RUSIA Y EUROPA: ¿ES TAN INEVITABLE (E INMINENTE) LA GUERRA?

Roberto Mansilla Blanco*

Una mirada a los titulares de los principales medios de comunicación, principalmente europeos, daría a entender la inevitabilidad de una guerra entre Rusia y Europa. Una escalada de tensiones que ocurre en un contexto de distanciamiento transatlántico, desgaste del conflicto ruso-ucraniano, empeoramiento de las redes de suministro y transporte por la guerra en Oriente Medio y configuración exprés de una «OTAN europea» bajo una troika liderada por Alemania, Reino Unido y Francia, que señala a Moscú como su principal amenaza.

Mientras las calles de Europa, especialmente en Francia e Italia, arden con protestas sociales sobre la vivienda, educación, alza del coste de la vida, precariedad laboral, políticas migratorias y aumento del gasto militar, el dominio de la narrativa mediática belicista predomina como instrumento clave para anunciar escenarios de «guerra híbrida» entre Rusia y Europa.

Los medios europeos suelen maximizar con un tono alarmista el discurso del presidente ruso Vladimir Putin, señalándolo como el presunto agresor de una guerra que aparentemente está en camino. A su vez, y mientras Europa aumenta la presión militar contra Rusia, los medios de ese país otorgan un perfil diferente, concentrando su interés en las declaraciones de los altos mandos de la OTAN y la UE, en la magnitud de la crisis socioeconómica europea, la aparente incapacidad de su clase política para ofrecer soluciones efectivas a las demandas sociales y la materialización de una crisis de identidad y valores civilizatorios europeos ante las políticas de regularización migratoria.

Ucrania: ¿salida a la guerra y un final anticipado para Zelensky?

El contexto actual de la guerra en Ucrania está principalmente enfocado en la posibilidad de que Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump negocien el final del conflicto a expensas de Kiev y de sus aliados europeos.

En una entrevista, el presidente ucraniano Volodymir Zelensky aseguró que «Trump quiere que Ucrania capitule» y que estamos ante los «días más peligrosos», colocando el foco en las elecciones legislativa del mid-term en EEUU, un test político estratégico para Trump en el que se vislumbra una derrota electoral en gran medida derivada por el alza del costo de la vida ante los elevados precios del carburante.

Las palabras de Zelensky son una clara reacción ante el anuncio de Trump de alcanzar un acuerdo con Putin para liberar 300.000 toneladas de gas ruso a fin de reducir los precios ante la crisis en Oriente Medio derivada de la agresión de EEUU e Israel contra Irán así como de las sanciones europeas contra Rusia que, en octubre, alcanzaron su 22º ronda, la mayor desde el inicio de la invasión en Ucrania en 2022. El precio del crudo Brent, referencia del mercado petrolero, se cotizaba a US$ 109 a mediados de octubre.

Trump ha tenido que recurrir a Putin como «salvavidas» electoral tomando en cuenta la estrecha alianza del mandatario ruso con Teherán así como ante las dificultades en las que se encuentra Arabia Saudita, tercer principal productor petrolero a nivel mundial tras EEUU y Rusia, particularmente ante los ataques contra sus refinerías por parte de los hutíes yemenitas, aliados de Irán. En un contexto prácticamente de guerra abierta en Oriente Medio, el reciente pacto militar entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán se enfrenta a su primer reto con aparentes distorsiones militares operativas, escenario que no descarta la activación de canales diplomáticos de negociación con Teherán.

En los últimos días han sido prolíficas las declaraciones de Trump culpando a Zelensky de no querer la paz en Ucrania. En Kiev han regresado las protestas ante el desgaste de la población por un conflicto estéril y ante las draconianas medidas de reclutamiento militar, cada vez más impopulares. Crece la percepción mediática de que Zelensky muy probablemente tiene los días contados en el poder toda vez que Trump y Putin negocian tanto su final político como el del conflicto, a espaldas de Ucrania y de Europa.

En este esquema de negociación para el final de la guerra en Ucrania podría entrar el presidente chino Xi Jinping toda vez Trump ya ha declarado que Zelensky debería delegar en otro representante para la negociación. Un evidente mensaje de falta de confianza en el presidente ucraniano y de intenciones de buscarle un reemplazo.

