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DESDE LA PERSPECTIVA EUROPEA, ARGENTINA ES UN PARAÍSO PARA EL LAVADO DE DINERO

Gaby Weber (desde Alemania)*

Que el dinero negro pueda legalizarse en Argentina no es nada nuevo. La expresidenta peronista Cristina Kirchner ya había autorizado en dos ocasiones la declaración de capital no declarado ante las autoridades fiscales para su reincorporación a la economía argentina: con la Ley 26.476 (en 2008) y con la Ley 26.860 (en 2013). Pero el nuevo presidente, el ultraderechista Javier Milei, tiene muchas posibilidades de establecer un récord de lavado de dinero, y las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea guardan silencio. Pero el sector bancario privado europeo es menos indulgente y ha incluido al país en su lista de sanciones, secretamente.

La primera ley por el lavado de dinero de Milei entró en vigor en julio de 2024, apenas seis meses después de asumir el cargo. La Ley N° 27.743 fue apodada por los medios argentinos como la «Ley de Blanqueo». De ese modo, el capital de origen dudoso podía transferirse a la Argentina e invertirse sin límite, costos adicionales ni impuestos hasta el 31 de diciembre de 2025. No se requería comprobante de origen. Se estima que más de US$ 20 mil millones de dólares estadounidenses ingresaron al país de esta manera.

De repente, aparecieron enormes letreros anunciando «Aptos para el blanqueo» en obras de construcción por todo Buenos Aires. Sin embargo, algunos funcionarios de la AFIP estaban interesados ​​en saber quiénes se beneficiaban de esta nueva ley y en qué medida. Milei, presumiblemente, consideró esto contraproducente y, por lo tanto, disolvió la AFIP mediante el decreto 953/2024. La nueva agencia, ARCA, estaba integrada por personas de su confianza y se encargaría de los asuntos fiscales y aduaneros a partir de entonces. Sin embargo, como alardeaba el autoproclamado anarcocapitalista, sería menos burocrática, lo que haría que todo el proceso fuera «más accesible y eficiente para el ciudadano».

Miembros del Poder Judicial e incluso de la Iglesia Católica advirtieron que los cárteles de la droga, en particular, explotarían estas nuevas regulaciones ―o mejor dicho la falta de regulaciones―, ya que las políticas sociales neoliberales radicales habían incrementado drásticamente el poder de los narcotraficantes. En los suburbios, el nuevo gobierno reprimió a los grupos comunitarios y recortó los programas sociales; los narcotraficantes llenaron este vacío.

El flujo constante de dólares de los narcotraficantes disminuyó el año pasado, por lo que Milei intentó otra ley para hacerse con el «dinero oculto», como lo denominó el Ministerio de Economía. En enero de 2026 entró en vigor la ley de «inocencia fiscal», que legalizaba los ahorros previamente no declarados. Nadie tenía que demostrar cómo había adquirido su riqueza; se presumía su inocencia y se invirtió la carga de la prueba. En lugar de que el propietario del capital tuviera que probar su origen, el sistema judicial debía aportar pruebas concretas. Incluso los bancos locales percibieron problemas con la seguridad jurídica y el cumplimiento de las obligaciones internacionales contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, desestimó las críticas, decidiendo que una simple solicitud era suficiente y que no se podía exigir ninguna prueba adicional.

También se abolió la normativa que obligaba a notificar automáticamente a las autoridades fiscales las transacciones financieras superiores a 10 millones de pesos, y aún se permitía la compra de bienes inmuebles en efectivo, incluso en pequeños billetes. Esta práctica lleva tiempo prohibida en países vecinos como Uruguay y Chile. Además, se redujeron significativamente las sanciones por evasión fiscal. El Ministerio de Economía pretende controlar los US$ 170.000 millones que sospecha que están bajo del colchón, «ocultos». Se fortalecerán las reservas del Banco Central y se saldarán las deudas externas.

