desmilitarización prevista en el Tratado de Paz y Amistad firmado en 1984 con Chile y la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (Res. 41/11 ONU).

Ahora bien, producida la transferencia del Puerto en 1992 de la Nación a la Provincia, no parece que aquella pueda hacer otra cosa que suspender la habilitación nacional del Puerto y con ello las operaciones relativas al comercio interprovincial, internacional y las consecuentes tareas de aduana, conforme el Artículo Art. 9°, Art. 75° inc. 1° y Art. 126° de la Constitución Nacional y, si bien ello, podría dificultar las operaciones comerciales (que deberían realizarse desde otros puertos); intervenir un puerto provincial ―transfiriendo incluso el personal― sería lisa y llanamente una intervención parcial de la Provincia que requeriría de una situación excepcional y grave no una cuestión meramente administrativa o financiera, debiendo ser aprobada por una Ley especial del Congreso de la Nación, según el artículo 6° de la Constitución Nacional.

Todas las actividades vinculadas a la habilitación, administración y operación de los puertos de la República Argentina se rigen por la Ley 24.093 (Art. 1°) sancionada en 1992, quedando excluidos los puertos o sectores de estos destinados a uso militar o policía estatal (Art. 3°) y, según el Art. 4° «se requiere habilitación del Estado nacional de todos los puertos comerciales o industriales que involucren al comercio internacional o interprovincial» y según el Art. 5° «la habilitación de todos los puertos referidos en el artículo 4° debe ser otorgada por el Poder Ejecutivo, según lo establecido en esta ley, comunicando dicha decisión al Congreso dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha del decreto respectivo», lo que supone que una intervención debería seguir el camino inverso.

La citada Ley establece que a solicitud de las provincias (Art. 11°) en cuyos territorios se sitúen puertos de propiedad y/o administrados por el Estado nacional, el Poder Ejecutivo transferirá a título gratuito, el dominio y la administración portuaria, siendo este, el caso del Puerto de Ushuaia, ya que el 13/10/1992 se firmó el Convenio de Transferencia de la Nación a la Provincia y ésta lo ratifico por Decreto 1931/92, luego aprobado por la legislatura, por lo que resultaría improcedente su intervención por parte de un organismo del Poder Ejecutivo Nacional, no mediando algunas de las cuestiones de excepción constitucionales, ya que la Nación no tiene jurisdicción en el puerto de Ushuaia y este pertenece desde la fecha citada a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Tierra del Fuego); además de, como es sabido, encontrarse ubicado dentro de las 12 millas marítimas de jurisdicción provincial.

El 16/12/2025 el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación Iñaki Miguel Arreseygor (un hombre sin antecedentes ni experiencia en materia portuaria antes de ser designado Subsecretario de Puertos y Vías Navegables en mayo de 2024  por Decreto 429/2024), dirigió una Nota (139247837) al Director Provincial de Puertos de Tierra del Fuego informándole que se llevaban adelante actuaciones derivadas de «la denuncia formulada por el Secretario General del Sindicato Unión de Personal Superior Ferroviario Juan Avellaneda, en relación a la sanción de la Ley provincial N° 1596 de la Provincia, promulgada por el Decreto Provincial 1849 del 22/07/25 donde se disponía el financiamiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) con los fondos de la Dirección Provincial de Puertos».

Refiere Arreseygor que la cláusula 7a. del Convenio donde se transfiere el Puerto a la Provincia de Tierra del Fuego indica que «Los ingresos del puerto serán contabilizados independientemente de rentas generales provinciales y serán aplicados exclusivamente para cubrir gastos de administración, operación, capacitación e inversiones relacionadas con la actividad portuaria…» y, por la citada Ley 1.596, se estarían afectando fondos del Puerto al fortalecimiento de la OSEF que impedirían la concreción de «…obras de vital importancia para la operación segura del muelle comercial…»; argumentos que justificaron una intimación perentoria a la Dirección Provincial y al Gobierno de Tierra del Fuego, respecto al cumplimiento de la referida cláusula 7a. y sucesivos trámites de prórrogas e inspecciones; para finalmente y evaluando las contestaciones de la Provincia la Agencia concluyó que «la Provincia no logró desvirtuar las consideraciones y conclusiones plasmadas en el Informe Final de inspección…»; recordándole a las Autoridades de la Provincia que la «Agencia reviste el carácter de única Autoridad Portuaria Nacional de conformidad con el DNU PEN N° 3 del 3/1/2025 (…) (y) mediante el Decreto PEN Nº 769/93 ―Reglamentario de la Ley Nº 24.093- se estableció -conforme la reglamentación del artículo 23― que la Autoridad Portuaria Nacional podrá, aplicar sanciones a los titulares de las administraciones portuarias, consistentes en la suspensión de la habilitación por tiempo determinado y la caducidad de la habilitación (cf. Incisos a y b)».