Suenan «tambores de guerra» entre Bruselas y Moscú

La tensión ha vuelto a instalarse entre Washington y Kiev mientras Europa, principalmente la troika establecida vía OTAN entre Francia, Alemania y Reino Unido sigue esforzándose en mantener la necesidad de presión militar contra Putin, argumentando un hipotético ataque ruso contra países miembros de la OTAN.

Mientras Trump negocia el «pacto del diésel» con Putin, Ucrania mantiene el pulso atacando las refinerías rusas e incluso sus centros de datos de información. Zelenski también criticó la presunta «intencionalidad política» con la restricción a Ucrania de la señal satelital de Starlink, propiedad de Elon Musk y esencial para Kiev en su esfuerzo bélico contra Rusia. En este apartado las sospechas ucranianas vuelven a apuntar hacia Trump.

En Moscú, el ministro de Exteriores Serguéi Lavrov aseguró que «Alemania nos va a declarar la guerra». La declaración viene tras un ataque ruso a Kiev, muy probablemente de carácter disuasivo, mientras el canciller alemán Friedrich Merz visitaba la capital ucraniana.

Durante un Foro de Seguridad celebrado el 13 de octubre en Varsovia, el jefe supremo de la OTAN en Europa, General Alexus Grynkewich, avisó a Rusia: «Si nos atacan, lucharemos». Reino Unido lanza advertencias a sus ciudadanos para prepararse a una «crisis de enorme magnitud y sacrificios en la vida personal». El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, advierte que la guerra ruso-ucraniana entra en «su fase más peligrosa y decisiva» en vísperas del invierno, con el foco en las consecuencias que causarán en Europa su desconexión energética de Rusia.

Grynkevich presentó en Varsovia la estrategia «Teoría de la Victoria» ante un posible conflicto con Rusia, que propone el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y sistemas de puntería con inteligencia artificial para repeler posibles ataques. La OTAN podría utilizar fuerzas de defensa terrestre y otros recursos en el marco de la Iniciativa de Disuasión del Flanco Oriental, diseñada para monitorear las amenazas en las fronteras con Rusia y Bielorrusia, utilizando drones de bajo costo y sistemas de armamento militar que operan principalmente de forma autónoma.

En el marco de la 23ª reunión anual del Club Internacional de Debate Valdai, un influyente think tank vinculado al Kremlin, y tras enviar una carta a la OTAN, Putin advirtió que defenderá el enclave de Kaliningrado con armas nucleares en caso de ataque de la OTAN: «El punto de no retorno puede llegar de forma inesperada», indicó el presidente ruso no sin antes insistir en que sus palabras no son «una intimidación» sino «una respuesta» a las declaraciones de dirigentes occidentales y la hipótesis de un posible ataque contra Kaliningrado.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, respondió a las palabras de Putin con alerta máxima y cautela. Tras una reunión en Lituania donde reconoció que no hay indicios claros de movilización y agresión rusa, matizó que espera más ataques híbridos por parte de Moscú para presionar a dejar de ayudar a Ucrania.

De este modo los «tambores de guerra» parecen ir afinando sus sonidos en Europa y Rusia. Durante una comparecencia ante el Parlamento alemán, el jefe de los servicios secretos alemanes Martin Jäger advirtió del riesgo de un «conflicto violento con Rusia. La confrontación a la que nos enfrentamos con Rusia ha adquirido una dimensión nueva y más peligrosa. Moscú apuesta por nuestra debilidad. Tenemos que hacerle frente». Jäger puso como ejemplo el incidente de ataque de drones suscitado en agosto pasado en Leipzig, en el que la UE acusó a Rusia de presunta autoría.

La presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen y la comisaria de Política Exterior Kaja Kallas aceleran la retórica belicista antirrusa, acusando a Moscú de intensificar la guerra híbrida contra Europa con desinformación y ataques de drones para pulsar los sistemas de seguridad. La localidad estonia de Narva, punto caliente entre la OTAN y Rusia, ha realizado un cierre de movilidad fronteriza con Rusia. El presidente letonio Edgars Rinkevics declaró que el «apetito por el riesgo por parte de Putin está incrementándose».

El clima de preguerra ruso-europeo parece anticipar nuevos movimientos geopolíticos. Reino Unido ha expresado la posibilidad de regresar a la UE poniendo fin al Brexit. Mientras pulsa la aprobación del retorno del servicio militar obligatorio, Alemania anunció el envío tropas a la frontera con Lituania.