El FMI debería haber dado la voz de alarma y sancionado al país, pero recientemente le ha concedido otro préstamo de US$ 10.000 millones. Y esto es puramente por motivos políticos. Milei apoya incondicionalmente a Donald Trump y Benjamín Netanyahu y ahora quiere privatizar el suministro de agua y la Hidrovía del Paraná.

Su Armada acaba de firmar un memorando de entendimiento con la Cuarta Flota del Comando Sur de Estados Unidos sobre cooperación en materia de «amenazas». En él, las aguas argentinas se consideran un «bien común global», lo que el diario Página 12 describe como una «rendición de soberanía».

Junto con sus homólogos argentinos, los marines estadounidenses planean expulsar a los buques factoría chinos que agotan regularmente los caladeros de la costa. Japón y España hacen lo mismo, pero no se les menciona en este contexto. Milei fue fotografiado en el portaaviones USS Nimitz con su hermana Karina y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno (ex de JPMorgan). El embajador estadounidense presente celebró «una nueva era de profundo acercamiento estratégico».

Es comprensible que el FMI no quiera denunciar a la persona tan útil como lavador de dinero. Sin embargo, en Europa, el sector bancario privado tiene una opinión diferente y sus propias listas de sanciones. Cualquier persona que desee ser cliente del Deutsche Bank, por ejemplo, y que resida en Argentina, es informada de que Argentina es un país de alto riesgo y que no es bienvenida como nuevo cliente.

La Comisión Europea no suele ser mezquina a la hora de imponer sanciones, especialmente cuando las empresas hacen negocios con Rusia o cuando los periodistas supuestamente difunden «narrativas rusas».

La Comisión Europea, mediante el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, del 14 de julio de 2016, identificó terceros países que presentan un alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Su Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una lista de países sometidos a un escrutinio reforzado (la «lista gris»), que se actualiza periódicamente. Esta lista del GAFI contiene cuatro categorías de países de alto riesgo, entre los que se incluyen Rusia y Bolivia[1].

Por razones inexplicables, Argentina no figura en esta lista, a pesar de que existen muchos motivos para su presencia, entre ellos, las leyes contra el blanqueo de capitales del presidente Milei. En las elecciones provinciales del pasado octubre, su principal candidato por Buenos Aires fue José Luis Espert. Poco antes de las elecciones se supo que había sido financiado durante mucho tiempo por el narcotraficante Fred Machado, quien también le había proporcionado los aviones para la campaña. Machado fue extraditado a Estados Unidos y se declaró culpable de lavado de dinero y fraude. Sin embargo, Milei apoya a su amigo, calificándolo de «víctima de una vil campaña mediática».

El dinero negro repatriado no ha impulsado la economía nacional. Desde que Milei asumió el cargo hace dos años y medio, 24.437 empresas han quebrado; la economía no se encontraba en tan mal estado ni siquiera después del confinamiento de siete meses durante la pandemia de COVID-19. Solo las industrias minera y petrolera siguen recibiendo fondos, pero únicamente las empresas extranjeras se benefician de ello.

 

* Nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde 2002 vive en Buenos Aires. Periodista de investigación con varios libros publicados en Alemania y la Argentina, trabaja para medios de todo el mundo, especialmente en lengua alemana. Entre sus libros podemos mencionar: «Los expedientes Eichmann. Los archivos desclasificados que revelan su relación con el sionismo, la Guerra Fría, la bomba atómica y el engaño sobre su secuestro en la Argentina».