Nos adelantamos a decir, que más allá de evaluar con detenimiento la legislación citada por el funcionario, resulta improcedente que el Gobierno de Tierra del Fuego financie una Obra Social ―cuyo desfinanciamiento es de total responsabilidad del gobierno provincial― con fondos del Puerto de Ushuaia, cuya relevancia, en lugar de tenerla en cuenta el Gobernador de Tierra del Fuego se la tiene que recordar un Director de una Agencia: «el Puerto de Ushuaia es un punto estratégico para el país, no sólo por su conexión bioceánica y proximidad a la Antártida, sino también por la abundancia de sus recursos naturales. Con lo cual, desatender las inversiones que el puerto de Ushuaia requiere para su desarrollo y/o su operación diaria harían peligrar el posicionamiento del país como punto de interés para el escenario económico global», quien concluye «solicitando poner a disposición de la Agencia el personal afectado a la operación y/o administración del Puerto de Ushuaia, a los fines de asegurar la continuidad de la operación de este al implementarse la intervención administrativa (…) durante el plazo de 12 meses, prorrogables y asegurando la continuidad operativa de la unidad portuaria intervenida».

Más de un mes después de comunicada esta decisión (16/12/25) el Director Ejecutivo de esta Agencia Nacional, luego de una larga lista de considerandos, emite la Resolución 2026-4-APN del 20/1/2026 donde, por una rara coincidencia con la 56° Reunión Anual del Foro de Davos (19-23.1.2026), se  dispone la suspensión (Art. 1°) de la habilitación del Puerto de Ushuaia por doce meses prorrogables y se dispone (Art. 2°) «la intervención administrativa en materia de infraestructura portuaria del Puerto de Ushuaia, por un término de doce meses prorrogables (…) la que tendrá a su cargo la gestión operativa, técnica y administrativa de dicho puerto (…) la infraestructura portuaria de explotación, maquinaria, equipamientos e instalaciones y todo aquello relativo a la operación portuaria que se encuentre dentro de la delimitación jurisdiccional terrestre, espejos de agua y espacios acuáticos lindantes de la jurisdicción portuaria». Es decir, no solo sobre la infraestructura portuaria, sino que avanza sobre el mar territorial provincial. Un tanto delirante el alcance sobre la soberanía de la Provincia de Tierra del Fuego, tratándose de una supuesta falta administrativa que, de haber existido, podría haberse resuelto en ese nivel. Más aún, cuando el propio Director de la Agencia ratifica en los considerandos que «en el Art. 12° de la mencionada ley prevé la creación excepcional de un Fondo Específico para el Pago de Deuda de OSEF, especificando que la fuente de financiamiento resultará ser el “superávit financiero” producido por el Puerto de Ushuaia, correspondiente a los ejercicios de los años 2024 y 2025»; es decir, un “superávit financiero” que no habría afectado la operatividad del Puerto y que bien podría reintegrarse el Puerto.  

Independientemente de ello, el Gobernador debería desafectar al Administrador del Puerto, no por transferirle fondos a la Provincia sino por tener un superávit. El Estado no está para tener ganancias o superávit sino para ejecutar todas las operaciones, servicios y obras con los recursos obtenidos de las tasas correspondientes.