El ascenso electoral de AfD en las recientes elecciones regionales alemanas es observado como una victoria política del Kremlin con el objetivo de erosionar los apoyos militares y financieros a Ucrania dentro de la UE y la OTAN, buscando igualmente potenciar un entendimiento europeo con Moscú.

La UE y la OTAN temen una posible inherencia rusa vía desinformación y estrategias de guerra híbrida en el calendario electoral europeo en curso este 2026 y previsto para 2027 principalmente en países como España, Francia, Serbia, Bulgaria, Grecia e Italia.

A la espera de cómo avancen las conversaciones con Trump sobre Ucrania, Rusia parece manejar escenarios de intensificación de su ofensiva militar antes del invierno, con el puerto de Odesa en su punto de mira con la finalidad de establecer un control de facto del mar Negro. Ante las advertencias y presiones de la OTAN y la UE, Putin refuerza la opción militarista, fortalecida tras la victoria parlamentaria de su partido Rusia Unida en las elecciones de septiembre pasado. Son cada vez más frecuentes los rumores sobre un reclutamiento masivo de hasta 300.000 efectivos en Rusia.

En Madrid, el presidente de gobierno Pedro Sánchez acusó a Rusia de utilizar la guerra híbrida con la crisis migratoria de Ceuta y Melilla presentada en agosto pasado. Moscú ha desestimado esta presunta injerencia en Ceuta pidiendo pruebas al gobierno español. Toda vez que en el marco de la Asamblea General de la ONU en septiembre pasado, Rusia y Marruecos reforzaron su alianza estratégica, una clara señal de advertencia para Madrid.

Presionado por la crisis interna, Sánchez convocó el adelanto de elecciones generales en España para el próximo 29 de noviembre. Algunas fuentes de inteligencia en Europa y España advierten de posibles operaciones de desinformación rusa durante la campaña electoral. Reacciones políticas aparte, el clima de escalada de tensiones prebélica parece instalarse sin tapujos entre Bruselas y Moscú.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG. 

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LA DEMANDA COLECTIVA CONTRA LAS EMPRESAS QUE PESCAN ILEGALMENTE EN MALVINAS

César Augusto Lerena*

El Ministro de Relaciones Exteriores Quirno citó al Embajador de España a la Cancillería Argentina y le dijo: “Señor Estimado Embajador de la ‘Madre Patria’”, sus barcos están pescando ilegalmente en las aguas argentinas de Malvinas sin habitación de Autoridad de Aplicación Argentina y, en atención a ello y, teniendo en cuenta que la Reina Isabel II el 21 de septiembre de 1863 reconoció la independencia argentina y, con ello la soberanía de Malvinas, por el principio “uti possidetis iuris” (“como poseéis de derecho”), intimo a su gobierno, para que dentro de un plazo perentorio de 24 horas, ordene a las empresas pesqueras gallegas retirar todos sus buques de nuestro territorio marítimo e insular y, de perseverar en esta apropiación ilegal, le informamos que procederemos a iniciar todas las acciones legales e igualmente a retirarle todos los permisos de pesca a las empresas nacionales de capital español radicadas en la Argentina continental”. No, nada de ello ocurrió, es pura ficción.

Desde la sanción de la Ley 24.922 en 1998 la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero teniendo en cuenta la violación por parte de los buques españoles de la Ley 24.922 y la Res. 31/49 de las Naciones Unidas y, con una perseverancia encomiable, año tras año sancionó a todos los buques que pescan en Malvinas y la deuda acumulada de estas empresas gallegas es de tal magnitud que alcanza a varios miles de millones de dólares; deuda que podría llevarlas a la quiebra. No, nada de esto ocurrió. Nunca, en 37 años, se inició un mínimo sumario. Es pura ficción.

En numerosos artículos semanales y algunos libros publicados; conferencias, entrevistas e informaciones a través de las redes denunciamos esta pesca ilegal en Malvinas (y también en alta mar), debido a ello, las empresas nacionales, las extranjeras y sus Cámaras nos convocaron para que fundamentemos nuestras denuncias y los gobiernos por su parte, quisieron conocer con qué herramientas la Argentina podía dar fin a este flagelo. No, nada de esto ocurrió, es pura ficción.