 

Cita

[1] Banking Industry 2026. Reportlinker.com, https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2026/rs_03_26_hochrisikostaaten_gw.html?nn=156690 

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PROTECCIONISMO Y BARRERAS COMERCIALES: UN DESAFÍO PERSISTENTE —Y CADA VEZ MÁS ESTRATÉGICO— EN LA ECONOMÍA GLOBAL

Carlos Alejandro Nahas*

Introducción

Durante gran parte de las últimas décadas, el comercio internacional estuvo dominado por una idea que parecía prácticamente incuestionable: apertura económica, globalización e integración de mercados. Desde los años noventa, numerosos países impulsaron procesos de liberalización comercial, reducción de aranceles y acuerdos multilaterales orientados a facilitar la circulación internacional de bienes, servicios e inversiones. La creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995 simbolizó uno de los puntos más altos de ese modelo, consolidando un sistema basado en reglas comunes y mecanismos institucionales de resolución de disputas. Sin embargo, la evolución reciente de la economía mundial demuestra que el proteccionismo nunca desapareció. Simplemente mutó.

Hoy las barreras comerciales ya no se presentan únicamente bajo la forma clásica de aranceles elevados o prohibiciones explícitas. El nuevo proteccionismo opera de manera mucho más sofisticada y, en muchos casos, más difícil de cuestionar jurídicamente. Regulaciones técnicas, estándares ambientales, subsidios estatales, controles sanitarios, exigencias de trazabilidad, mecanismos administrativos y requisitos regulatorios complejos funcionan como verdaderos filtros de acceso a los mercados. En otras palabras: el comercio global sigue formalmente abierto, pero cada vez más condicionado.

Las tensiones entre Estados Unidos y China, la crisis financiera internacional de 2008, la pandemia de COVID-19 y los conflictos geopolíticos recientes terminaron de consolidar una tendencia que ya venía desarrollándose: los Estados volvieron a priorizar la seguridad económica, la protección de sectores estratégicos y la resiliencia de sus cadenas de suministro.

Pero además, comenzó a reaparecer un concepto que durante años parecía reservado exclusivamente al ámbito militar: la seguridad nacional económica.

Hoy la discusión ya no gira únicamente en torno a competitividad o eficiencia. También involucra autonomía tecnológica, control de infraestructura crítica, soberanía energética, acceso a minerales estratégicos, ciberseguridad y capacidad industrial para sostener escenarios de crisis o conflicto. La economía internacional dejó de ser solamente un espacio de intercambio comercial. Se transformó, nuevamente, en un terreno de disputa geopolítica.

En este contexto, el presente trabajo analiza las nuevas formas del proteccionismo contemporáneo, el crecimiento de las barreras no arancelarias y sus efectos sobre el comercio internacional, las empresas y las cadenas globales de valor. Asimismo, se examinan sus implicancias estratégicas desde una perspectiva que ya no puede separar economía, tecnología y defensa nacional.

El proteccionismo: una práctica tan antigua como vigente

El proteccionismo puede definirse como el conjunto de políticas mediante las cuales los Estados restringen, limitan o encarecen el ingreso de bienes y servicios extranjeros con el objetivo de proteger sectores productivos nacionales frente a la competencia internacional. Históricamente, estas medidas estuvieron asociadas principalmente a aranceles aduaneros. Las teorías clásicas del comercio internacional —particularmente las desarrolladas por Adam Smith y David Ricardo— sostuvieron que el libre comercio favorece la eficiencia económica global mediante la especialización productiva y la ventaja comparativa.

Sin embargo, la historia económica muestra algo bastante menos romántico: prácticamente todas las grandes potencias industriales recurrieron, en distintas etapas de su desarrollo, a políticas fuertemente proteccionistas.

Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur y China protegieron sectores estratégicos durante décadas antes de consolidar posiciones dominantes en la economía global. Robert Baldwin ya advertía en los años ochenta que el denominado «nuevo proteccionismo» emergía como respuesta al desplazamiento del poder económico internacional y al ascenso de nuevas economías exportadoras[1].

Con el avance de la globalización y la reducción de aranceles promedio desde la década de 1990, muchos gobiernos comenzaron a reemplazar restricciones tradicionales por mecanismos regulatorios menos visibles, pero igualmente eficaces. El resultado es una paradoja evidente: el comercio internacional parece más libre en términos formales, pero en la práctica es cada vez más complejo, más costoso y más condicionado políticamente.