De la lectura de algunos de los Considerandos de la Resolución de la Agencia, pareciera que éste organismo considera un agravante que la Nación hubiera efectuado aportes para la infraestructura portuaria y el desarrollo estratégico del Puerto, etc. y a pesar de manifestar en estos fundamentos que existen trabajos de cierta premura en el Puerto; en su tarea de colaboración técnica y económica que manifiesta haber prestado, no ha percibido la existencia de un superávit durante los años 2024 y 2025; cuestión que recién observa al momento de ser transferidos los fondos que objeta. Es evidente que, en el trabajo “tan estrecho” de la Nación con la Provincia si hubiese una responsabilidad, esta es compartida y ello, queda en evidencia, cuando en los Considerandos de la Resolución indica que una Comisión Nacional de Inspección ―de dudosa legitimidad, sino estuviese consensuada entre Nación y Provincia, conforme el Art. 21° de la Propia Ley 24.093― realizada entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, recién observa una serie de deterioros, obsolescencias, carencias, usos impropios, etc. y el bajo nivel de ejecución de obras de infraestructura portuaria (1.3% del total de gastos devengados) y otra serie de observaciones administrativas, relativas al exceso de personal, falta de capacitación adecuada de éste, etc. Es decir, todas observaciones posteriores a la sanción de la Ley provincial N° 1596 de la Provincia, promulgada por el Decreto Provincial 1849 del 22/7/25. Pareciera que el mandato a la Comisión hubiese sido “busquen agravantes”.

La administración, las operaciones, la explotación, el mantenimiento y puesta en valor del Puerto de Ushuaia es de competencia del Poder Ejecutivo Provincial y es cierto ―y los habitantes de Tierra del Fuego y de la Argentina deberían recriminárselo al Gobernador― no se puede transferir fondos a una Obra Social del Estado Provincial y desatender un Puerto de la Provincia que no se limita a comercializar productos y trasladar personas con y a la Isla Grande, sino que es central desde el punto de vista geopolítico en la estrategia relativa a Malvinas; las Islas del Atlántico Sur y la Antártida y las aguas correspondientes de jurisdicción de la Provincia; aguas de las cuales se encuentran invadidas 1.690.000 Km2 y explotadas por el Reino Unido de Gran Bretaña.

Un funcionario de cuarta categoría no puede intervenir parcialmente ni fijar la política de la Provincia con sus efectos a nivel nacional. Un Gobernador de una Provincia estratégica por su jurisdicción sobre Malvinas y la Antártida, etc. debiera entender sobre la responsabilidad que le cabe en poner en valor el Puerto de Ushuaia.     

Lo más insólito llega en el Art. 3° de la Resolución de la Agencia, cuando suspende la ejecución de inhabilitar el puerto (Art. 1°) y lo sujeta al Art. 8° donde indica a la Gerencia de Coordinación Técnica «para que haga efectiva de manera inmediata la suspensión de la habilitación del Puerto de Ushuaia (…) prevista en el Art. 1° frente a la eventualidad de que la intervención administrativa ordenada por el artículo 2° de la presente medida, no pueda ser ejecutada correctamente». Demostrando una imprevisión e incapacidad técnica para operar el puerto en forma eficiente; además de avanzar en el Art. 4° para que la Gerencia citada pueda «dictar las normas necesarias para hacer operativas las medidas dispuestas»; es decir, avanzar aún más sobre la soberanía de Tierra del Fuego por parte de funcionarios nacionales subalternos, al punto de requerir colaboración necesaria a la Administración General de Puertos SAU para el cumplimiento de las gestiones inherentes “a la intervención dispuesta”, “así como su asistencia y cooperación para la obtención de los bienes y demás recursos indispensables a tales fines (…) podrá comprender todo lo relativo a la administración de los fondos cuya gestión se encuentra vinculada a la operación y explotación del Puerto de Ushuaia” (Art. 5°).

Agrega “mayor insólito” el Art. 6° cuando indica que, incluso, el personal que pertenece y abona la Provincia de Tierra del Fuego no implicará «transferencia de personal ni cambios en las relaciones de empleo vigentes, sino la momentánea puesta a disposición del personal idóneo que permita garantizar la prestación de los servicios portuarios» o sea la Nación se valdrá de los recursos económicos y humanos provinciales para ejecutar su intervención.

Intervenir parcial o totalmente una Provincia requiere de una Ley del Congreso de la Nación. Más allá de la ineficiencia del gobierno de Tierra del Fuego para administrar el Puerto de Ushuaia. 

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. cesarlerena.com.ar.

 

Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales

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