Hay entre 350 y 500 buques extranjeros que pescan “ilegalmente” los recursos migratorios argentinos originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina o de los recursos asociados. Aquí sí, la Autoridad de Aplicación se ocupó y ejecutó un minucioso plan para erradicar esta pesca que se apropia de nuestros recursos y empobrece a nuestros pueblos. No, nada de esto ocurrió, es pura ficción. 

Mientras tanto, el gobierno ilegal en Malvinas dice en su página (Falklandislands Government) que “la gestión pesquera transformó la economía de las Islas Malvinas. Los ingresos del Gobierno de las Islas Malvinas (GIM) aumentaron un 500%, asegurando la autosuficiencia en todos los ámbitos y la pesca representa el 40% del PIB (creemos que más y estamos analizando ello). “Si comes calamares en el sur de Europa, ¡hay aproximadamente un 50% de probabilidades de que sean calamares de las Malvinas!”. Y para ello, los gallegos y Vigo, son una pieza fundamental.

¿Y nosotros? agotados de esperar, nos preguntamos ―como argentinos― que si la Fundación Agustina Lerena que integramos, con Personería Jurídica, creada en 2002 en homenaje a nuestra amada Agustina, una Entidad sin fines de lucro, que tiene por objeto de llevar adelante acciones relativas al cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad de los recursos naturales y la defensa del consumidor. Asociados técnicamente al Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL) y con miembros en la Fundación con una dilatada experiencia en materia pesquera no asumía como Organización No Gubernamental la defensa del interés colectivo no parecía que alguien se ocuparía de trabajar en esta causa nacional que afecta el ambiente; depreda el recurso pesquero y defrauda al consumidor; pero además, violenta la soberanía nacional, impide el desarrollo regional y muy especialmente a la estratégica Tierra del Fuego (léase TdFAeIAS), su asentamiento poblacional y la radicación de industrias en territorios desfavorables y genera de empleo.

Nos preguntamos también: ¿por qué tratándose el pesquero un recurso del Estado Nacional y de las provincias del litoral marítimo ―según la ley vigente― qué política de inequidad lleva el gobierno nacional para que solo se desembarquen en Ushuaia unas 25 mil toneladas anuales de las capturas, es decir, un 3 % del total de los desembarcos nacionales? o ¿por qué no se compensan en favor de esa Provincia -al menos con una parte sustancial- las 250.000 toneladas anuales que se pescan ilegalmente en Malvinas? Y a qué se debe que Río Grande no tenga un puerto estratégico de cara al Atlántico Sur, vital para contrastar con las importantes inversiones que los isleños realizan en Malvinas con los ingresos que le generan nuestros recursos pesqueros, con el objeto para apropiarse de la parte meridional de ese océano, facilitar el tránsito de los grandes buques de carga por el estrecho de Magallanes (ahora Malvinas-Punta Arenas), dar logística a la pesca, etc. y, por cierto, porqué el gobierno no tiene una defensa disuasiva moderna en esa área austral.

Si bien la Fundación, por diversas fuentes recabadas, tiene información detallada de las capturas en Malvinas desde 1976, ha tomado ―al menos por el momento― la información indubitable de las estadísticas pesqueras del ilegal “Falklands Islands Government Fisheries Department” desde año 1989 a 2025 inclusive de la captura de los buques de bandera española o la de los españoles asociados a los isleños británicos que pescan con la bandera ilegal “Falklands” extrayendo en Malvinas 4.101.131 toneladas de productos pesqueros argentinos, violando las Leyes 20.645, 22.584, 24.216, 24.543, 24.922, 25.263, 26.386, 27.564, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y las Resoluciones 1514, 2065 y 31/49 de las Naciones Unidas, entre otras, que se explicitan en la DEMANDA de la Fundación, haciendo reserva de presentar en breve una segunda DEMANDA contra las empresas coreanas, taiwanesas y de Vuanatu que pescan igualmente en forma ilegal en las aguas argentinas de Malvinas y avanzar de igual modo, contra todos los proveedores y empresas de logística (combustibles, transportes, agencias marítimas, etc.) en Argentina (incluso Malvinas) que, en muchos casos, tienen relación con los países vecinos.