Las nuevas formas del proteccionismo

Aranceles: el instrumento clásico que nunca desapareció

Aunque los aranceles promedio disminuyeron significativamente desde la creación de la OMC, continúan siendo una herramienta central en sectores considerados estratégicos.

La agroindustria, la industria automotriz, el acero, los semiconductores y determinadas tecnologías sensibles siguen altamente protegidos incluso en economías que públicamente promueven el libre comercio.

Las recientes tensiones entre Estados Unidos y China dejaron algo muy claro: el comercio internacional está atravesado por intereses geopolíticos, tecnológicos y militares mucho más profundos que la simple eficiencia económica.

La disputa por chips, inteligencia artificial, tierras raras o baterías ya no responde únicamente a cuestiones comerciales. Responde a la competencia por poder estratégico global.

Subsidios: competir contra Estados, no contra empresas

Actualmente, los subsidios estatales representan uno de los mecanismos más sofisticados de protección económica.

Mediante incentivos fiscales, financiamiento preferencial, créditos blandos o ayudas directas, numerosos gobiernos fortalecen artificialmente la competitividad de sectores considerados estratégicos. Simon Evenett sostiene que, tras la pandemia, las ayudas estatales crecieron de manera exponencial como instrumentos de política industrial y geopolítica. En términos concretos, muchas empresas ya no compiten únicamente contra otras empresas: compiten contra Estados enteros.

Y esto es particularmente visible en industrias vinculadas a:

    • energía,
    • tecnología,
    • defensa,
    • telecomunicaciones,
    • inteligencia artificial,
    • infraestructura crítica,
    • y producción militar.

La frontera entre política económica y estrategia de seguridad nacional se volvió cada vez más difusa.

Barreras técnicas y regulatorias

Las barreras técnicas se transformaron en uno de los instrumentos más relevantes del proteccionismo contemporáneo. Normas de calidad, certificaciones ambientales, requisitos sanitarios, trazabilidad, etiquetado y estándares regulatorios funcionan muchas veces como mecanismos indirectos de exclusión comercial.

Maskus y Wilson[2] destacan que estas exigencias pueden incrementar considerablemente los costos de acceso a mercados internacionales, especialmente para pequeñas empresas y países en desarrollo. El problema es que estas medidas suelen estar respaldadas por fundamentos legítimos —salud pública, seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental o protección del consumidor—, lo que vuelve extremadamente difícil cuestionarlas dentro del sistema multilateral.

El crecimiento de las barreras no arancelarias

Uno de los fenómenos más relevantes del comercio contemporáneo es el crecimiento sostenido de las barreras no arancelarias.

A diferencia de los aranceles tradicionales, estas restricciones son mucho más difíciles de identificar, medir y negociar.

Entre ellas se destacan:

    • normas técnicas,
    • regulaciones sanitarias y fitosanitarias,
    • procedimientos aduaneros complejos,
    • requisitos de origen,
    • estándares ambientales,
    • restricciones administrativas,
    • regulaciones laborales,
    • controles tecnológicos,
    • y mecanismos de compliance internacional.

Diversos informes del Fondo Monetario Internacional sostienen que el aumento de costos regulatorios y restricciones indirectas contribuyó significativamente a la desaceleración del comercio global durante la última década. En consecuencia, el acceso a mercados ya no depende únicamente de competitividad en precios. Depende también de capacidades regulatorias, tecnológicas, logísticas, financieras e incluso diplomáticas. 

La pandemia y el retorno explícito del proteccionismo

La pandemia de COVID-19 aceleró tendencias que ya venían desarrollándose. Numerosos gobiernos restringieron exportaciones de insumos médicos, alimentos, tecnología y bienes estratégicos para garantizar abastecimiento interno.

Simon Evenett advirtió que muchos Estados reaccionaron rápidamente mediante controles comerciales y restricciones, reforzando tendencias proteccionistas preexistentes. Pero, además, la crisis sanitaria dejó expuesta una vulnerabilidad mucho más profunda: la extrema dependencia de cadenas globales hiperfragmentadas.