Por todas estas razones y con innumerables pruebas indubitables y una investigación que le demandó dos años, la FUNDACIÓN AGUSTINA LERENA, el pasado 09/10/2026 ante el Juzgado Federal de Río Grande (Tierra del Fuego, AeIAS) a cargo de la S.S. la Sra. Jueza Dra. Mariel E. BORRUTO, Secretaría N° 2 (Fundación Agustina Lerena c/Pesquera Moradiña SL y otros s/Amparo Colectivo, Expte. FCR 16446/2026) y con el patrocinio del Dr. Eduardo Salvador Barcesat, DEMANDÓ a las empresas españolas, británicas, isleñas británicas y argentinas (estas últimas por aplicación del artículo 27 bis de la Ley 24.922). por la particular situación de España respecto a la Argentina, que se explicita en la demanda y, si bien el entramado empresario es de alta complejidad y en la DEMANDA alcanzan al momento, a unas ochenta personas físicas y jurídicas, seguidamente suministramos un listado parcial del total de los Demandados por la Fundación:

1) EMPRESAS PESQUERAS GALLEGAS: a) Armadora Nores SL / Pesquerías Nores Marín – Marín (España); b) Armadora Pereira SA – Vigo (España) ; c) Chymar SA / Grupo Touza – Vigo (España); d) Copemar SA – Vigo (España); e) Lafonia Sea Foods SL y Frigoríficos del Morrazo – Vigo/Cangas (España); f) Marfrío SA – Marín (España); g) Pescapuerta SA – Vigo (España); h) Pesmar / Pesquerías Marinenses (Grupo Safío) – Marín (España); i) Pesquera Moradiña SL – Cangas/Vigo (España); j) Pesquera Vaqueiro SL / Pesca Baqueiro SA – Vigo (España); k) Rampesca SA (Grupo Lanzal) – Vigo (España) y l) WOFCO (Worldwide Fishing Company SL) – Moaña (España).

2) JOINT VENTURES EMPRESAS PESQUERAS HISPANO-ISLEÑAS DE MALVINAS (FALKLANDS): a) Argos Group Ltd + Armadora Pereira – Vehículos: Orion Fishing Company Ltd / Jupiter Fishing. (Puerto Argentino-Stanley); b) Beauchene Fishing + Copemar (con participación de Marfrío) – Vehículo: South Atlantic Squid Ltd. (Puerto Argentino-Stanley); c) Fortuna Ltd + Pescapuerta + Astilleros Nodosa + Marfrío – Vehículo: Petrel Fishing Company Ltd. (Puerto Argentino-Stanley); d) Fortuna Ltd + Pescapuerta – Vehículo: Beagle Fishing Company Ltd. (Puerto Argentino-Stanley); e) RBC Ltd Red Back Consultants Ltd + Rampesca SA (Grupo Lanzal) – Vehículo mixto citado: Kalamar Ltd.; f) Seaview Ltd + Lafonia Sea Foods / Moradiña / Frigoríficos del Morrazo / WOFCO – Vehículo: Polar Seafish Ltd / Polar Limited (Lafonia). (Puerto Argentino-Stanley); g) Southern Cross Ltd + Chymar / Grupo Touza – Vehículo: Golden Touza Ltd (GTL). (Puerto Argentino-Stanley).

3) EMPRESAS PESQUERAS NACIONALES QUE TENDRÍAN VÍNCULO CON EMPRESAS QUE PESCAN ILEGALMENTE EN MALVINAS: a) Bricel SA (Puerto Madryn/Buenos Aires); b) Estrella Patagónica SA (EPSA) (Puerto Madryn); c) Conarpesa (Buenos Aires)

4) EMPRESAS NACIONALES QUE INTEGRAN LA “ASOCIACIÓN DE EMPRESAS COMUNITARIAS EN SOCIEDADES MIXTAS DE PESCA” (ACEMIX) JUNTO A EMPRESAS ESPAÑOLAS QUE PESCAN EN MALVINAS: a) IBERCONSA de Argentina S.A.; b) Pesquera Santa Cruz S.A.; c) Pesquera Deseado S.A.; d) El Marisco S.A.; e) Pesquera Ceres S.A.; f) PESANTAR S.A./NEWSAN-PROFAND; g) Ulises Castagnaro; h) Vieira Argentina S.A.

  1. BANCOS ESPAÑOLES QUE FINANCIAN A EMPRESAS QUE PESCAN ILEGALMENTE EN MALVINAS: 1) ABANCA – (Galicia; España); b) Banco Santander – (Cantabria; España; Argentina); c) CaixaBank – (Valencia, España); d) Banco Sabadell (Cataluña, España)
  2. ASTILLEROS ESPAÑOLES RECIBEN SUBSIDIOS ESTATALES PARA MODERNIZACIÓN Y CONSTRUYEN BUQUES QUE PESCAN ILEGALMENTE EN MALVINAS: a) Nodosa Shipyard / Nodosa SL (Marín, Galicia, España); b) Astilleros Armón SA (Navia, Asturias, España); c) Freire Shipyard (Vigo, Galicia, España)
  3. ENTIDADES DE SEGUROS ESPAÑOLAS E INGLESAS QUE ASEGURAN LAS OPERACIONES DE CAPTURA ILEGAL DE LOS BUQUES QUE PESCAN EN MALVINAS: a) Mutua de Vigo (Vigo, España); b) MAPFRE Global Risks (Madrid, España); c) Lloyd’s Syndicate / Lloyd’s Insurance Company SA (origen británico) (Madrid, España)
  4. COMERCIALIZADORAS O PROVEEDORES: a) Pescar-polaris. La filial comercializadora Pescar-Polaris; b) JOSMAR – FoodTech Solutions; c) Bureau Veritas. En este rubro se ampliará en la demanda, porque la fundación ha detectado más de 50 proveedores; prestadores de servicios y otros que estarían violando el artículo 27 bis de la Ley 24.922.

Además, se promueve la quita de la habilitación nacional para operar en la República Argentina a aquellas empresas nacionales de capital argentino o extranjero que hayan violado el artículo 27 bis de la Ley 24.922 reformada por la Ley 26.386, conforme el artículo 28° de aquella.

La DEMANDA se efectúa por una suma de entre US$ 12.351.208.847 a US$ 26.464.994.702, según se cotice el precio de las capturas al valor FOB o MAYORISTA, más actualizaciones y costas y lo que pudiera resultar por la falta de pago de derechos aduaneros, derechos de captura, derechos de exportación, impuestos a las ganancias y al valor agregado, pago de las rentas y tasas de inspección nacionales y las que pudiera indicar la Provincia de Tierra del Fuego, etc. por las especies pesqueras capturadas ilegalmente en las aguas argentinas de Malvinas sin habilitación de la Autoridad de Aplicación Argentina y de la Provincia, provocando un gravísimo daño al medio ambiente; a la sostenibilidad de las especies; a los consumidores; a la soberanía política, económica y alimentaria de la Argentina y al desarrollo del litoral marítimo argentino, su población, su desarrollo industrial y a la generación de empleo.

La Fundación ha solicitado a la Sra. Jueza Federal que:

  1. a) Se establezca como objeto procesal de la causa, la recomposición y/o resarcimiento del daño ambiental colectivo material, moral y punitivo; todo ello, conforme al desarrollo del escrito.
  2. b) Se disponga inaudita parte la medida cautelar peticionada mientras se sustancia la Demanda.
  3. c) Se promueva la caducidad de los buques nacionales que violen el art. 27 bis de la Ley 24.922, conforme el artículo 28°.
  4. d) Se fije la composición de la clase por “toda la comunidad argentina”.

En síntesis, los demandados conocen -y están obligados a cumplir- que no pueden pescar sin habilitación de Argentina en las aguas continentales argentinas ni las igualmente argentinas de Malvinas. Y las empresas españolas y británicas no lo pueden desconocer, porque el Reino de España ha reconocido la Independencia Argentina y su soberanía territorial, que incluye a Malvinas y sus aguas en 1863 y el Acuerdo con la CEE en 1994 con la Argentina y otra decena de elementos probatorios de la ilegal que se detallan en la demanda.

Todo tiene un límite: Cayetano Santos Godino, conocido como “el Petiso Orejudo”, siendo un asesino serial, sus compañeros lo mataron en 1944 en cárcel de Ushuaia por estrangular un gato. Los argentinos, si bien somos tolerantes; no nos toquen a Malvinas; porque son argentinas y, como al unicornio azul, son nuestras y las queremos.

 

* Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). cesarlerena.com.ar

 

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Daniel Alberto Symcha*

Foto: MJR

Ante todo, debemos convenir que no puede ni debe haber ningún interés personal o sectorial por encima del interés de la Nación Argentina y del bien común de nuestro Pueblo.