La pandemia reactivó debates sobre:

    • autonomía estratégica,
    • relocalización industrial,
    • nearshoring,
    • soberanía tecnológica,
    • seguridad energética,
    • resiliencia logística,
    • y capacidad nacional de producción crítica.

En otras palabras: los Estados comprendieron que depender completamente del exterior para medicamentos, energía, alimentos, semiconductores o infraestructura tecnológica puede transformarse en un problema de seguridad nacional.

Y ese razonamiento no pertenece únicamente al plano económico. También pertenece al plano militar.

Un país sin capacidad industrial mínima, sin autonomía tecnológica y sin infraestructura estratégica protegida es un país vulnerable frente a crisis internacionales, conflictos geopolíticos o escenarios de presión externa. 

Argentina: un país vulnerable en un mundo cada vez más hostil

En el caso argentino, el problema adquiere una dimensión todavía más delicada.

Mientras el mundo discute cómo reposicionarse frente a la inteligencia artificial, la automatización, la ciberseguridad, la transición energética y la competencia tecnológica global, Argentina continúa atrapada en desequilibrios estructurales básicos que erosionan cualquier posibilidad seria de desarrollo estratégico. El país enfrenta una combinación particularmente destructiva:

    • inestabilidad macroeconómica crónica,
    • inflación persistente,
    • presión tributaria asfixiante,
    • restricciones cambiarias permanentes,
    • costos logísticos extremadamente altos,
    • inseguridad jurídica,
    • burocracia excesiva,
    • deterioro de infraestructura,
    • y una política comercial marcada por la improvisación.

Pero el problema argentino ya no es solamente económico. Es institucional, tecnológico y también estratégico. En un mundo donde las grandes potencias fortalecen industrias críticas, desarrollan capacidades duales civiles-militares y aseguran cadenas de suministro sensibles, Argentina continúa desmantelando capacidades productivas estratégicas sin una política nacional coherente de largo plazo.

La ausencia de planificación en sectores clave como:

    • industria naval,
    • energía,
    • defensa,
    • tecnología,
    • minería estratégica,
    • infraestructura logística,
    • ciberseguridad,
    • y producción industrial compleja,

no solo afecta la competitividad económica. También debilita la autonomía nacional.

Un país que depende completamente del exterior para tecnología crítica, equipamiento estratégico, energía o infraestructura digital pierde capacidad de decisión soberana. Y eso tiene implicancias directas sobre la defensa nacional.

Porque la defensa moderna ya no se limita al plano militar tradicional. Incluye:

    • control logístico,
    • seguridad energética,
    • protección de puertos,
    • resiliencia de cadenas de suministro,
    • infraestructura tecnológica,
    • satélites,
    • telecomunicaciones,
    • y soberanía digital.

Mientras otras economías fortalecen capacidades estratégicas para escenarios de crisis global, Argentina sigue respondiendo con controles transitorios, regulaciones defensivas y administración de escasez. El resultado es devastador:

    • empresas que no pueden planificar,
    • exportadores atrapados en incertidumbre permanente,
    • inversiones que se postergan,
    • industrias que pierden escala,
    • cadenas productivas fragmentadas,
    • y una creciente pérdida de relevancia internacional.

Quizás el aspecto más preocupante sea otro: Argentina parece haber normalizado la emergencia permanente. Y cuando un país normaliza la improvisación, deja de construir poder estratégico.

Conclusión

El proteccionismo no constituye una anomalía del sistema económico internacional. Es una característica persistente que adopta distintas formas según el contexto histórico, político y tecnológico.

La globalización no eliminó las barreras comerciales. Las volvió más sofisticadas.

Hoy competir internacionalmente exige mucho más que eficiencia productiva: requiere estabilidad institucional, capacidad tecnológica, resiliencia logística, inteligencia regulatoria y visión estratégica. En este nuevo escenario, economía, geopolítica y defensa nacional dejaron de ser ámbitos separados.

Las cadenas de suministro son infraestructura estratégica. La tecnología es poder político. La logística es seguridad nacional. Y la autonomía económica se transformó en un componente central de la soberanía.

Para países como Argentina, el desafío es todavía mayor.

Porque mientras el mundo redefine sus reglas de competencia global, el país continúa atrapado en desequilibrios internos que limitan severamente su capacidad de inserción internacional y debilitan progresivamente su autonomía estratégica. Y en un entorno global cada vez más competitivo, tecnológicamente exigente y geopolíticamente inestable, quedarse atrás ya no implica solamente perder mercados. Implica perder capacidad de decisión soberana.

 

* Abogado, Magíster en Relaciones Comerciales Internacionales. Posee una consultora en Estrategia y Comercio Exterior, fue Secretario General de la Comisión Nacional de Comercio Exterior del Ministerio de Economía. Es Consultor en Negocios Globales & Derechos Antidumping y Profesor Universitario en la UCA, la UTN y la Universidad SXXI. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas.

 

Referencias bibliográficas

  • Baldwin, R. The New Protectionism: A Response to Shifts in National Economic Power. National Bureau of Economic Research, 1986.
  • Baldwin, R., & Evenett, S. COVID-19 and Trade Policy: Why Turning Inward Won’t Work. CEPR Press, 2020.
  • Evenett, S. «What’s next for protectionism? Watch out for state largesse, especially export incentives». CEPR Press, 2020.
  • Evenett, S. «Sicken thy neighbour: The initial trade policy response to COVID-19». The World Economy, 2020.
  • Evenett, S. «Chinese whispers: COVID-19, global supply chains in essential goods, and public policy». Journal of International Business Policy, 2020.
  • Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In. Penguin Books, 2011.
  • Fondo Monetario Internacional. «Keeping the Wheels of Trade in Motion», 2016.
  • Lewis, L., & Monarch, R. «Causes of the Global Trade Slowdown». Federal Reserve Board, 2016.
  • Maskus, K., & Wilson, J. Quantifying the Impact of Technical Barriers to Trade. World Bank, 2001.

Citas

[1] Baldwin, R. The New Protectionism: A Response to Shifts in National Economic Power. National Bureau of Economic Research, 1986.

[2] Maskus, K., & Wilson, J. Quantifying the Impact of Technical Barriers to Trade. World Bank, 2001.

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OBSOLESCENCIA SOCIAL PROGRAMADA Y PENSAMIENTO MÁGICO

Daniel Alberto Symcha*

Las empresas productoras de bienes de uso doméstico han elaborado una estrategia de negocios que implica diseñar productos con una vida útil intencionalmente limitada, programando que dejen de funcionar o se vuelvan obsoletos en un tiempo programado utilizando para ello materiales frágiles, baterías integradas imposibles de cambiar, falta de actualizaciones de software, incompatibilidad tecnológica, perjuicio económico para el usuario por incremento de consumos y costos de reparación, campañas de marketing que generan la sensación de antigüedad o falta de efectividad del producto.

Esta planificación tiene como objetivo obligar a los consumidores a reemplazar los productos fomentando el consumo excesivo, generando un grave impacto ambiental pero manteniendo la capacidad de producción y ventas a las grandes empresas o corporaciones. Es decir, se establece el final de la vida útil de un producto desde antes del momento de su fabricación.

Existe una relación simbiótica entre productores, grandes corporaciones internacionales y banca financiera ambas identificadas al decir del Dr. Marcelo Gullo como Unidades Políticas Sin Asiento Territorial (UPSAT), basada en el financiamiento y la dependencia donde las UPSAT, tienen una relación jerárquica con los productores ejerciendo poder sobre la producción, competitividad, estructura de mercado, control de tecnología, cambios normativos y de desregulación, creación de opinión pública y nuevos mercados.