El proyecto denominado «Ley de defensa de la soberanía nacional» o «Ley Malvinas» utiliza ese título para impulsar una reforma profunda del sistema de defensa, inteligencia, seguridad y legislación penal del país, no para mejorar las capacidades defensivas de nuestra Nación la cual tiene un 24,1 % de su superficie ocupada militarmente por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

La propuesta de Ley es un reciclado del Decreto Nº 683/2018 de Mauricio Macri que habilitaba a las FFAA a colaborar en seguridad interior cosa que se reforzó con el Decreto Nº 703/2018 que aprobó una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional donde se incluían «nuevas amenazas» incluido el narcotráfico en un país en donde tenemos fuerzas de seguridad preparadas y equipadas como la Gendarmería y la Prefectura para combatir esa criminalidad.

Pero en este caso, además, se intenta dar forma a un organismo que funcionaría más allá de la normativa legal vigente en materia penal y que determinaría y sancionaría por fuera de la estructura legal vigente.

En ningún momento se especifica el origen de los fondos para el proyecto.

El proyecto mezcla deliberadamente los conceptos de Defensa Nacional y de Seguridad Nacional, áreas perfectamente delimitadas por las leyes vigentes.

Mientras discutimos esto, el Reino Unido siembra discordias con nuestros hermanos de la región y nuestra flota de mar está incapacitada para defender el litoral marítimo por falta de medios y capacidad de fuego, la isla grande de Tierra del Fuego es el objetivo estratégico del mundo anglosajón para controlar todos los pasos interoceánicos y no tenemos cómo defenderla.

La defensa de la soberanía nacional exige capacidad estatal, inteligencia estratégica, control territorial y marítimo, desarrollo económico, continuidad y acuerdos diplomáticos, cohesión nacional y planificación basada en una conciencia territorial y situacional.

Por la Ley vigente, la Defensa está asignada a las Fuerzas Armadas las cuales tienen por función, de acuerdo con nuestra doctrina, desalentar o repeler acciones estatales contra nuestro territorio en toda su extensión con la máxima capacidad a pesar del recorte presupuestario.

La seguridad nacional, también por Ley, está asignada a la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal quienes tienen la misión de velar por la seguridad de personas y bienes. Les corresponde además la custodia de los objetivos estratégicos identificados por la Inteligencia Nacional.

El proyecto propuesto en su Título I reemplaza la Ley 26.659 y amplía las prohibiciones y sanciones por el aprovechamiento no autorizado de recursos naturales en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios circundantes y la plataforma continental. Incluye inhabilitaciones, sanciones penales y un régimen de desistimiento y regularización. Eso está bien.

En el Título II, Artículo 41, se define el concepto de Seguridad Nacional. En su inciso c), se plantea que contribuir con «los socios y aliados, a la seguridad internacional, en el cumplimiento de los compromisos asumidos» es parte de la seguridad nacional. Esto no tiene que ver con la seguridad nacional, sino que parece crear por ley el marco propicio para que el presidente esté habilitado al envío de nuestro personal militar, de inteligencia, civil o de seguridad a campañas vinculadas con intereses globales.

En el Artículo 42 determina qué funciones tendrá el Sistema de Seguridad Nacional pero en ningún artículo previo o posterior se propone la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, algo similar sucede con el Artículo 43, que habla del ámbito de aplicación de algo cuya creación no se especifica y donde, además, se ignoran las misiones y funciones del Ministerio de Seguridad,

De acuerdo con el Artículo 44 se afirma que «La dirección política del Sistema de Seguridad Nacional corresponde al Presidente de la Nación, en su carácter de Jefe Supremo de la Nación, Jefe del Gobierno, responsable político de la administración general del país y Comandante en Jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación» hace alusión a la suma del poder público que ostenta un dictador.

En el Artículo 45 respecto de los principios que rigen al Sistema de Seguridad Nacional propuesto deberían ser rectores de carácter normativo y de alcance político-estratégico no tácticos u operativos.

En el Artículo 47 se establece un Consejo de Seguridad Nacional como órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional, es algo que no figura ni se especifica como creado ni que se tenga que crear.

En el Artículo 49 se especifica que el Consejo de Seguridad Nacional estará integrado por miembros permanentes (funcionarios ministeriales) y no permanentes que serán invitados a participar del mismo por el Sr. Presidente esto presenta una grave irregularidad institucional y una vulnerabilidad a las capacidades ya que un órgano de estas características puede quedar bajo el dominio o influencia de personalidades extranjeras ante la decisión de una sola persona.