El huevo de la serpiente

El concepto de obsolescencia programada se originó como una propuesta para salir de la gran depresión de 1930 en EEUU y la autoría corresponde a Bernard London, la propuesta que quedó plasmada en una publicación: «Poner fin a la Depresión mediante la obsolescencia programada» (Ending the Depression Through Planned Obsolescence).

London fue un corredor inmobiliario ruso-estadounidense que afirmaba que el gobierno debía definirle a las empresas establecer la obsolescencia de los bienes de consumo al momento de producirlos. Esto iba a forzar a los ciudadanos a reemplazar productos funcionales pero «viejos» por nuevos lo que implicaba mantener las fábricas en funcionamiento y sostener el empleo de trabajadoras y trabajadores, aún a costa del descarte deliberado de productos funcionales.

La propuesta de London no tuvo éxito en lo que a políticas públicas del Estado estadounidense se refiere porque era una injerencia directa y control sobre las iniciativas privadas, pero sí anticipó y legitimó una lógica económica: la producción sistemática de obsolescencia como motor del consumo que se adoptó como práctica empresarial a partir del año 1940 y las empresas comenzaron a reducir deliberadamente la durabilidad de los productos principalmente mediante cambios de diseño constantes y campañas de márketing.

En el concepto de London: «Los muebles, la ropa y otros bienes deben tener una vida útil, al igual que los seres humanos. Una vez utilizados durante su vida útil, deben retirarse y reemplazarse por mercancías nuevas» y al igual que su plan respecto de la producción y el consumo, las UPSAT siguieron al pie de la letra el concepto del neoyorkino pero aplicado a las sociedades proveedoras de materias primas de los países hegemónicos desde la periferia del poder.

Argentina como un riesgo regional

La República Argentina en 1974 tenía un índice de crecimiento del 7% anual, la industria manufacturera crecía al 6,5%; la industria metálica básica crecía al 8,4% siendo la producción de acero otro de los pilares con un crecimiento al mismo porcentaje. Existía una industria automotriz que crecía al 3,5%. La industria de la construcción con su alto impacto en mano de obra crecía al 12,5%. La demanda de servicios crecía a un 7,4% y transporte, almacenamiento y comunicaciones crecía al 6,4%. La producción de electricidad, gas y agua crecía al 7% anual.

La pobreza en los hogares era del 4,6%, la tasa de desempleo era del 2,7%, el nivel de la deuda externa pública en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) estaba en 10%, la inversión bruta tuvo su mayor índice 24% del PBI.

Argentina tenía una sólida estructura estatal, producía buques mercantes y de guerra, aviones, equipamiento militar para las tres Fuerzas Armadas y para las Fuerzas de Seguridad, tenía una sólida estructura educativa y sanitaria, un desarrollo industrial de primer nivel, una fuerte participación gremial, desarrollo científico tecnológico propio y un pilar fundamental para el desarrollo nacional, energía nuclear. Argentina pasó a ser un riesgo para la hegemonía angloestadounidense en Latinoamérica.

La decadencia de estas capacidades comenzó con el golpe de Estado cívico militar de 1976, se profundizó posteriormente con los dos primeros gobiernos democráticos y el desguace de las capacidades del Estado llegando a un estallido social en el tercer gobierno democrático que derrocó al presidente De la Rúa quien le había solicitado a las FFAA que intervinieran para controlar el estallido pero las mismas se negaron por no formar parte de sus misiones y funciones.

La organización política argentina permitió sortear la crisis y mantener la continuidad democrática alcanzando en el año 2015, de acuerdo con las palabras del presidente de la Unión Industrial de la República Argentina, Héctor Méndez, recuperar el nivel de producción per cápita industrial de 1974.