En el Artículo 50 y el 51 donde se especifica sobre el reglamento interno de funcionamiento y organización del Consejo de Seguridad Nacional y de la elaboración de los lineamientos del Sistema de Seguridad y de la Política de Seguridad Nacional, se omite toda participación o referencia al Poder Legislativo como órgano contralor o regulador.

En el Artículo 52 donde se especifica organismos que deben presentar documentos sectoriales se omite la participación del Ministerio de Seguridad de la Nación o del Poder Judicial.

En el Título III, Capítulo 1, Artículo 56 se especifican misiones y funciones que actualmente tiene y desarrolla el Comando Conjunto Aeroespacial desde su origen y en el Título III, Capítulo 2, Artículo 72 se hace lo mismo con el Comando Conjunto Marítimo, en funciones desde el año 2022 igual con la Prefectura Naval en funciones dentro del marco de la Ley N° 18.398 que le dio origen.

En el mismo Título y Capítulo el Artículo 74 al igual que el 72 se ignora por completo las misiones y funciones del Ministerio de Seguridad y se pone la nota dramática al hacer mención que el hundimiento de una embarcación pasará a ser decisión del Sr. Presidente cosa que va contra el derecho internacional y la normativa del uso progresivo de la fuerza en las Fuerzas de Seguridad.

El Artículo 78 del Capítulo 3 del Título III determina algo ya existente y que corresponde al Ministerio de Seguridad de la Nación que es la protección a la infraestructura crítica. Pero el Artículo 79 abre una nueva puerta de negocios a costa del Estado afirmando que «las jurisdicciones locales y los propietarios u operadores deberán garantizar la protección de las Infraestructuras Críticas. El Estado Nacional garantizará dicha protección, en concurrencia con esos sujetos» un privado elabora una estrategia de seguridad y el Estado la paga cosa que queda explícita en el Artículo 82.

En el Título IV, Capítulo 1, lo establecido en los Artículos 87 y 88 ya existe en el Código Penal, hay un Título específico sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el Título IX.

En el Capítulo 2, Artículo 91 define cuándo el Consejo de Seguridad Nacional iniciará un procedimiento sancionatorio contra un sospechoso omitiendo por completo la existencia del Poder Judicial y actuando como un grupo de tareas de la dictadura cívico militar. Lo mismo se repite en el Artículo 94 arrogándose la decisión de aplicar sanciones sobre personas sin los procedimientos legales vigentes en el país y en los acuerdos internacionales.

En el Capítulo 3, Artículos 97 y 99, se describen medidas vinculadas al mundo económico financiero por las que otorga al Consejo de Seguridad Nacional amplias facultades de intervención económica, por tiempo indeterminado, como el bloqueo de activos, restricciones financieras y comerciales, suspensión de permisos y contratos, limitaciones para contratar con el Estado y aumentos de aranceles de hasta el 75 %.

En los Títulos V y VI se plantean las modificaciones a la Ley N° 23.554 de defensa Nacional, la modificación de la Ley N° 26.215 y la modificación del Código Penal de la Nación.

En el Título VII se crea el Registro Público De Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento en el ámbito de la Unidad de Información Financiera

En el Título VIII, en su Artículo Nº 128 se sustituyese, de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, los Artículos Nº 25 y el Nº 12 por lo cual se enviará al Consejo de Seguridad Nacional la Política de Inteligencia Nacional, como dije antes cualquier invitado del Sr. Presidente podrá conocer de primera mano la estrategia de inteligencia y de seguridad de la Nación Argentina.

Conclusión

El corolario de este análisis es que este proyecto busca crear un espacio por fuera de todo control, con un funcionamiento paralelo al orden legal vigente, disponiendo libremente de los recursos de las FFAA y de las FFSS, permitiendo la injerencia de personas «invitadas» a la planificación estratégica de nuestra seguridad y teniendo acceso a un relevamiento exacto de nuestra infraestructura crítica y abre la puerta a financiamiento de proyectos para seguridad en infraestructura privada a costa del Estado y se continúa desarticulando Leyes creadas con grandes consensos sociales y políticos.

Les pido conciencia situacional y compromiso con la Nación.

 

* Periodista. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, Universidad Nacional de La Plata. Investigador de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

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