Danzando en las ruinas

En la actualidad todos esos índices nuevamente cayeron de forma abrupta en tan sólo diez años, sumiendo a la población en la pobreza alcanzando en 2023 al 40,1% en los centros urbanos, es decir más de 11.756.000 personas. En 2026 los índices oficiales no demuestran confiabilidad ya que la asistencia social económica se elevó 30 veces a la brindada por el Estado en el año 2015, a diciembre de 2025: la Asignación Universal por Hijo alcanzó en enero de 2026 a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4.500.000 millones de niños.

A mediados de 2025 de acuerdo con el informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), de los 18.000.000 millones de argentinos en zonas urbanas en edad de trabajar (hombres entre 15 y 64 años, y mujeres entre 15 y 59), 5 millones no tienen empleo ni lo están buscando activamente. Esto representa el 27% de la población en edad activa de las zonas urbanas.

De un total de 21.000.000 de personas en edad productiva, la cantidad de desocupados en el segundo trimestre de 2025 fue de 2,3 millones. El número de puestos de trabajo informales comúnmente denominado «trabajo en negro», abarcó al 43,2% del total de puestos de trabajo en tanto que el número de trabajadores subocupados (personas que tienen empleo pero trabajan menos de 35 horas semanales por razones involuntarias) fue del 11,6%.

Obsolescencia social programada

Al igual que con los electrodomésticos, existe un criterio de obsolescencia social programada sobre nuestra población resultado de las políticas públicas direccionadas desde organismos internacionales que tiene un impacto directo y sedimentario sobre nuestras capacidades como Nación.

Degradar la calidad y las condiciones de vida mediante un conjunto de acciones económicas programadas, da por resultado inexorable la destrucción del ecosistema productivo, la inestabilidad e incertidumbre laboral de la población, la destrucción del tejido social, la baja de las capacidades de progreso y la denigración de las condiciones de vida de nuestra gente que se refugia en una economía de sustento diario mediante la venta de productos en sus hogares, ferias americanas, producción de panificados, parrillas al paso.

Esta denigración en la calidad de vida implica una limitación en las condiciones de supervivencia y crecimiento mediante la superación en la población joven lo que va a implicar un fuerte deterioro cognitivo por falta de nutrientes, una ausencia del sentido de orden y autoridad por la destrucción del núcleo familiar lo que deriva en procesos de violencia, de tensión y desintegración social.

La vigencia de Umberto Eco

«La relación entre nuestro entusiasmo por las conveniencias tecnológicas y nuestra inclinación por el pensamiento mágico es muy cercana, y está ligada profundamente a la esperanza religiosa que ponemos en la acción relámpago de los milagros», afirmaba Umberto Eco en una de sus columnas en L’Expresso en el año 2015.

La ingeniería multimedial mediante el uso de las tecnologías persuasivas, que estudian como los dispositivos, apps y plataformas pueden diseñarse para influir en nuestros comportamientos y la red de sectas religiosas esparcidas por los grandes centros urbanos favorecen la aparición en la población de un criterio de pensamiento mágico en dónde la realidad es simplemente un obstáculo del espacio tiempo sin importancia. En ambos casos, lo multimedial y las sectas, a partir del pensamiento mágico tienen una función anestésica, es decir bloquear temporalmente la sensibilidad y la conciencia para permitir la realización de acciones invasivas con seguridad y comodidad.

El bombardeo de estímulos, la necesidad de pertenencia a algo y la creencia en que existirá una solución a los problemas a su debido tiempo, actúa sobre el sistema nervioso, reduciendo la conectividad cerebral o adormeciendo zonas específicas, nos distrae del dolor, de la formación de recuerdos o la respuesta motora que podría impedir la continuidad de las acciones que degradan nuestra calidad de vida.

La obsolescencia social programada es la cosecha de una siembra realizada mediante el desconcierto económico continuo, sistemático y sostenido, el desarrollo multimedial a partir de las tecnologías persuasivas y el trabajo territorial de miles de sectas con un discurso de salvación adaptable a cada angustia para generar sentido de pertenencia y empatía que impide el quiebre de un ciclo de opresión.

 

* Periodista. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, Universidad Nacional de La Plata. Investigador de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

 

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